«No aceptamos la inercia de un mundo agotado. Hay otra forma de hacer las cosas y la vamos a demostrar». Con esta contundencia se presenta Rechistando, un festival andaluz de la economía social y solidaria que persigue activar el relevo generacional, financiando de forma digna a sus artistas y equipo. «Rechistamos contra la inercia de precarizar a los creadores o exigir horas gratis a los equipos motores. No podemos sensibilizar sobre otra economía reproduciendo las lógicas del sistema que criticamos», avisan. En ese contexto, la organización apura estos días la campaña de crowdfunding en Goteo, donde ha logrado ya la cantidad óptima, más de 6.300 euros.
El evento, que se celebrará el próximo mes de octubre en Osuna (Sevilla), incide en el liderazgo y potencial del sur: «Un evento dinámico y abierto, donde hacer muchas conexiones con personas diversas y situado en el territorio, construido juntamente con el pueblo, desde y para el sur«. No obstante, está abierto también para cualquier persona a la que le guste la idea y «tenga ganas de disfrutar y aportar a esta experiencia de diversión y transformación».
«No es –avisan– el típico congreso de ponencias donde estar escuchando durante horas. No es un festival de música al uso (aunque habrá música y conciertos). No son unas jornadas formativas (aunque habrá espacios de aprendizaje). No es un evento con un programa súper cerrado (aunque habrá una agenda donde las personas participantes puedan elegir a qué unirse y a qué no)». Es, según insisten, «un lugar para jóvenes que tengan interés y curiosidad por conocer una economía y forma de trabajo alternativa: alineada con sus valores, desde donde puedan tomar decisiones, así como contribuir a la lucha por un mundo más justo».
Para conectar con los códigos, el dinamismo y la energía de este colectivo, el evento desplegará tres escenarios simultáneos. «Rompemos las estructuras rígidas para que nuestras delegaciones, colectivos y participantes elijamos nuestro propio itinerario de saberes y disfrute», dicen. Así, por un lado estará el Ágora (Pensamiento y Debate): «Mesas redondas para la reflexión profunda donde rechistamos colectivamente contra la deriva global, abriendo el espacio central a la palabra sin filtros de nuestro Ágora Juvenil».
También habrá Aulas (Acción e Interactividad): «El espacio más práctico y transformador, donde compartiremos con la juventud herramientas técnicas aplicadas sobre finanzas éticas, vivienda cooperativa, energías limpias y educación ambiental. Demostramos que hay alternativas tangibles listas para ser relevadas». Y un Jardín (Ocio Relacional y Respiro): «El pulmón del encuentro. Un espacio diseñado para nuestro networking permanente, la cultura local, la música y una gran experiencia lúdica compartida para romper distancias mediante el juego: el Escape Room de la economía social».
El 100% de los fondos financiará directamente los cachés artísticos, infraestructura técnica y la retribución digna de las horas de diseño del grupo promotor: «Apoyar esta campaña es un acto de compromiso político para ofrecer un horizonte justo y con futuro a las nuevas generaciones siempre con los valores de la Economía Social y Solidaria», concluyen.
Pocas instituciones han marcado tanto la historia económica y política de Catalunya como La Caixa. Nacida en 1904 como una caja de pensiones destinada a ofrecer protección a los trabajadores en un contexto de intensa conflictividad social, la entidad ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales centros de poder del país. Su influencia trasciende desde hace décadas el negocio bancario y alcanza ámbitos tan diversos como la vivienda, la cultura, la investigación, la educación, los medios de comunicación o la política económica.
Ese recorrido es el objeto de «La Caixa». Una història mai no explicada (Editorial Pol·len), (“La Caixa». Una historia nunca contada), el último libro del periodista e historiador Rafa Burgos. Tras más de cuatro años de investigación, un extenso trabajo en archivos y decenas de entrevistas con antiguos directivos, trabajadores, historiadores, sindicalistas y especialistas, Burgos reconstruye la trayectoria de una institución cuya historia se entrelaza con la de las élites económicas catalanas y españolas.
Lejos de presentar una simple cronología empresarial, el autor plantea una tesis ambiciosa. Sostiene que La Caixa constituye una institución sistémica, capaz de proyectar influencia sobre la economía, la política, la cultura y buena parte del tejido social gracias a una compleja red de relaciones construida durante más de un siglo. El libro aborda episodios poco conocidos de esa historia, desde sus vínculos fundacionales con la monarquía hasta el papel desempeñado durante el Procés, pasando por las participaciones preferentes, la vivienda o la internacionalización del grupo –entre muchos otros–. Más de cien años recompilados en una obra monumental que rastrea, como nunca se ha hecho antes, los entresijos de una de las organizaciones más poderosas del país.
El libro es el resultado de más de cuatro años de investigación. ¿Cómo surge un proyecto de estas dimensiones
Todo empezó casi como un desafío personal y editorial. Yo ya había publicado con Editorial Base otros libros de investigación sobre los grupos de poder de Barcelona y, una y otra vez, aparecía La Caixa de forma directa o indirecta. Nos preguntamos cómo era posible que no existiera una historia crítica de una institución tan determinante para Catalunya y decidimos intentarlo.
Al principio pensábamos que serían un par de años de trabajo. Al final han sido más de cuatro y podrían haber sido muchos más, porque una investigación así nunca termina del todo. Llega un momento en que simplemente tienes que decidir cerrar el libro.
Mi formación como historiador me ayudó mucho en la parte documental. Consulté archivos muy distintos, desde el Archivo Histórico de La Caixa hasta el Hospital de Sant Pau, la Biblioteca de Catalunya o archivos municipales. Lo sorprendente es que, tratándose de una institución con más de un siglo de historia, siempre acabas encontrando documentación relacionada con ella.
Las entrevistas también fueron creciendo casi de forma natural. Una fuente te remite a otra, alguien te recomienda hablar con quien conoce un episodio concreto o con quien participó en un conflicto determinado. Poco a poco vas reconstruyendo una red de relaciones muy amplia que permite entender la dimensión real de la institución.
Sitúas el nacimiento de La Caixa en un contexto de fuerte conflictividad social. ¿Hasta qué punto ese origen explica la función que desempeñó la entidad?
A finales del siglo XIX y principios del XX la situación de la clase trabajadora era muy complicada, especialmente en Catalunya, donde la industrialización había generado enormes desigualdades. Las condiciones laborales eran muy duras y comenzaron a desarrollarse formas de organización obrera que desembocaron en huelgas, movilizaciones y también en episodios de violencia.
El atentado del Liceu de 1893 marcó profundamente a la burguesía catalana. A partir de entonces empezó a instalarse la idea de que era necesario introducir algún mecanismo que amortiguara el conflicto social. No solo había una preocupación por mejorar determinadas condiciones de vida, sino también por evitar que la tensión siguiera creciendo.
En ese contexto cobra especial importancia la huelga de 1902, que hoy ha quedado bastante olvidada porque conocemos mucho más La Canadiense o la Semana Trágica. Sin embargo, aquella huelga supuso una auténtica señal de alarma para las élites económicas.
La idea de crear una caja de pensiones para la vejez, inspirada en experiencias que ya existían en Alemania, respondía precisamente a esa preocupación. Francesc Moragas llevaba tiempo trabajando en ese proyecto y consiguió sumar a buena parte de las grandes instituciones económicas catalanas.
También explicas que la monarquía fue decisiva en la fundación de la entidad.
Sí. El mayor donativo para hacer viable el proyecto fue el de Alfonso XIII, que aportó 20.000 pesetas. Aquella contribución fue fundamental para que la Caja de Pensiones pudiera ponerse en marcha.
La fundación también contó con el apoyo de instituciones como el Foment del Treball, la Cámara de Comercio, el Ateneu Barcelonès o el Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Desde el principio encontramos esa alianza entre las principales organizaciones económicas del país y la nueva entidad.
Siempre ha existido además un tándem muy significativo entre la presidencia y la dirección general. Francesc Moragas asumió la dirección, mientras que la presidencia recayó en Lluís Ferrer-Vidal, que era al mismo tiempo presidente del Foment del Treball. Esa conexión entre el mundo empresarial y la Caja aparece ya desde su nacimiento.
¿Hasta qué punto esa relación inicial con la Corona ha dejado una huella duradera?
Creo que sí existe una continuidad. Evidentemente, quienes conocen esa historia son conscientes del papel que desempeñó la monarquía en el origen de la entidad.
Pero más allá de ese episodio fundacional, La Caixa ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con la Corona. Josep Vilarasau, por ejemplo, era una persona muy cercana a la institución monárquica y durante muchos años el rey desempeñó también un importante papel como facilitador de relaciones internacionales para numerosas empresas del IBEX.
Todo eso encaja con la tesis principal del libro. Yo intento demostrar que La Caixa es una institución sistémica. Forma parte del sistema y contribuye a sostenerlo. Y dentro de ese sistema la monarquía también constituye una pieza fundamental.
Dedicas algunas páginas a una posible relación entre la entidad y el 23-F, aunque insistes en que las pruebas son limitadas.
Era un tema delicado porque encontrar documentación resulta muy difícil. Si hubiera existido algún tipo de participación económica, es lógico pensar que apenas habrían quedado rastros documentales.
Encontré el testimonio de un antiguo trabajador de La Caixa que estaba convencido de que había existido apoyo económico al golpe porque así se lo habían transmitido determinadas fuentes. A partir de ahí entrevisté a otros historiadores y periodistas especializados para contrastar esa información.
Ninguno pudo confirmarla. Tampoco la desmintieron de forma categórica, simplemente señalaron que no disponían de pruebas que permitieran sostener esa hipótesis.
Sí encontré otro testimonio relevante de una persona vinculada al archivo histórico de La Caixa que recordaba una reunión celebrada después del mensaje televisado del rey para expresar el apoyo de la entidad al sistema democrático. Ese episodio sí aparece respaldado por varios testimonios.
Por eso en el libro dejo muy clara la diferencia entre aquello que puede documentarse y aquello que únicamente aparece en forma de testimonio oral. No quería convertir una hipótesis en una afirmación.
Uno de los capítulos más interesantes aborda el Procés y la salida de la sede social de La Caixa de Catalunya. Planteas que la llegada de Carles Puigdemont alteró la relación habitual entre el poder político y el económico.
Sí. Puigdemont no pertenecía a los círculos tradicionales del poder económico catalán de la misma forma que otros dirigentes de la ya antigua Convergència i Unió. Había llegado a la presidencia desde Girona y muchas de esas relaciones todavía no estaban consolidadas.
Artur Mas sí intentó facilitar algunos contactos con las principales instituciones económicas y empresariales. Entre ellas hubo una reunión con Isidre Fainé en la Casa dels Canonges, donde mantuvieron una conversación bastante conocida sobre el futuro político de Catalunya.
Aquellos meses fueron muy tensos. En La Caixa existía una enorme preocupación por la retirada de depósitos y por la incertidumbre que afectaba tanto a la propia entidad como al Banco Sabadell. Algunas fuentes me explicaron incluso el malestar que provocó ver a trabajadores del banco participando en las movilizaciones posteriores al 1 de octubre.
El traslado de la sede respondió a esa situación de incertidumbre y también fue posible gracias a la modificación legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitió realizar el cambio sin necesidad de convocar al consejo de administración.
¿Qué consecuencias tuvo esa decisión?
Tuvo un impacto importante sobre la imagen de la entidad en Catalunya. Muchos clientes interpretaron el cambio de sede como una ruptura simbólica, aunque desde el punto de vista empresarial hay que recordar que el negocio principal de La Caixa hacía tiempo que había dejado de concentrarse en Catalunya. Es una situación parecida a la del Banco Santander respecto a Cantabria o incluso al conjunto de España: son entidades cuya dimensión ya es plenamente estatal e internacional.
Uno de los capítulos más actuales del libro es el dedicado a la vivienda. Se habla mucho de Blackstone, pero bastante menos de La Caixa, pese a que durante años ha sido el mayor propietario de vivienda del Estado.
Esa fue una de las cuestiones que más me llamó la atención durante la investigación. Existe un enorme foco sobre los grandes fondos internacionales, mientras que se habla mucho menos de un actor que durante años ha tenido un peso incluso mayor en el mercado residencial.
Además, el libro está inevitablemente marcado por el momento en el que se escribe. La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y eso también se refleja en las entrevistas que realicé. Hablé con personas afectadas, con el Sindicato de Inquilinas, con la PAH y con otros colectivos que llevan años denunciando esta situación.
Una de las conclusiones que aparece repetidamente es que una de las cuestiones que más preocupa a una institución como La Caixa es el riesgo reputacional. La imagen pública continúa siendo un activo muy importante.
En Catalunya eso se vio con la campaña Destapemos La Caixa y con las movilizaciones relacionadas con la huelga de alquileres. Finalmente, la Generalitat acabó adquiriendo parte de aquellas promociones a través del Incasòl. La entidad sigue teniendo un importante patrimonio inmobiliario, pero ha ido reduciendo su exposición a la vivienda protegida y orientando una parte de sus inversiones hacia otros activos, especialmente oficinas.
La Caixa suele reaccionar con mayor rapidez cuando existe presión pública que les señala…
Esa percepción apareció en varias entrevistas. Tanto los sindicatos de inquilinos como personas vinculadas a la propia entidad coincidían en que La Caixa presta mucha atención a la dimensión reputacional de los conflictos.
No significa necesariamente que actúe de forma distinta en el resultado final, pero sí en las formas. Algunas personas que trabajan desde hace años en campañas sobre banca armada o vivienda me explicaban que el trato suele ser más dialogante que el de otras entidades. Hay una voluntad de escuchar, de reunirse y de intentar reducir el impacto público del conflicto.
Probablemente esa forma de actuar tiene relación con el pasado como caja de ahorros y con el peso histórico de la obra social dentro de la identidad corporativa. Esa imagen sigue siendo importante para la institución.
En el libro también abordas la internacionalización del grupo: Solemos pensar en La Caixa como una entidad profundamente vinculada a Catalunya, pero hace mucho tiempo que dejó de jugar únicamente en ese ámbito.
Sí. La internacionalización no es algo reciente. La entidad llegó a tener oficinas en Andorra o Mónaco y desde hace décadas desarrolla una estrategia orientada a la gestión de grandes patrimonios. Como otros grandes bancos, apostó por la banca privada y por diversificar sus inversiones fuera de España.
Si observamos la estructura actual, vemos que la Fundación ”la Caixa” se sitúa en la cúspide del grupo a través de Criteria Caixa. Desde ahí participa tanto en CaixaBank como en grandes empresas del IBEX 35 y en entidades financieras internacionales, como el banco mexicano Inbursa o el Bank of East Asia. Esa presencia exterior forma parte de una estrategia que comenzó hace muchos años.
También explicas cómo funcionaban algunos mecanismos financieros muy controvertidos, como las participaciones preferentes.
Las preferentes suelen asociarse exclusivamente a la banca, pero también fueron emitidas por otras grandes compañías. Lo importante es entender que eran productos que operaban dentro de un marco legal y con el conocimiento de los organismos supervisores.
En muchos casos esas emisiones se realizaban a través de sociedades radicadas en las Islas Caimán. Todo eso era conocido tanto por la CNMV como por el Banco de España. Después de la crisis financiera existía un interés evidente en reforzar el capital de las entidades y muchas prácticas que hoy generan un enorme rechazo fueron toleradas porque contribuían a ese objetivo. El caso de Bankia fue probablemente el más conocido, aunque no el único.
Esa explicación conecta con una idea que atraviesa todo el libro: muchas veces imaginamos el poder económico como una realidad completamente opaca, cuando en realidad buena parte de sus mecanismos son perfectamente legales.
Exactamente. Hay prácticas que pueden resultar moralmente muy discutibles y, sin embargo, ajustarse plenamente a la legislación vigente.
Ocurre con determinadas fórmulas de optimización fiscal, con las SICAV o con otros instrumentos financieros. Hace un tiempo publiqué un reportaje titulado Barcelona, paraíso fiscal, donde intentaba mostrar precisamente eso. Muchas veces pensamos en las Islas Caimán o en Panamá, pero dentro de nuestras propias economías existen tratamientos fiscales diferenciados, zonas francas o regímenes especiales que responden a decisiones políticas perfectamente legales.
Al final, el poder económico no siempre necesita actuar en la clandestinidad. Con frecuencia opera a través de normas aprobadas por los propios Estados.
Después de cuatro años investigando, uno termina el libro con la impresión de que el poder económico acaba condicionando al resto de poderes. ¿Fue también esa tu conclusión?
Siempre existe el riesgo de que un investigador acabe viendo su objeto de estudio en todas partes. A veces bromeo con ese «síndrome de Estocolmo» que hace que, cuando llevas años investigando un tema, parezca que todo gira alrededor de él.
Pero, sinceramente, creo que en el caso de La Caixa esa sensación responde a una realidad bastante objetiva. Lo que hace singular a esta institución es que concentra formas de influencia muy distintas.
Está el poder económico, por supuesto, pero también el político, porque mantiene una interlocución permanente con gobiernos e instituciones. Existe igualmente una dimensión religiosa. Isidre Fainé pertenece al Opus Dei como supernumerario y esa es otra pieza que ayuda a entender determinadas redes de relación.
También encontramos una enorme capacidad de influencia en los medios de comunicación. No hace falta ser propietario de un periódico para tener peso dentro del ecosistema mediático. La publicidad, las relaciones históricas con los grandes grupos de comunicación o la concesión de financiación generan vínculos muy estrechos.
A eso hay que añadir la cultura, la investigación, la educación, el tercer sector o los programas de becas. La Fundación ”la Caixa” tiene una presencia enorme en todos esos ámbitos. Es una forma de soft power extraordinariamente eficaz.
Por eso sostengo que estamos ante una institución muy singular. No solo por su dimensión financiera, sino porque ha conseguido estar presente en casi todos los espacios relevantes de la sociedad. Muy pocas organizaciones reúnen una capacidad de influencia tan transversal.
Pocas instituciones han marcado tanto la historia económica y política de Catalunya como La Caixa. Nacida en 1904 como una caja de pensiones destinada a ofrecer protección a los trabajadores en un contexto de intensa conflictividad social, la entidad ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales centros de poder del país. Su influencia trasciende desde hace décadas el negocio bancario y alcanza ámbitos tan diversos como la vivienda, la cultura, la investigación, la educación, los medios de comunicación o la política económica.
Ese recorrido es el objeto de «La Caixa». Una història mai no explicada (Editorial Pol·len), (“La Caixa». Una historia nunca contada), el último libro del periodista e historiador Rafa Burgos. Tras más de cuatro años de investigación, un extenso trabajo en archivos y decenas de entrevistas con antiguos directivos, trabajadores, historiadores, sindicalistas y especialistas, Burgos reconstruye la trayectoria de una institución cuya historia se entrelaza con la de las élites económicas catalanas y españolas.
Lejos de presentar una simple cronología empresarial, el autor plantea una tesis ambiciosa. Sostiene que La Caixa constituye una institución sistémica, capaz de proyectar influencia sobre la economía, la política, la cultura y buena parte del tejido social gracias a una compleja red de relaciones construida durante más de un siglo. El libro aborda episodios poco conocidos de esa historia, desde sus vínculos fundacionales con la monarquía hasta el papel desempeñado durante el Procés, pasando por las participaciones preferentes, la vivienda o la internacionalización del grupo –entre muchos otros–. Más de cien años recompilados en una obra monumental que rastrea, como nunca se ha hecho antes, los entresijos de una de las organizaciones más poderosas del país.
El libro es el resultado de más de cuatro años de investigación. ¿Cómo surge un proyecto de estas dimensiones?
Todo empezó casi como un desafío personal y editorial. Yo ya había publicado con Editorial Base otros libros de investigación sobre los grupos de poder de Barcelona y, una y otra vez, aparecía La Caixa de forma directa o indirecta. Nos preguntamos cómo era posible que no existiera una historia crítica de una institución tan determinante para Catalunya y decidimos intentarlo.
Al principio pensábamos que serían un par de años de trabajo. Al final han sido más de cuatro y podrían haber sido muchos más, porque una investigación así nunca termina del todo. Llega un momento en que simplemente tienes que decidir cerrar el libro.
Mi formación como historiador me ayudó mucho en la parte documental. Consulté archivos muy distintos, desde el Archivo Histórico de La Caixa hasta el Hospital de Sant Pau, la Biblioteca de Catalunya o archivos municipales. Lo sorprendente es que, tratándose de una institución con más de un siglo de historia, siempre acabas encontrando documentación relacionada con ella.
Las entrevistas también fueron creciendo casi de forma natural. Una fuente te remite a otra, alguien te recomienda hablar con quien conoce un episodio concreto o con quien participó en un conflicto determinado. Poco a poco vas reconstruyendo una red de relaciones muy amplia que permite entender la dimensión real de la institución.
Sitúas el nacimiento de La Caixa en un contexto de fuerte conflictividad social. ¿Hasta qué punto ese origen explica la función que desempeñó la entidad?
A finales del siglo XIX y principios del XX la situación de la clase trabajadora era muy complicada, especialmente en Catalunya, donde la industrialización había generado enormes desigualdades. Las condiciones laborales eran muy duras y comenzaron a desarrollarse formas de organización obrera que desembocaron en huelgas, movilizaciones y también en episodios de violencia.
El atentado del Liceu de 1893 marcó profundamente a la burguesía catalana. A partir de entonces empezó a instalarse la idea de que era necesario introducir algún mecanismo que amortiguara el conflicto social. No solo había una preocupación por mejorar determinadas condiciones de vida, sino también por evitar que la tensión siguiera creciendo.
En ese contexto cobra especial importancia la huelga de 1902, que hoy ha quedado bastante olvidada porque conocemos mucho más La Canadiense o la Semana Trágica. Sin embargo, aquella huelga supuso una auténtica señal de alarma para las élites económicas.
La idea de crear una caja de pensiones para la vejez, inspirada en experiencias que ya existían en Alemania, respondía precisamente a esa preocupación. Francesc Moragas llevaba tiempo trabajando en ese proyecto y consiguió sumar a buena parte de las grandes instituciones económicas catalanas.
También explicas que la monarquía fue decisiva en la fundación de la entidad.
Sí. El mayor donativo para hacer viable el proyecto fue el de Alfonso XIII, que aportó 20.000 pesetas. Aquella contribución fue fundamental para que la Caja de Pensiones pudiera ponerse en marcha.
La fundación también contó con el apoyo de instituciones como el Foment del Treball, la Cámara de Comercio, el Ateneu Barcelonès o el Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Desde el principio encontramos esa alianza entre las principales organizaciones económicas del país y la nueva entidad.
Siempre ha existido además un tándem muy significativo entre la presidencia y la dirección general. Francesc Moragas asumió la dirección, mientras que la presidencia recayó en Lluís Ferrer-Vidal, que era al mismo tiempo presidente del Foment del Treball. Esa conexión entre el mundo empresarial y la Caja aparece ya desde su nacimiento.
¿Hasta qué punto esa relación inicial con la Corona ha dejado una huella duradera?
Creo que sí existe una continuidad. Evidentemente, quienes conocen esa historia son conscientes del papel que desempeñó la monarquía en el origen de la entidad.
Pero más allá de ese episodio fundacional, La Caixa ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con la Corona. Josep Vilarasau, por ejemplo, era una persona muy cercana a la institución monárquica y durante muchos años el rey desempeñó también un importante papel como facilitador de relaciones internacionales para numerosas empresas del IBEX.
Todo eso encaja con la tesis principal del libro. Yo intento demostrar que La Caixa es una institución sistémica. Forma parte del sistema y contribuye a sostenerlo. Y dentro de ese sistema la monarquía también constituye una pieza fundamental.
Dedicas algunas páginas a una posible relación entre la entidad y el 23-F, aunque insistes en que las pruebas son limitadas.
Era un tema delicado porque encontrar documentación resulta muy difícil. Si hubiera existido algún tipo de participación económica, es lógico pensar que apenas habrían quedado rastros documentales.
Encontré el testimonio de un antiguo trabajador de La Caixa que estaba convencido de que había existido apoyo económico al golpe porque así se lo habían transmitido determinadas fuentes. A partir de ahí entrevisté a otros historiadores y periodistas especializados para contrastar esa información.
Ninguno pudo confirmarla. Tampoco la desmintieron de forma categórica, simplemente señalaron que no disponían de pruebas que permitieran sostener esa hipótesis.
Sí encontré otro testimonio relevante de una persona vinculada al archivo histórico de La Caixa que recordaba una reunión celebrada después del mensaje televisado del rey para expresar el apoyo de la entidad al sistema democrático. Ese episodio sí aparece respaldado por varios testimonios.
Por eso en el libro dejo muy clara la diferencia entre aquello que puede documentarse y aquello que únicamente aparece en forma de testimonio oral. No quería convertir una hipótesis en una afirmación.
Uno de los capítulos más interesantes aborda el Procés y la salida de la sede social de La Caixa de Catalunya. Planteas que la llegada de Carles Puigdemont alteró la relación habitual entre el poder político y el económico.
Sí. Puigdemont no pertenecía a los círculos tradicionales del poder económico catalán de la misma forma que otros dirigentes de la ya antigua Convergència i Unió. Había llegado a la presidencia desde Girona y muchas de esas relaciones todavía no estaban consolidadas.
Artur Mas sí intentó facilitar algunos contactos con las principales instituciones económicas y empresariales. Entre ellas hubo una reunión con Isidre Fainé en la Casa dels Canonges, donde mantuvieron una conversación bastante conocida sobre el futuro político de Catalunya.
Aquellos meses fueron muy tensos. En La Caixa existía una enorme preocupación por la retirada de depósitos y por la incertidumbre que afectaba tanto a la propia entidad como al Banco Sabadell. Algunas fuentes me explicaron incluso el malestar que provocó ver a trabajadores del banco participando en las movilizaciones posteriores al 1 de octubre.
El traslado de la sede respondió a esa situación de incertidumbre y también fue posible gracias a la modificación legal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitió realizar el cambio sin necesidad de convocar al consejo de administración.
¿Qué consecuencias tuvo esa decisión?
Tuvo un impacto importante sobre la imagen de la entidad en Catalunya. Muchos clientes interpretaron el cambio de sede como una ruptura simbólica, aunque desde el punto de vista empresarial hay que recordar que el negocio principal de La Caixa hacía tiempo que había dejado de concentrarse en Catalunya. Es una situación parecida a la del Banco Santander respecto a Cantabria o incluso al conjunto de España: son entidades cuya dimensión ya es plenamente estatal e internacional.
Uno de los capítulos más actuales del libro es el dedicado a la vivienda. Se habla mucho de Blackstone, pero bastante menos de La Caixa, pese a que durante años ha sido el mayor propietario de vivienda del Estado.
Esa fue una de las cuestiones que más me llamó la atención durante la investigación. Existe un enorme foco sobre los grandes fondos internacionales, mientras que se habla mucho menos de un actor que durante años ha tenido un peso incluso mayor en el mercado residencial.
Además, el libro está inevitablemente marcado por el momento en el que se escribe. La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y eso también se refleja en las entrevistas que realicé. Hablé con personas afectadas, con el Sindicato de Inquilinas, con la PAH y con otros colectivos que llevan años denunciando esta situación.
Una de las conclusiones que aparece repetidamente es que una de las cuestiones que más preocupa a una institución como La Caixa es el riesgo reputacional. La imagen pública continúa siendo un activo muy importante.
En Catalunya eso se vio con la campaña Destapemos La Caixa y con las movilizaciones relacionadas con la huelga de alquileres. Finalmente, la Generalitat acabó adquiriendo parte de aquellas promociones a través del Incasòl. La entidad sigue teniendo un importante patrimonio inmobiliario, pero ha ido reduciendo su exposición a la vivienda protegida y orientando una parte de sus inversiones hacia otros activos, especialmente oficinas.
La Caixa suele reaccionar con mayor rapidez cuando existe presión pública que les señala…
Esa percepción apareció en varias entrevistas. Tanto los sindicatos de inquilinos como personas vinculadas a la propia entidad coincidían en que La Caixa presta mucha atención a la dimensión reputacional de los conflictos.
No significa necesariamente que actúe de forma distinta en el resultado final, pero sí en las formas. Algunas personas que trabajan desde hace años en campañas sobre banca armada o vivienda me explicaban que el trato suele ser más dialogante que el de otras entidades. Hay una voluntad de escuchar, de reunirse y de intentar reducir el impacto público del conflicto.
Probablemente esa forma de actuar tiene relación con el pasado como caja de ahorros y con el peso histórico de la obra social dentro de la identidad corporativa. Esa imagen sigue siendo importante para la institución.
En el libro también abordas la internacionalización del grupo: Solemos pensar en La Caixa como una entidad profundamente vinculada a Catalunya, pero hace mucho tiempo que dejó de jugar únicamente en ese ámbito.
Sí. La internacionalización no es algo reciente. La entidad llegó a tener oficinas en Andorra o Mónaco y desde hace décadas desarrolla una estrategia orientada a la gestión de grandes patrimonios. Como otros grandes bancos, apostó por la banca privada y por diversificar sus inversiones fuera de España.
Si observamos la estructura actual, vemos que la Fundación ”la Caixa” se sitúa en la cúspide del grupo a través de Criteria Caixa. Desde ahí participa tanto en CaixaBank como en grandes empresas del IBEX 35 y en entidades financieras internacionales, como el banco mexicano Inbursa o el Bank of East Asia. Esa presencia exterior forma parte de una estrategia que comenzó hace muchos años.
También explicas cómo funcionaban algunos mecanismos financieros muy controvertidos, como las participaciones preferentes.
Las preferentes suelen asociarse exclusivamente a la banca, pero también fueron emitidas por otras grandes compañías. Lo importante es entender que eran productos que operaban dentro de un marco legal y con el conocimiento de los organismos supervisores.
En muchos casos esas emisiones se realizaban a través de sociedades radicadas en las Islas Caimán. Todo eso era conocido tanto por la CNMV como por el Banco de España. Después de la crisis financiera existía un interés evidente en reforzar el capital de las entidades y muchas prácticas que hoy generan un enorme rechazo fueron toleradas porque contribuían a ese objetivo. El caso de Bankia fue probablemente el más conocido, aunque no el único.
Esa explicación conecta con una idea que atraviesa todo el libro: muchas veces imaginamos el poder económico como una realidad completamente opaca, cuando en realidad buena parte de sus mecanismos son perfectamente legales.
Exactamente. Hay prácticas que pueden resultar moralmente muy discutibles y, sin embargo, ajustarse plenamente a la legislación vigente.
Ocurre con determinadas fórmulas de optimización fiscal, con las SICAV o con otros instrumentos financieros. Hace un tiempo publiqué un reportaje titulado Barcelona, paraíso fiscal, donde intentaba mostrar precisamente eso. Muchas veces pensamos en las Islas Caimán o en Panamá, pero dentro de nuestras propias economías existen tratamientos fiscales diferenciados, zonas francas o regímenes especiales que responden a decisiones políticas perfectamente legales.
Al final, el poder económico no siempre necesita actuar en la clandestinidad. Con frecuencia opera a través de normas aprobadas por los propios Estados.
Después de cuatro años investigando, uno termina el libro con la impresión de que el poder económico acaba condicionando al resto de poderes. ¿Fue también esa tu conclusión?
Siempre existe el riesgo de que un investigador acabe viendo su objeto de estudio en todas partes. A veces bromeo con ese «síndrome de Estocolmo» que hace que, cuando llevas años investigando un tema, parezca que todo gira alrededor de él.
Pero, sinceramente, creo que en el caso de La Caixa esa sensación responde a una realidad bastante objetiva. Lo que hace singular a esta institución es que concentra formas de influencia muy distintas.
Está el poder económico, por supuesto, pero también el político, porque mantiene una interlocución permanente con gobiernos e instituciones. Existe igualmente una dimensión religiosa. Isidre Fainé pertenece al Opus Dei como supernumerario y esa es otra pieza que ayuda a entender determinadas redes de relación.
También encontramos una enorme capacidad de influencia en los medios de comunicación. No hace falta ser propietario de un periódico para tener peso dentro del ecosistema mediático. La publicidad, las relaciones históricas con los grandes grupos de comunicación o la concesión de financiación generan vínculos muy estrechos.
A eso hay que añadir la cultura, la investigación, la educación, el tercer sector o los programas de becas. La Fundación ”la Caixa” tiene una presencia enorme en todos esos ámbitos. Es una forma de soft power extraordinariamente eficaz.
Por eso sostengo que estamos ante una institución muy singular. No solo por su dimensión financiera, sino porque ha conseguido estar presente en casi todos los espacios relevantes de la sociedad. Muy pocas organizaciones reúnen una capacidad de influencia tan transversal.
Sam Hayward, Sophie Skevany, Francesca Cicculli y Paolo Riva contribuyeron a este reportaje, que ha sido publicado en La Marea-Climática, IRPI Media y AGtivist.
Pocas manos y casi todas nacionales. La industria cárnica española se ha convertido en una de las más importantes del mundo a través de un modelo típicamente nacional en el que unas pocas empresas de capital español controlan buena parte de la cadena. Esta investigación ha identificado las principales empresas cárnicas en España, Italia y el Reino Unido para conocer su estructura financiera y determinar de quién depende esta industria que en nuestro país produjo casi 5 millones de toneladas de cerdo y casi 2 millones de toneladas de carne de ave en 2024.
La carne es en la actualidad el cuarto sector industrial más importante en España y el mayor dentro del sector agroalimentario, con una facturación de 41.337 millones de euros en 2024, según la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice). Y aunque esta cifra se refiere únicamente a la fase de procesamiento, el modelo español se caracteriza por una estrecha interrelación entre las granjas y las empresas transformadoras a través de un sistema de integración que ha sido la clave del meteórico crecimiento del sector y que ha permitido que su facturación se haya incrementado un 70% desde 2019.
Este crecimiento ha estado impulsado en gran medida por la expansión de los grandes grupos empresariales y por el aumento de la integración vertical en el sector, según ha constatado esta investigación. Los datos recopilados muestran que las cinco mayores empresas concentraron cerca del 30% de la facturación total en 2024 (12.170 millones de euros, el 29,4%), mientras que las diez primeras alcanzaron alrededor del 42% (17.220 millones de euros, el 41,6%). En la industria láctea, la concentración es incluso mayor: 5 empresas controlan el 48% del mercado.
“Todo empezó con Franco”, explica Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, una organización que defiende el derecho a una alimentación saludable en España. Tras la Guerra Civil, el país atravesaba una situación de escasez alimentaria que llevó a la dictadura franquista a buscar aliados para desarrollar una industria cárnica propia. “En la década de 1950 se firman los acuerdos con Estados Unidos para importar sus excedentes de soja y empiezan a surgir en Catalunya las primeras concentraciones de producción cárnica”, señala. Poco después tomó forma el sistema de integración que hoy en día caracteriza al sector en España, mediante el cual las grandes empresas controlan prácticamente todas las fases de la producción y establecen contratos con pequeños ganaderos que les garantizan la cría de los animales.
El modelo surgió en las fábricas de piensos y se centró sobre todo en la industria porcina que entre los años 60 y 90 se vio muy afectada por la gripe porcina africana. Los frecuentes impagos del pienso por parte de los ganaderos llevaron a los fabricantes de alimentación animal a exigir como garantía los propios animales. De este modo fue tomando forma el modelo actual, en el que las empresas integradoras son propietarias del ganado, producen el pienso, gestionan la atención veterinaria y comercializan la carne, mientras que los ganaderos suelen aportar las instalaciones y la mano de obra, recibiendo una remuneración por animal engordado o por ciclo de producción.
Según datos de COAG, la integración supone en el porcino el 75% de la producción, mientras que sólo un 10% son ganaderos independientes. El 15% restante lo controlarían las cooperativas. “En la carne no tenemos opción a no estar integrados. Solo es posible para granjas muy pequeñas y producto de proximidad”, asegura Eloy Ureña, responsable del sector avícola en UAGA-COAG, otro ámbito en el que el modelo de integración también se ha vuelto mayoritario. Ganaderos consultados aseguran que una de las mayores dificultades para los pequeños productores es el acceso a puntos clave de la cadena, como los mataderos o la distribución, controlados por los grandes conglomerados. En la industria porcina, por ejemplo, sólo siete empresas controlan el 50% de los sacrificios a nivel nacional.
El modelo se ha replicado en cierta medida en otros países europeos, especialmente en Italia, donde la integración se ha consolidado sobre todo al calor de la expansión de la industria avícola. La concentración empresarial en el país presenta niveles similares a los de España según los datos recogidos: las cinco mayores empresas controlan alrededor del 30% del mercado y las diez primeras cerca del 40%, en un contexto, igualmente, de creciente concentración del sector. El Reino Unido, por su parte, muestra un grado de concentración aún mayor, con ocho empresas que controlan entre el 70% y el 85% del mercado y una presencia más destacada de capital extranjero.
Porque otra de las características del modelo español es su escasa apertura al capital extranjero. Entre las diez mayores empresas del sector, solo dos cuentan con participación foránea, y ambas operaciones se han producido en la última década. La más relevante fue la adquisición en 2015 de Campofrío, una de las marcas cárnicas más populares de España, por parte del grupo mexicano Sigma. Cuatro años después se incorporó a este reducido grupo el conglomerado italiano Pini, que impulsó la creación de Litera Meat y la puesta en marcha del matadero de Binéfar (Huesca), considerado el mayor de Europa para el sacrificio de cerdos.
Las familias al frente de la industria cárnica
El resto de manos que controlan la industria cárnica son españolas y, además, están concentradas en unas pocas familias, según la investigación realizada. A la cabeza se sitúa Vall Companys, un grupo familiar controlado por los cuatro hermanos Vall Esquerda, que, según Forbes, poseen la sexta mayor fortuna de Catalunya.
Como muchas otras compañías del sector, Vall Companys nació en la década de 1950 como una pequeña harinera que se adentró en el negocio de los piensos y comenzó a establecer contratos de integración con ganaderos de la zona. Desde entonces, el grupo ha experimentado un fuerte crecimiento: ha duplicado su facturación en apenas cinco años entre 2019 y 2024 y actualmente controla alrededor del 10% del mercado español.
El grupo Jorge, en tercer lugar en el ranking de mayores empresas cárnicas, está controlado por la familia SamperRivas, heredera del fundador Tomás Samper Albal. En la década de 1940, Samper Rivas se convertiría en uno de los pioneros de la intermediación porcina en España, iniciando un negocio de compraventa de cerdos para venderlos posteriormente en los mercados locales. Sería su hijo, Fernando Samper Pinilla, quien expandiría el negocio, integrando la producción ganadera y, más adelante, mataderos y despiece. A finales de los años noventa entrarían en el negocio de las renovables y en 2011, el hermano mayor, Fernando Samper, fundaría Forestalia, una empresa energética que hoy está siendo investigada por presunta corrupción.
En cuarto lugar está la popular marca El Pozo, parte del Grupo Fuertes, controlado por la familia del mismo apellido. Considerada la familia más rica de Murcia, su imperio comenzó con una tienda de ultramarinos que en los años 50 empezó a elaborar también productos de matanza y que ahora tiene inversiones no sólo en la industria cárnica, sino también en el inmobiliario, en los aceites industriales e incluso un zoológico. El quinto puesto es para otro negocio familiar: el Grupo Cañigueral, controlado también por la familia del mismo nombre. Incarlopsa, la proveedora de cerdo de Mercadona, está en sexto lugar, controlada por la familia Loriente Piqueras y con la producción concentrada en Castilla-La Mancha.
Entre las 10 mayores empresas cárnicas destacan dos por contar con modelos de propiedad diferentes: Corporación Alimentaria Guissona y Coren. La primera, segunda empresa cárnica de España por volumen de negocio, tiene su origen en una cooperativa que en los años noventa se transformó en sociedad limitada, incorporando a buena parte de los cooperativistas como socios. En la actualidad, su capital está repartido entre unas 5.000 personas. Coren, por su parte, mantiene una estructura cooperativa con una actividad especialmente concentrada en Galicia.
Sin embargo, estos modelos no han impedido una fuerte concentración del poder de decisión. En Guissona, el principal accionista es Jaume Alsina, que ha estado al frente de la compañía durante casi siete décadas y cuyo hijo, Ramón Alsina, acaba de sucederle en la presidencia. En Coren, la familia Gómez-Franqueira ha mantenido el control desde la fundación de la cooperativa en los años cincuenta por Eulogio Gómez-Franqueira.
La décima empresa del ranking, Olot Meats, también presenta un modelo de propiedad diferente, ya que pertenece al fondo de inversión Korga. Sin embargo, el fondo está en manos del empresario vasco Mikel Soraluze Zelaia.
Haciéndose grandes a través de adquisiciones
El sector se está concentrando y el número de empresas no deja de reducirse. Entre 2008 y 2025 desaparecieron cerca de 1.400 empresas, el 31,7% del total, de modo que en 2025 apenas quedaban 3.016, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque algunas han cesado su actividad, muchas otras han sido absorbidas o adquiridas por grupos de mayor tamaño. Solo en los dos últimos años esta investigación ha identificado al menos 10 operaciones relevantes de compraventa empresarial, la mayoría protagonizadas por grandes compañías que han incorporado firmas más pequeñas.
La más activa ha sido Vall Companys, que desde 2025 ha participado en al menos cinco operaciones importantes. La mayor de ellas fue la adquisición en mayo de 2025 de Inga Food, una de las mayores integradoras de porcino de España, en una operación conjunta con Grupo Cañigueral e Incarlopsa. Además, en agosto de 2025, Vall Companys se hizo con agroalimentaria Chico, un grupo especializado en porcino. Ya este año, Vall Companys ha comprado un 40% del productor cerdo ibérico Julián Martín y un 20% de La Selva.
Aunque hasta ahora el sector avícola ha sido menos importante en la industria española, durante los últimos años buena parte de las operaciones se han centrado en él: está entrando más capital internacional. En abril de 2025, la propia Vall Companys amplió su capital hasta el 50,01% para tomar el control de Industria Avícola Sureña S.L. (INASUR), una integradora de carne de pollo en la que había entrado en 2020. Por su parte, Grupo Jorge compró Aragonesa de Piensos (Arpisa) en 2025, lo que supuso su entrada en el sector avícola. Además, la neerlandesa Plukon Food Group se ha convertido en el cuarto mayor productor de pollo en España al adquirir el 100% de la histórica compañía avícola Avimosa en mayo de 2026, tras haber integrado también al Grupo Avícola Hidalgo en enero de 2025.
Pero la operación más relevante fue la protagonizada por Uvesa, una de las principales productoras avícolas de España. Con un accionariado hasta entonces muy atomizado, varias compañías, entre ellas El Pozo, compitieron por hacerse con una participación de control. Finalmente, la ucraniana MHP logró adquirir el 92% del capital y tomar las riendas de la empresa.
Un futuro integrado
La creciente competitividad del sector apunta, según los expertos, a una mayor concentración de la producción. “Yo creo que se consolidará un modelo dual, con grandes explotaciones tremendamente intensivas y respaldadas por capital externo”, señala Isabel Bardají, catedrática de Economía y Política Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid. “Y espero que siga existiendo una ganadería profesional de medianas explotaciones, no pequeñas y muy pequeñas, sino explotaciones medianas con capacidad para mantenerse en el mercado”, añade.
Para Toni Valero, portavoz de Agricultura de Sumar en el Congreso, esta evolución responde a cambios más profundos en las reglas del comercio internacional. “Los tratados de libre comercio han creado unas relaciones de poder en la cadena alimentaria en las que el agronegocio se está imponiendo y expandiendo, poniendo en riesgo un modelo de agricultura y ganadería familiar que durante décadas fue predominante”, afirma.
Las consecuencias de esta concentración no afectan únicamente a quienes producen. También tienen impacto sobre quienes consumen. “Cuando cada vez menos empresas controlan una parte mayor del mercado, los consumidores tienen menos margen de decisión porque disponen de menos alternativas reales”, explica Eduardo Montero, responsable de Alimentación de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU. Además, la reducción del número de operadores refuerza la capacidad de las grandes compañías para influir sobre los precios, las condiciones de producción y la oferta disponible en los lineales, añade.
“Es el arquetipo de un sistema globalizado, industrializado, que no tiene nada que ver con la alimentación”, asegura Javier Guzmán. “Simplemente son grandes empresas que ganan mucho dinero, a base de unos impactos tremendos en medio ambiente, en deforestación, en explotación laboral, en desestructurar el territorio, y hacer desaparecer el tejido ganadero propio del país”. Para Guzmán, la única solución pasa por reestructurar el sector para “ordenar cuánta carne deberíamos producir”. Pero en esa reconversión, Guzmán no es optimista: “Lo que nos dice la experiencia es que acabarán quedando, todavía más, las más grandes”.
Si continúa y se intensifica el aumento de los precios –este es el escenario más probable– ganará relevancia el debate sobre las políticas a implementar para contener y revertir la deriva inflacionista. Aunque la misma nada tiene que ver con los salarios –cuyo avance en los últimos años ha sido, si acaso, muy moderado–, los defensores a ultranza de la austeridad salarial intentarán situarla en el centro de la discusión y de las políticas económicas a implementar. Por esa razón, conviene tener muy presente lo siguiente:
Lo primero a retener es que cuando hablamos de las retribuciones de los trabajadores asalariados estamos poniendo sobre la mesa las condiciones de vida de una parte importante de la población cuya principal o única fuente de ingresos es la venta de su capacidad de trabajo en el mercado a cambio de un salario. Es importante considerar esta perspectiva porque no hacemos referencia a un precio como cualquier otro, ni a un mercado más, equivalente a otros espacios donde se compran y venden mercancías, sino a la existencia misma de los trabajadores. Por ello, en el debate sobre la fijación de los salarios es vital pensarlos en clave de derechos humanos, dignidad y democracia.
En segundo lugar, hay que ser plenamente conscientes de que en el centro de las políticas de contención salarial se oculta una estrategia, cada vez más evidente, que no es otra que debilitar y deslegitimar a las izquierdas políticas y sindicales, cuya razón de ser, cuya legitimación debería residir precisamente en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
En tercer lugar, poner el foco de la lucha contra la inflación, del fortalecimiento de la competitividad de las empresas y, más en general, de la reestructuración de las economías en la presión salarial contribuye de manera decisiva a consolidar una cultura empresarial depredadora y conservadora, que, por cierto, cada vez está más extendida en el universo de los negocios. Esa cultura es un poderoso lastre a la hora de acometer la reestructuración de las economías en clave de equidad y sostenibilidad.
En cuarto lugar, si tomamos como referencia un período amplio –por ejemplo, desde 2019 hasta la actualidad– podemos comprobar que la mayor parte de los trabajadores asalariados han perdido capacidad adquisitiva; esto es, los precios de los bienes y servicios que consumen han aumentado bastante más que sus retribuciones; en paralelo, los beneficios de las empresas, convertidos en dividendos para los accionistas e ingresos para las cúpulas empresariales, han aumentado de manera sustancial. El resultado de tan dispar evolución ha sido la intensificación de la desigualdad, seña de identidad del capitalismo realmente existente.
En quinto lugar, considerar los salarios como una magnitud homogénea es un error de gran calado, pues presupone que el dato agregado ofrece información suficiente y relevante. Lo cierto, sin embargo, es que las disparidades distributivas (por factores que tienen que ver con el tipo de empresa, tamaño, sector y espacio en el que opera, la profundidad y alcance de la negociación colectiva, los niveles de cualificación…) en el colectivo que denominamos trabajadores asalariados son muy pronunciadas. De hecho, en este ámbito esas disparidades han aumentado con fuerza contribuyendo al aumento general de la desigualdad.
En sexto lugar, la supuesta relación de causalidad entre costes laborales y precios y la derivada de esa premisa –la moderación de los salarios es la clave para contener la inflación–, cuando se pretende convertir en un principio general, debe ser asimismo cuestionada. En un buen número de empresas los costes laborales representan una parte relativamente reducida de los costes totales, siendo los no laborales –como el precio de los combustibles, las materias primas, la electricidad, los alquileres o los costes financieros– notablemente más relevantes. Desde esta perspectiva, situar la austeridad salarial en el centro de la política antiinflacionista es un error de planteamiento: lleva a implementar medidas con un marcado sesgo que, además, son ineficaces.
En séptimo lugar, las estrategias competitivas sostenidas en la contención de los salarios –además de ser injustas, pues dejan intactos los beneficios empresariales– también se sostienen en un diagnóstico equivocado, pues presuponen, contra toda evidencia empírica, que la presencia en los mercados globales, en los más dinámicos especialmente, es mayor en el caso de los países de bajos salarios o de las empresas que practican políticas retributivas más estrictas.
En octavo lugar, se ha convertido en uno de los mantras preferidos en el discurso conservador relacionar salarios e inflación, en el sentido de que la intensa creación de puestos de trabajo abre la puerta al crecimiento de las retribuciones de los trabajadores y, por esa vía, a la intensificación de las tensiones inflacionistas. Un planteamiento que, en mi opinión, también debe ser cuestionado. De hecho, el rápido aumento de la categoría de trabajadores pobres o su mantenimiento en niveles muy elevados nos presenta una realidad donde, como sucede en la economía española, los altos niveles de ocupación son compatibles con la generalización de los bajos salarios, a los que, en modo alguno, cabe responsabilizar de las tensiones inflacionistas.
En noveno y último lugar, hay que ser conscientes, las izquierdas políticas y sindicales deberían serlo si se quieren reconocer como tales, de que la irrupción y ascenso del fascismo y de la extrema derecha tiene mucho que ver con la degradación de las condiciones salariales, que explicaría, al menos en parte, la importante base social con la que cuentan entre las clases trabajadoras.
En marzo de 2026, Anthropic –la empresa que fabrica el modelo de inteligencia artificial Claude– publicó un informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Sus autores, Maxim Massenkoff y Peter McCrory, introducen un nuevo indicador para medir el riesgo de desplazamiento laboral por IA al que llaman observed exposure, una métrica que cruza la capacidad teórica de los modelos de lenguaje con su uso real y automatizado en entornos profesionales.
Los números son reveladores en su frialdad, aunque a estas alturas ya no sorprenderán demasiado: los programadores informáticos encabezan la lista de ocupaciones más expuestas, con un 74,5% de cobertura automatizable. Les siguen los representantes de atención al cliente (70,1%), los técnicos de entrada de datos (67,1%), los especialistas en registros médicos (66,7%) y los analistas de mercado (64,8%). La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos proyecta, además, que las ocupaciones con mayor exposición observada crecerán menos de aquí a 2034: por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la cobertura IA, la proyección de crecimiento del empleo cae 0,6 puntos. Es una pendiente modesta en los decimales, pero inequívoca en la dirección.
El informe también detecta algo que todavía no aparece en las estadísticas de desempleo pero que lo precede: la contratación de jóvenes entre 22 y 25 años en los sectores más expuestos ha caído un 14% en el período post-ChatGPT. Los trabajadores de mayor edad permanecen en sus puestos; los jóvenes, sencillamente, ya no entran. La máquina no expulsa todavía de forma masiva; por ahora, cierra el acceso a quienes aún no han llegado.
Conviene señalar, antes de seguir, algo que ningún modelo econométrico puede capturar: el informe lo publica la misma empresa que construye la herramienta que desplaza los empleos. El capital tecnológico se ha arrogado también la función de diagnóstico, y eso delimita de antemano qué puede ser visto, pensado y, sobre todo, propuesto como solución. El informe mide la exposición al riesgo, pero la pregunta que no formula –a quién va a parar la productividad ganada– la responden los mercados cada trimestre con resultados récord.
La promesa incumplida de la abundancia
En 1930, en plena resaca del crack de Wall Street, John Maynard Keynes publicó un ensayo llamado Economic Possibilities for our Grandchildren en el que imaginó que hacia el año 2030 el progreso tecnológico habría resuelto el problema económico de la humanidad. Su predicción era que por aquel entonces (dentro de cuatro años), la humanidad disfrutaría de una jornada laboral de 15horas semanales, y el resto del tiempo podría ser dedicado al ocio, a la cultura, a lo que a cada cual le diera la gana. Keynes no era un revolucionario ni un utopista de izquierdas; era el economista más influyente de su siglo, y su argumento era puramente aritmético. Si la productividad crece lo suficiente, llega un momento en que las máquinas hacen el trabajo y los seres humanos pueden hacer otra cosa.
Paul Lafargue había llegado a una conclusión similar cincuenta años antes, en El derecho a la pereza (1880), aunque con una carga política que Keynes no compartía: si las máquinas producen más, los seres humanos deberían trabajar menos, y el hecho de que eso no ocurra dice algo sobre quién controla las máquinas, no sobre las máquinas en sí.
Marx lo había formulado en términos más radicales todavía, en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, al describir el trabajo como la forma fundamental de alienación del ser humano bajo el capitalismo. En ese texto, el trabajo se convierte en algo externo al trabajador, en una actividad que no le pertenece y que le arrebata la energía vital para convertirla en mercancía. La tecnología, en este esquema, debería representar la posibilidad histórica de revertir esa alienación: si las máquinas hacen el trabajo, los seres humanos podrían recuperar el tiempo para desarrollarse como tales.
Tres pensadores, tres tradiciones intelectuales distintas, la misma conclusión de fondo…pero lo que estamos viviendo en este momento es exactamente lo contrario de lo que los tres anticiparon. El aumento de productividad que trae la IA no está reduciendo la jornada laboral, ni garantizando una renta de subsistencia a quienes quedan desplazados, ni, por supuesto, financiando sistemas públicos más robustos. Está concentrando el excedente en manos de un número cada vez más reducido de propietarios de infraestructura digital, mientras los trabajadores desplazados navegan solos un mercado que ya no los necesita con la misma urgencia de antes.
La cuestión de fondo, sin embargo, no es que la IA destruya empleos netos, sino que los beneficios extraordinarios separan cada vez a aquellos que necesitan “matarse” a trabajar (a veces se trata de un matarse literal) ante una minoría ultrarrica con un poder económico superior al PIB de varios Estados del mundo.
De alguna manera la ola neoliberal que comenzó en las postrimerías de la primera mitad del siglo XX, ha encontrado en la IA su argumento más poderoso: la inevitabilidad. Si los mercados son eficientes y la tecnología es neutral, cualquier perturbación laboral es simplemente el precio del progreso, y quien no se adapte habrá elegido, en el fondo, su propio destino.
Lo que sería posible si hubiera voluntad política
No existe ninguna razón técnica por la que el aumento de productividad derivado de la IA no pueda distribuirse. Las propuestas son muchas. La renta básica universal, por ejemplo, ofrece un mecanismo: si las máquinas generan riqueza, que esa riqueza financie la vida de quienes las máquinas han desplazado. Una demanda que, lejos de ser una excentricidad de la izquierda, tiene defensores en tradiciones políticas muy diversas, precisamente porque la lógica que la sustenta es difícil de rebatir sin apelar directamente a los intereses de quienes acumulan.
Porque lo que sigue ocurriendo –y lo que el debate técnico sobre la IA sistemáticamente oscurece con sus métricas de cobertura y sus proyecciones de crecimiento sectorial– es que el aumento de la productividad no está sirviendo para liberarnos del trabajo, sino para concentrar la riqueza de muchos en manos de muy pocos. Keynes lo habría reconocido con perplejidad. Lafargue, con rabia. Y Marx, con la amarga satisfacción de quien ya lo habría anticipado.
