Ni las administraciones encargadas disponen de información de calidad, ni los profesionales encargados cuentan con formación especializada, ni, en general, los centros de protección a un colectivo tan vulnerable como son las personas menores en situación de desprotección funcionan correctamente. Son las conclusiones principales de una investigación desarrollada por el Defensor del Pueblo tras una actuación de oficio iniciada en 2022 al conocer diversos casos de agresiones sexuales a menores que se encontraban en este tipo de instalaciones.
Anteriormente, el Defensor del Pueblo ya había iniciado una actuación en relación con casos surgidos en las Illes Balears (Mallorca), en 2020, y en la Comunidad de Madrid, a inicios de 2022, centradas, fundamentalmente, en conocer las medidas de prevención y detección de casos que habían desplegado las respectivas administraciones con competencia en la protección de menores, así como en la disposición de protocolos para el correcto control y la respuesta ante los casos detectados.
La actuación actual, que se ha ido ampliando en los últimos años, se ha completado con la visita a varios centros de menores tutelados por la Administración: Residencia especializada en adaptación psicosocial Picón de Jarama, en Paracuellos de Jarama (Comunidad de Madrid); Centro Educativo Terapéutico CET-Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz (País Vasco); Hogar de Protección Arrui y Centro Educativo Alea, en Molina de Segura (Región de Murcia); Casa d’Infants Quim Grau, en Hospitalet de Llobregat (Cataluña); Centro de Acogida Lucentum, en Alicante (Comunitat Valenciana); Centro Residencial Infantojuvenil Campillín, en Oviedo, y la Unidad Familiar Cayés, en Llanera (Asturias).
Según las conclusiones del informe –titulado El sistema de protección de menores ante los casos de violencia sexual–, la mayoría de las administraciones no disponían de información de calidad y completa, ni estadísticamente tratada, sobre los casos de abusos o explotación sexual producidos mientras los menores se encontraban al amparo del sistema de protección. Además, ante la falta de especialización, el Defensor del Pueblo sugiere ampliar la formación de los profesionales de estos centros en materia de detección, abordaje y acompañamiento de las situaciones de violencia sexual, y que se cuente con la figura del técnico referente en violencia y explotación sexual. También recomienda la adopción de programas educativos sobre una vida afectivo-sexual saludable y sobre seguridad en las redes sociales para los menores que se encuentran en el sistema de protección.
«Estos ataques a la libertad sexual de los menores, que se producen lamentablemente en todos los ámbitos sociales, deben constituir una prioridad para las administraciones, máxime cuando afectan a menores que se encuentran en ese momento bajo su amparo y protección», sostiene el estudio, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acaba de registrar en las Cortes Generales. «Son un gravísimo ataque a los derechos humanos que debe ser atajado, con rigor y firmeza, por la sociedad y por los poderes públicos”, insiste el Defensor, cuya institución viene denunciando este problema estructural desde hace años, con especial incidencia en los casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia católica.
En este contexto, el Defensor del Pueblo destaca un problema y una recomendación que califica como prioritaria: las entidades públicas de protección de la infancia y la adolescencia deben elaborar un plan de revisión de los recursos residenciales de que disponen para ajustar la oferta residencial y que se atienda a los menores de conformidad con sus singularidades. Es decir, que se diferencie con claridad entre centros de acogida residencial, centros específicos de protección para problemas de conducta y centros terapéuticos o de atención a la discapacidad. «Se ha observado que la vida en estos centros se encuentra ahora tensionada, como consecuencia, fundamentalmente, de dos aspectos: la evolución en los perfiles de los menores que allí se acogen, que ha derivado en la recepción de más menores con patologías de salud mental o con discapacidad intelectual grave, contrariamente a lo previsto en la legislación de protección del menor, y la escasez de profesionales y la precariedad en sus condiciones de trabajo, incluidas sus expectativas laborales«.
El informe insiste en que los centros específicos de protección para menores con problemas de conducta no pueden convertirse, en ningún caso, en recursos residenciales para acoger a todo tipo de menores que requieran un régimen estricto de vida por sus condiciones personales, acumulando en ellos perfiles muy diferentes que requieren de una atención especializada y adecuada a sus características. «Esa mezcla de perfiles de menores de edad conviviendo en un mismo recurso, además de contravenir la legislación, perjudica claramente la atención que precisa cada uno de los menores tutelados. Otra expresión preocupante de esta circunstancia, que se ha podido comprobar en el desarrollo de esta actuación general, en alguno de los centros, es la situación de convivencia, en un mismo recurso, de menores en régimen de protección y menores infractores, aun con una medida judicial de convivencia en grupo educativo», denuncia la institución.
En su visita a los centros, el Defensor del Pueblo constata una realidad que dificulta la detección y, por tanto, la prevención: la mayoría de los casos investigados de explotación sexual se produjeron coincidiendo con momentos complejos en la vida de los centros (presencia de menores más disruptivos, conflictos laborales, ausencia de dirección, etc.) lo que aparejó el retraso en la detección y la intervención. El Defensor también ha recordado que la normativa vigente prevé que todas las entidades públicas de protección de menores han de contar con protocolos de actuación para la prevención, detección precoz e intervención frente a situaciones de violencia sexual, por lo que ha recomendado que las que aún no dispongan de ellos procedan a su aprobación.
También propone que tanto el Ministerio de Juventud e Infancia como los órganos competentes en las administraciones autonómicas elaboren un estudio sobre el riesgo de explotación y abuso sexual de los menores que se encuentran al amparo del sistema de protección, tanto en los centros residenciales de protección como en familias de acogida. Además, se les ha solicitado que impulsen la puesta en marcha del Registro Unificado de Servicios Sociales de Violencia Infantil y el Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y Adolescencia, previstos en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Igualmente, recomienda que cada comunidad autónoma apruebe la disposición general que regule las condiciones de autorización y funcionamiento de los centros residenciales de protección de menores en su territorio, con los requisitos mínimos que han de cumplir en materia de organización, personal técnico y auxiliar, materiales, protocolos de actuación y régimen de infracciones y sanciones.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación a la Secretaría de Estado de Justicia (Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) para que se promueva la creación de más instancias judiciales especializadas en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Y para que se refuerce la atención multidisciplinar a los menores de edad víctimas de explotación sexual y se evite la revictimización.
Según el informe, ninguna de las administraciones a las que se ha dirigido ha mencionado que se cuente con la participación de los niños, niñas y adolescentes en la elaboración de protocolos o guías, lo que pone de manifiesto la gestión adultocéntrica de este asunto y la necesidad de adoptar «uno de los derechos rectores de la Convención de los Derechos del Niño como es el derecho a la participación».
Al frente del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, la catedrática Noemí Pereda dirigió el primer estudio estatal con una muestra representativa tan amplia –más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años– y, además, con información proveniente de los propios niños, niñas y adolescentes de ahora, no de adultos que lo sufrieron en el pasado: un 17,8% reportaron haber sufrido algún tipo de victimización sexual a lo largo del último año
Desde su punto de vista, este tipo de muestra es fundamental para poder intervenir y actuar ahora, de manera inmediata, desde la prevención. Para ello, insiste en una herramienta fundamental: la educación afectivo-sexual como una asignatura obligatoria en todos los colegios: «Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias».
¿Por qué es importante entender que no estamos ante casos puntuales, aislados?
Es súper importante porque ni es algo puntual ni es el caso Epstein tampoco. Porque ahora estamos con esto como si esto fuera la realidad. No, la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es intrafamiliar, es continua, es silenciada. No son estos casos mediáticos. Es que estoy preocupada con el caso Epstein porque últimamente veo que se está desviando todo hacia ahí.
¿Cómo lo podemos transmitir para que se entienda?
El problema es que en el día a día es mucho más sutil y más difícil de detectar porque muchas veces se esperan este tipo de casos extremos. Y no, no es así. Por eso cuesta tanto detectarlos.
Pero estos casos extremos también ayudan a visibilizar, ¿no?
Claro, tienen que servir como desencadenante. Sobre el caso Epstein podemos pensar, ‘vale, a mí no me pasará porque yo no dejaré que mi hija se vaya con un señor’. Perfecto. Pero hay que saber que en el 80% de los casos las agresiones se cometen por algún familiar o conocido. O sea, el peligro no está fuera. Y este es un gran problema, porque la prevención tiene que venir de dentro. El niño tiene que saber cuáles son sus derechos, que puede decir que no,y, que si ocurre algo, tenga la confianza como para venir y contártelo, que haya esta comunicación fluida contigo. Y esto muy difícil porque, como digo, no es un señor extraño, desconocido, que va a venir y va a secuestrar a tu hijo.
Las cifras no han cambiado a lo largo de los años. Entre el 10% y el 20% de la población sufre agresiones sexuales en su infancia o adolescencia.
Sí, es algo que se mantiene, que sorprende. Es alucinante. Los datos desde hace muchos años están estancados en este 10-20% y no salimos xde ahí. Probablemente tampoco hacemos mucho para salir de ahí. Porque salir de ahí supondría, en primer lugar, una educación afectivo-sexual universal desde etapas muy tempranas. Y esto no ocurre en la mayoría de países, no es solo en España.
¿Y cómo se incorpora esto en los colegios, por ejemplo?
Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica.
Además, lo importante de esta educación es que no solo evitas víctimas, sino que evitas también agresores, porque les estás enseñando y les estás diciendo «no, no, cuando una persona te dice que no, es un no, tienes que respetar”. Entonces, mientras no hagamos realmente un cambio social donde eduquemos a los niños en el respeto al otro, en el consentimiento, esa cifra del 10-20% va a seguir ahí porque son niños que crecen.
«Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica».
La muestra del estudio del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona fue de más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años. Son niños, niñas y adolescentes de ahora, no adultos que lo sufrieron en el pasado. ¿En qué aspecto mejora este tipo de muestra el diagnostico?
En primer lugar, son chicos y chicas que pueden responder, éticamente se ha demostrado que tienen la capacidad de poder responder, obviamente, con su consentimiento informado, comprendiendo las preguntas. Son encuestas que están validadas en otros países, también en España. La cuestión es que tenemos que focalizarnos en los adolescentes de hoy porque es donde podemos intervenir de forma inmediata; de lo contrario, tendemos a pensar que es algo que pasaba en otras épocas. Cuando haces las encuestas con adultos, estás viendo lo que pasó hace 5, 10, 15, 20, 25, 30 años.
A mí me apena mucho la última encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia porque era una oportunidad enorme, con todo el poder que tiene, de hacerla con adolescentes escolarizados, mucho mayor que la que hicimos nosotros. Porque al final nosotros la hicimos en colaboración con “la Caixa”, con su financiación. Llegamos a más de 4.000 adolescentes, pero es cierto que somos una universidad, no somos el Ministerio de Juventud e Infancia. Entonces, yo sí que apelaría a que se asuma esta responsabilidad.
«Tenemos que focalizarnos en los adolescentes de hoy porque es donde podemos intervenir de forma inmediata; de lo contrario, tendemos a pensar que es algo que pasaba en otras épocas».
Hay países como Canadá y Estados Unidos, pero es que también Chile, para que nos situemos, que hacen esta encuesta cada dos años. Porque eso nos permitiría ver variaciones y decir ‘resulta que en Catalunya han implementado un programa y, fíjate, de hace dos años a hoy el porcentaje es más bajo’. Esto solo lo podemos ver si hacemos estudios con los adolescentes de hoy. Cuando lo hacemos con adultos ya sabemos lo que va a salir.
Ha aumentado mucho también la violencia entre iguales, entre los propios chicos y chicas.
Esta es una de las cuestiones que se veía en nuestro estudio. Ha subido y ha subido por esta negligencia respecto a la educación afectivo-sexual y el peso de la industria del porno. No es que los adolescentes vayan a buscar porno, es que la industria los va a buscar a ellos. El modelo que tienen es la pornografía, no hay un modelo educativo que contrarreste los mensajes distorsionados que da la pornografía. No estamos invirtiendo en prevención para nada. Tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños y que le van a dar. Entonces, no vale con culpar a los adolescentes de ver pornografía, es que la industria los busca a ellos. Por eso hay que hacer actuaciones en políticas públicas que realmente sean efectivas, porque si no el porcentaje no baja.
«Tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños y que le van a dar. Entonces, no vale con culpar a los adolescentes de ver pornografía, es que la industria los busca a ellos».
¿Nos falta ese salto cualitativo que dimos con la violencia machista?
Totalmente. Mira, siempre se dice que después de la violencia de género tendría que salir a la luz la violencia contra la infancia y la adolescencia, pero es más difícil y es más difícil porque vivimos en una sociedad que es adultocéntrica, o sea, nosotros somos quienes controlamos, nosotros somos quienes votamos a nuestros dirigentes, los niños no pueden elegir, los niños no pueden salir de su contexto familiar si no hay un adulto que detecta este tipo de situaciones, porque para ellos es la normalidad. Tiene que haber como una sociedad adulta muy sensibilizada para que esto salga a la luz. Y lo que ocurre es que en muchos casos se justifica este tipo de agresiones diciendo que el niño se lo inventa.
«Siempre se dice que después de la violencia de género tendría que salir a la luz la violencia contra la infancia y la adolescencia, pero es más difícil y es más difícil porque vivimos en una sociedad que es adultocéntrica».
¿La Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia –Lopivi– está ayudando a entender la situación?
Sí, estamos mejorando. La Lopivi ha ayudado mucho también, supuso un impulso para hablar del tema. Pero es cierto que como sociedad sigue sin calar que los niños son sujetos de derecho, que no solo son objetos de cuidado. Esto hay que entenderlo: los niños tienen derechos que no puedes violar por mucho que seas padre o madre. Hace días, Ana Obregón decía ante una acusación: ‘Es mi niña y hago con ella lo que quiero’. Claro, esto te lo está diciendo alguien público, lo está diciendo a la sociedad y es un mensaje que a muchas personas les cala. No, no puedes hacer lo que quieras. Es una persona con derechos propios, es un ciudadano, pero cuesta mucho entenderlo. Por eso muy importante también el trabajo desde el punto de vista periodístico. El niño no es propiedad de nadie, es un ciudadano con derechos propios.
«Los niños tienen derechos que no puedes violar por mucho que seas el padre o la madre. No es propiedad de nadie, es un ciudadano con derechos propios».
También nos cuentan algunas víctimas que este tema se minimiza.
Sí, se minimiza mucho. Se dice ‘bueno, son niños, lo olvidarán, tampoco es tan grave, cuando crezcan ya se les pasará’. Y no. Esto es un daño que perdura a lo largo del desarrollo y un daño en un momento en el que el niño está creciendo, en el que está estableciendo sus relaciones con el mundo, consigo mismo, con los demás y estás destruyendo todo esto.
Por tanto, no puedes tener un ciudadano integrado, prosocial cuando han vivido experiencias de este tipo en su infancia y nadie los ha ayudado. Y por eso hay que entender el daño que esto causa también como sociedad. Por eso se habla del problema de salud pública. La OMS lo define como un problema de salud pública. ¿Por qué? Pues porque nos afecta a todos. No solo a nivel de salud mental, de salud física de estas víctimas, sino a nivel de relaciones, de repetición del patrón de violencia con otros niños. Nos encontramos con muchos adolescentes que agreden, pero es que ellos también han sido víctimas previamente.
Muchas veces se dice que están enfermos.
Hay un porcentaje muy pequeño de psicopatía en la sociedad, que es aquel que no tiene empatía por los demás, pero en general nacemos con la capacidad de empatizar. ¿Por qué un niño llega a una determinada edad y agrede a otros niños? Porque si no intervenimos en las formas de violencia en la familia, no podemos luego intervenir en este adolescente que agrede a su compañera de clase. Realmente hay que trabajar desde el inicio.
«Nos encontramos con muchos adolescentes que agreden, pero es que ellos también han sido víctimas previamente».
¿Hay relación entre violencia sexual y conducta suicida?
Sí, por eso además es muy importante hacer este tipo de encuestas sobre bienestar, no solo de violencia y poder. Porque se podría intervenir preventivamente con los casos de riesgo. Una de las salidas que encuentra la víctima al dolor intensísimo que está viviendo es esta: acabar con todo y acabar con su vida.
La violencia sexual también se relaciona con consumo de alcohol y drogas, que es otro de los problemas que tenemos. Porque es algo que te permite desconectar de todo este recuerdo. Se relaciona con problemas de salud mental, obviamente, ansiedad, depresión, fracaso escolar. Entonces, invirtamos en esta prevención, invirtamos en que los adolescentes, los niños, puedan hablar cuanto antes con alguien, que sepan que tienen el derecho a hablar, que es eso lo que estamos diciendo con la educación afectivo-sexual.
¿Por qué debe ser desde etapas tempranas?
Porque el niño tiene que aprender que nadie puede tocar su cuerpo si él no quiere y que tiene que haber una justificación. ‘Hola, soy el médico y te voy a tocar por esto’. Perfecto. Ya le estás mostrando un respeto. Pero es que cogemos al niño, le limpiamos el culo, le quitamos los pantalones. Y, claro, lo que el niño está aprendiendo indirectamente es que cualquier adulto puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Luego queremos que hablen. ¿Pero cuándo van a hablar? Si no saben que tienen este derecho, ¿no?
Pero hay resistencia por parte de las familias a que esto se dé en los colegios, como si fuera una cuestión política o ideológica. ¿Cómo combatimos eso?
Para empezar, yo creo que es el Ministerio de Educación quien debe tomar una decisión. Porque esto no depende de una escuela, que tu escuela resulta que está al lado de una asociación y vienen a dar una charla. No. Yo entiendo que los padres tienen sus miedos o como lo queramos llamar. Pero si esto es una directriz desde Educación, significa que todas las escuelas de España van a tener una asignatura y esta asignatura va a estar manualizada, con lo cual, como padre tú puedes observar qué temas se van a tratar, cómo se van a tratar. Tiene que tener un profesorado como cualquier otra asignatura, como Matemáticas. No puede dejarse como una chica voluntaria que viene sensibilizada, debe ser un profesorado preparado con un temario basado en la evidencia. Le podemos cambiar el nombre, que eso también se ha discutido mucho con asociaciones. Puede ser educación para el bienestar. Llamémoslo como queramos, pero esto no es una elección según el partido que gobierne. No va de charlas. Es el derecho de tu hijo, no el tuyo. Es el derecho del niño a la educación afectivo-sexual, no tu derecho como padre.
«La educación afectivo-sexual tiene que tener un profesorado como cualquier otra asignatura, como Matemáticas, con un temario basado en la evidencia. No va de charlas, es el derecho de tu hijo, no el tuyo».
Por tanto, hay que tener mucho valor político, porque obviamente es algo que va a generar muchísima polémica. Pero, insisto, estamos hablando de educación, y tú no puedes decidir si quieres o no eso para tu hijo. Además, reitero, tiene que ser una educación sexual y afectiva universal, porque si no estamos generando una fuente de desigualdad. Tú puedes educar a tu hijo en prevención, accedes a un cuento, sabes qué recursos hay. Pero es que hay familias que no.
¿Cómo han influido en todo ello las redes sociales y la IA?
El contexto online también es muy terrible. Hay muchos pederastas que se conectan y captan. Lo vimos con los casos de la explotación sexual en Mallorca. Y las captaban por Instagram. Y ahí hay también un agujero importante de falta de educación en los riesgos online, los riesgos de enviar una fotografía, por ejemplo. Y son las niñas y niños con menos protección, con menos recursos en sus familias, los que acaban siendo mayoritariamente víctimas de estas redes. El Estado tiene que luchar para que no haya una desigualdad y no haya niños en mayor riesgo de violencia sexual.
‘Pederastas, un problema estructural que no queremos abordar’, un especial de La Marea. Puedes descargarte el reportaje principal aquí. Si lo prefieres, puedes suscribirte a nuestra revista para que te llega a casa y podamos seguir haciendo periodismo.
Hace apenas un par de años, Robert Thacker, autor de la biografía de la Nobel de Literatura Alice Munro, se vio obligado a explicar por qué no había incluido en ese libro, publicado en 2011, un episodio muy importante en la vida de la canadiense. El episodio en cuestión lo hizo público en un periódico una hija de Munro, Andrea Robin Skinner, dos meses después de la muerte de la escritora: «A la sombra de mi madre, un icono literario, mi familia y yo hemos ocultado un secreto durante décadas. Ha llegado el momento de contar mi historia». En realidad, Andrea ya la había contado hacía años a su familia, quien tenía que haberla protegido y no lo hizo. «Mi padrastro abusó de mí. Mi madre se quedó a su lado», tituló aquel artículo en Toronto Star en 2024. Ni siquiera una condena al agresor, según explicó Andrea, logró romper el silencio al que su familia la había sometido durante décadas.
La historia de Andrea Robin Skinner es la historia de tantos niños y niñas que se siguen contando y no se creen hoy en todo el mundo, en España, en tu barrio, en tu propia casa; que se cuentan y no pasa nada. O que incluso continúan sin contarse. Es la historia de tantos y tantos agresores bien reputados, bien vistos, que dicen, en los pocos casos en los que son juzgados, que no es verdad o que fue la niña o el niño quien los sedujo; agresores que entran en el cuarto de su hijo por la noche y le ponen el mejor de los desayunos por la mañana, que siguen delinquiendo amparados por la impunidad, por el mirar para otro lado. Es la misma historia de tantas y tantas familias que se rompen por un delito que continúa siendo un tabú, algo muy fuerte, tan asqueroso, tan perverso, que no entra en cabeza humana. Pero que existe, que lo cometen hombres, familiares y conocidos en su mayoría. No son monstruos, ni psicópatas, no tienen diagnosticada enfermedad alguna.
El segundo marido de Alice Munro agredió sexualmente a Andrea cuando ella tenía nueve años. La niña hizo llegar el caso a su padre, que se quedó de brazos cruzados: «La incapacidad de mi padre para tomar una decisión que me protegiera me hizo sentir que yo no formaba parte de ninguna de las dos familias. Estaba sola». La violencia continuó hasta que llegó a la pubertad. Años después, con veintitantos, se lo contó a su madre, aprovechando que había escrito uno de sus cuentos de premio sobre una niña que se suicidó tras ser agredida por su padre. Fuera de la literatura, en la vida real, ante el caso de su hija, Alice Munro también se cruzó de brazos: «Reaccionó exactamente como me temía que haría, como si se hubiese enterado de una infidelidad».
A lo máximo que llegó, según narra Skinner, fue a hablarle sobre otros niños con los que este hombre mantenía «amistades», como si la traicionada hubiera sido ella, la esposa. «¿Se dio cuenta de que estaba hablando a una víctima y que yo era su hija? Si lo hizo, yo no lo sentí. Cuando intenté decirle cómo el abuso de su esposo me había causado daño, se mostró incrédula». Andrea, que ahora ayuda a personas que han pasado por su misma situación, rompió la relación con su madre cuando nacieron sus hijas. Ella sí tuvo claro que nunca iría con ellas allí donde el agresor estuviera.
Gerald Fremlin, el segundo marido de Munro, el padrastro de Andrea, el agresor, fue condenado en 2005 después de que Andrea, la hija de Alice Munro, la hijastra, la víctima, lo denunciara ya mayor: dos años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Fremlin era ya octogenario. Murió en 2013 y, hasta ese momento, Munro, la madre de la víctima, permaneció al lado del agresor. ¿Por qué no incluyó este episodio, aun conociéndolo, aun con sentencia condenatoria, el biógrafo de la premio nobel? ¿Qué motivo expuso para no hacer nuevamente nada, para cruzarse de brazos ante esta historia? «Yo lo veía como un asunto familiar privado», justificó.
Detrás de ese argumento se ha escondido históricamente uno de los principales problemas a la hora de afrontar –y prevenir– la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes: lo que le hizo el padrastro a la hija de Alice Munro no es un caso aislado, como tampoco lo es lo que le hicieron los curas pederastas a sus víctimas, ni lo que un tío, un primo, un padre o un abuelo siguen haciéndole a muchos niños y niñas hoy en sus casas, igual de pederastas que estos curas; o lo que los actualizados agresores sexuales continúan haciendo a estas personas vulnerables a través de las pantallas. Lo que les ha pasado históricamente a los niños y niñas y sigue ocurriendo hoy, lo que hacen los agresores sexuales con estos niños y niñas, es un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública. Y solo abordándolo desde este prisma –y no como casos aislados, espectaculares o de puertas para adentro– se podrán adoptar medidas que pongan el foco en el delito y en los delincuentes, que protejan a las posibles víctimas y que ayuden a las que, por desgracia, ya lo son.
Así lo indican desde todos los sectores consultados para la elaboración de este dossier: desde el ámbito judicial al policial, desde el ámbito educativo al psicológico, desde las organizaciones en defensa de la infancia hasta las propias víctimas –o supervivientes, como muchas prefieren denominarse– y familias afectadas. Es necesario dar un salto cualitativo en el abordaje de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia ya, cuanto antes, como ocurrió también con la violencia de género en su día.
Una violencia continuada
«Ni es algo puntual ni es tampoco el caso Epstein», analiza la doctora en Psicología y catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Porque ahora estamos con esto como si esto fuera la realidad. No, la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es intrafamiliar, es continua, es silenciada, nadie lo descubre. No son estas historias mediáticas. Es que estoy preocupada con el caso Epstein porque veo que últimamente se está desviando todo hacia ahí», explica Pereda. Al frente del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, dirigió el primer estudio estatal con una muestra representativa tan amplia –más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años– y, además, con información proveniente de los propios niños, niñas y adolescentes de ahora, no de adultos que lo sufrieron en el pasado.
Los datos son demoledores: un 17,8% reportaron haber sufrido algún tipo de victimización sexual a lo largo del último año. Si comparamos este porcentaje con el obtenido en la primera encuesta realizada en España, en 1994 por el profesor de la Universidad de Salamanca Félix López, se observa que no ha cambiado prácticamente nada –entre un 10% y un 20% de la población, según los diferentes estudios, ha sufrido agresiones en su infancia o adolescencia–, lo que indica también que las administraciones han estado igualmente cruzadas de brazos ante este asunto en las últimas tres décadas.
«Las horas son las que son, no damos abasto. Tenemos tiempo y recursos limitados. Todo pasa por priorizar en la agenda al niño o la niña. Hemos visto cómo se ha priorizado a la mujer. Ahora tocan los niños. Tenemos la experiencia multidisciplinar de los equipos que trabajan en violencia de género, hay que aplicarla también a la violencia contra los niños, con sus peculiaridades y especificidades», concluían unas jornadas organizadas a finales de 2019 por el Colegio de Abogados de Sevilla, la Fundación Gota de Leche, el Foro Profesional por la Infancia de Andalucía y la Real Academia de Medicina de Sevilla.
En todo el mundo, según Unicef, más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad y entre 240 y 310 millones de niños y hombres han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Uno de cada cinco, dice la campaña del Consejo de Europa lanzada en 2010. Pero es que además, como afirman desde Save the Children, persiste el desafío de conocer la dimensión real: «Sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares», sostiene Clara Burriel, especialista en violencia en la citada organización. Y ese es otro de los principales problemas: a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, rodeada de tabúes, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos. «La sensibilización social sigue siendo tarea pendiente: necesitamos comprender que se trata de una problemática estructural, no casos aislados», insiste.
Según el Ministerio del Interior, en 2024 se interpusieron 22.774 denuncias por violencia sexual –un 4,68% más que el año anterior y un 66% más que hace seis años–, de las cuales casi la mitad (un 41,2%) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. Los datos constatan «la sobrerrepresentación femenina en la victimización sexual», la alta incidencia de esta violencia y la «fuerte masculinización de la autoría» de estos delitos.
María (nombre ficticio) tiene 45 años. Sufrió agresiones sexuales por parte de un familiar cuando era adolescente. Acudió a terapia ya mayor, poco antes de la pandemia. Y hoy, cuando escucha este tipo de reflexiones, de enfoques, asiente y dice: «Eso es, es eso. Nunca es tarde para hablar de ello. No es Epstein, son las casas, es lo que está pasando hoy en las casas». Su familia está rota porque ella lo contó. Y eso también es frecuente, no es aislado, como sostiene esta sentencia de 2023, que condena al tío de una niña como María: «La menor explicó que no lo hizo antes –contar que su tío la agredía– porque tenía miedo a que no la creyeran, y porque pensaba que al revelarlo la familia se iba a romper, como ocurrió cuando se supo. Es algo repetitivo en estos casos».
María afirma que en su grupo de terapia, en el 90% de los casos no tuvieron apoyo familiar: «La respuesta sobre cómo respondían las madres era muy similar, hemos sido repudiadas, no hemos tenido apoyo real y práctico», dice en un pasaje que recuerda, a su vez, a la interpretación de Belén Rueda en No tengas miedo, una película dirigida por Montxo Armendáriz en 2011. La niña –Michelle Jenner– se lo cuenta una y otra vez a su madre, pero la madre, que puede representar también a la sociedad, no quiere creerla, no quiere asumir que eso que está narrando su hija se está produciendo, que sea el padre el que lo está cometiendo, o quizá no puede asumir el error de no haberla protegido.
Esa es otra cuestión que se repite, el perfil (o no perfil) del agresor, porque cualquiera puede serlo. Todas las encuestas realizadas hasta el momento, todos los colectivos que trabajan en este asunto, lo confirman: en torno al 80% de este tipo de violencia se da dentro de la familia o entornos muy conocidos. «No son personas encapuchadas, pueden estar en casa», afirma la subdirectora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, Shauri Molina. Según un análisis de sentencias que Save the Children viene elaborando periódicamente, más del 90% de las personas acusadas son hombres y en ocho de cada diez casos es conocida. Y sin embargo, como remarca en sus ponencias la superviviente Miriam Joy, hoy mediadora en prevención en la asociación Redime, nos alertan cuando somos pequeños de no coger caramelos de desconocidos, pero nadie nos dice que el agresor, «el lobo», puede estar en tu cuarto.
Entre los espacios más comunes, sigue destacando el entorno familiar, aunque también se dan otros agresores conocidos, como amigos o allegados de la familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, etc. En el caso de Miriam, por ejemplo, fue un médico. En el caso de Francisco, hoy con 43 años, fue un vecino, posteriormente conserje de su colegio. Dentro de la familia, las figuras que destacan son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares, como tíos y abuelos (8%). En el entorno conocido no familiar, el 75,2% eran conocidos o amigos de la víctima. No obstante, el aumento de la violencia digital está haciendo que el porcentaje de agresores desconocidos esté creciendo, como corroboran Save the Children y la Fundación ANAR.
El tipo de agresor, según el citado estudio de sentencias, también marca la media de edad de las víctimas: así, en los casos en los que la agresión procede del entorno familiar, la media es de diez años; mientras que cuando el agresor pertenece al entorno conocido o es una persona desconocida, se sitúa en torno a los 13. Además, en seis de cada diez casos, se trata de agresores sin antecedentes (63%). El informe indica también que se ha producido un incremento en el número de quienes sí los tienen, y se sitúa en el 17,5%. Aquí destaca otra cuestión importante: en el 16% de los casos, los antecedentes eran por delitos contra la libertad sexual, lo que supone un aumento respecto al 4% de 2021.
La importancia de creer a las víctimas
«Serán imaginaciones tuyas», concluye la madre sobre lo que le cuenta su hija en la película de Armendáriz, como suele pensar la sociedad ante los casos reales. «Cuando yo lo conté, dos años después, cuando tenía 11 años, me llevé una reprimenda tremenda, me dijeron que aquello era una invención», dice Francisco. «No se quiere ver porque faltan herramientas y se tiene miedo al conflicto. Y en nuestra sociedad los abusos sexuales a menores es algo que tenemos bastante asimilado, sabemos que pasa, pero cuando pasa y lo tenemos delante de nuestras narices nos resulta tan espantoso que preferimos mirar para otro lado antes que abordarlo y denunciarlo», prosigue.
Desde la Fundación ANAR parten de una máxima: «Siempre tenemos que creer a los niños, niñas y adolescentes, hay que darles un espacio, decirles que no les vamos a juzgar, que la culpa la tiene el agresor, y tener oídos para esos niños», explica Shauri Molina. En el 9,4% de los casos atendidos, tuvo que intervenir el departamento jurídico; y en el 9,3%, hubo una coordinación con entidades externas para proteger a esos niños.
Porque otra supuesta explicación que se esgrime para no mirar es culpar a la víctima: «Serás una puta», le dijo una madre a su hija con 12 años cuando le contó lo que le hacía su padre: «¡Pregúntaselo a tu marido, papá me está tocando y va a mi cuarto todas las noches por mí!». «Imagínate qué ganas tienes tú de hablar de esto», explica la terapeuta Eva Medina ante este caso que trató. El problema, como analiza, es que un niño no imagina lo que no ve, no fantasea con lo que no conoce. «O lo ha visto o se lo han hecho, y en ambos casos es delito», dice. Y se llama pederastia –continúa– por muy dura que suene la palabra: «Es fuerte, pero es la realidad. Una persona que abusa de un menor es un pederasta, sea el padre, el hermano, el tío, la madre o Perico el de los palotes».
Esta otra sentencia también es clara en ese sentido: «No se trata de un mayor de edad con nociones sexuales, que puede tener capacidad para inventar escenas de contenido sexual, sino de un menor que no las conoce, lo que, como apunta el tribunal, supone un grado de credibilidad relevante de los menores víctimas en estos casos que les hace ser unas víctimas en su propio hogar. Este tipo de hechos cometidos por personas del entorno de la menor conlleva una facilidad operativa delincuencial del sujeto activo del delito y la más completa indefensión de los menores de edad que sufren la delincuencia sexual», escribe en 2024 la Sala de lo Penal del Supremo al denegar un recurso de casación presentado por el agresor, condenado en 2021, que argumentaba que se había vulnerado su presunción de inocencia. La mayoría de los casos, de hecho, no llegan a los juzgados, porque o no los creen o no lo cuentan por la propia dinámica del abuso hasta que son adultos.
Eva Medina es tía de Miriam Joy y, como ella, trabaja en la asociación Redime, nacida en 2004 alrededor de esta historia familiar. Miriam contó cuando cumplió los 18 años que un médico había abusado de ella. De ella y de más niños. «Pertenecíamos a una comunidad cristiana y había una persona, un médico con su esposa, que llevaba a los niños, no tenían hijos, era gente muy reconocida socialmente. Él era muy cercano, muy empático. Trabajaban con niños y adolescentes, y hacían campamentos, tenían una revista, en fin… atraían a los niños y a las niñas. Fue una bomba. Y te preguntas, ¿pero cuándo ha pasado esto? ¿Dónde estábamos nosotros, sus padres, su familia?», rememora Eva.
A Miriam, en contra de lo que suele suceder, sí la creyeron. «Eso supone una crisis familiar, personal, de fe y de todo. Porque donde creíamos que los niños estaban protegidos y seguros, es donde estaban siendo abusados», prosigue su tía, con una agenda de trabajo tan cargada que siempre acaba posponiendo esta entrevista. «Los padres de Miriam, Gloria, que es la presidenta de la asociación, junto con su marido, Joel, fueron a Estados Unidos por otra cuestión y asistieron a una conferencia. Alguien se levantó y contó que su padre había abusado de ella». De allí se trajeron una guía, Puerta de Esperanza, que tradujeron y adaptaron, y formaron los primeros grupos de ayuda mutua, sesiones que se centran en la rehabilitación de adultos que fueron agredidos sexualmente en la niñez.
«La asociación empieza con grupos pequeñitos de unas cuantas mujeres. En principio, solo eran mujeres. Muchas nos conocíamos, pero nunca habíamos hablado de esto. Amigas quizás de toda la vida, pero jamás se había hablado de esto. Y empezamos a hacer este trabajo con el manual, escrito por Jan Frank». A partir de ahí, la asociación comenzó a crecer de manera exponencial: «Y empezamos a tener los grupos de ayuda mutua ya más regulados, dos veces al mes, en sesiones presenciales en principio».
Esa es la columna vertebral de Redime, pero su labor, que comenzó en Málaga y ahora es de ámbito estatal, tiene en realidad tres patas: la rehabilitación de las víctimas, la prevención y la formación. «Nos dimos cuenta de que la educación es crucial. Y creamos un programa de prevención que va desde los tres años hasta el bachillerato adaptado según el rango de edad. Por ejemplo, con los más pequeñitos usamos guiñoles, muñecos, canciones, etc.».
La mayoría de estos programas, denominados Talleres para la vida y dirigidos a docentes, alumnado y familias, los desarrollan de manera gratuita, solicitados por colegios, pero no tienen los recursos suficientes para hacer todo lo que se necesita, ni convenios con las administraciones que permitan ejecutar este trabajo de manera sistemática y en todos los centros. «Lamentablemente, no ha habido ni un solo colegio o instituto al que hayamos ido en el que no haya saltado algún caso. Las cifras son alarmantes, pandémicas. Nosotros estamos desbordados. Nos llegan personas derivadas de salud mental que no pueden ser atendidas porque dan cita cada no sé cuántos meses… El Estado tiene que poner los recursos para que las víctimas puedan ser atendidas», insiste Eva Medina. Aunque en 2021 se aprobó la Ley de Protección a la Infancia (Lopivi), un paso fundamental para abordar este problema según los agentes implicados, prácticamente hasta el momento han sido las propias víctimas y las iniciativas privadas las que han ido actuando en este asunto. Es el caso también de la Fundación Vicki Bernadet, que lleva trabajando desde 1997 en la atención integral, prevención y sensibilización.
Vicki Bernadet fue agredida de los nueve a los 17 años y no lo contó hasta los 34. Hoy tiene 72 años y considera que, tratándose de otra época, algo debería haber cambiado. Pero no: «Se trata de una realidad tan dura que existe una sensación generalizada de que las cosas son menos graves de lo que decimos. Y se suele pensar que estamos exagerando para sensibilizar. Por eso tenemos que encontrar ese equilibrio para que no se cierren las mentes ante esta realidad tan cruda. Y siempre digo que quiero ir con la Generalitat, no contra la Generalitat. Y, por ejemplo, en los talleres de padres y madres tengo que conseguir, y lo consigo afortunadamente, que al menos cuatro o cinco veces se rían a carcajadas, para romper, porque el humor humaniza a la gente».
Desde la primera que vez que contó su historia y comenzó a dar en entrevistas, tardó casi diez años en impartir una charla en «un solo» colegio. Y aunque ahora va a centros escolares con una gran acogida, hace unos días acudió a uno donde de 600 familias solo asistieron unas cinco. Ella, como las demás víctimas, se enfrentó a dos realidades: la reacción del entorno familiar y la inexistencia de recursos especializados. En estos días, por ejemplo, desde su fundación, acaban de participar en la elaboración de un nuevo protocolo en Bajo Aragón «para garantizar respuestas claras, eficaces y alineadas con la normativa vigente, y fortalecer la capacidad de los agentes a la hora de actuar de forma temprana, coordinada y efectiva ante estos casos».
Otro ejemplo es el estudio que lideró la profesora Pereda, que fue financiado, entre otras, por una institución privada como la Fundación ”la Caixa”. «A mí me apena mucho la última encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia porque era una oportunidad enorme, con el poder que tiene el ministerio, de hacer una encuesta en adolescentes escolarizados aún mayor que la nuestra. Pero la volvieron a hacer con adultos».
Desde el ministerio señalan la dificultad ante la necesidad de autorización familiar, ya que los casos se dan precisamente en las familias. Pereda insiste en que hay países como Canadá, EE. UU. o Chile que hacen esta encuesta con adolescentes cada dos años. «Porque eso –analiza– nos permitiría ver variaciones y decir ‘oye, resulta que en Catalunya han implementado un programa y, fíjate, de hace dos años a hoy, el porcentaje es más bajo’. Esto solo lo podemos comprobar si hacemos estudios con los adolescentes de hoy, con los que podemos intervenir hoy y no cuando pasen los años. La política pública debe invertir en esto y en prevención. Porque cuando lo hacemos con adultos, ya sabemos qué va a salir».
La sociedad, además, ha cambiado y ahora se dan nuevos factores que no influyeron en esos niños hoy adultos: desde la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías –con la IA como última novedad– hasta nuevas formas de relaciones familiares. Todo ello permitiría detectar también las nuevas formas de violencia a través de la tecnología y la violencia cada vez mayor entre iguales, entre personas de la misma edad. «Ha aumentado por esta negligencia respecto a la educación afectivo-sexual y el peso de la industria del porno. Porque no es que los adolescentes vayan a buscar porno, es que la industria los va a buscar a ellos. O sea,tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños. No se trata de culpar a los adolescentes de ver pornografía, de prohibir. Debemos entender todo este escenario y hacer actuaciones en políticas públicas que realmente sean efectivas, porque, si no, este porcentaje no va a bajar», añade la catedrática.
También fue, al margen del Estado, la insistencia de las víctimas de pederastia en la Iglesia la que ha conseguido finalmente el reconocimiento de estas agresiones, el derecho a su reparación y el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno con el Defensor del Pueblo para indemnizar los casos que estén prescritos en la justicia pública. «Mucha gente piensa que esto es de la época de Franco. Claro. En la época de Franco ocurría, pero es que por desgracia en nuestros días también sigue ocurriendo, y hay niños y niñas que han sufrido delitos de pederastia y sus padres están desesperados, primero por el estado de sus hijos, pero después también porque los poderes públicos parece que juegan a archivarlo todo», denuncia Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada.
«Solo desde enero de 2025 al verano de 2025, en España, ha habido hasta 12 casos en colegios concertados», enumera. Este mismo marzo, el Opus Dei ha apartado a un profesor en Madrid por supuestas agresiones sexuales a tres menores de edad, según ha publicado El País, que puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española. «A diferencia del ámbito familiar, la víctima, cuando denuncia, se enfrenta a su agresor pero también a toda la orden, prelatura a la que éste pertenezca, que intenta tapar el caso y defender el buen nombre de la institución. Es decir, recae sobre la víctima todo el poder de la institución, con lo que ello supone. Y de ahí que, cuando un menor/adulto denuncia a un miembro de la Iglesia, ésta nunca asume su defensa, y sí la de su agresor», reflexiona Cuatrecasas.
Su hijo fue víctima de un profesor numerario en un colegio vasco. «Nos trasladó en mayo de 2011 el delito que habían perpetrado contra él; nos habló de abusos y acoso escolar, las dos cosas, porque muchas veces los casos de abuso que se producen en colegios llevan emparejado el tema del acoso, porque el pederasta, el depredador sexual, lo que hace es intentar aislar a la víctima, como ocurre también en la violencia de género», explica. «Para nosotros –prosigue– fue una pesadilla porque veíamos a nuestro hijo fatal. Y en un principio no te imaginas hasta dónde llegaba todo. Pero cuando ya tu hijo te dice con dificultad lo que ha pasado, pues lo primero que haces es intentar que él salga adelante –ese ha sido siempre nuestro objetivo– y por supuesto a la vez tuvimos que denunciar porque el colegio pretendía taparlo todo», denuncia.
La Asociación Nacional Infancia Robada nació de un grupo de víctimas de la Iglesia, cuyos jerarcas han llegado a alegar que lo de los abusos no era solo cosa de esta institución. Y es cierto. «Pero a lo largo del tiempo han recurrido a nosotros sobre todo víctimas del ámbito intrafamiliar, alguna del deportivo e incluso de los Boy Scouts. Es, efectivamente, un mal endémico de nuestra sociedad. Y siempre digo que con la infancia nada es suficiente», concluye Cuatrecasas. Según la encuesta realizada por la firma GAD3 para el Defensor del Pueblo, el 1,13% de las personas han sufrido abusos en el ámbito religioso católico. La cifra supone un 0,6% con respecto a los abusos totales reportados: un 11,7% de las personas entrevistadas (con una muestra de 8.000). Y no es menor: son unas 400.000 víctimas, según las prospecciones del Defensor.
«En el caso de la Iglesia es un tema que procede de muchas décadas atrás, y está insertado como algo estructural. No son cuatro casos, como decía la Iglesia al principio. Son muchos y cada vez más. E incluso te diré que en este ámbito se entendía que era entre un cura o religioso adulto y un niño y, con el tiempo, también han ido saliendo mujeres víctimas de sacerdotes. Hay campos totalmente inexplorados, como el tema de las monjas, que algún día también saldrá», añade Cuatrecasas, que lidera la petición de un Estatuto específico que otorgue a los supervivientes «la condición de víctima» con derechos en el ámbito sanitario, educativo, laboral y social. Además de la protección judicial a quienes hayan denunciado.
El informe destaca, además, que la violencia contra la infancia, considerada como un asunto de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no ha aparecido entre los problemas que generan una mayor preocupación en la ciudadanía, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). «Por ello –indica el Defensor–, se aprovechó la ocasión para preguntar a las personas encuestadas, ante todo, cuál era su percepción del problema». La mayoría lo considera un problema social muy grave o bastante grave. Sobre si existe una mayor conciencia social, un 19,7% respondió «mucha» y un 40,2% «bastante», frente a un 32% que consideró que la conciencia social había crecido poco y un 5,2% nada.
«Precisamente el tabú que todavía rodea a esta forma de violencia está muy vinculado a esos entornos en los que se produce. Aceptar esto implica reconocer que el riesgo y la violencia muchas veces proceden de los entornos que deberían ser protectores. Esa realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social», contextualiza la experta Clara Burriel.
Fue lo que hizo la Iglesia durante años con estos casos o lo que hacen tantas familias con los suyos. En el foro celebrado en Sevilla a finales de 2019, también se llegó a concluir lo siguiente: «En el momento actual, la actitud de la mayoría de los profesionales es el no querer implicarse en la atención, ni en la notificación por las consecuencias que podría acarrear, por la dificultad que entraña, por la dedicación que exige y por la inseguridad jurídica profesional que padecemos». Ocurre también que cuando alguien pone este asunto en una conversación –como hemos constatado en el proceso de elaboración de este dossier– la reacción suele ser de desconexión: qué tema «más feo», qué tema «más incómodo».
La justicia
La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, admite la deuda que existe con estas víctimas. «Pido disculpas, en nombre del Estado, a todas las infancias porque no hemos llegado a tiempo de evitar muchas situaciones dolorosas», dice en una entrevista en páginas posteriores. Este año se cumplirá un lustro de la aprobación de la Lopivi, que necesita seguir dotándose de financiación y recursos para ser efectiva, sobre todo, desde el punto de vista educativo y judicial. Porque lo que ha pasado también hasta ahora es que no se reconoce que los niños sean sujetos de derechos, que no son propiedad de los padres, ni de los tutores, ni de nadie. «El ordenamiento jurídico no está pensado para los niños y las niñas», dice tajante la magistrada Glòria Poyatos, que insiste en la importancia de incluir la perspectiva de infancia en la justicia.
«En todo lo relacionado con los menores, necesitamos dar un salto cualitativo porque nos encontramos con que sus necesidades y experiencias normalmente quedan ocultas, es muy difícil valorar su relato, muy difícil valorar su sintomatología o sus reacciones porque suelen ser inespecíficas. Se necesita de la psicología, y no de una psicología cualquiera, sino de algo muy especializado para poder llevarlo a cabo en profundidad. Y actualmente no tenemos esos recursos, de forma que los juristas estamos opinando y tomando decisiones sobre cuestiones relativas a menores, cuestiones muy relevantes, sin tener suficiente formación», admite la abogada Amparo Díaz, especializada en violencia de género y victimología.
«No nos olvidemos –prosigue– de que el machismo justifica y legitima que haya ciudadanos de primera categoría y ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, como las mujeres, niños y niñas». «Cuando las víctimas son niños que todavía no tienen capacidad de expresarse con mucho detalle, el sistema que se está aplicando es un sistema basado en la valoración de la credibilidad de su relato y requiere que su relato sea detallado, con detalles del contexto, del lugar, de la secuencia de cómo suceden los hechos… y nada de eso lo pueden hacer muchos menores. Se están dejando de lado otro tipo de investigaciones basadas en otro tipo de herramientas como pueden ser los juegos con muñecos, los dibujos, pruebas indirectas…», prosigue Díaz.
La Lopivi parte de ahí y, entre otras cuestiones, prevé la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia. Sin embargo, según matiza Save the Children, la instauración de las nuevas secciones se aprobó finalmente en 2025 en Madrid, Barcelona y Málaga, cada una de ellas con una única plaza judicial. «Aunque la implementación deba ser paulatina, tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia desde su inicio, así como la creación de plazas judiciales», reclama Burriel.
En este ámbito, las asociaciones y colectivos piden la creación de fiscalías especializadas, asegurar que estos casos recaigan en las secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, en lugar de las secciones de violencia sobre la mujer: «Pues las niñas tienen necesidades específicas diferenciadas de las de las mujeres adultas, motivadas por su edad, el momento de desarrollo, el tipo de violencia o la relación con la persona agresora. Lo contrario supondría, además en la práctica, un trato desigual entre niños y niñas, cuyos casos por el mismo tipo de violencia serían tramitados por secciones distintas», señala Burriel.
Y, por supuesto, resulta fundamental integrar el modelo Barnahus en la justicia especializada en infancia, un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de agresión sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al niño o niña víctima. El objetivo es evitar la victimización secundaria estableciendo protocolos de actuación interdisciplinarios e interinstitucionales, lo que mejorará de ese modo la coordinación entre los profesionales y asegurará la protección de los niños y niñas a la hora de conducir exploraciones, realizar la prueba preconstituida y evitar su declaración en el juicio oral, lo que lo aleja de las instalaciones judiciales.
Según el informe de sentencias de Save the Children, en más de la mitad de los casos, hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez. En el 20% de los casos, la víctima tuvo que declarar dos veces, mientras que en un 3% tuvieron que declarar hasta cinco veces o más. Por otro lado, los que llegan a la justicia se extienden más allá de los tres años y preocupa el aumento de los que sobrepasan los cinco años de duración. «Habitualmente, las instancias judiciales hacen gala de ese principio garantista del habeas corpus, que me parece muy bien, pero cuando alguien denuncia esto no lo hace por capricho, cuando alguien va a un juzgado no lo hace como el que va un domingo a dar un paseo por el campo. La casuística de casos falsos denunciados de violencia contra la infancia es prácticamente ridícula», insiste Cuatrecasas.
El proceso judicial iniciado por su familia contra el profesor, que acabó condenado, concluyó varios años más tarde, en 2018: «Y tenemos que aguantar halagos hacia el pederasta, con condena. Estamos en 2026 y esto no ha terminado. Nos queda el juicio civil y el tema del Vaticano».
Secuelas de por vida
Laura fue la única de cuatro hermanas que se atrevió a hablar. Su padre agredió a todas las demás. Cuando llegó a ella, la más pequeña, se acabó. Su madre no se había enterado hasta entonces. Y aunque su caso llegó a los tribunales y el padre fue condenado, Laura sigue viviendo hoy, con más de 40 años y dos hijos, con ese dolor: «Ese tío ha pasado unos cuantos años en la cárcel y no ha pagado nada porque se declaró insolvente. Él está tan pancho. Nosotras seguimos destrozadas». Ninguna de sus hermanas terminó los estudios básicos. Ella ha encadenado depresiones y trastornos de la alimentación y, según cuenta, no le sirve la justicia restaurativa cuando se le pregunta como forma, también, de poder aminorar su dolor.
«En España también tenemos estudios de la relación entre violencia sexual y la conducta suicida, una relación más que demostrada. El niño busca una salida al dolor y muchas veces consiste en acabar con todo, con su vida. La violencia sexual también se relaciona con consumo de alcohol y drogas, que es otro de los problemas que tenemos. Un consumo que te permite desconectar de este recuerdo. Se relaciona también con problemas de salud mental, obviamente, ansiedad, depresión, fracaso escolar. Y es un problema que no estamos sobrerrelacionando con otros problemas, y que está demostrado desde hace mucho tiempo, tanto fuera del país como en España», expresa Pereda.
Según el informe publicado este mismo abril por la Fundación ANAR sobre su línea de ayuda telefónica, email o chat, la conducta suicida de menores de edad se ha convertido, por cuarto año consecutivo, en el principal problema atendido. Y la primera causa de los problemas de salud mental es la violencia. Después de ello y las autolesiones, entre los principales temas de consulta destacan las agresiones sexuales.
Aunque con ayuda hay salida, en una de las sentencias citadas anteriormente, el tribunal también lo dice claramente: «El sufrimiento que padecen estas menores difícilmente podrán borrarlo de su mente en el futuro». De hecho, la mayoría, cuando lo cuenta, ya es una persona adulta, lo que lleva a que el delito prescriba en muchas ocasiones y que los hechos queden impunes. Por eso se está pidiendo la imprescriptibilidad. «Suele ser característica habitual en estos casos el silencio de los menores y la prolongación en el tiempo de las agresiones sexuales, que es lo que busca el autor de estos hechos delictivos para conseguir la obstaculización de la decisión de la denuncia por parte de los menores, o de contarle a sus madres lo que están sufriendo», insiste la misma sentencia.
La pesadilla suele iniciarse como un «secreto» entre el agresor y la víctima, que aún no sabe que lo es. Porque no le pega, que es algo que el niño identifica como algo malo, sino que le hace cosquillas, o lo acaricia. Por eso es fundamental, como afirma Vicki Bernadet, la confianza educada, hacer ver al niño que los secretos se pueden tener pero que hay que romperlos cuando te hacen sentir mal. En todo ese proceso, el niño muchas veces huye a otro lugar, disocia lo que le hace por la noche su padre de lo que le dice por la mañana: por la noche entra en su cuarto y lo toca y por la mañana hablan de las notas del cole. La espiral va creciendo de tal manera que el mismo niño, puede llegar a sentirse culpable, y sentir vergüenza, porque el agresor también se lo recuerda: no lo puedes contar porque a ti también te gusta. «Me sentía una puta», dicen algunas mujeres agredidas. Y esa niña o ese niño tampoco quiere que su padre o su abuelo vayan a la cárcel. ‘¿Estás seguro de lo que dices? Porque puede ir a la cárcel?’. Y entonces se retractan. Con eso también juegan estos agresores.
A pesar de los avances, de las leyes, siguen produciéndose casos como este que publicó en marzo El Salto: un juzgado de Madrid otorgó la custodia exclusiva de una niña de seis años a su padre denunciado por violencia sexual hacia la pequeña cuando el caso todavía no estaba sobreseído. El escrito –afirma el medio– hacía alusiones al falso síndrome de alienación parental, prohibido en la Lopivi.
Más allá de este caso particular, la abogada Díaz insiste en ello, en que las leyes están, pero no siempre se aplican: «Rige la presunción de inocencia, pero debería regir a la vez el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a que se investigue en profundidad un caso y que se lleven a cabo diligencias útiles para llegar a conocer qué es lo que ha sucedido. Sin embargo, nos quedamos muchísimas veces en la superficie, porque como el menor no llega a dar suficientes detalles o no llega a tener evidencias físicas o síntomas psicológicos específicos, nos quedamos ahí».
Pone como ejemplo el artículo 19 de la Ley de Violencia de Género, que dice que las entidades que dan atención especializada a las mujeres podrán pedir medidas urgentes al juzgado: «Y, sin embargo, no se piden. El hecho de que la madre haya contado previamente una situación de maltrato hacia ella, por desgracia se suele interpretar como que hay una animadversión, que es parcial y que no es objetiva».
Por ello, plantea algo básico: que las administraciones públicas cumplan la legislación. «Para eso es necesario que tengan más medios. Las profesionales que están en esos servicios normalmente están muy implicadas, pero tienen poco tiempo, muchas veces trabajan a media jornada y tienen temor, por un lado, a los propios procedimientos judiciales, y, por otro, a las represalias de las personas que están identificando como posibles agresores. Y eso pasa en todos los servicios. Los servicios sociales muchas veces no se pronuncian, se quedan en la superficialidad, entre lo que dice uno y lo que dice otro, no avanzan y no se hacen más investigaciones ni se pide nada específico a los juzgados ni a los centros educativos».
Prevención y detección: redes e inteligencia artificial
En mitad de este panorama, la formación, la prevención y la detección temprana son, por tanto, las herramientas cruciales. «Salir de las cifras estancadas supondría en primer lugar impartir una educación afectivo-sexual universal desde etapas muy tempranas. Y esto no ocurre en la mayoría de países, no es solo España. Y no va de que en una asignatura de 3º de ESO sepan lo que es el pene y un embarazo, no. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, tu intimidad, va del respeto a los demás, de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica», insiste Pereda.
El niño, dice ella, tiene que aprender que nadie puede tocar su cuerpo si él no quiere y que tiene que haber una justificación para ello. «Hay que decir, ‘hola, soy el médico y te voy a tocar por esto’. Perfecto. Ya le estás mostrando un respeto. O ‘soy mamá y te limpio el culete, porque tengo que limpiártelo’. Perfecto. Este mensaje ya está mostrando un respeto por el niño. Pero no lo hacemos así. Cogemos al niño, lo limpiamos, lo coge el médico, le quita los pantalones… Lo que está aprendiendo es que cualquier adulto puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Y luego queremos que hablen. Claro, ¿cuándo van a hablar? Si no saben que tienen este derecho, ¿no?», expone con ejemplos prácticos que permiten ver toda la violencia a la que sometemos a los niños sin ser conscientes de ello.
Como la tradición social de dar besos como muestra de buena educación, de relación social. Si el niño no lo hace, porque no le sale, porque no quiere, o porque no tiene ganas, se le dice que es un maleducado y se le insiste hasta que da el dichoso beso. ¿Pero cómo va a saber que tiene que decir que no cuando lo estén sometiendo a una violencia?, reflexiona Vicki Bernadet en una de sus charlas. En la misma línea se expresa la experta Clara Burriel, que destaca la posición privilegiada de los centros educativos para detectar casos. «Es fundamental que el profesorado sepa identificar señales de alerta y comprender lo que un niño o niña puede estar revelando. Para ello, es clave la formación de los y las docentes, y también la implementación de las figuras de protección que recoge la Lopivi para el ámbito educativo, el coordinador/a de bienestar».
Y, por supuesto, son necesarios –dice– protocolos para la detección, la notificación y la actuación: «Sin un protocolo claro, las decisiones pueden quedar en manos de cada docente, quien puede enfrentar dudas sobre cómo proceder, temores a represalias o incertidumbre sobre la veracidad del testimonio. Para evitar que la protección dependa de la valentía individual o de la percepción subjetiva de cada profesional, todos los centros educativos deberían contar con protocolos internos, con mecanismos de prevención y pautas claras de actuación».
Es, además, una medida que, como sostienen los especialistas, debe venir del Estado, no se debe dejar al albur de cada colegio, de cada comunidad autónoma o de cada partido político. «Esto no es ideología, es educación. Hay que tomar las riendas porque estamos hablando de educación y tu hijo tiene derecho a la educación. Tú no puedes decidir si quieres educar o no a tu hijo. Y lo mismo que tiene profesorado de matemáticas va a tener esta asignatura que la va a dar una profesora, no la va a dar una voluntaria», zanja Pereda.
La catedrática apunta también a otra cuestión fundamental: «Lo importante de esta educación es que no solo evitas víctimas, sino también agresores». Y más en un contexto como el actual, con el aumento de la violencia entre iguales. «Estos mismo niños agresores son también víctimas. Por eso hacemos mucho hincapié en la mirada del adulto, porque es el adulto quien identifica las señales de riesgo», añade Shaurin Molina, de la Fundación ANAR.
Eva Medina cuenta un caso que abordaron desde Redime: un grupo de niños de 12 años agredieron a una niña en el baño del instituto: «Se masturbaron delante la niña. Y cuando se les pregunta a los niños por qué han hecho eso, la respuesta es para caerse de espaldas: ‘Porque eso les gusta a las mujeres’. Y cuando les preguntas que por qué, te responden: ‘Porque lo hemos visto en Internet’. El modelo que tienen es la pornografía. Yo siempre les digo que la pornografía es la ciencia ficción del sexo».
Desde su punto de vista, abordar la educación es una cuestión de Estado, pero también de las familias: «Porque los padres y las madres a veces pensamos que el niño está en su cuarto, tranquilito… Pero no. Tu niño está en su cuarto, pero no tendría que tener un ordenador en el cuarto, ni puedes darle un móvil. Yo digo muchas veces: ‘Oye, le das el móvil porque se calma, pero también se calmaría con un chupito de whisky. Y si te lo pide mañana, ¿a que no se lo das? Como sociedad hemos de ir hacia esos cambios porque el resultado está ahí», insiste.
La abogada Amparo Díaz también incide en ello: «Hay que perseguir el porno online que involucra a menores o que suponen prácticas humillantes y agresivas sobre las mujeres». Para Díaz, esta violencia no solo no es cosa del pasado, sino que estamos en uno de los peores periodos: «Por no decir el peor, porque Internet ha potenciado la cosificación del ser humano y especialmente de las mujeres, niñas y niños, de forma que se está naturalizando el uso cosificante de las niñas y de los niños de manera sexual».
Con red o sin red, el delito sigue estando ahí. Por ello, concluyen todos los sectores que han participado en el dossier, hay que escuchar a las víctimas de una vez y poner el foco en los agresores, que son los que están logrando que no queramos ver, que miremos para otro lado.
Me hallo sentado frente a la página en blanco, como tantas veces, y pienso en esa niña. En una habitación compartida de un centro de menores de Tenerife, una cría mata el tiempo como ahora mata el tiempo medio planeta: mirando vídeos. Reels, que se llaman. Esa sucesión hipnótica de imágenes breves que Instagram escupe sin cesar, una tras otra, hasta que el dedo se cansa o la conciencia se disuelve. Ella disocia, que es la palabra técnica para decir que se va, que deja de estar. Lleva horas así, quizá toda la tarde. Y lo que ni ella ni sus compañeras de cuarto saben –ni tampoco usted, ni casi nadie– es que mientras ella mira, una inteligencia artificial ha generado más de 90 millones de predicciones por segundo para mantenerla ahí. No es un dato sacado de la manga. Lo dijo uno de los creadores de esta bestial droga que consumimos bajo el eufemismo de «red social».
Porque de eso hablamos: una droga. No se fuma, no se inhala, no se inyecta. Entra por los ojos y se instala en el cerebro con la complicidad silenciosa de un algoritmo diseñado para secuestrar la atención. Y está al alcance de sus hijos, de sus hijas, de los niños que aún no saben que están siendo el producto, no el cliente. Son la antesala de algo peor: la normalización de la cosificación. Y aquí conviene recordar de dónde viene todo esto, porque la memoria, aunque no guste, es necesaria. El dueño de Instagram se llama Meta, y Meta es la misma empresa que fundó un tal Mark Zuckerberg en una residencia universitaria.
Su primer proyecto no fue una red social para conectar al mundo, sino una página llamada Facemash. Funcionaba así: tomaba fotografías de las estudiantes de Harvard, sin su consentimiento, de los directorios universitarios, y las enfrentaba en pares para que los usuarios votaran quién era la «tía más buena». Un ranking de mujeres reducidas a puntuación. Ese fue el origen. Ahí nació la criatura que hoy le muestra a su hija cómo debe verse para ser validada.
Llevo años analizando crímenes con pruebas digitales. He visto cómo evolucionan las herramientas, pero también cómo se mantienen intactas ciertas inercias. Internet no es neutral. Nunca lo ha sido. Tampoco es un espejo fiel de la sociedad: es una lupa. Amplifica lo que ya somos. Y si algo somos es profundamente machistas. Por eso no me trago el discurso naíf de que estas plataformas pueden ser, por sí mismas, espacios de igualdad. No lo digo desde el cinismo, sino desde la experiencia. No se puede construir un entorno justo sobre una arquitectura diseñada para explotar la atención y monetizar el deseo.
No se puede levantar un templo a la igualdad sobre un solar donde la base fue la cosificación. Hace tiempo decidí comprobarlo. Me creé cuentas nuevas, limpias, sin historial, sin sesgos previos. Quería ver qué ofrecía la máquina cuando aún no sabía nada de mí. El resultado fue quirúrgico: en perfiles femeninos, cocina, decoración, ternura domesticada. En perfiles masculinos, cuerpos. Mujeres fragmentadas en curvas, en poses, en estímulos rápidos. Desde el minuto uno. Sin contexto. Sin historia. Solo consumo.
No es un fallo. Es diseño, como ha dictado una sentencia contra Meta y YouTube. Y, sin embargo, convivimos con ello como si fuera inevitable. Hemos integrado Instagram en nuestras dinámicas más íntimas. Es nuestra carta de presentación, es filtro previo a cualquier relación. Nadie da ya su número sin pasar antes por ese escaparate digital donde competimos por parecer algo que no somos.
Pero hay algo que me inquieta más. ¿Cómo es posible que una empresa capaz de detectar automáticamente un pezón en una imagen –y censurarlo en milisegundos– no sea capaz de detectar a un menor en riesgo? ¿Cómo puede afinar hasta el absurdo para proteger su moral estética y fallar sistemáticamente en la protección real? La respuesta es sencilla: porque el menor también es producto. Y mientras el producto genere interacción, no hay incentivo real para detener la maquinaria.
En paralelo, las redes se llenan de una estética imposible. Una carrera en la que las mujeres compiten contra versiones irreales de sí mismas, mientras los hombres consumen esa ficción como si fuera norma. Y entonces me pregunto: ¿de verdad creemos que estos sistemas se han diseñado desde una mirada equilibrada? ¿Que un algoritmo así es fruto de equipos de hombres y mujeres? La historia de la tecnología nos dice lo contrario.
Durante décadas, las mujeres han sido expulsadas de los espacios donde se decide cómo se construye el mundo digital. No es solo una cuestión de números. Es una cuestión de cultura. De cómo se percibe a quien entra. De cómo se cuestiona su talento. No es casualidad que muchas hayan abandonado. Ni que otras tengan que demostrar el doble para ser tomadas en serio. Ni que los productos finales reflejen ese sesgo. La exclusión no es un accidente. Es estructura. Y esa estructura se replica en el código, en los algoritmos, en las decisiones de producto. Lo que vemos en pantalla no es solo tecnología: es ideología empaquetada en forma de entretenimiento.
Ahora bien, no todo está perdido. Estamos en un momento histórico peculiar. La IA ha democratizado, en parte, el acceso al conocimiento y a la creación tecnológica. Hoy, más que nunca, cualquiera con capacidad y determinación puede aprender, construir, intervenir. Las barreras siguen existiendo, sí, pero ya no son infranqueables. La pregunta no es si podemos cambiar esto. La pregunta es si queremos hacerlo.
¿Estamos preparados para que entren más mujeres en el diseño de la tecnología y cambien las reglas del juego? ¿Podemos imaginar algoritmos diseñados desde la empatía, desde la protección, desde una comprensión distinta del poder? Yo, como hombre que ha crecido en este entorno y que ha participado –consciente o no– de sus inercias, quiero pensar que sí. Que es posible. Pero eso exige renunciar a ciertos beneficios, cambiar modelos de negocio, asumir pérdidas a corto plazo. Y eso, siendo honestos, es lo verdaderamente difícil.
Mientras, la niña de Tenerife sigue deslizando el dedo. Sigue ahí, atrapada en una secuencia que no diseñó y de la que nadie parece querer rescatarla. Porque no es una historia individual. Es un patrón. Como lo son tantos casos que terminan en violencia, en explotación, en situaciones donde la tecnología facilita el daño. Y aquí está el problema real: no estamos ante una herramienta que se usa mal. Estamos ante un sistema que funciona exactamente como fue diseñado.
La próxima vez que hablemos de redes sociales, quizá deberíamos dejar de preguntarnos cómo usarlas mejor y empezar a preguntarnos si estamos dispuestos a aceptar lo que realmente son. Porque tal vez el mayor engaño no sea el algoritmo y seguimos discutiendo si esto es bueno o malo, útil o inútil, educativo o peligroso… como si aún no hubiéramos entendido que el debate real es otro. No va de redes sociales. Va de esa niña que terminó siendo captada para la prostitución en el caso 18 lovas… Va de qué tipo de sociedad estamos dispuestos a tolerar. Y, sobre todo, de si vamos a seguir entregando a nuestros hijos e hijas a un sistema que no los protege… porque en realidad nunca fue diseñado para hacerlo.
Hacía mucho calor. Eran las siete y media de la tarde y el termómetro no bajaba de los 38º grados. La Sala El Cachorro, en Triana, acababa de abrir sus puertas, y el público, contra todo pronóstico, comenzó a llegar. “Gracias por venir desafiando al calor pero, sobre todo, gracias por venir a escuchar hablar de un tema del que no queremos oír ni hablar”, introdujo la periodista Olivia Carballar en la nueva presentación del especial sobre pederastia publicado en La Marea, esta vez en Sevilla.
Con ejemplares repartidos por todas las mesas, el público permaneció atento y participativo durante las dos horas que duró el acto, vertebrado por la necesidad de abordar la violencia sexual en la infancia y adolescencia como un problema social, estructural y de salud pública, del mismo modo que la violencia de género.
“Lo mantuve oculto durante 40 años. Y lo que me llevó a contarlo fue tocar fondo”, sostuvo Laura Cuevas, superviviente de agresiones sexuales desde los seis a los 16 años, fundadora de la asociación Lulacris. Su primer «confidente» fue el libro que escribió en 2022, Sin filtro, para poder sacar todo lo que llevaba dentro. Narrado con una claridad absoluta ante una sala noqueada, su caso visibilizó el trauma y la soledad que arrastró y que continúan arrastrando estas víctimas. “Mi madre lo sabía. Durante mucho tiempo, culpé a mi madre, más que a mi padre”, admitió con templanza. Es una historia que se repite, en todo tipo de familias, como contó también la hija de la Premio Nobel Alice Munro, quien se sintió abandonada por su familia, o como cuenta Montxo Armendáriz en su película No tengas miedo.
VÍDEO: LAURA LEÓN
Laura Cuevas se mueve ahora por toda España intentando dar visibilidad a un tema que sigue siendo un tabú en la sociedad, como ella misma aseguró. Ayer hizo más de 350 kilómetros (ida y vuelta) para estar en Sevilla contando una historia, la suya, pero también la de uno de cada cinco niñas o niños que son agredidos sexualmente, mayoritariamente por familiares o conocidos, y para quienes casi nadie está mirando. “La estadística es tan escandalosa que es muy probable que conozcamos a algunos de ellos. En un equipo tan pequeño como el que hacemos La Marea, no tuvimos que salir fuera, teníamos al menos una víctima dentro”, remarcó la periodista Carballar.
La reacción de las familias, que deriva en muchos casos en encubrimiento por la vergüenza y el estigma social que se genera alrededor, fue una de las cuestiones planteadas desde el público. “Lo normal es que no se denuncie porque esto rompe el esquema familiar, salta por los aires”, respondió Amparo Díaz, abogada especializada en violencia de género y victimología. Desde su experiencia día a día en los tribunales, denunció una falta de formación en la justicia en este aspecto y defendió la aplicación de la perspectiva de infancia paraque estos delitos no queden impunes. Además, destacó el aumento de las agresiones entre menores: «Se debe intervenir como un asunto de Estado».
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Una de las mayores reivindicaciones en el evento fue la formación en los colegios e institutos como principal herramienta de prevención y la necesidad de impartir una asignatura obligatoria sobre educación afectivo-sexual, mucho más aún en la época de la digitalización, las redes sociales y la inteligencia artificial.
Todos estos factores han disparado los delitos sexuales en la red, reflexionó el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, que alertó de que con las tecnologías, a diferencia de la violencia sexual física en entornos conocidos, los agresores han multiplicado el número de víctimas. “Tiran la caña a ver a quién pescan”, escenificó. Además, incidió en la necesidad de reparar el daño moral a las víctimas con indemnizaciones que no sean irrisorias, porque muchas de ellas no se pueden pagar toda la terapia que necesitan para superar el trauma que arrastran.
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Los ponentes también reflexionaron sobre la responsabilidad de las tecnológicas a la hora de poder facilitar, a través de sus plataformas, la comisión de estos delitos, como expresó el perito informático Jorge Coronado, que puso el ejemplo de la plataforma de juegos Roblox y las acusaciones sobre pederastia. Entre el público, de hecho, había una madre que pidió ayuda para el caso su hija, relacionado con una interacción sospechosa en la red con un hombre desconocido. «Denuncia en la policía», le indicaron.
FOTO: LAURA LEÓN
Quienes acudieron, se quedaron a escuchar, a pesar de lo doloroso, incluso, «vomitivo», que puede resultar enfrentarse a estos relatos efectivamente terroríficos, pero reales. Se habló de la prescripción de estos delitos, de las listas de espera en la sanidad pública para la atención en salud mental, de que quien comete estos delitos monstruosos no son monstruos, que puede ser el médico, el padre, el vecino, el novio de la madre, el cura. Se habló también de la pederastia en la Iglesia. En resumen, se habló abiertamente de un problema de gran magnitud del que no se suele hablar por miedo, por incomodidad, por rechazo.
“Algunos colegios, en vez de sentirse orgullosos de parar estos casos, lo llegan a ocultar”, denunció una persona del público, entre quienes había trabajadoras sociales, maestras, juristas, periodistas, investigadores, psicólogos, informáticas, estudiantes, madres y padres. Laura Cuevas –»Es un lujo tenerte hoy aquí», le dijo Amparo Díaz– lo confirmó: “Una vez anularon un curso de formación porque decían que si hablaban de ello en el cole, a lo mejor los niños comenzaban a inventarse abusos”, dijo ante la perplejidad de la sala, donde también se lanzaron algunas recomendaciones. Celebración fue una de ellas, una película danesa de 1998 escrita y dirigida por Thomas Vinterberg.
Hablar de los niños sin los niños es habitual; incluso, con ellos y ellas delante, como si no estuvieran, como si no entendieran. Pero lo hacen, a su manera, y es vital ofrecerles herramientas para que conozcan sus derechos, sus límites y detectar cómo y a quién pedir ayuda.
Paso 1: conocer el cuerpo
Debemos empezar por el conocimiento de su propio cuerpo. Basta de eufemismos. Lo de que ‘no se nombra, no existe’ se puede aplicar a cómo nos relacionamos con nuestros genitales y las «zonas privadas». Al delimitar primero unas zonas, los niños pueden no solo saber de su existencia sino de su importancia.
Libros como Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano, Tu cuerpo es un tesoro, de Margarita García Marqués –fundadora de la Asociación para la Sanación y Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia–, o ¡Mi cuerpo es mío!, de Dagmar Geisler, son una adquisición obligada en nuestra biblioteca casera.
Además, El semáforo corporal, de María Edelys Soler Rojas, ofrece pictogramas para que los niños y niñas neurodivergentes –con Trastorno del Espectro Autista y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad– puedan reconocer qué zonas no puede tocar nadie.
Paso 2: el consentimiento
¿Os suena eso de la abuela diciendo «dame un beso que me pongo triste»? Además de tener su poquito de manipulación emocional, pone contra las cuerdas el consentimiento del niño. La prevención se inicia ahí. Enseñarles que pueden negarse es la manera de que entiendan que la opción del no siempre está disponible.
«En mis besos mando yo», dice la protagonista de Marta no da besos, de Pablo Macías y Belén Gaudes, con ilustraciones de Nacho de Marcos. También habla de ello la pediatra Mar López Sureda en El monstruo de los abrazos. También creó, junto a Demi, la canción Solo mío.
El consentimiento (¡para niños y niñas!), de Rachel Brian deja claro en su subtítulo qué encontraremos en sus páginas: cómo poner límites, pedir respeto y estar a cargo de ti mismo. Esta novela gráfica pretende alejarse de la lógica de la culpa y la vergüenza, y les propone reflexionar sobre sus fronteras infranqueables.
Por su parte, el erizo Enzo explica en Con sentimiento: el cuerpo solo se toca con permiso –de Carmen Esteban y Júlia Quintana– cómo el abrazo de una amiga de su madre hace que se sienta incómodo; y, sobre todo, cómo escuchar al cuerpo para detectar si estamos a gusto o no con el contacto de otras personas.
Paso 3: los secretos
A veces, la prevención no es suficiente. Por eso, también debemos contarles a quién avisar o cómo pueden sentirse para que aprendan a detectarlo. Y sí, alertarles de que esa persona, el agresor, no tiene por qué ser necesariamente alguien desconocido que nos regale caramelos en la calle, sino que puede ser del entorno familiar o cercano. Como demuestra la estadística.
Uno de los cuentos más usados en los centros escolares es Kiko y la Mano(también conocido como La Regla de Kiko), un libro recomendado a partir de los tres años y publicado por el Consejo de Europa. Cuenta, además, con un Manual para profesionales–válido también para padres y madres–. En su cuarto capítulo, por ejemplo, se centra en cómo explicar a los niños y niñas que identifiquen personas específicas a las que pueden pedir auxilio y enseñarles a ayudarse entre sí cuando uno de ellos no es capaz de contarlo a los adultos.
¿De qué color son tus secretos?, de la psicóloga Margarita García Marqués, promueve la expresión emocional en la infancia cuando han sido víctimas de alguna transgresión en sus límites corporales, y les enseña a identificar los tipos de secretos. Porque, como cantan Los Canticuénticos: «Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal».
Unicef ha creado una página con canciones que puedes escuchar aquí.
«Esta realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social», reflexiona Clara Burriel, especialista en violencia en Save The Children. Desde la organización, insisten en la necesidad de dar un salto en el enfoque de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia: no son casos aislados, es un problema estructural.
¿Cuáles son los principales retos a la hora de abordar la violencia sexual en la infancia y adolescencia?
Uno de los principales retos para abordar la violencia sexual en la infancia radica en que, a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, que continúa rodeada de tabús, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos en los que se produce. La sociedad todavía no es plenamente consciente de la magnitud de este fenómeno. Por eso, la sensibilización social sigue siendo una tarea pendiente: necesitamos comprender que se trata problemática estructural, y no de casos aislados.
Además, en relación con el conocimiento sobre la prevalencia de la violencia sexual hacia la infancia, persiste también el desafío de conocer su dimensión real: sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y en ocasiones no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares.
En este contexto, es muy complicado tratar de prevenir estos casos.
Otro reto clave tiene que ver con la prevención y la detección temprana. Es todavía necesaria una mayor formación especializada de profesionales (docentes, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, sistema judicial), así como la elaboración de protocolos para la detección, notificación y coordinación de estos casos, situando siempre al niño o niña en el centro de las intervenciones. En este sentido, también se destaca la falta de desarrollo e implementación de una educación afectivo sexual desde edades tempranas, reglada y adaptada a cada etapa evolutiva, pues esta educación constituye una herramienta clave en la prevención de esta violencia.
Por otro lado, también persisten los retos en la respuesta que damos a los niños y niñas víctimas de esta violencia. Cuando la prevención falla y la violencia ya se ha producido, el desafío es garantizar una respuesta integral, inmediata y adaptada a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes. El daño no termina necesariamente cuando cesa la violencia: la forma en que el entorno y las instituciones responden puede mitigar ese impacto o, por el contrario, agravarlo. Evitar la revictimización de los niños y niñas debe ser siempre una prioridad, pero todavía no contamos con procesos de respuesta adaptados a sus derechos y necesidades particulares.
Y, finalmente, las nuevas tecnologías han añadido nuevos retos: el entorno digital riesgos, generando nuevas formas de violencia sexual y transformando otras preexistentes.. Esto exige respuestas específicas, coordinadas y adaptadas a la realidad digital en la que hoy crecen niños y adolescentes.
Según uno de los informes de Save The Children, que analiza sentencias, se puede deducir que hay características similares en estos casos, que confirman que estamos ante un problema estructural, que no son casos aislados. Pero nos quedamos con los casos «espectaculares».
Si observamos las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio del Interior, podemos concluir que no estamos ante episodios aislados, sino de un problema social arraigado, persistente y de gran preocupación: en 2024 se interpusieron en España 22.774 por violencia sexual de las cuales casi la mitad (un 41,2%, 9.393) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. Esto quiere decir que casi la mitad de las denuncias por violencia sexual en nuestro país tienen como víctima a un niño, niña o adolescente, siendo 8 de cada 10 niñas y chicas adolescentes. Además, se aprecia un aumento en las denuncias de un 182,8% desde 2010. De ninguna manera podemos concluir que se trata de casos aislados.
Esta forma de violencia consiste en la imposición por parte de un adulto o de otro niño, niña o adolescente de una actividad de carácter sexual a un niño o niña, aprovechando la desigualdad de poder para obtener una satisfacción sexual. Respecto a los datos obtenido en nuestro análisis de sentencias (Por una justicia a la altura de la infancia), se revelan características comunes: por ejemplo, en muchos casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima, con frecuencia un familiar, y casi en la totalidad de los casos es un hombre. Esto refuerza la idea de que hablamos de una violencia que se produce mayoritariamente en espacios de confianza, donde el secretismo y la desigualdad de poder son claves.
Además, los abusos suelen comenzar de forma progresiva, aumentando en intensidad con el tiempo. Al inicio, el niño o la niña puede no comprender lo que está ocurriendo, y posteriormente pueden aparecer sentimientos de culpa o vergüenza que refuerzan el silencio. En muchos casos, el propio agresor alimenta la idea de responsabilidad en la víctima. Todo ello genera enormes barreras para la revelación, especialmente cuando la violencia procede del entorno de confianza.
La pederastia en la Iglesia, por un lado, y el caso Epstein, por otro –sin comparar por supuesto estos casos tan diferentes– están permitiendo hablar o al menos poner en la agenda mediática y social estos temas. ¿Por qué sigue siendo un tabú?
Los casos de abuso sexual relacionados con la Iglesia o el caso Epstein son casos de gran impacto mediático, que visibilizan esta forma de violencia en contextos específicos. Al respecto, es importante señalar que la mayoría de abusos sexuales siguen cometiéndose en entornos de confianza del niño o niña y que las figuras familiares se encuentra entre los agresores más comunes en este tipo de violencia. La denuncia y visibilización de los casos más mediáticos es fundamental, pero también lo es poner el foco en la violencia cotidiana, menos visible y mucho más extendida, que ocurre en el ámbito familiar y cercano, y que precisamente por esa cercanía y por el silencio que la rodea resulta más difícil de detectar y abordar.
Precisamente el tabú que todavía rodea a esta forma de violencia está muy vinculado a esos entornos en los que se produce. Aceptar esto implica reconocer que el riesgo y la violencia muchas veces proceden de los entornos que deberían ser protectores. Esa realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social.
¿Se están tomando medidas efectivas desde las administraciones en el ámbito educativo?
Los centros educativos están en una posición privilegiada para detectar posibles casos de abuso, ya que el profesorado y el personal escolar tienen contacto diario con niños y niñas. Es fundamental que sepan identificar señales de alerta y comprender lo que un niño o niña puede estar revelando, ya sea de forma directa o indirecta. Para ello, es clave la formación de los y las docentes, y también la implementación de las figuras de protección que recoge la LOPIVI para el ámbito educativo (coordinador/a de bienestar). También son necesarios protocolos para la detección, la notificación y la actuación frente a los casos detectados. Sin un protocolo claro, las decisiones pueden quedar en manos de cada docente, quien puede enfrentar dudas sobre cómo proceder, temores a represalias o incertidumbre sobre la veracidad del testimonio. Para evitar que la protección de niños y niñas dependa de la valentía individual o de la percepción subjetiva de cada profesional, todos los centros educativos deberían contar con protocolos internos de protección frente a la violencia, incluyendo mecanismos de prevención y pautas claras de actuación.
¿Y para las familias?
En el ámbito familiar, la educación afectivo-sexual y la parentalidad positiva son fundamentales en la prevención del abuso, especialmente dentro del propio ámbito familiar. Es clave que niños y niñas aprendan a reconocer estas conductas incluso cuando provienen de personas de confianza, incluidos familiares, y que comprendan que ninguna relación de afecto justifica el abuso. Proporcionarles herramientas para identificar, nombrar y rechazar situaciones de abuso, así como garantizar que cuentan con un entorno seguro donde puedan pedir ayuda sin miedo, es esencial para su protección.
Por supuesto, las familias no deben estar solas en este proceso: las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar una educación afectivo-sexual reglada, progresiva, desde edades tempranas, como recogen la LOPIVI y la LOMLOE, impartida por personal educativo con formación específica en la materia.
La LOPIVI prevé los tribunales especializados. Pero, ¿son suficientes?
La LOPIVI, aprobada en 2021, prevé la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia tras un año desde su implementación. Sin embargo, la creación de las nuevas secciones especializadas se aprobó finalmente en 2025, con la ley 1/2025 el Real Decreto 422/2025, aprobado el 3 de junio de 2025 por el Consejo de Ministros. Este último instrumento solo prevé la creación de tres secciones especializadas para todo el Estado, en Madrid, Barcelona y Málaga, cada una de ellas con una única plaza judicial.
Aunque la implementación de las secciones en violencia contra la infancia y la adolescencia deba ser paulatina, tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia de estas secciones desde su inicio, así como la creación de plazas judiciales.
¿Cree que hay confusión en el lenguaje a la hora de hablar de este asunto? Muchas veces parece que da miedo a hablar de pederastia, como si no quisiéramos llamar a las cosas por su nombre.
Es posible que en ocasiones se eviten algunos términos por falta de conocimiento o incluso por la carga emocional y social que pueden conllevar. En este sentido, la sensibilización sigue siendo clave, así como la capacidad de identificar con claridad a los agresores como responsables de la violencia y a las víctimas como tales, sin ambigüedades ni desplazamientos de responsabilidad, y siempre desde un enfoque de derechos.
¿Cree que hay hipocresía al hablar de este tema en ciertas esferas?
Como señalábamos, la violencia sexual contra la infancia sigue siendo en general una realidad invisibilizada. Por eso es necesario un cambio de paradigma: reconocer la violencia contra la infancia como un problema social y no como un asunto aislado o privado. Esto implica poner el foco tanto en la prevención como en una respuesta adecuada, inmediata y centrada en las víctimas. En cualquiera de sus múltiples formas y canales, la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes es inaceptable, y debemos movilizar todos los recursos disponibles para prevenirla, actuar cuando se produce y restaurar los derechos de quienes la sufren. Como sociedad, nuestro compromiso debe ser claro: enfrentar esta dura realidad, reconocer su existencia y tomar medidas efectivas para proteger a la infancia y la adolescencia.
No nos cansaremos de repetirlo: una de cada cinco personas menores de edad sufre agresiones sexuales, la mayoría de ellas cometidas por familiares o conocidos. No lo queremos ver, no lo queremos asumir. Pero el problema está. No son casos puntuales ni es un asunto privado. Estamos hablando de un problema social, estructural y de salud pública que, pese a su gravedad y magnitud, continúa siendo un tabú en la sociedad.
«Muchas veces siento impotencia«, resumió Vicki Bernadet, que lleva más de 30 años intentando visibilizar este asunto, en la presentación online del especial de La Marea junto a la catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Los medios de comunicación tenéis un papel muy importante», añadió Pereda.
En este contexto, en La Marea continuamos también con las presentaciones presenciales, esta vez en Sevilla. El evento se celebrará el próximo 10 de junio a las 19.30 horas en la Sala El Cachorro, en el barrio de Triana. Conducido por Olivia Carballar, contaremos con víctimas y representantes del mundo de la judicatura.
Así, participarán el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, la abogada Amparo Díaz y el perito tecnológico Jorge Coronado, que abordarán las claves sobre el impacto de estos delitos en las redes sociales. Desde la asociación Redime, contaremos con la abogada y superviviente de abusos Mari Carmen Heredia y la terapeuta Eva Medina. Y también nos acompañará la superviviente Laura Cuevas, de la asociación Lulacris.
El acto se suma al celebrado el pasado mayo en el Teatro del Barrio, en Madrid, al que acudieron diferentes víctimas, especialistas y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que explicó las claves de la ampliación de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia (Lopivi) tras su aprobación en el Consejo de Ministros.
«Maya Angelou tiene una frase que dice que la escucha es lo más curativo que hay. Antes que terapias, antes que todo. La escucha es la mejor terapia porque todo el mundo no se acordará de lo que le has dicho, o no se va a acordar de dónde estaba, o no se va a acordar del momento… Pero siempre, siempre, se acordarán de cómo se han sentido al hablar contigo». Con una voz también sanadora, Vicki Bernadet, hoy con 72 años y media vida dedicada a visibilizar y ayudar a las víctimas de agresiones sexuales en la infancia y adolescencia –como ella–, explica cómo se sienten cuando intentan hablar.
El interlocutor interrumpe o dice cosas como ‘No pasa nada, se te pasará’. O peor aún: ‘¿Por qué no lo has dicho antes?’. O mucho peor incluso: ‘Ah, pero solo te tocó, podía haber sido más’. Como si el tipo de agresión –y no cómo lo vivió la víctima– fuera lo más grave. «Cuando doy una charla pregunto: ‘A ver, imaginad a vuestra familia, a vuestros amigos… que alguno fuera capaz de agredir a vuestros hijos’. Y el 100% te dice que no. Te vas al día siguiente a otro sitio y es que no. Y así durante todos los años que llevo ofreciendo cursos para padres y madres en los colegios. Y resulta que el 80% de los casos se dan en ese ámbito», dice en un resumen preciso de lo que ocurre con este asunto: no queremos ni oír hablar de ello.
«Hasta que las familias no conecten con la idea de que el 20% de la población se ve afectada y que el 85% se produce en el ámbito intrafamiliar, va a continuar ese porcentaje tan doloroso, que es que un 90% de los casos de abuso no se habla hasta la edad adulta. Y no solo es doloroso como sociedad, sino que son vidas que podríamos salvar», concluye. Ese no hablar, no ser escuchado y no recibir ayuda evolucionan con el silencio, el miedo y la vergüenza acumulando diversos episodios de violencia hasta que se es mayor. «Y cuando contamos nuestra vida, pues es: yo sufrí abusos a los cinco años, a los nueve, a los 17, una agresión sexual, un intento de suicidio, maltrato durante 14 hace años… Y este es un patrón normal. Es mi caso, pero en otros será adicciones, será anorexia, bulimia, prostitución…», añade.
Por eso insiste en la máxima divulgación, porque considera que con la detección precoz y ayuda, las po-sibilidades de sufrir todo lo demás son menores o casi nulas: «A tiempo, se trabaja una mala experien-cia con el apoyo de todo el mundo. Pero cuando eres adulto ya no es una mala experiencia, ya es un trauma. Y esto va de salvar vidas», repite.
Pone un ejemplo gráfico: «Puede que no lo puedas evitar, como un accidente. Pero cuando tienes un ac-cidente, sabes a qué hospital irás, a quién llamarás, sabes el número de la ambulancia. Con este tema, sin embargo, existe una resistencia. Hay un miedo irracional. Cuando yo lo conté, en el 97, hace casi 30 años, era normal encontrarse con eso. ¿Pero ahora? No tiene ningún sentido».
Bernadet admite que creó la fundación que hoy preside de manera egoísta, para salvarse también a ella misma. Y es por eso, porque ha hablado muchísimo y la ha escuchado mucha gente, por lo que sabe, como Angelou, por qué canta el pájaro enjaulado.
Publicado por primera vez en 1969, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado recoge la autobiografía de la escritora Maya Angelou. Con siete años, fue violada por el novio de su madre. El agresor fue asesinado tras pasar brevemente por la cárcel y ella enmudeció durante cinco años:«Creí que mi voz lo había ma-tado; yo maté a ese hombre, porque dije su nombre. Y después pensé que nunca volvería a hablar, porque mi voz podría matar a cualquiera…».
Una jueza en chándal está sentada en el banco de un parque. Se escucha, levemente, el trino de unos gorriones revoltosos. A su lado, también con ropa deportiva, dos abogadas miran unos papeles con sus piernas cruzadas sobre el césped. Y un poquito más allá, un fiscal, con vaqueros y camiseta de manga corta de su grupo de música favorito, observa los columpios y el tobogán del fondo, junto a unos árboles frondosos que dan sombra.
Ahí, en mitad de ese escenario natural e infantil, la jueza coge una pelota y, mientras la bota, hace preguntas a un señor que va a ser juzgado. El hombre, ataviado con una americana y camisa blanca, mira a un lado y a otro, se frota los ojos una y otra vez. Pero nada, no sale del asombro, no da crédito a lo que está ocurriendo. La jueza pasa la pelota a las abogadas, que se la lanzan entre ellas hasta llegar al columpio. Desde ahí, mientras sube y baja el balanceo, siguen haciendo preguntas. El hombre, incapaz de responder nada, continúa sin entender por qué los representantes de la justicia se visten y actúan de esa forma, por qué su juicio se está celebrando en mitad de un parque, como si aquello fuera un juego.
Obviamente, la escena no es real. Pero la sensación de desconcierto que está sintiendo ese hombre puede compararse a la de un niño que acude a un juzgado. Es así, con esa imagen, como lo explica de una manera muy gráfica la magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Glòria Poyatos, experta en la humanización de la justicia. «¿Has ido alguna vez a una sala de vistas, verdad? ¿Sabes cómo es, no? Porque lo que ves es un micrófono ahí en medio donde solo se puede hablar cuando se formula una pregunta y no se puede intervenir en ningún otro momento. Un lugar donde quien únicamente habla, con una voz elevada, es un ser vestido de negro que está en mitad de la sala, en una silla victoriana. Y ahí es donde no puede ir un niño, una niña que, encima, ha sido agredido sexualmente», dice la magistrada, que reconoce que se les trata como si fueran propiedad de alguien, como si no fueran sujetos de derecho.
Ilustración: Atce
«Seamos capaces de entenderlos, de ponernos en su lugar, de hacerles declarar de una forma libre, espontánea. ¿Dónde se haría el juicio? Quizá no se hubiera hecho nunca en una sala de vistas, sino en en un parque. Quizás no estaría la jueza o el juez con una toga negra, quizás estaría vestido con un chándal. O quizás estaría en un sitio con más niños hablando con todos ellos», reflexiona Poyatos.
Lo que dice la magistrada, en el fondo, remite a las casas Barnahús, lugares donde esos niños y niñas se sientan seguros, donde no tengan que contar varias veces a personas diferentes lo que su padre, su tío o su profesor le han hecho, donde se tenga en cuenta la perspectiva de infancia. ¿Y por qué no se hace siempre así si parece lo más razonable? Poyatos es rotunda: «Porque el Derecho no ha sido pensado para las características, experiencias, expectativas, aspiraciones y preocupaciones de los seres humanos menores de edad. Y tampoco ha sido pensado para sus características, sus peculiaridades. Por tanto, su manera de hablar, de expresarse, de funcionar, de sentir, de ser en general es muy diferente», añade.
Tal es la forma en la que está concebido el Derecho que ella misma tuvo que escribir un voto particular para explicar una sentencia de un modo entendible a un niño al que la administración le había denegado su grado de discapacidad. Esto escribió la jueza, porque no podía redactarse así en la sentencia: «Hemos estudiado tu caso y tienes toda la razón, Aureliano. Te vamos a apoyar porque ahora entendemos por qué te cuesta más hacer las cosas».
Garantías del proceso
Con su habitual pedagogía –Poyatos es impulsora también de la lucha por incluir la perspectiva de género en la justicia–, la magistrada insiste no solo en que el ordenamiento jurídico se ha concebido con un enfoque adultocéntrico, sino en un adulto muy concreto: «Con unas características muy determinadas: hombre heterosexual, mayor de edad, propietario, sin discapacidad, no demasiado mayor en edad… Aquellos otros sectores de la población, dígase infancia, dígase mujeres, personas con discapacidad, homosexuales, que salgan de ese patronaje para el que fue esculpido el ordenamiento jurídico, se topan con un derecho que no ha sido pensado para ellos y una aplicación mecánica del derecho los excluye directamente».
En el caso de las agresiones sexuales a las niñas, niños y adolescentes, esto afecta además a las garantías del proceso: «Tenemos un ordenamiento jurídico penal garantista, que está muy bien. Obviamente, cualquier Estado de derecho, si es un Estado de derecho social, democrático, debe ser cuanto menos garantista. Pero no se tiene en cuenta quizá, o no hemos dado un paso más, en las garantías que pueda tener la persona en el derecho penal, que deben ponderarse cuando al otro lado tenemos una víctima vulnerable como pueden ser estos niños y niñas. Por ejemplo, la atenuante por dilación indebida. Es decir, cuando el proceso dura demasiado, se entiende que incide negativamente en la persona procesada. Y le aplican esta atenuante con la disminución que corresponda de la pena que se le aplicaría por el delito por el que ha sido procesada. ¿A quién beneficia esto?», se pregunta retóricamente Poyatos.
Pues en este caso al pederasta. «¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Acaso el Derecho ha pensado en las víctimas que tardan demasiado en ver cumplida la pena del agresor? ¿Les da algo? ¿Qué les da a esos niños y niñas que han tardado años en ver cumplida la justicia? Nada. Además, les pega en la cara porque les dice ‘mira, encima voy a beneficiar a tu agresor, le vamos a quitar unos años», analiza.
Y termina volviendo al principio: «El Derecho es eminentemente adultocéntrico. Y es algo que tenemos que cambiar». Tal vez la escena de un hombre juzgado en el parque nos ayude a visualizarlo, y entenderlo, de una vez.
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Hace apenas un par de años, Robert Thacker, autor de la biografía de la Nobel de Literatura Alice Munro, se vio obligado a explicar por qué no había incluido en ese libro, publicado en 2011, un episodio muy importante en la vida de la canadiense. El episodio en cuestión lo hizo público en un periódico una hija de Munro, Andrea Robin Skinner, dos meses después de la muerte de la escritora: «A la sombra de mi madre, un icono literario, mi familia y yo hemos ocultado un secreto durante décadas. Ha llegado el momento de contar mi historia». En realidad, Andrea ya la había contado hacía años a su familia, quien tenía que haberla protegido y no lo hizo. «Mi padrastro abusó de mí. Mi madre se quedó a su lado», tituló aquel artículo en Toronto Star en 2024. Ni siquiera una condena al agresor, según explicó Andrea, logró romper el silencio al que su familia la había sometido durante décadas.
La historia de Andrea Robin Skinner es la historia de tantos niños y niñas que se siguen contando y no se creen hoy en todo el mundo, en España, en tu barrio, en tu propia casa; que se cuentan y no pasa nada. O que incluso continúan sin contarse. Es la historia de tantos y tantos agresores bien reputados, bien vistos, que dicen, en los pocos casos en los que son juzgados, que no es verdad o que fue la niña o el niño quien los sedujo; agresores que entran en el cuarto de su hijo por la noche y le ponen el mejor de los desayunos por la mañana, que siguen delinquiendo amparados por la impunidad, por el mirar para otro lado. Es la misma historia de tantas y tantas familias que se rompen por un delito que continúa siendo un tabú, algo muy fuerte, tan asqueroso, tan perverso, que no entra en cabeza humana. Pero que existe, que lo cometen hombres, familiares y conocidos en su mayoría. No son monstruos, ni psicópatas, no tienen diagnosticada enfermedad alguna.
«Eso es, es eso. Nunca es tarde para hablar de ello. No es Epstein, son las casas, es lo que está pasando hoy en las casas», dice hoy desde Sevilla María, una niña ya adulta como Andrea Robin Skinner. María usa este nombre porque no quiere revelar su nombre real, y asegura que su familia está rota porque contó que un familiar cercano la había estado agrediendo sexualmente cuando era una niña. Esta sentencia de 2023, que condena al tío de una pequeña como María, confirma que no estamos ante casos aislados: «La menor explicó que no lo hizo antes –contar que su tío la agredía– porque tenía miedo a que no la creyeran, y porque pensaba que al revelarlo la familia se iba a romper, como ocurrió cuando se supo. Es algo repetitivo en estos casos».
María afirma que en su grupo de terapia, en el 90% de los casos no tuvieron apoyo familiar: «La respuesta sobre cómo respondían las madres era muy similar, hemos sido repudiadas, no hemos tenido apoyo real y práctico», dice en un pasaje que recuerda, a su vez, a la interpretación de Belén Rueda en No tengas miedo, una película dirigida por Montxo Armendáriz en 2011. La niña –Michelle Jenner– se lo cuenta una y otra vez a su madre, pero la madre, que puede representar también a la sociedad, no quiere creerla, no quiere asumir que eso que está narrando su hija se está produciendo, que sea el padre el que lo está cometiendo, o quizá no puede asumir el error de no haberla protegido.
«Serán imaginaciones tuyas», concluye la madre sobre lo que le cuenta su hija en la película de Armendáriz, como suele pensar la sociedad ante los casos reales. «Cuando yo lo conté, dos años después, cuando tenía 11 años, me llevé una reprimenda tremenda, me dijeron que aquello era una invención», dice Francisco, hoy con 43 años. Cuenta que en su caso fue un vecino. «No se quiere ver porque faltan herramientas y se tiene miedo al conflicto. Y en nuestra sociedad los abusos sexuales a menores es algo que tenemos bastante asimilado, sabemos que pasa, pero cuando pasa y lo tenemos delante de nuestras narices nos resulta tan espantoso que preferimos mirar para otro lado antes que abordarlo y denunciarlo», prosigue.
Desde la Fundación ANAR parten de una máxima: «Siempre tenemos que creer a los niños, niñas y adolescentes, hay que darles un espacio, decirles que no les vamos a juzgar, que la culpa la tiene el agresor, y tener oídos para esos niños», explica Shauri Molina. En el 9,4% de los casos atendidos, tuvo que intervenir el departamento jurídico; y en el 9,3%, hubo una coordinación con entidades externas para proteger a esos niños.
Porque otra supuesta explicación que se esgrime para no mirar es culpar a la víctima: «Serás una puta», le dijo una madre a su hija con 12 años cuando le contó lo que le hacía su padre: «¡Pregúntaselo a tu marido, papá me está tocando y va a mi cuarto todas las noches por mí!». «Imagínate qué ganas tienes tú de hablar de esto», explica la terapeuta Eva Medina ante este caso que trató. El problema, como analiza, es que un niño no imagina lo que no ve, no fantasea con lo que no conoce. «O lo ha visto o se lo han hecho, y en ambos casos es delito», dice. Y se llama pederastia –continúa– por muy dura que suene la palabra: «Es fuerte, pero es la realidad. Una persona que abusa de un menor es un pederasta, sea el padre, el hermano, el tío, la madre o Perico el de los palotes».
El segundo marido de Alice Munro agredió sexualmente a Andrea cuando ella tenía nueve años. La niña hizo llegar el caso a su padre, que se quedó de brazos cruzados: «La incapacidad de mi padre para tomar una decisión que me protegiera me hizo sentir que yo no formaba parte de ninguna de las dos familias. Estaba sola». La violencia continuó hasta que llegó a la pubertad. Años después, con veintitantos, se lo contó a su madre, aprovechando que había escrito uno de sus cuentos de premio sobre una niña que se suicidó tras ser agredida por su padre. Fuera de la literatura, en la vida real, ante el caso de su hija, Alice Munro también se cruzó de brazos: «Reaccionó exactamente como me temía que haría, como si se hubiese enterado de una infidelidad».
A lo máximo que llegó, según narra Skinner, fue a hablarle sobre otros niños con los que este hombre mantenía «amistades», como si la traicionada hubiera sido ella, la esposa. «¿Se dio cuenta de que estaba hablando a una víctima y que yo era su hija? Si lo hizo, yo no lo sentí. Cuando intenté decirle cómo el abuso de su esposo me había causado daño, se mostró incrédula». Andrea, que ahora ayuda a personas que han pasado por su misma situación, rompió la relación con su madre cuando nacieron sus hijas. Ella sí tuvo claro que nunca iría con ellas allí donde el agresor estuviera.
Gerald Fremlin, el segundo marido de Munro, el padrastro de Andrea, el agresor, fue condenado en 2005 después de que Andrea, la hija de Alice Munro, la hijastra, la víctima lo denunciara ya mayor: dos años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Fremlin era ya octogenario. Murió en 2013 y, hasta ese momento, Munro, la madre de la víctima, permaneció al lado del agresor. ¿Por qué no incluyó este episodio, aun conociéndolo, aun con sentencia condenatoria, el biógrafo de la premio nobel? ¿Qué motivo expuso para no hacer nuevamente nada, para cruzarse de brazos ante esta historia? «Yo lo veía como un asunto familiar privado», justificó.
Detrás de ese argumento se ha escondido históricamente uno de los principales problemas a la hora de afrontar –y prevenir– la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes: lo que le hizo el padrastro a la hija de Alice Munro no es un caso aislado, como tampoco lo es lo que le hicieron los curas pederastas a sus víctimas, ni lo que un tío, un primo, un padre o un abuelo siguen haciéndole a muchos niños y niñas hoy en sus casas, igual de pederastas que estos curas; o lo que los actualizados agresores sexuales continúan haciendo a estas personas vulnerables a través de las pantallas. Lo que les ha pasado históricamente a los niños y niñas, como María o Francisco, y sigue ocurriendo hoy, lo que hacen los agresores sexuales con estos niños y niñas, es un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública, como indican los especialistas consultados.
Las niñas y los niños deberán ser escuchados en cualquier proceso que les afecte, independientemente de su edad. Esta es una de las claves principales en la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Hasta el momento, la obligatoriedad de la escucha de la niñas y niños se establecía a partir de los doce años o de una «madurez suficiente» de la persona menor de edad afectada, lo que ha provocado que, en muchos casos, la voz de niñas y niños no haya sido tomada en consideración.
Impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, la ampliación refuerza el interés superior del niño o de la niña, de manera que deberá justificarse expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales cómo se ha valorado ese interés y por qué la decisión adoptada protege mejor el bienestar físico, emocional y psicológico de las personas menores de edad. «En este sentido, se incluye entre los criterios relativos al interés superior del menor el alejamiento del niño o niña de aquella persona que lo violente, de modo que el interés superior del menor nunca es estar con un agresor o presunto agresor«, explican fuentes del ministerio.
Así, el nuevo texto prohíbe el Síndrome de Alienación Parental, «junto con cualquier reformulación o planteamiento sin aval científico, de forma expresa». Ningún informe público o privado basado en el SAP –insiste el texto– podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos. Además las resoluciones que lo utilicen podrán ser impugnadas.
Según el texto aprobado en el Consejo de MInistros, no podrá establecerse custodia compartida cuando existan indicios de que esa decisión puede afectar negativamente a la salud física, psíquica o emocional de la persona menor de edad: «Detallando los criterios interpretativos del interés superior del menor y estableciendo la obligatoriedad de la escucha. Del mismo modo, si un niño o niña expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá investigar las causas del rechazo y proteger a la persona menor de edad».
También se incorpora una medida de enorme impacto: bastará el consentimiento de un solo progenitor para que una persona menor de edad víctima de violencia pueda acceder a atención psicológica, social o jurídica. Se evitará así que el agresor pueda tener capacidad de veto sobre la reparación.
La reforma de la norma endurece los requisitos para acceder y mantenerse en profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes. En esta línea, será requisito para el acceso a dichas profesiones no haber sufrido condena por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia.
Destaca también la obligación de crear turnos de oficio especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia dentro de los Colegios de Abogacía. Para el Ministerio, esta ampliación legislativa supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia: «Durante demasiado tiempo, el sistema ha llegado tarde o no ha protegido adecuadamente. Esta reforma actúa precisamente sobre esos fallos y sitúa la protección de niños y niñas como una responsabilidad pública ineludible».
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Cuando se conocen los datos oficiales, resulta difícil entender cómo este problema permanece silenciado en el debate público: según el Estudio de prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia en 2025, tres de cada 10 jóvenes han sufrido violencia sexual en esas edades. Un escandaloso 30%. La ministra del ramo, Sira Rego (València, 1973), recibe a La Marea para conversar sobre cómo abordan este crimen los poderes públicos y sobre la ampliación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Esta reforma, pendiente de aprobarse próximamente, aplicará a los niños y niñas que hayan sufrido cualquier tipo de violencia el Estatuto de Víctimas. También contempla la obligatoriedad de escucharles en los procedimientos judiciales que les afecten, independientemente de su edad.
El gran número de niños y niñas que han sufrido violencia sexual impone una primera pregunta incómoda: ¿está la Administración cuidando adecuadamente a la infancia?
La pregunta nos la tenemos que hacer todos los poderes públicos, pero también la sociedad en su conjunto. Creo que tenemos una deuda pendiente con la infancia en términos generales y especialmente en este asunto. Por eso estamos trabajando para ampliar determinadas leyes y para crear la ley de violencia vicaria. La acción del Gobierno tiene que ser decidida, determinante, rápida y eficaz, porque se trata de un tema muy doloroso. Debe ser una política de Estado. Eso en cuanto a lo legislativo, pero como sociedad también tenemos que cambiar muchas cosas, y uno los grandes retos es que las violencias contra la infancia no sigan formando parte del ámbito privado. Tienen que incluirse en la conversación pública del país. Con un 30% de niños y niñas que están sufriendo violencia sexual, esto no puede seguir siendo un asunto secundario.
Efectivamente, la mayoría de los casos de pederastia ocurren en el entorno familiar o en entornos cercanos. Al tratarse del ámbito privado, ¿hasta dónde se puede llegar?
Los derechos se tienen que garantizar en todos los espacios de la vida. En la vida pública y en la vida privada. En la calle y en las familias. Las violencias machistas también han formado parte del ámbito privado durante mucho tiempo y luego, afortunadamente, han pasado a ser un elemento de conversación pública y de intervención de los poderes públicos. Con las violencias contra las infancias debe operar la misma lógica. Quienes tenemos contacto con niños tenemos una responsabilidad. Nosotros lanzamos el año pasado una campaña en la que interpelábamos a las personas adultas para indicar que hay señales que son alertas. Y ahí un adulto debe intervenir. Puede ser un adulto de la comunidad educativa, o del ámbito médico o de la propia familia, entendiendo la familia como algo más grande que el núcleo familiar. Además, con la ampliación de la Lopivi pretendemos ser más garantistas a la hora de erradicar, prevenir y abordar las violencias sexuales contra la infancia. Por ejemplo, insistimos en la necesidad imperiosa de que la escucha de los niños y las niñas sea un elemento central en los procesos judiciales.
El clima político actual está muy fragmentado, pero estamos hablando de proteger a la parte más frágil de nuestra sociedad: los niños. ¿Quién podría estar en contra de esto en el Parlamento? ¿Qué resistencias esperan encontrar a esta ley?
El sentido común a mí me dice que es una ley a la que no debería oponerse nadie, pero sí he oído voces que ponen en cuestión el derecho de un niño a ser escuchado. Hay casos de jueces que se han negado a escuchar a los niños. Y hablo de casos dramáticos. Se trata de niños que están sufriendo muchísimo. Estamos viendo cosas muy duras. Por supuesto, no te expresas igual cuando tienes 5 años que cuando tienes 25, pero esto no significa que los niños no puedan hablar y que no puedan comunicarse y explicar lo que les ha sucedido. Lógicamente, esto se tiene que hacer con un acompañamiento profesional adecuado y en unas instalaciones que tengan perspectiva de infancia. Esto ya está muy trabajado, está sustentado por el trabajo de los profesionales y por multitud de estudios académicos. Es decir, hay un rigor científico detrás de estos procesos de acompañamiento del niño y de la niña a la hora de tomar testimonios que tienen validez. Como ejemplos tenemos el proyecto Barnahus o las cámaras Gesell, que trabajan con este enfoque. Y funcionan. Hay que adecuar el sistema de justicia para que tenga perspectiva de infancia.
Dado que este es un tema que no está en la agenda pública, ¿usted cree que la ley puede ir por delante de la sociedad? Es decir, hubo muchas voces contrarias a la ley del matrimonio homosexual, pero han pasado los años y eso es un derecho que ya nadie se cuestiona.
No siempre ocurre así. Yo pertenezco a una tradición política [la del PCE] que me indica justo lo contrario: en la mayoría de los casos la sociedad ha ido por delante de la ley. Por ejemplo, la gente trabajadora de este país ha conseguido derechos porque se ha organizado y ha salido a la calle. También el movimiento feminista nos ha dado lecciones maravillosas en ese sentido.
Pero para ello habría que educar antes a la sociedad en la protección de la infancia. A eso me refería cuando hablaba de que la ley irá por delante.
Somos un país pionero en la cuestión de la protección a la infancia. La Lopivi, aunque es muy reciente [se aprobó en 2021], supuso un punto de inflexión. En comparación con otros países, estamos muy por delante. Hemos avanzado, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y con cifras tan dolorosas de violencias contra la infancia, necesitamos seguir empujando. Claro, la infancia no es un sujeto político que se pueda organizar de la misma manera que las personas adultas, no ocupan las calles haciendo grandes demandas sociales. Así que, en este caso, sí que creo que la ley puede ser útil, pero se trata de un asunto que tiene que desbordar la propia ley. Lo bueno es que, para afrontar este problema, ahora contamos con un Ministerio de Infancia. Y nos queremos hacer cargo. Yo siempre aprovecho cualquier oportunidad para pedir disculpas por todo lo que la Administración no ha hecho. Pido disculpas, en nombre del Estado, a todas esas infancias porque no hemos llegado a tiempo de evitar muchas situaciones dolorosas. Ahora tenemos la firme determinación de que eso cambie. Con leyes, con pedagogía, con estrategias. Por ejemplo, una parte de las violencias sexuales tienen como canal las plataformas digitales. Ahí estamos incidiendo de una manera muy contundente.
Nadie duda de la buena voluntad de la Ley de Entornos Digitales Seguros, ¿pero prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales es realmente posible a nivel técnico?
Ante un problema tecnológico, siempre hay una solución tecnológica. El problema no es técnico porque ya ha quedado acreditado que si se quiere bloquear una aplicación o el acceso a una web, se puede hacer. Ocurre en muchos lugares del mundo. Si Facebook sabe más cosas de ti que tú mismo, seguramente también podrá saber qué edad tienes y ofrecer una herramienta de verificación de edad con garantías. Pero al margen de esto, desde el Gobierno de España estamos trabajando con una herramienta de verificación que se está probando a nivel europeo y que es muy potente, muy buena. Las pruebas están muy avanzadas y funciona muy bien. El problema no es ese. El problema es saber hasta qué punto hay una voluntad colectiva de ponerle límite a las plataformas y de democratizar el entorno digital. No puede ser que haya multinacionales tecnológicas que estén por encima de la ley, porque eso significa que están por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades.
En España quizás no, pero en EE. UU. están claramente por encima de la ley.
Bueno, en España hemos visto que la plataforma de X ha puesto en marcha una inteligencia artificial generativa y ha publicado, en muy pocos días, una gran cantidad de material de violencia contra la infancia… sin consecuencias. ¡Esto es un delito, una vulneración de derechos fundamentales de libro! Y a quienes estamos diciendo que es inadmisible se nos está señalando.
Seguramente le caiga una multa millonaria por parte de la Unión Europea, lo hemos visto con otras empresas tecnológicas, pero puede que pasen varios años para que eso ocurra.
No sé si se tardará tanto. Lo que sí sé es que en este caso, como en muchos otros, necesitamos plantear un principio de precaución. Igual que se miden los impactos que pueden tener determinados procesos en el medioambiente o en la salud pública, ese mismo principio debe regir en el ámbito digital. Lo que no puede ser es que alguien suelte miles de imágenes de violencia sexual contra la infancia y luego pongamos el remedio.
Algunos de los casos más sangrantes de violencia sexual contra personas menores se han dado en centros de acogida. Fueron muy sonados los casos de Mallorca y de Madrid (el caso Sana). ¿Qué puede hacer su ministerio para garantizar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir?
Las competencias las tienen las comunidades autónomas, pero nosotros podemos regular un marco general que diga cómo deben ser los sistemas de protección y de acogida. Y lo estamos haciendo. Sabemos que la prioridad de muchas comunidades no es proteger a los niños en situación de desamparo. Y hay que decirlo claramente: esto es una cuestión de voluntad política. Hay quien usa los presupuestos para hacer regalos fiscales a los ultrarricos o para dopar la sanidad privada. En estos casos, el sistema de protección está externalizado, generando precariedad y dando lugar a realidades de enorme tensión: no hay recursos, no hay suficientes profesionales para atender a los menores, que están viendo vulnerados sus derechos. Por eso estamos tramitando un decreto que lo regulará todo: formación de profesionales, ratios, tipos de centro, prioridad de la acogida familiar sobre la residencial, acompañamiento también más allá de los 18 años, porque no se les puede dejar en la calle en cuanto cumplen la mayoría de edad… El decreto estará muy pronto en el Consejo de Ministros.
Las cifras son demoledoras: una de cada cinco personas menores de edad sufre agresiones sexuales, la mayoría de ellas cometidas por familiares o conocidos. Por tanto, ni son casos puntuales ni es un asunto privado. Estamos hablando de un problema social, estructural y de salud pública que, pese a su gravedad y magnitud, continúa siendo un tabú en la sociedad.
En este contexto, y con la reforma de la Ley de Protección a la Infancia (Lopivi) de fondo, víctimas y especialistas exigen dar un salto cualitativo en su tratamiento para poder enfrentarlo y prevenirlo, como en su día si hiciera con la violencia de género. Lo explican detalladamente en el último dossier de La Marea, cuya primera presentación se celebrará en el Teatro del Barrio de Madrid el próximo 5 de mayo a las 19 horas.
En el acto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, será entrevistada por la periodista Olivia Carballar. A continuación, participarán en una mesa redonda diferentes ponentes y especialistas. Entre otros, contaremos con Carmela del Moral, responsable de Infancia de Save the Children; Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada y padre de una víctima de la pederastia en la Iglesia; Jorge Coronado, perito tecnológico, CEO de Quantika14, experto en la lucha contra la delincuencia digital; y una víctima de violencia intrafamilar. Moderará el acto la periodista Ana Veiga.
En todo el mundo, según Unicef, más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad y entre 240 y 310 millones de niños y hombres han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Pero es que además, como afirman desde Save the Children, persiste el desafío de conocer la dimensión real: «Sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares», sostiene Clara Burriel, especialista en violencia en la citada organización.
Y ese es uno de los principales problemas: a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, rodeada de tabúes, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos.
