Si continúa y se intensifica el aumento de los precios –este es el escenario más probable– ganará relevancia el debate sobre las políticas a implementar para contener y revertir la deriva inflacionista. Aunque la misma nada tiene que ver con los salarios –cuyo avance en los últimos años ha sido, si acaso, muy moderado–, los defensores a ultranza de la austeridad salarial intentarán situarla en el centro de la discusión y de las políticas económicas a implementar. Por esa razón, conviene tener muy presente lo siguiente:

1. Lo primero a retener es que cuando hablamos de las retribuciones de los trabajadores asalariados estamos poniendo sobre la mesa las condiciones de vida de una parte importante de la población cuya principal o única fuente de ingresos es la venta de su capacidad de trabajo en el mercado a cambio de un salario. Es importante considerar esta perspectiva porque no hacemos referencia a un precio como cualquier otro, ni a un mercado más, equivalente a otros espacios donde se compran y venden mercancías, sino a la existencia misma de los trabajadores. Por ello, en el debate sobre la fijación de los salarios es vital pensarlos en clave de derechos humanos, dignidad y democracia.
   
   
2. En segundo lugar, hay que ser plenamente conscientes de que en el centro de las políticas de contención salarial se oculta una estrategia, cada vez más evidente, que no es otra que debilitar y deslegitimar a las izquierdas políticas y sindicales, cuya razón de ser, cuya legitimación debería residir precisamente en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
   
   
3. En tercer lugar, poner el foco de la lucha contra la inflación, del fortalecimiento de la competitividad de las empresas y, más en general, de la reestructuración de las economías en la presión salarial contribuye de manera decisiva a consolidar una cultura empresarial depredadora y conservadora, que, por cierto, cada vez está más extendida en el universo de los negocios. Esa cultura es un poderoso lastre a la hora de acometer la reestructuración de las economías en clave de equidad y sostenibilidad.
   
   
4. En cuarto lugar, si tomamos como referencia un período amplio –por ejemplo, desde 2019 hasta la actualidad– podemos comprobar que la mayor parte de los trabajadores asalariados han perdido capacidad adquisitiva; esto es, los precios de los bienes y servicios que consumen han aumentado bastante más que sus retribuciones; en paralelo, los beneficios de las empresas, convertidos en dividendos para los accionistas e ingresos para las cúpulas empresariales, han aumentado de manera sustancial. El resultado de tan dispar evolución ha sido la intensificación de la desigualdad, seña de identidad del capitalismo realmente existente.
   
   
5. En quinto lugar, considerar los salarios como una magnitud homogénea es un error de gran calado, pues presupone que el dato agregado ofrece información suficiente y relevante. Lo cierto, sin embargo, es que las disparidades distributivas (por factores que tienen que ver con el tipo de empresa, tamaño, sector y espacio en el que opera, la profundidad y alcance de la negociación colectiva, los niveles de cualificación…) en el colectivo que denominamos trabajadores asalariados son muy pronunciadas. De hecho, en este ámbito esas disparidades han aumentado con fuerza contribuyendo al aumento general de la desigualdad.
   
   
6. En sexto lugar, la supuesta relación de causalidad entre costes laborales y precios y la derivada de esa premisa –la moderación de los salarios es la clave para contener la inflación–, cuando se pretende convertir en un principio general, debe ser asimismo cuestionada. En un buen número de empresas los costes laborales representan una parte relativamente reducida de los costes totales, siendo los no laborales –como el precio de los combustibles, las materias primas, la electricidad, los alquileres o los costes financieros– notablemente más relevantes. Desde esta perspectiva, situar la austeridad salarial en el centro de la política antiinflacionista es un error de planteamiento: lleva a implementar medidas con un marcado sesgo que, además, son ineficaces.
   
   
7. En séptimo lugar, las estrategias competitivas sostenidas en la contención de los salarios –además de ser injustas, pues dejan intactos los beneficios empresariales– también se sostienen en un diagnóstico equivocado, pues presuponen, contra toda evidencia empírica, que la presencia en los mercados globales, en los más dinámicos especialmente, es mayor en el caso de los países de bajos salarios o de las empresas que practican políticas retributivas más estrictas.
   
   
8. En octavo lugar, se ha convertido en uno de los mantras preferidos en el discurso conservador relacionar salarios e inflación, en el sentido de que la intensa creación de puestos de trabajo abre la puerta al crecimiento de las retribuciones de los trabajadores y, por esa vía, a la intensificación de las tensiones inflacionistas. Un planteamiento que, en mi opinión, también debe ser cuestionado. De hecho, el rápido aumento de la categoría de trabajadores pobres o su mantenimiento en niveles muy elevados nos presenta una realidad donde, como sucede en la economía española, los altos niveles de ocupación son compatibles con la generalización de los bajos salarios, a los que, en modo alguno, cabe responsabilizar de las tensiones inflacionistas.
   
   
9. En noveno y último lugar, hay que ser conscientes, las izquierdas políticas y sindicales deberían serlo si se quieren reconocer como tales, de que la irrupción y ascenso del fascismo y de la extrema derecha tiene mucho que ver con la degradación de las condiciones salariales, que explicaría, al menos en parte, la importante base social con la que cuentan entre las clases trabajadoras.

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En marzo de 2026, Anthropic –la empresa que fabrica el modelo de inteligencia artificial Claude– publicó un informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Sus autores, Maxim Massenkoff y Peter McCrory, introducen un nuevo indicador para medir el riesgo de desplazamiento laboral por IA al que llaman observed exposure, una métrica que cruza la capacidad teórica de los modelos de lenguaje con su uso real y automatizado en entornos profesionales.

Los números son reveladores en su frialdad, aunque a estas alturas ya no sorprenderán demasiado: los programadores informáticos encabezan la lista de ocupaciones más expuestas, con un 74,5% de cobertura automatizable. Les siguen los representantes de atención al cliente (70,1%), los técnicos de entrada de datos (67,1%), los especialistas en registros médicos (66,7%) y los analistas de mercado (64,8%). La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos proyecta, además, que las ocupaciones con mayor exposición observada crecerán menos de aquí a 2034: por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la cobertura IA, la proyección de crecimiento del empleo cae 0,6 puntos. Es una pendiente modesta en los decimales, pero inequívoca en la dirección.

El informe también detecta algo que todavía no aparece en las estadísticas de desempleo pero que lo precede: la contratación de jóvenes entre 22 y 25 años en los sectores más expuestos ha caído un 14% en el período post-ChatGPT. Los trabajadores de mayor edad permanecen en sus puestos; los jóvenes, sencillamente, ya no entran. La máquina no expulsa todavía de forma masiva; por ahora, cierra el acceso a quienes aún no han llegado.

Conviene señalar, antes de seguir, algo que ningún modelo econométrico puede capturar: el informe lo publica la misma empresa que construye la herramienta que desplaza los empleos. El capital tecnológico se ha arrogado también la función de diagnóstico, y eso delimita de antemano qué puede ser visto, pensado y, sobre todo, propuesto como solución. El informe mide la exposición al riesgo, pero la pregunta que no formula –a quién va a parar la productividad ganada– la responden los mercados cada trimestre con resultados récord.

La promesa incumplida de la abundancia

En 1930, en plena resaca del crack de Wall Street, John Maynard Keynes publicó un ensayo llamado Economic Possibilities for our Grandchildren en el que imaginó que hacia el año 2030 el progreso tecnológico habría resuelto el problema económico de la humanidad. Su predicción era que por aquel entonces (dentro de cuatro años), la humanidad disfrutaría de una jornada laboral de 15horas semanales, y el resto del tiempo podría ser dedicado al ocio, a la cultura, a lo que a cada cual le diera la gana. Keynes no era un revolucionario ni un utopista de izquierdas; era el economista más influyente de su siglo, y su argumento era puramente aritmético. Si la productividad crece lo suficiente, llega un momento en que las máquinas hacen el trabajo y los seres humanos pueden hacer otra cosa.

Paul Lafargue había llegado a una conclusión similar cincuenta años antes, en El derecho a la pereza (1880), aunque con una carga política que Keynes no compartía: si las máquinas producen más, los seres humanos deberían trabajar menos, y el hecho de que eso no ocurra dice algo sobre quién controla las máquinas, no sobre las máquinas en sí.

Marx lo había formulado en términos más radicales todavía, en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, al describir el trabajo como la forma fundamental de alienación del ser humano bajo el capitalismo. En ese texto, el trabajo se convierte en algo externo al trabajador, en una actividad que no le pertenece y que le arrebata la energía vital para convertirla en mercancía. La tecnología, en este esquema, debería representar la posibilidad histórica de revertir esa alienación: si las máquinas hacen el trabajo, los seres humanos podrían recuperar el tiempo para desarrollarse como tales.

Tres pensadores, tres tradiciones intelectuales distintas, la misma conclusión de fondo…pero lo que estamos viviendo en este momento es exactamente lo contrario de lo que los tres anticiparon. El aumento de productividad que trae la IA no está reduciendo la jornada laboral, ni garantizando una renta de subsistencia a quienes quedan desplazados, ni, por supuesto, financiando sistemas públicos más robustos. Está concentrando el excedente en manos de un número cada vez más reducido de propietarios de infraestructura digital, mientras los trabajadores desplazados navegan solos un mercado que ya no los necesita con la misma urgencia de antes.

La cuestión de fondo, sin embargo, no es que la IA destruya empleos netos, sino que los beneficios extraordinarios separan cada vez a aquellos que necesitan “matarse” a trabajar (a veces se trata de un matarse literal) ante una minoría ultrarrica con un poder económico superior al PIB de varios Estados del mundo.

De alguna manera la ola neoliberal que comenzó en las postrimerías de la primera mitad del siglo XX, ha encontrado en la IA su argumento más poderoso: la inevitabilidad. Si los mercados son eficientes y la tecnología es neutral, cualquier perturbación laboral es simplemente el precio del progreso, y quien no se adapte habrá elegido, en el fondo, su propio destino.

Lo que sería posible si hubiera voluntad política

No existe ninguna razón técnica por la que el aumento de productividad derivado de la IA no pueda distribuirse. Las propuestas son muchas. La renta básica universal, por ejemplo, ofrece un mecanismo: si las máquinas generan riqueza, que esa riqueza financie la vida de quienes las máquinas han desplazado. Una demanda que, lejos de ser una excentricidad de la izquierda, tiene defensores en tradiciones políticas muy diversas, precisamente porque la lógica que la sustenta es difícil de rebatir sin apelar directamente a los intereses de quienes acumulan.

Porque lo que sigue ocurriendo –y lo que el debate técnico sobre la IA sistemáticamente oscurece con sus métricas de cobertura y sus proyecciones de crecimiento sectorial– es que el aumento de la productividad no está sirviendo para liberarnos del trabajo, sino para concentrar la riqueza de muchos en manos de muy pocos. Keynes lo habría reconocido con perplejidad. Lafargue, con rabia. Y Marx, con la amarga satisfacción de quien ya lo habría anticipado.

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Los centros de datos son el último señuelo del capitalismo. Con ellos se vende una idea de crecimiento económico y modernidad que está muy lejos de ser real. La economista argentina Cecilia Rikap los ha estudiado a fondo y tienen un papel principal en su Teoría de la dependencia digital, un ensayo editado por Caja Negra en el que hace un paralelismo entre la vieja teoría de la dependencia imperialista y el fenómeno de subordinación global que hoy ejercen las grandes tecnológicas, con Google, Amazon y Microsoft a la cabeza. Este fenómeno va más allá del yugo que impone la metrópoli sobre la colonia, yugo que perdura incluso después de la independencia. También trasciende las metáforas que dibujan a los jerarcas de Silicon Valley como nuevos señores feudales. Se trata, en suma, de un nuevo orden mundial impuesto por unas empresas que han institucionalizado el robo como su principal actividad: no sólo roban el agua para enfriar sus gigantescos centros de datos, también roban el conocimiento producido por el resto del planeta. Y nadie, por el momento, puede escapar de sus tentáculos. Aunque hay mucha gente, en muchos sitios, pensando cómo hacerlo. Una de esas personas es Cecilia Rikap.

Doctora en Economía y jefa de investigación del Instituto de Innovación y Propósito Público del University College de Londres, Rikap pasó por Madrid para presentar su libro y sus ideas. La acompañaron Aurora Gómez, del colectivo Tu Nube Seca Mi Río, y Manuel G. Pascual, periodista de El País que sigue la actualidad de las grandes empresas tecnológicas. Desde el principio de su intervención quedó clara una idea: eso que, resumiendo mucho, entendemos por «nube» no sólo no fomenta el desarrollo, sino que lo frena.

El presidente argentino, Javier Milei, se ha destacado por colaborar resueltamente en la difusión de esta quimera. «Dice que las tecnologías digitales van a generar un crecimiento inédito y descomunal, una suerte de revolución industrial en Argentina. Y que eso ocurrirá, por un lado, porque tenemos un montón de pibes programando, lo que habla de nuestra capacidad para ser una potencia en inteligencia artificial. Y por otra parte, porque en la Patagonia tenemos clima frío y energía barata, es decir, un ámbito propicio para la instalación de centros de datos», explica Rikap. Lo cierto es que estas tecnologías no producen un crecimiento exponencial de la economía, pero aunque así fuera (que no lo es), ese crecimiento no alcanzaría a todas las capas de la sociedad, sólo a unos pocos individuos de las clases más altas. En palabras de Rikap: «Aunque la torta crezca, no hay torta para todos». No la hay, especialmente en un mundo «tan desigual y tan polarizado» como el actual. «¿Qué importa que la torta crezca si, en última instancia, eso no se concreta en mejores condiciones de vida para las mayorías? Y esto no se refiere sólo a la desigualdad de ingresos, sino también al avance de la crisis ecológica y a su impacto sobre unas mayorías que viven en condiciones cada vez más precarias».

Este dilema ecológico-social también ha estado presente en la sociedad española desde hace mucho tiempo. Con resignación, a menudo se daba por perdido un río, una montaña, un bosque si finalmente esa fábrica, esa mina o ese cementerio nuclear iban a dejar dinero en el pueblo. En el caso de los centros de datos ya está claro que no será así. «Todos los que defienden la instalación de centros de datos pensando que van a generar crecimiento económico y empleo están equivocados. Los centros de datos no generan empleo salvo en el periodo de su construcción», detalla Rikap. Una vez construidos, esa mano de obra se desvanece. «Según la propia Microsoft, cuando el centro de datos está funcionando sólo necesita unas 50 personas por edificio. Y la cifra de Amazon es aún más baja». Tampoco creará un tejido comercial a su alrededor (restaurantes, supermercados, farmacias), ya que los centros de datos están situados en lugares aislados y funcionan con un nivel de secretismo comparable «al de las bases militares de Estados Unidos en el extranjero». Y los desarrolladores de esas tecnologías tampoco están allí, sino repartidos por el mundo, «son una minoría de personas con doctorados y especializados en matemática, estadística, ciencias de la computación…». Lo de la creación de empleo, en resumen, es una engañifa.

La necesaria complicidad local

A este respecto, Aurora Gómez recordó una escena particularmente comprometida que protagonizaron durante una rueda de prensa David Blázquez (responsable de Relaciones Institucionales de Amazon Web Services para España y Portugal) y Jorge Azcón, presidente de Aragón. «La cifra de empleos que ofrecen es una ensalada de números», señala Gómez con ironía. «Ni siquiera Blázquez entiende lo que está diciendo». Los gestos de Azcón, al fondo, muestran una evidente incomodidad ante las preguntas de los periodistas.

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Una escena como esa es un ejemplo visual perfecto del «papel cómplice de los Estados y los gobiernos regionales» en la dependencia digital, según Aurora Gómez. Como explica Cecilia Rikap, actualizando la corriente de pensamiento anticolonial nacida en la década de 1960, «el subdesarrollo no se explica solamente por la opresión del norte, sino también por dinámicas locales». Los gobiernos regalan una parte de su soberanía a estas empresas. Antes lo hacían a la oligarquía del campo; ahora, a los oligarcas tecnológicos. «Incluso dentro de los gobiernos progresistas aparecen estas complicidades, más o menos directas, con los ecosistemas predatorios de las gigantes tecnológicas de Estados Unidos y China», añade.

Lleva ocurriendo varias décadas. Por poner dos pequeños ejemplos, la Junta de Andalucía y la de Castilla-La Mancha decidieron abandonar sus sistemas operativos basados en software libre (Guadalinex y Molinux, respectivamente) para pasar por la caja de Microsoft. Esto ha pasado absolutamente en todos los apartados de la gestión pública y a todos los niveles, desde la ofimática a las políticas de Defensa, desde el ámbito local al europeo. Cuando esta dinámica se mantiene en el tiempo, ya es muy difícil de revertir, y eso sin entrar en los problemas que entraña permitir que una gran tecnológica acceda a los datos del Estado. El diagnóstico es bastante simple: «Cuanto más te metes en la nube, más probabilidades hay de que te hackeen». O de que estas empresas (o directamente el Gobierno de Estados Unidos) se queden con tus datos.

El ejemplo paradigmático sería el de Palantir, empresa que oferta diferentes programas de espionaje que han sido usados en el genocidio de Gaza y en las redadas del ICE. Su objetivo ahora es desembarcar a lo grande en la Unión Europea, infiltrando su software en hospitales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los Estados y todo tipo de servicios públicos. En pocas palabras, sus programas funcionan como una herramienta de análisis de datos que puede conectar diferentes fuentes de información, crear patrones y fijar objetivos. A partir de ahí, apropiarse de los datos privados de los ciudadanos y alimentar con ellos sistemas de vigilancia masiva es coser y cantar. «Obviamente, a los gobiernos les preocupa este nivel de dependencia, pero al mismo tiempo les viene bien tener acceso a estas tecnologías para el control de las poblaciones inmigrantes o para participar en guerras», explica Rikap.

Este es el lado más siniestro y tecnofascista de la dependencia digital, pero hay otro más cotidiano: el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial con información robada. Y otro que se inserta en la simple lógica capitalista: el conocimiento absorbido por las big techs por su propia preeminencia en el mercado. Este conocimiento sería el equivalente a la plata de América a la hora de forjar su imperio. Para explicar su modus operandi, Rikap recurre al ejemplo de las grandes farmacéuticas: «Muy poca gente sabe que la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca es en realidad de la Universidad de Oxford. AstraZeneca es la empresa que después se apropió de ese conocimiento, hizo los ensayos clínicos y se la quedó en exclusividad, en parte por las presiones de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Y la comercializó de forma privada, aunque los científicos que la descubrieron querían que ese conocimiento estuviera disponible para cualquier laboratorio con posibilidad de desarrollar la vacuna. Algo que, obviamente, en medio de una pandemia, seguramente hubiera sido lo más lógico». Rikap llama a esto «dinámica de monopolización intelectual». Y en el sector tecnológico está a la orden del día.

«Las pequeñas startups están produciendo nuevo conocimiento, pero no tienen la vocación de convertirse el día de mañana en una empresa como Microsoft, Amazon o Google. Aspiran, en el mejor de los casos, a vender su conocimiento a estas tres big techs», explica la economista. Este «extractivismo del conocimiento» se sostiene en los centros de datos, «porque sin centros de datos, no hay lugar donde almacenar ese conocimiento o donde procesar los algoritmos». Y al final, «este proceso de monopolización intelectual», que nació originalmente en universidades, en pequeñas startups o en organismos públicos de investigación, «se traduce en una capacidad de control de grandes porciones del capitalismo global».

Esto ha producido una especie de privatización del mundo que, en cualquier caso, no es nueva. «Esta coalición de gobierno entre las gigantes tecnológicas y Estados Unidos viene ocurriendo desde hace décadas –advierte Rikap–, lo que ocurre es que ahora es más evidente porque la extrema derecha ya no está en los márgenes sino en el centro. Y estas empresas existen porque Estados Unidos las ha favorecido con un arsenal de leyes que van desde el recrudecimiento de los derechos de propiedad intelectual hasta el desmantelamiento de parte de la legislación antimonopolio y el consentimiento de la evasión impositiva a gran escala». Teniendo esto en cuenta, «el tipo de tecnología que hoy tenemos es una respuesta a las necesidades del capital concentrado, a las necesidades de unos gobiernos que se imponen sobre el resto del mundo». Y no se refiere sólo al estadounidense; también incluye al chino.

Revertir esta situación puede parecer imposible por ese fenómeno que Rikap llama «totalitarismo epistémico». Pero hay soluciones. Unas más simples y otras más sofisticadas. Por empezar por la más simple: Rikap propone recuperar todo ese conocimiento robado por medio de los impuestos. Pero también, y esto es más complicado, que la ciudadanía sea consciente de que otras formas de organización son posibles: «La historia de la humanidad demuestra que siempre hemos estado imaginando y creando».

La entrada Cecilia Rikap: “Los que creen que los centros de datos van a generar crecimiento económico y empleo están equivocados” se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural por Siscu Baiges. Puedes leerlo en catalán aquí.

¿Qué pretendía el Plan Piloto de Renta Básica que puso en marcha el Gobierno de la Generalitat y por qué está detenido ahora?

La Oficina se creó con la intención de desarrollar un Plan Piloto sobre la Renta Básica Universal en Cataluña, con el objetivo de medir sus efectos sobre la población catalana y obtener evidencias de su impacto para poder ajustar la política y conseguir los resultados deseados. Trabajamos en él durante unos tres años. El primero sirvió para diseñar la propuesta del Plan Piloto. Pero no pudo implementarse porque no obtuvo el apoyo parlamentario necesario. El PSC encabezó la moción contra el Pla, con el apoyo de Junts, PP y Vox. Había que aprobar la partida presupuestaria para poder ejecutarlo, y no se hizo.

¿Cómo ha quedado el Plan? La Oficina todavía existe.

Después de que no se pudiera llevar a cabo, dedicamos la última etapa de la Oficina a acabar de trabajar la propuesta de procedimiento de implementación del piloto junto con otros departamentos de la Generalitat con competencias como Derechos Sociales y Economía, y a realizar tareas de difusión y a explicar cuál era el diseño del Plan Piloto y qué objetivos perseguía, tanto en Cataluña y otras comunidades autónomas como a nivel internacional. En el acuerdo de investidura del presidente Illa, Esquerra incluyó el mantenimiento de la Oficina y el compromiso de que el Plan Piloto se ejecutara durante la legislatura. Nosotros dejamos el programa porque había que crear uno nuevo; cambiaron el responsable y todo el equipo técnico. La Oficina todavía existe, pero no se conocen detalles sobre el diseño actual del Piloto. Lo que sabemos es que, al inicio de la presidencia del PSC, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, manifestó públicamente que querían revisar el diseño porque había aspectos que no les encajaban. Les preocupaba especialmente el impacto que podría tener sobre las personas perceptoras de prestaciones asistenciales como la Renta Garantizada, el Ingreso Mínimo Vital o los subsidios por desempleo, pero también, el coste del proyecto.

La Renta Básica sería universal porque la recibiríamos todos, desde los más pobres hasta los más ricos«

¿Cómo se desarrolló ese debate?

Por lo que respecta al impacto sobre las personas receptoras de prestaciones asistenciales, cabe destacar que ya había sido una de las principales preocupaciones del equipo durante la fase de diseño del Piloto. Por ello, se trabajó de forma intensa y coordinada con la Dirección de Prestaciones Sociales del Departamento de Derechos Sociales para facilitar la participación de personas perceptoras de prestaciones, asegurando que esta participación no afectara a sus derechos ni a su situación económica. En el marco del Piloto, este colectivo representaba una muestra de entre 150 y 200 personas, un volumen de expedientes asumible que podía gestionarse sin generar ningún perjuicio para las personas implicadas. Por otro lado, desde el PSC siempre se había criticado el coste del Plan, argumentando que esos recursos podrían destinarse a otras necesidades, como residencias para personas mayores u otros servicios, cuando en realidad el piloto representaba el 0,1% del presupuesto de la Generalitat. En el fondo, es cuestión de interés político. Nos sorprende que ni siquiera quiera probarse, porque es legítimo tener diferencias ideológicas, pero testarla permitiría tener datos reales y no basar el debate en opiniones o percepciones.

¿Qué características tiene su modelo de Renta Básica?

Es individual, suficiente, incondicional y universal. Es individual porque llegaría a todas las personas a título personal. Es suficiente porque debería tener una cuantía cercana al umbral de la pobreza y así permitir a todo el mundo salir de ella, dar autonomía y capacidad para decidir sobre la propia vida. Es incondicional porque no estaría sujeta a contraprestación alguna: no habría que firmar itinerarios de inserción sociolaboral ni cumplir requisitos económicos, de edad o de composición familiar. Y es universal porque la recibiríamos todos, desde los más pobres a los más ricos. Ahora bien, esta universalidad debe entenderse en el marco de una reforma fiscal realmente progresiva: las rentas más altas contribuirían más de lo que recibirían a través de la renta básica. Asimismo, el modelo de renta básica que defendemos debe ir acompañado del mantenimiento y refuerzo de los servicios públicos, especialmente en ámbitos como la educación, la salud y los servicios sociales, como pilares fundamentales del estado del bienestar.

Una amplia mayoría de los simpatizantes de los partidos que después rechazaron el Plan Piloto, la apoyaban«

En la introducción, que firmas con Sergi Raventós, explicáis que un 65% de la población catalana es partidaria de la Renta Básica. ¿Eso no debería animar a los partidos políticos a aprobarla?

Durante el trabajo en la Oficina, a través de encuestas de opinión, comprobamos que existía un apoyo muy amplio y transversal: por edad, situación económica, género, nivel educativo, simpatía política, entre otras variables. Un dato muy revelador es que una amplia mayoría de los simpatizantes de los partidos que después rechazaron el Plan Piloto, lo apoyaban. Hay un gran gap, una distancia importante, entre lo que la ciudadanía considera positivo para el país y lo que después los partidos defienden en el Parlamento o en el Gobierno.

Decís que la Renta Básica no es tanto una medida de protección social como una forma de reconfigurar la sociedad

Exacto. La Renta Básica es una medida redistributiva que impacta directamente en la desigualdad. Es necesario redistribuir los recursos de otra manera para que lleguen a las personas que tienen más dificultades para cubrir sus necesidades y vivir dignamente. Cada vez existen más sectores y estratos sociales afectados por la precariedad laboral y social. La Renta Básica haría que quien más tiene aporte más; redistribuye no sólo riqueza, sino también tiempo y poder de decisión sobre la propia vida. Facilitaría, por ejemplo, que las personas puedan decidir si quieren ampliar o reducir la jornada laboral para dedicarse a otros proyectos vitales, como estudiar, cuidar a hijos o familiares, o implicarse en actividades comunitarias. Esto también abriría la puerta a una redistribución más equitativa del trabajo doméstico y de cuidados. Esta autonomía económica tendría un impacto especialmente relevante en el ámbito del hogar, puesto que contribuiría a reducir relaciones de dependencia y podría favorecer el empoderamiento de las mujeres. Precisamente, éste era uno de los aspectos que se querían analizar en el proyecto piloto: no sólo el impacto a nivel individual, sino también dentro de los hogares.

Los niños también serían sujetos de derecho y recibirían la Renta Básica»

La Renda Básica sería unipersonal

A diferencia de las prestaciones condicionadas, que habitualmente recibe una sola persona en función de la composición familiar, la Renta Básica se otorga de forma individual a todos los miembros del hogar, tanto adultos como menores, lo que puede transformar las dinámicas intrafamiliares. También a nivel comunitario transformaría las relaciones sociales y comunitarias, el Piloto preveía implementarse en dos municipios pequeños, de unos 1.200 habitantes, para analizar sus efectos en las relaciones sociales, la participación comunitaria y política, o el consumo de proximidad. Además, el diseño del Piloto era casi universal, lo que habría permitido entender no sólo qué harían las personas con menos recursos, sino también cómo la utilizarían las clases medias. Hay que tener en cuenta que existe una amplia base de estudios e investigaciones sobre la Renta Básica. Varias simulaciones indican que alrededor del 70%-80% de la población saldría ganando. En este sentido, se trata de una medida con un potencial transformador amplio. Al mismo tiempo, cuestiona también cómo entendemos el trabajo. Se tiende a considerar como trabajo sólo la actividad asalariada, pero el trabajo reproductivo —como los cuidados— es también esencial y tiene una función y un valor económico dentro de la sociedad. Por último, la posibilidad de dedicar más tiempo a actividades voluntarias o comunitarias también podría transformar las relaciones sociales, favoreciendo una sociedad más cohesionada, en la que las personas se relacionen desde condiciones más igualitarias.

Se ha demostrado que las prestaciones actuales no son una medida real de salida de la pobreza»

En el libro hay capítulos sectoriales que explican cómo afectaría la Renta Básica a muchos ámbitos sociales diferentes

Sí. Es uno de los puntos fuertes del libro. Cada capítulo está escrito por dos autores o autoras y puede leerse de forma independiente. Puedes elegir lo que te interese: desde la filosofía política hasta el feminismo pasando por la financiación, infancia y juventud, derechos humanos y el sistema de protección social, mercado de trabajo, cultura, mundo rural, ecologismo, inmigración y antirracismo, renta máxima, salud mental, comunicación de la renta básica y los planes piloto de renta básica. La obra ofrece una visión muy completa sobre cómo la Renta Básica impactaría en muchos ámbitos de la vida.

El libro se titula ‘Quan convé seguem cadenes’. ¿Qué cadenas segaría la Renta Básica?

Las cadenas que nos impiden decidir sobre nuestras vidas y hacerlo en condiciones de dignidad: como la inseguridad económica y todas aquellas relaciones de dependencia y dominación. La Renta Básica, rompería con las limitaciones derivadas de unas condiciones materiales de vida insuficientes y precarias, recuperando la libertad de elegir.

¿La Renta Básica reduciría la pobreza infantil?

Efectivamente. Los niños también serían sujetos de derecho y recibirían la Renta Básica —gestionada por los tutores hasta la mayoría de edad, por supuesto—, y formarían parte de unidades familiares donde los padres también serían perceptores. Con una cuantía cercana al umbral de la pobreza, saldrían estadísticamente de esta situación. El problema de las prestaciones asistenciales actuales es que están pensadas para personas muy pobres, sin embargo, aproximadamente, el 60% de las personas en pobreza severa, no las perciben. Además, las cuantías son muy bajas: el Indicador de Renta de Suficiencia, durante casi veinte años, rondó los 400€ por una persona sola, y aunque ahora es de 700€, es claramente insuficiente. ¿Quién puede vivir con 700 € al mes? En este contexto, propuestas como la prestación universal por hijo a cargo de 200€ mensuales también representan un avance, pero resultan insuficientes para abordar de forma efectiva la pobreza infantil. Aunque pueden aliviar parcialmente la situación de muchas familias, estas cuantías no permiten garantizar unas condiciones materiales de vida dignas ni situar a los niños por encima del umbral de la pobreza. La Renta Básica, sin embargo, plantea un enfoque estructural: asegura ingresos suficientes para todos los miembros del hogar y evita los vacíos de cobertura propios de las prestaciones condicionadas. Esto la convierte en una herramienta mucho más efectiva para reducir –y potencialmente erradicar– la pobreza infantil.

En el capítulo que escribes con Judit Font decís que las prestaciones sociales, más que revertir la pobreza, la cronifican

Sí, por la conocida «trampa de la pobreza». Las prestaciones asistenciales actuales están condicionadas a no superar cierto nivel de ingresos y son incompatibles con el trabajo. Esto genera un efecto perverso: muchas personas prefieren mantener la prestación antes que aceptar un trabajo precario. No se trata de una falta de voluntad de trabajar, sino de una decisión racional frente a un sistema que penaliza cualquier mejora parcial de ingresos. Si un trabajo es inestable, mal remunerado o de corta duración, el riesgo de perder la prestación y quedarse sin ningún ingreso es demasiado elevado. Este comportamiento se ve reforzado por otro factor clave: la complejidad y dificultad de acceso a estas prestaciones. Los procesos de solicitud son a menudo largos e inciertos. Para muchas personas conseguir que se les reconozca el derecho a la prestación ha supuesto un esfuerzo considerable, con meses de espera y múltiples trabas administrativas. Una vez se ha conseguido, es comprensible que no se quiera renunciar fácilmente a ella por una oportunidad laboral precaria, con riesgo de tener que volver a iniciar todo el proceso en caso de perder el trabajo. En este contexto, se consolida una situación en la que se prefiere mantener un ingreso insuficiente pero seguro, antes que afrontar la incertidumbre del mercado laboral y las dificultades del sistema de prestaciones para volver a acceder a ellas o reactivarlas. Esto contribuye a cronificar la pobreza en lugar de facilitar la salida de ella.

Vais un paso más allá y decís que la existencia de prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía demuestran el fracaso de la lucha contra la pobreza

En el contexto en el que se diseñaron las rentas mínimas de inserción (la antigua PIRMI), actualmente la Renta Garantizada de Ciudadanía, su lógica podía tener cierto sentido: se trataba de un modelo pensado para intervenir sobre situaciones de pobreza severa y cronificada, a menudo vinculadas a colectivos con dificultades de inserción muy específicas (problemas de salud mental, drogodependencias, exclusión social profunda). En aquel escenario, una política focalizada y condicionada podía parecer adecuada. Ese contexto ha cambiado. Desde la crisis de 2008 y con las transformaciones del mercado de trabajo, la precariedad ya no es una realidad marginal sino estructural, que afecta a amplios segmentos de la población, incluyendo a personas con trayectorias laborales aparentemente “normalizadas”. En este contexto, este modelo de políticas de lucha contra la pobreza presenta importantes limitaciones: el riesgo de pobreza se mantiene desde hace veinte años alrededor del 20%. Sólo sirven para mantenerte en el umbral de la supervivencia, en definitiva, para que no te mueras de hambre. Se ha demostrado que no es una medida de salida real de la pobreza. La Renta Básica, en cambio, va más allá: dotaría de mayor seguridad, tranquilidad emocional para tomar decisiones así como de la posibilidad de complementar el ingreso con trabajos más o menos estables o incluso emprender, cosa que ahora mucha gente ni se plantea hacer por falta de seguridad económica.

Desde la crisis de 2008 y con las transformaciones del mercado de trabajo, la precariedad ya no es una realidad marginal sino estructural«

Por motivos contrarios a los suyos, la extrema derecha critica las prestaciones sociales. Las llama “paguitas”

Detrás de este discurso está la idea de que sólo merece ayuda quien trabaja y es productivo. Es una visión muy centrada en que debes ganarte la vida trabajando, y que el Estado no debería garantizar necesidades básicas. Entienden el trabajo como la única vía legítima para acceder a derechos, por lo que rechazan este tipo de prestaciones. Ante esta visión, la Renta Básica parte de un principio distinto: los derechos materiales para una vida digna no pueden depender exclusivamente del mercado de trabajo. Garantizar una base económica incondicional a toda la población implica reconocer que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, trabajen o no, y en qué condiciones lo hagan. En este sentido, la Renta Básica no sólo protege frente a la pobreza, sino que refuerza la libertad real de las personas para decidir sobre su vida y sus formas de participación social.

Las políticas actuales sólo sirven para mantenerte en el umbral de la supervivencia, en definitiva, para que no te mueras de hambre»

En cambio, decís que la Renta Básica contribuiría a combatir a la extrema derecha

Exactamente. Las prestaciones condicionadas, tal y como están diseñadas, tienden a crear divisiones sociales. Cuando estableces requisitos estrictos de ingresos, acabas dibujando una frontera artificial entre quien “merece” la ayuda y quien no. Esto hace que situaciones muy parecidas reciban tratos diferentes: dos familias con ingresos casi iguales pueden encontrarse con que una accede a la prestación y la otra queda fuera por una diferencia mínima. Esta percepción de injusticia genera frustración y resentimiento, y es un terreno muy fértil para que discursos simplistas y excluyentes, como los de la extrema derecha, arraiguen. Además, este modelo facilita la construcción de relatos falsos. A menudo se dice que la mayoría de las personas que reciben ayudas son inmigrantes, cuando en realidad la mayor parte son ciudadanos del país. Pero dado que las prestaciones son selectivas, es más fácil alimentar este tipo de narrativas. La Renta Básica rompe con esa lógica. Al ser universal, desaparece la distinción entre “beneficiarios” y “no beneficiarios”, “merecedores” y “no merecedores” y con ella buena parte de los agravios comparativos. Todo el mundo tiene derecho a ella, y esto reduce el margen para generar conflicto social y para instrumentalizar la pobreza con fines políticos. En este sentido, es también una herramienta para reforzar la cohesión social y desactivar discursos que dividen a la sociedad.

La percepción de injusticia genera frustración y resentimiento y es un terreno muy fértil para que discursos simplistas y excluyentes, como los de la extrema derecha, arraiguen»

Ahora se está debatiendo una mejora de la Renta Garantizada de Ciudadanía. ¿Tiene sentido desde su perspectiva?

La Renta Garantizada de Ciudadanía, tal y como está planteada actualmente no está resolviendo el problema de la pobreza, aunque cualquier mejora técnica que suponga un alivio para las personas que la reciben es positiva. Sin embargo, también hay que ser claros: estas reformas tienen un recorrido limitado. A pesar de introducir mejoras, seguimos hablando de una prestación condicionada, con cuantías insuficientes y problemas de acceso y cobertura. Esto hace que, en la práctica, no sea una herramienta capaz de reducir significativamente la pobreza estructural. De hecho, con el planteamiento actual, es muy difícil que esta reforma pueda sacar de la pobreza a la población que se encuentra en esta situación de forma persistente desde hace años. Por tanto, puede ayudar a mitigar algunos efectos, pero no aborda la raíz del problema.

Acabáis la introducción diciendo que esperáis que el libro sea una herramienta útil para avanzar hacia un mundo más justo y libre de opresiones. ¿Lo veremos?

Espero que sí. Personalmente, tengo esa esperanza, y es precisamente por eso que trabajamos defendiendo y promoviendo la Renta Básica. Llegará un momento en que la clase política entenderá que no es tanto una cuestión de estar o no de acuerdo, sino que es una necesidad. La situación actual, especialmente en ámbitos como la vivienda, la pobreza en general y la pobreza infantil en particular, hace difícil seguir mirando hacia otro lado. Las políticas que hemos aplicado hasta ahora han demostrado que no son suficientes para resolver estos problemas de fondo. Si realmente aspiramos a una sociedad más justa y más libre, debemos empezar a plantear alternativas más ambiciosas, y la Renta Básica es una de ellas. La forma concreta de implementarla es un segundo paso, y justamente el Plan Piloto pretendía aportar evidencia sobre cómo hacerlo de manera efectiva. También es importante entender que la Renta Básica no puede ir sola. Debe ir acompañada de una transformación más amplia de las políticas públicas como, por ejemplo, una política de vivienda más garantista, una reforma fiscal profundamente progresiva, políticas feministas que favorezcan una distribución más justa de los cuidados, políticas educativas que consolide la idea de que éste es un derecho de toda la ciudadanía, una reforma del mercado de trabajo, entre otros. Y, sobre todo, debe ser una apuesta sostenida en el tiempo. No tiene sentido como medida puntual o limitada a una legislatura. Debe entenderse como un mecanismo a través del cual se garantiza, efectivamente, el derecho a la protección social conjunto de la ciudadanía y de las generaciones futuras.

La reforma de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía puede ayudar a mitigar algunos efectos pero no aborda la raíz del problema»

En el epílogo, Sarah Babiker hace un llamamiento a la resistencia realista en un mundo que ha vivido grandes transformaciones. Dice que «la última palabra todavía no está dicha». ¿Quién la dirá?

Espero que la diga la sociedad, la ciudadanía. Sabemos que existe un amplio apoyo a la Renta Básica. Por otra parte, en el contexto actual vemos movilizaciones de los sectores educativos, sanitarios y de servicios sociales que denuncian las tensiones del estado de bienestar. Las bases del actual estado del bienestar están mostrando claros signos de desgaste. En este contexto, la Renta Básica tiene mucho que aportar. No es una solución mágica ni lo va a resolver todo, pero sí puede ser una herramienta clave para aliviar muchas de las tensiones sociales y económicas que estamos viviendo. Cuando Sarah dice que “la última palabra todavía no está dicha”, se refiere a la ciudadanía reclamando de forma más contundente un cambio de rumbo en las políticas. En definitiva, tal y como ella escribe, esta palabra todavía no dicha, la dirá la inteligencia y resistencia colectiva.

Si realmente aspiramos a una sociedad más justa y más libre, debemos empezar a plantear alternativas más ambiciosas, y la Renta Básica es una de ellas»

Supongo que está acostumbrada a que le digan a menudo que hable de una utopía, que pida cosas imposibles en un mundo que parece que cada día premia más el egoísmo, la insolidaridad y la meritocracia

Es cierto que existe una tendencia fuerte al individualismo, a pensar cada uno en lo suyo, pero también existe toda una corriente de gente que no pensamos así, aunque nuestra voz cuesta más de oír. Si miramos la historia de las luchas sociales, vemos cómo muchas cosas que parecían imposibles se han hecho realidad: hace un tiempo parecía impensable que las mujeres pudiéramos votar, la jornada laboral de 40 horas, los derechos laborales, la educación y la salud pública universal. Hoy, estos derechos están reconocidos, aunque en su día eran vistos como utopías. Esto nos muestra que lo que hoy parece imposible, mañana puede convertirse en realidad si existe movilización social y voluntad política. En la medida en que la Renta Básica se convierta en una reivindicación política y ciudadana, también puede conseguirse. La Oficina del Plan Piloto fue posible gracias a partidos que recogieron esta demanda social, especialmente después de la pandemia, cuando muchas personas se preguntaban «¿y ahora qué?» y la Renta Básica actuó como revulsivo. Hubo manifiestos, debates públicos y partidos que, en las elecciones, asumieron esa demanda como compromiso. Es cierto que movilizarse es difícil, sobre todo por las personas que más se beneficiarían de la Renta Básica. Vivimos atrapados en la rueda del trabajo y las responsabilidades familiares, de la supervivencia, del día a día y esto limita mucho la participación política. Aquellos que están en peores condiciones económicas y sociales son precisamente quienes tienen menos capacidad de manifestarse o reclamar derechos, porque están más atados de pies y manos, precisamente, atados por las cadenas que comentaba antes, las que segaría una Renta Básica.

¿Imagina el día que pueda decir que la Renta Básica ha sido posible a las personas que siempre lo han negado?

Estaría bien, pero me gusta más imaginar su implementación. En Cataluña, hace 25 años la Renta Básica se conocía y defendía en círculos universitarios, profesores y estudiantes de economía, sociología, filosofía o políticas por decir algunas carreras, y dentro de algunas organizaciones sociales y sindicales. Hoy, en cambio, existe una amplia red de profesionales, movimientos sociales y actores políticos que la reclaman y debaten su aplicación. De hecho, este libro es un reflejo de ese apoyo creciente: la idea se ha ido permeabilizando en la sociedad y cada vez más personas dejan de verla como un concepto abstracto o utópico para empezar a considerarla una medida factible y real.

La entrada Dolo Medina: “La Renta Básica ya no es sólo una idea, sino una medida que cada vez más gente ve factible” se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo tiene varias madres. De un lado, las musas vienen de la generación de los 50, poetas que están siempre en mi cabecera, y de otro acontecimientos que desencadenan algo, como una chispa que se nos ilumina dentro. El primero fue la aprobación de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, pero el último, y la chispa que terminó de encender todo, fue ver las imágenes de Zack Polanski (líder del Partido Verde) bailando en Londres en una manifestación llena de esperanza, y que me terminó de convencer de que ese era el tono: esperanza y belleza.

Y es que hay una pregunta que casi nunca surge en los debates sobre economía social, y cuya ausencia dice más que muchos análisis: ¿por qué alguien querría vivir en el mundo que propone? No solo porque sea más justo (eso es ética), ni porque funcione mejor (eso es eficiencia). Porque es un mundo más bello, donde se produce una experiencia de lo común que merece ser vivida (¿deseada?) por sí misma.

La pregunta importa porque la respuesta no pasa por la argumentación. Pasa por algo más cercano a lo que ocurre en un concierto, en una asamblea cooperativa cuando funciona de verdad, en esos rituales colectivos donde un grupo de personas descubre que puede hacer algo juntas que ninguna podría sola. Esos momentos no son para «convencer»; son momentos de compartir, de abrazos. No están (no están solo) para llegar a tu cabeza, están para generar una emoción, están porque son bellos.

Gil de Biedma lo sabía: los misterios son del alma, pero un cuerpo es el libro en que se leen. La economía social tiene sus misterios, sus intuiciones profundas sobre lo que podría ser una vida económica organizada desde el cuidado y lo común. Pero esos misterios necesitan cuerpos donde leerse: leyes, instituciones, bancos, fondos, instrumentos fiscales, marcos jurídicos. Y necesitan también, con la misma urgencia, una dimensión que no se deja reducir a lo instrumental: la belleza como forma de conocimiento, como experiencia de sentido, como lo que hace que la alternativa no sea solo correcta sino deseable.

Este artículo habita esa tensión. La Venus pandémica de la economía social (sus instrumentos, sus conquistas legales, su arquitectura institucional, todo lo que está pegado al suelo y necesita estarlo) y su Venus celeste (la narrativa, el ritual, la poesía como forma de precisión, lo que eleva la gestión a proyecto civilizatorio). No se elige una contra la otra. Se vive en el cruce.

La belleza como lo que mueve

La extrema derecha ha entendido algo que la izquierda transformadora sigue sin asimilar: que las personas no se movilizan por argumentos sino por experiencias de sentido. El populismo autoritario no gana elecciones demostrando que tiene razón; las gana produciendo emociones de pertenencia, de identidad, de nostalgia por un orden que nunca existió pero que se siente como pérdida. Su narrativa no es verdadera, pero es eficaz, porque opera en un registro que la política progresista ha abandonado: el registro estético.

Recuperar ese registro no significa «mejorar la comunicación» de la economía social. Si así fuera, bastaría con mejores infografías, mejores campañas, mejores eslóganes o incluso memes. Eso sería Venus pandémica disfrazada de celeste: instrumentos con apariencia de alma. Lo que hace falta es algo más radical: producir experiencias de sentido que no pasen por la demostración. El concierto no demuestra nada; te hace participar en algo. La asamblea cooperativa, cuando funciona, genera vivencias compartidas, colectivas, que no habitan nunca en una junta de accionistas y aún así produce resultados «económicos» similares. Esa experiencia de decisión compartida es valiosa por sí misma.

MUSE, una iniciativa que impulsamos desde SOKIO junto a Fondazione Messina, con presencia de Colombia, Uruguay y otros territorios, ha puesto la belleza en el centro de sus propuestas de eutopías (un estado ideal pero alcanzable). La belleza funciona ahí como modalidad de conocimiento que atraviesa los temas habituales (migración, cambio climático, economía política): una forma de precisión que el lenguaje técnico no alcanza. Cuando la escritura sobre economía toca algo que resuena, eso no es licencia literaria; es señal de que se ha rozado un estrato de lo real al que la lupa racional no llega.

Hay quienes pensamos que la consultoría, el acompañamiento a la transformación, debería aprovechar más esa dimensión, asumiéndola como otra forma de rigor y no como ornamento añadido a la estructura. Hubo un tiempo, en una cooperativa anterior a SOKIO, en que hablábamos de ser consultores poetas (innomades o nomades por la innovación social nos llamábamos). La expresión podía parecer ingenua, pero contenía una intuición que hoy, en un momento donde la narrativa se ha convertido en campo de batalla, resulta aún más pertinente que entonces.

Un cuerpo es el libro en que se leen

Y sin embargo, los misterios del alma necesitan un cuerpo. El 26 de marzo de 2026, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, rechazando las enmiendas del Senado y preservando, en lo sustancial, el texto que había salido de la Comisión con competencia legislativa plena en diciembre. La ley sobrevivió a un Senado controlado por la oposición, a meses de incertidumbre parlamentaria, al riesgo permanente de una disolución anticipada que habría hecho decaer el proyecto. Eso merece ser nombrado.

Merece ser nombrado sin triunfalismo. CEPES, la principal confederación del sector, ya señaló que quedan fuera tres nudos estructurales: configuración jurídica de las entidades, Seguridad Social y régimen fiscal de las cooperativas. Son los mecanismos que convierten el reconocimiento político en seguridad jurídica. La ley moderniza, pero no blinda. Y en un contexto de menor consenso e incertidumbre institucional, esa distinción importa.

Pero hay algo en la génesis de esta ley que revela más de lo que el análisis parlamentario convencional puede capturar. La LIIES nace en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, no en el de Economía. Y eso no es una anécdota administrativa. Es el reflejo institucional de algo que merece atención: un ministerio poblado de laboralistas —de personas formadas en derecho del trabajo, que trabajan sobre inserción sociolaboral, economía social— ha producido una norma que introduce categorías que la gramática económica ortodoxa no reconoce fácilmente. La cooperativa de vivienda en cesión de uso como entidad especialmente protegida. La redefinición de la inserción desvinculando la vulnerabilidad de la persona para centrarla en los factores externos que generan exclusión. Son formulaciones que ponen el trabajo, la vida y el cuidado por encima del capital como principio organizador. No es tanto que contradigan al Ministerio de Economía cuanto que operan desde otra lógica, una lógica que ha podido dejarse contaminar, en el mejor sentido de la palabra, por la economía heterodoxa.

Y aquí conviene ser precisos. No se trata de menospreciar al Ministerio de Economía ni de caer en la condescendencia de quien cree tener la verdad frente al que no la ve. La socialdemocracia clásica, como ha señalado Laville, financia servicios públicos mediante impuestos sobre la actividad mercantil sin cuestionar la centralidad del mercado: redistribuye los frutos de una economía que no controla y cuya lógica no interroga. El Ministerio de Economía opera en gran medida dentro de esa gramática (de ese axioma que diría Deleuze), y lo hace con competencia y con razones. Lo que la LIIES revela es otra cosa: dentro del propio Estado existen ya las condiciones para un diálogo entre gramáticas económicas distintas. La eutopía no está fuera del Estado; habita en las grietas entre sus propias lógicas. Hablar con Economía es una invitación a reconocer lo que ya existe dentro de su propia casa pero que sus categorías, construidas para ver unas cosas, no están diseñadas para ver.

Los marcos que no dejan ver

Esa ceguera no es ideológica: es cognitiva. Y tiene consecuencias muy concretas.

Los marcos de evaluación financiera funcionan con casillas predefinidas: capital riesgo, infraestructura, renta fija, impacto social. Si un proyecto encaja en alguna, se evalúa con sus criterios. Si no encaja en ninguna, no llega a ser rechazado: no puede ser procesado. Pero sería deshonesto reducirlo a eso. Coop Exchange, la bolsa de valores exclusivamente cooperativa que cerró en Europa en marzo de 2026, es un caso más complejo y por eso más revelador. No la mató una sola causa. La lógica financiera dominante prioriza el retorno al inversor y la estrategia de salida; una bolsa cooperativa pre-revenue, sin horizonte de exit convencional, no encajaba en esos parámetros. Los mandatos institucionales de los inversores comprometidos con la causa les impedían, formalmente, colocar fondos en ese tipo de infraestructura. Y sí, los marcos cognitivos hicieron lo suyo: cuando la categoría «infraestructura de mercado de capitales cooperativo» no existe en tu modelo mental, ni siquiera puedes iniciar la evaluación. Pero lo que convierte el caso en algo más que una anécdota es que esas barreras no operaron solo desde fuera, desde el sistema financiero convencional. Operaron también desde dentro: fueron las propias organizaciones cooperativas las que no encontraron, en sus propias estructuras de decisión, la forma de financiar su propia evolución. El sesgo cognitivo e institucional es bidireccional, y eso es lo que lo hace tan difícil de desmontar.

El fenómeno se repite con variaciones. En febrero de 2026, el National Philanthropic Council del Reino Unido publicó su definición de Impact Economy sin incluir a las cooperativas. No las excluyó por oposición; simplemente no las vio. Como señaló Co-operatives UK, hay una conexión fundamental entre mutualidad e impacto que fue prácticamente ignorada. La omisión no responde a mala fe: responde a un marco cognitivo que define «impacto» desde categorías que presuponen al inversor como sujeto central y al beneficiario como objeto pasivo. En esa gramática, una organización donde las personas son simultáneamente propietarias, usuarias y decisoras no computa.

Y esto conecta con el bloqueo fiscal que CEPES señala como asignatura pendiente de la LIIES. Faltan incentivos para las cooperativas, sí; pero el problema va más hondo. El marco fiscal está construido sobre una ontología económica donde la forma natural (y superior) de empresa es la sociedad de capital, y todo lo demás es variante que necesita justificarse. Cuando al mismo tiempo el decreto derivado de la crisis de Irán concede cesiones de suelo público a constructoras privadas durante un periodo de 40 a 80 años y elimina los límites a su rentabilidad financiera, eso no escandaliza porque fluye dentro de la gramática establecida. Cuando no se incluye en el decreto sobre temas de vivienda, se hace porque gramaticalmente rima con ese axioma ortodoxo que facilita la aprobación de un decreto y dificulta la del otro. Cuando se consigue introducir un cambio menor en el marco fiscal (la cooperativa de vivienda en cesión de uso siendo reconocida como especialmente protegida) y no se puede implementar una reforma de ese marco fiscal que en estos tiempos puede considerarse prehistórico, lo es porque la música que lo acompaña es demasiado nueva y rompedora de los cánones de la música que domina nuestras instituciones.

La conquista de ese territorio no se hace solo con mejores leyes, aunque las leyes sean imprescindibles. Se hace también transformando los marcos desde los que se mira. Y aquí las dos Venus se encuentran de nuevo: cambiar la mirada es un acto estético tanto como analítico. Ver lo que el mapa ortodoxo no muestra pide un esfuerzo de imaginación que no se agota en lo técnico; es, además, un trabajo creativo.

El mapa de la eutopía

Eutopía, no utopía. No un no-lugar, un horizonte regulativo siempre lejano, sino un buen-lugar que ya existe parcialmente y la pregunta es cómo desplegarlo, protegerlo y hacerlo irreversible. El prefijo lo cambia todo: no se trata de convencer de que otro mundo es posible (eso, a estas alturas, suena a consigna gastada). Se trata de señalar que otro mundo ya está funcionando en lugares concretos, y de entender qué condiciones lo hacen posible y qué fuerzas lo amenazan.

La Economía Social y Solidaria (ESS) es también un aparato analítico, una escuela heterodoxa que ofrece un mapa distinto. Lo que ya mostraban los datos de la Cuenta Satélite de la Economía Social publicada por el INE: las herramientas de medición no describen la realidad tal como es; la producen de un modo que privilegia lo que pueden capturar e invisibiliza lo que no. El mapa fiscal ortodoxo no ve la propiedad colectiva; la Cuenta Satélite, con todas sus limitaciones, al menos la nombra. Y nombrar es el primer paso para que exista políticamente.

Pero el mapa necesita más que una escuela teórica: necesita un espacio donde las distintas corrientes heterodoxas puedan confluir sin necesidad de reconciliación previa. Eso es lo que puede ofrecer, entre otros, la Community Wealth Building: menos un modelo cerrado que lo que, en términos de Deleuze, podríamos llamar un plano de composición. Un terreno práctico donde la ESS con su genealogía polanyiana, la economía feminista que reconfigura qué cuenta como producción, la black economy que parte de la desposesión racializada, la Modern Monetary Theory que cuestiona los fundamentos de la restricción fiscal, pueden coexistir productivamente sin programa unificado. La unidad, si la hay, emerge de la práctica: de los agenciamientos concretos en Preston, en Escocia, en el País Vasco, en Quebec. No la precede.

Y las señales de eutopía habitan en más territorios de los que el mapa convencional muestra. En Canadá, un scoping paper que hemos trabajado con las cooperativas de allí intenta ayudar a que las políticas públicas reconozcan lo que dichas cooperativas ya hacen internacionalmente, pero que las métricas oficiales del gobierno federal no capturan: redes de intercambio de conocimiento, gobernanza compartida, instrumentos financieros éticos que cruzan fronteras sin aparecer en ninguna estadística de exportación. En Messina, la Fondazione construye economía social donde el Estado a menudo se ausenta, demostrando que la eutopía puede germinar incluso en las grietas de la fragilidad institucional. En Colombia, en Uruguay, en territorios donde las condiciones son radicalmente distintas a las europeas, iniciativas como MUSE articulan un reconocimiento mutuo entre periferias que descubren que sus luchas, siendo irreductibles unas a otras, se iluminan recíprocamente y buscan ese abrazo del que habla Gil de Biedma.

Esa articulación no es una red dirigida desde arriba. Es algo más parecido a lo que Morin llamaría pensamiento complejo: la aceptación de que el desorden no es una anomalía a corregir sino un rasgo constitutivo de lo real, y de que la transformación no será la sustitución ordenada de un modelo por otro sino la emergencia, desde múltiples puntos simultáneamente, de formas nuevas de organizar la vida económica. Formas que necesitan tanto instrumentos (Venus pandémica: leyes, marcos, instrumentos financieros, métricas que nombren lo invisible) como experiencias de sentido (Venus celeste: narrativa, ritual, belleza, la capacidad de producir un nosotros que se reconozca como deseable).

La transmisión de la esperanza

La eutopía no es un programa, tampoco una promesa. Es algo más modesto y más difícil: la capacidad de transmitir esperanza sabiendo que el resultado no está garantizado. Es lo que hace un padre cuando habla a su hija del futuro sin poder asegurarle nada, pero sintiéndose obligado a hacerlo porque sabe que otros dependen de que ella no se rinda.

La aprobación de la LIIES es un cuerpo donde leer un misterio. No es la ley perfecta, no es la conquista definitiva, no blinda todo lo que habría que blindar. Pero es la demostración de que, en un contexto de repliegue generalizado, de extrema derecha campando a sus anchas, de cinismo que presenta la desigualdad como inevitable, hubo una coalición parlamentaria que eligió sostener un proyecto de ley sectorial, técnico, menor para la opinión pública, pero que encarnaba algo que no podía dejarse caer. Eso no es utopía: es eutopía. Un buen-lugar que ya existe y que alguien decidió ayudar a construir, habitarlo, abrazarlo y protegerlo.

Y si la economía social quiere que ese buen-lugar se amplíe, necesitará sus dos Venus. Necesitará la pandémica: seguir peleando la reforma fiscal, construir los instrumentos financieros que faltan, ganar las batallas cognitivas dentro de los ministerios y los comités de inversión, traducir la visión en arquitectura institucional duradera. Y necesitará la celeste: producir belleza, generar experiencias de lo común que no se reduzcan a eficiencia ni a justicia, recuperar la narrativa como campo de disputa, asumir que la poesía no adorna la transformación sino que es su condición de posibilidad. Porque sin la primera, la belleza es evasión. Pero sin la segunda, el análisis es parálisis. Se producen mutuamente, como dijo el poeta, del alma y del cuerpo a la vez.

Y necesitará también insuflar esperanza:

«Tu destino está en los demás». Eso es la economía social condensada en un verso. «Otros esperan que resistas». Eso es la eutopía: no la certeza de que saldrá bien, sino la responsabilidad de seguir construyendo porque hay quienes cuentan con que lo hagas. «Tu canción entre sus canciones».

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Samuel Barco es politólogo y forma parte de SOKIO, una cooperativa para la transformación social. Este artículo se publicó originalmente en su web.

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Latifundistas tiránicos, precariedad laboral, migrantes esclavizados, acoso sexual, falta de sindicalismo… Los males del campo español (como vimos en el capítulo anterior) son muchos, sobre todo para quienes trabajan la tierra, cuyas voces casi nunca son oídas en los medios de comunicación. Pero lejos de esas prácticas depredadoras se encuentran casos como el de Marinaleda, donde más de 1.250 hectáreas son trabajadas de forma cooperativa desde que, en 1991 y gracias a la intensa agitación social y las ocupaciones promovidas por el antiguo Sindicato de Obreros del Campo (SOC), la Junta de Andalucía expropió la finca al duque del Infantado para ceder su uso al pueblo con la condición de que se constituyeran cooperativas agrarias encargadas de gestionar colectivamente la explotación.

Esa realidad colectiva ha llevado a Marinaleda a ser el pueblo con menos desempleo de toda Andalucía. El caso de Marinaleda no es el único en la región, pues existen experiencias cercanas como La Zarza o la Cooperativa Campo de Tejada. Y aunque sin llegar al modelo político-social de Marinaleda, otras grandes cooperativas agrupan a productores para gestionar tierras y productos de manera conjunta, como Acor en Castilla y León.

En España, las cooperativas agrarias facturan más de 30.000 millones de euros anuales, con más de un millón de socios, y se han convertido en un motor fundamental del sector. Pero, a pesar de esas cifras, el impacto del cooperativismo agrario sigue siendo más bien escaso en la actualidad informativa: Marinaleda, por ejemplo, solo aparece en los medios para recordarnos que siempre ha gobernado el mismo partido bajo diferentes siglas, obviando su realidad sociolaboral.

“El mundo rural en general y el campo en particular no son cultura mainstream desde el momento en el que ni a nivel poblacional ni de poder adquisitivo son interesantes para la industria cultural o de la información. Al no ser cliente sujeto, cuando son reflejados lo son en tanto que mercancía-objeto y, por consiguiente, con la expectativa del urbanita medio, que demanda y adquiere esa cultura”. Son palabras de Gonzalo Palomo, presidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), creada en Cáceres en 2024. “Más allá de haberse convertido en cauce de compra-venta, el impacto de las cooperativas es limitado. En algunas comarcas ha sido crítico para dar garantías de estabilidad al sector, eso está claro, pero ha perdido el sentido fundacional de Rochdale”. Palomo se refiere a la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, fundada en Inglaterra en 1844 por trabajadores textiles y considerada la primera cooperativa de consumo moderna.

Gonzalo es militante del cooperativismo agrario e impulsor de numerosas iniciativas, como la de ACTYVA, cooperativa de tipo integral y sin ánimo de lucro creada en Extremadura hace más de 10 años como respuesta a la última crisis financiera. “Viene del movimiento de las cooperativas integrales, cuya cara más visible fue Enric Durán, desde Catalunya. Participamos en todo aquel movimiento, que poco a poco se ha ido desinflando un poco en esta parte de la península, pero no así en Portugal. Allí ahora mismo hay una quincena de cooperativas integrales organizadas en una red en la que nos hemos integrado, y también lo ha hecho Estraperlo”.

La cooperativa fue una de las entidades encargadas de organizar el XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología en 2024 y su propuesta va más allá de “hacer cooperativismo agrario, de trabajo asociado, de consumo o cualquiera de las clases de cooperativas que recogen nuestros estatutos”. Además de todo eso, busca “romper la cosificación a la que somos sometidos como productores/consumidores, pasando a ser sujetos político-económicos plenos, con capacidad de decisión sobre los mayores aspectos posibles de nuestro día: alimentación, vivienda, vestido… Desde la libertad y la responsabilidad que implica un modelo en el que no hay personas empleadas sino emprendedoras”. ACTYVA, además de su departamento agrario cuenta con otros nodos, como BBBFarming, centrado en comunicación, investigación y desarrollo para el sector agroalimentario.

A la cooperativa extremeña le están saliendo espejos como Xuntanza Campesina, que se presentó en 2024 en Asturias coincidiendo con el Día de las Luchas Campesinas, o el guipuzcoano Amillubi, un proyecto de reciente creación que nace con el objetivo de “convertir la tierra que nos sostiene en un bien colectivo” gracias a un movimiento agroecológico cuyo objetivo es “proteger la tierra, para que las personas que se dedican a la agricultura tengan tierras que cultivar y la ciudadanía alimentos saludables”.

Pese a habitar en esas zonas oscuras que no gozan de la atención habitual de los focos, se hace necesario escuchar las voces de Mihaela, Germinal (protagonistas de la primera parte de este reportaje), Gustavo, Ana o Gonzalo, para seguir completando el complejo caleidoscopio que conforma el mundo rural, mucho más rico y plural de lo que habitualmente nos cuentan los medios generalistas.

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No falla. Ya sea con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, las consecuencias económicas de la guerra de Irán o las elecciones en cualquiera de nuestras comunidades con peso rural, cada vez que los medios se preguntan por los “problemas del campo” acaban dando voz casi exclusivamente a las asociaciones profesionales de agricultores y ganaderos – a veces calificados erróneamente como “sindicatos agrarios”– ASAJA, COAG, UPA… cuando no directamente a Abascal, a caballo y disfrazado de integrante de la familia real británica en una jornada de la caza del zorro. Pero la realidad en el campo es mucho más diversa y cuenta con otras voces que raramente gozan de eco mediático. Aquí van algunas de ellas.

Gustavo Sánchez es jornalero cordobés y hasta hace nada organizador sindical de CNT en el sector agrario. Aunque actualmente trabaja en la Administración, dedicó décadas de su vida laboral a faenar en las campañas agrícolas de la vendimia manchega y la aceituna de la sierra cordobesa. Para Gustavo, los medios “olvidan de manera premeditada a las personas jornaleras migrantes y nativas, y se da una imagen del campo español como la de un sector levantado por propietarios emprendedores que se sirven sólo de su fuerza de trabajo y la de su familia; una imagen completamente falsa”.

“En Andalucía y otros territorios de latifundio, la inmensa mayoría de las propiedades son heredadas, desde los Alba, los Domecq o los duques del Infantado, hasta los medianos o pequeños propietarios (entendiendo por pequeños a extensiones considerables de olivos, viñas, campos de frutos rojos, ganadería…)”, continúa Gustavo. “No estoy hablando de agricultores de pequeñas explotaciones, ni cooperativas que trabajan día a día y que son también las grandes olvidadas, junto a jornaleras y migrantes temporeras. Además, estos últimos no reciben, en su mayoría, subvenciones de la PAC, mientras medianos y grandes propietarios reciben una millonada por extensión de terreno, incluso por tierras no cultivadas”.

“El mundo jornalero no ha desaparecido. Se ha transformado y es más diverso. Hace 30 años había todavía muchas personas de los pueblos andaluces que se dedicaban a tareas relacionadas con el campo, que también salían al extranjero para campañas en Francia o Bélgica. Hoy día los pueblos están vacíos ante la falta de expectativas laborales, y en buena medida esa mano de obra es suplida por personas migrantes de diversas procedencias: África subsahariana, Marruecos, Rumanía, América Latina…”. Con un alto porcentaje de mujeres, además: “En la recogida de los frutos rojos, proceden de Marruecos en su mayoría, pero también de Rumanía, países del Este o Latinoamérica. Hay que poner el foco también en esa realidad, que además suele ser muy precaria”.

El “mar de plástico”

El Poniente almeriense alberga la mayor concentración de invernaderos de toda Europa y cuenta con más de 25.000 hectáreas de cultivo bajo plástico, siendo el núcleo productivo más importante de nuestro continente. Genera, junto con las zonas limítrofes, alrededor de 110.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El “mar de plástico” es vital para la agricultura nacional, liderando la exportación de hortalizas durante el invierno y representando una de las mayores fuentes de ingresos y empleo del sector agroalimentario.

En paralelo a la creciente mano de obra, se extiende también un ecosistema de precariedad y explotación laboral: “Llevo muchos años, unos veinte, en invernaderos y también en el manipulado, y las condiciones son de mucha explotación: estamos obligadas a trabajar diariamente nueve horas, más horas extras que deberían ser pagadas, pero que en realidad no lo son; y si protestas te echan. Lo mismo si te coges una baja: te echan. No tienes vacaciones y hay muchísima gente con depresión. Y luego está el tema del salario: teóricamente se paga lo pactado, 50 euros por día, pero si no estás asegurado te quitan 5. Y si quieres tener todo el mes cotizado tienes que pagar al jefe 18 euros al día. Él te cotiza solo 10 días; si quieres más lo pagas tú. Bueno, se lo tienes que dar tú para que cotice por ti”. Quien denuncia el abuso patronal es Mihaela [nombre figurado], trabajadora de origen rumano que lleva varias décadas en España.

Sus palabras son corroboradas por Germinal [nombre figurado], trabajador de una explotación agraria de la zona: “Hay que partir del hecho de que no se respetan el convenio provincial ni las horas estipuladas; en el mejor de los casos, se trabajan ocho horas al día toda la semana, es decir, sábados incluidos, pero es muy común trabajar nueve. Una cosa es lo que pone en nómina y otra lo que se cobra. El salario más común son 45 o 50 euros por día, pero un trabajador puede perfectamente tener una nómina de 400 euros un mes, pese a haber trabajado todos los días menos los domingos, cobrando el resto en negro. Así la empresa se ahorra cotizaciones y seguros sociales. De hecho, está muy extendido cotizar 10 o 12 días, cometiendo fraude a la Seguridad Social. Por supuesto nada de vacaciones, todo lo más 10 o 15 días, y nada de pagas extra, ni días de asuntos propios. Eso, cuando existe un contrato, porque luego está la confianza de la empresa; no se le hace contrato a cualquiera. Es habitual tener personal sin contrato para situaciones excepcionales, o no tan excepcionales, de aumento de producción”.

Las personas con las que hemos hablado coinciden de manera repetida en el abuso empresarial que se sufre en el sector. ¿Causas? Germinal apunta algunas: “Por aquí, el pico de producción se da en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, y ante la escasez de mano de obra local, se recurre a trabajadores migrantes en su mayor parte. En esos meses puede haber fácilmente un 20 o 25 por ciento sin papeles, principalmente subsaharianos y magrebíes. Estas personas necesitan, entre otras cosas, un contrato de trabajo que varía, según nacionalidad, entre 4 meses y un año”.

Se dan pues condiciones de extrema precariedad que hace que el colectivo migrante se encuentre sometido a la total arbitrariedad del contratador: “Es habitual que un trabajador empiece a trabajar recién llegado a España y esté tres años sin contrato intentando demostrar que es un trabajador de confianza y que se ha ganado el ansiado documento de trabajo”.

La situación del campo en España dista de la realidad que Gustavo ha observado en otros países europeos: “En la vendimia en Francia, mi experiencia ha sido totalmente diferente: condiciones de trabajo, salario y estancias son mucho mejores; los ritmos de trabajo diferentes, e incluso la actitud patronal, ya que aquí la cultura empresarial viene del franquismo y busca esquilmar al máximo al trabajador. Allí hay otra mentalidad. No quiero decir que no haya explotación, pero se notan las diferencias. Como en las nóminas, que se cumplen a rajatabla tanto en las percepciones, horas extras, festivos, desplazamientos, cotizaciones… Eso aquí no ocurre en la mayoría de los casos”.

Sindicatos en el campo

A la precariedad a la que se ven sometidas las personas migrantes, se une la dificultad de representación sindical en el sector. Germinal afirma que “los sindicatos de concertación no existen aquí, no quieren saber nada de precarios ni de inmigrantes, y mucho menos de inmigrantes precarios. La única presencia que se hace notar en la agricultura intensiva bajo plástico es la del SAT, con presencia en El Ejido y Níjar y en explotaciones grandes. Y algo menor, la de CNT. Aquí las explotaciones son relativamente pequeñas: la mayoría de tres o cuatro hectáreas. También existen de 50 hectáreas, pero no es lo habitual. Y el número de trabajadores, relativamente bajo: dos por hectárea en época normal y de cuatro a cinco en épocas de mucha producción”. En esas condiciones se hace difícil desarrollar una implantación sindical efectiva, y hacer un seguimiento de todas las irregularidades se convierte en una tarea titánica.

Mihaela y Germinal, coinciden en que la denuncia por parte del trabajador implica normalmente el señalamiento y la amenaza de despido. A veces incluso acompañada de una respuesta violenta. Lo que no impide, como afirma Gustavo, que las personas migrantes empiecen a organizarse “para conseguir viviendas dignas”, ya que muchas se encuentran en asentamientos de chabolas e infraviviendas, algo habitual en Huelva o Almería. Y de igual manera, para mejorar sus condiciones de trabajo, “como en el caso de las trabajadoras de la fresa en Huelva, con alianzas entre temporeras andaluzas y migrantes luchando juntas”.

El exjornalero incide en las dificultades por las que atraviesa el sindicalismo por hacerse un hueco en el sector: “El sindicalismo tradicional de clase ha perdido un poco la influencia en el campo y por eso están surgiendo asociaciones y colectivos de trabajadores migrantes que suplen esa carencia. En Andalucía, el SAT se mantiene en ciertos pueblos, pero se ha reducido mucho la afiliación”. También influye la temporalidad y la falta de conexión entre jornaleras de diferentes procedencias: “Creo que el sindicalismo de clase tiene que trabajar estos temas y no dejar olvidado el campo, porque, si no, será la extrema derecha la que capitalice el descontento”.

Agresiones sexuales

“Hay que tener presente el internacionalismo como seña de identidad del sindicalismo y de las luchas obreras y jornaleras”, continúa Gustavo. A su juicio, no es conveniente desentenderse del terreno agrícola para que la extrema derecha levante un argumentario falso sobre lo que es el campo y quién lo trabaja. “Hay que dar a conocer la realidad en las explotaciones rurales y cómo sin las personas migrantes sería imposible mantenerlas”, sentencia. “Y hay que hablar de las mujeres, que son invisibilizadas, de las cooperativistas, los cuidados en las zonas rurales o las trabajadoras migrantes que son explotadas en campañas como la fresa o en los invernaderos y se ven sometidas a abusos y agresiones continuas, incluso sexuales”, añade.

Y es que la explotación laboral no es el único desvelo al que tienen que enfrentarse las mujeres migrantes. El colectivo se ve sometido, en no pocas ocasiones, al acoso sexual, tal y como reconoce Mihaela: “Hay muchos casos de acoso, e incluso agresiones sexuales, por ser extranjera. Porque entre ellos se conocen y no van a acosar a una muchacha del pueblo, ¿no? Conocen a los padres, se puede enterar no sé quién… Pero nosotras venimos de fuera, no tenemos familia, no tenemos a nadie y se creen que no tenemos ningún apoyo y que pueden hacer con nosotras lo que les da la gana. Suele pasar más en el campo que en los almacenes del manipulado, donde también existe, aunque es más leve. Pero en los invernaderos se ven casos realmente fuertes”.

Nuevas experiencias

Al igual que en el Poniente almeriense, el cultivo de frutos rojos en Huelva es un pilar estratégico del sector agrario español: concentra el 98% de la producción nacional de berries (fresa, arándano, frambuesa, mora) y cerca del 30% de la Unión Europea. Representa el 11,5% del PIB provincial y genera más de 100.000 puestos de trabajo. Y al igual que en el caso almeriense, viene acompañado de una situación de explotación en el que destaca el colectivo migrante. La realidad ha llegado a ser denunciada por Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, que en 2020 declaraba que las personas del campo onubense vivían “como animales”.

Precisamente una de las nuevas experiencias que intentan hacer frente a la situación es la de la asociación Jornaleras de Huelva en Lucha. Así nos lo cuenta Ana Pinto, una de sus portavoces, que además nos comparte la buena nueva de que acaban de constituir la Sindical Obrera Andaluza: “Tenemos por un lado la asociación, y por otra hemos creado el sindicato, que es la herramienta necesaria para poder luchar por los derechos laborales de la gente que trabaja en la zona, que es de una gran diversidad: no todos estamos en las mismas condiciones. La mitad de la gente es de aquí, de Andalucía, pero la otra mitad viene de fuera, aunque con diferente perfil: está quien viene de Europa del Este, del espacio Schengen, quien viene de fuera de ese espacio, de América Latina, del continente africano… Y luego existe otro perfil, el de la gente sin papeles, que malvive en asentamientos chabolistas a los cuales se les vende el empadronamiento y es el perfil más vulnerable debido a las leyes de extranjería”.

Para las jornaleras, la lucha tiene que ser antirracista y desde ese punto de vista, una de sus prioridades es la regularización del colectivo migrante; también pelear por una sensibilización “que ayude a acabar con los discursos del odio”. El sindicalismo que proponen tiene un objetivo integral, no solo laboral: “Es que además está el hecho de la zona donde vivimos, que es una zona de sacrificio donde tenemos de todo: desde la contaminación por fosfoyesos, fertilizantes, pesticidas, etc… que lleva décadas vertiendo Fertiberia en una ría totalmente contaminada; tenemos el Polo Químico y la refinería de crudo, y justo al lado, los invernaderos”.

Ana nos va desgranando el sistema de monocultivo intensivo del que forma parte el agronegocio en Huelva: “Explotación de la tierra al máximo, producción basada en agroquímicos, en la explotación de las personas, agotamiento del agua… La problemática ambiental que tenemos es enorme. Por eso nuestra lucha es transversal, no entendemos el sindicalismo de otra manera. Es lucha por nuestra vida y la de los pueblos, que la gente pueda quedarse; y que tengamos agua cuando abrimos el grifo”.

El relato de la situación laboral en la zona parece sacado de épocas pretéritas: “En muchos casos te prohíben hasta hablar con compañeros… O lo que me comentaba el otro día una compañera, que por ponerte unos cascos con música le han castigado tres días de empleo y sueldo. Y luego, la lista de productividad, te llaman la atención si no has hecho tanto como otras, te castigan de empleo y sueldo. Te dicen que si no te espabilas te echan. Todo el día corriendo, todo el día gritando, que no te rías o no hables, que no muevas las manos. Tremendo. Y con la gente contratada en origen ya ni te cuento. Estamos hablando con compañeras a las que no se les ha llevado al médico, vulnerando derechos sanitarios; personas que están firmando despidos, que no saben siquiera que son despidos, porque, aunque la ley obligue, no suelen ponerlo en su idioma”.

Y otra vez, las agresiones sexuales: “Bueno, es el patriarcado y el sistema machista. Hay compañeras que están viviendo en los mismos lugares donde trabajan, o sea, fincas alejadas de los pueblos, a veces hasta 15 kilómetros. A menudo sin cobertura de teléfono y sin vehículo. Y si quieren acercarse al pueblo tienen que ir andando. Y claro, toda esa exposición, toda esta vulnerabilidad… Encima, cuando denuncias, te encuentras con que la justicia sigue siendo igual de machista, igual de patriarcal. Y te dicen que las mujeres están denunciando porque se quieren quedar aquí y tener papeles. Si encima no tienes testigos, algo fundamental para demostrar una causa judicial, pues imagínate”.

De momento ya existe una denuncia judicial por parte de algunas temporeras marroquíes contra un encargado de una explotación en Moguer y otra ante la Audiencia Nacional de otras diez temporeras a la empresa Doñana 98por explotación laboral, acoso y agresiones sexuales.

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Apenas quedan horas para aprobar la que se ha llamado Ley Integral de Impulso a la Economía Social y, sinceramente, lo celebro porque es una buena noticia. No todos los días se consigue una norma que afecta a un modelo que genera más del 11% del PIB, agrupa a miles de empresas y sostiene millones de empleos en nuestro país. También es positivo algo poco habitual, que se ha visto durante el desarrollo del Proyecto legislativo: un reconocimiento unánime por parte de los grupos políticos al papel que juega la Economía Social. Hasta ahí, muy a favor.

Ahora bien, también conviene decir las cosas claras. Dentro de la Economía Social no somos todos iguales. Compartimos principios, sí, pero nuestras realidades y necesidades son distintas. Y cuando se intenta meter todo en una única ley, el riesgo es evidente: que al final tengamos una norma demasiado general, demasiado de mínimos, que no responda de verdad a lo que necesitamos.

En el caso de las cooperativas, este riesgo es aún mayor. La idea de unificar tres leyes en una nos afecta directamente, y lo cierto es que muchos de los avances que llevamos años reclamando se pueden quedar fuera el próximo 26 de marzo en el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de temas tan importantes como la fiscalidad, la regulación de las horas de trabajo por cuenta ajena vinculadas a los socios y socias, el fondo de reserva obligatorio destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa o la recuperación de empresas a través del modelo cooperativo. No son detalles técnicos, son cuestiones que marcan el día a día y el futuro de nuestras cooperativas.

Durante todo este proceso hemos hecho un esfuerzo importante por llegar a acuerdos. Hemos cedido, dialogado e intentado construir una ley que represente a todo el sector. Pero ese esfuerzo tiene que verse reflejado en el resultado final. No se trata solo de aprobar una ley, sino de que esa ley realmente impulse y transforme.

También compartimos la idea de que sería deseable que esta ley salga adelante con el mayor consenso posible, como ocurrió en 2011. Pero el consenso no puede ser a costa de rebajar el contenido. No podemos conformarnos con una ley correcta si podemos tener una ley realmente útil.

Por eso, de cara a la votación final en el Congreso, hacemos un llamamiento claro a todos los grupos políticos: estamos a tiempo de mejorar el texto. De incorporar las enmiendas que el sector lleva tiempo defendiendo. De escuchar de verdad a las cooperativas.

La Economía Social ha demostrado que funciona, que aporta estabilidad y que genera oportunidades. Ahora le toca a la ley estar a la altura. El 26 de marzo no debería ser solo el cierre de un trámite. Debería ser el comienzo de algo más ambicioso.

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«Es imposible separar el presente democrático del pasado autoritario». Esta es la premisa del análisis que Andrés Villena Oliver, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y doctor en Sociología, hace en su libro Las élites que dominan España: una historia alternativa desde 1939. Al frente del poder económico y, en paralelo, en la administración pública se repiten algunos apellidos desde los albores del franquismo hasta hoy. Era algo más o menos intuido, más o menos conocido, pero verlos desfilar, negro sobre blanco, a lo largo de las páginas de Villena aún provoca urticaria en determinados sectores de la sociedad española.

En principio, este libro iba a ser publicado por Ariel, un sello del Grupo Planeta. Incluso ya tenía portada, pero en el último momento, poco antes de que la imprenta se pusiera a girar, alguien decidió eliminarlo del calendario de publicaciones y del catálogo de Planeta. La razón oficial: no encajaba con la línea actual de la editorial. Por suerte, Libros del K.O. salió al rescate y evitó que la investigación de Villena se quedara en un cajón.

Veamos con un ejemplo práctico, tomando casi al azar un solo nombre de los muchos que aparecen en su estudio, qué es lo que ha podido molestar. «Antonio Garrigues Díaz-Cañabate se casó con la hija del presidente de la ITT, que es la empresa que está en el capital original de Telefónica», explica el autor en la presentación del libro en Madrid, en la librería Grant. Ese primer Garrigues fue embajador en Estados Unidos, procurador en Cortes, ministro de Justicia, presidente de la Citroën en España, de la Cadena SER y de otras muchas empresas, además de fundar uno de los despachos de abogados más importantes del país. Su hijo Joaquín Garrigues Walker, también abogado, fue ministro con la UCD y presidente de la Liga Financiera (una empresa constructora de autopistas). Otro hijo, Antonio, además de estar al frente de decenas de fundaciones, creó el Partido Demócrata Liberal, que estuvo en la génesis, junto a Florentino Pérez, de la Operación Roca, una apuesta centrista con Miquel Roca (CiU) a la cabeza que acabó en fracaso. El bufete familiar, a lo largo de los años, ha estado en permanente contacto con el poder político, también en la actualidad, con el gobierno de Pedro Sánchez. Pero, en realidad, no se trata sólo de familias, es algo más complicado.

«Aunque la gente muera, el apellido persiste –señala Villena– porque el apellido no deja de ser una institución. Que Ana Botín sea la nieta del fundador del Santander y que cuatro Botín se hayan sucedido al frente del banco no es solo endogamia familiar, es que las instituciones pesan más que las personas». Y las instituciones caen o se reforman o se crean otras nuevas, pero el modelo permanece.

En su libro, el economista se centra en esas sagas y en determinadas esferas de poder en las que el mundo empresarial se mezcla con el alto funcionariado del Estado hasta el punto de que, tras décadas y décadas de cohabitación, llegan a confundirse. No se trata sólo de las conocidas «puertas giratorias» –que también–, sino de un fenómeno más sutil y constante.

«Cuando los políticos llegan al gobierno, en especial los más reformistas, intentan cambiar esas dinámicas, intentan crear cuerpos administrativos nuevos, pero no consiguen modificar el statu quo impuesto por las viejas élites. El político que más cuerpos nuevos creó, entre ellos el de economistas del Estado, fue Laureano López Rodó, pero no pudo cambiar los modos de aquellas tribus de altos funcionarios, que tienen un punto de vista que tiende a ser conservador, no en el sentido ideológico sino práctico», ilustra Villena. Esto, a su juicio, no es un inconveniente excesivamente grave. ¿Por qué? Porque, en momentos de zozobra política, este funcionariado es garante de estabilidad y permite que el Estado eluda el caos y siga funcionando.

Estos altos funcionarios se agrupan en clanes, en gremios, en partidos aparentemente enfrentados, sea PP o PSOE, pero se sientan a la misma mesa desde hace 80 años. «Cuando el PP está en el poder, en la órbita del gobierno abundan los abogados del Estado. Cuando lo hace el PSOE, hay más diplomáticos, jueces y fiscales», explica el autor, que ve lógico que los políticos se rodeen de este tipo de perfiles. Después de todo, son los que más saben. Villena cuenta una anécdota para esclarecer este punto: «Había un diputado de Podemos, en sus años buenos, 2015 y 2016, que se lamentaba a micro cerrado: “No podemos con ellos, no podemos con ellos… Tendríamos que estudiar 12 horas al día para enfrentarnos a ellos. Cuando hacemos una propuesta, siempre sale un tío, probablemente asesorado por abogados del Estado, que nos dice que eso no se puede hacer porque contradice una ley o un precepto o se sale del presupuesto”. Esto, en el fondo, es bueno. Hay reglas, hay leyes, hay una Constitución, y esa es la mejor vacuna contra la tiranía».

Pero en esta eficiencia tecnocrática hay un peligro para las democracias (o para los «sistemas parlamentarios burgueses», como Villena prefiere llamarlas): «Hay determinadas personas jóvenes, no socializadas en el periodo de la Transición, que pueden acabar diciendo: yo la legitimidad se la otorgo a un gobierno de expertos y científicos que, ante las múltiples amenazas climáticas, tecnológicas y militares, sea capaz de tomar las decisiones adecuadas. Este es el mismo discurso del jefe de BlackRock, el fondo de inversión que posee el 5% de todas las empresas del mundo que cotizan en bolsa, y que dijo que lo que necesitamos es un líder… no dijo con dos cojones, pero ese era el sentido».

Esta inclinación es, por cierto, muy española. No en vano aquí acuñamos el concepto de «cirujano de hierro», un gran cerebro reformista capaz de cambiar el rumbo del país en momentos difíciles. Ocurrió en 1959 (cuando el Opus Dei le gana el pulso a Falange y España se abre a la inversión extranjera), en 1977 (con los Pactos de la Moncloa), en 1982 (con la victoria del PSOE), en 1996 (con la del PP), en 2010 (con la crisis económica)… En todas estas ocasiones, las élites (empresariales, políticas, administrativas) fueron capaces de sacar adelante sus planes doblegando cualquier oposición, frecuentemente materializada en forma de lucha sindical. Adoptó los nombres de «Plan de Estabilización» o de «reconversión industrial» o de «políticas de austeridad», pero los protagonistas y las maneras siempre fueron las mismas. Villena se propuso estudiar «cómo se organizan estas minorías para acceder al poder y permanecer en él».

El estudio de las élites es un tema que «no interesa a las revistas académicas, porque les parece que es un método de extracción de datos muy subjetivo, porque es muy difícil acceder a las fuentes primarias», explica el autor. «Este tipo de estudios concita rechazo, porque parece que quien se ocupa de ellos está intentando destapar algo, pero se trata simplemente de objetivar un conjunto de posiciones que son ventajosas, y que como son ventajosas tienden a mantenerse en el tiempo», dice Villena para defender el carácter factual, incluso aséptico, de su libro. «Parece que estoy haciendo propaganda contra mí mismo, pero yo en mi estudio no hago ningún descubrimiento. Lo que hago es una recopilación de hechos ya publicados, fragmentarios y muchas veces ignorados que, unidos y con contexto, cobran sentido como una nueva teoría para analizar lo que ha pasado desde 1939 hasta ahora».

«Cuando tú ves que uno de los mandatarios de Planeta es el número 2 de la Fundación Quirón Salud, te das cuenta de que ahí hay una articulación de las élites que va más allá del resultado económico», dice Villena para denunciar una «censura latente» que está presente en todos los grandes grupos de comunicación. «Si yo hablo mal de Quirón en un libro que va a ser publicado por una editorial que tiene fuertes relaciones con el grupo Quirón, pues ese libro no sale».

Aquel rechazo le provocó una «gran ansiedad», pero también «un cierto orgullo», confiesa. «Si no te despiden de un medio de comunicación o no te censuran, yo creo que hay algo que no estás haciendo bien. Eso es que te estás convirtiendo en sumiso».

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