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AnteayerEcologistas en Acción

Involución total y desprotección ambiental en Andalucía

✇ Ecologistas en Acción
5 Julio 2026 at 11:11
Por: Sanlúcar

  • Ecologistas en Acción de Andalucía considera que el pacto PP-VOX consolida la desregulación ambiental, el debilitamiento de los servicios públicos y la criminalización del movimiento social, y llama a construir una amplia respuesta ciudadana.

En Andalucía seguimos la senda de Extremadura, Castilla y León y  Aragón. El PP asume e incorpora las tesis xenófobas de Vox, camuflando la “prioridad nacional” bajo el “arraigo”.

Con este pacto de 60 páginas y 150 medidas, aparecidas para la ciudadanía de un día para otro, se consagra la subordinación de los recursos públicos a los intereses privados, la privatización de la gestión ambiental y la falta de planificación democrática.

Vivimos una crisis ecológica cuya solución ya no admite más demoras, pero este pacto trae, en algunos casos, propuestas que suponen una renuncia vergonzosa de lo que eran principios para el PP, y en otros representan una vuelta de tuerca aún más reaccionaria sobre las políticas antisociales y antiecológicas que venía practicando el gobierno derechista andaluz.

Particularmente preocupantes son los propósitos de este lamentable acuerdo de desregular todo lo inimaginable, dedicando toda una Consejería, en manos de Vox, no a gobernar o legislar, como corresponde a todo gobierno, sino a anular leyes que ordenan la convivencia; deshacer y no crear. Se pretende suprimir cautelas, ayudas y oportunidades generales, para que la ley imperante solo sea la del más fuerte.

La “simplificación” para todo tipo de proyectos e iniciativas empresariales sigue el camino de las letales y recién aprobadas leyes de Gestión Ambiental y de Montes, donde la Administración externaliza las tareas de control al interés privado y permite ceder la explotación de fincas y montes públicos al capital privado.

Incoherencias en este acuerdo las hay a puñados, pero particularmente contradictorio es asegurar que se pretende reducir la presión fiscal a los andaluces al mismo tiempo que se afirma la pretensión de incrementar las partidas de sanidad, educación y dependencia. ¿De dónde piensan que salen esas partidas para los servicios públicos?, ¿Cómo mienten tan tranquilamente? Una de estas “curiosidades” es la propuesta en educación de que se enseñe la historia del terrorismo… ¿todos?, ¿desde cuándo?

En compromisos (o más bien en su ausencia) climáticos, pasamos de un nihilismo paralizante, el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que se ha limitado a meras medidas de “compensación” de emisiones, a un negacionismo con todas las señas de identidad de Vox y su anatema de “fanatismo climático”; lo que va mal, es susceptible de empeorar.

La Agenda 2030 y el Pacto Verde, dos iniciativas comunitarias de largo alcance aunque de nimios resultados, se consideran una bestia negra a suprimir. El campo se “blinda” frente a los “aspectos negativos” de la Agenda 2030 y el Pacto Verde, con rechazo formal al acuerdo UE-Mercosur y a la reforma de la PAC 2028-2034. Se suprimen las cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde, se revisan las zonas ZEPA y LIC, se exigen al Estado las presas de Alcolea, Gibralmedina, Rules y Siles y se defiende la ganadería intensiva frente a la “criminalización animalista”.

A dos serios problemas de nuestra comunidad, como son las inundaciones y los incendios forestales, se dan soluciones simples e ignorantes, en plan cuñadismo, como “limpiar” ríos y “limpiar” bosques, cuando se trata de efectos de causas mucho más complejas e universales.

Otras defensas sin matices en este pacto son igualmente de vergüenza, como las de la:

  • tauromaquia, cuya defensa, junto a la caza como atractivo turístico es patético, y les puede salir mal transmitiendo una imagen atávica y cruel con los seres vivos.
  • la caza como gestora del medio natural, una ignorancia irresponsable.
  • la ganadería intensiva y la pesca de arrastre, actividades que a corto y medio plazo supondrán problemas graves a nuestros recursos.
  • Permitir sin control los fitosanitarios, seguir con la dependencia de fertilizantes y combustibles, en vez de apostar por un modelo agroecológico que reduzca dependencias externas y produzca sano, es otro ejemplo de este sinsentido programático.

Y lo que el pacto entiende por cultura es de traca: más inversión en patrimonio, con un fondo específico para iglesias, conventos y monasterios, además de las ya indicadas en toros y caza: en definitiva, prioridad para la Iglesia, la tauromaquia y caza.

La fiscalidad ambiental, una poderosa herramienta de sostenibilidad, se suprime: desaparecerían los impuestos a las bolsas de plástico, a las emisiones de gases y a los vertidos a aguas litorales: toda una contrarreforma antiecológica.

Las organizaciones sociales son consideradas, no como unos agentes necesarios para el cambio social, sino como un enemigo a abatir: se suprimen todas las subvenciones a ONG que no concuerden con los postulados reaccionarios del acuerdo y la “prioridad nacional”.

Es tal la acumulación de amenazas y peligros que contiene este infausto acuerdo de gobierno, que la respuesta de las organizaciones sociales debe ser contundente y unida. Necesitamos una fuerte movilización, que consiga aunar esfuerzos en defensa de los servicios públicos que se nos quieren arrebatar y asegure la protección ambiental y el compromiso climático.

La acción de gobierno que requiere Andalucía debe hacerse con inclusión, participación real y justicia social; necesitamos hacer frente a esta desposesión y a este retroceso que se nos viene encima.

Frente a esas 150 medidas del pacto, Ecologistas en Acción defiende las 150 medidas plasmadas en el documento que elaboraron cara a las recientes elecciones.

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Los planes de la Comisión Europea para su programa Legislar Mejor privilegia los intereses empresariales

✇ Ecologistas en Acción
2 Julio 2026 at 16:29
Por: Ecologistas en Acción

Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y entidades de defensa del interés público han instado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al Colegio de Comisarios a reconsiderar los cambios propuestos en el programa Legislar Mejor (Better Regulation) de la UE, advirtiendo que podrían socavar la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas.

En una carta abierta, las 58 organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, sostienen que existen elementos clave de la nueva comunicación de la Comisión que que favorecerían a las grandes empresas frente al interés público y crearían una jerarquía entre los distintos grupos de interés. La comunicación, que lleva el nombre de “Un cuerpo normativo de la UE más simple, más claro y mejor aplicado” (A Simpler, Clearer, and Better Enforced EU Rulebook), forma parte del programa Legislar Mejor, que también incluye planes ambiciosos de desregulación para doce áreas políticas diferentes.

Las organizaciones advierten de que todo ello consolidaría un desequilibrio estructural a favor de un reducido grupo de sectores industriales, al tiempo que debilitaría las salvaguardas que garantizan una elaboración de políticas basada en pruebas y una participación pública significativa.

La organización ecologista advierte de que la comunicación, publicada a finales de abril, es un intento de legitimar los procedimientos de urgencia de la Comisión Europea y sus métodos de consulta deficientes, utilizados para impulsar iniciativas de desregulación a gran velocidad.

En su carta, las organizaciones firmantes señalan cuatro elementos que consideran especialmente preocupantes de la comunicación:

1. Nuevos procedimientos de urgencia que podrían eludir las evaluaciones de impacto y los procesos de consulta, a pesar de que la Defensora del Pueblo europea ha constatado recientemente casos de mala administración en el uso de dichos procedimientos.

2. Formatos de consulta selectivos que otorgan un trato preferente a determinados intereses empresariales.

3. Medidas contra el denominado gold-plating (la adopción por los Estados miembros de normas más exigentes que las europeas), que podrían impedir a los Estados establecer mayores niveles de protección para el medio ambiente y los derechos de las personas trabajadoras y consumidoras.

4. Normas con una vigencia limitada que podrían eliminar automáticamente salvaguardias en materia de salud pública, protección ambiental y derechos fundamentales.

La carta, además, formula seis recomendaciones, entre ellas la realización de evaluaciones de impacto exhaustivas, la celebración de consultas públicas transparentes y el respeto al derecho de los Estados miembros a adoptar normas de protección más elevadas.

Según Ecologistas en Acción, “los planes de la Comisión sobre la mejora de la legislación buscan consolidar y perpetuar su toma de decisiones antidemocrática sobre los paquetes ómnibus. En lugar de frenar sus métodos, duramente criticados, para imponer su agenda de recortes de derechos sociales, laborales y ambientales, la UE pretende facilitar aún más esta práctica”.

La organización ecologista denuncia que el enfoque de la Comisión refleja las estrategias del Ministerio de Desregulación del Gobierno de Milei: desorientar a la oposición desregulando simultáneamente numerosas disposiciones y sectores.

Al mismo tiempo, insiste en que los planes que ahora presenta la Comisión empeorarán los niveles de protección de las personas trabajadoras, consumidoras, la naturaleza y muchas otras áreas de actuación política, en beneficio de las grandes corporaciones responsables del colapso socioambiental global.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige al Gobierno de España, al Parlamento Europeo y al Congreso de los Diputados “que impidan este golpe que podría acabar con la obligación de llevar a cabo consultas amplias, sustituyéndolas por intercambios centrados exclusivamente en los grupos de presión empresariales”.

 

Carta abierta

Un retroceso en la política de «Legislar Mejor», no un avance

Estimada presidenta von der Leyen, estimados miembros del Colegio de Comisarios:

Nos dirigimos a ustedes para expresar la preocupación de la sociedad civil por las propuestas de modificación de las actuales Directrices sobre Legislar Mejor, así como por otras iniciativas recogidas en su Comunicación titulada «Un cuerpo normativo de la UE más simple, más claro y mejor aplicado».

Las organizaciones abajo firmantes consideramos que la Comisión está adoptando medidas que resultan inaceptables desde una perspectiva democrática, que no son coherentes con la estrategia de la UE para la sociedad civil y que establecen una jerarquía entre los distintos grupos de interés, al otorgar ventajas a las empresas en detrimento del interés público y de la economía en su conjunto.

Varias de las reformas propuestas corren el riesgo de socavar la elaboración de políticas basada en pruebas, la transparencia y la rendición de cuentas, al reforzar un desequilibrio estructural en favor de un reducido grupo de intereses industriales. Por ello, consideramos que es necesario reconsiderar elementos importantes de la Comunicación. Estas preocupaciones se ven reforzadas por las recientes conclusiones de la Defensora del Pueblo Europeo, que constató casos de mala administración en el uso de los procedimientos de urgencia. En lugar de corregir esos problemas, la Comisión responde debilitando las mismas normas para poder seguir recurriendo a dichos procedimientos al amparo de unas directrices menos exigentes.

Las organizaciones firmantes están especialmente preocupadas por los siguientes aspectos:

1. Procedimientos de urgencia y evaluaciones de impacto

En la Comunicación, la Comisión se compromete a realizar un mayor número de evaluaciones de impacto, pero al mismo tiempo reduce su calidad y relevancia al limitarlas mediante una «matriz de impactos clave» centrada en los costes para las empresas.

Para responder a las conclusiones de la Defensora del Pueblo Europeo, la Comisión intenta definir las circunstancias en las que la «urgencia» permitiría excepciones al procedimiento ordinario, pero sin ofrecer garantías suficientes. En primer lugar, el concepto de «urgencia» se define de manera excesivamente amplia, incluyendo una vaga referencia al «contexto político», lo que impide cualquier certeza o previsibilidad. En segundo lugar, la Comisión crea dos niveles de procedimientos de urgencia: uno con evaluaciones de impacto y consultas limitadas, y otro, reservado a casos de «urgencia particular», que prescinde completamente tanto de las evaluaciones de impacto como de las consultas. Cualquier excepción a los procedimientos ordinarios debería estar estrictamente delimitada, objetivamente justificada y sometida a un control independiente.

En la misma línea, consideramos profundamente preocupante que la Comisión sugiera que el Parlamento Europeo introduzca evaluaciones de impacto sobre las «enmiendas sustanciales» utilizando el denominado modelo estándar de costes (standard cost model). Esta metodología está desfasada y presenta graves deficiencias, ya que no tiene en cuenta el coste real de una propuesta legislativa ni el coste de la inacción para el conjunto de la sociedad, incluidos los impactos ambientales y sociales, de los que depende la propia economía. La economía no existe en el vacío y no puede evaluarse como si así fuera.

La Comisión está allanando el camino hacia una vía rápida y simplificada para la «simplificación» de la legislación europea. Las decisiones políticas relativas a los derechos laborales y sociales, la protección del medio ambiente, la protección de los consumidores, los derechos digitales, la salud pública o los derechos fundamentales no deben quedar subordinadas a análisis simplificados de coste-beneficio.

2. Consultas y participación de las partes interesadas

Nos preocupa la creciente dependencia de la Comisión de los formatos de «consultas específicas». En la práctica, esto suele significar que se dejan de lado otras perspectivas distintas de las de determinados grupos empresariales seleccionados. Uno de los ejemplos más recientes es el nuevo instrumento denominado Reality Checks, en el que, por regla general, únicamente se invita a participar a empresas y en el que, además, brilla por su ausencia cualquier tipo de transparencia. Como consecuencia, al preparar sus propuestas legislativas, la Comisión corre el riesgo de generar importantes puntos ciegos y graves injusticias.

Consideramos que este enfoque vulnera los Tratados de la Unión Europea, así como las normas y principios establecidos en materia de consultas públicas.

3. Normas nacionales que superan los requisitos mínimos de la UE

Nos preocupa especialmente el enfoque cada vez más negativo respecto al denominado «gold-plating», un término acuñado por determinados intereses empresariales para presionar a la Comisión con el fin de limitar la capacidad de los Estados miembros para adoptar medidas más estrictas que las acordadas a escala europea.

En sí mismo, no hay nada reprochable en el «gold-plating». La adopción de medidas nacionales más ambiciosas es plenamente legítima cuando su finalidad es elevar los niveles de protección, y los parlamentos nacionales tienen pleno derecho a hacerlo. Además, ello puede contribuir positivamente a elevar posteriormente el nivel de protección en toda la Unión Europea, ya que la legislación suele influir en la evolución de la cultura jurídica y de las prácticas políticas.

Por ello, condenamos el enfoque unilateral con el que se presenta el «gold-plating» y las medidas que la Comisión propone adoptar. La propuesta de la Comisión sugiere que deberían emprenderse actuaciones a escala europea incluso cuando las medidas nacionales no sean contrarias al Derecho de la Unión. Está previsto que esto ocurra, entre otros ámbitos, en el contexto del Semestre Europeo.

En materia de política social, legislación laboral y condiciones de trabajo, los Estados miembros aplican con frecuencia normas más ambiciosas y deben seguir pudiendo hacerlo, de conformidad con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Del mismo modo, en materia de política ambiental, el artículo 192 del TFUE prevé expresamente la posibilidad de que los Estados miembros adopten medidas de protección más estrictas.

4. Limitaciones temporales de las políticas públicas

La Comunicación contiene varios elementos cuyo alcance aún no está claramente definido, pero que tememos puedan utilizarse de forma perjudicial.

Entre ellos figura la intención de introducir un mayor número de cláusulas de derechos adquiridos (grandfathering clauses), que podrían utilizarse para retrasar la aplicación de normas esenciales destinadas a proteger el medio ambiente o la salud pública.

Aún más problemáticas son las denominadas cláusulas de caducidad (sunset clauses). Con este tipo de disposiciones, deja de ser necesario justificar la derogación de una norma protectora y pasa a ser necesario justificar su mantenimiento. Se invierte así la carga política de la prueba. Regulaciones esenciales podrían quedar automáticamente derogadas si no se alcanzara a tiempo un acuerdo sobre el correspondiente proyecto legislativo.

El camino a seguir

En términos generales, la Comisión está impulsando un conjunto de supuestas reformas orientadas a promover una visión cada vez más limitada y cortoplacista de la toma de decisiones. Se trata de marginar, dentro de los procedimientos de elaboración normativa, todos aquellos intereses distintos de los empresariales. Al reducir el escrutinio, debilitar la participación y priorizar un conjunto muy limitado de indicadores económicos, estas reformas corren el riesgo de invisibilizar sus repercusiones sobre la sostenibilidad ambiental, la cohesión social, la salud pública, los derechos de los consumidores, los derechos de las personas trabajadoras y los derechos fundamentales.

Esto representa exactamente lo contrario de lo que debería significar una política de Legislar Mejor.

Debe ponerse fin al despilfarro de recursos públicos en beneficio de intereses particulares.

Por ello, exigimos:

  • Poner fin al incumplimiento de los Tratados de la UE. Las disposiciones de los Tratados que exigen integrar, entre otros, los objetivos de protección ambiental y los intereses de las personas trabajadoras y consumidoras deben reflejarse plenamente en las Directrices sobre Legislar Mejor (artículos 3, 11 y 153 del TFUE).
  • Alinear la política de Legislar Mejor con los diez principios rectores para el diálogo con la sociedad civil recogidos en la Estrategia de la UE para la Sociedad Civil.
  • Situar la transparencia como prioridad. Todas las consultas deben ser públicas, abiertas y transparentes.
  • Garantizar un diálogo civil estructurado y una participación significativa del mundo académico, la sociedad civil y los sindicatos en los grupos consultivos. Ha llegado el momento de poner fin al predominio de los grupos de expertos dominados por intereses empresariales.
  • Realizar evaluaciones rigurosas de los impactos de la nueva legislación, teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes. Los análisis simplificados de coste-beneficio ofrecen a los responsables políticos una imagen sesgada y engañosa.
  • Poner fin a los ataques unilaterales contra el denominado «gold-plating». Lo que está en juego son estándares fundamentales de protección en ámbitos como el Derecho laboral y la protección de las personas trabajadoras, los derechos de los consumidores y la legislación ambiental.

Instamos a la Comisión Europea a tener en cuenta estas preocupaciones al revisar las directrices y herramientas sobre Legislar Mejor.

Quedamos a su disposición para colaborar y contribuir a este proceso.

Atentamente,

ActionAid France

ACV-CSC (Belgium)

Alternatif Bilisim (Turkey)

Animal Advocacy & Food Transition (EU)

Arnika (Czech Republic)

Association For Promotion Sustainable (India)

ATTAC Austria

ATTAC España

ATTAC France

Austrian Federal Chamber of Labour

BirdLife Europe and Central Asia

CEE Bankwatch Network (Central and Eastern Europe)

CHEM Trust (Europe)

Child Rights International Network (Belgium, UK and international)

Climate Action Network (CAN)

Europe CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung (Germany)

Corporate Europe Observatory (Europe)

Defend Democracy (EU)

Die Bürokratiemonster(Germany)

Digitalcourage (Germany)

Ecologistas en Acción (Spain)

Electronic Frontier Norway (Norway)

epicenter.works (Austria)

European Anti-Poverty Network (Belgium/Europe)

European Civic Forum (EU)

European Digital Rights (EDRi) (Europe)

European Environmental Bureau (EU)

European Grandparents for Climate (Austria)

European Network Against Arms Trade (Europe)

European Public Services Unions (EPSU, Europe)

European Transport Safety Council (ETSC, Belgium)

Fairwatch (Italy)

Fern (EU)

FNV (The Netherlands)

foodwatch international (Belgium)

France Nature Environnement (France)

Friends of the Earth Europe (Europe)

Générations Futures (France)

GLOBAL 2000 (Austria)

Grandparents for Future (Austria)

Greenpeace EU Unit (BE/EU)

GYBN Austria – Austrian Youth Biodiversity Network (Austria)

Human Development Research Initiative (HDRI) (France)

Irish Coalition for Business and Human Rights (Ireland)

JESC – Jesuit European Social Centre (Belgium)

LobbyControl (Germany)

Kettensäge stoppen! (Austria)

Notre Affaire à Tous (France)

Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural (Portugal)

PowerShift e.V. (Germany)

ReCommon (Italy)

REZERO (Spain)

Rise For Climate Belgium (Belgium)

The Good Lobby (Europe)

Transparency International EU (EU)

Trócaire (Ireland)

WSM – We Social Movements (Belgium)

WWF European Policy Office (Belgium/EU)

ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System (Portugal)

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