Los peruanos acuden este domingo a las urnas en una segunda vuelta electoral que enfrenta a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y al candidato opositor Roberto Sánchez. La extrema paridad entre ambos aspirantes hace improbable que se conozca al ganador la misma noche de los comicios, según analistas peruanos. El país busca salir de una crisis de inestabilidad política recurrente que ha llevado a múltiples presidentes en pocos años.

Un escenario de alta incertidumbre

El denominado «voto anti» será clave para determinar el resultado, señalaron los expertos. En un contexto de profunda fragmentación política, ambos candidatos concentran altos niveles de rechazo, lo que podría alargar el recuento y mantener la incertidumbre durante días. «El ganador podría no conocerse el mismo 7 de junio y la incertidumbre continuará», advirtieron los analistas.

Perú arrastra una crisis de gobernabilidad desde hace varios años: entre 2016 y 2026 ha tenido más de seis presidentes, varios de ellos destituidos o forzados a renunciar por escándalos de corrupción o conflictos con el Congreso. La elección de este domingo se presenta como un intento de estabilizar el país, pero el resultado ajustado anticipa un nuevo período de tensiones políticas y sociales.

Implicaciones geopolíticas

La elección tiene también un fuerte componente geopolítico. Perú es un importante productor de minerales como cobre, oro y zinc, y tanto Estados Unidos como China compiten por su influencia en la región. La relación con Pekín, principal socio comercial del país andino, se perfila como un tema central en la agenda del próximo mandatario. La comunidad internacional observa con atención el desenlace de unos comicios que podrían redefinir el equilibrio de poder en América Latina.

Perú celebra este 7 de junio la segunda vuelta electoral entre la candidata de derecha Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en unos comicios que tendrán lugar en medio de una profunda crisis política, una creciente inseguridad y un masivo descontento ciudadano. El país elegirá así a su noveno presidente en diez años, un récord que refleja la inestabilidad crónica de sus instituciones.

La convocatoria electoral se produce en un contexto de erosión acelerada de la confianza pública, con la ciudadanía expresando su hartazgo ante la corrupción, la falta de resultados económicos y la oleada de violencia que azota diversas regiones del país. Los sondeos previos a la cita con las urnas señalaban un empate técnico entre ambos aspirantes, lo que añade incertidumbre al resultado final.

Una crisis de representación sin precedentes

Desde 2016, Perú ha visto pasar por la presidencia a ocho mandatarios distintos, varios de ellos envueltos en procesos judiciales o destituidos por el Congreso. La fragmentación del sistema de partidos, la debilidad del Ejecutivo frente al Legislativo y la judicialización de la política han generado un escenario de parálisis gubernamental que ninguna administración ha logrado revertir.

En este clima de desencanto, la campaña electoral ha estado marcada por los discursos polarizados: Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, apela a la mano dura contra la delincuencia y promete recuperar el orden, mientras que Sánchez, exministro de Pedro Castillo, defiende un programa de reformas sociales y lucha contra la desigualdad. Ninguno de los dos logra superar el rechazo mayoritario que genera entre una población hastiada, según los analistas locales.

El resultado de las urnas definirá no solo el rumbo inmediato del país, sino también su capacidad para afrontar los desafíos de seguridad pública y reactivación económica que aquejan a los 34 millones de peruanos. La comunidad internacional observa con atención el desenlace de una jornada que podría reconfigurar el mapa político de una de las economías más dinámicas de la región.

A menos de 48 horas del balotaje presidencial en Perú, la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez cerraron sus campañas este sábado en Lima con un último esfuerzo por captar a los indecisos y a quienes promueven el voto nulo. Ambos compiten en una segunda vuelta que llega tras una turbulenta primera ronda, marcada por retrasos en la votación y el conteo.

Llamados a la unidad y a la democracia

Fujimori, del partido Fuerza Popular, hizo un llamamiento a los electores en su acto de cierre: pidió por la unidad del Perú y solicitó a los indecisos votar más allá de las diferencias. Por su parte, Sánchez, candidato del partido Juntos por el Perú, aseguró que, en un eventual gobierno suyo, luchará por recuperar la democracia, según informaron medios locales.

La definición entre derecha e izquierda en la segunda economía más grande de la región andina tendrá un impacto en la política regional. Perú, una potencia media con vínculos históricos con España, se enfrenta a un escenario de polarización que recuerda a balotajes anteriores, donde el voto nulo y la abstención jugaron un papel relevante.

Indecisos, clave en el resultado

Las encuestas previas al balotaje mostraban un empate técnico entre ambos candidatos, con un porcentaje significativo de electores aún sin decidir o que optarían por el voto nulo. Ambos aspirantes centraron sus discursos de cierre en esa franja del electorado. Sánchez cerró su campaña en un mitin en el distrito de San Juan de Lurigancho, mientras que Fujimori lo hizo en el centro de Lima, según reportaron medios locales.

El balotaje del 6 de junio de 2026 definirá el rumbo del país para los próximos cinco años, en un contexto de crisis política recurrente y desafíos económicos. La jornada electoral se desarrollará bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que ha dispuesto medidas para agilizar el conteo tras los incidentes de la primera vuelta.

La inseguridad se ha convertido en el tema central del balotaje presidencial peruano, que enfrentará el próximo domingo a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez. Con más de 2.000 homicidios registrados en 2025 y un aumento del 30% en las extorsiones, la criminalidad domina la agenda de ambos candidatos, según informes de la prensa internacional.

Perú arrastra desde 2019 un incremento sostenido de robos, extorsiones y homicidios, alimentado por la inestabilidad política que ha dejado un vacío ocupado por el crimen organizado. El Congreso peruano ha aprobado leyes que, según ciudadanos y analistas, favorecen a las bandas criminales.

Un país en vilo ante la violencia

La tasa de homicidios supera ya los 2.000 casos anuales, una cifra que sitúa a Perú entre los países más violentos de la región. Las extorsiones, especialmente dirigidas a pequeños comerciantes y transportistas, han crecido un 30% en el último año, según datos oficiales. La Policía Nacional del Perú ha reconocido que la capacidad de respuesta es insuficiente.

La inseguridad es la preocupación principal de los peruanos de cara al balotaje.

Fujimori propone mano dura, con aumento de penas y despliegue militar en las calles. Sánchez apuesta por una reforma integral de la policía y programas sociales para atacar las raíces del delito. Ambos coinciden en que la lucha contra el crimen organizado será prioritaria.

El próximo presidente recibirá un país con una crisis de seguridad sin precedentes, agravada por la fragmentación política y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. La comunidad internacional, incluyendo España, sigue de cerca el proceso: en Perú residen más de 100.000 españoles y empresas como Telefónica, Repsol o BBVA tienen importantes inversiones.

 

Banda Sinfónica Municipal de Albacete

Jueves 4 de junio, 20:30 h 

Explanada del Colegio San Fernando, Parque Abelardo Sánchez 

 

 

Concierto temporada de verano.

"Tradición en escena" 

La Banda Sinfónica Municipal de Albacete ofrece hoy un extraordinario concierto dentro de su Temporada de Verano 2026, una cita cultural que llenará de música el Parque Abelardo Sánchez durante las celebraciones del Corpus. 

Con un programa concebido como un viaje entre la tradición popular y el gran espectáculo musical. Un recorrido sonoro que une la esencia de nuestra música más cercana con algunas de las páginas más emblemáticas del teatro musical internacional.

Perú se acerca a la segunda vuelta electoral de 2026 sin que ninguno de los dos candidatos, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, cuente con una mayoría sólida de respaldo, en un clima de fuerte desgaste político y ciudadano. El país acumula nueve presidentes en diez años, una rotación que refleja la profunda inestabilidad institucional que arrastra.

El balotaje, previsto para las próximas semanas, se produce en un contexto de fragmentación extrema del electorado. Por primera vez de forma organizada, un sector relevante de la población promueve el voto en blanco o la anulación del sufragio como forma de protesta, según recogen medios locales. Este fenómeno inédito evidencia el cansancio de una ciudadanía que ha visto cómo el Congreso se convertía más en un obstáculo que en un aliado para la gobernabilidad.

La campaña ha estado marcada por los cuestionamientos a ambos candidatos. Roberto Sánchez, que encabeza una opción de centroizquierda, ha tratado de presentarse como la alternativa al continuismo liberal que representa Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y figura polarizadora. Sin embargo, ninguno ha logrado capitalizar el hartazgo popular de forma concluyente.

Los analistas señalan que el ganador se enfrentará a un escenario complejo: un Congreso fragmentado y una economía que arrastra las secuelas de la pandemia y la crisis política. La desconfianza en las instituciones, agravada por los escándalos de corrupción de los últimos años, sitúa a Perú ante lo que podría ser su décimo presidente en una década, sin que se vislumbre un horizonte de estabilidad a corto plazo.

La Fiscalía de Perú mantiene investigaciones judiciales abiertas contra los dos candidatos que se disputan la presidencia del país, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en el marco de una campaña electoral marcada por la polarización. Ambos se enfrentaron este martes en un debate televisado desde Lima, a menos de una semana de la segunda vuelta del 7 de junio de 2026.

Durante el cara a cara, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, los candidatos intercambiaron acusaciones personales y se produjeron insultos mutuos, según constataron los medios locales. Sin embargo, el encuentro también sirvió para exponer las diferencias programáticas entre una candidata que representa a la derecha tradicional, Fujimori, y un líder de la izquierda, Sánchez, que promete un giro estatista.

Las sombras judiciales de la campaña

La Fiscalía peruana investiga a Fujimori por presunto lavado de activos y financiación ilegal de su partido, Fuerza Popular, en el marco del caso Odebrecht. Sánchez, por su parte, está siendo investigado por presunta corrupción en la gestión de obras públicas cuando fue gobernador regional de Junín. Estos procesos han alimentado la tensión durante la contienda.

Implicaciones para las inversiones españolas

El resultado electoral tiene especial relevancia para España, según fuentes diplomáticas consultadas. Perú alberga inversiones españolas por valor de más de 5.000 millones de euros en sectores como telecomunicaciones (Telefónica), banca (BBVA) y energía (Repsol, Iberdrola). Un triunfo de Fujimori, de perfil promercado, daría continuidad a las políticas de apertura económica. Una victoria de Sánchez, en cambio, podría suponer un viraje hacia un modelo más intervencionista y afectar a las condiciones de estas inversiones.

El debate del 2 de junio no logró despejar las dudas sobre el programa de gobierno de los candidatos, pero sí evidenció la profunda división del electorado peruano. La segunda vuelta del 7 de junio se perfila como una de las más reñidas de la historia reciente del país.

Los candidatos presidenciales peruanos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizaron un debate televisado el pasado 1 de junio organizado por la Junta Nacional Electoral (JNE), a menos de un mes de la segunda vuelta electoral. El cara a cara, de tono bronco, se centró en migración, seguridad y corrupción, con ataques mutuos que evidenciaron la profunda división política del país.

El debate, clave para los intereses españoles en Perú —donde empresas de telecomunicaciones, minería y energía mantienen inversiones significativas—, no dejó espacio para la tregua. Cuando los moderadores pidieron a ambos candidatos que mencionaran algo positivo de su oponente, el silencio se prolongó varios segundos en el plató, según constató la organización del evento.

Choque de modelos para la política exterior

Fujimori, líder de la derecha, defendió una línea dura contra la inmigración irregular y prometió mano firme contra la delincuencia, mientras que Sánchez, abanderado de la izquierda, abogó por políticas sociales y un mayor control estatal. Ambos evitaron pronunciarse en detalle sobre la relación con España y la Unión Europea, aunque la comunidad peruana en España —cerca de 250.000 personas— sigue de cerca el resultado.

La segunda vuelta, prevista para junio de 2026, definirá no solo el rumbo interno de Perú, sino también el futuro de los acuerdos comerciales con la UE y la protección de las inversiones españolas. Según fuentes de la JNE, el debate alcanzó una audiencia estimada de ocho millones de espectadores, aunque los datos definitivos se conocerán en los próximos días.

Cuando los moderadores pidieron a los aspirantes a la Presidencia que mencionaran algo positivo de su contrincante, ambos permanecieron en silencio.

El ambiente de confrontación refleja la polarización que vive el país andino, sumido en una crisis de representación tras años de inestabilidad gubernamental. Los analistas locales subrayan que el silencio durante el gesto de cortesía fue interpretado como un símbolo de la falta de diálogo que caracteriza la campaña.

La candidata de derecha Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) protagonizaron este lunes el debate presidencial de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio, según informaron fuentes oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. El cara a cara, que duró cerca de dos horas, abordó temas como la reactivación económica, la lucha contra la corrupción y la política exterior, en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y China, dos de los principales socios comerciales del país andino.

En el bloque económico, Fujimori propuso un plan de choque para atraer inversiones privadas y flexibilizar el mercado laboral, mientras que Sánchez defendió un mayor rol del Estado en sectores estratégicos como la minería y la educación. Ambos candidatos coincidieron en la necesidad de combatir la inseguridad ciudadana, aunque difirieron en los métodos: la derechista apostó por el endurecimiento de penas, y el izquierdista por una reforma policial integral.

La política exterior como eje divergente

En política exterior, Fujimori se inclinó por estrechar lazos con Estados Unidos y mantener una postura crítica frente a regímenes autoritarios, mientras que Sánchez abogó por una diplomacia independiente que equilibre las relaciones con Washington y Pekín. Perú deberá definir su orientación diplomática en medio de la creciente competencia entre las dos potencias, en un escenario donde las inversiones chinas en minería e infraestructura son significativas.

El debate se produce en un clima de polarización, con sondeos que sitúan a ambos candidatos técnicamente empatados. La participación ciudadana, que en primera vuelta rondó el 75%, será clave para desempatar una contienda que definirá el rumbo del país en los próximos cinco años.

 

Pilu

Sábado 16 de mayo, 12:30 h

Parque Abelardo Sánchez

Entrada: libre 

 

 

Albacete Open Stage

Pilu es una joven artista jerezana, afincada en Sevilla, lleva la identidad del sur en su música, sin etiquetas. Su propuesta mezcla canción de autora contemporánea con sonidos modernos y un pulso andaluz que lo impregna todo sin necesidad de llamarse flamenco.

Su primer EP se titula Oxígeno falso.

Estados Unidos de América (EE. UU.) e Israel han vuelto a bombardear Irán y, con ello, se ha desatado una guerra abierta en Asia Occidental. La respuesta defensiva de Irán, atacando la ciudad de Tel Aviv pero también las bases militares y embajadas de EE. UU. en varios países de la zona e, incluso, en Chipre, ha sorprendido a Donald Trump, según sus propias palabras. Los analistas debaten si la apertura de este nuevo frente bélico, de consecuencias imprevisibles, ha sido un error estratégico para EE. UU. o bien se trata de un escenario calculado por Washington. En el Congreso de EE. UU. el debate es, además, si lo que ha iniciado el Gobierno Trump este 28 de febrero puede ser definido como guerra y si el país se encuentra, nuevamente, ante una agresión contra un país extranjero sin el necesario aval del poder legislativo. 

Mientras llegan los poderes de guerra que respaldarían legalmente los ataques del Gobierno estadounidense, el conflicto se expande en Asia Occidental y las acciones y víctimas mortales se multiplican con el paso de los días. Irán ya ha declarado que está preparado para una guerra prolongada; Hizbulá ha entrado a la contienda en Líbano, mientras el Gobierno de ese país permite la entrada de tropas israelíes; en Bahréin, la mayoría chií, gobernada por una monarquía suní, se suma a las protestas contra los ataques a Irán; y las manifestaciones de población musulmana frente a embajadas de EE. UU. se suceden en distintos países asiáticos, como Pakistán. 

Por su parte, la Unión Europea (UE) sigue demostrando su doble rasero moral y su voluntad de profundizar su sometimiento geopolítico a EE. UU. Incapaces de condenar el asesinato de EE. UU. e Israel a casi 200 niñas en una escuela de Minab y a otros cientos de iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei, la UE de Ursula Von der Leyen y Kaja Kallas cierra filas con sus aliados occidentales a la vez condena el derecho a la legítima defensa que ejerce Irán ante este crimen de agresión, amparándose en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. 

En paralelo, Francia, Alemania y el Reino Unido, el bloque conocido como E3, ha dado un paso al frente y, en una declaración conjunta del 1 de marzo, se muestra dispuesto a facilitar “acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones” proponiéndose “colaborar con Estados Unidos y sus aliados en la región en este asunto”. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha abundado en esta idea de cooperación con los aliados, a pesar de condenar el ataque fuera del marco legal de EE. UU. e Israel, y ha puesto nuevamente a disposición de Europa la capacidad de disuasión nuclear de Francia. 

En este contexto de belicismo rampante, emerge en Europa la voz discordante de Pedro Sánchez, quien se ha mostrado contrario a que EE. UU. pueda usar sus bases militares en territorio español para los ataques a Irán, lo que ha provocado una nueva escalada declaratoria de Trump contra el Gobierno español. Más allá de la distancia que puede mediar entre las declaraciones del presidente español y los hechos de la realpolitik, como ha demostrado el caso del comercio de armas con Israel, Pedro Sánchez está usando hábilmente su confrontación con Trump. 

Oponerse a la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán, quienes representan el liderazgo de la ultraderecha mundial y simbolizan la demolición del Derecho Internacional, para construir un perfil antagónico, basado en la defensa del Derecho Internacional y de los derechos humanos, le otorga a Sánchez una gran proyección internacional. Rescatar, además, el lema que en 2003 movilizó al 90% de la población española contra la guerra de Irak, “No a la guerra”, le puede dar réditos electorales en la política interna. 

Nuevos escenarios, viejas excusas

Es inevitable pensar en la guerra de Irak estos días, en la invasión a Afganistán iniciada en 2001 y en el punto de inflexión que supuso la guerra contra el terror global que desató EE. UU. con la excusa de los atentados del 11 de septiembre. Guerras que sentaron las bases de un nuevo momento de unilateralidad fuera de la ley internacional, y sin justificaciones humanitarias, en la política exterior estadounidense. Sin embargo, el punto de inflexión no fue sólo exterior. En el plano doméstico, este nuevo momento conllevó la aprobación de la Ley Patriota, que consagró un estado de excepción de facto al permitir el control masivo en aras de la lucha contra el terrorismo, así como el aumento de los niveles de represión a la disidencia interna. 

Las declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio para justificar la ofensiva del pasado sábado 28 de febrero han ido variando a lo largo de los días. De reconocer abiertamente la búsqueda del cambio de régimen en Irán, se ha pasado a hablar del objetivo de destruir la “amenaza de los misiles balísticos de corto alcance” y de los “activos navales” del país, presionado por Israel (otras fuentes mencionan las presiones de Arabia Saudí). La imposibilidad de dar un argumento convincente que permita justificar un ataque a un país con el que se estaba sentado en la mesa de negociaciones, a punto de obtener un acuerdo sobre el programa nuclear iraní mucho mejor que el firmado por Barak Obama en 2015, es notoria. Parece que EE. UU. y sus aliados querían evitar ese escenario de distensión con Irán. 

De hecho, el pre-emptive attack esgrimido en el primer comunicado de Israel, traducido como “ataque preventivo” en español, fue la misma lógica doctrinal que EE. UU. usó en Afganistán. Pero la falta de originalidad en los paralelismos no acaba ahí. Estos días vuelve a posicionarse la idea de que Irán tendría armas nucleares, a pesar de la supuesta erradicación del programa nuclear iraní anunciada por Donald Trump tras los bombardeos estadounidenses de junio de 2025. Una excusa que recuerda al argumento de las inexistentes armas de destrucción masiva de Saddam Hussein que se usó, junto con el pretexto de la democratización, para defender la guerra ilegal del EE. UU. de George W. Bush contra Irak.

La supuesta voluntad de democratización de entonces planea también en quienes utilizan las vulneraciones a los derechos humanos, y en concreto de los derechos de las mujeres, para respaldar, desde una elástica moralidad, las actuaciones imperialistas que pretenden salvar a los pueblos del mundo a base de bombas. La instrumentalización de la legítima lucha de las mujeres iraníes por ganar espacios de mayor autodeterminación es especialmente obscena entre la ultraderecha que sigue a rajatabla el guion de un feminacionalismo claramente islamófobo. Una ultraderecha que, además, suspendería cualquier análisis comparativo sobre los derechos efectivos de las mujeres en distintos países de la zona.

Si alguien a estas alturas cree que EE. UU., o el ente genocida de Israel, tienen algún tipo de interés en defender a las mujeres musulmanas, promover los regímenes democráticos o salvaguardar los derechos humanos, sólo tiene que preguntarse por qué EE. UU. no bombardea Arabia Saudí y encontrará la respuesta. Pero también puede mirar adentro de sus fronteras y ver cómo EE. UU. responde a los ciudadanos estadounidenses que se manifiestan en contra del ICE, o cómo Israel trata a los palestinos israelíes, por no hablar de los que habitan en Gaza o Cisjordania. 

Ni las mujeres iraníes necesitan ser salvadas por Occidente ni el mundo en su conjunto puede sostener ya más hipocresía por parte de quienes se erigen en faro moral de la humanidad cuando cargan en sus espaldas la responsabilidad por algunos de los crímenes más abyectos que se hayan cometido, en el pasado, pero también en el presente. Por eso, es fundamental no perder las coordenadas ideológicas, ni caer en las trampas discursivas o en las equidistancias. Puede que hoy, más que nunca, defender el Derecho Internacional frente a los poderes hegemónicos que siempre lo han ignorado parezca revolucionario y, sin duda, lo es. Pero lo más revolucionario es defenderlo hasta sus últimas consecuencias, no negando el derecho a la legítima defensa de los Estados atacados por el imperialismo y el sionismo. 

La entrada La guerra contra Irán y el derecho a la legítima defensa se publicó primero en lamarea.com.