La inseguridad se ha convertido en el tema central del balotaje presidencial peruano, que enfrentará el próximo domingo a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez. Con más de 2.000 homicidios registrados en 2025 y un aumento del 30% en las extorsiones, la criminalidad domina la agenda de ambos candidatos, según informes de la prensa internacional.

Perú arrastra desde 2019 un incremento sostenido de robos, extorsiones y homicidios, alimentado por la inestabilidad política que ha dejado un vacío ocupado por el crimen organizado. El Congreso peruano ha aprobado leyes que, según ciudadanos y analistas, favorecen a las bandas criminales.

Un país en vilo ante la violencia

La tasa de homicidios supera ya los 2.000 casos anuales, una cifra que sitúa a Perú entre los países más violentos de la región. Las extorsiones, especialmente dirigidas a pequeños comerciantes y transportistas, han crecido un 30% en el último año, según datos oficiales. La Policía Nacional del Perú ha reconocido que la capacidad de respuesta es insuficiente.

La inseguridad es la preocupación principal de los peruanos de cara al balotaje.

Fujimori propone mano dura, con aumento de penas y despliegue militar en las calles. Sánchez apuesta por una reforma integral de la policía y programas sociales para atacar las raíces del delito. Ambos coinciden en que la lucha contra el crimen organizado será prioritaria.

El próximo presidente recibirá un país con una crisis de seguridad sin precedentes, agravada por la fragmentación política y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. La comunidad internacional, incluyendo España, sigue de cerca el proceso: en Perú residen más de 100.000 españoles y empresas como Telefónica, Repsol o BBVA tienen importantes inversiones.

Perú se acerca a la segunda vuelta electoral de 2026 sin que ninguno de los dos candidatos, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, cuente con una mayoría sólida de respaldo, en un clima de fuerte desgaste político y ciudadano. El país acumula nueve presidentes en diez años, una rotación que refleja la profunda inestabilidad institucional que arrastra.

El balotaje, previsto para las próximas semanas, se produce en un contexto de fragmentación extrema del electorado. Por primera vez de forma organizada, un sector relevante de la población promueve el voto en blanco o la anulación del sufragio como forma de protesta, según recogen medios locales. Este fenómeno inédito evidencia el cansancio de una ciudadanía que ha visto cómo el Congreso se convertía más en un obstáculo que en un aliado para la gobernabilidad.

La campaña ha estado marcada por los cuestionamientos a ambos candidatos. Roberto Sánchez, que encabeza una opción de centroizquierda, ha tratado de presentarse como la alternativa al continuismo liberal que representa Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y figura polarizadora. Sin embargo, ninguno ha logrado capitalizar el hartazgo popular de forma concluyente.

Los analistas señalan que el ganador se enfrentará a un escenario complejo: un Congreso fragmentado y una economía que arrastra las secuelas de la pandemia y la crisis política. La desconfianza en las instituciones, agravada por los escándalos de corrupción de los últimos años, sitúa a Perú ante lo que podría ser su décimo presidente en una década, sin que se vislumbre un horizonte de estabilidad a corto plazo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado este martes a través de su perfil en la red social X que sectores de la oposición recurrieron a la compra de votos durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el pasado domingo. El mandatario no presentó pruebas que sustenten sus acusaciones, según informaron fuentes oficiales.

En el mismo mensaje, Petro hizo un llamamiento a conformar una alianza amplia de cara al balotaje, previsto para el 20 de junio, con el objetivo de sumar apoyos en torno al candidato oficialista, Iván Cepeda. El presidente no especificó qué partidos o dirigentes de la oposición estarían implicados en las supuestas prácticas fraudulentas, ni aportó datos concretos sobre el número de votos o las regiones afectadas.

La denuncia, realizada sin evidencias públicas, ha generado controversia en el ámbito político colombiano. Analistas y sectores de la oposición han exigido al Gobierno que presente las pruebas ante las autoridades electorales, mientras que el oficialismo defiende la necesidad de garantizar la limpieza del proceso electoral. La primera vuelta se saldó con una participación cercana al 55% del censo, según datos de la Registraduría Nacional, y con Cepeda y el candidato opositor, Rodrigo Lara, como los dos aspirantes más votados, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta.

Un clima de tensión preelectoral

Las acusaciones de Petro se producen en un contexto de alta polarización política en Colombia, donde la campaña para la segunda vuelta ha estado marcada por denuncias cruzadas de irregularidades. Horas antes, la Misión de Observación Electoral (MOE) había informado de posibles anomalías en la financiación de campañas en al menos cuatro departamentos, sin vincularlas directamente a ninguna candidatura. La oposición, por su parte, ha acusado al Gobierno de utilizar los recursos del Estado para favorecer a Cepeda, algo que el Ejecutivo niega.

Llamamos a la ciudadanía y a las instituciones a actuar con transparencia: quien compre votos atenta contra la democracia, y quien denuncie sin pruebas también la debilita, declaró el director de la MOE, Alejandro Díaz, en rueda de prensa.

Perú definirá a su próximo presidente el próximo 7 de junio en un balotaje que enfrenta a la candidata de derecha Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez. A una semana de los comicios, ambos aspirantes afrontan un único debate este domingo 31 de mayo, en el que el Tribunal de Honor del país les ha instado a evitar descalificaciones y faltas de respeto, según informaron fuentes oficiales peruanas.

Las encuestas sitúan a Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, con una ventaja de hasta cuatro puntos porcentuales, aunque el número de indecisos sigue siendo amplio y podría decantar la balanza en los últimos días de campaña. El resultado definirá la orientación política del país andino, de unos 33 millones de habitantes, y puede tener implicaciones para el equilibrio regional latinoamericano, especialmente en el eje de la Alianza del Pacífico. Además, la decisión de las urnas podría afectar las relaciones bilaterales con España y la Unión Europea, aunque desde la Cancillería peruana se ha evitado especular sobre cambios drásticos en la política exterior.

El debate del domingo se perfila como el último cara a cara antes de la cita electoral, y ambos equipos de campaña han ajustado sus estrategias para captar al votante indeciso, que según los sondeos ronda el 15% del electorado. La jornada del 7 de junio se prevé clave no solo para el futuro de Perú, sino también para la estabilidad política en una región que ha visto un giro hacia posiciones más conservadoras en varios países.