«Esta realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social», reflexiona Clara Burriel, especialista en violencia en Save The Children. Desde la organización, insisten en la necesidad de dar un salto en el enfoque de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia: no son casos aislados, es un problema estructural.

¿Cuáles son los principales retos a la hora de abordar la violencia sexual en la infancia y adolescencia? 

Uno de los principales retos para abordar la violencia sexual en la infancia radica en que, a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, que continúa rodeada de tabús, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos en los que se produce. La sociedad todavía no es plenamente consciente de la magnitud de este fenómeno. Por eso, la sensibilización social sigue siendo una tarea pendiente: necesitamos comprender que se trata problemática estructural, y no de casos aislados.

Además, en relación con el conocimiento sobre la prevalencia de la violencia sexual hacia la infancia, persiste también el desafío de conocer su dimensión real: sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y en ocasiones no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares. 

En este contexto, es muy complicado tratar de prevenir estos casos.

Otro reto clave tiene que ver con la prevención y la detección temprana. Es todavía necesaria una mayor formación especializada de profesionales (docentes, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, sistema judicial), así como la elaboración de protocolos para la detección, notificación y coordinación de estos casos, situando siempre al niño o niña en el centro de las intervenciones. En este sentido, también se destaca la falta de desarrollo e implementación de una educación afectivo sexual desde edades tempranas, reglada y adaptada a cada etapa evolutiva, pues esta educación constituye una herramienta clave en la prevención de esta violencia. 

Por otro lado, también persisten los retos en la respuesta que damos a los niños y niñas víctimas de esta violencia. Cuando la prevención falla y la violencia ya se ha producido, el desafío es garantizar una respuesta integral, inmediata y adaptada a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes. El daño no termina necesariamente cuando cesa la violencia: la forma en que el entorno y las instituciones responden puede mitigar ese impacto o, por el contrario, agravarlo. Evitar la revictimización de los niños y niñas debe ser siempre una prioridad, pero todavía no contamos con procesos de respuesta adaptados a sus derechos y necesidades particulares. 

Y, finalmente, las nuevas tecnologías han añadido nuevos retos: el entorno digital riesgos, generando nuevas formas de violencia sexual y transformando otras preexistentes.. Esto exige respuestas específicas, coordinadas y adaptadas a la realidad digital en la que hoy crecen niños y adolescentes.

Según uno de los informes de Save The Children, que analiza sentencias, se puede deducir que hay características similares en estos casos, que confirman que estamos ante un problema estructural, que no son casos aislados. Pero nos quedamos con los casos «espectaculares».  

Si observamos las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio del Interior, podemos concluir que no estamos ante episodios aislados, sino de un problema social arraigado, persistente y de gran preocupación: en 2024 se interpusieron en España 22.774 por violencia sexual de las cuales casi la mitad (un 41,2%, 9.393) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. Esto quiere decir que casi la mitad de las denuncias por violencia sexual en nuestro país tienen como víctima a un niño, niña o adolescente, siendo 8 de cada 10 niñas y chicas adolescentes. Además, se aprecia un aumento en las denuncias de un 182,8% desde 2010. De ninguna manera podemos concluir que se trata de casos aislados.

Esta forma de violencia consiste en la imposición por parte de un adulto o de otro niño, niña o adolescente de una actividad de carácter sexual a un niño o niña, aprovechando la desigualdad de poder para obtener una satisfacción sexual. Respecto a los datos obtenido en nuestro análisis de sentencias (Por una justicia a la altura de la infancia), se revelan características comunes: por ejemplo, en muchos casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima, con frecuencia un familiar, y casi en la totalidad de los casos es un hombre. Esto refuerza la idea de que hablamos de una violencia que se produce mayoritariamente en espacios de confianza, donde el secretismo y la desigualdad de poder son claves.

Además, los abusos suelen comenzar de forma progresiva, aumentando en intensidad con el tiempo. Al inicio, el niño o la niña puede no comprender lo que está ocurriendo, y posteriormente pueden aparecer sentimientos de culpa o vergüenza que refuerzan el silencio. En muchos casos, el propio agresor alimenta la idea de responsabilidad en la víctima. Todo ello genera enormes barreras para la revelación, especialmente cuando la violencia procede del entorno de confianza.

La pederastia en la Iglesia, por un lado, y el caso Epstein, por otro –sin comparar por supuesto estos casos tan diferentes– están permitiendo hablar o al menos poner en la agenda mediática y social estos temas. ¿Por qué sigue siendo un tabú? 

Los casos de abuso sexual relacionados con la Iglesia o el caso Epstein son casos de gran impacto mediático, que visibilizan esta forma de violencia en contextos específicos. Al respecto, es importante señalar que la mayoría de abusos sexuales siguen cometiéndose en entornos de confianza del niño o niña y que las figuras familiares se encuentra entre los agresores más comunes en este tipo de violencia. La denuncia y visibilización de los casos más mediáticos es fundamental, pero también lo es poner el foco en la violencia cotidiana, menos visible y mucho más extendida, que ocurre en el ámbito familiar y cercano, y que precisamente por esa cercanía y por el silencio que la rodea resulta más difícil de detectar y abordar.

Precisamente el tabú que todavía rodea a esta forma de violencia está muy vinculado a esos entornos en los que se produce. Aceptar esto implica reconocer que el riesgo y la violencia muchas veces proceden de los entornos que deberían ser protectores. Esa realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social.  

¿Se están tomando medidas efectivas desde las administraciones en el ámbito educativo?

Los centros educativos están en una posición privilegiada para detectar posibles casos de abuso, ya que el profesorado y el personal escolar tienen contacto diario con niños y niñas. Es fundamental que sepan identificar señales de alerta y comprender lo que un niño o niña puede estar revelando, ya sea de forma directa o indirecta. Para ello, es clave la formación de los y las docentes, y también la implementación de las figuras de protección que recoge la LOPIVI para el ámbito educativo (coordinador/a de bienestar). También son necesarios protocolos para la detección, la notificación y la actuación frente a los casos detectados. Sin un protocolo claro, las decisiones pueden quedar en manos de cada docente, quien puede enfrentar dudas sobre cómo proceder, temores a represalias o incertidumbre sobre la veracidad del testimonio. Para evitar que la protección de niños y niñas dependa de la valentía individual o de la percepción subjetiva de cada profesional, todos los centros educativos deberían contar con protocolos internos de protección frente a la violencia, incluyendo mecanismos de prevención y pautas claras de actuación.

¿Y para las familias? 

En el ámbito familiar, la educación afectivo-sexual y la parentalidad positiva son fundamentales en la prevención del abuso, especialmente dentro del propio ámbito familiar. Es clave que niños y niñas aprendan a reconocer estas conductas incluso cuando provienen de personas de confianza, incluidos familiares, y que comprendan que ninguna relación de afecto justifica el abuso. Proporcionarles herramientas para identificar, nombrar y rechazar situaciones de abuso, así como garantizar que cuentan con un entorno seguro donde puedan pedir ayuda sin miedo, es esencial para su protección.

Por supuesto, las familias no deben estar solas en este proceso: las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar una educación afectivo-sexual reglada, progresiva, desde edades tempranas, como recogen la LOPIVI y la LOMLOE, impartida por personal educativo con formación específica en la materia. 

La LOPIVI prevé los tribunales especializados. Pero, ¿son suficientes? 

La LOPIVI, aprobada en 2021, prevé la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia tras un año desde su implementación. Sin embargo, la creación de las nuevas secciones especializadas se aprobó finalmente en 2025, con la ley 1/2025 el Real Decreto 422/2025, aprobado el 3 de junio de 2025 por el Consejo de Ministros. Este último instrumento solo prevé la creación de tres secciones especializadas para todo el Estado, en Madrid, Barcelona y Málaga, cada una de ellas con una única plaza judicial.

Aunque la implementación de las secciones en violencia contra la infancia y la adolescencia deba ser paulatina, tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia de estas secciones desde su inicio, así como la creación de plazas judiciales.

¿Cree que hay confusión en el lenguaje a la hora de hablar de este asunto? Muchas veces parece que da miedo a hablar de pederastia, como si no quisiéramos llamar a las cosas por su nombre. 

Es posible que en ocasiones se eviten algunos términos por falta de conocimiento o incluso por la carga emocional y social que pueden conllevar. En este sentido, la sensibilización sigue siendo clave, así como la capacidad de identificar con claridad a los agresores como responsables de la violencia y a las víctimas como tales, sin ambigüedades ni desplazamientos de responsabilidad, y siempre desde un enfoque de derechos.

¿Cree que hay hipocresía al hablar de este tema en ciertas esferas?

Como señalábamos, la violencia sexual contra la infancia sigue siendo en general una realidad invisibilizada. Por eso es necesario un cambio de paradigma: reconocer la violencia contra la infancia como un problema social y no como un asunto aislado o privado. Esto implica poner el foco tanto en la prevención como en una respuesta adecuada, inmediata y centrada en las víctimas. En cualquiera de sus múltiples formas y canales, la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes es inaceptable, y debemos movilizar todos los recursos disponibles para prevenirla, actuar cuando se produce y restaurar los derechos de quienes la sufren. Como sociedad, nuestro compromiso debe ser claro: enfrentar esta dura realidad, reconocer su existencia y tomar medidas efectivas para proteger a la infancia y la adolescencia.

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No nos cansaremos de repetirlo: una de cada cinco personas menores de edad sufre agresiones sexuales, la mayoría de ellas cometidas por familiares o conocidos. No lo queremos ver, no lo queremos asumir. Pero el problema está. No son casos puntuales ni es un asunto privado. Estamos hablando de un problema social, estructural y de salud pública que, pese a su gravedad y magnitud, continúa siendo un tabú en la sociedad.

«Muchas veces siento impotencia«, resumió Vicki Bernadet, que lleva más de 30 años intentando visibilizar este asunto, en la presentación online del especial de La Marea junto a la catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Los medios de comunicación tenéis un papel muy importante», añadió Pereda.

En este contexto, en La Marea continuamos también con las presentaciones presenciales, esta vez en Sevilla. El evento se celebrará el próximo 10 de junio a las 19.30 horas en la Sala El Cachorro, en el barrio de Triana. Conducido por Olivia Carballar, contaremos con víctimas y representantes del mundo de la judicatura.

Así, participarán el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, la abogada Amparo Díaz y el perito tecnológico Jorge Coronado, que abordarán las claves sobre el impacto de estos delitos en las redes sociales. Desde la asociación Redime, contaremos con la abogada y superviviente de abusos Mari Carmen Heredia y la terapeuta Eva Medina. Y también nos acompañará la superviviente Laura Cuevas, de la asociación Lulacris.

El acto se suma al celebrado el pasado mayo en el Teatro del Barrio, en Madrid, al que acudieron diferentes víctimas, especialistas y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que explicó las claves de la ampliación de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia (Lopivi) tras su aprobación en el Consejo de Ministros.

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«Maya Angelou tiene una frase que dice que la escucha es lo más curativo que hay. Antes que terapias, antes que todo. La escucha es la mejor terapia porque todo el mundo no se acordará de lo que le has dicho, o no se va a acordar de dónde estaba, o no se va a acordar del momento… Pero siempre, siempre, se acordarán de cómo se han sentido al hablar contigo». Con una voz también sanadora, Vicki Bernadet, hoy con 72 años y media vida dedicada a visibilizar y ayudar a las víctimas de agresiones sexuales en la infancia y adolescencia –como ella–, explica cómo se sienten cuando intentan hablar.

El interlocutor interrumpe o dice cosas como ‘No pasa nada, se te pasará’. O peor aún: ‘¿Por qué no lo has dicho antes?’. O mucho peor incluso: ‘Ah, pero solo te tocó, podía haber sido más’. Como si el tipo de agresión –y no cómo lo vivió la víctima– fuera lo más grave. «Cuando doy una charla pregunto: ‘A ver, imaginad a vuestra familia, a vuestros amigos… que alguno fuera capaz de agredir a vuestros hijos’. Y el 100% te dice que no. Te vas al día siguiente a otro sitio y es que no. Y así durante todos los años que llevo ofreciendo cursos para padres y madres en los colegios. Y resulta que el 80% de los casos se dan en ese ámbito», dice en un resumen preciso de lo que ocurre con este asunto: no queremos ni oír hablar de ello.

«Hasta que las familias no conecten con la idea de que el 20% de la población se ve afectada y que el 85% se produce en el ámbito intrafamiliar, va a continuar ese porcentaje tan doloroso, que es que un 90% de los casos de abuso no se habla hasta la edad adulta. Y no solo es doloroso como sociedad, sino que son vidas que podríamos salvar», concluye. Ese no hablar, no ser escuchado y no recibir ayuda evolucionan con el silencio, el miedo y la vergüenza acumulando diversos episodios de violencia hasta que se es mayor. «Y cuando contamos nuestra vida, pues es: yo sufrí abusos a los cinco años, a los nueve, a los 17, una agresión sexual, un intento de suicidio, maltrato durante 14 hace años… Y este es un patrón normal. Es mi caso, pero en otros será adicciones, será anorexia, bulimia, prostitución…», añade.

Por eso insiste en la máxima divulgación, porque considera que con la detección precoz y ayuda, las po-sibilidades de sufrir todo lo demás son menores o casi nulas: «A tiempo, se trabaja una mala experien-cia con el apoyo de todo el mundo. Pero cuando eres adulto ya no es una mala experiencia, ya es un trauma. Y esto va de salvar vidas», repite.

Pone un ejemplo gráfico: «Puede que no lo puedas evitar, como un accidente. Pero cuando tienes un ac-cidente, sabes a qué hospital irás, a quién llamarás, sabes el número de la ambulancia. Con este tema, sin embargo, existe una resistencia. Hay un miedo irracional. Cuando yo lo conté, en el 97, hace casi 30 años, era normal encontrarse con eso. ¿Pero ahora? No tiene ningún sentido».

Bernadet admite que creó la fundación que hoy preside de manera egoísta, para salvarse también a ella misma. Y es por eso, porque ha hablado muchísimo y la ha escuchado mucha gente, por lo que sabe, como Angelou, por qué canta el pájaro enjaulado.

Publicado por primera vez en 1969, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado recoge la autobiografía de la escritora Maya Angelou. Con siete años, fue violada por el novio de su madre. El agresor fue asesinado tras pasar brevemente por la cárcel y ella enmudeció durante cinco años:«Creí que mi voz lo había ma-tado; yo maté a ese hombre, porque dije su nombre. Y después pensé que nunca volvería a hablar, porque mi voz podría matar a cualquiera…».

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Una jueza en chándal está sentada en el banco de un parque. Se escucha, levemente, el trino de unos gorriones revoltosos. A su lado, también con ropa deportiva, dos abogadas miran unos papeles con sus piernas cruzadas sobre el césped. Y un poquito más allá, un fiscal, con vaqueros y camiseta de manga corta de su grupo de música favorito, observa los columpios y el tobogán del fondo, junto a unos árboles frondosos que dan sombra.

Ahí, en mitad de ese escenario natural e infantil, la jueza coge una pelota y, mientras la bota, hace preguntas a un señor que va a ser juzgado. El hombre, ataviado con una americana y camisa blanca, mira a un lado y a otro, se frota los ojos una y otra vez. Pero nada, no sale del asombro, no da crédito a lo que está ocurriendo. La jueza pasa la pelota a las abogadas, que se la lanzan entre ellas hasta llegar al columpio. Desde ahí, mientras sube y baja el balanceo, siguen haciendo preguntas. El hombre, incapaz de responder nada, continúa sin entender por qué los representantes de la justicia se visten y actúan de esa forma, por qué su juicio se está celebrando en mitad de un parque, como si aquello fuera un juego. 

Obviamente, la escena no es real. Pero la sensación de desconcierto que está sintiendo ese hombre puede compararse a la de un niño que acude a un juzgado. Es así, con esa imagen, como lo explica de una manera muy gráfica la magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Glòria Poyatos, experta en la humanización de la justicia. «¿Has ido alguna vez a una sala de vistas, verdad? ¿Sabes cómo es, no? Porque lo que ves es un micrófono ahí en medio donde solo se puede hablar cuando se formula una pregunta y no se puede intervenir en ningún otro momento. Un lugar donde quien únicamente habla, con una voz elevada, es un ser vestido de negro que está en mitad de la sala, en una silla victoriana. Y ahí es donde no puede ir un niño, una niña que, encima, ha sido agredido sexualmente», dice la magistrada, que reconoce que se les trata como si fueran propiedad de alguien, como si no fueran sujetos de derecho.

«Seamos capaces de entenderlos, de ponernos en su lugar, de hacerles declarar de una forma libre, espontánea. ¿Dónde se haría el juicio? Quizá no se hubiera hecho nunca en una sala de vistas, sino en en un parque. Quizás no estaría la jueza o el juez con una toga negra, quizás estaría vestido con un chándal. O quizás estaría en un sitio con más niños hablando con todos ellos», reflexiona Poyatos. 

Lo que dice la magistrada, en el fondo, remite a las casas Barnahús, lugares donde esos niños y niñas se sientan seguros, donde no tengan que contar varias veces a personas diferentes lo que su padre, su tío o su profesor le han hecho, donde se tenga en cuenta la perspectiva de infancia. ¿Y por qué no se hace siempre así si parece lo más razonable? Poyatos es rotunda: «Porque el Derecho no ha sido pensado para las características, experiencias, expectativas, aspiraciones y preocupaciones de los seres humanos menores de edad. Y tampoco ha sido pensado para sus características, sus peculiaridades. Por tanto, su manera de hablar, de expresarse, de funcionar, de sentir, de ser en general es muy diferente», añade. 

Tal es la forma en la que está concebido el Derecho que ella misma tuvo que escribir un voto particular para explicar una sentencia de un modo entendible a un niño al que la administración le había denegado su grado de discapacidad. Esto escribió la jueza, porque no podía redactarse así en la sentencia: «Hemos estudiado tu caso y tienes toda la razón, Aureliano. Te vamos a apoyar porque ahora entendemos por qué te cuesta más hacer las cosas».

Garantías del proceso 

Con su habitual pedagogía –Poyatos es impulsora también de la lucha por incluir la perspectiva de género en la justicia–, la magistrada insiste no solo en que el ordenamiento jurídico se ha concebido con un enfoque adultocéntrico, sino en un adulto muy concreto: «Con unas características muy determinadas: hombre heterosexual, mayor de edad, propietario, sin discapacidad, no demasiado mayor en edad… Aquellos otros sectores de la población, dígase infancia, dígase mujeres, personas con discapacidad, homosexuales, que salgan de ese patronaje para el que fue esculpido el ordenamiento jurídico, se topan con un derecho que no ha sido pensado para ellos y una aplicación mecánica del derecho los excluye directamente».

En el caso de las agresiones sexuales a las niñas, niños y adolescentes, esto afecta además a las garantías del proceso: «Tenemos un ordenamiento jurídico penal garantista, que está muy bien. Obviamente, cualquier Estado de derecho, si es un Estado de derecho social, democrático, debe ser cuanto menos garantista. Pero no se tiene en cuenta quizá, o no hemos dado un paso más, en las garantías que pueda tener la persona en el derecho penal, que deben ponderarse cuando al otro lado tenemos una víctima vulnerable como pueden ser estos niños y niñas. Por ejemplo, la atenuante por dilación indebida. Es decir, cuando el proceso dura demasiado, se entiende que incide negativamente en la persona procesada. Y le aplican esta atenuante con la disminución que corresponda de la pena que se le aplicaría por el delito por el que ha sido procesada. ¿A quién beneficia esto?», se pregunta retóricamente Poyatos. 

Pues en este caso al pederasta. «¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Acaso el Derecho ha pensado en las víctimas que tardan demasiado en ver cumplida la pena del agresor? ¿Les da algo? ¿Qué les da a esos niños y niñas que han tardado años en ver cumplida la justicia? Nada. Además, les pega en la cara porque les dice ‘mira, encima voy a beneficiar a tu agresor, le vamos a quitar unos años», analiza. 

Y termina volviendo al principio: «El Derecho es eminentemente adultocéntrico. Y es algo que tenemos que cambiar». Tal vez la escena de un hombre juzgado en el parque nos ayude a visualizarlo, y entenderlo, de una vez. 

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Hace apenas un par de años, Robert Thacker, autor de la biografía de la Nobel de Literatura Alice Munro, se vio obligado a explicar por qué no había incluido en ese libro, publicado en 2011, un episodio muy importante en la vida de la canadiense. El episodio en cuestión lo hizo público en un periódico una hija de Munro, Andrea Robin Skinner, dos meses después de la muerte de la escritora: «A la sombra de mi madre, un icono literario, mi familia y yo hemos ocultado un secreto durante décadas. Ha llegado el momento de contar mi historia». En realidad, Andrea ya la había contado hacía años a su familia, quien tenía que haberla protegido y no lo hizo. «Mi padrastro abusó de mí. Mi madre se quedó a su lado», tituló aquel artículo en Toronto Star en 2024. Ni siquiera una condena al agresor, según explicó Andrea, logró romper el silencio al que su familia la había sometido durante décadas. 

La historia de Andrea Robin Skinner es la historia de tantos niños y niñas que se siguen contando y no se creen hoy en todo el mundo, en España, en tu barrio, en tu propia casa; que se cuentan y no pasa nada. O que incluso continúan sin contarse. Es la historia de tantos y tantos agresores bien reputados, bien vistos, que dicen, en los pocos casos en los que son juzgados, que no es verdad o que fue la niña o el niño quien los sedujo; agresores que entran en el cuarto de su hijo por la noche y le ponen el mejor de los desayunos por la mañana, que siguen delinquiendo amparados por la impunidad, por el mirar para otro lado. Es la misma historia de tantas y tantas familias que se rompen por un delito que continúa siendo un tabú, algo muy fuerte, tan asqueroso, tan perverso, que no entra en cabeza humana. Pero que existe, que lo cometen hombres, familiares y conocidos en su mayoría. No son monstruos, ni psicópatas, no tienen diagnosticada enfermedad alguna. 

 «Eso es, es eso. Nunca es tarde para hablar de ello. No es Epstein, son las casas, es lo que está pasando hoy en las casas», dice hoy desde Sevilla María, una niña ya adulta como Andrea Robin Skinner. María usa este nombre porque no quiere revelar su nombre real, y asegura que su familia está rota porque contó que un familiar cercano la había estado agrediendo sexualmente cuando era una niña. Esta sentencia de 2023, que condena al tío de una pequeña como María, confirma que no estamos ante casos aislados: «La menor explicó que no lo hizo antes –contar que su tío la agredía– porque tenía miedo a que no la creyeran, y porque pensaba que al revelarlo la familia se iba a romper, como ocurrió cuando se supo. Es algo repetitivo en estos casos».

María afirma que en su grupo de terapia, en el 90% de los casos no tuvieron apoyo familiar: «La respuesta sobre cómo respondían las madres era muy similar, hemos sido repudiadas, no hemos tenido apoyo real y práctico», dice en un pasaje que recuerda, a su vez, a la interpretación de Belén Rueda en No tengas miedo, una película dirigida por Montxo Armendáriz en 2011. La niña –Michelle Jenner– se lo cuenta una y otra vez a su madre, pero la madre, que puede representar también a la sociedad, no quiere creerla, no quiere asumir que eso que está narrando su hija se está produciendo, que sea el padre el que lo está cometiendo, o quizá no puede asumir el error de no haberla protegido. 

La ministra Rego, víctimas y especialistas piden mirar de frente a la pederastia en el acto de ‘La Marea’

Esa es otra cuestión que se repite, el perfil (o no perfil) del agresor, porque cualquiera puede serlo. Todas las encuestas realizadas hasta el momento, todos los colectivos que trabajan en este asunto, lo confirman: en torno al 80% de este tipo de violencia se da dentro de la familia o entornos muy conocidos.

«Serán imaginaciones tuyas», concluye la madre sobre lo que le cuenta su hija en la película de Armendáriz, como suele pensar la sociedad ante los casos reales. «Cuando yo lo conté, dos años después, cuando tenía 11 años, me llevé una reprimenda tremenda, me dijeron que aquello era una invención», dice Francisco, hoy con 43 años. Cuenta que en su caso fue un vecino. «No se quiere ver porque faltan herramientas y se tiene miedo al conflicto. Y en nuestra sociedad los abusos sexuales a menores es algo que tenemos bastante asimilado, sabemos que pasa, pero cuando pasa y lo tenemos delante de nuestras narices nos resulta tan espantoso que preferimos mirar para otro lado antes que abordarlo y denunciarlo», prosigue. 

Desde la Fundación ANAR parten de una máxima: «Siempre tenemos que creer a los niños, niñas y adolescentes, hay que darles un espacio, decirles que no les vamos a juzgar, que la culpa la tiene el agresor, y tener oídos para esos niños», explica Shauri Molina. En el 9,4% de los casos atendidos, tuvo que intervenir el departamento jurídico; y en el 9,3%, hubo una coordinación con entidades externas para proteger a esos niños.  

Porque otra supuesta explicación que se esgrime para no mirar es culpar a la víctima: «Serás una puta», le dijo una madre a su hija con 12 años cuando le contó lo que le hacía su padre: «¡Pregúntaselo a tu marido, papá me está tocando y va a mi cuarto todas las noches por mí!». «Imagínate qué ganas tienes tú de hablar de esto», explica la terapeuta Eva Medina ante este caso que trató. El problema, como analiza, es que un niño no imagina lo que no ve, no fantasea con lo que no conoce. «O lo ha visto o se lo han hecho, y en ambos casos es delito», dice. Y se llama pederastia –continúa– por muy dura que suene la palabra: «Es fuerte, pero es la realidad. Una persona que abusa de un menor es un pederasta, sea el padre, el hermano, el tío, la madre o Perico el de los palotes». 

El segundo marido de Alice Munro agredió sexualmente a Andrea cuando ella tenía nueve años. La niña hizo llegar el caso a su padre, que se quedó de brazos cruzados: «La incapacidad de mi padre para tomar una decisión que me protegiera me hizo sentir que yo no formaba parte de ninguna de las dos familias. Estaba sola». La violencia continuó hasta que llegó a la pubertad. Años después, con veintitantos, se lo contó a su madre, aprovechando que había escrito uno de sus cuentos de premio sobre una niña que se suicidó tras ser agredida por su padre. Fuera de la literatura, en la vida real, ante el caso de su hija, Alice Munro también se cruzó de brazos: «Reaccionó exactamente como me temía que haría, como si se hubiese enterado de una infidelidad». 

A lo máximo que llegó, según narra Skinner, fue a hablarle sobre otros niños con los que este hombre mantenía «amistades», como si la traicionada hubiera sido ella, la esposa. «¿Se dio cuenta de que estaba hablando a una víctima y que yo era su hija? Si lo hizo, yo no lo sentí. Cuando intenté decirle cómo el abuso de su esposo me había causado daño, se mostró incrédula». Andrea, que ahora ayuda a personas que han pasado por su misma situación, rompió la relación con su madre cuando nacieron sus hijas. Ella sí tuvo claro que nunca iría con ellas allí donde el agresor estuviera.

Gerald Fremlin, el segundo marido de Munro, el padrastro de Andrea, el agresor, fue condenado en 2005 después de que Andrea, la hija de Alice Munro, la hijastra, la víctima lo denunciara ya mayor: dos años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Fremlin era ya octogenario. Murió en 2013 y, hasta ese momento, Munro, la madre de la víctima, permaneció al lado del agresor. ¿Por qué no incluyó este episodio, aun conociéndolo, aun con sentencia condenatoria, el biógrafo de la premio nobel? ¿Qué motivo expuso para no hacer nuevamente nada, para cruzarse de brazos ante esta historia? «Yo lo veía como un asunto familiar privado», justificó.

Detrás de ese argumento se ha escondido históricamente uno de los principales problemas a la hora de afrontar –y prevenir– la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes: lo que le hizo el padrastro a la hija de Alice Munro no es un caso aislado, como tampoco lo es lo que le hicieron los curas pederastas a sus víctimas, ni lo que un tío, un primo, un padre o un abuelo siguen haciéndole a muchos niños y niñas hoy en sus casas, igual de pederastas que estos curas; o lo que los actualizados agresores sexuales continúan haciendo a estas personas vulnerables a través de las pantallas. Lo que les ha pasado históricamente a los niños y niñas, como María o Francisco, y sigue ocurriendo hoy, lo que hacen los agresores sexuales con estos niños y niñas, es un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública, como indican los especialistas consultados.

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Las niñas y los niños deberán ser escuchados en cualquier proceso que les afecte, independientemente de su edad. Esta es una de las claves principales en la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Hasta el momento, la obligatoriedad de la escucha de la niñas y niños se establecía a partir de los doce años o de una «madurez suficiente» de la persona menor de edad afectada, lo que ha provocado que, en muchos casos, la voz de niñas y niños no haya sido tomada en consideración. 

Impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, la ampliación refuerza el interés superior del niño o de la niña, de manera que deberá justificarse expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales cómo se ha valorado ese interés y por qué la decisión adoptada protege mejor el bienestar físico, emocional y psicológico de las personas menores de edad. «En este sentido, se incluye entre los criterios relativos al interés superior del menor el alejamiento del niño o niña de aquella persona que lo violente, de modo que el interés superior del menor nunca es estar con un agresor o presunto agresor«, explican fuentes del ministerio.  

Así, el nuevo texto prohíbe el Síndrome de Alienación Parental, «junto con cualquier reformulación o planteamiento sin aval científico, de forma expresa». Ningún informe público o privado basado en el SAP –insiste el texto– podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos. Además las resoluciones que lo utilicen podrán ser impugnadas.

Según el texto aprobado en el Consejo de MInistros, no podrá establecerse custodia compartida cuando existan indicios de que esa decisión puede afectar negativamente a la salud física, psíquica o emocional de la persona menor de edad: «Detallando los criterios interpretativos del interés superior del menor y estableciendo la obligatoriedad de la escucha. Del mismo modo, si un niño o niña expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá investigar las causas del rechazo y proteger a la persona menor de edad».

También se incorpora una medida de enorme impacto: bastará el consentimiento de un solo progenitor para que una persona menor de edad víctima de violencia pueda acceder a atención psicológica, social o jurídica. Se evitará así que el agresor pueda tener capacidad de veto sobre la reparación.

La reforma de la norma endurece los requisitos para acceder y mantenerse en profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes. En esta línea, será requisito para el acceso a dichas profesiones no haber sufrido condena por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia. 

Destaca también la obligación de crear turnos de oficio especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia dentro de los Colegios de Abogacía. Para el Ministerio, esta ampliación legislativa supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia: «Durante demasiado tiempo, el sistema ha llegado tarde o no ha protegido adecuadamente. Esta reforma actúa precisamente sobre esos fallos y sitúa la protección de niños y niñas como una responsabilidad pública ineludible».

Actualización: 20h

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Cuando se conocen los datos oficiales, resulta difícil entender cómo este problema permanece silenciado en el debate público: según el Estudio de prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia en 2025, tres de cada 10 jóvenes han sufrido violencia sexual en esas edades. Un escandaloso 30%. La ministra del ramo, Sira Rego (València, 1973), recibe a La Marea para conversar sobre cómo abordan este crimen los poderes públicos y sobre la ampliación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Esta reforma, pendiente de aprobarse próximamente, aplicará a los niños y niñas que hayan sufrido cualquier tipo de violencia el Estatuto de Víctimas. También contempla la obligatoriedad de escucharles en los procedimientos judiciales que les afecten, independientemente de su edad. 

El gran número de niños y niñas que han sufrido violencia sexual impone una primera pregunta incómoda: ¿está la Administración cuidando adecuadamente a la infancia?

La pregunta nos la tenemos que hacer todos los poderes públicos, pero también la sociedad en su conjunto. Creo que tenemos una deuda pendiente con la infancia en términos generales y especialmente en este asunto. Por eso estamos trabajando para ampliar determinadas leyes y para crear la ley de violencia vicaria. La acción del Gobierno tiene que ser decidida, determinante, rápida y eficaz, porque se trata de un tema muy doloroso. Debe ser una política de Estado. Eso en cuanto a lo legislativo, pero como sociedad también tenemos que cambiar muchas cosas, y uno los grandes retos es que las violencias contra la infancia no sigan formando parte del ámbito privado. Tienen que incluirse en la conversación pública del país. Con un 30% de niños y niñas que están sufriendo violencia sexual, esto no puede seguir siendo un asunto secundario.

Efectivamente, la mayoría de los casos de pederastia ocurren en el entorno familiar o en entornos cercanos. Al tratarse del ámbito privado, ¿hasta dónde se puede llegar?

Los derechos se tienen que garantizar en todos los espacios de la vida. En la vida pública y en la vida privada. En la calle y en las familias. Las violencias machistas también han formado parte del ámbito privado durante mucho tiempo y luego, afortunadamente, han pasado a ser un elemento de conversación pública y de intervención de los poderes públicos. Con las violencias contra las infancias debe operar la misma lógica. Quienes tenemos contacto con niños tenemos una responsabilidad. Nosotros lanzamos el año pasado una campaña en la que interpelábamos a las personas adultas para indicar que hay señales que son alertas. Y ahí un adulto debe intervenir. Puede ser un adulto de la comunidad educativa, o del ámbito médico o de la propia familia, entendiendo la familia como algo más grande que el núcleo familiar. Además, con la ampliación de la Lopivi pretendemos ser más garantistas a la hora de erradicar, prevenir y abordar las violencias sexuales contra la infancia. Por ejemplo, insistimos en la necesidad imperiosa de que la escucha de los niños y las niñas sea un elemento central en los procesos judiciales.

El clima político actual está muy fragmentado, pero estamos hablando de proteger a la parte más frágil de nuestra sociedad: los niños. ¿Quién podría estar en contra de esto en el Parlamento? ¿Qué resistencias esperan encontrar a esta ley?

El sentido común a mí me dice que es una ley a la que no debería oponerse nadie, pero sí he oído voces que ponen en cuestión el derecho de un niño a ser escuchado. Hay casos de jueces que se han negado a escuchar a los niños. Y hablo de casos dramáticos. Se trata de niños que están sufriendo muchísimo. Estamos viendo cosas muy duras. Por supuesto, no te expresas igual cuando tienes 5 años que cuando tienes 25, pero esto no significa que los niños no puedan hablar y que no puedan comunicarse y explicar lo que les ha sucedido. Lógicamente, esto se tiene que hacer con un acompañamiento profesional adecuado y en unas instalaciones que tengan perspectiva de infancia. Esto ya está muy trabajado, está sustentado por el trabajo de los profesionales y por multitud de estudios académicos. Es decir, hay un rigor científico detrás de estos procesos de acompañamiento del niño y de la niña a la hora de tomar testimonios que tienen validez. Como ejemplos tenemos el proyecto Barnahus o las cámaras Gesell, que trabajan con este enfoque. Y funcionan. Hay que adecuar el sistema de justicia para que tenga perspectiva de infancia.

Dado que este es un tema que no está en la agenda pública, ¿usted cree que la ley puede ir por delante de la sociedad? Es decir, hubo muchas voces contrarias a la ley del matrimonio homosexual, pero han pasado los años y eso es un derecho que ya nadie se cuestiona.

No siempre ocurre así. Yo pertenezco a una tradición política [la del PCE] que me indica justo lo contrario: en la mayoría de los casos la sociedad ha ido por delante de la ley. Por ejemplo, la gente trabajadora de este país ha conseguido derechos porque se ha organizado y ha salido a la calle. También el movimiento feminista nos ha dado lecciones maravillosas en ese sentido.

Pero para ello habría que educar antes a la sociedad en la protección de la infancia. A eso me refería cuando hablaba de que la ley irá por delante.

Somos un país pionero en la cuestión de la protección a la infancia. La Lopivi, aunque es muy reciente [se aprobó en 2021], supuso un punto de inflexión. En comparación con otros países, estamos muy por delante. Hemos avanzado, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y con cifras tan dolorosas de violencias contra la infancia, necesitamos seguir empujando. Claro, la infancia no es un sujeto político que se pueda organizar de la misma manera que las personas adultas, no ocupan las calles haciendo grandes demandas sociales. Así que, en este caso, sí que creo que la ley puede ser útil, pero se trata de un asunto que tiene que desbordar la propia ley. Lo bueno es que, para afrontar este problema, ahora contamos con un Ministerio de Infancia. Y nos queremos hacer cargo. Yo siempre aprovecho cualquier oportunidad para pedir disculpas por todo lo que la Administración no ha hecho. Pido disculpas, en nombre del Estado, a todas esas infancias porque no hemos llegado a tiempo de evitar muchas situaciones dolorosas. Ahora tenemos la firme determinación de que eso cambie. Con leyes, con pedagogía, con estrategias. Por ejemplo, una parte de las violencias sexuales tienen como canal las plataformas digitales. Ahí estamos incidiendo de una manera muy contundente.

Nadie duda de la buena voluntad de la Ley de Entornos Digitales Seguros, ¿pero prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales es realmente posible a nivel técnico?

Ante un problema tecnológico, siempre hay una solución tecnológica. El problema no es técnico porque ya ha quedado acreditado que si se quiere bloquear una aplicación o el acceso a una web, se puede hacer. Ocurre en muchos lugares del mundo. Si Facebook sabe más cosas de ti que tú mismo, seguramente también podrá saber qué edad tienes y ofrecer una herramienta de verificación de edad con garantías. Pero al margen de esto, desde el Gobierno de España estamos trabajando con una herramienta de verificación que se está probando a nivel europeo y que es muy potente, muy buena. Las pruebas están muy avanzadas y funciona muy bien. El problema no es ese. El problema es saber hasta qué punto hay una voluntad colectiva de ponerle límite a las plataformas y de democratizar el entorno digital. No puede ser que haya multinacionales tecnológicas que estén por encima de la ley, porque eso significa que están por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades.

En España quizás no, pero en EE. UU. están claramente por encima de la ley.

Bueno, en España hemos visto que la plataforma de X ha puesto en marcha una inteligencia artificial generativa y ha publicado, en muy pocos días, una gran cantidad de material de violencia contra la infancia… sin consecuencias. ¡Esto es un delito, una vulneración de derechos fundamentales de libro! Y a quienes estamos diciendo que es inadmisible se nos está señalando. 

Seguramente le caiga una multa millonaria por parte de la Unión Europea, lo hemos visto con otras empresas tecnológicas, pero puede que pasen varios años para que eso ocurra.

No sé si se tardará tanto. Lo que sí sé es que en este caso, como en muchos otros, necesitamos plantear un principio de precaución. Igual que se miden los impactos que pueden tener determinados procesos en el medioambiente o en la salud pública, ese mismo principio debe regir en el ámbito digital. Lo que no puede ser es que alguien suelte miles de imágenes de violencia sexual contra la infancia y luego pongamos el remedio.

Algunos de los casos más sangrantes de violencia sexual contra personas menores se han dado en centros de acogida. Fueron muy sonados los casos de Mallorca y de Madrid (el caso Sana). ¿Qué puede hacer su ministerio para garantizar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir?

Las competencias las tienen las comunidades autónomas, pero nosotros podemos regular un marco general que diga cómo deben ser los sistemas de protección y de acogida. Y lo estamos haciendo. Sabemos que la prioridad de muchas comunidades no es proteger a los niños en situación de desamparo. Y hay que decirlo claramente: esto es una cuestión de voluntad política. Hay quien usa los presupuestos para hacer regalos fiscales a los ultrarricos o para dopar la sanidad privada. En estos casos, el sistema de protección está externalizado, generando precariedad y dando lugar a realidades de enorme tensión: no hay recursos, no hay suficientes profesionales para atender a los menores, que están viendo vulnerados sus derechos. Por eso estamos tramitando un decreto que lo regulará todo: formación de profesionales, ratios, tipos de centro, prioridad de la acogida familiar sobre la residencial, acompañamiento también más allá de los 18 años, porque no se les puede dejar en la calle en cuanto cumplen la mayoría de edad… El decreto estará muy pronto en el Consejo de Ministros.  

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Las cifras son demoledoras: una de cada cinco personas menores de edad sufre agresiones sexuales, la mayoría de ellas cometidas por familiares o conocidos. Por tanto, ni son casos puntuales ni es un asunto privado. Estamos hablando de un problema social, estructural y de salud pública que, pese a su gravedad y magnitud, continúa siendo un tabú en la sociedad.

En este contexto, y con la reforma de la Ley de Protección a la Infancia (Lopivi) de fondo, víctimas y especialistas exigen dar un salto cualitativo en su tratamiento para poder enfrentarlo y prevenirlo, como en su día si hiciera con la violencia de género. Lo explican detalladamente en el último dossier de La Marea, cuya primera presentación se celebrará en el Teatro del Barrio de Madrid el próximo 5 de mayo a las 19 horas.

En el acto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, será entrevistada por la periodista Olivia Carballar. A continuación, participarán en una mesa redonda diferentes ponentes y especialistas. Entre otros, contaremos con Carmela del Moral, responsable de Infancia de Save the Children; Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada y padre de una víctima de la pederastia en la Iglesia; Jorge Coronado, perito tecnológico, CEO de Quantika14, experto en la lucha contra la delincuencia digital; y una víctima de violencia intrafamilar. Moderará el acto la periodista Ana Veiga.

En todo el mundo, según Unicef, más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad y entre 240 y 310 millones de niños y hombres han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Pero es que además, como afirman desde Save the Children, persiste el desafío de conocer la dimensión real: «Sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares», sostiene Clara Burriel, especialista en violencia en la citada organización.

Y ese es uno de los principales problemas: a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, rodeada de tabúes, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos.

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Me cuesta decir «mi padre». Dos palabras que, en la mayoría de personas, son quizá de las más pronunciadas. Son un concepto normal, uno de esos en los que se basa tu mundo cuando eres niña y uno de tus pilares cuando te haces mayor. A mí, en cambio, me revuelven el estómago por el subtexto asociado a ese concepto, por lo que se supone que dices cuando pronuncias esas siete letras, por la referencia a esa figura de apego que debe ser quien te cuida y te protege. No soy capaz. 

Por las tardes, me enseñaba a montar en bicicleta, me decía que me apuntara a judo para saber defenderme de mayor, presumía de lo lista y responsable que era su hija frente a la vecinas, que lo saludaban sonrientes. «Qué majo es tu padre. Tu madre, hija, es más seca», me dijo un día la señora del quinto, una de esas mujeres mayores que pretendía no aparentarlo y que se bañaba en perfume y maquillaje. «Qué majo», decía, y a mí un dolor me partía el pecho por dentro. Nunca dije que me dolía. No quería molestar, no quería preocupar, no quería que nadie me preguntara por qué. Solo quería hacerme invisible, olvidar, vivir en las tardes de sol y playa donde mi infancia era lo que debería ser la de cualquier niña: calma y amor.

Pero llegaba la noche, y la oscuridad se cernía sobre la casa. Y yo me acurrucaba en la cama. Me hacía pequeña y me escondía entre las sábanas, híper vigilante y con el corazón en un puño. Oyendo cada crujido de la madera, cada respiración en la casa. Me sentía como Spiderman, con un sentido arácnido que me hacía ser consciente del vuelo de una mosca y me aceleraba el corazón cuando notaba que una mano se posaba en la manilla de la puerta de mi cuarto. Aprendí a dormir boca abajo, con los brazos a los lados, para poder hacer presión hacia el colchón y evitar que una mano me tocara en zonas donde a ninguna niña deberían tocarle. Era una parálisis, una resistencia silenciosa, sin moverme apenas, intentando poner todas las barreras físicas que una menor de unos tres años podría poner frente a un monstruo de 1,85 cm. de altura, más de 100 kilos de peso y treinta y pico años de vida. En esos momentos, solo podía escuchar el latir de mi corazón en mis sienes, con la sangre galopando por mis venas y mi cuerpo en rigor mortis. No sabía lo que pasaba, únicamente que quería matarlo y huir. Lo soñaba a veces. Y luego me sentía mal, culpable, porque es tu padre y tienes que quererlo, porque te lleva a las extraescolares y sonríe a las madres de tus amigas, porque es muy gracioso y en el bar lo adoran, porque sabe lidiar con mi madre cuando se enfada y es el alma de la fiesta en las comidas. 

Todavía lucho con la culpa, cuarenta años después. Quizá podría haber gritado, aunque no encontraba la voz. Quizá podría haber pedido ayuda, aunque conseguí hacerlo una vez –pero acabé por minimizar la historia mientras la contaba porque no quería romper mi familia, no quería ver a mi abuela llorar, a mi madre chillar, a los vecinos hablar–. Porque «los trapos sucios se lavan en casa», me decían, sin saber el impacto de esa frase. Ni siquiera sabía pedir ayuda porque tardé muchos años en entender que podía negarme y que la punzada que me desgarraba el pecho era ansiedad.

Con treinta y pico años, más o menos su edad en el momento en que se inicia esta historia, reuní fuerzas y escribí a una psicóloga especializada. Digo escribí porque no fui capaz de llamar. «Necesito hablar con alguien pero no puedo decirte por qué, simplemente no puedo», tecleé en un formulario ‘online’ de una web. Ella lo entendió, me recibió, me dejó llorar, me dio mi tiempo. Y fue la primera que lo llamó «mi agresor». Me revolví en la silla de una consulta blanca, decorada con plantas y con una caja de pañuelos enorme sobre la mesa. Me los acercó. «Llamémosle por su nombre», me dijo. Me dolió; también me liberó. No sería más «mi padre», aunque ha acabado por ser «el susodicho» o «el gilipollas» porque llamarle «mi pederasta» se hace muy duro de tragar, y no solo por el «pederasta» sino por el «mi». Porque no quiero que sea nada mío. Porque lo he borrado de mi vida y, solo entonces, solo así, he podido empezar a dormir de lado y, poco a poco, boca arriba. 

Empecé a meditar, a soltar el cuerpo, a contarlo en pequeños círculos donde, para mi sorpresa, me encontraba en ocasiones con historias similares que me eran susurradas en privado o enviadas en mensajes tras el encuentro. «Me pasó, fue mi hermano». «Mi abuelo». «El vecino en un bar». «También mi padre». Y un terremoto se desató en mi cuerpo, porque comprendí que no era una rarita con problema extraños sino que había mucha gente a mi alrededor con problemas similares. Porque habían abusado de muchas de nosotras, incluso cuando no nos habían ni salido las tetas. Solo por el hecho de ser niñas. Solo por creerse impunes y, a nosotras, trozos de carne sobre los que ejercer su poder sin consecuencias. 

Me gustaría decir que ya estoy bien. Pero solo puedo decir que he conseguido vivir con ello y, muchas veces, seguir disociándome de esa historia porque me niego a que me defina. Pero ahora, con dos hijas a mi cargo, las regresiones se activan y las veo pequeñas, inocentes e indefensas, y pienso que hay que ser un puto ‘monstruo’ para hacerles daño. Y no sé si es más triste que me haya pasado a mí o que yo no sea una excepción; que lo que para mí son monstruos no son locos ni psicópatas, solo hijos sanos del patriarcado. 

Ahora, intento protegerlas y educarlas desde la herida sin dejar que sangre. Les canto canciones, les explico cómo se llaman las partes (todas) de su cuerpo, les compro libros sobre consentimiento e intento no obsesionarme cuando las pierdo de vista unos segundos en una comida familiar. No voy a mentir, me cuesta. Las miro y vuelven los temblores, el palpitar de la sien y el miedo a que se repita la historia con otra de esas personas de mi entorno que sea muy majo para las personas sobre las que no puede ejercer poder. 

Todavía tiemblo al escribir esto. Porque la herida no se cierra nunca. Solo cicatriza. Hoy la muestro por si alguien más necesita saber que no está sola. Y que no es su culpa, aunque así se sienta. 

*Aurora Delmar es un pseudónimo. La mujer que escribe estas líneas nunca denunció a su agresor y ha optado por no revelar su verdadero nombre por temor a posibles represalias.

Puedes escuchar el texto en este audio, con locución de Rocío Gómez.

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La Iglesia ha gestionado la pederastia como lo haría cualquier partido. Sus templos se vacían por haber olvidado que nació para la santidad, no para el poder.

1. La última

Por delante de ella se sitúan, como es bien sabido, las Iglesias católicas de Estados Unidos, Irlanda, Francia, Alemania, Australia, Países Bajos… La Iglesia española ocupa el último lugar en el ranking de reconocimiento institucional de culpas y de cooperación con las víctimas y con el Estado para investigar, esclarecer y reparar los miles de casos de abusos sexuales habidos en su seno.

2. Papel mojado

La jerarquía eclesiástica española apenas ha mostrado arrepentimiento y menos aún propósito de enmienda, aunque sí gran disposición al perdón de los pecados… cometidos por sus rijosos ministros. Si no se investiga lo sucedido y además se protege a los culpables, las muestras verbales de arrepentimiento y propósito de enmienda son sombra, polvo, niebla, nada: son papel mojado, papel debidamente bendecido, pero mojado. Recuérdese que el número de víctimas, según la proyección que hizo el Defensor del Pueblo, asciende a 440.000 personas de acuerdo a la encuesta que encargó a la consultora de Narciso Michavila, GAD3.

3. Como un partido

La Conferencia Episcopal Española ha reaccionado ante los casos de pederastia de la misma forma que suelen hacerlo los partidos ante sus casos de corrupción o de abusos machistas; cierto que unos partidos más que otros, pues la izquierda es más proclive a la autocrítica que la derecha, pero en todos los partidos opera la inercia del poder, ese implacable automatismo según el cual reconocer faltas o admitir delitos los hará más débiles, siendo la debilidad el mayor pecado que pueden cometer aquellos cuyo destino y vocación es alcanzar el poder. Admitir la propia culpa y obrar en consecuencia es un rasgo de santidad, y la santidad es lo último que suele permitirse quien persigue el poder.

4. Como un ejército

Pero que un partido se comporte como un partido, es decir, como un ejército en guerra incruenta pero perpetua con sus adversarios, no es un hecho excepcional. Un ejército es eficaz y diligente fusilando a sus traidores, pero no a sus asesinos: un alto mando que espíe para el enemigo o deserte de sus filas es castigado de modo fulminante si es descubierto; en cambio, un alto mando acusado de ser un criminal de guerra cuyos crímenes propiciaron la victoria de su ejército difícilmente será investigado y mucho menos castigado. No es que los partidos no aspiren a la santidad, pero la buscan solo después de alcanzar el poder, nunca antes. Cada uno a su manera, los partidos quieren hacer cosas buenas para la sociedad, pero consideran que tales cosas solo pueden hacerse desde el poder, y la bondad es la peor de las consejeras para alcanzarlo.

5. Apóstatas y delincuentes

Y así es como se está comportando la Iglesia española, como un partido, castigando a sus apóstatas pero exculpando a sus delincuentes. Ante las denuncias de pederastia la Conferencia Episcopal ha reaccionado siguiendo la lógica del poder y no –como sería su deber, pues así lo prescriben sus textos fundacionales– por la lógica de la caridad, de la santidad, de la bondad. Todo ello nos lleva a la pregunta nuclear que deberían hacerse cada día los obispos: ¿la Iglesia es poderosa porque es santa o, por el contrario, es santa porque es poderosa? Vista su conducta, la jerarquía española cree lo segundo, no lo primero: como cualquier líder político, los obispos creen que cuanto más poderosa sea la Iglesia, más instrumentos y herramientas tendrá para hacer el bien, más opciones para ser santa pero también más resortes para hacer creer a la gente en su santidad. Si tengo periódicos, emisoras, dinero, si protejo a mis delincuentes, si cierro filas ante las acusaciones foráneas, si persigo a mis herejes pero defiendo a muerte a mis soldados y oficiales, que me han sido fieles aunque hayan cometido algún que otro crimen, entonces seré más fuerte, tendré más seguidores, más influencia social, y ese poder me permitirá después practicar la santidad a la que aspiro.

6. El templo vacío

La Iglesia española es un partido más. Sus templos se vacían por muchos motivos, y uno de ellos es haber olvidado que nació para la santidad, no para el poder. Los obispos españoles no parecen haber entendido que lo único que puede hacer de verdad poderosa a la Iglesia es la caridad, esa virtud teologal que tanto, que tantísimo le está costando practicar con las pobres víctimas de la concupiscencia, de la lujuria, del crimen.

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La violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es un problema estructural que sigue estando invisibilizado. Durante los últimos años, han sido las iniciativas privadas y la lucha de las víctimas y familiares quienes han empujado, la mayoría de las veces en soledad, para que se ponga encima de la mesa. Es el caso de las víctimas de pederastia en la Iglesia, cuya insistencia ha conseguido finalmente el reconocimiento de estas agresiones, el derecho a su reparación y el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno con el Defensor del Pueblo para indemnizar los casos que estén prescritos en la justicia pública.

«Mucha gente piensa que esto es de la época de Franco. Claro. En la época de Franco ocurría, pero es que por desgracia en nuestros días también sigue ocurriendo, y hay niños y niñas que han sufrido delitos de pederastia y sus padres están desesperados, primero por el estado de sus hijos, pero después también porque los poderes públicos parece que juegan a archivarlo todo», denuncia Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada. 

«Solo desde enero de 2025 al verano de 2025, en España, ha habido hasta 12 casos en colegios concertados», enumera. Este mismo marzo, el Opus Dei ha apartado a un profesor en Madrid por supuestas agresiones sexuales a tres menores de edad, según ha publicado El País, que puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española: de los primeros 34 casos, ahora llegan ya a 3.084 víctimas. «Siempre lo he tenido en la cabeza y, al oír más casos, tenía que contarlo», narraba este martes en la Cadena SER Daniel (nombre ficticio), sobre un sacerdote de la diócesis de Tenerife. Asegura haber sufrido abusos a finales de los años 60, cuando tenía apenas nueve años. 

«A diferencia del ámbito familiar, la víctima, cuando denuncia, se enfrenta a su agresor pero también a toda la orden, prelatura a la que éste pertenezca, que intenta tapar el caso y defender el buen nombre de la institución. Es decir, recae sobre la víctima todo el poder de la institución, con lo que ello supone. Y de ahí que, cuando un menor/adulto denuncia a un miembro de la Iglesia, ésta nunca asume su defensa, y sí la de su agresor», reflexiona Cuatrecasas.

Su hijo fue víctima de un profesor numerario en un colegio vasco. «Nos trasladó en mayo de 2011 el delito que habían perpetrado contra él; nos habló de abusos y acoso escolar, las dos cosas, porque muchas veces los casos de abuso que se producen en colegios llevan emparejado el tema del acoso, porque el pederasta, el depredador sexual, lo que hace es intentar aislar a la víctima, como ocurre también en la violencia de género», explica.

«Para nosotros –prosigue– fue una pesadilla porque veíamos a nuestro hijo fatal. Y en un principio no te imaginas hasta dónde llegaba todo. Pero cuando ya tu hijo te dice con dificultad lo que ha pasado, pues lo primero que haces es intentar que él salga adelante –ese ha sido siempre nuestro objetivo– y por supuesto a la vez tuvimos que denunciar porque el colegio pretendía taparlo todo», denuncia. 

La Asociación Nacional Infancia Robada nació de un grupo de víctimas de la Iglesia, cuyos jerarcas han llegado a alegar que lo de los abusos no era solo cosa de esta institución. Y es cierto. «Pero a lo largo del tiempo han recurrido a nosotros sobre todo víctimas del ámbito intrafamiliar, alguna del deportivo e incluso de los Boy Scouts. Es, efectivamente, un mal endémico de nuestra sociedad. Y siempre digo que con la infancia nada es suficiente», concluye Cuatrecasas.

Según la encuesta realizada por la firma GAD3 para el Defensor del Pueblo, el 1,13% de las personas han sufrido abusos en el ámbito religioso católico. La cifra supone un 0,6% con respecto a los abusos totales reportados: un 11,7% de las personas entrevistadas (con una muestra de 8.000). Y no es menor: son unas 400.000 víctimas, según las prospecciones del Defensor. 

«En el caso de la Iglesia es un tema que procede de muchas décadas atrás, y está insertado como algo estructural. No son cuatro casos, como decía la Iglesia al principio. Son muchos y cada vez más. E incluso te diré que en este ámbito se entendía que era entre un cura o religioso adulto y un niño y, con el tiempo, también han ido saliendo mujeres víctimas de sacerdotes. Hay campos totalmente inexplorados, como el tema de las monjas, que algún día también saldrá», añade Cuatrecasas, que lidera la petición de un Estatuto específico que otorgue a los supervivientes «la condición de víctima» con derechos en el ámbito sanitario, educativo, laboral y social. Además de la protección judicial a quienes hayan denunciado.

El informe destaca, además, que la violencia contra la infancia, considerada como un asunto de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no ha aparecido entre los problemas que generan una mayor preocupación en la ciudadanía, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). «Por ello –indica el Defensor–, se aprovechó la ocasión para preguntar a las personas encuestadas, ante todo, cuál era su percepción del problema». La mayoría lo considera un problema social muy grave o bastante grave. Sobre si existe una mayor conciencia social, un 19,7% respondió «mucha» y un 40,2% «bastante», frente a un 32% que consideró que la conciencia social había crecido poco y un 5,2% nada. 

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El gráfico que encabeza este artículo, extraído del último dossier de La Marea –Pederastas: la violencia estructural que no queremos abordar– ilustra los datos generales recogidos en el Informe del Defensor del Pueblo. Todas las encuestas realizadas hasta el momento, todos los colectivos que trabajan en este asunto, lo confirman: en torno al 80% de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes se da dentro de la familia o en entornos muy conocidos. «No son personas encapuchadas, pueden estar en casa», afirma la subdirectora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, Shauri Molina.

Según un análisis de sentencias que Save the Children viene elaborando periódicamente, más del 90% de las personas acusadas son hombres y en ocho de cada diez casos es conocida. Y sin embargo, como remarca en sus ponencias la superviviente Miriam Joy, hoy mediadora en prevención en la asociación Redime, nos alertan cuando somos pequeños de no coger caramelos de desconocidos, pero nadie nos dice que el agresor, «el lobo», puede estar en tu cuarto.

Entre los espacios más comunes, sigue destacando el entorno familiar, aunque también se dan otros agresores conocidos, como amigos o allegados de la familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, etc.

Dentro de la familia, los agresores que destacan son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares, como tíos y abuelos (8%). En el entorno conocido no familiar, el 75,2% eran conocidos o amigos de la víctima. No obstante, el aumento de la violencia digital está haciendo también que el porcentaje de agresores desconocidos esté creciendo, como corroboran Save the Children y la Fundación ANAR.

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«Qué tema más feo«. Ha sido una de las reacciones más repetidas cuando, en conversaciones aleatorias, adelantábamos de qué iba a ir el siguiente número de La Marea. Es, a la vez, un buen resumen de lo que supone abordarlo en la sociedad: no queremos verlo, no queremos oírlo, preferimos pensar que ese «tema feo» pasa en otros lugares, en otras casas. Nunca en las nuestras, nunca a nuestros hijos, a nuestras hijas. Siempre serán otros padres, otros familiares o amigos cercanos quienes cometan un delito que no cabe en cabeza humana. Ese «tema feo» es la violencia sexual en la infancia y la adolescencia.

«Ni es algo puntual ni es tampoco el caso Epstein», analiza la doctora en Psicología y catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Porque ahora estamos con esto como si esto fuera la realidad. No, la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es intrafamiliar, es continua, es silenciada, nadie lo descubre. No son estas historias mediáticas. Es que estoy preocupada con el caso Epstein porque veo que últimamente se está desviando todo hacia ahí», explica Pereda. Al frente del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, dirigió el primer estudio estatal con una muestra representativa tan amplia –más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años– y, además, con información proveniente de los propios niños, niñas y adolescentes de ahora, no de adultos que lo sufrieron en el pasado. 

Las cifras son escandalosas: el 20% de la población lo sufre antes de cumplir los 18 años. Es decir, uno de cada cinco personas menores de edad. Estamos, por tanto, ante un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública. Y solo abordándolo desde este prisma –y no como casos aislados, espectaculares o de puertas para adentro– se podrán adoptar medidas que pongan el foco en el delito y en los delincuentes, que protejan a las posibles víctimas y que ayuden a las que, por desgracia, ya lo son.

Así lo indican desde todos los sectores consultados para la elaboración de este dossier: desde el ámbito judicial al policial, desde el ámbito educativo al psicológico, desde las organizaciones en defensa de la infancia hasta las propias víctimas –o supervivientes, como muchas prefieren denominarse– y familias afectadas. Es necesario dar un salto cualitativo en el abordaje de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia ya, cuanto antes, como ocurrió también con la violencia de género en su día.

En todo el mundo, según Unicef, más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad y entre 240 y 310 millones de niños y hombres han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Pero es que además, como afirman desde Save the Children, persiste el desafío de conocer la dimensión real: «Sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares», sostiene Clara Burriel, especialista en violencia en la citada organización. Y ese es uno de los principales problemas: a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, rodeada de tabúes, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos.

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La Marea 111

La entrada “Qué tema más feo”: la mayoría de los pederastas son familiares o conocidos se publicó primero en lamarea.com.

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«Pederastas: el problema estructural que no queremos abordar». Nunca nos había costado tanto escoger un titular de portada. Decidimos dedicar un especial a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes como un ejercicio de autocrítica y responsabilidad. Tras una comida en la que estuvimos hablando de Epstein, nos dimos cuenta de que no teníamos problema en definirlo a él y a sus cómplices como pederastas. Tampoco para aplicar ese término a los miembros de la Iglesia católica que han cometido agresiones sexuales. Las noticias sobre estos casos despiertan indignación y repulsa. Pero ¿cuál es la respuesta ante la violencia sexual intrafamiliar, la que supone un 80% del total? Las víctimas y especialistas que participan en el dossier de nuestro última revista lo tienen claro: silencio.

Una de cada cinco personas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años, pero muy raramente lo contará y, menos aún, llegará a denunciarlo. Las agresiones que cometen nuestros padres, abuelos, tíos, padrastros, primos, vecinos o cuñados suelen ser secretos familiares que quedan impunes. Para minimizar su impacto, debemos reconocer cómo se manifiesta a través de señales más o menos evidentes. Para ello, hemos recopilado una serie de consejos de expertos para elaborar una guía con algunos indicadores, de tipo físico o conductual, que pueden ayudarnos a detectar posibles casos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Puedes descargarla aquí en castellano, catalán, euskera y gallego.

Quizá mientras lees estas líneas, estés pensando en alguien próximo que ha sufrido este tipo de violencia. Tal vez te haya sucedido a ti, la probabilidad es alta. Repetimos: afecta al 20% de las personas menores de edad. En La Marea no vamos a dejar de recordarlo porque los medios de comunicación debemos ser un servicio público.

Otros temas en La Marea 111

Además, fieles a nuestra inclinación por el reporterismo, visitamos Siria y Cuba. Al primer destino acudimos de la mano de Núria Vilà Coma, quien visita una escuela a las afueras de Damasco para ver cómo se han reanudado las clases después de la guerra civil y de la caída del gobierno de Bashar al Asad.

A la isla caribeña nos acercan Patricia Simón y el fotoperiodista Alex Zapico. Cuba vive momentos de tensión por el estrangulamiento energético al que está sometida por parte de Estados Unidos, que además amenaza con una invasión. Los cortes de electricidad son continuos y el éxodo de personas jóvenes es imparable.

Marco Dalla Stella firma un reportaje sobre la inteligencia artificial aplicada al armamento. Esta IA señala objetivos para los bombardeos en Irán y actualmente carece de regulación. La masacre provocada por el ataque estadounidense a una escuela de niñas en Minab expone los riesgos de su utilización.

Asimismo, Guillermo Martínez charló con el historiador Gutmaro Gómez Bravo sobre el final de la guerra civil española, el tema de su último ensayo. En él trata todos los pormenores del fin de una contienda que necesitó de la rendición y de la entrega del bando republicano. Es decir, que Franco no ganó heroicamente en el campo de batalla, sino con espionaje y tejemanejes de despacho.

Sebastiaan Faber, por su parte, conversó con la periodista Raina Lipsitz, autora de un libro titulado The Rise of a New Left que trata sobre los movimientos de la izquierda juvenil en Estados Unidos. Para prosperar, esta izquierda ha tenido que enfrentarse no sólo al trumpismo, sino al establishment del Partido Demócrata. La victoria de Zohran Mamdani en Nueva York es uno de sus triunfos más sonados.

Nos ocupamos también de la conservación de los océanos, elaboramos un bazar con productos e iniciativas de carácter ecosocial, os contamos la fascinante historia de la pintora Fanny Gonmar y, como siempre, viajamos a uno de los lugares que siempre está en nuestro corazón: los campamentos saharauis en Argelia. Allí, Miguel Ángel Fernández firma un reportaje sobre una original forma de cultivar hortalizas frescas en pleno desierto.

En El Periscopio, nuestro suplemento cultural, abordamos el uso de la inteligencia artificial para realizar traducciones literarias, cuya popularización está poniendo en peligro a un sector ya muy precarizado que propone alternativas. También viajamos a Avilés, donde tendrá lugar una Bienal de Arte dedicada al cambio climático. Y hablamos con la escritora Laura Ortiz Gómez, autora de una novela atípica y deslumbrante sobre la lucha de clases: Indócil. El broche de oro para el suplemento es un relato de la escritora Elvira Navarro.

Como ves, La Marea en papel vuelve cargada de temas interesantes y también incómodos. Así debería ser siempre el periodismo. Así intentamos hacerlo. Ayúdanos a seguir en la brecha. Compra la revista. Suscríbete.

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