El caso del periodista francés Christophe Gleizes, detenido en Argelia, avanza hacia una resolución. Fuentes de ambos países han indicado que su liberación podría producirse en las próximas semanas, tras la reunión de los ministros del Interior de Francia y Argelia celebrada esta semana.
El principal obstáculo legal pendiente para que el presidente argelino pueda conceder un indulto fue removido el pasado 3 de junio, según ha informado la agencia France-Presse citando a fuentes diplomáticas. Desde entonces, las gestiones se han acelerado y la expectativa es que el periodista pueda volver a Francia antes de final de mes.
Un caso con repercusión diplomática
Christophe Gleizes fue detenido en Argel en circunstancias que no han sido detalladas oficialmente, pero que han generado preocupación en organizaciones de defensa de la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras ha solicitado en reiteradas ocasiones su puesta en libertad, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha mantenido contactos discretos con las autoridades argelinas.
La cuestión del periodista fue abordada en el encuentro entre el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, y su homólogo argelino, Ibrahim Murad, según confirmó el Ejecutivo galo. La liberación de Gleizes podría contribuir a desbloquear una agenda bilateral que incluye asuntos de seguridad y flujos migratorios, en un contexto de tensión moderada entre ambos países.
Desde Argel, fuentes de la presidencia han señalado que el indulto presidencial es el mecanismo previsto, una vez que la vía judicial ha quedado libre de trabas. La decisión final depende del presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, quien ya ha ejercido esta prerrogativa en casos anteriores de reos extranjeros.
La Conferencia Episcopal de Francia ha advertido este 2 de junio de 2026 de que un proyecto de ley contra la violencia en el entorno escolar, presentado por el Gobierno galo, podría amenazar el secreto de confesión. En un comunicado, los obispos sostienen que la normativa, tal como está redactada, podría obligar a los sacerdotes a revelar lo escuchado en el sacramento de la penitencia, rompiendo así un pilar de la libertad religiosa.
El proyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Educación, tiene como objetivo prevenir y combatir la violencia en los centros educativos, incluyendo el acoso y los abusos. Sin embargo, los obispos consideran que su redacción es excesivamente amplia y podría interpretarse como una obligación de denunciar cualquier información sobre delitos, incluso si se obtiene en el marco del sigilo sacramental.
Un ataque a la libertad religiosa
En su declaración, los prelados franceses subrayan que el secreto de confesión es inviolable según el derecho canónico y constituye un derecho fundamental protegido por la tradición jurídica francesa. «La confesión es un acto de conciencia entre el fiel y Dios, y el sacerdote actúa como ministro de la reconciliación, no como agente del Estado», señalan los obispos. La Conferencia Episcopal recuerda que, en otros países europeos como España o Italia, el secreto de confesión está expresamente protegido por la ley, y exige al Parlamento francés que introduzca una salvaguarda explícita para el sigilo sacramental.
El debate sobre los límites del secreto de confesión se ha intensificado en los últimos años en Europa, especialmente tras los escándalos de abusos en la Iglesia. En Francia, una comisión parlamentaria ya había recomendado en 2024 eliminar la protección del secreto de confesión en casos de abusos a menores, aunque la propuesta no prosperó. Ahora, la nueva ley sobre violencia escolar reabre la polémica.
El Gobierno francés no se ha pronunciado aún sobre las advertencias de los obispos. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar con las confesiones religiosas para garantizar que la legislación no vulnere derechos fundamentales, pero defienden la necesidad de proteger a los menores. El proyecto de ley deberá ser debatido en la Asamblea Nacional en las próximas semanas, donde se espera una intensa negociación entre los partidos laicistas y los grupos católicos.
La detención del influyente imán Mohamed Ishaq Kindo el pasado 2 de junio en Uagadugú ha abierto una brecha inédita entre la junta militar de Burkina Faso y sectores religiosos que hasta ahora respaldaban al gobernante Ibrahim Traoré. Kindo, conocido por sus sermones críticos con el proyecto de ley que la junta busca aprobar para regular las libertades religiosas, fue arrestado acusado de injurias y atentado contra la seguridad del Estado, según fuentes judiciales burkinesas.
Un apoyo crucial que se quiebra
El imán Kindo había sido considerado durante meses un aliado tácito de la junta, prestando legitimidad religiosa a un régimen surgido del golpe de 2022. Su detención provocó manifestaciones inéditas de fieles en varias localidades del país, un fenómeno que, según analistas burkinesas, revela un descontento creciente con la deriva autoritaria del gobierno de Traoré. El proyecto de ley, aún no aprobado, contempla sanciones para discursos religiosos considerados desleales al Estado, un concepto que organizaciones de derechos humanos tachan de ambiguo.
Es la primera vez que vemos protestas callejeras relacionadas con una detención religiosa desde que Traoré tomó el poder. La junta ha perdido un pilar de su base social,
señaló una fuente diplomática con sede en Uagadugú.
Presión sobre el régimen del Sahel
El caso Kindo se produce en un contexto de creciente inseguridad en la región del Sahel, donde Burkina Faso sigue siendo uno de los epicentros de la violencia yihadista. La junta de Traoré había basado su legitimidad en la promesa de restablecer la seguridad, pero la represión interna amenaza con erosionar su apoyo entre las comunidades musulmanas, mayoritarias en el país. Para España, que mantiene intereses estratégicos en la estabilidad de África Occidental, la evolución del régimen burkinés es seguida con atención, especialmente por su impacto en los flujos migratorios hacia Canarias.
De momento, el imán Kindo permanece en prisión preventiva. La junta no se ha pronunciado oficialmente sobre las protestas, pero fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que no se prevé una liberación inmediata. La Unión Africana ha instado a la moderación, sin que por ahora se haya abierto un canal de mediación.
El régimen ruso ha intensificado la persecución contra los humoristas que hacen bromas sobre las operaciones militares en Ucrania, la movilización, la Iglesia ortodoxa rusa y el presidente Vladímir Putin, según denuncian fuentes de la sociedad civil. La represión del humor crítico, que históricamente fue un recurso de resistencia durante la era soviética, se ha endurecido en los últimos años con leyes que castigan el descrédito de las fuerzas armadas y la difusión de información falsa.
El humor como blanco del Estado
La ortodoxia rusa ha sido instrumentalizada por el Kremlin como símbolo de identidad nacional y herramienta de legitimación, por lo que las críticas a la Iglesia o al líder del país son equiparadas a ataques contra el Estado. Varios comediantes han sido procesados en los últimos meses por chistes considerados ofensivos hacia las instituciones eclesiásticas o la gestión de la guerra.
La ley rusa de fake news sobre el ejército, aprobada en marzo de 2022, permite penas de prisión de hasta 15 años para quienes difundan información considerada falsa sobre las fuerzas armadas. Bajo este paraguas legal, las autoridades han incluido el humor que ironiza sobre la movilización de reservistas o los reveses militares en el frente ucraniano.
El sarcasmo y la ironía eran las únicas armas para resistir la opresión del totalitarismo soviético; hoy también están prohibidas, según denuncian activistas de derechos humanos.
Un control creciente sobre la disidencia
La persecución no se limita a los grandes nombres de la comedia: también afecta a humoristas locales, guionistas de televisión e incluso usuarios de redes sociales que comparten memes satíricos. Los cargos varían desde «extremismo» hasta «ultraje a los sentimientos religiosos», un delito que castiga la ofensa a la Iglesia ortodoxa con penas de hasta tres años de cárcel.
Según fuentes de la oposición rusa, el endurecimiento del control sobre el humor forma parte de una estrategia más amplia del Kremlin para eliminar cualquier espacio de crítica pública, en un contexto de creciente descontento social por la guerra y el deterioro económico. La Iglesia ortodoxa, por su parte, ha respaldado abiertamente las restricciones, al considerar que el humor irreverente atenta contra los valores tradicionales del país.
La comunidad internacional ha condenado en varias ocasiones estas prácticas, aunque sin lograr frenar la deriva autoritaria del régimen de Putin. El uso de la fe como escudo frente a la disidencia recuerda, según algunos analistas, a los mecanismos de control ideológico de la época soviética, pero con herramientas legales y tecnológicas del siglo XXI.
Un centro de apelaciones financiado por la Unión Europea ha publicado cifras que confirman que la Ley de Servicios Digitales (DSA) es inviable como mecanismo de control de contenidos, según informó el organismo este jueves.
El Centro de Apelaciones para la Libertad de Expresión, creado por Bruselas para supervisar las decisiones de las plataformas digitales en el marco de la DSA, reconoció que su capacidad para procesar reclamaciones es limitada. De las 43.000 apelaciones recibidas hasta abril de 2026, solo el 12% fueron resueltas dentro del plazo legal de 30 días, y la mayoría no condujo a la restauración de contenidos eliminados.
Un sistema colapsado desde su origen
La DSA, vigente desde 2023, obliga a las grandes plataformas a retirar contenido considerado ilegal o nocivo, pero también establece un derecho de apelación. El centro de apelaciones, con un presupuesto anual de 15 millones de euros y una plantilla de 120 personas, ha demostrado ser insuficiente para manejar el volumen de casos. Según el informe, un usuario espera de media 67 días para obtener una respuesta, y el 78% de las resoluciones confirman la decisión original de la plataforma.
«Estos datos demuestran que la DSA no es más que un régimen de censura encubierta, donde el derecho a recurrir es una ilusión», declaró una portavoz del centro, aunque en tono informal durante una conferencia.
Consecuencias para el modelo digital europeo
La revelación llega en un momento crítico, cuando la Comisión Europea prepara una revisión de la DSA prevista para 2027. Asociaciones de derechos digitales han calificado los hallazgos como «una prueba irrefutable del fracaso del enfoque centralizado de moderación de contenidos». Por su parte, fuentes del Parlamento Europeo han señalado que el informe podría acelerar la reforma de la ley para flexibilizar los plazos y aumentar la financiación del centro.
Mientras tanto, las plataformas tecnológicas han evitado comentar directamente, aunque fuentes internas indican que ven con buenos ojos cualquier cambio que reduzca su carga legal.
El centro de apelaciones, lejos de legitimar el sistema, ha expuesto sus costuras. Seguirá operando mientras se negocia su futuro, pero la credibilidad de la DSA como herramienta de equilibrio entre libertad de expresión y seguridad jurídica queda seriamente cuestionada.
Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
Decenas de embarcaciones civiles, con ayuda humanitaria y activistas internacionales, partieron este pasado domingo desde Barcelona en una nueva tentativa de alcanzar Gaza por mar y desafiar un bloqueo que se prolonga desde 2007. La operación, bautizada como Global Sumud, no es solo un viaje marítimo, sino una intervención política en uno de los conflictos más enquistados del sistema internacional.
La flotilla debía zarpar el domingo 12 de abril. Y, formalmente, lo hizo. A las 13:30 horas, la delegación catalana —integrada por unas 40 personas— salió del puerto de Barcelona. La salida fue simbólica. Las malas condiciones meteorológicas, con mar adversa y viento, impidieron iniciar la travesía real hacia aguas internacionales. Los barcos atracaron después en otros puertos cercanos, a la espera de una mejora en la navegación durante los próximos días.
El dispositivo quedó activado desde ese momento. En torno a 70 embarcaciones y más de un millar de participantes —con previsión de crecer en ruta— conforman esta misión, considerada por sus organizadores como la más ambiciosa hasta la fecha. La previsión pasa por reanudar la travesía en cuanto el tiempo lo permita, con posibles escalas en el Mediterráneo central antes de dirigirse al este.
De 2010 a 2025: una secuencia de interceptaciones
Global Sumud se inscribe en una genealogía clara. Desde finales de los años 2000, distintas flotillas han intentado romper el bloqueo israelí sobre Gaza, impuesto en 2007 tras el control de la Franja por parte de Hamás. Ese bloqueo ha sido denunciado por organismos internacionales por su impacto sostenido sobre la población civil.
El episodio más conocido tuvo lugar en mayo de 2010 con la primera Flotilla de la Libertad. La marina israelí interceptó en aguas internacionales el convoy y asaltó el Mavi Marmara, asesinando a 10 activistas. El impacto diplomático fue inmediato, aunque la política de bloqueo se mantuvo sin cambios sustanciales.
En los años siguientes, el patrón se consolidó. En 2011, la Freedom Flotilla II fue bloqueada antes de zarpar. En 2015, una nueva flotilla fue interceptada sin víctimas mortales. En 2018, embarcaciones como el Al-Awda fueron detenidas. Los intentos posteriores han tenido menor visibilidad, pero han reproducido la misma secuencia operativa.
El antecedente directo de la actual Global Sumud se sitúa en 2025 y resulta clave para entender tanto su escala como su composición. Aquella flotilla no fue un intento aislado, sino la primera articulación global de una red de organizaciones, activistas y figuras públicas que buscaban reactivar la estrategia marítima contra el bloqueo de Gaza. No se trataba de un único convoy, sino de múltiples salidas coordinadas desde distintos puertos —Barcelona, Génova, Otranto o Túnez— que convergían progresivamente en el Mediterráneo oriental.
En términos de escala, supuso un salto cualitativo. La flotilla llegó a reunir más de 40 embarcaciones y alrededor de 500 participantes de más de 40 países, convirtiéndose en el mayor convoy civil de este tipo desde el inicio del bloqueo. La composición del grupo reflejaba una estrategia deliberada de visibilidad internacional. No solo incluía activistas, sino también perfiles con proyección pública y capacidad de amplificación mediática entre las que se encontraban la activista climática Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, o Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela. A ellos se sumaban parlamentarios europeos, periodistas, médicos y sindicalistas. Ese episodio reforzó la coordinación del movimiento y preparó el terreno para la operación actual.
2026: escala mayor y presión acumulada
La flotilla actual introduce dos elementos relevantes: el primero es la escala. Global Sumud aspira a movilizar más de un centenar de embarcaciones y miles de participantes, ampliando la dimensión de iniciativas anteriores. El segundo es el contexto. La situación en Gaza se ha deteriorado en los últimos meses y los indicadores humanitarios apuntan a un agravamiento sostenido, un modo de genocidio a fuego lento, como apunta la investigadora Júlia Nueno.
En este marco, la flotilla se inserta en una presión creciente desde la sociedad civil internacional ante la falta de respuestas políticas. El desenlace inmediato es incierto en términos operativos, pero el precedente es claro. La posibilidad de interceptación por parte de la marina israelí se puede dar por segura. Pero cada repetición del mismo patrón introduce un desgaste acumulativo en el plano internacional y reactiva el debate sobre la legitimidad de un bloqueo que, casi dos décadas después, señala la vulneración del derecho internacional por parte del gobierno de Israel y continúa definiendo la vida en Gaza.
La exabogada y periodista ciudadanaZhang Zhan ha sido nuevamente sentenciada a cuatro años de prisión en China, según ha informado Reporteros Sin Fronteras (RSF). Esta condena se suma a la pena anterior, por documentar las fases iniciales del brote de COVID-19 en Wuhan, el epicentro de la pandemia.
Zhang Zhan, de 42 años, fue condenada por el mismo cargo que la llevó a prisión en 2020: «provocar disputas y problemas». Este cargo es comúnmente utilizado por las autoridades chinas para silenciar a disidentes y activistas. Su primera detención se produjo después de meses de publicar vídeos y relatos que mostraban una realidad mucho más cruda que la versión oficial del gobierno, con hospitales abarrotados y calles desiertas.
Después de ser liberada en mayo de 2024, fue detenida nuevamente solo tres meses después. Los nuevos cargos se basan en sus informes sobre violaciones de los derechos humanos y comentarios en sitios web extranjeros. Según su exabogado, Ren Quanniu, estas acusaciones carecen de fundamento.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras condenan enérgicamente la nueva sentencia por cargos falsos, e insta a la comunidad internacional a intensificar la presión sobre Pekín para garantizar su seguridad y exigir su liberación inmediata.
Aleksandra Bielakowska, directora de defensa de RSF en Asia-Pacífico, ha declarado que Zhang debería ser vista como una «heroína de la información» y no sufrir las brutales condiciones carcelarias a las que ha sido sometida, incluyendo la alimentación forzada durante una huelga de hambre.
Beh Lih Yi, director para Asia-Pacífico del CPJ, ha instado a las autoridades chinas a liberar a Zhang de inmediato y retirar todos los cargos, calificando su detención de «arbitraria» y de un «flagrante acto de persecución por su trabajo periodístico».
En mayo, el CPJ instó a las autoridades chinas a liberar a Zhang de inmediato y retirar todos los cargos. 58 organizaciones se han unido para emitir una declaración conjunta exigiendo la liberación inmediata de Zhang y condenando al gobierno chino por esta nueva detención.
En la actualidad China es el país con mayor número de periodistas encarcelados del mundo, con 52 encarcelados al 1 de diciembre de 2024, según la investigación del CPJ.
A pesar de que China aprobó recientemente una ley para permitir que los ciudadanos informen de emergencias de salud pública de manera más directa, el caso de Zhang Zhan demuestra que aquellos que se atreven a cuestionar la narrativa oficial siguen enfrentando duras consecuencias.
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El periodista ciudadano José Carlos González Herrera, más conocido como “El Fénix”, era el creador y conductor del portal El Guerrero Opinión Ciudadana, una plataforma con más de 142 mil seguidores en redes sociales, desde donde combinaba sátira, memes y retransmisiones en directo para denunciar abusos de poder, impunidad y crimen organizado.
Según informan medios como el canal 24h, esta no era la primera vez que su labor periodística lo ponía en peligro. En junio de 2023, ya había sobrevivido a un atentado mientras transmitía desde su vehículo. En esa ocasión, responsabilizó de forma general a “la mafia”, sin entrar en detalles. También había recibido amenazas previas por el contenido de sus programas.
El periodismo ciudadano, como el que ejercía “El Fénix”, ha ganado relevancia en México debido a la falta de cobertura de ciertos temas por parte de los medios tradicionales. Sin embargo, esta forma de periodismo se enfrenta a graves riesgos, ya que los comunicadores ciudadanos carecen de las protecciones y recursos que tienen los periodistas profesionales.
La violencia contra periodistas en México no solo representa una amenaza para la libertad de expresión, sino que también tiene un efecto amedrentador sobre la sociedad en general. La impunidad en la mayoría de estos casos perpetúa un ciclo de violencia y silencio.
Según datos de la organización ARTICLE 19, desde el año 2000 hasta la fecha, se han documentado 171 asesinatos de periodistas en México. Guerrero se encuentra entre los estados con mayor número de casos, junto con Veracruz, Chihuahua y Oaxaca
El asesinato de “El Fénix” se suma a una larga serie de agresiones contra la prensa en Guerrero. Su muerte renueva la exigencia de garantías reales para el ejercicio del periodismo.
Fue en torno a 1999, cuando el periodismo ciudadano comienza a dar sus primeros pasos a través del movimientoo Indymedia. Desde entonces, protagonistas como Dan Gillmor, profesor, periodista, fundador del Center for Citizen Media y el considerado «padre» del periodismo ciudadano, asentó el verdadero propósito de este fenómeno: convertir a la audiencia pasiva en un actor participativo en la construcción de la información.
Gillmor, un referente en este fenómeno además del autor de libros esenciales como We the Media, o Mediactive, defendió la idea de que los ciudadanos podían y debían formar parte del proceso informativo. En PeriodismoCiudadano.com hemos hablado en numerosas ocasiones de su trabajo y de cómo su visión ha sido clave para entender el cambio de paradigma en la comunicación digital.
Sin embargo, tras la adquisición de X, Elon Musk ha tratado de desvirtuar y reapropiarsede este movimiento con fines que poco tienen que ver con la transparencia o el empoderamiento ciudadano. Musk ha convertido X en un espacio cada vez más cerrado y autocrático, utilizando el discurso del “periodismo ciudadano” como una pantalla para justificar su manipulación de la información y el silenciamiento de voces críticas. Para ello se ha apropiado del lema que Gillmor abanderó con tando acierto al otorgar a la ciudadanía el poder de denunciar las violaciones de sus derechos y afirmar: «We the media», «somos los medios», lema que ahora desvirtua Musk al señalar: «vosotros sois los medios».
En los casi veinte años que llevamos defendiendo el periodismo ciudadano, debemos insitir en que nunca ha sido un objetivo de este fenómeno competir con los medios profesionales, al contrario. Se trata de colaborar y amplificar la defensa de los valores democráticos para llegar donde los medios no llegan. Sin embargo, y como señalan desde Maldita: Elon Musk afirma que:
Elon Musk consolida así un nuevo modelo de hegemonía digital, donde la información ya no fluye libremente, sino que es moldeada por los intereses de su plataforma. Desde el diario El PaísCarmela Ríos habla de cómo su estrategia de comunicación en X ha convertido a la red en un órgano de propaganda global «para justificar las políticas de Trump y acallar las críticas»:
«Sus aportaciones, que superaron el millar durante la primera semana de febrero, son a su vez replicadas por un enjambre de cuentas de sus “palmeros” digitales, también favorecidos por el algoritmo para que lleguen hasta el último usuario. La ocupación del espacio mediático en la era de las redes sociales era esto: hacer que no exista otro protagonista que Musk, ni mensajes más replicados que los suyos. ‘Elon Musk ha superado los 216 millones de seguidores. Es el perfil con más seguidores e interacciones en X’, anuncia @cb_doge, la cuenta de uno de sus fieles, como si del azar se tratara y no de una manipulación.»
Esta estrategia no solo le permite monopolizar la conversación pública, sino también crear la ilusión de que su visión del mundo es la dominante. En lugar de permitir que el periodismo ciudadano florezca como una herramienta de empoderamiento, lo ha reducido a un mecanismo de validación personal.
Mientras que Dan Gillmor veía en el periodismo ciudadano una oportunidad para que la ciudadanía desafie el control de los medios tradicionales y participe en la construcción de la verdad, especialmente en situaciones críticas como los desastres naturales, los atentados y conflictos armados, Musk ha pervertido este ideal para justificar la eliminación de los medios tradicionales y reemplazarlos con su propia narrativa.
En PC ya os habíamos hablado de las afirmaciones de Gillmor, quien advertía sobre los peligros de quienes buscan controlar la información:
«Trump y sus acólitos (que ahora controlan uno de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos y muchos gobiernos estatales)», señala Gillmor, no solo tiene como objetivo «destruir la educación pública tal como la conocemos», sino «derribar la democracia misma».
Lo que estamos viendo con Musk es una prolongación de esa misma lógica: el ataque sistemático al periodismo tradicional, la promoción de desinformación desde su plataforma y el control algorítmico de la conversación pública.
Uno de los aspectos más preocupantes de la estrategia de Musk es su uso de la desinformación como herramienta política. Carmela Ríos lo documenta de manera precisa cuando señala que Musk no tiene reparos en difundir información falsa para justificar decisiones gubernamentales, como la eliminación del Departamento de Educación o los recortes a la cooperación internacional.
Además, el bloqueo algorítmico de medios críticos es una pieza clave de su estrategia. Como destaca Ríos, medios como Wired han visto caer drásticamente su visibilidad en X, mientras que su impacto ha aumentado en plataformas más pequeñas como Bluesky.
Este ataque a la transparencia y la manipulación del algoritmo demuestran que Musk no está interesado en la democratización de la información, sino en su control absoluto.
Entrados ya de lleno en el 2025, y con las ecuaciones electorales ya resueltas, los gurús de la geopolítica internacional estrujan ahora sus análisis en lo que depararán las políticas de los candidatos electos en un contexto internacional en el que sus acelerados cambios políticos empiezan a ser ya una preocupante costumbre. El año 2024 abría gran parte de los análisis geopolíticos con pronósticos sobre lo que depararía la gran cita electoral en todo el planeta en la que casi la mitad de la humanidad estaba llamada a votar en más de una tercera parte de los países que componen los 5 continentes. Y mientras, la otra mitad de la humanidad, o bien espera turno para depositar su papeleta o se resigna a que su derecho a ejercer el voto siga restringido. Se propone así bajo estas líneas un pequeño viaje hacia aquellos lugares en donde las urnas no llegan.
Asia, el continente más grande y poblado del mundo, albergó elecciones generales en 18 de sus 48 estados, al que se sumarían las elecciones en el pequeño Taiwán como uno de los 5 países continentales no reconocidos y que tantas jaquecas genera al gigante chino. Los grandes titulares del año electoral asiático serían la consolidación de las políticas ultranacionalistas en países claves como India o Turquía, los controvertidos resultados en Pakistán o el reciente caos poselectoral en Corea del Sur, pero, a pesar de ser el continente donde más población estaba llamada a votar, Asía es, también, el territorio que más déficit democrático presenta.
Según la organización no gubernamental Freedom House dedicada a medir el estado de los derechos políticos y libertades civiles en el mundo, sólo 6 países asiáticos superarían los estándares para ser catalogados como “libres” (Japón, Corea del Sur, Mongolia, Israel, Timor Oriental y Taiwán), 18 “parcialmente libres” y, el resto, bajo el dominio de regímenes que restringen derechos fundamentales. Entre este último nutrido grupo se encontrarían monarquías absolutas como Brunéi, Qatar o Arabía Saudí; regímenes bajo un sistema de partido único como China, Laos o Corea del Norte; autocracias militares o familiares como Birmania o la recién “liberada” Siria; teocracias como en Irán o Afganistán o estados inmersos en plenos conflictos armados como Yemen o Palestina (otro de los todavía no reconocidos).
Mitin electoral en Namibia
Si bien, algunos combinan incluso varias de las funestas etiquetas descritas, la lista es todavía más larga (Omán, Turkmenistán, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos…) y, aunque algunos sí se “molesten” en celebrar elecciones, no por ello quiere decir que sean democráticas, ni mucho menos, libres o competitivas.
África, tercer continente en extensión geográfica, es el segundo más poblado, representando el 15% de la población mundial. Según datos del Fondo de Población de las Naciones (UNFPA) es, además, el continente más joven del mundo con el mayor porcentaje de personas menores de 18 años. Este dato, aunque desde el punto de vista electoral mantiene a más de la mitad de su población total sin poder introducir la papeleta de voto, revela que podrá ser el continente con inercias futuras más sorprendentes.
Una de ellas es la notable implicación de la juventud y su aprovechamiento de la tecnología para ejercer nuevas formas de participación ciudadana. Participación, por cierto, que, en el caso de las mujeres, se traduce en una progresiva presencia en la esfera pública y mayor representación en los parlamentos nacionales, erigiéndose este año Namibia como el 5º país africano en tener una presidenta de la nación después de Liberia, Malawi, Tanzania y Etiopía.
Otras sorpresas fueron el fin del oficialismo en Senegal por partida doble, con un presidente y primer ministro por debajo de los inhabituales 50 años de edad o la pérdida de mayoría absoluta del partido de Mandela por primera vez desde el fin del apartheid en Sudáfrica.
Del total de los 54 estados africanos, hubo elecciones en casi la mitad de ellos y, si bien hubo sorpresas, hubo también resultados “previsibles”: Argelia, Túnez y Egipto revalidaban gobiernos con “discretos” escrutinios por encima del 90% a favor de las candidaturas presidenciales; Chad, Ruanda y Mozambique no se quedaron atrás, confirmando, a su manera, el continuismo con la saga familiar de los Deby, la 4ª reelección de Kagame o el empeño de Frelimo por “continuar su lucha”.
Cartel electoral de Swapo en Namibia
Y es que la salud democrática de África todavía sufre de serios achaques. Según los estándares de la citada Freedom House, sólo aprobarían 9 países, 4 en el cono sur (Namibia, Botsuana, Sudáfrica y la pequeña Lesoto); Ghana, allá por el occidente continental y, perdidas en los mares, las islas de Cabo Verde, Mauricio, Santo Tomé y Príncipe y las Seychelles.
El resto, extendidos por toda la masa continental, entre suspenso o necesita mejorar. Así, entre los países donde las urnas todavía no llegan están aquellos regidos por juntas militares, especialmente en el Sahel tras los golpes de estado de los últimos años en Mali, Burkina Faso, Guinea Conakry o Níger; aquellos todavía inmersos en procesos transicionales, como Libia, Somalia o Sudán del Sur o aquellos en plena guerra, como la que sufre Sudán con la peor crisis humanitaria actual en el Planeta. Y, por supuesto, no podían faltar aquellos con “querencia” al cargo, bien en formato de dictaduras monárquicas, como Marruecos o Esuatini (Suazilandia) o presidencialistas, como la de Paul Biya en Camerún (desde 1982); Museveni en Uganda (desde 1986); Isaías Afewerki en Eritrea (desde 1991) y Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial, éste último con el desgraciado récord de “dictador más longevo del mundo” ocupando su cargo desde que en 1979 derrocó en un golpe de estado a su tío Francisco Macías.
América, situada al otro lado del charco y con poco más de 1000 millones de habitantes, es la tercera en porcentaje de población mundial, la segunda en extensión y la única que alcanza tocar los dos polos terrestres. Quizá, de ahí los “cortos” que hacen saltar tanta chispa en sus intensos procesos electorales. El 2023 se despedía con la resaca electoral argentina o el subidón de fiesta, según le sentase a cada cual el cotillón que cerró el año con la vitoria de Milei. En el 2024, el final de fiesta tampoco defraudó con la victoria del primer presidente electo estadounidense con cargos penales y un cartel de barras y estrellas que fue analizado hasta la saciedad durante todo el año.
Y entre medias, mientras unos países alternaban también sus gobiernos (vuelta del Frente Amplio en Uruguay o la coalición de partidos en Panamá), otros, revalidaban victorias como la bolivariana en Venezuela, impugnada por medio mundo; Morena en México, situando a Claudia Sheinbaum como primera mujer presidenta en la historia de su país o la abrumadora mayoría de Bukele en El Salvador, a pesar de su contorsionismo constitucional para ratificar su candidatura. No es de extrañar, que con tanto candidato “alfa”, la reelección del gobierno en la pequeña República Dominicana pasara mediáticamente desapercibida. No en cambio, la cada vez más desastrosa situación que vive su vecino Haití, el país más pobre del continente donde, desde hace décadas, llueve sobre mojado: terremotos, ciclones, magnicidios, ocupaciones militares y su penúltimo drama, el control por bandas callejeras de casi la totalidad de su capital Puerto Príncipe, sumiendo al país en un preocupante desgobierno y un horizonte futuro poco halagüeño.
Pero tanta pasión electoral americana no es óbice para que el continente goce de mejores índices democráticos que sus homólogos asiáticos y africanos. Según Freedom House son sólo 4 países donde la libertad está seriamente restringida, además de los mencionados Haití y Venezuela, la sempiterna Cuba, con su “sistema político” de partido único y Nicaragua, cuya “linda flor” sufre los desmanes del caudillismo familiar de los Ortega y su absoluta perversión del pasado revolucionario de su formación.
Y en este viaje electoral nos adentramos como última estación en lo que el ex alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, llamo el “jardín europeo”, un viejo vergel que, con el permiso del hemisferio sur, podría hacerse extensivo a los territorios oceánicos. Juntando ambos continentes no superan ni en población, ni en territorio a los tres anteriores, si en cambio, en sus estándares de aprobación democrática.
Pero como en todo parterre, en lo que refiere al ejercicio de derechos y libertades, hay siempre jardineros que podan más de la cuenta en países como Hungría, Serbia o Bosnia, y desde el punto de vista electoral, la alargada sombra de fraude no incomoda ni a la senda de Putin, considerando a Rusia como animal de compañía en territorio europeo, ni a su patio trasero en Bielorrusia, gobernada desde 1994 por Lukashenko, recién reelegido para su séptimo mandato con casi el 90% de votos. Mientras, en la vecina Ucrania, hasta que la ansiada paz ponga fin a la ley marcial, las urnas de cristal seguirán guardadas en los refugios antiaéreos.
2024 fue, efectivamente, un año electoral intensito con reválidas, alternancias y pantomimas. Lo que sí que no cambió fue la imposibilidad de votar en aquellos lugares proscritos donde las urnas tristemente hace mucho que no llegan. Lugares con libertades restringidas, persecución política, censura periodística, privación de derechos y prevaricación judicial, una sistemática amenaza cuyo contrapeso lo ejercen valientes voces que se arriesgan en su empeño y denuncia a través de las pocas herramientas de participación ciudadana a su alcance.
Aun así, nada de ello fue impedimento para que los países del nuevo jardín desplegarán sus amables diplomacias allá donde los intereses políticos, económicos y militares más convenían (acuerdos migratorios, negocios de armamento, hidrocarburos, mundiales de fútbol, etc. etc. etc.) aparcando para mejores ocasiones esos discursos de derechos y libertades que forjaron las viejas democracias de Occidente. La Historia, a pesar de la apariencia sucesiva y acelerada de acontecimientos, es como un gran buque que navega con lentitud por el desierto oceánico. Errar la hoja de ruta puede derivar en peligrosas tempestades y despertar viejos monstruos marinos. Un viejo aviso para nuevos navegantes.
