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AnteayerNoticias

Alemania reabre el debate histórico: el SPD propone añadir crímenes de Stalin al Monumento Soviético de Berlín

4 Junio 2026 at 17:26

El grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata (SPD) de Alemania ha propuesto añadir descripciones de los crímenes de Iósif Stalin al Monumento Conmemorativo a los Soldados Soviéticos en Treptower Park, en Berlín. La iniciativa, conocida este 4 de junio de 2026 a través del diario Die Welt, ha reavivado el conflicto sobre la memoria histórica en el país.

Una iniciativa controvertida

La propuesta del SPD busca, según sus impulsores, ofrecer una visión más completa del papel de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, incorporando al monumento —erigido en 1949 en honor a los 80.000 soldados soviéticos caídos en la Batalla de Berlín— información sobre las represiones estalinistas. Sin embargo, críticos como el exdiplomático israelí Yakov Kedmi han calificado la propuesta de «cortina de humo para los neonazis en Europa», en declaraciones recogidas por el medio Sputnik.

Denuncias de revisionismo

Kedmi sostiene que la maniobra del SPD busca relativizar el legado soviético y desviar la atención del resurgimiento de la ideología neonazi en Alemania y otros países europeos. La controversia se produce en un contexto de aumento de incidentes de extrema derecha en el país, según informes del Ministerio del Interior alemán. Por su parte, el SPD defiende que la medida es parte de un «ejercicio de memoria crítica» necesario para una sociedad democrática.

El debate llega en un momento delicado para las relaciones germano-rusas, ya que Moscú considera cualquier modificación de los monumentos soviéticos como un «acto hostil» contra la memoria de los caídos en la lucha contra el nazismo. El Gobierno ruso no ha emitido aún una declaración oficial sobre la propuesta del SPD.

Macron inaugura en París un memorial por el genocidio tutsi que Francia no supo evitar

2 Junio 2026 at 21:29

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo ruandés, Paul Kagame, inauguraron este martes 2 de junio en los muelles del Sena, en París, un monumento en homenaje a las víctimas del genocidio de los tutsis de 1994. El acto representa un hito en la relación bilateral y en la política de memoria de Francia respecto al genocidio, que costó la vida a cerca de un millón de personas, según estimaciones históricas.

Un gesto diplomático de alto calado

La inauguración del memorial se enmarca en un proceso de reconciliación iniciado en los últimos años. Francia fue durante décadas un estrecho aliado del régimen hutu que ejecutó el genocidio, y su papel en la matanza ha sido objeto de controversia. Un informe encargado por Macron en 2019 concluyó que París tuvo una «responsabilidad abrumadora» por no haber actuado para detener la masacre.

Desde entonces, ambos países han avanzado en la normalización de sus relaciones. Kagame visitó París en 2023 y Macron viajó a Kigali al año siguiente. El memorial se convierte así en un símbolo visible de esa reconciliación, pero también en una herramienta de la diplomacia francesa para recuperar influencia en África.

El presidente ruandés, Paul Kagame, declaró durante la ceremonia: «Este monumento es un reconocimiento necesario. Que los jóvenes que lo visiten sepan que aquí se recuerda a quienes fueron asesinados por su origen étnico, y que Francia ha dado un paso valiente al situar este memorial en el corazón de su capital».

El acto contó con la presencia de representantes de asociaciones de supervivientes, diplomáticos y autoridades locales. Durante la inauguración, se depositaron ofrendas florales y se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. El monumento, diseñado por el artista franco-ruandés Benédicte Mwamba, incorpora elementos simbólicos como una llama eterna y una escultura que representa el renacer de la unidad nacional ruandesa.

La jornada concluyó con una cena de trabajo entre ambos mandatarios en el Palacio del Elíseo, donde abordaron asuntos de cooperación bilateral y la agenda de la Unión Africana, de la que Ruanda asumirá la presidencia rotatoria el próximo año.

Francia entierra el Código Negro: el vestigio legal de la esclavitud que sobrevivió 176 años a la abolición

29 Mayo 2026 at 06:28

El Parlamento francés aprobó por unanimidad la derogación del denominado Código Negro, un conjunto de normas que desde 1685 regulaban la esclavitud en las colonias francesas. La votación, celebrada el 29 de mayo de 2026 en París, elimina así un vestigio legal que permanecía vigente casi dos siglos después de que Francia aboliera la esclavitud en 1848.

Un gesto simbólico de reparación

El Code Noir, promulgado por el rey Luis XIV, establecía el estatus de los esclavos y los códigos de conducta para los amos en territorios como Martinica, Guadalupe o Saint-Domingue (hoy Haití). Aunque la esclavitud fue abolida definitivamente en 1848, el articulado del código nunca fue derogado formalmente, lo que generaba una anomalía jurídica y simbólica que varias organizaciones de derechos humanos venían denunciando.

Derogar el Código Negro es cerrar una herida abierta; un acto de reparación simbólica necesario para que la República reconozca su pasado colonial.

La decisión, respaldada por todos los grupos parlamentarios, no tiene efectos prácticos sobre la legislación vigente, pero sí un fuerte valor simbólico en el marco del debate sobre la memoria histórica y la reconciliación postcolonial. El Gobierno francés enmarcó la medida como un paso hacia la justicia histórica, similar a otros gestos adoptados en países como Bélgica o los Países Bajos respecto a su pasado esclavista.

La iniciativa coincidió con el 176 aniversario de la abolición de la esclavitud en Francia y se espera que abra la puerta a nuevas políticas de reparación, incluyendo posibles compensaciones o programas educativos sobre la trata transatlántica de esclavos.

Victoria César: “Si no existiera el movimiento memorialista, no se habría recuperado casi nada”

19 Mayo 2026 at 07:00

Aficanda en Valencia de Alcántara (Cáceres) tras varios años viviendo en Ecuador, Victoria César Velázquez acaba de defender en la Universidad de Sevilla una tesis doctoral en la que indaga, a través de sus protagonistas, cómo el movimiento memorialista se ha ido forjando como el músculo de la recuperación y reparación a las víctimas del franquismo en España en las últimas dos décadas. Es tal la fuerza de este activismo –defiende la investigadora– que, incluso en este momento de ultraderechización y de discursos contrarios a los derechos humanos, logra mantener vivo un tema que desde muchas instituciones intentan dar por muerto. Para esta investigación, no ha recibido ningún tipo de financiación. «Hay mucha gente haciendo investigación sin recibir retribución económica, a expensas del sacrificio profesional y personal», afirma. 

¿Por qué hizo esta tesis doctoral?

El tema conectaba con mi trabajo de fin de grado, que había versado sobre una propuesta del Parlamento Europeo en 2014 acerca de cómo estudiar la memoria en las escuelas. Esta propuesta iba encaminada fundamentalmente al nazismo y al estalinismo o a los regímenes comunistas. Cuando me quise meter en el doctorado, contacté con el profesor Miguel Vázquez Liñán, que también había sido mi director de TFG, y ya concretamos el tema partiendo del planteamiento de que la memoria histórica en España y en Andalucía, tal y como la conocemos, no se puede entender sin el activismo memorialista, sin el movimiento memorialista. Hay, además, una ausencia o escasez de estudios académicos en los que el movimiento memorialista sea el objeto de estudio principal. Y así fuimos estableciendo el tema inicial de hacer una historia social del movimiento memorialista en Andalucía a través de entrevistas en profundidad, para que fueran las propias personas del movimiento las que describieran sus experiencias y las que contaran cómo había sido todo ese proceso. 

Se la dedica a su abuela. Aparte de que las abuelas siempre son especiales, ¿existe alguna motivación relacionada con la memoria?

No directamente o no del todo. Mi abuela es una figura muy importante en mi vida; es mi segunda madre, yo me crié con ella. Falleció durante el proceso de elaboración de la tesis y no fue nunca muy consciente del doctorado porque en sus últimos años tuvo Alzhéimer. A veces me había hablado de la represión en Lebrija, en mi pueblo, desde un punto de vista crítico. Mi abuelo había sido bastante autoritario, bastante afín al franquismo y a este tipo de ideología, por lo que mi abuela había sido una mujer muy sumisa durante casi toda su vida. Cuando falleció mi abuelo, fue cuando ella empezó a expresarse y hablar mucho más. Y sobre este tema en concreto, sacaba muchísimo a colación a una tía suya, que la crió, que sí fue una represaliada directa del franquismo, a su marido lo desaparecieron, ella quedó viuda con un niño de dos años, se negó a firmar el documento para recibir una ayuda, tuvo una vida bastante difícil y bastante condicionada por esa circunstancia. De hecho, a mí ahora mismo me gustaría intentar recuperar en la medida de lo posible la historia de esa tía abuela.

Mi abuela hablaba de ella como una mujer muy fuerte, muy orgullosa, muy digna. Y también sé que otra de sus tías se fue a Sevilla a vivir en una especie de cooperativa y fue también represaliada directamente, pero no sé todavía ni siquiera el nombre. Todas estas historias van creando una conciencia, una sensibilidad que en las generaciones más jóvenes quizás está menos presente que en generaciones más mayores que han tenido un contacto más directo con personas represaliadas directamente.

La investigación abarca 23 años, de 2000 a 2023. Puede parecer mucho, pero ¿cree que se siguen quedando cortos para todo lo que hay que reparar? Muchas víctimas presentes en ese movimiento memorialista ya han muerto. 

El movimiento ha logrado muchísimas cosas y ha avanzado muchísimo, pero también ha tenido muchísimos obstáculos que han determinado los avances que se han podido hacer. En estos años, aunque en Andalucía ha habido una profusión de iniciativas, incluso políticas institucionales, observas que no es suficiente viendo por ejemplo las cifras de las exhumaciones, de todas las personas que siguen siendo anónimas, como la historia de mi tía y su marido. Y, siendo realista, probablemente vaya a quedar mucho sin recuperar. Veinte años no son suficientes, obviamente, para recuperar la memoria de las personas represaliadas por el franquismo en su totalidad. 

Mantiene que el movimiento memorialista andaluz tiene unas características propias. ¿No es extrapolable al resto de España? 

Hay características propias a nivel de iniciativas, de políticas, de organización de las asociaciones, de medios de comunicación… pero obviamente muchas características sí son extrapolables. Sí sostengo también que Andalucía, sin restar gravedad a la represión en ninguna otra comunidad, es una víctima ejemplarizante, se mandaba un mensaje al exterior de ‘esto es lo que va a seguir pasando’. 

Entrevista a diferentes perfiles dentro del movimiento memorialista y hace una distinción entre familiares biológicos e ideológicos, como Cecilio Gordillo dentro de este último grupo.

Sí, surgía la necesidad de distinguirlos, precisamente por una definición que hace Cecilio Gordillo. Porque la participación en el movimiento memorialista puede empezar no necesariamente por un vínculo familiar sino por una afinidad ideológica,y creo que es muy importante porque es algo que está presente prácticamente en todas las personas que participan en él. A lo mejor las personas que pueden poner un poco más de distancia ideológica son aquellas que participan en la memoria a través de un vínculo profesional, pero incluso en esos casos hay un fuerte componente de compromiso emocional. 

Y muchas de esas personas, como el propio Gordillo, descubren también que son familiares biológicos.

Sí, son dos colectivos que están muy conectados entre sí, porque al final, si nos ponemos a escarbar en nuestras historias familiares, vamos a encontrar algún caso. 

Lo define Andrés Rebolledo, familiar de represaliados, como “trauma colectivo”. 

Eso es.

Divide la investigación en tres fases: los orígenes, la institucionalización y la inanición, que es en la que estamos ahora, con el PP en la Junta de Andalucía. No obstante, el movimiento memorialista fue bastante crítico con el PSOE en la fase de institucionalización. 

El periodo de institucionalización es muy complejo desde el punto de vista ideológico: hay muchas personas muy críticas que entienden que aun habiendo un cierto compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica, era muy limitado. Es decir, todo lo que se hacía tenía que seguir siendo promovido por parte del activismo ciudadano, e incluso en muchas ocasiones llevaba a cabo el trabajo, como con el mapa de fosas. Luego otras instituciones, incluyendo la universidad, validaron esta información. Pero sin la existencia del movimiento memorialista, mucho o casi todo de lo que se ha hecho no se hubiera hecho si se hubiera dejado en manos de la Junta de Andalucía. Y, además, lo que se ha conseguido ha sido a un ritmo que no es coherente con la urgencia de reparar a personas que son mayores. Las instituciones solas no hubieran movido la memoria histórica apenas y, de hecho, incluso las normativas han podido limitar a veces el tema de las exhumaciones, como la burocratización del proceso.

Y también ha habido conflictos internos en el seno del movimiento, ¿no?

Sí, no quiero idealizarlo. Venimos de un movimiento que también tiene sus contradicciones internas, sus propios desafíos internos. Han logrado llevar a cabo iniciativas conjuntas, pero obviamente existe conflicto a la hora de ponerse de acuerdo y de trabajar en el día a día con las personas que ideológicamente no son del mismo grupo, por así decirlo. De todas formas, es un movimiento muy plural, eso me parece algo muy positivo.

El PP ha ganado de nuevo las elecciones en Andalucía, pero ha perdido la mayoría absoluta. ¿Cómo ve al movimiento memorialista ahora, en este contexto de ultraderechización generalizado?

A partir de que entra el PP en la Junta de Andalucía, en 2019, hay un cambio muy claro: recorta brutalmente la financiación, elimina instituciones como la Oficina de Memoria Histórica de Sevilla, elimina también información que antes estaba en la página del Ayuntamiento de Sevilla sin ningún tipo de declaración pública sobre eso, sino que simplemente desaparece y ya está.

Y ahora, aunque en Andalucía pueda parecer que la ultraderechización no es tan explícita, en la práctica sí lo es, porque incluso en el discurso del PP no hay nada que nos invite a pensar que no existe esa hostilidad y esa oposición hacia la recuperación de la memoria histórica. El PP andaluz no se ha manifestado a favor de la recuperación de la memoria histórica, ni ha manifestado ningún compromiso con recuperar la memoria histórica. Por eso creo que, a diferencia de la etapa del PSOE, ahora mismo el movimiento memorialista puede tener una oportunidad de volver a un punto más reivindicativo en su conjunto, de estar en pie de guerra, puede ser un nexo de unión, tener una mayor cohesión interna. También dependerá mucho de cómo evolucione la situación a nivel nacional e incluso internacional en cuanto al auge de la extrema derecha, de la normalización de discursos que son totalmente contrarios al reconocimiento a las víctimas y a los derechos humanos. La inclusión de personas jóvenes, la renovación de liderazgos en el movimiento memorialista, es otro de los desafíos.

Hasta ahora, en el fortalecimiento del movimiento memorialista ha influido también, según explica en su tesis, la enorme producción cultural en torno a la memoria en los últimos años.

Sí, yo creo que gran parte de esto viene gracias a esa divulgación cultural. Entiendo que la producción académica es fundamental y es el origen, también en parte, de esa divulgación cultural. Pero claro, la academia tiene bastantes limitaciones para llegar a la sociedad y eso  es lo que sí logra la divulgación cultural: literatura, cine, música, incluso los medios de comunicación. Por eso me parece muy importante esos últimos diez años desde 2012, más o menos hasta acá, con una producción muy amplia y con un enfoque de derechos humanos.

¿Eso puede cambiar ahora con los nuevos escenarios políticos?

Todos entendemos que aquí hubo una dictadura durante 40 años, pero la justificación de que con Franco no se vivía tan mal viene de invisibilizar a todas las víctimas que el franquismo tiene detrás. Lo hace la extrema derecha pero también la derecha moderada, por así decirlo, o incluso parte de lo que se supone que es izquierda. Creo que ahí también ha jugado un rol en invisibilizar esa violencia tanto del franquismo como de la transición, al no querer poner el punto de atención ahí. Entonces, que exista esa divulgación cultural es súper importante, eso va a quedar ahí, a no ser que empiecen a censurar y a eliminar obras, ¿no? Que esperemos que no tengamos que llegar a ese punto nunca. Lo que pasa es que debería dársele más difusión todavía, por ejemplo, a través de la escuela. Y ahí, de nuevo, la posición institucional se vuelve un límite.

¿Y si desapareciera el movimiento memorialista? 

Si se disolviera en los próximos diez años, la memoria histórica quedaría en lo que se ha recuperado hasta ahora y poco más. Y como conclusión de la investigación, si no existiera el activismo no se habría hecho prácticamente nada. Pero bueno, también es un movimiento que está todavía en actividad, en desarrollo. Y eso para mí ha sido, durante la última etapa, un desafío desde el punto de vista de la investigación, estudiar esos últimos años en los que prácticamente estamos metidos ahora mismo, hacia dónde puede ir. 

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120 organizaciones piden que se aplique la Ley de Memoria también a las víctimas saharauis del franquismo

4 Mayo 2026 at 20:15
Por: La Marea

Ciento veinte organizaciones de carácter social, académico, político y sindical presentaron hoy un manifiesto a favor de que se aplique la Ley de Memoria Democrática a todos los y las saharauis que «padecieron persecución y violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento, opinión o conciencia por sus actividades de oposición» a la dictadura franquista.

Según reza el manifiesto, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el reconocimiento de las víctimas saharauis «es un acto obligado conforme a los principios de verdad, justicia y reparación». De hecho, resaltan que fue en África donde comenzó el verdadero régimen franquista, ya que fueron los oficiales allí destinados quienes protagonizaron el golpe de Estado de 1936. Además, España administró ese territorio desde 1884 y, tras la reorganización de 1958, lo convirtió en la provincia número 53. A todos los efectos, sus habitantes eran tan españoles como los habitantes de la Península y las islas, y lo fueron hasta que España abandonó el territorio en 1976 y dio vía libre a la ocupación ilegal por parte de Marruecos.

«Denunciamos, además, un trato diferenciado entre la población española de origen europeo, que fue evacuada e indemnizada durante la llamada Operación Golondrina, y la población saharaui, que quedó desprotegida frente a la ocupación militar y perdió en muchos casos la nacionalidad española, derivando en situaciones de exilio y apatridia», señalan los firmantes en un comunicado.

Violencia colonial en el Sáhara

Existe una amplia bibliografía académica sobre la represión franquista en lo que entonces se llamó el «Sáhara español». Uno de los trabajos destacados es el informe Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo. Memoria, desmemoria y responsabilidades del Estado español, de Abdeslam Aomar Lahsen, publicado por el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco. En él se examina pormenorizadamente la historia de violencia colonial desarrollada en este territorio, como la guerra de Ifni-Sáhara (1957), la represión de manifestaciones pacíficas como la de Zemla (tras la que se produjo la desaparición forzada del líder saharaui Mohamed Bassiri) y otras desapariciones ocurridas durante la retirada española. El tratamiento desigual entre los represaliados de los distintos territorios españoles «constituye una discriminación basada en criterios raciales», denuncian los promotores del manifiesto.

Sus firmantes celebran la Ley de Memoria Democrática, pero indican que existe «un vacío histórico relevante al no contemplar expresamente la represión ejercida contra la población saharaui». Por ello, realizan una serie de peticiones al Gobierno y a la Comisión de la Verdad, anunciada el pasado mes de marzo para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura. Entre estas peticiones están:

  • el reconocimiento oficial de las víctimas saharauis;
  • el acceso a archivos y registros históricos;
  • la investigación independiente de los hechos ocurridos durante la Administración española;
  • la incorporación del caso saharaui al Plan Estatal de Memoria Democrática;
  • la participación directa de víctimas y familiares en los procesos de verdad, justicia y reparación.

De acuerdo a lo recomendado por Naciones Unidas a la hora de abordar los legados del colonialismo y garantizar reparaciones efectivas, las organizaciones que firman este manifiesto concluyen que en el Sáhara Occidental persiste «una deuda histórica pendiente en materia de derechos humanos y reparación».

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Voces del Extremo: Poesía y Memoria. Burgos – Gamonal 1 y 2 mayo 2026

23 Abril 2026 at 07:46
Por: editor

Los días 1 y 2 de mayo se celebrará en Burgos y Gamonal el encuentro poético Voces del Extremo: Poesía y Memoria. Más de una treintena de poetas, procedentes en su mayoría de fuera de Burgos, se darán cita en nuestra ciudad para regalarnos una muestra de sus versos. Además de poesía, habrá música y teatro.

Voces del Extremo nació en Moguer (Huelva) de la mano del poeta Antonio Orihuela hace casi 30 años y se viene celebrando anualmente como una ocasión para reunir poetas con una visión crítica y una voluntad de creación de vínculos y transformación social. A lo largo de estos años se han celebrado también ediciones de Voces del Extremo en otras ciudades. Este año llega a Burgos.
La inauguración tendrá lugar el viernes 1 de mayo a las 18:00 horas en el Espacio Tangente y continuará el sábado 2 en el Centro Social Recuperado de Gamonal en sesión de mañana, a las 11:00 h. y de tarde, a las 17:30 h.

En esta edición de Voces del Extremo queremos también rendir homenaje a nuestro compañero y poeta Ángel Barredo, que nos ha dejado recientemente. Un referente de luchas, de memoria, de generosidad y dignidad. Todas las actividades serán públicas y gratuitas.

El encuentro burgalés lleva el título “Voces del Extremo: Poesía y Memoria”.
La poesía, como la vida, tiene que ver mucho con la memoria, la memoria individual y la memoria colectiva. No se trata de esa nostalgia que nos invita a evocar el tiempo que se fue y a cerrar los ojos ante las realidades del momento presente, una añoranza pasiva, paralizadora, reaccionaria. Se trata de la memoria dinámica y creativa que nos impulsa a conocer de dónde venimos y a valorar las transformaciones que ha habido en el tiempo o que pudieron haber sido y se malograron. Es la memoria cimentadora de lo que queremos ser y de lo que será.

“Voces del Extremo: Poesía y Memoria” es una invitación a cuidar y defender, con las palabras y con las acciones, esta memoria individual y colectiva de vínculos, de gozo, de lucha, de dolor y esperanzas que nos es propia. Es además una llamada a denunciar y a combatir esa otra memoria hecha de olvidos y manipulaciones que desde arriba nos quieren construir e imponer para un proyecto deshumanizador que no es el nuestro ni como individuos ni como sociedad ni como especie. Queremos recordar para vivir, para transformar, para compartir ese mundo nuevo que llevamos, como decía aquel, en nuestros corazones y que se está construyendo ahora.

Convocatoria del XXXVII Concurso de Música Moderna Memorial Alberto Cano

9 Abril 2026 at 16:22

 

XXXVII Concurso de Música Moderna Memorial Alberto Cano

 


El Ayuntamiento de Albacete ha convocado una nueva edición del Concurso de Música Moderna Memorial Alberto Cano, dirigido a grupos de la provincia mayores de 14 años, con inscripción abierta hasta el 11 de mayo de 2026. La fase final se celebrará el 18 de junio en el Recinto Ferial.

Es una iniciativa que promueve la creatividad musical y el desarrollo de artistas emergentes, ofreciendo diversos premios, entre ellos 5.000 € para la grabación de un disco.

Las personas que estén interesadas en participar en este concurso pueden presentar sus candidaturas hasta el 11 de mayo de 2026.

El concurso establece una única modalidad general en la que serán consideradas válidas todas aquellas formaciones que se engloben dentro del Pop y del Rock, admitiéndose dentro de estos límites a grupos de las diversas variantes de los mismos (Ska, Reggae, Punk, Heavy, Rithm and Blues, Rock and Roll, Garage, Psicodelia, Rock Sinfónico, Rap, Electrónica, Jazz y cualquier otra manifestación emergente).

Beneficiarios  

Podrán acogerse a la presente convocatoria los grupos nacidos o residentes en la provincia de Albacete mayores de 14 años.

Requisitos

Podrán participar todos los grupos de la ciudad de Albacete (formados por un máximo de 10) y su provincia que no hayan ganado el Primer premio de este concurso y que el empadronamiento del 50% de sus miembros sea en Albacete y/o provincia. No podrán participar los que tengan un contrato discográfico y/o estén sujetos a algún tipo de filiación profesional (contrato discográfico, contrato con manager…) en vigor actualmente. Asimismo, tampoco podrán participar los que más del 50% de sus miembros pertenezcan a otro grupo de los que participan en el Concurso. El procedimiento de participación es el de concurrencia competitiva.

Forma y plazo de entrega de maquetas

Todos aquellos que deseen participar deberán entregar:

- Una maqueta con una duración no inferior a tres minutos ni superior a quince.

- Deberán contener 3 temas musicales.

- El jurado no tendrá en cuenta para su selección todo lo que supere el tiempo establecido. Las maquetas se presentarán en formato mp3 en pen drive.

Entrega de documentación

La documentación exigida será entregada junto con la solicitud de inscripción en el Museo Municipal, Plaza del Altozano s/n, haciendo constar en el sobre: XXXVII Concurso de Música Moderna Memorial Alberto Cano.

Normas y convocatoria completa del Concurso en este enlace:

https://albacete.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=69074

 

Hernán Fernández, creador de Buscar Combatientes: “Aún hay muchas trabas para acceder a los archivos de la represión franquista”

6 Abril 2026 at 07:15

Las burocracias estatales, una invención moderna si las hay, representan, sin embargo, una combinación de dos arquetipos más bien míticos: el laberinto y el infierno. Ay de quien se atreva a entrar en ellas sin la ayuda de una Ariadna o un Virgilio, una guía que enseñe cómo llegar al minotauro -y cómo, después, salir con vida-.

El hecho de que, de todas las burocracias europeas, la española sea una de las menos transitables supone un grave problema. Porque muchas de las garantías del sistema democrático solo se pueden realizar a través de instancias burocráticas. Sin ir más lejos, varias de las promesas centrales de las dos leyes de memoria histórica (2007 y 2022) dependen del acceso ciudadano a los archivos del Estado. Hasta hace un par de años, sin embargo, era prácticamente imposible conseguir información fiable sobre -por poner un ejemplo- una pariente victimizada por el régimen franquista. No solo había un sinfín de repositorios, cada cual con sus propios buscadores (de los que, claro, no todos funcionaban), sino que había bastantes archivos sin apenas vías de acceso.

Esto lo observó de primera mano Hernán Fernández-Barriales López, un ingeniero químico español que entonces vivía en Estados Unidos, cuando en 2021 quiso buscar información sobre dos bisabuelos represaliados por el franquismo. Pero en lugar de dejarse vencer por la frustración, decidió buscar una solución al problema. Poco después, nació Buscar.Combatientes.es, una web de fácil manejo creada en colaboración con Combatientes.es que permite buscar de una vez una gran cantidad de archivos, repositorios y bases de datos.

La noticia sobre la nueva herramienta no tardó en difundirse entre las filas memorialistas. Cinco años después, la web recibe más de 3.000 visitantes únicos al día. No solo son ciudadanos quienes recurren a ella, sino también investigadores. Incluso la han empezado a usar las y los funcionarios. “La última vez que estuve en el Centro de Memoria Democrática de Salamanca, escuché a un archivero recomendarle mi web a un usuario”, recuerda Fernández, riéndose. “No soy muy de ponerme el foco, pero igual me acerqué después para presentarme”.

Además de proporcionar una herramienta tan sencilla como útil, la mera existencia de su web también revela las deficiencias del Estado español.

En efecto. Quizá la carencia mayor sea la que suele mencionar Emilio Silva: que no exista una oficina estatal de ayuda a las víctimas o a los familiares de víctimas, que pueda dirigir a la gente. Hasta la fecha, todo ha dependido de voluntarios, entre los que también me cuento, claro. No hay una iniciativa gubernamental que dirija a las personas y les enseñe cómo empezar a investigar.

Las burocracias las solemos asociar con el control y la uniformidad. En el tema de los archivos de la guerra y del franquismo, en cambio, parecen dominar la dispersión y el caos. No hay nadie que tenga una visión de conjunto.

Esa es exactamente mi experiencia. Para empezar, hay una desconexión enorme entre el gobierno estatal y los autonómicos, entre los que, a su vez, también hay mucha diferencia. En Cataluña y Euskadi se ha hecho un mejor trabajo al poner los archivos a disposición del público, pero en muchos otros es claro que no lo han considerado como parte de su trabajo. Finalmente, hay una gran desconexión entre diferentes partes del gobierno estatal. Hasta la fecha, lo que ha habido son como pegotes: iniciativas puntuales que responden a momentos o intereses particulares, pero que no se integran y que no duran. No hay un plan general.

¿A qué se debe?

Siempre tengo la duda de si se trata de falta de interés o si es algo más dirigido, alguien que ha pensado: “Vamos a poner las cosas difíciles al público, porque cuanto menos salga a la luz, menos problemas hay”. Por otra parte, está el problema del acceso. Una cosa es saber que existe la información -que ya cuesta-, pero otra muy distinta, muchas veces aún más complicada, es acceder a ella. Como han denunciado bastantes investigadores, hay un abuso del tema de protección de datos. Es la excusa que dan, por ejemplo, para no darte acceso a datos de gente que murió en un hospital ¡en el 36! “Es que igual hay datos que puedan afectar a la intimidad”, alegan. ¡Cuando hay documentos similares de cincuenta años después que se publican sin ningún problema!

¿Cuál ha sido su experiencia en el contacto directo con las y los archiveros y otros funcionarios?

Muy buena, siempre. Las trabas me parece que las ponen los que están en otro nivel, los responsables de las políticas. Aun después de la ley de 2022, que ha mejorado algunas cosas, hay limitaciones que no parecen tener sentido alguno. Ahora, por ejemplo, está permitido sacar fotos con el móvil, pero no puedes usar ni un pequeño trípode. Y en muchos archivos te piden, además, que llenes un documento que liste todas las fotos que sacas -de qué documento, qué página, el número total-, al mismo tiempo que te imponen un límite de 60 fotos por día. Eso, ¿qué sentido tiene?

Normas así siguen partiendo del principio de que el acceso al archivo es un privilegio excepcional que, por tanto, hay que limitar. O tratar con sospecha. Hacen como si sacar una foto de un documento significara que ese documento deje de existir. Una especie de pensamiento mágico.

Así parece. Por lo demás, las y los archiveros con quienes he tratado hacen lo que pueden para facilitar el acceso. Lo que ocurre es que son muy pocos y no dan abasto.

En la medida en que Buscar Combatientes enseña el camino a la ciudadanía hacia archivos concretos, imagino que han incrementado las peticiones de documentación.

También me consta. Sin ir más lejos, desde que puse el buscador en marcha, los tiempos de respuesta de los archivos han subido una barbaridad. Antes tardaban dos o tres semanas en mandarte los documentos. Ahora están tardando seis o siete meses tanto en Salamanca como en el Archivo General Histórico de Defensa. Tiene sentido: antes, nadie sabía que existía esa documentación. Hoy, buscas en Google y te aparece la referencia en Buscar Combatientes. Pero ahora que ha incrementado el interés, tal vez tenga sentido poner a veinte trabajadores en vez de a dos para tramitar las solicitudes de documentación. Desde luego que falta voluntad.

¿En algún momento ha habido representantes del Gobierno español -desde la Secretaría de Memoria Histórica, por ejemplo— que se le hayan acercado para agradecerle el trabajo o proponer una colaboración?

Nunca. Donde sí ha habido mucho interés y buena voluntad, en cambio, ha sido desde las asociaciones memorialistas y las universidades. Pero nada de parte del gobierno. La verdad es que esperaba, según se fue haciendo más útil el buscador y más gente lo utilizaba, que alguien de algún ministerio se pusiera en contacto. Aunque fuera para decirme: “Oye, esto, ¿cómo lo has montado? ¿Cómo funciona?” Quiero dejar claro que nunca he tenido ningún interés monetario. Yo lo único que pongo son 60 euros al año para mantener el servidor -que, por cierto, está en Estados Unidos, aunque yo estos días vivo y trabajo en Países Bajos- y muchas horas de trabajo voluntario.

Tengo a un grupo de veinte o treinta personas que me ayudan, también de forma voluntaria, en tareas de transcripción e indexación de documentos. Pero yo soy muy tiquismiquis e insisto en revisarlo todo personalmente. Aun así, me parece que hemos demostrado que, para crear una herramienta útil que sirva a miles de personas -a millones, si me apuras-, no hace falta gastarse mucho dinero. Por otra parte, si tuviéramos algunos recursos adicionales -que de todos modos para el Estado serían nimios- desde luego que podríamos hacer mucho más y mil veces mejor.

Aunque imagino que trabajar al margen de la burocracia y sus protocolos permite cierta agilidad, también hace más vulnerable al proyecto en términos de sostenibilidad, ¿no?

Claro. De hecho, yo no soy informático, sino ingeniero químico. Lo que me ha permitido montar el buscador es un cursillo de 40 horas en línea. El servidor lo he montado para que pueda aguantar bastante, aunque yo no le ponga tantas horas como al principio. Pero sí he pensado, ¿qué pasaría si mañana me cayera un árbol encima? Por otra parte, el tema de la sostenibilidad tiene su cara y cruz. El hecho de que esto sea una iniciativa privada también le da cierto blindaje ante los cambios de gobierno en España. Si esto fuera una iniciativa estatal, si llegara otro partido al gobierno, sería muy fácil decir: “Esto se corta”. Como proyecto privado, esto seguirá en marcha gobierne quien gobierne.

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Todos los Nombres, la web referente en memoria histórica, lanza una campaña en Goteo

24 Marzo 2026 at 13:14

120.124 víctimas, 1.102 microbiografías, 1.984 documentos, 18.000 visitantes y 3.279 seguidores en redes sociales. Es el balance de la página web Todos los Nombres, un proyecto que nació hace 20 años como la mayor base de datos de víctimas del franquismo en Andalucía, Extremadura y el Norte de África y que, en realidad, venía a suplir las carencias del Estado o la ausencia de políticas públicas en relación con la memoria histórica.

A través de su buscador, numerosas personas han podido localizar o saber qué fue de sus familiares. Y también la sociedad ha podido conocer, a través de las microbiografías, quiénes fueron represaliados. En resumen, Todos los nombres –cuya denominación procede del libro de José Saramago– es un «proyecto participativo para el conocimiento (verdad) y re-conocimiento (reparación)» que continúa contando la historia por encima del negacionismo creciente en los últimos tiempos. En este contexto, sus impulsores han lanzado ahora una campaña en Goteo.org para seguir realizando y mejorando una labor referente en el movimiento memorialista.

«Su principal función es recopilar y ofrecer información sobre personas que fueron represaliadas tras el golpe de Estado del 36, la guerra, la dictadura franquista y la transición. Por supuesto, no es su única función, ya que con el paso de los años hemos ido ampliando su contenido mediante un proceso participativo y muy generoso. Pero todo es mejorable y nos hemos planteado un conjunto de acciones para ofrecer servicios de mayor calidad y accesibilidad, así como ampliar los contenidos temáticos», explican. 

Su objetivo inicial en esta campaña de micromecenazgo es alcanzar 12.900 euros. Entre las actuaciones que podrán desarrollar con ese dinero, destacan la inclusión de unos 2.500 registros nuevos de víctimas, casi 2.000 parciales (con ampliación de la información existente), en torno a 200 microbiografías y unos 350 documentos nuevos para mejorar el conocimiento y su difusión.

Uno de los aspectos más innovadores, indican desde el proyecto, es dotar de información geográfica todo el contenido de la página web y ampliar los recursos de difusión: programas de radio, mejorar las exposiciones y nuevas redes sociales, entre otros. Y muy importante: insistir en la represión específica hacia las mujeres.

Entre los últimos nombres registrados en la base de datos figura Dolores Bascón Baños o José Montero Pina. Según las fichas, la primera tenía 16 años y fue asesinada durante una manifestación por tiros de agentes de la Guardia Civil en Morón de la Frontera (Sevilla) en diciembre de 1975, con información procedente de El Correo de Andalucía. José Montero, de Segura de León (Badajoz), tenía 19 años, era jornalero y fue asesinado «antes de llegar a Llerena durante el acoso golpista a la columna de los 8.000». La información, explica la web, procede de un correo electrónico que recibieron este mismo marzo.

Pero detrás de los nombres, como explican, hay «rostros –una fotografía adquiere un valor tremendo–, sentimientos, pensamientos, aspiraciones… que constituyen su personalidad». Por eso –argumentan– conceden un gran valor al apartado de las microbiografías. Decir «quién hay detrás de un nombre: toda una vida». Manuel Domínguez Morales, por ejemplo, es la última microbiografía subida a la web. «Por fin he vuelto», la titula su autor, Juan Carlos Boza.




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Argentina, la memoria en disputa

24 Marzo 2026 at 07:00

Hasta el 7 de noviembre de 1976, y pese al clima de terror que había traído la llegada de los militares al poder en Argentina, la vida de Graciela Lois se encaminaba hacia la felicidad. Casada con Ricardo, a quien había conocido dos años antes en una protesta en la facultad, los unía la militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y en ese momento también una hija de solo tres meses. Aquella noche, Graciela esperaba el regreso de su marido tras una cita con compañeros de la JUP. Pero nunca llegó. No lo sabía entonces, pero Ricardo acababa de entrar en la larga lista de desaparecidos de la dictadura.

Durante meses se aferró a la esperanza de que había sido detenido y que, tal vez, lo liberarían pronto. “Ese tal vez me persiguió durante mucho tiempo”, admite ahora Graciela. Se acabó incorporando a la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, donde encontró a muchas otras personas que, como ella, buscaban a un hijo, un marido o un hermano arrancado por la represión en los primeros meses del régimen. Hoy preside la organización, habiendo dedicado media vida a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de la memoria de esa oscura etapa de la historia argentina. Y, sin embargo, siente que debe volver a empezar esa lucha que creía ya ganada.

Argentina cumple este 24 de marzo 50 años del golpe de Estado de 1976 que llevó a las Fuerzas Armadas al poder. Aquel régimen, instaurado bajo el argumento de poner fin al “desgobierno” y a la “delincuencia subversiva” de las guerrillas de izquierdas, desplegó un plan sistemático de terrorismo de Estado, caracterizado por secuestros, torturas, la apropiación de niños nacidos en cautiverio y una red de centros clandestinos de detención extendida por todo el país. La cifra de 30.000 personas desaparecidas, la mayoría todavía sin localizar, sintetiza la magnitud del horror.

La dictadura terminó en diciembre de 1983, debilitada por la derrota en la guerra de las Malvinas y una profunda crisis económica. Con el retorno de la democracia, Argentina se convirtió en un referente mundial: a diferencia de España, donde las autoridades franquistas nunca fueron juzgadas, el Juicio a las Juntas de 1985 sentó en el banquillo de los tribunales civiles a los máximos responsables del régimen y los condenó por crímenes de lesa humanidad.

Cambio de narrativa

Pero ahora, a medio siglo del golpe, el clima es muy distinto. Desde su llegada al poder, Javier Milei ha adoptado una postura abiertamente confrontativa con el consenso construido en torno al Nunca más, reabriendo debates que durante décadas parecían cerrados. Para el movimiento de derechos humanos, se trata de un escenario impensable hasta hace solo unos años. “Nadie se esperaba que fuéramos a volver atrás en esto”, admite Graciela, dolida. “Confiamos demasiado en que estaba todo ganado”.

Pese a ese pesimismo, en parte lo está. Según un estudio reciente, hoy siete de cada 10 argentinos mantienen una visión negativa de la dictadura, y una mayoría reconoce la existencia de un plan sistemático de represión. “Tras la dictadura, el país se puso a la vanguardia en la promoción y defensa de los derechos humanos. Eso ha creado un sentido común muy arraigado en la sociedad”, argumenta el sociólogo Emilio Crenzel. El historiador Matías Grinchpun añade un matiz: ese amplio consenso social tapaba la existencia de sectores minoritarios con opiniones opuestas. “No es que aparecieran memorias de derecha que no existían; simplemente han ganado visibilidad social”, explica.

En realidad, el camino hacia ese consenso nunca fue lineal. Tras el Juicio a las Juntas, las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida frenaron los juicios contra militares. Poco después, el gobierno indultó a los altos mandos encarcelados en nombre de la “reconciliación nacional”. No fue hasta principios de siglo, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, cuando esas normas fueron anuladas y los procesos judiciales se reactivaron. Luego, con el regreso de la derecha al poder de la mano de Mauricio Macri, se intentó aplicar el beneficio del 2×1 a los militares condenados por delitos de lesa humanidad para reducir su sentencia.

Argentina, la memoria en disputa
Un pañuelo blanco del movimiento por los derechos humanos pintado en el suelo. JOHN McAULAY

Aun con esos antecedentes, ambos analistas coinciden en que el gobierno actual marca una diferencia cualitativa con los predecesores. “Desde el retorno de la democracia, nunca hubo una administración con una visión tan benevolente hacia la dictadura”, dice Grinchpun. Crenzel coincide, e identifica en el discurso oficial una combinación de negación, relativización y justificación de las violaciones a los derechos humanos. “Son argumentos que ya utilizaba la propia dictadura militar a lo largo de su existencia”, subraya.

Ya durante la campaña electoral de 2023, Milei hizo de la polémica su mejor baza, cuestionando la cifra de los 30.000 desaparecidos. Una vez en la Casa Rosada, ha profundizado en ese relato, llevándolo incluso hasta el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. En su revisión de la narrativa sobre la dictadura, ha abogado por construir una “memoria completa” que justifique la represión estatal como parte de una “guerra” contra la violencia de las guerrillas de izquierda.

El giro no ha sido solo discursivo. El gobierno de Milei ha degradado la Secretaría de Derechos Humanos al rango de subsecretaría y ha despedido a la mitad de su plantilla. También ha cerrado el centro Haroldo Conti, un espacio que promovía la memoria a través de la cultura, y ha dejado inoperativa la unidad de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que se encargaba de localizar a niños apropiados durante la dictadura.

Una memoria firme

“Hay una política de desmantelamiento de las estructuras que existían en materia de derechos humanos y una apuesta por elaborar un relato que redefina el sentido común sobre la violencia de los años setenta”, resume Crenzel. Pero, pese a los esfuerzos de Milei, muchos de los avances logrados siguen en pie: los juicios por delitos de lesa humanidad continúan, la memoria forma parte del currículo educativo, se producen libros y documentales, y cada 24 de marzo las calles se llenan en movilizaciones masivas. “Son logros que Milei no ha podido erosionar”, explica el sociólogo. Por eso, afirma que Argentina llega a los 50 años del golpe “en un contexto contradictorio”.

En ningún lugar se ha visto eso con más claridad que en el Museo Sitio de Memoria ESMA, el mayor centro clandestino de detención durante la dictadura, hoy convertido en un símbolo de las políticas de memoria y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Marzo es el mes más concurrido por la proximidad al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Las salas se abarrotan de visitantes, la gran mayoría argentinos, que recorren en silencio los espacios donde funcionó el aparato represivo, conmovidos por el relato del guía.

Argentina, la memoria en disputa
Entrada al Museo Sitio de Memoria ESMA. JOHN McAULAY

Aquí, la llegada de Milei al poder no ha significado una caída en el número de visitantes. “Incluso viene más gente”, admite un trabajador. “Las visitas para colegios y universidades están cubiertas hasta fin de año”. Sin embargo, el cambio de gobierno ha traído recortes presupuestarios, y con ello una reducción drástica de la plantilla. “Antes éramos 60 empleados; ahora solo somos 20”, informa otra trabajadora del centro. La prueba más evidente del ajuste económico lo ofrecen los folletos informativos: solo están disponibles en inglés y en ellos aparece el logo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –de la administración anterior; ahora es solo de Justicia–. “No quieren imprimir más”, revela la trabajadora, desalentada. “Con eso lo digo todo”.

Por ahora, el gobierno no ha dado el paso más extremo: indultar a los represores condenados. Y eso que parecía solo una cuestión de tiempo cuando, a mediados de 2024, varios diputados oficialistas visitaron en prisión a militares responsables de asesinatos, torturas y secuestros durante la dictadura. Para Lydia Lukaszewicz, ese gesto fue particularmente doloroso. Su padre, Hernán Lukaszewicz, participó en el aparato represivo como suboficial del Ejército. Hoy se considera exhija porque dice haber “renunciado a esa historia”, y denuncia los crímenes de la dictadura desde Asamblea Desobediente, un colectivo de familiares de represores.

“Siempre esperé que hablara, que diera nombres”, cuenta Lydia. “Pero nunca lo hizo”. Casos como el del ex marino Adolfo Scilingo, que confesó su participación en los vuelos de la muerte y actualmente cumple condena en España, son excepcionales –y por ello, repudiados dentro de las propias filas militares–. Cuando oye hablar de un posible indulto, Lydia no puede evitar pensar en su padre biológico, quien, como tantos otros, murió sin haber sido condenado y sin romper el pacto de silencio que ha protegido a tantos responsables. “Estos tipos no tienen que salir más”, afirma. “Tienen que pudrirse en la cárcel”.

Si el gobierno de Milei aún no ha avanzado en la liberación de los represores es por una cuestión de prioridades, según Crenzel. El libertario está centrado en su agenda económica, basada en la desregulación total, lo que ya ha provocado una fuerte reacción social. Las marchas de los jubilados por los recortes en las pensiones o las protestas contra la recientemente aprobada reforma laboral, que permite jornadas de 12 horas, son síntomas de esa tensión. “Sabe que esos cambios económicos van a generar conflicto y evita sumar nuevos frentes al mismo tiempo”, explica el sociólogo.

Sin embargo, uno de los ataques más profundos al consenso del Nunca más está pasando casi desapercibido, advierte Grinchpun. “Milei está intentando desandar el sentido común construido durante décadas mediante un relato que revaloriza las fuerzas armadas y de seguridad”, señala. Así, el gobierno ha nombrado recientemente al teniente general Carlos Presti como ministro de Defensa –la primera vez que un militar ocupa el cargo desde la dictadura–, y ha impulsado la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, una ruptura con los acuerdos básicos establecidos tras 1983.

Además, ante las movilizaciones contra sus políticas, el Ejecutivo ha recurrido al uso de la fuerza y ha justificado las actuaciones policiales incluso cuando han dejado heridos graves. Recordando que estas fuerzas de seguridad fueron “una pieza clave del aparato represivo de la dictadura”, Grinchpun alerta del riesgo de que ese discurso termine otorgando “legitimidad a los actos más violentos que puedan cometer”. Sus efectos, añade, podrían perdurar más allá del actual gobierno. “Cuando Milei se vaya, algo de eso va a quedar. Y eso termina siendo una deformación enquistada en el corazón de la democracia, que le impide desarrollarse plenamente”.

En medio de esa disputa por la memoria de la dictadura, las Madres de la Plaza de Mayo –las activistas más emblemáticas del movimiento por los derechos humanos– mantienen aún la lucha nacida en 1977. Ante la desaparición de sus hijos a manos del gobierno militar, comenzaron a reunirse frente a la Casa Rosada todos los jueves para exigir respuestas. Como el estado de sitio prohibía las concentraciones de más de tres personas, optaron por caminar en círculo alrededor de la plaza. No han dejado de hacerlo desde entonces.

Argentina, la memoria en disputa
La ronda 2.500º de las Madres de Plaza de Mayo, con la Casa Rosada al fondo. JOHN McAULAY

El pasado 12 de marzo completaron la ronda número 2.500. Avanzando lentamente, leyeron los nombres de los desaparecidos, seguidos de un reivindicativo “¡presente!”. No faltó a la cita la presidenta de la asociación, Carmen Arias, de 84 años y con la cabeza cubierta por el icónico pañuelo blanco, de compromiso inquebrantable. “Las madres no vamos a dejar nunca la lucha, por más trabas que nos pongan”, lanzó entre aplausos del público. “Hasta el jueves que viene”.

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La Ley de Memoria no indemnizará más allá de 1978: “Si los mataron con la Constitución en vigor, más grave es”

10 Marzo 2026 at 07:00

“La sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la Democracia y la libertad”. Así reza la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, cuya disposición adicional vigésima, publicada el pasado 4 de marzo en el BOE vía real decreto, deja fuera del derecho de indemnización a aquellos fallecidos, también en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, posteriores al 29 de diciembre de 1978, día en que se aprobó la Constitución.

Entre las decenas de personas que se calcula que existen que perdieron la vida a manos de la ultraderecha y las Fuerzas de Seguridad del Estado tras esa fecha y que se quedan fuera de esta indemnización de 250.000 euros están los tres asesinados por la Guardia Civil en mayo de 1981, conocido como el caso Almería, y los estudiantes José Luis Montañés y Emilio Martínez, muertos por disparos de la Policía en una manifestación en diciembre de 1979, cuyos hermanos se muestran indignados ante esta decisión del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

Asimismo, el movimiento memorialista demanda al Gobierno que haga público el dictamen de una comisión formada por una docena de especialistas en derechos humanos, derecho penal e historia contemporánea que dirimió si las víctimas oficiales de la Transición se pueden contar hasta 1983.

El portavoz del Colectivo de Olvidados de la Transición (COT), Javier Almazán, recuerda que en abril de 2024 se creó esta comisión, que debía emitir su resolución en menos de un año. Estaba formada por figuras como el cofundador de CC. OO. Nicolás Sartorius, la abogada y presidenta de Movimiento por la Paz Francisca Sauquillo y los catedráticos de historia José Álvarez Junco, Araceli Manjón-Cabeza, Carmen Molinero, Antonio Rivera y Encarnación Lemus.

El integrante del COT, hermano de Ángel Almazán Luna, asesinado con 18 años en diciembre de 1976 tras ser brutalmente agredido por la Policía, explica que “ahora mismo no sabemos si los muertos después de diciembre de 1978 se consideran víctimas”. Sea como fuere, el real decreto no recoge su derecho a indemnización, por lo que habría que modificarlo para que así sucediera.

Almazán afirma que tanto el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, como la directora general de Memoria, Zoraida Hijosa, han reconocido que el estudio ya finalizado obra en su poder. Por su parte, desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con Ángel Víctor Torres al frente, no han respondido a las cuestiones planteadas por La Marea, por lo que no han clarificado cuándo se publicará la resolución de los expertos ni por qué no han esperado a que se conociera para aprobar el real decreto. Tampoco han contestado si buscarán alguna forma de indemnizar los crímenes cometidos más allá de 1978 ni qué depuración se dio en los Cuerpos de Seguridad una vez aprobada la Constitución.

Cambio de año, misma represión

Javier Montañés responde a esta última pregunta: “Ninguna”. Él es hermano de José Luis Montañés Gil, asesinado a los 22 años por disparos de la Policía en Madrid, el 13 de diciembre de 1979, durante una manifestación legalizada de trabajadores y estudiantes. “Esto no tiene ningún sentido. La Policía franquista de diciembre de 1978 no se transformó en otra Policía en enero de 1979. Eran los mismos agentes. Aquí no hubo ninguna varita mágica que hiciera cambiar sus métodos represivos”, opina.

Por el momento, este profesional del tercer sector afincado en Menorca asegura confiar en que el dictamen de la comisión avale su postura. “Tengo los pies en el suelo, pero también la esperanza de que vuelvan a modificar el decreto. Vivimos momentos políticos convulsos y todo puede cambiar en poco tiempo”, añade. Por otra parte, denuncia que este último movimiento del Gobierno supone una revictimización por parte del Estado. “Nos acompañan en los actos, en lo simbólico, pero por otro lado nos esconden de nuevo. Es una sinrazón dejarnos fuera de la ley”, reitera.

Aquel 13 de diciembre de 1979 Javier Montañés tenía 15 años, los mismos que Mari Carmen Martínez. Ella es hermana de Emilio Martínez Menéndez, muerto a los 20 años en la misma manifestación que José Luis. “No entraba en mi cabeza que, sabiendo que ese informe ya existe, no nos permitan reclamar la indemnización, y no creo que haya sido un descuido”, comenta.

Esta funcionaria madrileña de 61 años, quien recuerda que aquella movilización también se saldó con otros tres heridos de bala, desconoce si el Gobierno quiere introducir a las víctimas “a plazos” en la ley para que vuelva a publicarse la noticia de que “ellos son los defensores de la memoria democrática y de la Transición”, según sus palabras. Martínez se siente disgustada: “Nos ha sentado mal porque creo que hay cierto consenso en que con la entrada en vigor de la Constitución no se volvió la Policía democrática de repente”.

Además, considera que el Gobierno podría haber dejado abierta la cuestión. “Podrían estudiar caso por caso, que al final no son tantos”, sostiene. Y añade: “Si los mataron ya con la Constitución vigente, más grave es”.

Asesinatos más allá de 1978

El hermano de Juan Mañas Morales, Francisco, celebraba su comunión en mayo de 1981. Tenía entonces 8 años. Juan tenía 24, y bajaba desde Santander hasta Almería para encontrarse con su familia. El día 11 apareció su cuerpo y el de otros dos amigos calcinados y con múltiples impactos de bala, dentro del Ford Fiesta en el que viajaban, después de que la Guardia Civil les confundiera con los etarras que el 7 de mayo atentaron en Madrid contra el que era jefe de la Casa Militar del rey Juan Carlos I. “No entiendo qué argumentos tiene el PSOE para dejarnos fuera de la posibilidad de indemnización”, critica.

Francisco Mañas, que ahora tiene 53 años y trabaja como gerente en una empresa, asegura que seguirán recurriendo y luchando. “Yo nunca he sabido por qué hay tanto silencio con el caso Almería. Parece que es un tema tabú, como que da miedo. Quizá porque intervino la Guardia Civil, o porque todavía queda algún secreto por ahí guardado y no quieren que salga a la luz”, se explaya antes de remarcar que el Gobierno debería rectificar para incluir a las víctimas hasta 1983.

José Luis Montañés, Emilio Martínez y Juan Mañas, así como Luis Cobo y Luis Montero, también víctimas en el caso Almería, no son los únicos asesinados más allá de 1978 que ahora no podrán percibir la indemnización. A finales de abril de 1979, Andrés García Fernández murió a manos de un grupo de jóvenes, uno de los cuales portaba un brazalete con una cruz gamada, en la calle Goya de Madrid. Tenía 18 años.

Yolanda González, militante comunista y líder estudiantil, fue secuestrada en su casa en el barrio madrileño de Aluche a los 19 años por militantes de Fuerza Nueva en febrero de 1980. Terminaron matándola el mismo mes y año en que Vicente Cuervo, delegado de la sección sindical de CNT en Telefunken, perdió la vida tras recibir un disparo de un ultraderechista, también de Fuerza Nueva, en Vallecas, aunque en este caso está reconocido como víctima del terrorismo. En marzo de 1980, varios militantes de extrema derecha apalearon y apuñalaron hasta la muerte a Jorge Caballero. Las familias de todos ellos, según el Gobierno, no tienen derecho a recibir la indemnización por su lucha por la libertad en España. En nuestro país no existe tampoco un censo oficial de víctimas políticas de la Transición y primeros años de la democracia.

1983 y la «soltura democrática»

Desde La Comuna-Asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista, consideran que la modificación de la ley “es un avance” para las víctimas de 1978, pero “siguen quedando muchas que no gozan de los mismos derechos”, relata a La Marea su portavoz, Nerea Fulgado.

Esta asociación participó en las negociaciones previas a la Ley de Memoria Democrática, cuya disposición adicional decimosexta establece la creación de la ya mencionada comisión técnica. Según la norma, elaborarán un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia hasta el 31 de diciembre de 1983, y señalarán “posibles vías de reconocimiento y reparación”.

Hablamos de ese año porque tanto la Transición como los primeros años de la democracia fueron muy sangrientos, y con el gobierno del PSOE se consideraba que se había logrado cierta soltura democrática”, apunta la activista memorialista de La Comuna.

Por otro lado, más allá de criticar la falta de extensión temporal para las indemnizaciones, desde La Comuna demandan que el Ejecutivo apruebe un reglamento de la Ley de Memoria Democrática. “Sin él no podemos articular una prohibición de las manifestaciones fascistas”, ejemplifica Fulgado. “Tenemos la sensación de quedarnos siempre a medias y que sea algo cosmético por parte del PSOE”, concluye.

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Érase una vez… un periódico anarquista

11 Enero 2026 at 00:08

Todo tiene un principio, y en nuestro caso, el anarquismo como corriente revolucionaria de lucha de la clase dominada, podemos explorarlo a mediados del siglo XIX. Desde sus inicios, el periodismo obrero militante surgió como una herramienta esencial de organización, educación y propaganda entre los sectores populares. Frente a una prensa burguesa que defendía los intereses del capital, los trabajadores comenzaron a crear sus propios órganos de expresión, donde el pensamiento crítico, la denuncia social y la pedagogía política se unían para impulsar la conciencia de clase. En este contexto, el anarquismo desempeñó un papel protagónico: periódicos como Le Révolté, La Solidaridad, Tierra y Libertad, Freedom, Umanitá Nova o La Protesta se convirtieron en verdaderas escuelas de pensamiento libertario, combinando análisis teóricos con la realidad cotidiana de fábricas, talleres y barrios obreros.

Estos medios no solo difundieron ideas, sino que forjaron redes internacionales de solidaridad, impulsaron huelgas, debates y campañas políticas, y contribuyeron decisivamente a la construcción de organizaciones sindicales y revolucionarias. La prensa anarquista articuló un discurso de emancipación integral —económica, política y social— que otorgó al anarquismo un peso hegemónico en amplias regiones de Europa, América Latina y parte de Asia durante las primeras décadas del siglo XX.

A lo largo del tiempo, pese a la represión, el exilio y la censura, esta tradición periodística se reinventó: pasó de los periódicos clandestinos y los panfletos a las revistas culturales, los boletines sindicales, y hoy a los medios digitales y redes de contrainformación. Su esencia permanece: ser una prensa combativa, crítica del sistema de dominación y profundamente ligada a las luchas sociales. En ella pervive la idea de que escribir y difundir pensamiento libre no es solo un acto cultural, sino una práctica revolucionaria.

A continuación repasaremos la tinta rojinegra que se ha vertido desde que el anarquismo fue conformándose como ideología hasta la actualidad de nuestros días impresa sobre estas páginas del periódico que tienes entre las manos…

Le Revolté (Francia)

Fundado en Ginebra en 1879 por Kropotkin, con el apoyo posteriormente de Élisée Reclus y Jean Grave, fue uno de los primeros periódicos anarcocomunistas de gran reconocimiento. Introdujo un marco teórico estratégico para el comunismo libertario, combinando análisis económicos, crítica a la propiedad privada y propuestas de organización social. Tuvo fuerte impacto en Francia, Suiza y Bélgica, pese a su tirada relativamente modesta. Sufrió una fuerte represión estatal, incluida la expulsión de Kropotkin de Suiza, por lo que la publicación continuó desde París en 1885, pasando de ser bimestral a un semanario. Tan solo un par de años más tarde cambió de nombre por La Revolté para evitar una sanción económica. Posteriormente derivó en el periódico Les Temps Nouveaux, que se editó hasta 1921 en Francia. Se convirtió en uno de los más influyentes vehículos de difusión del pensamiento libertario en su época; es clave para entender la evolución de los debates internos del anarquismo europeo.

Freedom (Reino Unido)

Fundado en 1886 por Kropotkin y otros libertarios londinenses, entre las que destacaba la anarquista Charlotte Wilson, quien fuese editora hasta casi una década después. Es uno de los periódicos anarquistas en lengua inglesa más antiguos aún en activo. Ha servido como plataforma para debates sobre anarquismo comunista, antimilitarismo, cooperativismo y movimientos sociales británicos. Su estilo combina análisis teórico, campañas locales y crónicas internacionales. Se imprimía hasta 1888 en el taller de la Liga Socialista, debido a las redes de William Morris. Durante la Primera Guerra Mundial rompió con Kropotkin por su apoyo a los Aliados, y su carácter antibélico le valió que allanasen sus oficinas y detuvieran a su director, Thomas Keell. Ha resistido guerras, crisis financieras y represión, manteniéndose como un archivo histórico vivo hasta la actualidad y siendo un barómetro de las transformaciones del anarquismo anglófono.

Tierra y Libertad (España y México)

Seguramente el periódico anarquista más relevante del mundo hispanohablante. Fundado en 1888 en Barcelona, posteriormente se editó en Madrid como suplemento de la Revista Blanca,y después dirigida de manera independiente por el anarquista Federico Urales.Adquirió su relevancia más conocida como diario a partir de 1903, alcanzando tiradas masivas entre trabajadores, ateneos y sindicatos en Catalunya. Suprimida en 1919, y posteriormente en la Dictadura de Primo de Rivera, sale nuevamente a escena en 1930 como órgano de la FAI. Desempeñó un rol central en la difusión del anarquismo en el ciclo previo a la fundación de la CNT primeramente, pero también muy notable su influencia durante la Revolución Social de 1936. Ofrecía análisis, crónicas obreras, campañas anticlericales y debates estratégicos. En el Franquismo continuó en el exilio mexicano entre 1944 y 1988, y luego volvió a editarse en España tras la Transición. Es clave para estudiar el imaginario libertario ibérico y sus redes culturales.

La Protesta (Argentina)

Publicación que ha llegado hasta la actualidad siendo la más longeva en el ideario político anarquista argentino. Fundada en junio de 1897 en Buenos Aires, e inicialmente conocida como «La Protesta Humana». Surgió impulsado por trabajadores migrantes y nativos de diversos gremios, con el catalán Gregorio Inglán Lafarga como su primer director, quien también había escrito en el periódico «El Perseguido», y había fundado en 1896 la publicación «La Revolución Social». Desde su comienzo fue vocero del movimiento anarquista, influyendo notablemente en luchas obreras y en la necesidad de la organización sindical; y entre sus líneas revolucionarias escribían tanto trabajadores y sindicalistas de base como pensadores anarquistas de distintos países. Aunque comenzó como publicación quincenal, con el tiempo pasó a ser semanario y, posteriormente, un diario matutino desde 1904. En los momentos de mayor difusión tuvo grandes tiradas que no solamente se movían en Argentina, sino con gran impacto en países de América Latina. Actuó más adelante como órgano de difusión de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), y sus talleres y publicaciones sufrieron requisas, clausuras y continuada represión en distintas etapas de su historia. A lo largo del tiempo participó de debates internos del movimiento anarquista entre distintas corrientes, y su archivo hasta la actualidad refleja la complejidad del movimiento anarquista argentino.

Regeneración (México)

Fue el principal periódico del anarquismo mexicano de comienzos del siglo XX y el órgano de difusión del magonismo, impulsado los hermanos Flores Magón. Fundado en 1900, evolucionó desde una crítica liberal al porfiriato hacia una posición abiertamente anarquista y revolucionaria. Desde sus páginas denunció la dictadura de Porfirio Díaz, la represión estatal, la explotación obrera y el despojo de tierras a comunidades campesinas e indígenas. El periódico tuvo un papel clave en la organización y propaganda del Partido Liberal Mexicano del que fue su medio de difusión. Fue publicado tanto en México como en el exilio en Estados Unidos; a ambos lados de la frontera sufrió censura, persecución y constantes clausuras. «Regeneración» difundió ideas de acción directa, apoyo mutuo y comunismo libertario, influyendo en huelgas y levantamientos previos a la Revolución Mexicana. Las denuncias al capitalismo estadounidense y las reflexiones estratégicas sobre la revolución social con un estilo directo y combativo le hicieron muy popular. Su legado lo sitúa como una de las experiencias más importantes del anarquismo en América Latina y un referente del periodismo militante revolucionario mundial.

Heimin Shinbun (Japón)

Este «periódico de los comuneros», que sería su traducción original, fue fundado en Tokio en 1903, siendo uno de los primeros periódicos de carácter socialista y anarquista en Japón. Impulsado por figuras como el anarquista nipón Kōtoku Shūsui y el socialista Sakai Toshihiko, surgido en un contexto de industrialización y autoritarismo estatal, nace oponiéndose al crecimiento del militarismo y a la guerra ruso-japonesa. A pesar de su breve existencia, fue la primera influencia de ideas anarquistas organizadas a través de textos de Piotr Kropotkin, y otros internacionalistas. Su represión y clausura temprana marcaron el inicio de una dura persecución del anarquismo japonés, siendo esta publicación la clave en la formación del anarquismo socialista no solamente en Japón, sino en su proyección hacia Corea y China, a través del exilio y las redes militantes asiáticas. Su influencia articuló el anarquismo asiático con un fuerte énfasis en el antiimperialismo, antinacionalismo y la solidaridad entre pueblos oprimidos.

Mother Earth (Estados Unidos)

Fue una influyente revista anarquista publicada en Estados Unidos entre 1906 y 1917, fundada y dirigida por Emma Goldman junto a su compañero Alexander Berkman. Surgió como un espacio de difusión del anarquismo revolucionario en un contexto marcado por la industrialización pre-fordista, la represión estatal y los conflictos obreros. La publicación abordaba temas como la lucha de clases, el antimilitarismo, la libertad de expresión, el feminismo y el amor libre. A lo largo de una década, «Mother Earth» integró debates entre anarquismo, socialismo y sindicalismo revolucionario, conectando el movimiento libertario estadounidense con el magonismo mexicano y con corrientes europeas. La revista dio voz a intelectuales y militantes internacionales, convirtiéndose en un nodo central del anarquismo en lengua anglosajona. Su postura clara contra la el militarismo creciente de la Primera Guerra Mundial provocó su clausura por la Ley de Espionaje y la persecución de sus editores. Sin embargo, dejó una profunda huella ideológica en la izquierda revolucionaria de EE. UU., consolidando y renovando una tradición anarquista combativa, cultural y política.

Solidaridad Obrera (España)

Esta publicación nace en 1907 en Barcelona como periódico de la federación obrera del mismo nombre y se convirtió poco después en el órgano de expresión de la CNT. Desde sus inicios fue una herramienta clave de propaganda, formación y coordinación del naciente movimiento anarcosindicalista español. Difundió las ideas de acción directa, sindicalismo revolucionario y anticapitalismo, en estrecha relación con los conflictos laborales y las huelgas obreras del momento en que crecía la estrategia del anarcosindicalismo. Durante la Segunda República y la Revolución de 1936 alcanzó una enorme influencia, reflejando debates clave sobre las colectivizaciones, el poder popular y el protagonismo de la clase trabajadora organizada. Fue duramente reprimida durante el Franquismo, pasando a la clandestinidad y al exilio. Con la reorganización de la CNT en la Transición, «Solidaridad Obrera» reapareció como voz del anarcosindicalismo contemporáneo. Hasta hoy sigue siendo un referente histórico y político, manteniendo viva la tradición crítica, combativa y autogestionaria del sindicalismo anarquista.

Umanitá Nova (Italia)

Publicación fundada en 1920 en Milán con la participación de Errico Malatesta, convirtiéndose en el periódico más relevante del anarquismo italiano. Durante el denominado «Bienio Rosso», alcanzó una difusión masiva, conectando con la realidad de las fábricas ocupadas, sindicatos y círculos anarquistas. En sus artículos se defendía el comunismo libertario, el federalismo obrero y la necesidad de la organización frente a las individualidades anarquistas dispersas. Sin embargo, la irrupción del fascismo italiano en el poder provocó su clausura y la persecución brutal de sus editores, incluido el propio Malatesta. Reapareció posteriormente en el exilio e incluso en la posguerra mundial. Ha continuado publicándose, aunque con interrupciones, como órgano de la Federazione Anarchica Italiana (FAI), y su archivo permite comprobar la evolución compleja del movimiento anarquista italiano frente al fascismo, republicanismo y el neoliberalismo actual.

Dielo Truda (Europa, exilio ruso)

Revista que salió a la luz por primera vez en París a finales de 1925, editada por anarquistas rusos como Néstor Mahkno, Gregori Maksímov o Ida Mett que estaban exiliados tras la experiencia revolucionaria colectivista de Ucrania barrida por el Partido Bolchevique. Fue una publicación bimensual clave para revisar la revolución rusa y la guerra civil desde una perspectiva anarquista, que acabaría concluyendo sobre la necesidad de una mejor unidad estratégica e ideológica. Su contribución más relevante fue la Unión General de Anarquistas, una plataforma que quería corregir las desviaciones que impidieron hacer frente organizativamente a la URSS burocratizada, analizando el papel de los sóviets y la autonomía obrera. Tuvo un impacto doctrinal profundo que ha dado como resultado la corriente plataformista, con gran proyección en la actualidad. Tras la muerte de Néstor Makhno, cambió su sede a Chicago, donde se publicaría hasta 1939, fusionándose después con una revista anarcosindicalista, publicada hasta 1950 por Gregori Maksímov.

Black Flag (Reino Unido)

Periódico fundado en 1970 por Albert Meltzer y, sobre todo, Stuart Christie, figura clave del anarquismo británico, vinculándose desde sus inicios a corrientes insurreccionalistas y de apoyo a presos anarquistas internacionales. Tenía un tono directo y combativo, dedicándose a cubrir luchas obreras, antifascistas y anticarcelarias en el Reino Unido y otros países. Su contenido combinaba el análisis e investigaciones políticas con campañas de solidaridad internacional, fundamentalmente de la «Cruz Negra Anarquista». Jamás fue un periódicos de masas, pero un referente relevante en la militancia juvenil anarquista autónoma. Ha tenido varios periodos de interrupción de su publicación sin continuidad hasta el día de hoy, su legado pervive como referencia histórica y política del anarquismo británico, influyendo culturalmente en generaciones posteriores del anarcopunk, el autonomismo anglosajón y en proyectos editoriales afines.

Todo Por Hacer (Madrid)

Humildemente nos colocamos al final de esta lista porque todo tiene un fin… nacimos en el contexto de la huelga general del 2010, y como publicación periódica anarquista en papel ininterrumpidamente durante quince años hasta la actualidad desde febrero de 2011. Queríamos ser un periódico independiente, gratuito y accesible más allá de la militancia anarquista, de análisis y crítica social desde Madrid, donde estábamos enraizados en los movimientos sociales. Creemos haber representado una nueva generación de medios anarquistas no vinculados a estructuras orgánicas tradicionales, y combinando la investigación periodística con las crónicas de la lucha social desde enfoques antipunitivistas, feministas, ecologistas y, por supuesto, anticapitalistas y de clase. Apoyados en redes autónomas de centros sociales, colectivos y suscripciones en España, Europa y América, nos sumamos al acceso digital sin perder la esencia del periódico mensual en papel.

Aunque de tirada modesta, sabemos que hemos llegado a multitud de espacios militantes y hemos logrado ser altavoz de luchas tanto locales como internacionales. Nuestro archivo digital quedará para quien quiera utilizarlo de referencia en las luchas actuales, y las que están por venir, que el anarquismo estratégicamente deberá abordar. Otros proyectos continúan o nacen nuevos, y es que para que algo surja y tome fuerza abriendo brechas, en ocasiones, hay que dejar morir lo viejo. Todo está aún por hacer, pero nos sabemos felices de haber aportado también cada mes nuestra tinta a este hilo negro de letras revolucionarias.

¡Hasta la victoria del comunismo libertario, siempre!

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Ruta histórica por la memoria combativa de Gamonal

8 Enero 2026 at 07:40
Por: editor

Durante la mañana del sábado 17 de enero, se llevará acabo una ruta histórica por la memoria combativa del barrio de Gamonal en la que, a modo de visita guiada, se recorrerán algunos de los lugares más representativos del barrio relacionados con las luchas vecinales que en sus calles se han vivido. De esta manera se abordarán episodios como la lucha contra la construcción del bulevar en enero de 2014, el parking de la avenida Eladio Perlado en agosto de 2005 o la subida del precio del billete del autobús en julio de 1980, entre otros hitos relacionados con la historia combativa del bario. La ruta dará comienzo a partir de las 11:00 horas desde la llamada Zona Cero, junto al bar el Lago (esquina calle Vitoria con calle Santa Bárbara) y terminara con música y buen ambiente en el CSR.

XII Aniversario de la revuelta de Gamonal y la apertura del CSR

8 Enero 2026 at 07:31
Por: editor

Durante el presente mes de enero de 2026 se cumplirán 12 años de la revuelta de Gamonal contra la construcción de aquel bulevar proyectado en la calle Vitoria y de la apertura del Centro Social Recuperado. Desde el CSR han organizado un programa de actividades para poner en valor aquellos acontecimientos vividos hace ya más de una década.

Durante el presente mes de enero de 2026 se cumplirán 12 años de la revuelta de Gamonal contra la construcción de aquel bulevar proyectado en la calle Vitoria. Un conflicto vecinal contra la especulación urbanística que hizo que el barrio burgalés se convirtiese en un referente de resistencia frente a los señores del ladrillo y su aparato mediático. Desde el Centro Social Recuperado de Gamonal se han programado una serie de actividades con las que poner en valor aquella lucha y conmemorar también la okupación y apertura del CSR como espacio autogestionado para el barrio.

Las actividades con las que se celebra este XII aniversario se desarrollarán entre el viernes 16 y el sábado 17 de enero e incluyen la proyección de un documental, el desarrollo de una ruta histórica por la memoria combativa del barrio de Gamonal y una representación teatral.

Los archivos: un instrumento fundamental en la preservación de la memoria individual y colectiva de los sindicatos

22 Diciembre 2025 at 14:47

Recientemente, anunciamos nuestra decisión de poner fin a este proyecto y cerrar el Todo por Hacer. Una de las tareas a la que dedicaremos los próximos meses será a recopilar todos los números que hemos publicado y enviarlos a archivos históricos de movimientos sociales y/o anarquistas. Por eso, el artículo que sigue a continuación, escrito por Agustín Carreras Zalamaen, archivero (jubilado) de la Administración General del Estado, que hemos extraído de la web de Redes Libertarias, nos ha parecido sumamente interesante y oportuno en este momento.

La Iglesia Católica, cuyo reino no es de este mundo, se ha empeñado, in illo tempore, en cuidar muy bien los documentos que supuestamente acreditan el título de propiedad de sus bienes terrenales. Los campesinos de la Edad Media, o de la Época Moderna y Contemporánea, tanto da, pretendían demostrar que tales propiedades de uso común (esto es, los llamados bienes de propios) eran desde siempre de la comunidad. Nada o muy poco podían hacer, pues, ante los tribunales quien tenía las escrituras podía demostrar la propiedad de tierras, bosques, ríos, casas o cualquier otro tipo de pertenencias. Es más, en ocasiones esos documentos eran más falsos que el alma de Judas Iscariote. El documento podía estar escrito en papel, por poner un ejemplo, cuando, en realidad al ser el original custodiado en el archivo de un dominio monástico, debería estar escrito en pergamino, que era el soporte del momento; los términos jurídicos no se correspondían con el período de elaboración del texto; o el lenguaje adoptado no era el propio del tiempo histórico en el que supuestamente fue redactado.

Hoy en día, la Iglesia sigue beneficiándose de las propiedades terrenales a través de las llamadas inmatriculaciones, que no son otra cosa que las inscripciones en el Registro de la Propiedad de aquellos bienes de los que no existe constancia de quién es el auténtico propietario. De ahí que la Mezquita de Córdoba pasase a posesión de la mundana Iglesia por tan solo 30 €. Cada tiempo tiene para los poderosos sus artimañas, triquiñuelas y martingalas.

A título de anécdota, puedo comentar que un investigador amigo mío me refirió que en una ocasión se dirigió al archivo diocesano de una ciudad castellana. Él pretendía hacer un trabajo sobre el papel en la República y en la Guerra Civil de los sindicatos católicos, cuyo origen se remonta a finales del siglo XIX, con la creación de organizaciones como los Círculos Católicos en España en 1879 (por ejemplo, en Valladolid, estos Círculos estuvieron en plena actividad hasta fechas muy recientes), movimiento éste que se consolidó tras la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII en 1891. El archivero diocesano le preguntó abiertamente «si el trabajo era a favor o en contra», porque de ser en contra, no le dejaría hacer uso de la documentación. Estos mal llamados sindicatos católicos, surgidos como respuesta burguesa al sindicalismo de clase, se encuentran custodiados en los archivos de los obispados que, aunque subvencionados por el Estado, no son de fácil acceso público, como así debería de ser.

En otro orden de cosas, y durante muchos años, he de añadir que, como empleado público, he trabajado con mucha satisfacción en diferentes archivos estatales. Tengo la suerte de considerarme una persona especialmente afortunada con su profesión. Estoy seguro de que son muchos los compañeros que sienten lo mismo.

Para el Ministerio de Defensa son de vital importancia las hojas de servicios de los oficiales de los tres ejércitos. Existen hojas de servicio del siglo XVIII en el Archivo General de Simancas. Tanta importancia se da a dichos documentos que por un convenio entre el Ministerio de Cultura y el de Defensa éstos se describieron y digitalizaron. La casta militar se afana en conocer los orígenes remotos de los suyos. Lo que yo percibí es que, por ejemplo, la documentación incautada a la frugal II República por los fascistas que se alzaron contra ella, en la llamada Cruzada de Liberación Nacional, no siempre ha tenido el debido interés. Aun así, han sido muchos los trabajos que tienen su origen en los centros documentales militares, haciendo uso, paradójicamente en muchos casos, como fuente principal, de las propias fuentes de la Dictadura. Así, podemos destacar los estudios sobre campos de concentración, de la represión durante y después de la Guerra Civil, de las Brigadas Internacionales, de la sanidad militar, de la propaganda de guerra, de las milicias falangistas y/o del Requeté carlista, milicias de los sindicatos de clase (véase, por ejemplo, las brigadas mixtas), etcétera. Mucha confianza mostró nuestro singular sistema democrático (el llamado Régimen del 78) en dejar que la documentación roja estuviese en manos de quienes, en algunos casos, se vanagloriaban de haber sido arte y parte de la derrota republicana.

Los archivos históricos y administrativos del Ministerio de Cultura, como en infinidad de organismos de la Administración General del Estado, están dirigidos por esas buenas familias de toda la vida que no acaban de extinguirse nunca, aunque algunos de sus miembros fueran del PCE, o incluso por ello, durante la llamada Transición Democrática (o periodo lampedusiano por excelencia en la historia patria, en el «que todo cambió para seguir igual»). Enlazando con ello, hago mío la historieta de Forges en el que uno de sus marianillos exhibe en una pancarta con aquello de «Franquismo, dimisión». Eso, por un lado, por otro están todos aquellos que, aun siendo una minoría, quisieron ser profesores universitarios y no les quedó otra que ser archiveros. Pobrecitos míos, que vida tan terrible.

No deja de ser llamativo que los socialistas, cuando por turno les toca el poder, no renueven a nadie de los puestos políticos del sistema archivístico de la Administración General del Estado: subdirectores generales, coordinadores, etc., se mantienen en sus cargos sin ningún problema. En otro orden de cosas, a los puestos de directores de los centros documentales se accede por el sistema de libre designación, es decir, por afinidad.

Si algo he sacado en claro en mis últimos años de servicio en la corte madrileña (paraíso fiscal por excelencia y capital del centralismo españolista) ha sido que ciertos archivos ministeriales están en manos de franquistas del PP o de Vox (tanto da), con una apatía total (en el mejor de los casos) por la llamada Ley de Memoria Histórica o la ulterior Ley de Memoria Democrática (cuando no claramente opuestos a las mismas). Los archivos penitenciarios o policiales de la monarquía alfonsina, de la dictadura primorriverista (tan importante para el movimiento libertario, pues éste fue objeto de numerosas persecuciones), de la II Dictadura y de la nueva restauración monárquica de Juan Carlos I, deben estar al servicio del ciudadano. De lo contrario, ¿de qué tipo de democracia estaríamos hablando? La pregunta no deja de ser retórica, pues conocemos, demasiado bien, el tipo de democracia con la que contamos.

La interpretación torticera y restringida de las leyes, por muy ambiguas que estas sean (y en eso los del PSOE son maestros de llevar a cabo auténticos galimatías), la burocratización absurda e inaceptable, los tiempos escandalosos (hasta varios años) en la entrega de los documentos solicitados, en ocasiones, de carácter personal o familiar, debe llegar a su fin. La protección de los victimarios (torturadores o represores) no puede ser la excusa de la ralentización administrativa. Es simplemente vergonzoso. No se puede privar a los historiadores del uso de la documentación aplicando barreras y cortapisas de todo tipo, pues con ello, y con criterios claramente políticos, se los priva, a ellos y a todos, de la transparencia y de la verdad de la que tanto se vanaglorian.

A todos nos consta que un importante volumen de documentación ha sido destruido, bien porque su contenido no interesaba que saliera a la luz pública, o que no se le dio la debida importancia en su momento. Como es notorio, aquellos que han ostentado el poder han sido siempre muy celosos en hacer desaparecer documentación que los involucraba en el terrorismo de estado o en las componendas económicas, impidiéndose así la elaboración de futuros estudios históricos.

En este mismo sentido, recientemente el profesor Gutmaro Gómez Bravo,1 denunciaba que no había podido acceder al expediente de su abuelo, que se encuentra en el Archivo General del Ministerio del Interior, pues la demora para atender su solicitud ha sido de muchos años. En su caso dicho expediente daba un giro radical al primer borrador del texto que pretendía publicar.

En modo alguno, debemos permitir que nos escriban nuestra propia Historia

Durante mucho tiempo he sido empleado público y sé, como todos, que el Estado responde a criterios políticos. No, no es un ente imparcial, apolítico. De entrada, mientras que muchos creíamos que estábamos prestando un servicio a la ciudadanía, otros decían estar trabajando para los propios dirigentes. Las leyes de aplicación para los archivos no son anodinas. Y no solo me refiero a las estatales, sino también a las autonómicas, provinciales o municipales. Inconscientemente, o no, se tiende a dar una mayor importancia a una legislación que a otra, o a una parte de esta que a todo el conjunto.

Los sindicatos llamados del régimen, conscientes de ello, tienen sus propios centros y fundaciones. Así, existe la Fundación Largo Caballero de la UGT, o la Fundación 1º De Mayo de CC. OO. Esto no quita para que este último sindicato haya depositado en archivos públicos, tanto estatales como autonómicos su documentación (este sería el caso de CC. OO. en Castilla y León). Por cierto, me pregunto dónde se encontrarán los fondos de la CSUT, SU, USO, STE, AMPE y otros.

En general, a la hora de realizar un trabajo, sea del periodo histórico que sea, el historiador social recurre de modo prioritario a las fuentes escritas. Vaya por delante que no pensamos, como lo hacían los historiadores positivistas, que todo está en el documento. Nada más lejos. Los documentos han sido previamente seleccionados por el organismo (sea el estado o un sindicato). El propio historiador también los elige, pues, a veces, algunos no le convienen para mantener sus tesis. Ahora bien, aunque no se puede hacer historia sin documentos escritos, ni que decir tiene que, también, son muy importantes los testimonios orales, que deben custodiarse en soportes ad hoc que permitan su conservación y consulta, la prensa, la literatura, el cine, o cualquier otra evidencia que ayude en la construcción del relato histórico. En modo alguno, debemos permitir que nos escriban nuestra propia Historia.

Siempre se ha dicho que allí donde se juntaban dos anarquistas, surgía un periódico. También nacían numerosas bibliotecas y los archivos de la organización donde se custodiaban los documentos de los comités de empresa, de las federaciones por rama u oficio, las Actas de los Congresos, etc.

La CNT, si bien tiene el grueso de sus fondos, especialmente los producidos entre 1936 y 1939, en el llamado «Fondo Ámsterdam», depositado en el Instituto Internacional de Historia Social (IISH) de dicha ciudad holandesa, también custodia, con lógica dedicación e interés, otros fondos a través de la Fundación Anselmo Lorenzo.

En cuanto a la CGT, el archivo surgirá a la par que nace el propio sindicato en 1984. CGT sale a la luz como organización diferenciada de la CNT. Su archivo contiene fondos que abarcan desde la Guerra Civil hasta nuestros días. Los fondos más antiguos proceden de las donaciones de viejos militantes de CNT, o de sus familiares, que vivieron la Guerra Civil y la Postguerra. El archivo, a través de la Fundación Salvador Seguí, que surgió en los años 80, tiene una organización de índole topográfica, lo cual, francamente, es muy pobre. Los continuos cambios y vaivenes de sede han afectado también, como no podía ser de otra manera, al incipiente archivo de la Confederación. En algún caso, la documentación se halla en lugares ajenos al propio sindicato, o empaquetada para cuando llegue el momento, confiemos en que más pronto que tarde, de su apertura. Así, en Barcelona, ésta se encuentra en Can Batlló por un acuerdo para un periodo amplio de tiempo, pero sin que se pueda considerar como un lugar definitivo de depósito del material compilado a lo largo de años. Por ello, los fondos están repartidos, en la actualidad, entre Madrid y Barcelona desde que Valencia cedió los suyos a esta última. Aparte de la documentación, en una biblioteca y hemeroteca propia de la CGT se deberían conservar los carteles, revistas (Libre Pensamiento y Redes Libertarias) y el periódico Rojo y Negro y otras publicaciones.

Es cierto que algunas referencias a las centrales sindicales se pueden localizar en los archivos públicos (y en las bibliotecas o en las hemerotecas), pero, como es natural, el grueso documental se halla en los propios archivos de los sindicatos. No es de recibo dejar solo en manos de las fuentes orales, o de los testigos, la vida del movimiento sindical, pues todos vemos los acontecimientos de un modo subjetivo y, además, no somos eternos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esto mismo ocurre en el ámbito familiar donde llegar a acuerdos sobre un antepasado común es una tarea casi titánica. Sin duda, estas fuentes son complementarias, pero bastante etéreas. Ante todo, debe quedar muy claro que las fuentes escritas son las más importantes en la elaboración de los trabajos de carácter histórico, aunque, como ya hemos dicho, por supuesto, no las únicas.

En nuestra vida cotidiana nos han resultado de gran ayuda la existencia de medios y aplicaciones informáticas. Esto tiene sus riesgos, pues éstas cambian a un ritmo de vértigo. Ni que decir tiene que son más que oportunos la creación de expedientes electrónicos, la transferencia continua de nuestros fondos a las nuevas aplicaciones, el uso de medios de almacenamiento adecuados, la autentificación documental a través de los metadatos, etc. De este modo, se facilitarían muchísimo los trabajos de investigación.

Finalmente, debemos indicar que el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales ha sido creado por el Real Decreto 880/2021 (publicado en el BOE de 12/10/2021). Este archivo tiene como fin recuperar, organizar, difundir y facilitar el acceso a la documentación relacionada con los movimientos sociales en España, desde el siglo XIX hasta nuestros días. El archivo pretende conservar y difundir el patrimonio documental y bibliográfico de diversos movimientos sociales, incluyendo el movimiento obrero, organizaciones feministas, grupos ecologistas, entre otros. Sin duda, un proyecto muy ambicioso infradotado en todos los aspectos (personal, depósito, medios, etc.) Con estos viejos odres, no se puede obtener un gran vino. Aun así, se abre una posibilidad para estudiar en el caso de la documentación de las organizaciones del movimiento libertario que no han sido investigadas.


  1. Gómez Bravo, Gutmaro. Los descendientes. Un siglo de historia y memoria familiar. Editorial Crítica. Barcelona, 2025 ↩

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Franco murió, pero no el franquismo. Cincuenta años de una Transición orquestada por el fascismo español

30 Noviembre 2025 at 09:40

El régimen franquista fue el proyecto de la burguesía nacional apoyada por el capitalismo internacional que, en distintas fases, protegió sus intereses económicos consolidando una dictadura en torno a la figura de Franco como garante de ese orden sangriento. La muerte de Franco marcaba el punto de inflexión de un proceso ya iniciado años atrás. Se estaba pactando una clausura idílica del Franquismo desde, al menos, el año 1968, escondiendo posteriormente un proceso complejo de continuidad reformada. Mismos perros, pero también mismos collares.

Bajo el relato oficial, presentado como una proeza de consenso y moderación democrática, se ocultó una gran lógica política de fondo: la necesidad de las élites económicas, políticas y militares consolidadas tras 1939 de reorganizar su hegemonía ante un contexto internacional y social que hacía inviable la continuidad de una dictadura que había cumplido ya su papel como garante de sus privilegios. El fascismo español había hecho ya su función, pero ni se bajaría el telón, ni se marcharía de la escena, se le otorgaba un papel protagonista como consolidante y fuerza de choque hasta la actualidad.

Si podemos encontrar una cuestión común a lo largo del siglo XX español, desde la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la Segunda República española, el Franquismo, y el régimen monárquico actual; es el poder económico detentado en manos de prácticamente las mismas familias y fuerzas vivas del capitalismo patrio. La Transición española debe entenderse no como una ruptura, sino como una recomposición del poder, donde buena parte de las élites franquistas y los intereses económicos dominantes conservaron posiciones clave remodelando el sistema institucional.

Cuarenta años de Franquismo, el fascismo marca España

El régimen franquista nacía directamente del poder otorgado por el golpe militar de julio de 1936, y ampliado a todo el territorio mediante una guerra de exterminio contra la clase trabajadora y las fuerzas populares. Fue, desde el inicio, un proyecto con un objetivo antirrevolucionario al servicio de las élites económicas y militares de la España oligárquica, adelantándose al potencial de triunfo si el movimiento obrero organizado hubiese pasado a la ofensiva total de construir un poder popular de clase. No fue una tragedia histórica, sino la apuesta consciente y planificada de terratenientes, grandes industriales, jerarquía eclesiástica y mandos del ejército para aplastar una posible victoria de las fuerzas populares revolucionarias, que ponían en contundente riesgo la estructura de poder construida durante siglos. El golpe militar no fue contra el gobierno republicano, sino que la violencia se dirigía hacia la clase obrera, y ese es el primer punto que debemos tener claro en una visión revolucionaria. No existían dos Españas, sino dos clases sociales antagónicas, la dominante, y la explotada.

El proyecto previo de la burguesía española fue construir un gobierno político republicano y socialdemócrata como apagafuegos al crecimiento del movimiento obrero. Ese republicanismo interclasista habría sido el particular terreno de preparación y desarrollo del fascismo español. La victoria franquista en 1939 reeditaba un Estado autoritario, militarizado y de terror psicológico, y físico, basado en la represión sistemática, la censura, el control social y la destrucción de cualquier forma de organización obrera. El aparato estatal —desde la Iglesia Católica a la Guardia Civil, desde el Movimiento Nacional a los tribunales militares— funcionó como un engranaje perfectamente coordinado para garantizar la restauración brutal del orden capitalista más reaccionario tras la revolución social del pueblo.

En la primera fase el Franquismo extendió el exterminio de decenas de miles de integrantes de la clase trabajadora, y su proyecto estaba alineado férreamente con el fascismo italiano y el nazismo alemán; que tomaron la iniciativa de ofensiva hasta 1943 en el conflicto mundial. Durante los años cuarenta el régimen fue virando para distanciarse de la Alemania nazi, y sobrevivir al nuevo reordenamiento global de las potencias vencedoras. El Franquismo fue tolerado, y tomado como baluarte político en Europa contra el marxismo, y así evitar concesiones sociales y políticas que, el capitalismo imperialista tuvo que hacer mientras desarrollaba las nuevas estrategias de aplastamiento de los movimientos obreros nacidos de la lucha en el conflicto mundial contra los fascismos.

Esos años cuarenta y los primeros cincuenta, estuvieron marcados por el modelo económico autárquico que impuso el Franquismo y, que proyectaba a los grupos empresariales afines al régimen, hundiendo al país en el hambre y la miseria mientras consolidaba un capitalismo oligárquico protegido por el Estado. La represión de posguerra, con cientos de miles de encarcelados, deportados, fusilados y depurados, no fue un «exceso», sino el pilar sobre el que se edificó la estabilidad del régimen y, en cierta medida, el retorno a las estructuras políticas normalizadas por el capitalismo. La clase trabajadora quedó sometida a un sindicalismo vertical obligatorio, diseñado para neutralizar cualquier capacidad de conflicto y asegurarse la subordinación al régimen.

La Guerra Fría permitió a la dictadura un lavado internacional: el anticomunismo se había convertido en el salvoconducto. Estados Unidos y las potencias occidentales integraron a España como pieza funcional del bloque capitalista, abriendo la puerta a la tecnocracia, al desarrollismo y a una «modernización» controlada que jamás cuestionó las bases del poder. El Plan de Estabilización de 1959 coincidía con la visita del presidente estadounidense Eisenhower, y el crecimiento económico de los años 60 no fue en absoluto un despegue neutral: consolidaron a nuevas facciones de la burguesía, reforzaron desigualdades y utilizaron la emigración masiva a Europa como válvula de escape social. La represión se volvió más selectiva, pero no menos efectiva.

A lo largo de esas cuatro décadas, el Franquismo mutó, pero no cambió jamás su naturaleza: fue siempre un régimen militarista y ultracatólico, que defendía los intereses de clase burgueses y aseguraba la continuidad de la explotación económica y política de las élites empresariales. Las luchas obreras, estudiantiles y vecinales que surgieron, fueron respondidas con una violencia perfectamente calculada parta no permitir erosionar su legitimidad. Las leyes represivas, el Tribunal de Orden Público, la Guardia Civil y la Brigada Político-Social de la policía, actuaban como aparato principal del control y el castigo.

La Transición: un pacto de silencio y reforma de la oligarquía desde arriba

Muy lejos de suponer ninguna ruptura impulsada desde la base, la Transición fue el resultado de un pacto de la élite oligárquica española. Una parte de la vieja guardia franquista entendió que sostener el régimen tal cual era se hacía incompatible con su integración en los mercados europeos y con el control de una clase trabajadora altamente movilizada desde 1968. Por eso, optaron por dirigir ellos mismos la evolución del régimen. Debían preservarse las estructuras del aparato estatal nacido de 1939, se mantendría intacta la jerarquía judicial y policial; además de garantizarse la continuidad monárquica designada por Franco en quien sería coronado como Juan Carlos I. No se desmontaba el armazón autoritario que se heredaba, solo se le otorgaba un cambio de look, para adaptarlo a las normativas represivas y de control social constituidas por las democracias imperialistas occidentales.

El movimiento estudiantil eclosionado en 1968, se había aliado con las demandas de la clase trabajadora, y funcionaba como catalizador de un cuestionamiento profundo al régimen franquista. Las asambleas y huelgas universitarias se solidarizaban con las luchas obreras. Mientras tanto se intensifica la preocupación por la insurgencia política y armada representada por organizaciones como ETA, FRAP, y más tarde MIL que, si bien no representan una amenaza real al poder estatal, sí que son un desafío simbólico a su capacidad de control total. Se abren grietas en la narrativa legitimadora del Franquismo, lo cual conduce a un repunte en la represión y a su sofisticación; comenzando a idear un plan de reformas pactadas desde arriba.

La muerte de Carrero Blanco en diciembre de 1973 fue el golpe simbólico al régimen franquista que se necesitaba para poner en marcha toda la Transición que ya se venía fraguando desde el inicio de esa década. A los sectores más reacios a la reforma pactada desde arriba había que domesticarlos, no se destruiría su estructura, solo se liquidaba el plan de un franquismo sin Franco pero con franquistas puros. Las élites económicas y políticas asumen una recomposición en el bloque de poder, y se arma una transición que neutralice al movimiento de clase trabajadora. Las luchas obreras estaban viviendo un crecimiento explosivo, decenas de miles de trabajadores desbordan el sindicalismo vertical, y se genera un potencial contrapoder social de coordinadoras y comisiones, huelgas y asambleas masivas en barrios obreros. Por lo que esa Transición debía abordar como objetivo principal la desactivación de ese sujeto político que estaba construyendo al margen de los canales del régimen.

En este contexto, el papel internacional también pesa mucho; y los Estados Unidos, a través de la CIA, busca garantizar un aliado estable en la OTAN y fiel a los intereses imperialistas. De ahí la operación de «reciclaje» del socialismo parlamentario en el Congreso de Suresnes (1974), desde el que emerge un PSOE rejuvenecido, moderado y funcional al nuevo proyecto. El PSOE, a través de Felipe González, es seleccionado como el actor ideal para ofrecer una salida controlada, capaz de seducir a sectores jóvenes y urbanos sin poner en riesgo la estructura económica del franquismo sociológico. De esta manera se evitaba una escalada como la Revolución de los Claveles portuguesa, donde se tuvo que actuar de manera más decisiva para evitar una ruptura que desestabilizara los intereses capitalistas.

Los aparatos franquistas no se depuraron, y la represión seguiría activa, siendo asesinados en ese periodo centenares de trabajadores. En 1975, cuando Franco murió, el franquismo no estaba agonizando, tan solo cumplió su funcional ciclo histórico. La dictadura que nació como proyecto antirrevolucionario, dejaba tras de sí una matriz que se ha mantenido intacta hasta la actualidad, porque Franco murió, pero no el Franquismo.

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