Los incendios que desde hace días azotan la Comunidad de Madrid han vuelto a poner de manifiesto la importancia de la colaboración ciudadana en la generación y difusión de mapas de información geolocalizada, una herramienta que se ha consolidado como una de las vías más eficaces para informar en tiempo real de la evolución de una catástrofe.

Desde que en la madrugada del 24 de julio se declaró la emergencia de interés nacional por los incendios forestales que afectan a la región, la Sierra Oeste se ha convertido en el foco de una de las crisis medioambientales más graves que ha vivido la Comunidad de Madrid.

El mapa que puedes consultar sobre estas líneas se apoya, como buena parte de las herramientas geolocalizadas que citamos en este artículo, en OpenStreetMap (OSM), el proyecto de cartografía colaborativa y de código abierto nacido en 2004 en el Reino Unido. A diferencia de Google Maps o Apple Maps, la cartografía de OSM no la elabora ni la posee una empresa privada, sino una comunidad de varios millones de voluntarios repartidos por todo el mundo —entre ellos miles de mapeadores activos en España— que editan a mano calles, edificios, senderos y puntos de interés, y liberan esos datos bajo una licencia abierta (ODbL) que permite a cualquiera reutilizarlos, modificarlos y redistribuirlos libremente. Es, en el fondo, otra forma de participación ciudadana, previa y menos visible que la de las redes sociales: la que construye, aportación a aportación, la infraestructura cartográfica de base sobre la que luego se montan servicios como IncendiosEspaña.es para representar, en tiempo real, dónde está ardiendo el territorio.

Como ya ocurrió durante la oleada de incendios de Galicia, Asturias y Portugal que analizamos en su día en PC, la información geolocalizada vuelve a demostrar su valor para entender de un vistazo dónde está el fuego, hacia dónde se mueve y qué zonas conviene evitar. Y, de nuevo, la participación ciudadana —esta vez menos a través de datos aportados directamente por los vecinos y más a través del uso masivo, la difusión y la exigencia de información fiable— ha sido determinante para que estas herramientas cumplan su función.

El papel de la ciudadanía: de espectadora a usuaria activa de los datos

Más allá del mapa de fondo que aporta OpenStreetMap —las calles, los municipios y las carreteras sobre las que luego se sitúan los datos del incendio—, en lo que se refiere a esos datos del incendio en sí, y a diferencia de otras emergencias en las que la información ciudadana se incorpora directamente al mapa en tiempo real (fotografías, avisos geolocalizados, reportes en el propio terreno), en el caso de los incendios de Madrid el papel de la participación ciudadana se ha concentrado sobre todo en dos frentes: la configuración de alertas personalizadas y la amplificación en redes sociales del hashtag oficial #IFSierraOeste, que la propia Comunidad de Madrid utiliza como canal centralizado para difundir cortes de carreteras, confinamientos, evacuaciones y el estado de los servicios básicos en las zonas afectadas.

Esa combinación —una fuente institucional que informa en abierto y una ciudadanía que la difunde, la consulta y la utiliza para tomar decisiones— es precisamente lo que ha dado utilidad real a los mapas interactivos que han proliferado estos días.

Los mapas que se han utilizado para seguir el incendio

IncendiosEspaña.es, el mapa que puedes consultar aquí, se ha consolidado como una de las referencias durante esta emergencia. Sobre ese mapa de fondo de OpenStreetMap, la plataforma —independiente, gratuita y no vinculada a ningún organismo oficial— sitúa los datos de los servicios de emergencias autonómicos combinados con información satelital de NASA y EUMETSAT, tal y como explicaba Xataka al detallar su funcionamiento. El sistema se actualiza cada cinco y cada quince minutos respectivamente, y cubre toda España, lo que le permite mostrar focos activos incluso en zonas donde todavía no hay confirmación oficial. La propia web dispone de una sección específica para Madrid donde puede consultarse la situación de los focos activos en la Sierra de Guadarrama y el resto de la región, además de recomendaciones básicas de seguridad —llamar al 112, no intentar apagar el fuego y alejarse en dirección contraria al viento— pensadas para quien se encuentre cerca de una zona de riesgo.

Uno de los elementos más útiles de la herramienta, y el que mejor ilustra ese papel activo de la ciudadanía, es su sistema de alertas por correo electrónico: como explicaba Xataka, cualquier usuario puede introducir su código postal y un radio de aviso (entre 10 y 50 kilómetros) para recibir un correo si se detecta un incendio dentro de esa distancia. Sus propios responsables insisten en que la plataforma no sustituye a los sistemas oficiales de emergencias, sino que actúa como una capa adicional de visualización apoyada en datos públicos.

A esta herramienta se suma la función de incendios de Google Maps, que también se ha popularizado durante esta ola de calor. Según describía El Debate, la herramienta cruza datos satelitales con los partes oficiales de las agencias de emergencia y, al activar la capa correspondiente, muestra alertas sobre cortes de carreteras o avisos de evacuación, con enlaces directos a las autoridades locales de protección civil. Pinchando sobre cada icono de incendio activo pueden consultarse la hora de la última actualización, la superficie afectada y teléfonos de asistencia, lo que la convierte en una herramienta orientada sobre todo a la planificación de rutas de evacuación seguras.

Para el seguimiento institucional, la propia Comunidad de Madrid mantiene actualizada una página oficial sobre el #IFSierraOeste, con la evolución del fuego, los municipios afectados, los cortes de carreteras y las medidas puestas en marcha: refuerzo de la red sanitaria del SUMMA 112, instalación de unidades móviles de telecomunicaciones en las zonas sin cobertura, asesoramiento jurídico gratuito en los partidos judiciales de San Lorenzo de El Escorial y Navalcarnero, y un plan urgente de vivienda dotado con 30 millones de euros para las familias damnificadas.

El valor de la participación ciudadana ante catástrofes climáticas: no es la primera vez

En Periodismo Ciudadano llevamos años documentando cómo el contenido generado por los usuarios se convierte en una pieza clave para informar, y a veces para salvar vidas, en catástrofes naturales. Ya lo vimos con los incendios gallegos, pero también con desastres de otra naturaleza en distintos puntos del planeta.

Cuando en julio de 2021 Zhengzhou, en la provincia china de Henan, sufrió en apenas 24 horas el equivalente a varios meses de lluvia —«un acontecimiento único en 1.000 años», según llegó a calificarlo la ONU—, fueron los vídeos y fotografías compartidos por los propios ciudadanos, especialmente los que mostraban a los pasajeros atrapados en el metro con el agua al cuello, los que permitieron dimensionar la magnitud real de la catástrofe antes incluso de que lo hicieran los medios tradicionales. Lo contamos entonces en «Las inundaciones de Zhengzhou, en China y el valor del periodismo ciudadano».

Algo similar ocurrió tras el terremoto que sacudió Marruecos en septiembre de 2023: como recogimos en «Vídeos ciudadanos muestran el impacto del devastador terremoto de Marruecos», las grabaciones difundidas en Twitter y TikTok por los propios afectados —desde derrumbes captados en directo hasta imágenes de la solidaridad vecinal organizando la ayuda— sirvieron tanto para tomar conciencia de la magnitud de lo ocurrido como para apoyar las labores de rescate y emergencia sobre el terreno.

El caso de los incendios de Madrid encaja en esa misma tradición, aunque con un matiz: aquí la ciudadanía no está tanto generando el contenido informativo original —como sí ocurrió con los vídeos de Zhengzhou o Marruecos— como activando, difundiendo y exigiendo que la información oficial y satelital llegue de forma clara y utilizable a quien la necesita. Es, en el fondo, la otra cara de la misma moneda: un ecosistema informativo en el que administraciones, plataformas independientes y ciudadanía se necesitan mutuamente para que los datos geolocalizados cumplan su función real, que no es otra que proteger a las personas.

Una función que va más allá de la emergencia inmediata

Estos mapas no solo sirven para seguir el fuego mientras arde. Su función se mantiene, e incluso se amplía, en las fases posteriores: permiten a los vecinos evacuados comprobar el estado de sus municipios antes de plantearse el regreso, ayudan a periodistas y organizaciones a documentar el alcance real de la superficie quemada —según los datos que la propia Comunidad de Madrid mantiene actualizados, el #IFSierraOeste ha afectado ya a cerca de 34.000 hectáreas y ha obligado a evacuar o confinar a más de 56.500 personas— y ofrecen una base de datos abierta que, con el tiempo, servirá para análisis posteriores sobre la magnitud de la catástrofe, como ya hizo en su día la Fundación Civio con los incendios de Galicia.

La lección que dejan estos días en Madrid es similar a la que dejaron los grandes incendios gallegos, las inundaciones de Zhengzhou o el terremoto de Marruecos: cuando los datos oficiales se combinan con información abierta y con una ciudadanía que los consulta, los difunde y los usa para protegerse, el periodismo de datos y los mapas geolocalizados dejan de ser una curiosidad técnica para convertirse en una herramienta de seguridad real. Mientras el #IFSierraOeste siga activo, estos mapas seguirán siendo, para buena parte de los madrileños, la forma más rápida y fiable de saber qué está pasando cerca de sus casas.

Dónde seguir informado

• Comunidad de Madrid – #IFSierraOeste: la fuente oficial, con partes actualizados sobre evolución del fuego, cortes de carreteras, confinamientos y ayudas a los afectados.
• IncendiosEspaña.es – Madrid: mapa independiente en tiempo real con datos satelitales y opción de configurar alertas por correo electrónico. Vista centrada en la Sierra Oeste de Madrid.
• Google Maps – capa de incendios: activando la capa correspondiente en la app o en maps.google.com se pueden consultar focos activos, cortes de vías y avisos de evacuación.
• Copernicus EFFIS – Current Situation Viewer: el visor oficial de la Unión Europea, con datos de focos activos y zonas quemadas a partir de satélites de la NASA y de EUMETSAT.
• 112 Comunidad de Madrid: para emergencias reales sobre el terreno, ningún mapa sustituye la llamada al teléfono de emergencias.

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Bajo un sol cayendo a plomo en la Plaza del Pueblo de Orcasur (Madrid), se presentaba este sábado una confluencia que busca articular y aglutinar las diferentes luchas sociales, sindicales y medioambientales que están atravesando el territorio madrileño. El entorno no podía más adecuado para esta iniciativa colectiva; no en vano, Orcasur, Orcasitas, es esa aldea gala del sur en la que nunca se han implantado las derechas y que a finales de la dictadura consiguió que todos sus habitantes pasaran de vivir hacinados en chabolas, a estrenar viviendas dignas; un barrio del “cinturón rojo” de la periferia madrileña, en el que el movimiento ciudadano, vecinal, obrero, fue determinante, como otros similares, para poner fin a la dictadura y recuperar libertades. Siempre desde abajo, siempre a la izquierda.

La Confluencia de luchas es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre las organizaciones CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, y que, en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda y el endurecimiento de las políticas migratorias, quiere sumar fuerzas con las que construir respuestas colectivas con las que enfrentarse a la situación actual. Nos lo explicaba Julia Tabernero, integrante de Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: “El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas”.

El proceso ha sido largo, se ha ido labrando gracias al intercambio de experiencias y el análisis de las diferentes luchas que dan forma a la iniciativa, y ha finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones celebradas en la Fundación Anselmo Lorenzo.

La huelga general contra el genocidio en Gaza, las movilizaciones del sector de la Enseñanza o la sanidad madrileñas, la crisis medioambiental, la emergencia habitacional, la campaña contra las políticas migratorias y por la regularización de los migrantes, o la manifestación del 1º de mayo interseccional más multitudinario de los últimos años, son algunos hitos compartidos entre organizaciones sociales y sindicales que ahora han dan el paso definitivo para sumar esfuerzos.

Medios de comunicación y policrisis

Para su presentación, las integrantes convocaron el evento denominado I Encuentro Primavera de Luchas, que contó con varios talleres de debate: a primera hora, Mark Bray, Miquel Ramos y Nuria Alabao nos hablaron de la “Internacional reaccionaria y los retos del antifascismo”, y analizaron el auge de la extrema derecha en todo el mundo, el papel que en ello están jugando los medios y su relación con las cuestiones de género, la masculinidad y el neoliberalismo.

Ya al filo del mediodía, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros participaron en una charla titulada “La policrisis y el sujeto en lucha”. Por último, representantes de Labor Notes, la red estadounidense que funciona como motor de izquierda en el movimiento sindical y promueve la militancia obrera y un sindicalismo orientado a la acción social, y el MST brasileño, movimiento campesino que lucha por una reforma agraria popular mediante la ocupación de tierras improductivas, han presentado sus experiencias en la mesa “Las militancias de base y las organizaciones de masas”.

Cayendo la tarde, se ha presentado formalmente la iniciativa, con discursos de los convocantes, pero también de diferentes realidades actuales en lucha: Extinción Rebelión, el sector de la educación infantil (0-3 años) en huelga desde hace semanas, la Asamblea por la vivienda de Usera, la Asociación de Vecinos de Orcasur, la sección de la CGT en El Corte Inglés, cuyas mujeres han conseguido abrir una grieta importante en una empresa siempre refractaria a la actividad sindical o la Sección de lo social de CNT, que recientemente ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, por prevaricación y discriminación en la regularización de migrantes. Como broche final, las actuaciones musicales del coro ecofeminista de mujeres Malvaloca, y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga han puesto la nota lúdica haciendo bailar a los asistentes.

Mark Bray, historiador y profesor universitario estadounidense que ha tenido que exiliarse en España por las amenazas que ha sufrido en su país, reflejaba el ánimo que flotaba en el ambiente: “las experiencias de Minnesota o más recientemente en Newark [se refiere las movilizaciones frente al centro de detención del ICE conocido como Delaney Hall, donde cientos de migrantes se encuentran llevando a cabo una huelga de hambre] son hitos que marcan el camino en mi país y protagonizan la esperanza de un antifascismo de autodefensa comunitaria desde abajo. Y lo que estoy viendo con la confluencia de luchas es igual de esperanzador, representa el ejemplo de cómo se puede establecer un movimiento de masas antifascista ante la eventual llegada de la extrema derecha al poder”.

Después de casi tres años de trabajo colectivo, este sábado se presentó finalmente la confluencia en Orcasur, pero tal y como afirma Gonzalo Maestro, uno de los impulsores de la iniciativa, “ahora el objetivo inmediato es sacarla de la capital y extenderla a otras zonas de la comunidad, y para ello ya tenemos programados actos en la sierra norte y otros ligares del este y la zona Sur. Y el siguiente paso será encontrarnos con iniciativas similares de otros territorios”. La confluencia ya se ha presentado públicamente, reforzando vínculos y compartiendo experiencias, pero el trabajo para extenderse fuera y seguir aumentando su implantación no ha hecho más que empezar.

Miguel Ángel Fernández es periodista freelance y trabajador de la Fundación Anselmo Lorenzo (CNT)

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Asistimos, hace unos días, a un espectáculo único y, casi me atrevería a decir, irrepetible: una conferencia de prensa del presidente del Real Madrid Club de Fútbol y del Grupo ACS, Florentino Pérez. Su singularidad estaría basada no solo en el hecho de que hiciera más de 11 años que el empresario madrileño no comandaba un acto de tales características sino, más bien, por algunas de las perlas que dejó escapar durante los aproximadamente 65 minutos que llegó a alcanzar. Críticas a periodistas presentes, amenazas con bajas de suscripciones a medios de comunicación, comentarios machistas, un aire de condescendencia y superioridad sostenido o una casi insoportable sensación de impunidad ante cualquier expresión pasada, presente o futura, poblaron su exótica comparecencia ante los medios de comunicación.

La actitud general, tanto de los periodistas como de la opinión pública ante la situación pasaba, por momentos, casi por segundos, de la sorpresa absoluta a la confirmación de una marcada personalidad que era descrita por algunos como autosuficiente, altanera y desdeñosa ante la oposición y la crítica.

Para algunos, los prejuicios hacia un tipo de figura que representa el éxito en lo simbólico, lo social y lo económico, se veían confirmados –los ricos, ya se sabe, son personas altivas que se rodean siempre solo de pelotas y conseguidores–, mientras que, para otros, entre los que me incluyo, nos encontraríamos, de nuevo, ante la necesidad de plantear un estudio sistemático y científico sobre el grupo social al que Florentino Pérez representa: las élites.

Con señaladas excepciones, la antropología y la sociología españolas han dedicado poco tiempo y espacio al estudio de este singular colectivo. La aparición de algunas publicaciones recientes, como la del sociólogo Andrés Villena Las élites que dominan España (Libros del KO, 2026) o El Estado pesebre. Una historia de las élites españolas (Ediciones Paseo, 2025), del historiador Carlos Arenas Posadas, serían algunos de estos escasos ejemplos.

También cabría destacar, aunque desde una perspectiva más periodística o ensayística, las obras del reportero de El País Cristian Segura, Gente de Orden. La derrota de una élite (Galaxia Gutenberg, 2021), o Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España (Blackie Books, 2024), de la periodista Raquel Peláez. Pero poco más, excepto alguna obra que se ha quedado antigua y algunos artículos académicos publicados aquí y allá.

La dedicación al estudio de las élites es mucho mayor, quizás debido a las enormes desigualdades estructurales que presentan sus sociedades, en América Latina, donde principalmente la sociología lleva décadas poniendo el foco en los comportamientos, tipología de relaciones, espacios propios y sistemas de prestigio de las élites regionales. En Europa, cabría destacar el papel del sociólogo Pierre Bourdieu, que en su obra La distinción. Criterios y bases sociales del gusto (publicada en castellano por Taurus en 1998) creó un marco teórico específico que ha permitido el estudio de las relaciones y el campo de acción de las élites francesas y globales.

La antropología tiene, en este ámbito, una asignatura pendiente. Esto podría deberse a varios factores, entre los que podríamos citar su vinculación inicial con las sociedades denominadas primitivas. También entran en juego la etnografía como metodología específica de la disciplina, mucho más proclive a aplicarse a marcos abiertos que a cerrados, como los de las élites; el propio carácter elitista de los primeros investigadores, así como el acompañamiento colonial que tuvo, desde sus inicios, la antropología como ciencia.

Podría deberse, por añadidura, a su especialización en grupos minoritarios, subordinados, sobre los cuales se ejercía el poder, y no sobre aquellos que lo ejercían; al cierto carácter estanco y a la especialización de las ciencias sociales, donde la antropología pareció dejar en manos de la sociología el estudio de las estructuras sociales, el sistema de clases o las relaciones entre grupos, etc. Sin embargo, más que una falla, este conjunto de razones podría tomarse, más bien, como un aliciente para entrar en el campo inexplorado del estudio de las élites, tanto más cuanto las sociedades actuales parecen deslizarse sobre una pendiente marcada por el incremento de la desigualdad y de un ejercicio de poder tecnocrático y tecnopolítico.

La antropología, en este caso, no parte de cero. Si bien es cierto que su objeto de estudio principal no ha sido, de forma destacada, este grupo social, las mismas herramientas –la etnografía– como sus marcos teóricos referenciales, bien afinados, podrían ser de perfecta utilidad ante una aproximación y análisis de las élites, y el caso de la rueda de prensa de Florentino Pérez nos recuerda, y nos sirve de ejemplo, precisamente de esta posibilidad.

Han sido numerosas las voces que, tanto desde la política, como desde el periodismo –caso destacable el de Fonsi Loaiza en su conocida obra Florentino Pérez, el poder del palco (Akal, 2022)– han destacado el papel que determinados espacios juegan en los entramados del poder. En este caso, el del palco del Real Madrid CF, un lugar de acceso altamente restringido donde se hacen y deshacen propuestas políticas, iniciativas empresariales, relaciones y negocios, se pactan acuerdos y desmontan conflictos, entre las principales élites sociales, políticas y económicas del país, aunque con una presencia destacada de las ubicadas en la capital del Reino, Madrid. Pues bien, la antropología ha destacado la importancia de este tipo de sitios reconociéndolos como lugares de discurso oculto.

La Marea 30

Para el político y antropólogo James C. Scott, estos espacios serían «aquellos lugares donde ya no es necesario callarse las réplicas, reprimir la cólera, morderse la lengua y donde, fuera de las relaciones de dominación, se puede hablar con vehemencia, con todas las palabras». Esta acepción de lugar de discurso oculto estaría, como puede observarse, vinculada a grupos y colectivos dominados, no a los dominadores, si bien bastaría con darle la vuelta y pensar en ellas precisamente como aquellos espacios donde los que no se muerden la lengua son las élites para que fuera útil a nuestros objetivos. Esto nos permitiría entrar al análisis y estudio de este tipo de emplazamiento como lugares apartados, sin vigilancia o control, no ajenos tanto a la represión de los dominadores sino, más bien, a la observación y examen de los dominados.

Son, bajo esta consideración, espacios profundamente antidemocráticos donde se llevan a cabo acciones y se toman decisiones que, posteriormente, tienen repercusiones en una sociedad teóricamente moderna y democrática. Pero, además, este tipo de lugares atrae y contiene personas que comparten experiencias similares en el ejercicio de la dominación, esto es, son espacios homogéneos, guetos de clase, capital social y simbólico similares, que articulan, reproducen y distribuyen el poder. Son, por tanto, espacios que generan culturas propias que han escapado y escapan al control de los dominados. Al contrario que los tradicionales lugares de discurso oculto –bares, tabernas, iglesias, bibliotecas, fábricas, etc.– que habrían sido objeto de examen e inspección por parte de las élites, estos han escapado a cualquier tipo de transparencia y control.

Un acercamiento etnográfico, por tanto, no solo se aparece como necesario, sino también como pertinente al contar con unos marcos analíticos iniciales que permitirían entender el qué, cómo, para qué y por qué de estos lugares. Caso más complicado es el acceso directo, ya que las élites siempre han sido celosas de sus secretos, pero que sea complicado no significa que sea imposible. O que deba hacerse de forma directa e in situ, como el caso de la reciente presentación en público de Florentino Pérez dejó en evidencia. Pensar en estos lugares –el palco– como lugares de discurso oculto permitiría entender que la personalidad de la figura del presidente del Real Madrid no es exótica, singular o excéntrica, sino que simplemente no está estudiada, por cuanto no están estudiados los espacios en los que se mueve el grupo social al que el también presidente de ACS representa. Examinando el palco del Bernabéu, por tanto, podremos seguir hablando de Florentino y de las élites.

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Jose Mansilla es antropólogo urbano y profesor en la Universitat Autònoma de Barcelona.

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Madrid cuenta con una amplia variedad de espacios a los cuales puedes acercarte para conocer nuestras ideas y participar en diferentes iniciativas y colectivos que luchan por un mundo mejor. Existen desde locales de distintos sindicatos, hasta bibliotecas, centros sociales, espacios vecinales y ateneos, que albergan grupos de vivienda, antiespecistas, colectivos de apoyo mutuo y un largo etcétera. Os dejamos a continuación con una muestra de algunos de los espacios más emblemáticos que siguen en activo:

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La privatización sistemática desplegada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid extiende sus raíces a la totalidad de servicios públicos esenciales.

«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.

Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.

El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]

La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):

• Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
• Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
• Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
• Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
• Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.

Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.

Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.

Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a la huelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.

La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.

En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:

• Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
• Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
• Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
• Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
• Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.

Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.

En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.

En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.

“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.

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Por Jorge del Arco y Mario Rísquez (CGT-UCM)

Los pasados 26 y 27 de noviembre las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid fuimos nuevamente a la huelga contra la asfixia económica a la que nos está sometiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el horizonte amenaza, además, la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), un proyecto legislativo que busca abrir aún más el espacio universitario al expolio de los recursos públicos.

La situación en las universidades madrileñas

La situación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid viene de lejos. Se tomen los datos que se tomen, la financiación nunca ha recuperado los niveles previos a los recortes implementados por las medidas de austeridad posteriores a 2008. En aquel momento, las universidades públicas madrileñas vivían una situación de equilibrio presupuestario y la financiación pública por estudiante era equivalente en Madrid y en el sistema nacional en su conjunto. Quince años después, hay un desfase del 22,5% en la región. La Comunidad de Madrid es la única región española que invierte menos ahora por estudiante de grado y de máster. Siendo una de las regiones más ricas, es también, junto con Cataluña, la que menos invierte por estudiante.

La financiación pública de las universidades madrileñas se situó el año pasado en un 0,37% en relación al PIB autonómico. Este índice parece aumentar ligeramente en 2025 (0,38% según estimaciones conservadoras sobre el crecimiento del PIB y la inflación), aunque en relación al presupuesto total, el universitario desciende una vez más: del 4,06% al 4,04%. Este dato es importante porque al consejero de Educación, Emilio Viciana Duro, le gusta decir que el porcentaje con respecto al PIB ni representa las necesidades reales de las universidade,s ni mide adecuadamente el esfuerzo presupuestario que realiza la Comunidad de Madrid. La realidad es que dicho esfuerzo ha pasado de estar 25 puntos porcentuales por encima de la media nacional en 1998, cuando las competencias estaban en manos del Ministerio de Educación, a situarse un 23% por debajo en 2023.

El gobierno de la Comunidad de Madrid atribuye los problemas económicos de sus universidades al aumento del gasto. Pero, una vez más, los datos desmienten sus afirmaciones. Mientras el total de los gastos a nivel estatal ha aumentado un 20%, en Madrid dicho incremento ha sido una quinta parte menor (16%). El problema es que mientras en el primer caso los ingresos han aumentado un 20%, el sistema universitario madrileño apenas ha visto incrementados sus ingresos en un 10%. Poniendo estas cifras nuevamente en relación al PIB autonómico, la caída de los ingresos de las universidades madrileñas es palmaria: del 0,90% de 2008 se ha pasado al 0,68% en 2023 (un retroceso del 25% en términos reales).

Si acudimos a los euros contantes y sonantes, hay que indicar que, en verano de 2024, los rectorados de las seis universidades públicas solicitaron un incremento de 200 millones en el presupuesto para poder funcionar con una mínima normalidad.¹ El gobierno de Ayuso respondió con un pequeño incremento de 47,26 millones respecto de lo que había anunciado en primera instancia. Este año se anuncia otra pequeña subida de 75,3 millones. En total, poco más de la mitad de lo que las universidades solicitaban simplemente para poder abrir.

Esto ha hecho que aquellas universidades con un mayor déficit de financiación se encuentren en graves problemas. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tuvo un agujero de 33 millones de euros en 2023. Un año después, este déficit aumentó hasta los 45 millones. Es la universidad que menos dinero recibe de las administraciones autonómicas por estudiante (4.291 euros anuales). Este déficit estructural de financiación ha tenido que ser cubierto con los remanentes de diez años de ahorro. Pero la tesorería se agota rápidamente con esta deriva. Este pasado verano, el rector afirmaba que les quedaba entre un año y un año y medio de solvencia.

La situación en la UCM

El agujero en la Universidad Complutense (UCM) en los últimos dos años ha sido de 142,3 millones de euros (64,5 millones en 2023 y 77,8 millones de euros en 2024). El problema no es puntual y se va a ir agravando. Si se compara la cuantía de la transferencia de este año con la que tenía lugar en 2008, y se corrige la inflación, se aprecia un recorte del 18%. El gobierno de Ayuso puede seguir diciendo que está aumentando la financiación porque en 2024 asignó un 7,8% más (373,8 millones) de lo que transfería en 2008 (349,8 millones). Pero lo cierto es que la inflación ha aumentado un 31,3% en ese mismo período. No hace falta ser economista para deducir lo que ha ocurrido en estos 16 años. Y eso en un contexto en que la región ha vivido un crecimiento acumulado del 28,8% del PIB, una vez ajustada la inflación. No hay manera de justificar esta asfixia por la situación económica.

Esto ha provocado que la UCM sufra un déficit de financiación que ha pasado en los últimos tres años del 0,92% al 12,39%. De los más de 33 millones de euros que conservaba en la tesorería como remanente ahora mismo no queda nada. El informe de las cuentas anuales habla de tensión de liquidez. La UCM no tiene dinero para afrontar sus pagos corrientes.

Por eso se ha visto obligada a pedir un préstamo a la misma institución que la ahoga económicamente. Un crédito de 34,46 millones de euros que tiene que devolver en los próximos cinco años. Pero no solamente tendrá que devolver ese dinero. Además tendrá que pagar 4,4 millones de euros en conceptos de intereses (2,8%). En una situación de insolvencia provocada por la propia Comunidad de Madrid, ésta pasa a convertirse en acreedora y asume la deuda de la universidad que ella misma ha generado a cambio de un nada módico precio (el Euribor se encuentra en estas fechas alrededor del 2%).

A cambio de ese dinero, la UCM tiene que implementar un Plan Económico-Financiero de ajuste de gasto de alrededor de 33 millones de euros en los próximos 3 años. Por las informaciones de que disponemos hasta ahora el núcleo duro de esos recortes se va a concentrar en la plantilla: 16 millones en el personal docente e investigador (PDI) y 11 millones en el personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS). Lo que es seguro es que se mantendrá durante tres años la retención del 35% del presupuesto a departamentos y facultades que se anunció en diciembre del año pasado en previsión de la situación de insolvencia a la cual la conducía la Comunidad de Madrid. Ahora ha anunciado que dicha medida se mantendrá los próximos tres años. Esta retención presupuestaria ya supuso que se dejaran de financiar los grupos de investigación, que algunas bibliotecas tuvieran que anunciar que no se adquirirían novedades o que se cancelaran becas de excelencia para estudios de máster.

Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC)

A nadie puede sorprender el desprecio de un gobierno del PP por los servicios públicos. Aun así, la situación resulta chocante incluso para los estamentos universitarios más conservadores. Los decanos y decanas de todas facultades de la Complutense se han concentrado en la Puerta del Sol para protestar por la falta de financiación. Con la boca pequeña, y un exasperante síndrome de Estocolmo en ocasiones cínico, los rectorados llevan un año y medio denunciando la insostenibilidad de la educación superior universitaria con estas cifras. ¿A qué responde entonces este ataque que parece llevar el recorte al punto del desmantelamiento?

Prácticamente al mismo tiempo que conocíamos el crítico escenario económico que afrontaban nuestras universidades, caía en nuestras manos un borrador incompleto del anteproyecto de ley que preparaba el gobierno de Ayuso. Un proyecto estructural que busca aprovechar los huecos habilitados por la legislación estatal para convertir la educación superior madrileña en un mercado del que se puedan obtener pingües beneficios. Llevan años intentándolo, no solo con la educación, también con la sanidad, y piensan que la crisis económica que han generado en la universidad les da la oportunidad perfecta tanto en la imposición de recortes como en la negociación legislativa.

Este es un ataque desde varios frentes a la autonomía universitaria. Busca poner a las universidades públicas bajo control directo de la Comunidad de Madrid y el tejido empresarial madrileño. La infrafinanciación de las universidades públicas abre espacio a la competencia de las entidades privadas y a la precarización de la fuerza laboral, tanto la propia de las universidades como aquella en formación, a la vez que ofrece trabajo gratuito o infrapagado. Pero la verdadera y preocupante novedad de la ley es el fomento del expolio de los recursos públicos.

El sometimiento de la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, al mundo empresarial ya no pasa solamente por su orientación al mercado laboral y las exigencias productivas. Con esta ley es la propia educación superior la que se convierte cada vez más en un mercado en el cual lucrarse. Pero además no se pretende hacer únicamente favoreciendo a las entidades privadas en detrimento de las públicas. Las exigencias de programas conjuntos, uso compartido de equipamientos, trasvase de estudiantes y docentes y demás aspectos propuestos en el anteproyecto dejan a las claras que lo que se busca es permitir el parasitismo de entidades privadas, tanto universitarias como no universitarias, sobre las universidades públicas.

Para ello la Comunidad de Madrid debe reforzar su propio control externo sobre las universidades y el control interno por parte del tejido empresarial a través de los Consejos Sociales. Esta institución idealmente pensada para habilitar la participación de la sociedad en la universidad ha sido utilizada para permitir la entrada del mundo empresarial. El anteproyecto de ley amplía y deforma sus funciones hasta convertirlo casi en un Consejo de Gobierno de facto. Junto con la también exacerbada figura de la intervención, se busca transformar radicalmente el equilibrio de gobierno y el significado mismo del concepto de la autonomía universitaria. Las competencias económicas que se le otorgan le dan un control presupuestario prácticamente total. Las académicas le habilitan para controlar lo que se enseña o se investiga en las universidades. Y por si todo ello fuera poco, se le pretende convertir en un órgano que blinde y promocione los discursos de odio, puenteando los órganos de la propia universidad que regulan los derechos de reunión y libertad de cátedra o expresión. Pero el objetivo es el mismo que muestran el resto de artículos referidos al gobierno y el diseño institucional: debilitar la autonomía universitaria para blindar el control político de la Comunidad de Madrid y bloquear las vías de representación y participación efectiva de las trabajadoras y el estudiantado. Solo así podrá llevarse a cabo la puesta en disposición de los centros privados de enseñanza superior –universitaria o no universitaria (por eso se establece una normativa conjunta)– las infraestructuras (laboratorios, centros deportivos, talleres artísticos y otras instalaciones o herramientas digitales), la investigación y la formación para la investigación (programas de doctorado), los recursos humanos, los servicios, así como el prestigio de las universidades públicas.

El otro instrumento ideado para consumar el expolio es el modelo de financiación propuesto en el anteproyecto. Dividido en tres capítulos (financiación básica, por necesidades específicas y por objetivos), de los cuales solamente el primero estaría relativamente garantizado, esta propuesta, lejos de garantizar la autonomía financiera de las universidades, refuerza su dependencia del proyecto privatizador de la Comunidad de Madrid y mantiene una transferencia ordinaria insuficiente para su normal funcionamiento. Puesto que se pretende detraer de dicha transferencia los ingresos de los precios y tasas públicas, el anteproyecto pone un límite a la financiación autonómica por debajo de las necesidades de financiación básica. Lo mismo ocurre con los gastos de mantenimiento y reposición de activos ya existentes, que no podrán incluirse en el capítulo de necesidades específicas –en abierta contradicción con la legislación estatal–. Este se vería limitado exclusivamente a nuevas inversiones en infraestructuras y equipamientos que tendrán que ser aprobadas por la Comunidad de Madrid. Finalmente, la financiación por objetivos busca establecer unos contratos-programa orientados al cumplimiento de la colaboración con las empresas privadas y a la progresiva privatización de las propias fuentes de financiación de la universidad. Porque esa es la otra gran novedad que quiere implantar la LESUC: la creación de fondos de inversión y otros mecanismos financieros para que las universidades obtengan recursos por su cuenta en el mercado. Si la situación económica de las universidades públicas ya es insostenible hoy, un estudio de los mayores expertos en contabilidad universitaria ha llevado a cabo el ejercicio de aplicar los criterios de financiación del anteproyecto para la liquidación presupuestaria de 2023. El resultado es que las universidades públicas de Madrid perderían en total otros 179 millones de euros. La Complutense sería la más afectada con más de 54 millones menos. Si el mismo criterio se aplicase a nivel nacional, la pérdida sería de casi mil millones de euros.

¿Estamos ante un proyecto de ahorro y austeridad brutal en un momento de relativa bonanza, al menos en términos macroeconómicos y ciertamente para las arcas de la Comunidad de Madrid? Sin descartar que la animadversión por lo público de las élites políticas y económicas madrileñas pudieran conducir a decisiones irracionales como esta, lo cierto es que el motivo es mucho más prosaico. La universidad privada se ha convertido en un nicho de negocio de alta rentabilidad en España. Un estudio de hace seis años cifraba la rentabilidad media del sector en un 9,4%. Y es un mercado en crecimiento. Incluso enormes fondos de inversión se percataron de la situación y adquirieron en aquel momento dos de las más rentables, Alfonso X El Sabio y la Universidad Europea, por más de mil millones y casi ochocientos millones, respectivamente. Recientemente, la primera se ha vendido por el doble de lo que costó. En seis años, el fondo de inversiones CVC ha ganado mil millones de euros. Una rentabilidad del 100% de la inversión. Lo mismo ha sucedido con la Universidad Europea. Aunque las cifras de la venta no han sido publicadas en este caso, su valor de mercado actual se calcula también en alrededor de 2000 millones de euros. El fondo Permira habría casi triplicado su inversión de hace seis años.

Estamos ante un caso de intento de acumulación por desposesión de manual. Pero como siempre que el capital arremete contra nuestros derechos y condiciones de vida, los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas, de la mano del revitalizado movimiento estudiantil, vamos a resistir. Nos jugamos la universidad pública en Madrid. Las movilizaciones de este año que cerramos con la huelga general universitaria son solo el comienzo de la lucha. Vamos a parar la tramitación de la LESUC y vamos a obligar a la Comunidad de Madrid a revertir la situación de infrafinanciación que lleva años provocando. Y ojalá esto sea solo el comienzo también de una lucha por los servicios públicos en general en Madrid. Porque el gobierno de Ayuso representa el trumpismo más peligroso que el capital quiere usar para seguir esquilmando: aquel con poder institucional y de gobierno. Ahora le toca a la universidad, pero lo seguirán intentando con la sanidad y con cualquier otra forma de riqueza colectiva que escape a su depredación. Pero nosotras también nos organizamos. Lo hicimos con las mareas y lo estamos volviendo a hacer.

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1 Según cálculos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA), transmitidos en Consejo de Gobierno por el rector de la Complutense en julio de este año, dicha cifra alcanzaría hoy los 460 millones de euros.

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Mazón Dimisión :: 29 de mayo, 19:30, C/Génova 13, Madrid

Martes 27 de mayo, 18:30, Espacio Ronda, Ronda de Segovia 50, Madrid

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