Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y numerosas asociaciones de toda España exigen la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias.
La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público clave para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Además, las vías pecuarias actúan como corredores ecológicos y conservan importantes valores culturales, sociales y deportivos para toda la ciudadanía.
La recuperación de las vías pecuarias, tanto a nivel estatal como autonómico, se encuentra, salvo contadas excepciones, en una situación de parálisis y de destrucción paulatina.
Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y numerosas asociaciones ambientales y senderistas de toda España han reclamado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, cuyo proyecto fue sometido por primera vez a información pública en 2023.
Dicha red se establece en el artículo 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. Sin embargo, más de treinta años después de la aprobación de la ley, aún no ha sido desarrollada, pese a su importancia para garantizar el mantenimiento de la trashumancia y por sus valores ambientales, deportivos y sociales.
La declaración de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad resulta difícilmente efectiva sin una red de vías pecuarias protegida y plenamente operativa. Sin vías pecuarias y caminos públicos abiertos no es posible mantener la trashumancia tradicional y se limita gravemente la movilidad rural y el uso social y deportivo de estos itinerarios. Constituyen, además, una seña de identidad y de vertebración territorial cuyo deterioro amenaza con hacerlas desaparecer.
Las organizaciones expresan su profunda preocupación por el retraso en la aprobación del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias. Desde 2023, el texto ha sido sometido en dos ocasiones a información pública y cuenta incluso con el dictamen del Consejo de Estado. Mientras tanto, la recuperación de las vías pecuarias a nivel estatal y autonómico permanece, salvo excepciones, prácticamente paralizada, al tiempo que continúa su deterioro. Las organizaciones temen que esta situación siga agravándose.
La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público esencial para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Asimismo, las vías pecuarias desempeñan una función estratégica como corredores ecológicos, favorecen la conexión entre espacios protegidos y conservan valores culturales, sociales y deportivos de gran importancia para toda la ciudadanía.
Decenas de organizaciones y todas las personas comprometidas con la defensa del patrimonio público que representan las vías pecuarias esperan la aprobación de este Real Decreto. No solo porque supone el desarrollo de la Ley 3/1995, sino también porque constituirá un impulso decisivo para su recuperación y para convertirlas en un eje de políticas públicas de sostenibilidad, conservación del territorio y movilidad.
Por todo ello, las organizaciones han reclamado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que el Real Decreto sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros.
Informe sobre la aplicación del Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030 para el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad
El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 es el documento aprobado mediante el Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, en aplicación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad por el Gobierno del Estado para orientar las políticas públicas estatales en el periodo 2020-2030, en el contexto de la definición de la Estrategia Europea Biodiversidad 2030 (adoptada también en 2020) y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado por el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre de 2022.
Se trata de un documento extenso (115 páginas en su versión publicada en la web del MITECO), organizado en 6 grandes apartados:
Introducción
Diagnóstico del Patrimonio natural y la biodiversidad en España
Líneas de actuación prioritarias
Estimación presupuestaria
Seguimiento de la ejecución y evaluación del Plan Estratégico
Revisión del Plan Estratégico
En relación a la naturaleza jurídica del Marco Mundial de Biodiversidad, Ecologistas en Acción ha publicado un análisis de las barreras e impulsores para la aplicación de este documento en el Estado Español. En resumidas cuentas, esa estrategia mundial es un documento legal que obliga a todas las partes del CDB a cumplir con sus determinaciones, si bien su debilidad consiste en no incorporar herramientas para obligar a los Estados a cumplir ni a sancionar en caso de no actuar conforme lo acordado. Ecologistas en Acción viene desarrollando desde hace años un seguimiento exhaustivo de las políticas españolas, europeas e internacionales de biodiversidad.
En 2011, la Comisión Europea adoptó la Estrategia Europea sobre Biodiversidad hasta 2020, con el objetivo principal de “detener en 2020 la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos de la UE, y restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando al mismo tiempo la contribución de la UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial”.
En coherencia con este trabajo, resulta adecuado efectuar un análisis riguroso de la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad 2022-2030 en España, cuando estamos a mitad del período de ejecución.
El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad es un documento correcto técnicamente, que analiza la información disponible sobre el estado y las tendencias de la biodiversidad en el Estado Español e intenta concretar las estrategias europea e internacional de biodiversidad.
Pone en orden y programa una serie amplia de actuaciones que, de cumplirse al final del período en 2030, pondrán a España en una situación mejor que en antes de su aprobación en cuanto a información científica disponible, herramientas de gestión y estudios y directrices para mejorar el trabajo del personal técnico de las administraciones.
Sin embargo, no es el documento que se necesitaba en la situación de crisis profunda de biodiversidad en que está sumido el planeta.
Falla en la coherencia del análisis (no va a cuestiones de fondo, de modelo), en la ambición (faltan recursos económicos y herramientas legales para hacer obligatorias medidas necesarias en todas las comunidades autónomas), en transparencia y sistema de seguimiento y revisión.
En otras palabras, es un buen documento para organizar el trabajo de una Dirección General del MITECO, pero no es un plan de ambición estatal que pueda conducir a las transformaciones que España necesita hacer si no quiere sufrir de una forma cada vez más profunda, las consecuencias catastróficas de una crisis ecológica que se está acelerando cada día que pasa.
El 7º Informe Nacional del Estado español, que será presentado en la COP 17 de Biodiversidad en octubre de 2026, refleja importantes avances en la implementación del PEEPNB, pero sobrevalora el impacto de las acciones logradas y no aborda con contundencia los retrasos y falta de incidencia de muchas medidas recogidas en el informe.
Además, existen desajustes entre las Metas Nacionales del PEEPNB y las Metas del Marco Mundial, lo que dificulta que el 7º Informe Nacional sea una prueba concluyente para evaluar el progreso del Estado español para lograr detener la pérdida de biodiversidad en 2030 en cumplimiento del Marco Mundial.
Se requiere un análisis exhaustivo del 7º Informe para vincular de forma directa Metas Nacionales, Indicadores del CDB y Metas del Marco Mundial de Biodiversidad. De este modo, se pondrían en valor los verdaderos logros conseguidos y los retos que se presentan a mitad de periodo de ejecución del Marco Mundial para que el Estado español cumpla con éxito sus compromisos internacionales.
La responsabilidad de esta situación es claramente política. Es un momento histórico en que disponemos de más información que nunca sobre el alcance de la crisis de biodiversidad y sus consecuencias no sólo para la naturaleza como ente abstracto sino como sustrato esencial sobre el cual se basa nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro bienestar.
En este momento, después del fracaso en 2020 de las Metas de Aichi y la anterior Estrategia Mundial de Biodiversidad por la falta de voluntad política, el Gobierno de España tenía el deber moral de liderar una aplicación ambiciosa de los más avanzados tratados internacionales como es el CDB, y situar a la sociedad española en la senda de una transformación que volteara profundamente su relación con la naturaleza. Como saben muy bien los pueblos indígenas, somos parte de la madre Tierra y hacerle daño es hacérnoslo a nosotros mismos.
El PEEPNB ha sido una oportunidad perdida, quizás la última para algunas especies y ecosistemas con quienes compartimos la aventura de la vida y está al borde de la extinción. Y cada especie extinta es un paso más hacia la crisis civilizatoria que puede acabar con nosotros.
El Estado español será evaluado en la COP 17 de Biodiversidad, donde presenta su 7º Informe Nacional de Biodiversidad sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos internacionales.
Tras los fracasos de 2010 y 2020, cuando no se logró detener la pérdida de biodiversidad por falta de voluntad política, Ecologistas en Acción considera que el Gobierno de España tiene el deber moral y legal de liderar una aplicación ambiciosa del Marco Mundial de Biodiversidad.
La organización ecologista reconoce avances, pero señala graves deficiencias que comprometen el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030 cuando se está a mitad de plazo para el vencimiento del plan.
El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 (PEEPNB) es el documento aprobado en 2022 por el Gobierno de España para orientar las políticas públicas estatales hasta 2030, en cumplimiento de la Estrategia Europea Biodiversidad 2030 y el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado por el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre de 2022. Establece las líneas de acción para lograr que las 23 Metas del Marco Mundial sean tenidas en cuenta por el Estado español y conseguir detener la pérdida de biodiversidad en 2030. Ecologistas en Acción ha advertido que el PEEPNB es un documento insuficiente para alcanzar ese objetivo, ya que únicamente tres de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad están adecuadamente recogidas en él.
El diagnóstico oficial sobre si este documento está siendo una herramienta efectiva o no tendrá lugar en la 17.ª Convención de las Partes (COP) de Biodiversidad en Armenia. Previamente, los gobiernos nacionales han presentado ante el CDB sus informes nacionales, fuente principal de información para el examen al que serán sometidos. En la mitad del periodo de implementación del Marco Mundial, Ecologistas en Acción considera que esta fecha es clave para determinar si los gobiernos del mundo están tomándose en serio su responsabilidad en la crisis de pérdida de biodiversidad. El Estado español ha registrado su informe nacional, al que Ecologistas en Acción ha tenido acceso, donde se exponen los avances en la aplicación del PEEPNB y su relación con los indicadores del cumplimiento del Marco Mundial.
Ecologistas en Acción publica el informe ‘Evaluación del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030’, donde realiza una evaluación preliminar del 7º Informe Nacional de Biodiversidad e identifica las deficiencias más notables. Los avances recogidos demuestran un progreso destacable, pero insuficiente para lograr el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030. La organización ecologista considera el Informe Nacional de Biodiversidad demasiado optimista, reconociendo avances insuficientes en tan solo tres de las Metas Nacionales desglosadas. Del resto de Metas Nacionales, el 7º Informe Nacional de Biodiversidad se atreve a decir que tres ya se han conseguido y que las 16 restantes se encuentran “bien encaminadas para alcanzar la meta”. Además, la relación entre las Metas Nacionales del PEEPNB y las Metas del Marco Mundial de Biodiversidad no es directa. Esto queda en evidencia en la cuantificación de los indicadores, que establecen los criterios objetivos aprobados por el CBD para medir el éxito de las Metas. En el PEEPNB no se establecen vínculos claros entre cada Meta Nacional y la Meta o Metas correspondientes del Marco Mundial de Biodiversidad, llegando a incorporar indicadores a la Meta Nacional que no están directamente relacionados con las medidas o avances desarrollados.
La responsabilidad de esta situación es política. En palabras de Jesus Martín Hurtado, portavoz de Ecologistas en Acción: “Es un momento histórico en que disponemos de más información que nunca sobre el alcance de la crisis de biodiversidad y sus consecuencias, no solo para la naturaleza como ente abstracto sino como sustrato esencial sobre el cual se basa nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro bienestar. En este momento, después del fracaso en 2020 de las Metas de Aichi y la anterior Estrategia Mundial de Biodiversidad por la falta de voluntad política, el Gobierno de España tiene el deber moral y legal de liderar una aplicación ambiciosa de los más avanzados tratados internacionales como es el CDB y el Marco Mundial de Biodiversidad, y situar a la sociedad española en la senda de una transformación que volteara profundamente su relación con la naturaleza”.
Ambas organizaciones recurren ante la Audiencia Nacional el acuerdo aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el pasado 22 de junio a instancias de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, pese a la oposición y el criterio científico del propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que abre la puerta a intensificar la caza de una especie que sigue sin alcanzar los mínimos de viabilidad exigidos por la ciencia.
Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado hoy ante la Audiencia Nacional un recurso contra el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 22 de junio, que declaró “favorable” el estado de conservación del lobo ibérico (Canis lupus) en las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea. El acuerdo se aprobó a propuesta de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, con el voto en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
“El propio informe técnico del ministerio reconoce que la ficha impuesta por estas cuatro comunidades autónomas ‘adolece de justificación científica’. No estamos ante un desacuerdo técnico legítimo, sino ante la imposición de una mayoría política sobre la evidencia científica. Que una especie deje de estar protegida no puede decidirse a golpe de votos autonómicos, sino con datos”, ha declarado Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.
“Detrás de este posicionamiento de las comunidades autónomas subyace el propósito de matar lobos con cobertura legal. Ya entre 2025 y principios de 2026, Cantabria mató más lobos de los que marcó su propio plan, y Asturias abatió decenas de ejemplares, entre ellos hembras gestantes y cachorros. Hoy mismo Asturias publica su llamado “plan de gestión”, una estrategia de aniquilación que pretenden blindar con cobertura de decreto”, ha afirmado Ernesto Díaz, portavoz del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.
El lobo ibérico es una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas de la Península, ya que regula las poblaciones de ungulados silvestres y contribuye al control de enfermedades como la tuberculosis bovina. Pese a ello, su población —estimada en 333 manadas— sigue lejos de las 500 unidades reproductoras que la comunidad científica internacional considera necesarias para garantizar su viabilidad genética a largo plazo. Buena parte de su área de distribución histórica permanece sin recuperarse, y la población de Sierra Morena, la más meridional de Europa occidental, se extinguió hace apenas una década. Sin esa expansión territorial, advierten las organizaciones, cualquier declaración de “buen estado de conservación” es, cuanto menos, imprudente.
“El propio Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dejado claro que no se puede autorizar la extracción de una especie mientras su estado de conservación sea desfavorable. Si se remite este informe sexenal a Bruselas, contrario a la mejor evidencia científica, ese único obstáculo legal frente a la caza del lobo desaparece de la noche a la mañana.”, han señalado Jaime Doreste Hernández y Sara González Merinero, letrados de de las organizaciones recurrentes.
“Frente a estrategias de desinformación que llaman ‘controles de población’ a lo que es simplemente matar lobos, la sociedad civil tiene que seguir usando todas las herramientas legales a su alcance. Los tribunales han demostrado ser, una vez más, el último dique de contención frente a decisiones que la ciencia no respalda”, ha añadido Oberhuber.
“Vamos a seguir en los tribunales las veces que haga falta. Es lo que le debemos a una especie perseguida durante siglos y que, por fin, empezaba a recuperar, muy tímidamente, solo una parte de lo que arrebatamos”, ha concluido Ernesto Díaz.
Tras la publicación de los datos oficiales del primer semestre de 2026 y en plena ola de incendios, Ecologistas en Acción urge a las administraciones a que mejoren la prevención de las igniciones de origen humano.
Ecologistas en Acción considera que esta medida es imprescindible para reducir estos eventos catastróficos y sus graves consecuencias ambientales y socioeconómicas.
La organización ecologista hace asimismo un llamamiento a la colaboración ciudadana y a que se lleven a cabo más campañas de sensibilización.
Una vez que la campaña de incendios se ha iniciado, con más de 10 grandes incendios y superadas las 55.000 hectáreas quemadas en España, Ecologistas en Acción considera que no es momento de discutir si las medidas de prevención que se hayan adoptado eran adecuadas o no. Lo trascendental es limitar los impactos sociales y ambientales que se puedan producir en un escenario nada halagüeño para lo que está por llegar. Ese objetivo solo es alcanzable a corto plazo de una manera: con mayor protección y vigilancia del medio natural, más concienciación de toda la sociedad, medidas uniformes que impidan las conductas de riesgo y mejores investigaciones y sanciones que desincentiven las conductas dolosas o negligentes que provocan fuegos.
Muchos de los incendios, singularmente también los de gran magnitud, son evitables de origen si se atajan adecuadamente las causas de las igniciones. Sin embargo, con frecuencia se pone el foco en el estado de la vegetación, como si esta fuera la culpable de lo que pasa, o en medidas que requieren de políticas y consensos a largo plazo que hoy por hoy son muy difíciles de conseguir.
Los ejemplos recientes son muy significativos. En La Bisbal d’Empordà en Girona todo parece apuntar a que el origen del incendio está en el uso imprudente de una radial mientras se colocaba una señal en una carretera. En los incendios de Ejea de los Caballeros, Tamarite o La Fueva, en la Comunidad de Aragón, los trabajos de cosechadoras pudieron ser la causa. En Oseja de Sajambre, provincia de León, el origen del fuego que ha rebrotado y afecta al Parque Nacional de Picos de Europa fue intencionado. Como provocado también se investiga el que afectó al Parque Nacional de Doñana en Almonte provincia de Huelva a finales de mayo. El de Losar de la Vera en Cáceres de abril pasado pudo tener su origen en una quema agrícola o ganadera. En el término municipal de Toledo se ha producido un incendio en mayo por las maniobras en un campo de tiro.
En estas circunstancias, resultan desoladores los datos que recientemente ha dado la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo según la cual en 2025, año en el que se produjeron casi 2.600 incendios y 5.600 conatos, de las 1.478 acusaciones penales en materia medioambiental general, solo 117 fueron por incendios forestales. Y que de las 1.036 condenas que hubo el año pasado, solo 86 fueron por incendios forestales. A ello hay que sumar que las comunidades autónomas apenas sancionan en la vía administrativa las conductas negligentes sin relevancia penal.
Por otro lado, también resulta desalentador que las administraciones contribuyan cada año con más fuerza a un clima de confusión en materia de regulación de las situaciones de riesgo. En muchas ocasiones la ciudadanía no termina de tener claro lo que está permitido o no en relación a esta cuestión. A más abundamiento cada vez hay una mayor permisividad y ausencia de control para la realización de quemas ganaderas o agrícolas, uso de pirotecnia o para las quemas con fines de prevención. El negacionismo climático que se ha instalado en muchos gobiernos autonómicos y el interés partidista ante cualquier tipo de catástrofe retroalimentan esta laxitud.
En la prevención de los incendios provocados la clave está en mejorar la vigilancia en el medio rural durante todo el año y dar apoyo a la estructura administrativa y judicial que dedicada a perseguir los delitos. En evitar las negligencias hay que poner el foco en armonizar la base normativa, muy débilmente tratadas en la Ley 43/2003 de Montes estatal y tremendamente desigual y enredada en las normativas y planes autonómicos.
Ecologistas en Acción considera que hay mucho margen de mejora en la concienciación social y en el reproche de las conductas punibles, y que este camino, no siendo el único que hay que tener en cuenta en la prevención de incendios, estaría llamado a dar frutos con la implementación eficaz de distintas medidas.
Entre ellas, se reclaman las siguientes:
Incremento, con la dotación adecuada, de las campañas de sensibilización orientadas a prevenir fuegos accidentales. Atendiendo específicamente a cada sector que potencialmente más pueda ayudar a evitar igniciones.
Prohibición taxativa del uso del fuego, pirotecnia o de medios mecánicos que puedan originarlo en el medio natural o en situación de que pueda propagarse al mismo.
Aumento de los equipos de vigilancia e investigación sobre el terreno, con incremento de las dotaciones de agentes medioambientales y forestales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en temas medioambientales.
Mejora de la Ley 43/2003 de Montes para que regule de manera más restrictiva las situaciones de riesgo y obligue a una mayor armonización en este aspecto de la normativa y planes autonómicos de prevención de incendios.
Agilización de la vía penal y administrativa para que se apliquen de forma más eficaz los regímenes sancionadores establecidos para evitar incendios.
Representantes de la Conferencia Local de la Juventud sobre el Cambio Climático de España, Juventud por el Clima–Fridays For Future y Ecologistas en Acción entregan una declaración a la Comisión Europea contra el desmantelamiento de las políticas ambientales y reclaman una aplicación ambiciosa del Reglamento de Restauración de la Naturaleza.
Conferencia Local de la Juventud en Llanes, 2026.
Representantes de la Conferencia Local de la Juventud de España (LCOY España), Juventud por el Clima–Fridays For Future y Ecologistas en Acción han entregado hoy al Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Eric Mamer, una declaración conjunta en la que denuncian la creciente ofensiva desreguladora que amenaza algunas de las principales conquistas ambientales de la Unión Europea.
La entrega ha tenido lugar durante una reunión celebrada en la Representación de la Comisión Europea en España centrada en la aplicación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza y en la elaboración de los Planes Nacionales de Restauración, que los Estados miembros deberán presentar durante los próximos meses.
Las organizaciones alertan de que la revisión de la Directiva Aves, la Directiva Hábitats y la Directiva Marco del Agua, junto con los retrasos e incertidumbres en torno a la aplicación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, forman parte de una tendencia preocupante que pone en cuestión el compromiso de las instituciones europeas con la protección de la naturaleza y el agua.
“Bajo el lenguaje aparentemente inocuo de la simplificación y la competitividad, la Comisión Europea está impulsando una agenda de desregulación que amenaza con desmontar décadas de avances ambientales. Lo que se presenta como una reducción de cargas administrativas se está convirtiendo en una auténtica trituradora ambiental”, denuncian LCOY España, Juventud por el Clima–Fridays For Future y Ecologistas en Acción.
La declaración recuerda que las propias evaluaciones realizadas por las instituciones europeas han concluido reiteradamente que la legislación ambiental vigente es adecuada para cumplir sus objetivos. Los principales problemas identificados no se encuentran en las normas, sino en la insuficiente financiación, la falta de medios para su aplicación efectiva y el incumplimiento por parte de numerosos Estados miembros.
Las organizaciones reclaman que la Comisión Europea descarte cualquier debilitamiento de las Directivas de Naturaleza y de la Directiva Marco del Agua, garantice la plena aplicación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación y refuerce los mecanismos de participación pública, transparencia y rendición de cuentas en todos los procesos de toma de decisiones relacionados con el medio ambiente.
Asimismo, muestran su preocupación por el creciente cuestionamiento de la financiación ambiental europea en un momento en que la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas exigen precisamente más inversión pública. En este sentido, reclaman que el próximo Marco Financiero Plurianual refuerce las políticas ambientales europeas y garantice la continuidad y fortalecimiento de instrumentos esenciales como el programa LIFE, clave para la conservación de la biodiversidad, la restauración ecológica y la adaptación al cambio climático.
La declaración también traslada a la Comisión Europea la preocupación de las organizaciones por el proceso de elaboración del Plan Nacional de Restauración en España. A su juicio, el proceso impulsado hasta la fecha no está garantizando niveles suficientes de participación pública, transparencia ni ambición para responder a la magnitud de la crisis ecológica.
“La generación que tendrá que convivir durante más tiempo con los impactos de la crisis climática y ecológica observa con indignación cómo se cuestionan leyes cuya necesidad es hoy más evidente que nunca. Mientras los ecosistemas se degradan, las sequías se intensifican y la biodiversidad continúa desapareciendo, Europa no necesita menos protección ambiental, sino más ambición, más financiación y más democracia. Desmantelar las herramientas que protegen la naturaleza no es simplificar: es renunciar al futuro”, concluyen LCOY España, Juventud por el Clima–Fridays For Future España y Ecologistas en Acción.
El presente informe analiza el grado de aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal por parte de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas españolas. El Marco Mundial de Biodiversidad, aprobado en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en diciembre de 2022, establece una hoja de ruta global para detener e invertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030 mediante 23 metas concretas. Dado que las comunidades autónomas ostentan amplias competencias en materia de conservación de la naturaleza, su implicación resulta imprescindible para alcanzar los compromisos asumidos por España.
Para evaluar el nivel de aplicación autonómica del Marco Mundial de Biodiversidad se analizaron diez actuaciones vinculadas a las metas más relacionadas con las competencias regionales: estrategias de biodiversidad, restauración ecológica, gestión de espacios protegidos, especies exóticas invasoras, contaminación agraria, infraestructura verde, integración de la biodiversidad en políticas sectoriales, conservación de especies amenazadas y participación social. Cada actuación fue valorada mediante un sistema de evaluación que permite comparar el grado de avance entre territorios.
Principales conclusiones
Los resultados muestran una situación muy preocupante. Ninguna comunidad autónoma ni ciudad autónoma alcanza las categorías de evaluación “En el buen camino” o “Necesita mejorar”. La mejor puntuación corresponde a Cataluña (36,67%), seguida por Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha (26,67%), todas ellas dentro de la categoría “Insatisfactorio”. El resto de administraciones presentan “Graves carencias”, con valoraciones inferiores al 25%.
El análisis revela que, a menos de cuatro años del horizonte temporal fijado por el Marco Mundial de Biodiversidad, la aplicación autonómica sigue siendo fragmentaria, insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Predominan las actuaciones aisladas y los instrumentos heredados de etapas anteriores, mientras que escasean los compromisos específicos alineados con las metas internacionales para 2030.
Déficits estructurales detectados
1. Ausencia de planificación estratégica actualizada
Solo cinco comunidades autónomas disponen actualmente de una estrategia de biodiversidad vigente: Andalucía, Aragón, Cataluña, Euskadi y Comunitat Valenciana. Sin embargo, todas ellas fueron aprobadas antes de la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad y ninguna incorpora de forma efectiva la misión de detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. Doce comunidades autónomas carecen completamente de una estrategia vigente.
2. Falta de compromisos concretos de restauración ecológica
Ninguna comunidad autónoma ha aprobado planes específicos alineados con la Meta 2 del Marco Mundial de Biodiversidad para restaurar al menos el 30% de los ecosistemas degradados antes de 2030. Aunque todas participan en la elaboración del futuro Plan Nacional de Restauración o han incorporado referencias a la restauración en otros instrumentos, no existen objetivos autonómicos cuantificados, territorializados y evaluables.
3. Gestión ineficaz de los espacios protegidos
España ya supera el objetivo del 30% de superficie terrestre protegida, pero el reto principal reside en la calidad de la gestión. No todas las áreas protegidas tienen un plan de gestión aprobado y la mayoría carecen de mecanismos eficaces de seguimiento. Ninguna comunidad autónoma está realizando un esfuerzo estructural suficiente para mejorar la gestión efectiva de su red de espacios protegidos.
4. Escasa ambición frente a las especies exóticas invasoras
Ninguna comunidad autónoma ha incorporado el objetivo de reducir en un 50% las tasas de introducción y establecimiento de especies exóticas invasoras para 2030. Las actuaciones existentes se centran principalmente en el control o erradicación de especies ya establecidas, mientras que las medidas preventivas siguen siendo claramente insuficientes.
5. Respuesta insuficiente a la contaminación agraria
La contaminación por nutrientes y plaguicidas continúa siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad. Aunque existen avances derivados de la aplicación de la Directiva de Nitratos para la prevención de la contaminación de nutrientes, persisten importantes incumplimientos en varias comunidades autónomas. Cataluña es la única que dispone de un plan específico autonómico relacionado con el uso sostenible de productos fitosanitarios, si bien su implementación presenta importantes limitaciones. No se constata ninguna línea de trabajo gubernamental para reducir la contaminación agraria en un 50% en 2030, tal y como establece el Marco Mundial de Biodiversidad.
6. Retraso en la infraestructura verde
La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde de 2021 establecía que las comunidades autónomas debían aprobar sus propias estrategias en un plazo máximo de tres años. Sin embargo, únicamente Galicia y Castilla-La Mancha cuentan actualmente con estrategias autonómicas aprobadas, mientras que otras regiones permanecen en fases preliminares o ni siquiera han iniciado el proceso. Esta ausencia de directrices regionales desplaza la responsabilidad a las administraciones municipales para lograr la renaturalización de las zonas urbanas.
7. Falta de integración de la biodiversidad en las políticas sectoriales
La biodiversidad continúa ocupando una posición secundaria en políticas clave como agricultura, urbanismo, infraestructuras, turismo o energía. Aunque existen mecanismos de evaluación ambiental, la integración efectiva de la biodiversidad en la toma de decisiones sigue siendo muy limitada y apenas existen estructuras de coordinación interdepartamental con capacidad real de influencia.
8. Carencias en la recuperación de especies amenazadas
La mayoría de las comunidades autónomas dispone de algunos planes de recuperación o conservación de especies amenazadas, pero la cobertura sigue siendo insuficiente. La Comunidad de Madrid destaca negativamente por carecer de planes de recuperación y de conservación específicos, mientras que incluso las regiones más avanzadas presentan importantes déficits de actualización y aplicación efectiva.
Valoración general
La evaluación realizada pone de manifiesto que la aplicación autonómica del Marco Mundial de Biodiversidad sufre de un alarmante retraso y está alejada de las exigencias necesarias para alcanzar los objetivos de 2030. Las administraciones autonómicas han desarrollado algunas actuaciones sectoriales relevantes, pero no han asumido todavía el Marco Mundial de Biodiversidad como una hoja de ruta estratégica que oriente sus políticas públicas.
La falta de estrategias actualizadas, objetivos cuantificables, mecanismos de coordinación intersectorial, sistemas de seguimiento y compromisos presupuestarios específicos compromete seriamente la capacidad del Estado español para cumplir los compromisos internacionales adquiridos en materia de biodiversidad.
Ecologistas en Acción publica un informe donde evalúa las políticas autonómicas y su adecuación al objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030.
Ninguna administración autonómica alcanza la valoración necesaria para entrar en las categorías de evaluación “En el buen camino” o “Necesita mejorar”.
Las comunidades autónomas con mejor valoración son Cataluña (36,67%), seguida por Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha (26,67%), todas ellas dentro de la categoría “Insatisfactorio”.
El resto de comunidades y ciudades autónomas quedan en la categoría “Graves carencias”, con valoraciones inferiores al 25%.
El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM), aprobado por 196 países, entre ellos el Estado español y la Unión Europea, en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en diciembre de 2022, establece una hoja de ruta global para detener e invertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030 mediante 23 metas concretas. Ecologistas en Acción presentó el pasado mes de abril su evaluación del nivel de cumplimiento a nivel estatal de este acuerdo, pero ya que las comunidades autónomas (CCAA) ostentan amplias competencias en materia de gestión de la naturaleza, su implicación resulta imprescindible para alcanzar los compromisos asumidos por España.
Por ello, Ecologistas en Acción presenta un informe que analiza el grado de aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad por parte de las 17 CCAA y las dos ciudades autónomas españolas. Para evaluar el nivel de aplicación autonómica de este acuerdo se han analizado diez actuaciones vinculadas a las metas más relacionadas con las competencias autonómicas: estrategias de biodiversidad, restauración ecológica, gestión de espacios protegidos, especies exóticas invasoras, contaminación agraria, infraestructura verde, integración de la biodiversidad en políticas sectoriales, conservación de especies amenazadas y participación social. Cada actuación fue valorada mediante un sistema de evaluación que permite comparar el grado de avance entre territorios.
Principales conclusiones
Los resultados muestran una situación muy preocupante. Ninguna comunidad ni ciudad autónoma alcanza las categorías de evaluación “En el buen camino” o “Necesita mejorar”. La mejor puntuación corresponde a Cataluña (36,67%), seguida por Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha (26,67%), todas ellas dentro de la categoría “Insatisfactorio”. El resto de administraciones presentan “Graves carencias”, con valoraciones inferiores al 25%.
El análisis revela que, a menos de cuatro años del horizonte temporal fijado por el Marco Mundial de Biodiversidad, la aplicación autonómica sigue siendo fragmentaria, insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Predominan las actuaciones aisladas y los instrumentos heredados de etapas anteriores, mientras que escasean los compromisos específicos alineados con las metas internacionales para 2030.
Mapa del grado de cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de cada comunidad autónoma y ciudades autónomas
La evaluación realizada pone de manifiesto que la aplicación autonómica del Marco Mundial de Biodiversidad sufre de un alarmante retraso y está alejada de las exigencias necesarias para alcanzar los objetivos de 2030. Las administraciones autonómicas han desarrollado algunas actuaciones sectoriales relevantes, pero no han asumido todavía el Marco Mundial de Biodiversidad como una hoja de ruta estratégica que oriente sus políticas públicas.
La falta de estrategias actualizadas, objetivos cuantificables, mecanismos de coordinación intersectorial, sistemas de seguimiento y compromisos presupuestarios específicos compromete seriamente la capacidad del Estado español para cumplir los compromisos internacionales adquiridos en materia de biodiversidad. Solo faltan cuatro años para 2030, y es evidente que de seguir esta tendencia las administraciones autonómicas estarán impidiendo que se detenga la pérdida de biodiversidad para 2030 en el Estado español.
Solo cinco CCAA tienen una estrategia de biodiversidad vigente: Andalucía, Aragón, Cataluña, Euskadi y Comunitat Valenciana.
Aunque a nivel estatal se supera el objetivo del 30% de superficie terrestre protegida, la eficacia de sus planes de gestión es deficiente.
Cataluña es la única CCAA con un plan específico relacionado con el uso sostenible de productos fitosanitarios, y ninguna tiene previsto reducir la contaminación agraria en un 50% en 2030.
Solo dos CCAA, Galicia y Castilla-La Mancha, han aprobado estrategias autonómicas de infraestructura verde, en cumplimiento de la Estrategia Estatal.
La Comunidad de Madrid es la única sin planes de recuperación y conservación de especies amenazadas. Del resto, en la mayoría de las administraciones la media de especies amenazadas con planes propios está por debajo del 20%.
Las actuaciones relacionadas con especies exóticas invasoras se centran en el control o erradicación, sin planes para reducir en un 50% las tasas de introducción y establecimiento para 2030.
El presente informe analiza el grado de aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal por parte de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas españolas. El Marco Mundial de Biodiversidad, aprobado en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en diciembre de 2022, establece una hoja de ruta global para detener e invertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030 mediante 23 metas concretas. Dado que las comunidades autónomas ostentan amplias competencias en materia de conservación de la naturaleza, su implicación resulta imprescindible para alcanzar los compromisos asumidos por España.
Para evaluar el nivel de aplicación autonómica del Marco Mundial de Biodiversidad se analizaron diez actuaciones vinculadas a las metas más relacionadas con las competencias regionales: estrategias de biodiversidad, restauración ecológica, gestión de espacios protegidos, especies exóticas invasoras, contaminación agraria, infraestructura verde, integración de la biodiversidad en políticas sectoriales, conservación de especies amenazadas y participación social. Cada actuación fue valorada mediante un sistema de evaluación que permite comparar el grado de avance entre territorios.
Principales conclusiones
Los resultados muestran una situación muy preocupante. Ninguna comunidad autónoma ni ciudad autónoma alcanza las categorías de evaluación “En el buen camino” o “Necesita mejorar”. La mejor puntuación corresponde a Cataluña (36,67%), seguida por Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha (26,67%), todas ellas dentro de la categoría “Insatisfactorio”. El resto de administraciones presentan “Graves carencias”, con valoraciones inferiores al 25%.
El análisis revela que, a menos de cuatro años del horizonte temporal fijado por el Marco Mundial de Biodiversidad, la aplicación autonómica sigue siendo fragmentaria, insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Predominan las actuaciones aisladas y los instrumentos heredados de etapas anteriores, mientras que escasean los compromisos específicos alineados con las metas internacionales para 2030.
Déficits estructurales detectados
1. Ausencia de planificación estratégica actualizada
Solo cinco comunidades autónomas disponen actualmente de una estrategia de biodiversidad vigente: Andalucía, Aragón, Cataluña, Euskadi y Comunitat Valenciana. Sin embargo, todas ellas fueron aprobadas antes de la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad y ninguna incorpora de forma efectiva la misión de detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. Doce comunidades autónomas carecen completamente de una estrategia vigente.
2. Falta de compromisos concretos de restauración ecológica
Ninguna comunidad autónoma ha aprobado planes específicos alineados con la Meta 2 del Marco Mundial de Biodiversidad para restaurar al menos el 30% de los ecosistemas degradados antes de 2030. Aunque todas participan en la elaboración del futuro Plan Nacional de Restauración o han incorporado referencias a la restauración en otros instrumentos, no existen objetivos autonómicos cuantificados, territorializados y evaluables.
3. Gestión ineficaz de los espacios protegidos
España ya supera el objetivo del 30% de superficie terrestre protegida, pero el reto principal reside en la calidad de la gestión. No todas las áreas protegidas tienen un plan de gestión aprobado y la mayoría carecen de mecanismos eficaces de seguimiento. Ninguna comunidad autónoma está realizando un esfuerzo estructural suficiente para mejorar la gestión efectiva de su red de espacios protegidos.
4. Escasa ambición frente a las especies exóticas invasoras
Ninguna comunidad autónoma ha incorporado el objetivo de reducir en un 50% las tasas de introducción y establecimiento de especies exóticas invasoras para 2030. Las actuaciones existentes se centran principalmente en el control o erradicación de especies ya establecidas, mientras que las medidas preventivas siguen siendo claramente insuficientes.
5. Respuesta insuficiente a la contaminación agraria
La contaminación por nutrientes y plaguicidas continúa siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad. Aunque existen avances derivados de la aplicación de la Directiva de Nitratos para la prevención de la contaminación de nutrientes, persisten importantes incumplimientos en varias comunidades autónomas. Cataluña es la única que dispone de un plan específico autonómico relacionado con el uso sostenible de productos fitosanitarios, si bien su implementación presenta importantes limitaciones. No se constata ninguna línea de trabajo gubernamental para reducir la contaminación agraria en un 50% en 2030, tal y como establece el Marco Mundial de Biodiversidad.
6. Retraso en la infraestructura verde
La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde de 2021 establecía que las comunidades autónomas debían aprobar sus propias estrategias en un plazo máximo de tres años. Sin embargo, únicamente Galicia y Castilla-La Mancha cuentan actualmente con estrategias autonómicas aprobadas, mientras que otras regiones permanecen en fases preliminares o ni siquiera han iniciado el proceso. Esta ausencia de directrices regionales desplaza la responsabilidad a las administraciones municipales para lograr la renaturalización de las zonas urbanas.
7. Falta de integración de la biodiversidad en las políticas sectoriales
La biodiversidad continúa ocupando una posición secundaria en políticas clave como agricultura, urbanismo, infraestructuras, turismo o energía. Aunque existen mecanismos de evaluación ambiental, la integración efectiva de la biodiversidad en la toma de decisiones sigue siendo muy limitada y apenas existen estructuras de coordinación interdepartamental con capacidad real de influencia.
8. Carencias en la recuperación de especies amenazadas
La mayoría de las comunidades autónomas dispone de algunos planes de recuperación o conservación de especies amenazadas, pero la cobertura sigue siendo insuficiente. La Comunidad de Madrid destaca negativamente por carecer de planes de recuperación y de conservación específicos, mientras que incluso las regiones más avanzadas presentan importantes déficits de actualización y aplicación efectiva.
Valoración general
La evaluación realizada pone de manifiesto que la aplicación autonómica del Marco Mundial de Biodiversidad sufre de un alarmante retraso y está alejada de las exigencias necesarias para alcanzar los objetivos de 2030. Las administraciones autonómicas han desarrollado algunas actuaciones sectoriales relevantes, pero no han asumido todavía el Marco Mundial de Biodiversidad como una hoja de ruta estratégica que oriente sus políticas públicas.
La falta de estrategias actualizadas, objetivos cuantificables, mecanismos de coordinación intersectorial, sistemas de seguimiento y compromisos presupuestarios específicos compromete seriamente la capacidad del Estado español para cumplir los compromisos internacionales adquiridos en materia de biodiversidad.
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Ecologistas en Acción publica un informe donde evalúa las políticas autonómicas y su adecuación al objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en 2030.
Ninguna administración autonómica alcanza la valoración necesaria para entrar en las categorías de evaluación “En el buen camino” o “Necesita mejorar”.
Las comunidades autónomas con mejor valoración son Cataluña (36,67%), seguida por Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha (26,67%), todas ellas dentro de la categoría “Insatisfactorio”.
El resto de comunidades y ciudades autónomas quedan en la categoría “Graves carencias”, con valoraciones inferiores al 25%.
El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM), aprobado por 196 países, entre ellos el Estado español y la Unión Europea, en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en diciembre de 2022, establece una hoja de ruta global para detener e invertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030 mediante 23 metas concretas. Ecologistas en Acción presentó el pasado mes de abril su evaluación del nivel de cumplimiento a nivel estatal de este acuerdo, pero ya que las comunidades autónomas (CCAA) ostentan amplias competencias en materia de gestión de la naturaleza, su implicación resulta imprescindible para alcanzar los compromisos asumidos por España.
Por ello, Ecologistas en Acción presenta un informe que analiza el grado de aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad por parte de las 17 CCAA y las dos ciudades autónomas españolas. Para evaluar el nivel de aplicación autonómica de este acuerdo se han analizado diez actuaciones vinculadas a las metas más relacionadas con las competencias autonómicas: estrategias de biodiversidad, restauración ecológica, gestión de espacios protegidos, especies exóticas invasoras, contaminación agraria, infraestructura verde, integración de la biodiversidad en políticas sectoriales, conservación de especies amenazadas y participación social. Cada actuación fue valorada mediante un sistema de evaluación que permite comparar el grado de avance entre territorios.
Principales conclusiones
Los resultados muestran una situación muy preocupante. Ninguna comunidad ni ciudad autónoma alcanza las categorías de evaluación “En el buen camino” o “Necesita mejorar”. La mejor puntuación corresponde a Cataluña (36,67%), seguida por Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha (26,67%), todas ellas dentro de la categoría “Insatisfactorio”. El resto de administraciones presentan “Graves carencias”, con valoraciones inferiores al 25%.
El análisis revela que, a menos de cuatro años del horizonte temporal fijado por el Marco Mundial de Biodiversidad, la aplicación autonómica sigue siendo fragmentaria, insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Predominan las actuaciones aisladas y los instrumentos heredados de etapas anteriores, mientras que escasean los compromisos específicos alineados con las metas internacionales para 2030.
Mapa del grado de cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de cada comunidad autónoma y ciudades autónomas
La evaluación realizada pone de manifiesto que la aplicación autonómica del Marco Mundial de Biodiversidad sufre de un alarmante retraso y está alejada de las exigencias necesarias para alcanzar los objetivos de 2030. Las administraciones autonómicas han desarrollado algunas actuaciones sectoriales relevantes, pero no han asumido todavía el Marco Mundial de Biodiversidad como una hoja de ruta estratégica que oriente sus políticas públicas.
La falta de estrategias actualizadas, objetivos cuantificables, mecanismos de coordinación intersectorial, sistemas de seguimiento y compromisos presupuestarios específicos compromete seriamente la capacidad del Estado español para cumplir los compromisos internacionales adquiridos en materia de biodiversidad. Solo faltan cuatro años para 2030, y es evidente que de seguir esta tendencia las administraciones autonómicas estarán impidiendo que se detenga la pérdida de biodiversidad para 2030 en el Estado español.
Informe de Evaluación de políticas autonómicas de biodiversidad para 2030[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” background_color=”#eff5e1″ custom_padding=”3px|3px|3px|3px|false|false” hover_enabled=”0″ border_width_all=”1px” border_color_all=”#008a3b” sticky_enabled=”0″]
Datos de interés
Solo cinco CCAA tienen una estrategia de biodiversidad vigente: Andalucía, Aragón, Cataluña, Euskadi y Comunitat Valenciana.
Aunque a nivel estatal se supera el objetivo del 30% de superficie terrestre protegida, la eficacia de sus planes de gestión es deficiente.
Cataluña es la única CCAA con un plan específico relacionado con el uso sostenible de productos fitosanitarios, y ninguna tiene previsto reducir la contaminación agraria en un 50% en 2030.
Solo dos CCAA, Galicia y Castilla-La Mancha, han aprobado estrategias autonómicas de infraestructura verde, en cumplimiento de la Estrategia Estatal.
La Comunidad de Madrid es la única sin planes de recuperación y conservación de especies amenazadas. Del resto, en la mayoría de las administraciones la media de especies amenazadas con planes propios está por debajo del 20%.
Las actuaciones relacionadas con especies exóticas invasoras se centran en el control o erradicación, sin planes para reducir en un 50% las tasas de introducción y establecimiento para 2030.
Con motivo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del próximo lunes 22 de junio, Ecologistas en Acción exige que el informe sexenal del lobo ibérico mantenga la consideración del “estado de conservación desfavorable”.
Asimismo, reclama que cualquier evaluación se base exclusivamente en información científica sólida, transparente y coherente con el principio de precaución y alejada de intereses partidistas y de sectores económicos, como pretenden algunas comunidades autónomas.
La elaboración del informe sexenal constituye un ejercicio eminentemente técnico y científico, cuya finalidad es trasladar a la Comisión Europea una evaluación objetiva y rigurosa del estado real de conservación de especies y hábitats. Por lo tanto, Ecologistas en Acción exige que dicho informe no se subordine a mecanismos de validación política que permitan alterar o desnaturalizar la información científica disponible, tal y como pretenden varias comunidades autónomas.
“Los intentos por parte de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León de incluir en este informe graves deficiencias científicas, metodológicas y jurídicas para permitir que se mantengan las matanzas de lobos son inadmisibles”, ha declarado Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.
Como establece la Ley 40/2015 y el propio Reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, las decisiones de dicho órgano pueden adoptar la forma de acuerdos o recomendaciones, pero ello no altera la obligación del Estado de remitir a la Comisión Europea información objetiva, completa y científicamente fundamentada.
Por ello, Ecologistas en Acción denuncia el intento de convertir la Conferencia Sectorial en un instrumento para condicionar o desvirtuar la evaluación técnica del estado de conservación de la especie. También exige al MITECO que, independientemente de lo que se apruebe en la Sectorial, el ministerio remita a la Comisión Europea su informe sexenal con la consideración del “estado de conservación desfavorable”.
La referencia introducida en la Ley 1/2025 a la “eficiencia del sistema productivo” como justificación para medidas de extracción constituye un concepto jurídicamente ambiguo e indeterminado, carente de definición normativa precisa y ajeno a las causas tasadas de excepción previstas en el artículo 16 de la Directiva Hábitats y en el artículo 61 de la Ley 42/2007. Además, la introducción indirecta de nuevos supuestos habilitantes para el control letal mediante disposiciones adicionales o transitorias plantea serias dudas de adecuación al marco jurídico básico estatal y europeo.
Por último, Ecologistas en Acción recuerda que el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ha acordado plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra dos preceptos clave de la Ley estatal 1/2025. “Reclamamos que se paralicen todos los controles aprobados hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia y que el lobo vuelva a estar incluido en el LESRPE”, concluye Oberhuber.
