• El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha movilizado más de 4.200 millones de euros en cinco años para la rehabilitación y restauración de la edificación.
• La concesión de las ayudas no prevé la protección de las colonias de vencejos residentes, siendo las obras en fachadas y cubiertas la mayor causa de su declive en áreas urbanas.
• Ecologistas en Acción exige en el Día Mundial del Vencejo, que se celebra cada 7 de junio, un mayor compromiso de las administraciones para la conservación de estas especies en declive.

En el Estado español, la mayoría de las ayudas públicas para la rehabilitación de edificios derivan del marco estatal del Real Decreto 853/2021, financiado en gran parte por fondos Next Generation. Este mes, junio de 2026, termina el plazo para la finalización de las obras subvencionadas, aunque se han concedido prórrogas excepcionales. A través del conocido como Plan de rehabilitación y regeneración urbana, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha puesto a disposición de 4.050 millones de euros desde 2021, distribuidas en dos líneas de ayudas: el Programa de rehabilitación de viviendas y el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). Las Comunidades Autónomas gestionan las convocatorias y los ayuntamientos suelen complementarlas con ayudas o bonificaciones fiscales. Las obras subvencionadas, principalmente dirigidas a la mejora de la eficiencia energética, actúan en tejados, cubiertas, medianeras y fachadas de la edificación, mejorando el aislamiento térmico o mediante renovación integral.

Ecologistas en Acción advierte que este tipo de actuaciones suelen sellar huecos y grietas de muros utilizados por aves nidificantes, sustituyen aleros, cierran cámaras ventiladas y tapan los huecos bajo teja. Las poblaciones de distintas especies de vencejos dependen altamente de estos atributos en la edificación para la nidificación y asentamiento de sus colonias, siendo el caso del vencejo común (Apus apus) el más característico, al haber evolucionado para adaptarse plenamente a los hábitats urbanos. Esta característica le ha llevado a estar categorizado como Vulnerable al enfrentarse a un riesgo alto de extinción, ya que los espacios físicos de la ciudad cada vez están menos adaptados a ellos precisamente por el tipo de obras descritas. Por otro lado, la ejecución de las obras pocas veces tiene en cuenta las épocas de nidificación, y la instalación de andamios y mallas impiden el acceso a los nidos e incluso aíslan a las crías, condenándolas a la inanición.

Las subvenciones a la rehabilitación de la edificación, aunque necesarias para la adaptación del parque inmobiliario a la emergencia climática, no incluyen en las condiciones de concesión generales el seguimiento de los colonias anidantes y la protección de las especies. El vencejo común, el vencejo pálido y el vencejo real están incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Según la ley estatal (Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). Está prohibido dañar, molestar o destruir de forma intencionada estas especies, protegiendo explícitamente sus nidos, huevos y zonas de reproducción. Aunque el Real Decreto 853/2021 incorpora la exigencia del principio DNSH (“No causar un daño significativo” en sus siglas en inglés), se relega la gestión de las ayudas y las garantías del cumplimiento a las administraciones autonómicas, que a menudo actúan  negligentemente debido a la ausencia en la mayor parte de territorios de un censo y seguimiento de las colonias asentadas, y no contempla medidas restrictivas o correctoras para los potenciales daños causados.

Otras vías de subvención potencialmente dañinas son las destinadas a la restauración del patrimonio arquitectónico e histórico en España (como iglesias, catedrales, murallas o castillos). La principal vía estatal es el Programa del 2% Cultural, que obliga legalmente a que los contratos de grandes obras públicas del Estado reserven un 2% de su presupuesto para financiar la conservación del patrimonio. Estas ayudas, gestionadas directamente por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en colaboración con el Ministerio de Cultura, destinaron más de 160 millones de euros desde 2023 a Bien de Interés Cultural (BIC) y otras categorías de protección. Aunque la ayuda es estatal, los proyectos son aprobados por las comisiones de Patrimonio Histórico autonómicas o locales, y recae en ellas la responsabilidad de exigir una memoria de fauna o estudio ambiental que incluya censo de las especies residentes, un calendario de obras estricto o la conservación de oquedades. Ecologistas en Acción advierte que, aunque existen administraciones que cumplen con estos preceptos, con ejemplos como las restauraciones de la Muralla de la Macarena en Sevilla o la Muralla de Lugo, también existen multitud de casos que ilustran los fallos de este sistema, como las obras del Convento de Santa Clara en Soria, la Alcazaba de Guadix en Granada o de las Murallas de Toledo (denunciado hace pocos meses), todas ellas subvencionadas o directamente financiadas por estos Ministerios.

Ecologistas en Acción asegura que estos problemas se solucionarían con la adopción de  ordenanzas municipales para la concesión de licencias de obras que incluyesen medidas de protección para la fauna silvestre urbana. La organización ecologista ha elaborado un modelo de documento que ha puesto a disposición de las administraciones locales para su adaptación y aprobación.

Paralelamente, la organización ecologista exige un mayor compromiso a escala autonómica y estatal para abordar este problema, proponiendo las siguientes medidas:

1. Incorporar a los mecanismos de concesión de ayudas para la rehabilitación y restauración del patrimonio edificado restricciones y condiciones obligatorias para la protección y fomento de los espacios de nidificación de fauna silvestre urbana. Además del vencejo, otras  especies ligadas a la edificación como aviones, golondrinas, cernícalos o murciélagos necesitan que los proyectos de obras las tengan en cuenta en su diseño.
2. Solicitar sistemáticamente por parte de las comisiones de Patrimonio Histórico memorias de fauna actualizadas que registren las especies que coexisten con los bienes protegidos.
3. Exigir por la administración autonómica un censo documentado de la biodiversidad que se refugie en edificios y construcciones que sean objeto de intervención o demolición durante las evaluaciones ambientales, con un seguimiento cercano para detectar infracciones.

El 7 de junio se celebra cada año en todo el mundo el Día Mundial del Vencejo para sensibilizar a la población sobre la importancia de estas aves insectívoras urbanas. La campaña Las Tres Mosquiteras de Ecologistas en Acción trabaja desde 2021 para ayudar a concienciar a la ciudadanía y la administración pública de la importancia de la protección de aviones, vencejos y golondrinas. Ofrece materiales divulgativos y propuestas políticas de forma abierta, además de promover acciones para que nuestros entornos urbanos y rurales sean más acogedores para ellas.

Si deseas conocer más sobre la campaña, escribe a mosquiteras@ecologistasenaccion.org.

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• La Semana de Acción por la Naturaleza activará cerca de medio centenar de iniciativas de restauración y defensa de los ecosistemas.
• Incendios, sequías e inundaciones evidencian la urgencia de restaurar ecosistemas sanos y funcionales.
• La Alianza por la Restauración de la Naturaleza reclama un Plan Nacional de Restauración ambicioso, con medidas efectivas, financiación suficiente y participación social.

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Coincidiendo con la Semana de Acción por la Naturaleza, que se celebrará del 30 de mayo al 7 de junio con cerca de una treintena de acciones en distintos puntos del Estado, la Alianza por la Restauración de la Naturaleza hace un llamamiento a reforzar la protección y recuperación de los ecosistemas frente al deterioro ambiental y al debilitamiento de las políticas destinadas a protegerlos. Las organizaciones recuerdan que restaurar la naturaleza es una cuestión de justicia ecológica y social imprescindible para garantizar territorios habitables y resilientes ante la crisis climática.

Las organizaciones integrantes de la Alianza alertan de que los impactos de la crisis climática y ecológica son cada vez más visibles: inundaciones, incendios forestales, sequías y olas de calor evidencian la vulnerabilidad de nuestros territorios y la necesidad de ecosistemas sanos capaces de amortiguar estos fenómenos extremos. Al mismo tiempo, advierten de que herramientas de protección ambiental están siendo cuestionadas bajo argumentos como la simplificación administrativa o la competitividad económica, precisamente cuando la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad exigen reforzarlas.

España alberga una de las mayores riquezas naturales de Europa, pero gran parte de sus ecosistemas se encuentran degradados. “La restauración ecológica no consiste en maquillar los daños ni en compensar la destrucción; consiste en devolver vida a los ecosistemas y garantizar que las personas puedan vivir en territorios sanos, resilientes y biodiversos. Invertir en ecosistemas sanos es invertir en resiliencia social y económica”, señala la Alianza por la Restauración.

Durante la Semana de Acción por la Naturaleza se desarrollarán en torno a medio centenar de iniciativas impulsadas por colectivos sociales, vecinales, científicos y ecologistas en todo el Estado. Habrá acciones de restauración y cuidado de ecosistemas, actividades divulgativas, encuentros comunitarios y movilizaciones destinadas a visibilizar conflictos ambientales y defender la recuperación de los territorios.

La Alianza recuerda además que España debe remitir a la Comisión Europea su Plan Nacional de Restauración antes de septiembre de este año, en cumplimiento del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza. Por ello reclama un plan ambicioso, con financiación suficiente, participación social efectiva e integración de la restauración ecológica en las políticas agrarias, forestales, hídricas y territoriales.

“Restaurar la naturaleza es recuperar la capacidad de los territorios para sostener la vida. Es reparar daños acumulados, fortalecer comunidades y construir un futuro más justo y habitable. Frente a quienes consideran la naturaleza un recurso para explotar, reivindicamos que protegerla y restaurarla es una responsabilidad colectiva. Por eso esta semana salimos a actuar, organizarnos y movilizarnos”, concluye la Alianza.

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• La organización ecologista presenta alegaciones al informe sexenal del lobo.
• En ellas denuncia los intentos por parte de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León de incluir en este informe graves deficiencias científicas, metodológicas y jurídicas para permitir que se mantengan las matanzas de lobos.
• Las comunidades autónomas mencionadas pretenden subordinar un informe científico a intereses políticos, alterando y desnaturalizando la información científica disponible.

Los datos aportados por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León carecen de justificación científica suficiente” y buscan “construir artificialmente un escenario favorable para facilitar futuras políticas de control letal y desprotección jurídica del lobo. Como reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, muchos de los datos autonómicos contienen incoherencias, errores y problemas metodológicos que ni siquiera permitirían su validación ante la Comisión Europea.

Ecologistas en Acción considera especialmente grave a la hora de evaluar el estado de conservación del lobo y su situación en el estado español, la minimización sistemática de amenazas como el furtivismo, la caza ilegal, la fragmentación del hábitat, los incendios forestales o los problemas de conectividad genética de la especie por destrucción de hábitats o cuellos de botella.

De igual forma, las administraciones mencionadas invisibilizan de manera sistemática la mortalidad por extracciones letales de lobos realizada por distintas comunidades autónomas tras la salida del LESRPE, lo que supone la omisión relevante de datos empíricos necesarios para una evaluación completa del estado de conservación, concretamente de 77 individuos.

“La ciencia de la conservación no puede ponerse al servicio de intereses políticos espurios y cortoplacistas. Manipular artificialmente el estado de conservación del lobo para justificar su persecución supone una desnaturalización grave de los mecanismos científicos previstos en la Directiva Hábitats”, afirma Theo Oberhuber, coordinador del Área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción.

Entre las alegaciones presentadas, la organización destaca la necesidad de actualizar los censos poblacionales tras los grandes incendios forestales registrados el pasado año en el noroeste ibérico, que afectaron a centenares de cuadrículas de presencia de la especie, algo que ya han reclamado a los respectivos gobiernos autonómicos y que ha caído en saco roto. Ecologistas en Acción recuerda que los incendios forestales de gran intensidad además de provocar mortalidad directa de individuos, supone pérdida de refugios, reducción de presas y fragmentación funcional del hábitat, comprometiendo la viabilidad de las poblaciones y reduciendo aún más su número y el intercambio genético.

La situación del lobo en España dista mucho de poder considerarse favorable. La desaparición de la población de Sierra Morena, la elevada mortalidad por causas humanas y la escasa recolonización de amplias zonas adecuadas evidencian que la recuperación de la especie sigue siendo inexistente.

La organización también cuestiona la presión política y legislativa por parte de comunidades autónomas y de determinados partidos políticos con intereses concretos, ejercida en los últimos años para rebajar la protección legal del lobo, recordando que las modificaciones legales que facilitaron la salida de las poblaciones al norte del Duero del LESRPE han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.

Asimismo, Ecologistas en Acción subraya que numerosos estudios científicos internacionales alertan de que las políticas de control letal, como los autorizados por Cantabria, Asturias y La Rioja, pueden generar efectos negativos sobre la estructura social y la viabilidad genética de las poblaciones de grandes carnívoros. La recuperación del lobo no puede evaluarse únicamente contando manadas. La normativa europea exige analizar también la conectividad genética, la viabilidad a largo plazo, la expansión territorial y las amenazas futuras.

La elaboración del informe sexenal constituye un ejercicio eminentemente técnico y científico, cuya finalidad es trasladar a la Comisión Europea una evaluación objetiva y rigurosa del estado real de conservación de especies y hábitats. Por lo tanto dichos informes no pueden quedar subordinados a mecanismos de validación política que permitan alterar o desnaturalizar la información científica disponible, como pretenden las comunidades autónomas.

Como establece la Ley 40/2015 y el propio Reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, las decisiones de dicho órgano pueden adoptar la forma de acuerdos o recomendaciones, pero ello no altera la obligación del Estado de remitir a la Comisión Europea información objetiva, completa y científicamente fundamentada. Por ello, Ecologistas en Acción denuncia el intento de convertir la Conferencia Sectorial en un instrumento para condicionar o desvirtuar la evaluación técnica del estado de conservación de la especie.

La organización ecologista exige que el informe sexenal mantenga la consideración del “estado de conservación desfavorable” para el lobo ibérico y reclama que cualquier evaluación se base exclusivamente en información científica sólida, transparente y coherente con el principio de precaución y alejada de intereses políticos y de sectores económicos.

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Este 2026, la Comisión Europea llevará a cabo un “Stress Test” (Prueba de Resistencia) de las Directivas de Aves y Hábitats. Esta medida forma parte de la ola de “hachazos” a la legislación y normativa de protección de la naturaleza y la salud que Europa está llevando a cabo con la excusa de la “simplificación”. 

Su objetivo real es mejorar la “competitividad” de la UE, es decir, de los lobbies empresariales que más contaminan y los promotores que ven la conservación de especies y hábitats como un obstáculo para lograr mayor beneficio económico.

El enfoque del “Stress Test” de las Directivas de Aves y Hábitats ignora el papel crucial que desempeña la naturaleza en nuestra sociedad. Según la Comisión, el objetivo de dicha prueba es «evaluar si las directivas siguen siendo pertinentes, proporcionadas y adecuadas para alcanzar sus objetivos de manera rentable, entre otras cosas identificando oportunidades para reducir la carga administrativa innecesaria».

Este enfoque es limitado, ya que ignora las razones por las que se adoptó esta legislación. Refuerza además una narrativa errónea que presenta la legislación ambiental y de la naturaleza como “burocracia” y un obstáculo para la competitividad de la UE. Hasta ahora, el debate tiende a olvidar los siguientes aspectos importantes:

• Las Directivas de Aves y Hábitats (BHD), también conocidas como Directivas de Naturaleza, son la piedra angular de la política de biodiversidad de la UE, sobre la que se construye la Red Natura 2000, la mayor red coordinada de áreas protegidas del mundo. Estas directivas proporcionan el marco legislativo principal para que todos los países de la UE protejan la biodiversidad más valiosa y amenazada. Gracias también a la seguridad jurídica aportada por las orientaciones de la Comisión y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), este marco ha permitido una cooperación constructiva entre las partes interesadas a lo largo de los años.
• Proteger los hábitats y las especies es fundamental para mantener ecosistemas saludables, base de la que dependen nuestra sociedad y economía. Estos ecosistemas proporcionan aire y agua limpios, suelos sanos y servicios de polinización. Además, almacenan carbono y nos protegen frente a riesgos relacionados con el clima como inundaciones, sequías e incendios forestales.
• La naturaleza desempeña un papel clave en el disfrute de derechos humanos fundamentales (vida, salud, alimentación, agua, cultura), y la pérdida de biodiversidad los socava directamente. La biodiversidad se reconoce cada vez más como una cuestión de derechos humanos en el derecho internacional. El acceso a entornos naturales saludables se ha relacionado con numerosos beneficios para la salud física y mental, incluyendo reducción del estrés, mejora del estado de ánimo, mayor capacidad cognitiva y menor riesgo de enfermedades crónicas. La pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas también se han vinculado con violaciones de derechos humanos al provocar o agravar la inseguridad alimentaria y aumentar la exposición a desastres climáticos y enfermedades.
• Nuestra economía depende de la naturaleza. Se estima que dos tercios del valor añadido bruto de la UE tienen una dependencia media o alta de la naturaleza. Más del 70% de las empresas de la zona euro dependen en gran medida de al menos un servicio relacionado con la naturaleza que proporcionan los ecosistemas saludables. El coste financiero de la degradación ambiental es considerable: se calcula una pérdida económica de activos de 650.000 millones de euros entre 1980 y 2022, de los cuales 52.300 millones solo en 2022. Se espera que los impactos ambientales en cascada aumenten la exposición a riesgos en el futuro.

El “Stress Test” de las Directivas de Aves y Hábitats distrae de lo verdaderamente importante: mejor aplicación, financiación y cumplimiento de las Directivas de Naturaleza de la UE

Aunque la Comisión sostiene que la agenda de simplificación no debilitará la legislación ambiental, las numerosas propuestas “ómnibus” muestran lo contrario. En lugar de este ejercicio, la Comisión y los Estados miembros deberían centrar sus esfuerzos en mejorar la aplicación, financiación y cumplimiento de las Directivas de Naturaleza, tal como ya concluyó la evaluación (“Fitness Check”) hace diez años.

• En 2015-2016, el Fitness Check REFIT evaluó exhaustivamente las Directivas de Aves y Hábitats según cinco criterios: eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE. La conclusión fue clara: dentro del marco de la política de biodiversidad, las directivas son adecuadas para su propósito, pero alcanzar plenamente sus objetivos depende de mejorar significativamente su aplicación.
• Esta conclusión sigue siendo válida hoy. La actual prueba de estrés podría ser útil para evaluar la situación actual de la aplicación, pero no debería conducir a una revisión ni debilitamiento de estas leyes. Además, la reducción de cargas administrativas ya se señaló en 2016 como algo que puede lograrse mediante enfoques de aplicación a nivel nacional y regional.

Puntos clave sobre los principales temas de la prueba de estrés

• Protección de especies:
  • Los cambios en el nivel de protección deben basarse en la ciencia y alinearse con tratados internacionales.
  • Cualquier ajuste técnico debe incluir la opinión de un organismo científico.
  • Debilitar la protección implicaría aumentar significativamente los esfuerzos de seguimiento por parte de los Estados miembros.
  • La conversación se centra actualmente en eliminar especies de la lista, cuando debería abordarse añadir nuevas en función de su deterioro.
• Aplicación del artículo 6 (Natura 2000):
  • Ya ha habido cambios importantes en los procedimientos de autorización, lo que repercute en la forma en que se aplican los procedimientos de evaluación pertinentes para los espacios Natura 2000, por ejemplo, en el ámbito de las energías renovables, mediante la modificación de la Directiva sobre energías renovables (RED III).
  • Como parte de la ola de hachazos, ya se están negociando nuevas propuestas legislativas (por ejemplo, el Reglamento para la aceleración de las evaluaciones de impacto ambiental, en el marco del Paquete Ómnibus Ambiental; y la Directiva sobre la aceleración de los procedimientos de concesión de autorizaciones para proyectos de infraestructura, en el marco del Paquete GRIDS), que están de facto reduciendo por sí mismas la aplicación del Artículo 6.
  • En lugar de debilitar normas, debería promoverse las buenas prácticas existentes que muestran que los procesos pueden ser rápidos y eficaces sin reducir la protección.
  • La UE no está en camino de cumplir los objetivos de áreas protegidas y conservadas eficazmente a los que se ha comprometido en el Marco Mundial de Biodiversidad.
• Directivas frente a la emergencia climática:
  • El marco actual es adecuado y ofrece flexibilidad.
  • Las orientaciones recientes guían de forma suficiente a los Estados miembros a adaptar la Red Natura 2000 a las presiones del cambio climático. El documento aclara cómo se aplican las disposiciones de las Directivas de Aves y Hábitats al designar y gestionar los espacios Natura 2000 en el contexto de los impactos del cambio climático. También proporciona recomendaciones sobre medidas prácticas de adaptación y un marco de adaptación al cambio climático para los gestores de la Red Natura 2000, las autoridades nacionales y las partes interesadas responsables de salvaguardar los hábitats y especies más valiosos de Europa. Establece cómo planificar y aplicar medidas de adaptación, ajustar los límites de los espacios o los objetivos de conservación, restaurar hábitats degradados para aumentar la resiliencia y crear asociaciones estratégicas con sectores como la agricultura, la gestión del agua y la prevención de desastres (por ejemplo, inundaciones e incendios forestales). En resumen, las orientaciones muestran que los Estados miembros pueden cumplir sus obligaciones al tiempo que hacen uso de las flexibilidades existentes en las Directivas de Aves y Hábitats al adaptar las medidas de conservación al cambio climático.

¿Y ahora qué?

Europa se enfrenta a graves impactos derivados de crisis ecológicas y climáticas interconectadas. Debilitar las leyes ambientales agravaría estos problemas y sus costes. Cuestionar los estándares actuales genera incertidumbre y debilita la cohesión social en un momento crítico. Como uno de los mayores bloques económicos y líder en estándares políticos, la UE tiene un papel clave en garantizar la estabilidad y resiliencia de sus ciudadanos, ecosistemas y economía.

Entre los distintos procesos en marcha, la previsión para el frente de ataque a las Directivas de Aves y Hábitats se plantea así:

• Consulta pública de 12 semanas en primavera: su inicio estaba previsto en abril, pero la fecha de inicio aún está por confirmar.
• Consulta específica (todos los Estados miembros y partes interesadas): marzo-mayo; no está claro si ya ha comenzado.
• Entrevistas en profundidad en 9 Estados miembros (Alemania, Estonia, España, Francia, Malta, Países Bajos, Polonia, Suecia y Eslovaquia); no está claro si ya han comenzado.
• Evento «Reality check» en Bruselas los días 21 y 23 de septiembre (autoridades y partes interesadas en días distintos).
• Diálogo sobre la implementación con la Comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall en otoño.
• Informe final (con resumen de la consulta pública) a finales de 2026.

Es necesario dar visibilidad a este proceso y asegurarse de que durante las consultas no se abra el camino a escenarios de desmantelamiento de las Directivas.

Mi salud y la naturaleza no están en venta: Firma y comparte.

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• La Comisión Europea realizará un “Stress Test” (prueba de resistencia) de las Directivas de Aves y Hábitats con el que pretenden justificar que se “simplifiquen” ambas directivas.
• Ecologistas en Acción advierte de que este procedimiento oculta un nuevo intento de la derecha europea de “desregulación” de la normativa de protección de la naturaleza para el beneficio de las grandes corporaciones y promotores.
• Desde la campaña europea Hands Off Nature, en la que participa Ecologistas en Acción, se anima a la ciudadanía a que muestre su oposición participando en una recogida de firmas que ya sobrepasa los 431.000 apoyos.

Necesitamos tu firma: Protege las leyes que me protegen

En el último semestre la Comisión Europea ha anunciado numerosas propuestas legislativas para reducir la protección ambiental, social y de salud de la población europea. Ya hay aprobados o en tramitación diez paquetes de recortes a la legislación que protege el medio ambiente y la salud de las personas. Pero de especial gravedad es la posible modificación de las Directivas de Aves y Hábitats utilizando como excusa  la “simplificación” y la mejora de la “competitividad” de los lobbies empresariales de la UE que más contaminan e invaden hábitats naturales, para los que la conservación de especies y hábitats es un obstáculo para lograr mayor beneficio económico.

La Comisión Europea ha anunciado que se iniciará de forma inminente un “Stress Test” (prueba de resistencia) de las Directivas de Aves y Hábitats. El objetivo es “evaluar si las directivas siguen siendo pertinentes, proporcionadas y adecuadas para alcanzar sus objetivos de manera rentable, entre otras cosas identificando oportunidades para reducir la carga administrativa innecesaria” a través de un procedimiento de consulta a los Estados miembros y otras partes interesadas. Ecologistas en Acción alerta de que este enfoque ignora el papel crucial que desempeña la naturaleza en nuestra sociedad y se opone a las razones por las que se adoptó esta legislación. Las Directivas de Aves y Hábitats son la piedra angular de la política de biodiversidad de la UE, sobre la que se construye la Red Natura 2000, la mayor red coordinada de áreas protegidas del mundo. Estas directivas proporcionan el marco legislativo principal para que todos los países de la UE protejan la naturaleza más valiosa y amenazada.

Ecologistas en Acción denuncia que la ola de “desregulación” europea está afianzando una narrativa errónea que presenta a la legislación ambiental y de la naturaleza como “burocracia” y un obstáculo para la competitividad de la UE. En realidad, esta operación dirigida por los poderes políticos europeos, en complicidad con lobbies empresariales y grandes promotores, disfraza de mejoras para agilizar la economía lo que en realidad son facilidades para acelerar proyectos de grave impacto para la naturaleza vinculados a la minería, los centros de datos, infraestructuras energéticas o la industria más contaminante. Conservar la naturaleza no puede considerarse una carga, es una obligación. Modificar ambas directivas (eliminando especies o hábitats de los anexos, cambios en los niveles de protección, cambios en los procedimientos de autorización, flexibilizando el marco actual, debilitando la Red Natura 2000, etc) para favorecer actividades dañinas para el medio ambiente supondría el mayor ataque a la conservación de la naturaleza desde la creación de la Unión Europea, tirando por tierra el trabajo de decenas de años e incumpliendo el Marco Mundial de Biodiversidad que firmó la Unión Europea.

Eliminar controles y restricciones para lograr el beneficio a corto plazo de unas pocas corporaciones es una grave amenaza para nuestra salud y futuro. Proteger los hábitats y las especies es fundamental para mantener ecosistemas saludables, base de la que dependen nuestra sociedad y economía. Estos ecosistemas proporcionan aire y agua limpios, suelos sanos y servicios de polinización. Además, almacenan carbono y nos protegen frente a riesgos relacionados con el clima como inundaciones, sequías e incendios forestales. Se estima que dos tercios del valor añadido bruto de la UE tienen una dependencia media o alta de la naturaleza. Más del 70% de las empresas de la zona euro dependen en gran medida de al menos un servicio relacionado con la naturaleza que proporcionan los ecosistemas saludables. El coste financiero de la degradación ambiental es considerable: se calcula una pérdida económica de activos de 650.000 millones de euros entre 1980 y 2022, de los cuales 52.300 millones solo en 2022.

Para Ecologistas en Acción el “Stress Test” de las Directivas de Aves y Hábitats invisibiliza lo verdaderamente importante: la necesidad de mejorar su aplicación, su financiación, y el adecuado cumplimiento en la UE. Aunque la Comisión sostiene que la agenda de simplificación no debilitará la legislación ambiental, las numerosas propuestas “ómnibus” demuestran lo contrario. En lugar de este ejercicio, la Comisión y los Estados miembros deberían centrar sus esfuerzos en mejorar la aplicación, financiación y cumplimiento de las Directivas de Naturaleza, tal como ya concluyó la evaluación (“Fitness Check”) hace diez años.

Por ello, Ecologistas en Acción insta a la ciudadanía a mostrar su oposición a la desregulación que está imponiendo la Comisión Europea, y en concreto a la modificación de las Directivas de Naturaleza, participando en la recogida de firmas de la campaña europea Hands Off Nature (“Quitad las manos de la naturaleza”). Hasta la fecha se han recogido más de 431.000 firmas. Además, la organización ecologista reclama al gobierno español, que es uno de los nueve Estados miembros que serán entrevistados en profundidad durante el “Stress Test”, que asuma un perfil claro en defensa de las Directivas de Aves y Hábitats. Sin cumplir estos marcos regulatorios no se podrá sostener la transición ecológica.

 

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• El proyecto normativo se encuentra en trámite de información pública y el plazo para envío de aportaciones estará abierto hasta el 8 de mayo.
• AHE, CRARC, Coalición para el Listado Positivo, Ecologistas en Acción, SECEM, GREFA, SEO/BirdLife y WWF España apoyan este paso adelante en la legislación.

Organizaciones de protección animal y de conservación de la naturaleza como Asociación Herpetológica Española (AHE), Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Cataluña (CRARC), Coalición para el Listado Positivo (formada por ANDA, FAADA y AAP Primadomus), Ecologistas en Acción, Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), SEO/BirdLife y WWF España, aplauden la publicación por parte del Gobierno del Real Decreto que regulará la creación de un Listado Positivo de animales de compañía.

Las organizaciones respaldan y apoyan firmemente la creación de este listado como una herramienta preventiva clave, ya recogida en la ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, para asegurar que las especies mantenidas como animales de compañía puedan vivir en condiciones adecuadas de bienestar y no supongan riesgos para la biodiversidad, la salud o la seguridad de las personas.

El Listado Positivo permitirá valorar, objetivamente, los riesgos relativos a la invasividad y conservación de las especies, la seguridad ciudadana, la salud pública y el bienestar de los animales. En consecuencia, establecerá, basándose en criterios científicos, las especies que se puedan mantener en el hogar, quedando prohibida la tenencia de todas las demás.

Desde las organizaciones señaladas, se participará en el proceso de consulta abierto por el Gobierno para mejorar el texto propuesto en aspectos importantes, tales como las excepciones planteadas, la transparencia del proceso en todas sus fases y el seguimiento de los criterios aplicables a las especies objeto de estudio.

Una herramienta preventiva que debe estar basada en criterios científicos

La tenencia de especies exóticas como animales de compañía ha crecido en los últimos años, generando problemas graves de conservación y de sanidad. Algunas mascotas,  al escaparse o  abandonarse en la naturaleza al no poder atender sus necesidades, pueden convertirse en especies invasoras y amenazar la supervivencia de las especies silvestres de flora y fauna autóctonas. Algunos ejemplos conocidos de mascotas en el pasado que hoy están prohibidas por su carácter invasor son el galápago de florida, el mapache o la cotorra argentina. Además, la tenencia de mascotas exóticas sin limitaciones supone un riesgo para la salud pública porque algunos  de estos animales pueden actuar como portadores de enfermedades zoonóticas; para la seguridad ciudadana por su posible naturaleza depredadora, agresiva o venenosa; así como para la salud y seguridad de otros animales.

El Listado Positivo busca prevenir nuevos problemas en el futuro, no generar restricciones innecesarias, y permitirá limitar la tenencia a un número reducido de especies que sean seguras y adecuadas, facilitando el control por parte de las autoridades y evitando el comercio de animales que puedan sufrir en cautividad o convertirse en un problema ambiental.

Sin impacto negativo en los animales de compañía actuales

Las organizaciones recuerdan también que este listado no afectará a la inmensa mayoría de los animales actualmente presentes en los hogares españoles. Aparte de los perros, gatos y hurones que ya son considerados animales de compañía, es de esperar que otras especies como muchos peces tropicales, canarios, conejos, cobayas o hámsters puedan mantenerse con normalidad.

Por otro lado, el listado no tendrá carácter retroactivo, es decir, los animales cuya tenencia pase a estar prohibida que ya estén en los hogares, podrán mantenerse informando a las autoridades.

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