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AnteayerKolectivas

Un paso atrás en el camino a una mejor regulación, en vez de un avance

26 Junio 2026 at 00:00
Por: Arturo

Carta abierta a la Comisión Europea

Estimada presidenta von der Leyen, estimados comisarios:

Les escribimos para exponer las preocupaciones de la sociedad civil respecto a las propuestas de modificación de las actuales directrices sobre «Mejor Regulación», así como a otras propuestas incluidas en su Comunicado titulado «Un marco normativo de la UE más sencillo, más claro y mejor aplicado». Las organizaciones abajo firmantes consideran que la Comisión está adoptando medidas que resultan inaceptables desde una perspectiva democrática, que no se ajustan a la estrategia de la UE en materia de sociedad civil y que crean una jerarquía entre las partes interesadas, ya que otorgan ventajas a las empresas a expensas del interés público y de la economía en su conjunto.

Varias de las reformas propuestas corren el riesgo de socavar la elaboración de políticas basadas en datos empíricos, la transparencia y la rendición de cuentas, al reforzar un desequilibrio estructural a favor de un reducido conjunto de intereses sectoriales. Por lo tanto, creemos que deberían reconsiderarse elementos importantes del Comunicado. Estas preocupaciones se ven reforzadas por las recientes conclusiones del Defensor del Pueblo Europeo sobre la mala administración en los procedimientos de urgencia. Ahora, la Comisión responde debilitando esas mismas normas, para poder seguir actuando sin obstáculos basándose en directrices más laxas.

Las organizaciones abajo firmantes están especialmente preocupadas por los siguientes aspectos:

1. Procedimientos de urgencia y evaluaciones de impacto.

En el Comunicado, la Comisión se compromete a realizar más evaluaciones de impacto, pero reduce su calidad y pertinencia al limitarlas mediante una «matriz de impactos clave» centrada en los costes para las empresas. Para dar respuesta a las conclusiones del Defensor del Pueblo, la Comisión intenta definir cómo la «urgencia» puede permitir excepciones al procedimiento estándar, pero no logra disipar las dudas. En primer lugar, la «urgencia» se define de forma demasiado amplia, incluyendo una referencia vaga al «contexto político», lo que impide que se derive de ella certeza o previsibilidad. En segundo lugar, la Comisión establece dos niveles de procedimientos de urgencia: uno con evaluaciones de impacto y consultas limitadas, y otro de «urgencia especial» que carece por completo de ambas. Cualquier excepción a los procedimientos estándar debe definirse de forma estricta, justificarse objetivamente y someterse a un escrutinio independiente.

En este mismo sentido, nos parece profundamente preocupante que la Comisión sugiera que el Parlamento Europeo introduzca evaluaciones de impacto sobre las «enmiendas sustanciales» utilizando el «modelo de costes estándar». Esta metodología está obsoleta y es problemática, ya que no tiene en cuenta el coste real de una propuesta legislativa ni el coste de la inacción para el conjunto de la sociedad, incluidos los impactos medioambientales y sociales (de los que depende la economía). La economía no existe en el vacío y no debe considerarse como tal. La Comisión está intentando allanar el camino hacia una vía sencilla y rápida para la «simplificación» de la legislación europea. Las decisiones políticas relativas a los trabajadores y los derechos sociales, la protección del medio ambiente, la protección de los consumidores, los derechos digitales, la salud pública o los derechos fundamentales no deben subordinarse a análisis simplificados de coste-beneficio.

2. Consulta y participación de las partes interesadas

Nos preocupa que la Comisión recurra cada vez más a formatos de «consulta selectiva». Con ello, la Comisión suele referirse a ignorar opiniones distintas a las de determinados grupos empresariales. Uno de los ejemplos más recientes es la nueva herramienta denominada «Reality Checks», en la que, en la mayoría de los casos, solo se invita a las empresas a contribuir al proceso y en la que brilla por su ausencia cualquier tipo de transparencia. El resultado es que, al elaborar sus propuestas, la Comisión corre el riesgo de incurrir en lagunas y grandes injusticias. Consideramos que este enfoque incumple los Tratados de la UE, así como las normas adoptadas en materia de consulta pública.

3. Normas nacionales que van más allá de los requisitos mínimos de la UE

Nos preocupa especialmente el enfoque cada vez más negativo que se da al denominado «goldplating», un término que tiene su origen en los intereses particulares de la industria, que desean que la Comisión limite la capacidad de los Estados miembros para introducir medidas más estrictas que las acordadas a nivel europeo. En sí mismo, el «goldplating» no tiene nada de malo. La adopción de medidas más ambiciosas a nivel nacional es legítima cuando tienen por objeto elevar los estándares, y los poderes legislativos nacionales están en su derecho de hacerlo. Incluso puede producirse el resultado positivo de elevar el estándar a nivel de la UE, y la legislación suele influir en la cultura y la práctica. Por ello, condenamos la formulación parcial sobre el «goldplating» y las medidas que la Comisión propone adoptar. La propuesta de la Comisión sugiere que se adopten medidas a nivel europeo, incluso si las medidas a nivel nacional no son contrarias al Derecho de la UE. Esto está previsto que se produzca, entre otros, en el contexto del Semestre Europeo. En materia de política social, legislación laboral y políticas sobre condiciones de trabajo, los Estados miembros suelen aplicar medidas más ambiciosas y deben poder seguir haciéndolo, de conformidad con el artículo 288 del TFUE. En materia de política medioambiental, el artículo 192 del TFUE prevé expresamente la introducción de medidas de protección más estrictas por parte de los Estados miembros.

4. Restricciones temporales en materia de políticas

Hay bastantes elementos en la comunicación —tal y como están redactados— que no están definidos, pero que tememos que puedan llegar a utilizarse de forma perjudicial. Existe la intención de introducir más cláusulas de derechos adquiridos, que corren el riesgo de utilizarse para retrasar la implantación gradual de normas cruciales para la protección del medio ambiente o la salud pública. Y están las cláusulas de caducidad, sumamente problemáticas: con ese cambio en la legislación, ya no es la supresión de una disposición protectora lo que debe justificarse, sino su mantenimiento. La carga de la prueba política se invierte. Una normativa crucial podría derogarse automáticamente si no se alcanza a tiempo un acuerdo sobre el proyecto de ley.

El camino a seguir

En general, la Comisión está introduciendo un conjunto de las denominadas «reformas», todas ellas destinadas a promover un enfoque más miope en la toma de decisiones. Se trata de marginar en los procedimientos los intereses distintos de los de las empresas. Al reducir el escrutinio, debilitar la participación y dar prioridad a un conjunto limitado de indicadores económicos, se corre el riesgo de pasar por alto repercusiones más amplias en la sostenibilidad medioambiental, la cohesión social, la salud pública, los derechos de los consumidores, los derechos de los trabajadores y los derechos fundamentales. Esto es justo lo contrario de una «mejor regulación».

Hay que poner fin al despilfarro a costa de los contribuyentes. Pedimos:

– Que se ponga fin al incumplimiento del Tratado de la UE: el artículo del Tratado sobre la necesidad de integrar, por ejemplo, las cuestiones medioambientales y los intereses de los trabajadores y los consumidores, debe reflejarse en las directrices de «Mejor Regulación» (artículos 3, 11 y 153 del TFUE).

– Una armonización de la «Mejor Regulación» con los diez principios rectores para el diálogo con la sociedad civil recogidos en la estrategia de la UE en materia de sociedad civil.

– La transparencia como prioridad: las consultas deben ser siempre públicas, abiertas y transparentes.

– Un diálogo civil estructurado y significativo, con la participación de el mundo académico, la sociedad civil y los sindicatos en los grupos consultivos. La era de los «grupos de expertos» dominados por las empresas debe llegar a su fin.

– Investigaciones exhaustivas sobre las repercusiones de la nueva legislación, incluyendo todos los aspectos relevantes. Los análisis de costes y beneficios superficiales ofrecen una imagen sesgada y engañosa a los responsables de la toma de decisiones.

– El fin de los ataques obstinados contra el denominado «gold plating». Están ahora en juego normas de protección fundamentales, por ejemplo, en la legislación laboral y de protección de los trabajadores, los derechos de los consumidores y la legislación medioambiental.

Instamos a la Comisión a que tenga en cuenta estas preocupaciones a la hora de revisar las Directrices y el conjunto de herramientas para una mejor reglamentación. Quedamos a su disposición para colaborar y contribuir a este proceso.

Atentamente,

ActionAid France

ACV-CSC (Belgium)

Alternatif Bilisim (Turkey)

Animal Advocacy & Food Transition (EU) 

Arnika (Czech Republic)

Association For Promotion Sustainable (India) 

ATTAC Austria

ATTAC España 

ATTAC France

Austrian Federal Chamber of Labour

BirdLife Europe and Central Asia

CEE Bankwatch Network (Central and Eastern Europe)

CHEM Trust (Europe)

Child Rights International Network (Belgium, UK and international)

Climate Action Network (CAN) Europe

CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung (Germany)

Corporate Europe Observatory (Europe)

Defend Democracy (EU)

Die Bürokratiemonster(Germany)

Digitalcourage (Germany)

Ecologistas en Acción (Spain)

Electronic Frontier Norway (Norway)

epicenter.works (Austria)

European Anti-Poverty Network (Belgium/Europe)

European Civic Forum (EU)

European Digital Rights (EDRi) (Europe)

European Environmental Bureau (EU)

European Grandparents for Climate (Austria)

European Network Against Arms Trade (Europe)

European Public Services Unions (EPSU, Europe)

European Transport Safety Council (ETSC, Belgium)

Fairwatch (Italy)

Fern (EU)

FNV (The Netherlands)

foodwatch international (Belgium)

France Nature Environnement (France)

Friends of the Earth Europe (Europe)

Générations Futures (France)

GLOBAL 2000 (Austria)

Grandparents for Future (Austria)

Greenpeace EU Unit (BE/EU)

GYBN Austria – Austrian Youth Biodiversity Network (Austira)

Human Development Research Initiative (HDRI) (France)

Irish Coalition for Business and Human Rights (Ireland)

JESC – Jesuit European Social Centre (Belgium)

LobbyControl (Germany)

Kettensäge stoppen! (Austria)

Notre Affaire à Tous (France)

Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural (Portugal)

PowerShift e.V. (Germany)

ReCommon (Italy)

REZERO (Spain)

Rise For Climate Belgium (Belgium) 

The Good Lobby (Europe)

Transparency International EU (EU)

Trócaire (Ireland)

WSM – We Social Movements (Belgium)

WWF European Policy Office (Belgium/EU)

ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System (Portugal)

Campaña Rules to Protect. Promovida por Corporate Europe Observarory

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Debate sobre la Gestión de le Educación en Madrid

16 Junio 2026 at 20:15
Por: Arturo

Attac Madrid recomienda:

Acto celebrado en Madrid el 10 de junio de 2026, sobre la gestión de la Educación en Madrid, con debate entre los partidos Más Madrid, PSOE, IU-Madrid y Podemos, que responden a las preguntas formuladas por tres personas cualificadas en las etapas de Infantil, Reglada y Universitaria, organizado por la Plataforma por la Remunicipalización y gestión directa de los Servicios Públicos de Madrid (municipalizacionmadrid@gmail.com).

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Carta abierta: No a la impunidad de CAF. La sociedad civil exige responsabilidades

10 Junio 2026 at 09:00
Por: Arturo

A pocas semanas de la Junta General de Accionistas de CAF del próximo 14 de junio, las organizaciones abajo firmantes queremos mostrar públicamente nuestro rechazo a la implicación continuada de la empresa vasca en el Tren Ligero de Jerusalén (JLR, por sus siglas en inglés), una infraestructura clave para la consolidación de la ocupación ilegal israelí sobre territorio palestino ocupado.

Mientras CAF anuncia beneficios históricos —40 millones de euros solo en el último trimestre y récord de pedidos—, continúa obteniendo beneficios económicos de un proyecto que contribuye directamente a la expansión y consolidación de los asentamientos ilegales israelíes en la Jerusalén Este ocupada. El crecimiento económico de CAF no puede desvincularse de su participación en un sistema colonial, genocida, de ocupación y discriminatorio, en violación del derecho internacional. 

Desde 2019, CAF participa junto a la empresa israelí Shapir en la ampliación, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén, una infraestructura que conecta asentamientos ilegales israelíes con Jerusalén Oeste y que forma parte de la estrategia de anexión territorial impulsada por el Estado de Israel. A través de ello, CAF desempeña un papel estructural e indispensable en la consolidación  y expansión del proyecto que, en últimas, busca una “Jerusalén unificada” como capital del Estado de Israel .

Desde décadas atrás, diversos organismos internacionales han señalado la ilegalidad de los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Más recientemente, en julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó que la ocupación israelí es ilegal e instó a todos los Estados a adoptar medidas para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan al mantenimiento de esta situación ilícita.

Asimismo, en septiembre de 2025, CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades relacionadas con los asentamientos ilegales israelíes.

Ante esta situación, una coalición de organizaciones de la sociedad civil —NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Observatori DESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37— presentó el pasado 18 de febrero de 2026 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la posible responsabilidad penal de la dirección de CAF por su participación en el proyecto.

La Fiscalía ha confirmado ya que está investigando la denuncia.

Durante años, organizaciones palestinas, vascas, sindicatos y movimientos de solidaridad internacionales han denunciado y movilizado contra la participación de CAF en el Tren Ligero de Jerusalén. Hoy reiteramos que no vamos a detenernos hasta que termine la impunidad de CAF y la empresa ponga fin a su rol en la ocupación y colonización del territorio palestino.

Mientras CAF intenta normalizar su implicación en un proyecto vinculado a la ocupación, el apartheid y la expulsión de población palestina, la sociedad civil organizada continúa movilizándose para exigir responsabilidades políticas, económicas y judiciales.

Por ello, exigimos:

  • Al Gobierno del Estado español, que adopte medidas efectivas contra las empresas que operan y obtienen beneficios de actividades vinculadas a la ocupación ilegal del territorio palestino, incluyendo a CAF.
  • A la Fiscalía, que continúe con la investigación abierta y ejerza plenamente sus funciones impulsando las actuaciones necesarias ante la Audiencia Nacional.
  • A las administraciones públicas y a toda empresa con participación pública, que excluyan a CAF de contratos y licitaciones públicas mientras mantenga su participación en el Tren Ligero de Jerusalén, incluido el macrocontrato de Alta Velocidad de RENFE actualmente en proceso de licitación.
  • Al Gobierno de Euskadi, que retire su inversión de CAF mientras siga participando de la ocupación israelí.
  • A CAF, que se retire inmediata y definitivamente del proyecto del Tren Ligero de Jerusalén y ponga fin a toda colaboración con la ocupación y colonización israelí del territorio palestino.

No es aceptable que dinero público y contratos institucionales continúen beneficiando a empresas implicadas en proyectos que sostienen violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos del pueblo palestino.

Llamamos a organizaciones sociales, sindicatos, colectivos, entidades y personas comprometidas con la justicia y los derechos humanos a sumarse a esta exigencia colectiva antes de la Junta General de Accionistas de CAF del próximo 13 de junio.

Porque no puede haber normalidad económica ni beneficios empresariales construidos sobre la ocupación, el apartheid y el genocidio del pueblo palestino.

Listado de organizaciones firmantes:

1. Acampada por Palestina de La Rioja

2. ALIANZA DE LA IZQUIERDA REPUBLICANA DE ESPAÑA

3. ALTERNATIBA

4. Alternativa Antimilitarista. MOC/ADNV Canarias

5. Amigas de la Tierra

6. Amnistía Internacional

7. Anticapitalistas Valladolid

8. Anticapitalistes

9. Arabako SEADen Lagunen Elkartea

10. Armagintzarekin MOZTU

11. Asamblea de vivienda Raval Rebel

12. Asociación Atenea Chamberí

13. Asociación BACHUE ELKARTEA

14. Asociación Cultural Deportiva e Ecoloxista Treze Catorze

15. Asociación de mujeres separadas y divorciadas del pais valencia

16. Asociación ecofeminista Ola sin plástico

17. Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS)

18. Asociacion GeoAlternativa

19. Asociación Pablo de la Torriente Brau de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes

20. Asociación Por Tí Mujer

21. Asociación UNADIKUM

22. Associació Ca la Dona

23. Associació Impacte. Cinema i Drets Humans

24. Associació Migració i ESS – MIGRESS

25. Associació Recerca i Decreixement

26. Associació Sabadell per la República

27. Associació SUDS

28. Associació Veïnal de Sant Pere de Terrassa

29. Atenea Chamberí

30. Ateneu Candela

31. Ateneu del Raval

32. Ateneu Llibertari del Cabanyal

33. ATTAC Madrid

34. Atxuri Harrera

35. Bake Ekintza Antimilitarista

36. BDS Almeria

37. BDS Guadalfeo

38. BDZ Nafarroa

39. Bidó de Nou Barris, entitat gestora de l’Ateneu Popular 9 Barris

40. Bilbo Palestina

41. BIZILUR

42. Bretxa Observatori de Fronteres

43. Capellanía católica de centro penitenciario del dueso de Santoña en Cantabria

44. Capellanía católica del Hospital sierrallana de Torrelavega en cantabria

45. Casa de acogida del buen samaritano

46. Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible

47. CEHDA

48. Centre Delàs d’Estudis per la Pau

49. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM)

50. CESÁfrica – Coordinadora de Entidades de Solidaridad con África

51. CGT – Confederación General del Trabajo

52. CICrA Justicia Ambiental SCCL

53. CIM Burkina

54. Coalició Prou Complicitat amb Israel

55. Col’lectiu Ecologia i Pau

56. Colectivo Feminista Las Tejedoras

57. Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos

58. Comité de Solidaridad Oscar Romero de Valladolid

59. Comité de solidaritat amb Palestina de Sants

60. Comitè de treballadores de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès

61. Comité Óscar Romero de Torrelavega en Cantabria

62. COMITÉ OSCAR ROMERO DE VIGO

63. Comité Óscar Romero Valladolid

64. Conceyu Abiertu pola Transición Xusta

65. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)

66. Corriente Roja

67. Crida per l’Alliberament Sexual i de Gènere

68. CULTURA21 SCCL

69. Donostia Palestina

70. Ecologistas en Acción Confederal

71. Ecologistas en Acción Córdoba

72. Ecologistas en Acción Valladolid

73. Ecologistas la parrilla

74. EHBizirik

75. EHU Palestina

76. Emakumeok Gerraren Aurka-Mujeres Contra la Guerra

77. ESK SINDIKATUA

78. Espacio Común 15M

79. ESPAI GRAMENET

80. Eureka, Red Activista por la Renta Básica Incondicional

81. Euskal Herria Bizirik

82. Euskal Herrian Euskaraz

83. EUSKAL HERRIKO BILGUNE FEMINISTA

84. Euskal Herriko Fronte AntiInperialista

85. Ezker Anitza-IU

86. FORO GALEGO DE INMIGRACION

87. Fundación Mundubat

88. Galdakao Palestinarekin

89. Galdakaoko Elkarlaguntza Sarea

90. Galdakaoko pentsionistek eta Jubilatuak Plataforma

91. Gernikatik Mundura

92. Global sumud Euskal herria

93. Gogara

94. Greenpeace

95. Grup de dones Vila-real. Red mujeres de negro por la pax

96. Grup de Suport a Palestina

97. Grupo Estudios Africanos e Internacionales UAM

98. Gure haurrak ere badira

99. Herritar Batasuna

100. Heura Negra

101. Ikasle Sindikatua

102. Intersindical Salut-IV

103. Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos

104. Jaén con Palestina

105. Joves Ecosocialistes

106. Judimendi auzo elkartea

107. KALAKALAB SLL

108. KULTURATIK Kultur egikeak Palestinarekin/Creadorxs culturales con Palestina

109. La Capçalera

110. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España

111. LA COSECHA COMUNICACIÓN

112. La Intersindical (Catalunya)

113. LA PIRENAICA DIGITAL

114. Lafede – justícia global

115. Lumaltik Herriak

116. Marea Pensionista Horta-Guinardó Barcelona

117. Maresme amb Palestina

118. MUGARIK GABE

119. Mugen Gainetik

120. Mujeres de Negro contra la guerra de Madrid

121. Mujeres de negro de Valencia

122. Nexes Interculturals

123. Oarsoko AHTren aurka taldea

124. Observatori del Deute en la Globalització

125. Observatori DESCA

126. Onda de madrid

127. Parroquia de San Martín de Ganzo en Torrelavega en cantabria

128. Parroquia de San Pedro de Torres de Torrelavega en cantabria

129. Parroquia de san Pelayo de Dualez de Torrelavega de Cantabria

130. Perifèries

131. PLATAFORMA ALMERÍA POR PALESTINA

132. Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC)

133. Plataforma Córdoba con Palestina

134. Plataforma de pentsionistas y Jubilados

135. Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts

136. PLATAFORMA POLO EMPREGO

137. PODEM CATALUNYA

138. Podemos Euskadi

139. Podemos Valladolid

140. Putas Indignadas

141. Putas Libertarias Raval

142. Radical Books Coop

143. REAS Rioja

144. Rebelión Científica

145. Red

146. Retirada del proyecto invasivo y de ocupación denominado construcción de Palestina

147. Rumbo a Gaza

148. SALBURUKO HARRERA SAREA

149. Sanitarioak Genozidioaren aurka

150. Sare Antifaxista

151. SCI Catalunya

152. Seminari d’economia crítica Taifa

153. Sindicato cobas comisiones de base

154. SIOF (SERVEI D’INFORMACIO DE L’OBJECCIO FISCAL A LA DESPESA MILITAR)

155. SODEPAU

156. Sodepaupv

157. SOS Ribagorza

158. STEILAS sindikatua

159. Stop desahucios Hernani

160. Talaiola- Ecologistes en Acció

161. Teatracció

162. Top manta

163. Urko-Punta GKE

164. Vall del Lierca amb Palestina

165. Verso Libros

166. Xamfrà

167. Zarautz Palestina

168. ZINHEZBA

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Permiso para contaminar

4 Junio 2026 at 08:00
Por: Arturo

La UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes

El nuevo informe de Corporate Europe «Permiso para contaminar», revela cómo la Comisión Europea está recortando drásticamente las normas de concesión de permisos para las infraestructuras energéticas e industriales. Esto forma parte de una amplia campaña desreguladora impulsada por algunas de las industrias más contaminantes de Europa. Aunque la UE presenta esta agenda como una «simplificación» de la legislación en materia de permisos, en la práctica se corre el riesgo de socavar las protecciones sociales y medioambientales, conseguidas con tanto esfuerzo, que sustentan estas normas.

Desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió su segundo mandato, las normas de concesión de permisos han sido objeto de un ataque constante por parte de las grandes empresas tecnológicas, la industria de los combustibles fósiles y los grupos de presión del sector minero. Es más, bajo etiquetas como «estratégico» o «interés público superior», los proyectos perjudiciales pueden eludir cada vez más los procedimientos habituales de concesión de permisos. Pero, ¿quién decide qué tipo de proyectos se benefician de esa etiqueta?

Los documentos obtenidos por CEO (Observatorio Europeo de las empresas) revelan cómo los principales contaminadores han presionado para obtener un acceso más fácil a los permisos —y a las subvenciones públicas— para proyectos de infraestructura contaminantes. Revelan cómo la Comisión Europea ha invitado activamente a los actores del sector a dar forma a su agenda de desregulación de los permisos. Europa corre el riesgo no solo de vivir con más contaminación, sino también de pagar a los contaminadores para que la generen.

Entre las principales medidas que se están aplicando para satisfacer las exigencias del sector se incluyen:

  • la tramitación acelerada de los permisos para infraestructuras industriales y energéticas, dejando de lado la participación democrática;
  • evaluaciones medioambientales más sencillas y rápidas, lo que se traduce en una menor protección;
  • un mayor número de proyectos contaminantes clasificados como «estratégicos» o de «interés público» y que, por lo tanto, reciben un trato especial en los procesos de concesión de permisos, por encima de las preocupaciones medioambientales o sociales;
  • la apertura a la posibilidad de debilitar las leyes de protección del agua y de la naturaleza.

Entre las principales conclusiones del informe se incluyen:

Exigencias del sector incorporadas a la nueva legislación de la UE: Las medidas propuestas en ReSourceEU, el «Omnibus medioambiental», el «Paquete de redes» y la Ley de Aceleración Industrial acelerarían los proyectos, debilitarían o eludirían las evaluaciones de impacto ambiental, ampliarían las aprobaciones tácitas y restringirían el acceso a la justicia. Los sectores y proyectos estratégicos —entre los que se incluyen la minería, el gas fósil, la captura, el transporte y el almacenamiento de CO₂, el hidrógeno y los centros de datos— serían calificados de «interés público» y se beneficiarían de una tramitación acelerada de los permisos. Se esperan más concesiones a la presión de la industria en la próxima Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, así como en la propuesta de infraestructura de transporte de CO₂.

La industria celebra los logros en materia de desregulación, pero quiere más: el grupo de presión del sector del petróleo y el gas IOGP elogió la Ley Ómnibus de Medio Ambiente y el Paquete de Redes por lograr «avances reales en las demandas de larga data de la industria». Los miembros de BusinessEurope presionaron con éxito para conseguir exenciones de las evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos de infraestructura de hidrógeno y CO₂ en la Ley de Aceleración Industrial. La IOGP y Euromines han formado una «Coalición Informal sobre Permisos» para hacer campaña a favor de un amplio «paquete ómnibus de permisos» destinado a debilitar múltiples protecciones medioambientales de una sola vez.

Una influencia sin precedentes de la industria en la formulación de políticas: Ursula von der Leyen solicitó consejos sobre desregulación directamente a la Mesa Redonda Europea de la Industria, se asoció con grupos del sector de los combustibles fósiles para organizar talleres sobre cómo «agilizar» la concesión de permisos y se basó en nuevos procesos de consulta —los «Diálogos de Implementación» y las «Evaluaciones de la Realidad»— dominados en gran medida por la industria.

Fondos públicos para respaldar a las industrias contaminantes: A petición de estas, la Comisión también está apoyando financieramente a las industrias contaminantes mediante nuevas medidas de «reducción de riesgos», un Banco de Descarbonización Industrial, normas de ayudas estatales más flexibles y otros mecanismos de financiación pública.

El informe incluye tres estudios de caso que ilustran los efectos potencialmente devastadores sobre las personas y el medio ambiente.

En Suecia, los modos de vida indígenas están siendo destruidos, se están perdiendo hogares y se está contaminando el agua en aras de un nuevo proyecto minero.
En toda Europa, las comunidades podrían verse obligadas a aceptar nuevos gasoductos de CO₂ que plantean graves riesgos de seguridad en caso de fuga, al tiempo que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.
En Irlanda, el aumento vertiginoso de la demanda de electricidad procedente de los nuevos centros de datos está contribuyendo al alza de los precios de la energía y al riesgo de apagones, mientras se construyen nuevas centrales de combustibles fósiles para abastecerlos.

«Permiso para contaminar» ponen de manifiesto solo algunas de las consecuencias potencialmente desastrosas que tendría la supresión de las normas de la UE en materia de permisos para las personas y el medio ambiente. Puede leer los casos prácticos completos aquí. o bien los resúmenes a continuación.

Nuevas minas en el norte de Suecia

Destrucción del modo de vida indígena: La nueva mina de mineral de hierro y metales de tierras raras de la empresa minera estatal LKAB, Per Geijer, amenaza con interrumpir la última migración estacional que queda de la comunidad indígena sami local de Gabna, dedicada al pastoreo de renos. Lars-Marcus Kuhmunen, presidente de Gabna, explica: «Todo gira en torno al pastoreo de renos. Si eso deja de existir, la cultura sami también dejará de existir. »

Calificada como estratégica: Per Geijer es uno de los 47 proyectos dentro de la UE calificados como estratégicos en virtud de la Ley de Materias Primas Críticas, que limita el proceso de concesión de permisos a «no más de 27 meses», restringiendo las evaluaciones ambientales y la consulta a la comunidad. LKAB ejerció una influencia desmesurada sobre el proceso, reuniéndose con altos funcionarios de la Comisión en seis ocasiones durante los tres meses previos a que la Comisión concediera a Per Geijer el estatus estratégico.

LKAB lleva la batalla a la UE: El recientemente dimitido director ejecutivo de LKAB, Jan Moström, también ha sido presidente del poderoso grupo de presión Euromines, que se ha asegurado de que la agenda de desregulación de la industria minera sueca se promueva a nivel de la UE, por ejemplo, mediante la creación de la Coalición Informal para la Concesión de Permisos junto con el grupo de presión del petróleo y el gas IOGP.

Desregulación del agua: En diciembre de 2025, la UE anunció que reabriría la Directiva Marco del Agua para fomentar una mayor actividad minera. La comisaria responsable de la legislación sobre el agua, la sueca Jessica Roswall, se reunió con LKAB y Euromines en múltiples ocasiones, e incluso visitó a Per Geijer junto con Moström.

Recurso judicial: Gabna ha presentado un recurso contra Per Geijer ante los tribunales, pero no son los únicos. Varias organizaciones de Portugal han llevado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mina de litio de Barroso, que también ha sido calificada de «proyecto estratégico». Cabe esperar más resistencia.

Gasoductos de CO₂ en toda Europa

Los nuevos gasoductos de CO₂ construidos por la vía rápida pueden ser letales: los planes de la UE para los gasoductos de CO₂ se están acelerando gracias a lagunas en la normativa. Sin embargo, como han demostrado los accidentes en el condado de Yazoo (EE. UU.), suponen un grave riesgo para la salud. Las fugas pueden provocar asfixia, hospitalizaciones masivas y efectos duraderos sobre la salud. Dada la densidad de población mucho mayor en Europa, la rotura de un gasoducto podría incluso resultar mortal.

Retrasan la eliminación gradual de los combustibles fósiles: Los gasoductos se utilizan para justificar el uso continuado del petróleo y el gas, con la promesa (poco realista) de que las emisiones serán capturadas, transportadas y almacenadas.

Italia y Alemania tienen grandes planes: La UE tiene previsto construir 19 000 km de gasoductos de CO₂ para 2050, con un coste de hasta 23 000 millones de euros, que atravesarán algunas de sus zonas más densamente pobladas. Alemania e Italia tienen grandes planes, y sus respectivos líderes, Mertz y Meloni, abogan por una flexibilización de las leyes de concesión de permisos. En ambos casos se están encontrando con una fuerte oposición.

Los gasoductos de CO₂ en Italia: como parte del polémico proyecto de captura y almacenamiento de carbono de Rávena, y con el respaldo de los gigantes del gas Eni y Snam, se prevé construir gasoductos de CO₂ a solo unos metros de viviendas. Se prevé la construcción de un gasoducto de CO₂ de 100 km a través de zonas con alto riesgo de terremotos e inundaciones, así como de lugares con gran biodiversidad y hábitats importantes protegidos por la normativa europea Natura 2000. Se está tramitando por la vía rápida y se considera de interés público superior gracias a su inclusión en la lista de la UE de proyectos de interés común.

La industria consiguió lo que quería: tanto la Mesa Redonda Europea de la Industria (ERT) como BusinessEurope presionaron para que se introdujeran lagunas normativas en relación con las infraestructuras de CO2. La ERT también presionó para crear una «red troncal de infraestructuras de CO2» de tuberías en toda Europa, algo que probablemente conseguirá en la próxima ley sobre infraestructuras y mercados de CO2, impulsada también por grupos como el de petróleo y gas IOGP.

Centros de datos en Irlanda

Grandes planes de expansión: El plan de la Comisión —marcado por las grandes empresas tecnológicas— consiste en triplicar el número de centros de datos en Europa en un plazo de cinco a siete años. Esto supondrá un aumento de las emisiones, escasez de agua y facturas de energía más elevadas, al tiempo que supondrá un respiro para la industria de los combustibles fósiles, ya que se construirán nuevas infraestructuras de gas para abastecerlos. Debido a la gran presencia de las grandes empresas tecnológicas en Irlanda, este país se encuentra en primera línea en Europa del crecimiento exponencial de estas «fábricas de IA».

Las facturas de los hogares subvencionan las fábricas de IA: Irlanda tiene los segundos precios de electricidad para los hogares más altos de Europa, pero los operadores de centros de datos solo pagan la mitad de lo que pagan los hogares, y esta desigualdad va a empeorar. Mientras que se espera que las facturas de los hogares aumenten entre un 8 % y un 21 % en los próximos cinco años, los centros de datos verán cómo sus precios bajan un 14 %.

La gran demanda de electricidad conduce al uso de combustibles fósiles: en las afueras de Dublín se han construido grandes complejos que agrupan a docenas de centros de datos, los cuales consumen la asombrosa cifra del 50 % de la demanda eléctrica de la ciudad. Debido a la escasez de electricidad, estos complejos se alimentarán cada vez más con combustibles fósiles, como es el caso de las instalaciones de Microsoft en Grange Castle.

El Gobierno irlandés respalda a las grandes tecnológicas: Ya en 2017, el Gobierno irlandés intentó eludir la aprobación de las autoridades locales proponiendo calificar los centros de datos como infraestructura «estratégica», lo que habría limitado las posibilidades de recurso y acelerado la concesión de permisos. Además, está realizando importantes inversiones en nuevas infraestructuras de GNL para satisfacer la creciente demanda de electricidad, lo que socava los objetivos climáticos del país.

Éxito del lobby de las grandes tecnológicas en Irlanda: Las grandes tecnológicas ya han conseguido revocar una moratoria de facto sobre los nuevos centros de datos en Dublín, impuesta por el regulador energético irlandés, y desde entonces el Gobierno irlandés ha introducido una política favorable a los centros de datos, denominada LEAP.

Las grandes tecnológicas apuntan a las leyes de la UE: Los planes para centros de datos recientemente aprobados podrían incumplir múltiples leyes de la UE que forman parte de su sistema de concesión de permisos, razón por la cual ahora son objeto del cabildeo de las grandes tecnológicas. Pero en lugar de plantar cara, la UE ha desplegado la alfombra roja, invitando a grupos de la industria tecnológica como Digital Europe y la CCIA a un evento especial para partes interesadas sobre el Paquete Medioambiental, que posteriormente incluyó la aceleración de las evaluaciones ambientales.

Las grandes tecnológicas apuntan a la concesión de permisos: los documentos de presión política revelan que las grandes tecnológicas quieren acelerar el proceso de concesión de permisos, minimizar las obligaciones climáticas y medioambientales y debilitar la capacidad de las comunidades locales para oponerse a sus planes. Google quiere que la Comisión Europea limite el derecho a presentar objeciones contra los permisos para centros de datos únicamente a quienes vivan en un radio de 50 metros.

Lee los casos prácticos completos y mucho más en nuestro último informe «Permiso para contaminar: la UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes».

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Otra historia de justicia al revés

1 Junio 2026 at 08:00
Por: Arturo

Imagen: Fotograma de la película La Gran Apuesta (Adam Mckay 2015)

El Tribunal Supremo se alinea con los bancos y estima que el sobrecoste de las hipotecas, más de 25.000 euros de media que han pagado casi un millón de clientes, no es abusivo

Juan Torres López Publicado originalmente en CTXT

El magistrado emérito y presidente de honor de esta revista, José Antonio Martín Pallín, está mostrando en sus intervenciones y libros que en España se viene produciendo un golpe de Estado judicial. Sus argumentos me parecen de gran solidez y comparto esa opinión. Todavía más, viendo cómo se instruye y acusa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o a la esposa del presidente del Gobierno, por no hablar de lo sucedido con el anterior fiscal general. En este artículo, sin embargo, no me propongo incidir en esa idea, sino mostrar que el Tribunal Supremo español tiene una querencia especial que le lleva a favorecer de forma desproporcionada a los poderosos en general y a los bancos en particular.

Utilizaré como prueba de ello un caso que ha tenido un enorme coste para millones de españoles, el de las reclamaciones por la utilización por las entidades bancarias del denominado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

El IRPH

El IRPH es un índice oficial calculado por el Banco de España como media de los tipos de los préstamos hipotecarios que dan las entidades bancarias. A diferencia de otro quizá más conocido, el Euríbor (tipo de interés medio al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario), el IRPH incorpora en su cálculo los diferenciales (el tipo fijo que los bancos pueden sumar al interés de referencia) y las comisiones que los bancos cobran. Por tanto, es más caro para el consumidor. 

Por esta última razón, el Banco de España advirtió en 1994 de que, para igualar ambos índices, cuando se aplicara el IRPH se debería añadir un diferencial negativo al precio real del mercado.

El problema

Esa cantidad de dinero supuso una merma muy notable de gasto en consumo que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios

Si ese diferencial no se incluye, el consumidor al que un banco aplica el IRPH terminará pagando bastante más al final de la hipoteca que si se le aplica cualquier otro. Y el problema se produjo cuando, en miles de casos, los bancos no sólo no lo aplicaron, sino que ni siquiera informaron con un mínimo detalle a sus clientes del sobrecoste en el que incurrían.

El daño total producido es difícil de calcular, pero hay estimaciones que dan buena medida de su magnitud y gravedadLas del beneficio extraordinario que obtuvieron los bancos españoles al aplicar el IRPH en lugar de otros índices más bajos varían entre los 25.000 millones de euros entre 2004 y 2009 de la asociación de consumidores Asufin, los 37.000 millones de euros calculados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los 44.000 millones de Goldman Sachs. El sobrecoste pagado en promedio por cada consumidor se situó entre 25.000 y 28.000 de euros, y el número de personas afectadas se estima entre 500.000 y un millón.

Es importante señalar que el sobreprecio que los bancos impusieron a sus clientes no provocó solamente un daño o coste económico particular a las personas afectadas. Esa cantidad de dinero tan grande que dejó de estar en sus bolsillos para irse a la cuenta de beneficios de los bancos supuso una merma muy notable de gasto en consumo o de ahorro familiar que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, disminuyó también los ingresos de miles de empresas productivas. Un efecto muy negativo para la economía que se produjo, además, en años particularmente complicados por vivirse bajo el impacto de una gran crisis económica.

Las reclamaciones

Cuando los pagos mensuales de la hipoteca comenzaron a darse, miles de personas comprobaban que pagaban más dinero que otras personas que las tenían de la misma cuantía. Enseguida descubrieron que los bancos les habían aplicado un tipo de interés basado en un índice más elevado sin haberles informado de ello. Comenzaron a interponerse entonces cientos de reclamaciones y demandas judiciales.

Sobre la mesa se pusieron dos cuestiones esenciales. La primera, si los bancos habían actuado con buena fe profesional, si cumplieron con un elemental deber de transparencia y, como he dicho, si informaron a sus clientes de que el índice aplicado terminaría por hacerles pagar una cantidad más elevada. La segunda, si la posible falta de información había supuesto un abuso real, es decir un sobrecoste sustancial y no poco significativo.

Las disputas llegaron finalmente al Tribunal Supremo y al de Justicia de la Unión Europea y el resultado ha sido muy claro: proteger a la banca, recurriendo para ello a construcciones jurídicas que poco tienen que ver con la idea material de justicia, en el sentido más elemental y auténtico de este término.

La trampa del Tribunal Supremo 

Para comprender lo que ha hecho el Supremo, no basta con decir que falló a favor de los bancos. Hay que saber explicar cómo lo hizo, porque la sofisticación del mecanismo es precisamente lo que lo hace tan eficaz y difícil de combatir.

El Tribunal construyó a lo largo de varios años un mecanismo de protección a los bancos basado en tres elementos fundamentales.

El primero, separar transparencia de abuso para vaciar de contenido a ambas. El Supremo estableció en 2017 que el IRPH era un índice oficial y que su mera oficialidad implicaba transparencia. Cuando en 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obligó a corregir esa posición, el Supremo lo aceptó formalmente. Pero rápidamente neutralizó su efecto estableciendo que la transparencia quedaba cumplida sólo con que el contrato mencionara el índice e hiciera referencia a la Circular del Banco de España, sin necesidad de explicar al cliente qué dice ni qué implica. 

El segundo elemento fue hacer que el desequilibrio entre las partes fuese prácticamente indemostrable. Para ello, el Supremo estableció que, aunque se acreditara falta de transparencia, la cláusula seguía siendo válida salvo que se demostrara que había una desproporción “muy evidente” entre el tipo efectivo y el de mercado en el momento de la firma. Y para ello descartó expresamente la comparación entre el IRPH y el euríbor (el único dato que la mayoría de los afectados puede acreditar con facilidad), exigiendo en cambio una prueba pericial que es de enorme complejidad y de alto coste, sobre todo para los consumidores.

Para demostrar que hubiera habido abuso, el perito del consumidor afectado tendría que reconstruir el coste medio real de todas las hipotecas firmadas en España en el mes exacto de la firma, para lo cual se necesita combinar fuentes del Banco de España, estadísticas del INE y datos de tipos medios de mercado, y justificar en cada caso la elección metodológica realizada. Pero el banco, por su parte, contratará a su propio economista con criterios diferentes, igualmente defendibles. Y el Supremo se reserva el derecho a rechazar cualquier metodología sin haber fijado de antemano qué fuentes son válidas, ni cuántos puntos de diferencia constituyen una desproporción suficiente. 

El tercer elemento fue aún más ingenioso y taimado. Para determinar el daño real, el Supremo no pidió comparar el IRPH con el euríbor ni tomar en consideración el sobrecoste total de la hipoteca. Estableció que el IRPH se debía comparar con un índice sintético representativo del coste medio del crédito general en el mercado, y no sólo con otros índices hipotecarios. Al incorporar referencias más amplias, el resultado es un índice inevitablemente más elevado, lo que facilita concluir que el daño ocasionado por la aplicación del IRPH es reducido. 

Como añadido, el Supremo exigió que cada afectado probase individualmente qué entendió a la hora de contratar, qué información recibió y cómo se produjo la comercialización concreta de su hipoteca, lo cual hizo prácticamente inviable la litigación colectiva, que es la que favorece la resolución de este tipo de abusos a favor de los consumidores.

El resultado del mecanismo completo es evidente y previsible: si la transparencia se supera con casi cualquier mención formal al índice, y si el abuso sólo se declara ante una desproporción que hay que demostrar con una pericial que el Supremo puede rechazar sin argumentos objetivos, y comparando el IRPH con índices de tarjetas de crédito, la nulidad del IRPH se convierte en prácticamente imposible.

Europa corrigió en falso

Muchas personas afectadas por el IRPH pusieron sus esperanzas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque la Directiva europea 13 de 1993 estableció con claridad que una cláusula no negociada individualmente puede ser declarada nula si causa un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, y que el consumidor debe poder comprender sus consecuencias económicas reales. Una directiva que tiene primacía sobre el derecho nacional.

Con ese fundamento, el TJUE sentenció en 2020 que el IRPH no es intocable por el hecho de ser un índice oficial; que los bancos debían haber facilitado información suficiente; y que, si no lo hicieron, el juez puede declarar la nulidad. Y en 2024 reafirmó que la publicación oficial no bastaba para cumplir la exigencia de transparencia y que la comparación debe hacerse con el conjunto del mercado hipotecario, no solo con el euríbor.

Sin embargo, el tribunal europeo no declaró abusivo el IRPH, no dijo que las cláusulas fueran nulas por definición y no estableció una consecuencia automática. Manteniendo formalmente una posición diferente a la del Supremo, lo que hizo en realidad fue establecer principios abstractos y devolver la pelota a los tribunales españoles.

Y lo más revelador llegó en febrero de 2026. Una sentencia de 12 de febrero vino a respaldar explícitamente la posición del Supremo: la transparencia no exige al banco explicar la metodología del índice, siendo suficiente informar de la variabilidad y sus consecuencias económicas. Seis años después de su primera corrección al Supremo, el tribunal europeo se puso de acuerdo con él. 

No es justicia, es política. Son privilegios

A la hora de juzgar el comportamiento de los bancos, muchos jueces dictaron sentencias sensatas y equilibradas. El Tribunal Supremo, por el contrario, recurrió a argumentos sibilinos para imposibilitar, en la práctica, que los abusos de los bancos pudieran revelarse. Recurriendo a argumentos claramente torticeros ha permitido que estos últimos hayan producido un daño multimillonario a millones de españoles, a miles de empresas y al conjunto de la economía. 

En la crisis de 2008 se quiso convencer a la gente de que los bancos que se habían hundido a base de estafar a sus clientes mediante todo tipo de irregularidades y engaños eran “demasiado grandes para dejarlos caer”. En el caso del IRPH, el Tribunal Supremo español nos ha demostrado que, además, son suficientemente poderosos como para que no se pueda (o no se quiera) quitarles sus privilegios. No ha hecho justicia, ha dado otros nuevos al más fuerte. 

Y eso quizá explique también por qué se dan golpes de Estado contra unos políticos y no contra otros.

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Alto TLC UE-México

21 Mayo 2026 at 09:00
Por: Arturo

No mñas "modernización" del acuerdo global TLC UE-MNo mñas "modernización" del acuerdo global TLC UE-M

Alto al Acuerdo Global y Comercial “modernizado” entre la Unión Europea y México

Attac España suscribe el presente comunicado

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para exigir que no ratifiquen ni el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado” ni el Acuerdo Global que contiene un apartado sobre protección de inversiones y un mecanismo controversial que permite el  arbitraje inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).  

El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate y ni consulta pública. Se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Seis años más tarde, en medio de múltiples crisis y conflictos, los mandatarios europeos y mexicanos se apuran a firmar un acuerdo “modernizado” que tendrá peores consecuencias que su versión anterior, vigente desde 2000, por las siguientes razones:

  1. Beneficia a los inversores extranjeros en detrimento de la población local, el ambiente y el clima.

El Acuerdo Global incluye un apartado sobre la protección de inversiones que contiene el recurso del arbitraje inversor-Estado. Este mecanismo, conocido también por sus letras en inglés: ISDS (Investor-State-Dispute Settlement) le concede a inversores extranjeros el acceso privilegiado y exclusivo a un tribunal internacional para resolver sus controversias con estados. México es el 3er país más demandado ante tribunales de arbitraje a nivel mundial. Lleva más de 500 millones de dólares gastados en laudos perdidos y costos de defensa y aún hay demandas pendientes que suman al menos 5.500 millones de dólares. El Acuerdo Global amplía los derechos del arbitraje a inversores de otros países europeos y restringe la soberanía mexicana de decidir sobre sus políticas públicas a favor de la población, del ambiente y del clima y vice versa.

  1. Promueve un modelo extractivo sin fortalecer la producción local

El TLCUEM contiene un capítulo sobre recursos naturales que le impide a México poner precios diferenciales para el uso de sus minerales y recursos energéticos a nivel nacional y para la exportación. El capítulo de inversiones prohíbe la restricción del libre flujo de capitales y la imposición de los llamados requisitos de desempeño. Entonces ni los gobiernos europeos, ni el mexicano pueden obligar a los inversores del otro país a que, por ejemplo, usen un cierto porcentaje de contenido local en su producción o que transfieran tecnología y conocimiento. Sobre todo para México, país con recursos de interés para la Unión Europea, esto implica la restricción de medidas que promuevan el desarrollo económico y social a nivel  nacional y local. 

Debilita la producción agrícola mexicana

A cambio de obtener tres años más del derecho de regular su mercado energético, México eliminó aún más aranceles para la importación de alimentos a su mercado interno, sobre todo de carne y productos lácteos. Sumado a las concesiones ya dadas para la importación de más lácteos y otros productos agrícolas o alimentos procesados, esto amenaza la producción local de alimentos en México y la situación del campesinado. Además, promueve un comercio innecesario – ya que México no necesita importar ni más carne ni más lácteos para satisfacer la demanda nacional – que contribuye al cambio climático.

  1. Promueve la relocalización de producción de ciertas industrias a México, sin garantizar estándares ambientales y laborales

El TLCUEM constituye el marco para que empresas europeas puedan relocalizar con más facilidad su producción a México. De hecho, muchas empresas europeas ya producen en México. La experiencia de Electrolux en Cd Juarez con su represión a los trabajadores que quieren formar un sindicato es  bien conocida. Recientemente, Volkswagen anunció el traslado de más partes de su producción de automóviles a México, donde lxs trabajadorxs ganan considerablemente menos y las leyes ambientales se implementan menos. Al mismo tiempo, la corporación anunció que eliminaría 30,000 puestos de trabajo en sus plantas en Alemania hasta 2030.

Actualmente, 50 zonas en México se encuentran en emergencia sanitaria y ambiental. La razón: la producción industrial indiscriminada. Una de las zonas más afectadas es la de Puebla-Tlaxcala donde Volkswagen y otras empresas europeas tienen sus plantas. El TLCUEM, como todos los tratados firmados por la UE, incluye solo un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible con disposiciones que no son vinculantes. El debilitamiento en la UE de la ley de debida diligencia (CSDDD) empeora esta situación.

A esto se suma que el tema de género es soslayado en el tratado aún cuando este comercio afecta directamente a muchas mujeres en México a nivel laboral y de consumo, pero también a nivel ambiental.

Estos son sólo algunos puntos preocupantes de este acuerdo. Se podría mencionar también la apertura a nivel nacional y de los estados provinciales de las licitaciones públicas a empresas europeas sin precedentes y con un impacto en la promoción de PYMES y el grave impacto sobre los derechos humanos. De hecho, la actualización del Acuerdo Global México–UE se ha realizado sin una evaluación integral de su impacto en derechos humanos. Al reducir el análisis al ámbito comercial, se oculta la responsabilidad de la relación bilateral en contextos de violaciones graves, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado o el asesinato de personas defensoras en México. Ratificar el acuerdo en estas condiciones constituye una decisión política que asume responsabilidad en la continuidad de estas violencias.

El TLCUEM y el Acuerdo Global son instrumentos que profundizan un modelo económico destructor en México y en la Unión Europea con privilegios para inversores y daños para la población. No subsanan la asimetría existente entre las dos economías, ni promueven un desarrollo sostenible o un comercio que respete los límites planetarios. Por eso, instamos a los representantes políticxs de ambos lados del Atlántico a no ratificar estos acuerdos. 

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Observatorio de la Desregulación

19 Mayo 2026 at 08:00
Por: Arturo

Una herramienta imprescindible de seguimiento de las políticas europeas de desregulación y una alerta sobre las posibles consecuencias sociales y ambientales de  la agenda de competitividad de la UE, donde se prioriza la competitividad empresarial sobre la regulación pública, bajo el pretexto de simplificación de trámites administrativos.

Arturo Martínez. Comunicación Attac España.

EL Observatorio Europeo de las Empresas (CEO por sus siglas en inglés) es un grupo de investigación y activismo que trabaja para sacar a la luz y cuestionar el acceso privilegiado y la influencia de que gozan las empresas y sus grupos de presión en la elaboración de las políticas de la Unión Europea (UE)

El observatorio nos advierte de las consecuencias sociales y ambientales que la vigente priorización de la competitividad empresarial sobre la regulación pública de la UE nos traerá si no revertimos la situación. Y para ello lleva a cabo el proyecto “Deregulation Watch” (Observatorio de la Desregulación) del que, desde Attac, ya os hemos dado cuenta y recomendado anteriormente. Deregulation watch analiza y documenta la agenda de desregulación promovida por la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen.

La Unión Europea está entrando en una nueva fase política en la que el objetivo de aumentar la “competitividad” empresarial se traduce en una reducción o flexibilización de normas sociales, ambientales, digitales y de protección de derechos.

Esta orientación política está fuertemente influida por las grandes patronales y grupos de presión empresariales, que consideran que muchas regulaciones europeas representan costes excesivos para las empresas. La consecuencia puede ser un debilitamiento progresivo de estándares construidos durante décadas en ámbitos como la protección ambiental, los derechos laborales, la privacidad digital, la transparencia corporativa y la salud pública.

La herramienta “Deregulation Watch”, que desde Attac España recomendamos, nos sirve de seguimiento  a las organizaciones sociales, sindicatos, activistas y ciudadanas interesadas en comprender cómo avanza este proceso de desregulación y qué sectores económicos son sus principales beneficiarios.

Contexto político y económico

El CEO sitúa el origen de esta ofensiva desreguladora en la preocupación de las instituciones europeas por la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. Diversos actores económicos y políticos sostienen que Europa tiene un exceso de regulación que ralentiza la innovación, las inversiones y el crecimiento económico.

En este contexto, la Comisión Europea ha empezado a presentar propuestas de “simplificación normativa”, justificadas oficialmente como medidas para reducir burocracia y facilitar la actividad empresarial. Bajo este término de “simplificación” lo que se oculta es una estrategia más amplia de desmantelamiento regulatorio.

Las políticas europeas estén priorizando los intereses de grandes empresas industriales, tecnológicas, químicas y financieras frente a objetivos como la transición ecológica, la protección de consumidores o los derechos laborales.

Principales mecanismos de desregulación identificados

1. Paquetes “ómnibus” legislativos

Uno de los instrumentos más relevantes son las llamadas leyes “ómnibus”. Estas iniciativas agrupan múltiples modificaciones regulatorias en un solo paquete legislativo. El mecanismo dificulta el debate democrático y facilita la eliminación simultánea de distintas obligaciones regulatorias. Entre las áreas afectadas se encuentran:

  • Requisitos de sostenibilidad empresarial.
  • Normas medioambientales.
  • Obligaciones de transparencia corporativa.
  • Controles sobre cadenas de suministro.
  • Protección de consumidores.

Este procedimiento favorece procesos rápidos y opacos, con poca supervisión pública.

2. Reducción de obligaciones de información empresarial

Otro aspecto central es la reducción de obligaciones de reporte y transparencia para las empresas.

La Comisión Europea ha planteado disminuir significativamente las exigencias de información relacionadas con sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa (RSC). El argumento oficial es que las pequeñas y medianas empresas soportan cargas administrativas excesivas.

Sin embargo, estas medidas pueden limitar la capacidad de controlar impactos ambientales, violaciones de derechos humanos y prácticas empresariales abusivas. Al tiempo que las empresas disponen de mayores márgenes para practicar “greenwashing”. Si no hay posibilidad de verificarlo ¿Qué va a evitar que se presenten como sostenibles sin serlo?

3. Obstáculos para nuevas regulaciones

El observatorio denuncia la creación de nuevos mecanismos institucionales que dificultan aprobar futuras regulaciones.

Entre ellos destaca el uso creciente de evaluaciones de impacto económico centradas casi exclusivamente en costes empresariales. Dejando en segundo plano beneficios sociales y ambientales.

Además, critica que determinadas propuestas exijan revisiones constantes de la legislación ya existente bajo criterios de competitividad, generando presión permanente para reducir normas protectoras.

4. Limitación de regulaciones nacionales

Otro elemento relevante es el intento de reforzar el mercado único europeo limitando la capacidad regulatoria de los Estados miembros. La Comisión Europea está impulsando controles más estrictos sobre las normativas nacionales que pueden afectar al funcionamiento del mercado interior. Esto puede dificultar que algunos países adopten estándares ambientales o sociales más ambiciosos que los mínimos europeos.

Se trata de una centralización normativa favorable a las grandes corporaciones multinacionales, interesadas en operar bajo reglas homogéneas y menos exigentes.

Sectores especialmente afectados

Sector ambiental y climático

Las políticas ambientales son uno de los principales objetivos de la agenda desreguladora.

Las industrias químicas, energéticas y automovilísticas aparecen frecuentemente como actores influyentes en las campañas de presión contra regulaciones ecológicas. El Observatorio advierte de posibles retrasos o debilitamientos en:

  • Objetivos climáticos.
  • Normas sobre sustancias tóxicas.
  • Regulaciones de emisiones industriales.
  • Requisitos de transición energética.
  • Legislación sobre economía circular.

La narrativa de la competitividad se utiliza para justificar excepciones regulatorias y ayudas públicas a sectores altamente contaminantes.

Sector digital y tecnológico

Grandes empresas tecnológicas están ejerciendo una intensa presión para suavizar normas relacionadas con:

  • Protección de datos.
  • Inteligencia artificial.
  • Transparencia algorítmica.
  • Competencia digital.
  • Moderación de contenidos.

Algunas propuestas de “simplificación digital” pueden reducir garantías fundamentales de privacidad y derechos de usuarios.

Por otro lado es alarmante la falta de transparencia en determinadas negociaciones entre instituciones europeas y grandes plataformas tecnológicas.

Derechos laborales y sociales

Entre las preocupaciones señaladas destacan:

  • Debilitamiento de normas de seguridad laboral.
  • Flexibilización de obligaciones empresariales.
  • Menor protección para trabajadores de plataformas digitales.
  • Reducción de estándares sociales en nombre de la competitividad.

Algunos sectores empresariales presentan las protecciones sociales como obstáculos económicos, favoreciendo un enfoque donde la reducción de costes laborales se convierte en prioridad política sobre otros derechos sociales.

Crítica al papel de los lobbies empresariales

Uno de los ejes centrales del análisis del Observatorio de la Desregulación es la influencia de los grupos de presión corporativos en la toma de decisiones europeas. Muchas de las propuestas actuales reproducen demandas históricas de grandes asociaciones empresariales europeas. Y representantes de la industria mantienen un acceso privilegiado a comisarios europeos y altos funcionarios.

El Observatorio denuncia especialmente:

  • La desproporción entre acceso empresarial y acceso de organizaciones civiles.
  • La opacidad de algunas reuniones y procesos consultivos.
  • La incorporación casi literal de demandas empresariales en propuestas regulatorias.
  • El uso del discurso de la competitividad para legitimar retrocesos normativos.

Estamos ante una forma de “captura corporativa” pavorosa de las instituciones europeas.

Riesgos identificados por el observatorio

El Corporate Europe Observatory considera que la actual ola desreguladora puede tener consecuencias profundas a medio y largo plazo. Y entre los riesgos principales menciona:

  1. Debilitamiento de estándares ambientales y climáticos.
  2. Menor transparencia empresarial.
  3. Retroceso en derechos laborales y sociales.
  4. Pérdida de protección de consumidores.
  5. Reducción de controles democráticos sobre grandes empresas.
  6. Aumento de la influencia corporativa en la legislación europea.
  7. Obstáculos para futuras políticas progresistas.
  8. Fragmentación de la confianza ciudadana en las instituciones europeas.

El observatorio teme que Europa abandone progresivamente su modelo regulatorio, históricamente más protector que el estadounidense, para adoptar una lógica más orientada a la liberalización económica.

Conclusión

Frente a todo ello, el Corporate Europe Observatory propone reforzar la vigilancia ciudadana, aumentar la transparencia institucional y mantener mecanismos regulatorios sólidos capaces de equilibrar intereses económicos con objetivos sociales, climáticos y democráticos.

Para saber más os remitimos a nuestra entrada: https://attac.es/curso-intensivo-sobre-la-ola-de-desregulacion-de-la-ue/

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Hacienda local, presupuestos municipales y financiación autonómica

3 Mayo 2026 at 20:22
Por: Arturo

Jornada online organizada por la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid: «Hacienda local, presupuestos municipales y financiación autonómica».

🗣🗣 Con la intervención de Carlos Sánchez Mato, Doctor en Economía y Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

Modera: María Teresa Vida, coordinadora de la Plataforma por la Justicia Fiscal en la Comunidad de Madrid.

Realizada el 20 de marzo de 2026

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El ISDS es una amenaza para nuestro futuro

27 Abril 2026 at 08:00
Por: Arturo

Fotografía: Reproducción de grafiti de banksy

Manifiesto de la Sociedad civil en contra del Sistema de disputa entre inversor y estado.

El sistema de disputa entre inversor y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) está amenazando una transición sostenible y justa lejos de combustibles fósiles y la urgente necesidad de una transformación ecológica y social para las personas y el planeta. Reconocemos la inclusión de este riesgo en los pilares temáticos de la primera Conferencia sobre Transición para Alejarse de los Combustibles Fósiles. 

Hacemos un llamado a los gobiernos para construir una coalición de países comprometidos con salir del ISDS. 

El sistema de ISDS se encuentra en miles de tratados de comercio  e inversión. Permite que las empresas transnacionales demanden a los gobiernos en tribunales opacos fuera del sistema legal nacional por cambios en leyes o políticas que puedan afectar de cualquier forma sus ganancias esperadas. El ISDS otorga a los inversores transnacionales privilegios que ninguna empresa pequeña o ciudadano/a tiene, en particular las personas y comunidades más afectadas precisamente por esas inversiones. 

Los impactos del sistema de arbitraje ISDS son palpables en todas las áreas de la sociedad y la economía, desde la salud pública a los servicios públicos, hasta la seguridad nacional o regulación sobre el uso seguro de sustancias químicas. Es un sistema profundamente antidemocrático que pone en riesgo los derechos, las soberanías y la autodeterminación. 

Durante muchos años, empresas petroleras, de gas y mineras así como corporaciones energéticas han demandado a cientos de países usando el ISDS , y esto va en aumento. Empresas de combustibles fósiles y del sector minero han usado el ISDS para ganar más de 87 mil millones de dólares de dinero público desde 1998.

Además de esto, en años recientes hemos visto un aumento en casos que directamente afectan políticas específicas de transición energética. Empresas transnacionales están demandando en relación con medidas que incluyen la descarbonización, por rechazar otorgar nuevas licencias de extracción de carbón o ampliar licencias existentes, impuestos extraordinarios sobre beneficios energéticos excesivos, prohibición de extraer petróleo en alta mar, regulación sobre el fracking y el cierre de yacimientos de gas. 

Las comunidades más afectadas por la crisis climática son casi siempre las más afectadas por estas demandas de ISDS ya que precisamente son estas quienes están luchando contra la destrucción del medio ambiente por la actividad minera y otros proyectos extractivos, incluida la creciente demanda de minerales críticos.  

Los principales riesgos del ISDS para una transición para alejarse de los combustibles fósiles y realmente avanzar en una transición energética son el aumento significativo de los costes asociados al pago de estas millonarias demandas a los inversores transnacionales y el efecto de congelación regulatoria sobre leyes y políticas necesarias. Las empresas transnacionales pueden demandar cantidades enormes de dinero público a través del ISDS, por lo general mucho mayores de las que obtendrían en un tribunal doméstico. Las reclamaciones recientes han alcanzado miles de millones, lo que supera la capacidad de muchos países para pagar y socava su capacidad para apoyar una transición justa. Como resultado, el temor a ser demandados puede hacer que los países retrasen o decidan no adoptar las medidas necesarias sobre los combustibles fósiles y otras industrias extractivas. Los países ya han admitido que esto está ocurriendo. 

Los organismos de la ONU han planteado preocupaciones fundamentales sobre el ISDS, incluido el informe del IPCC de 2022 y los informes de los Relatores Especiales.  La Corte Internacional de Justicia ha subrayado que los tratados de inversión no deben interpretarse de forma aislada, sino en armonía con el derecho internacional climático, y que los países tienen obligaciones derivadas de múltiples fuentes del derecho internacional para prevenir, mitigar y reparar el cambio climático y los daños resultantes.  La Hoja de Ruta de Bakú a Belém de las presidencias de la COP29 y la COP30 identifica el ISDS como una barrera sistémica.

Hacemos un llamado a los gobiernos para que comiencen a construir una coalición comprometida a liberarse de todas las formas de ISDS. Esta alianza buscaría formas para:

  • Cancelar tratados con ISDS, o renegociarlos para eliminar el ISDS, entre los gobiernos implicados, de maneras que aborden las «cláusulas de supervivencia».
  • Participar colectivamente con otros países para apoyar un mayor potencial de alejamiento del ISDS.
  • Comprometerse a no firmar nuevos acuerdos con ISDS.
  • Incluir disposiciones sobre la eliminación del ISDS en un futuro Tratado sobre Combustibles Fósiles.
  • Iniciar negociaciones para un tratado multilateral que permita avanzar hacia un mundo libre de ISDS.

Organizaciones firmantes

Global and regional

  1. 350.org
  2. Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
  3. Amnesty International
  4. bilaterals.org
  5. CAN Europe
  6. CANLA (Climate Action Network Latin America)
  7. Caritas Europa
  8. Center for International Environmental Law (CIEL)
  9. Centroamérica Hub de Finanzas Sostenibles
  10. CIDSE
  11. Corporate Europe Observatory (CEO)
  12. E3G
  13. European Environmental Bureau
  14. European Trade Justice Coalition
  15. Financial Transparency Coalition
  16. Focus on the Global South
  17. Friends of the Earth Europe
  18. Friends of the Earth International
  19. Global Forest Coalition
  20. GRAIN
  21. Greenpeace
  22. IBON International
  23. JASS – Just Associates
  24. JESC-Jesuit European Social Centre
  25. Natural Justice: Lawyers for Communities and the Environment
  26. Nordic Climate Justice Coalition
  27. Oxfam International
  28. Pacific Network on Globalisation
  29. Peace Brigades International (PBI)
  30. Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC
  31. Protección Internacional Mesoamérica
  32. Red Europea Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia
  33. Resource Justice Network
  34. Society for International Development (SID)
  35. Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI)
  36. Third World Network
  37. Transnational Institute
  38. We Don’t Have Time
  39. Yes to Life No to Mining

National

  1. 350 Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  2. Campaign Againbst Foreign Control of Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  3. Coal Action Murihiku, Aotearoa New Zealand
  4. Coal Action Network Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  5. Greenpeace Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  6. Lifestock inc Ltd, Aotearoa New Zealand
  7. Ngā Toki Whakarururanga, Aotearoa New Zealand
  8. Sustainable North Trust, Aotearoa New Zealand
  9. Zero Waste Aotearoa, Aotearoa New Zealand
  10. Armenian Environmental Front volunteer initiative, Armenia
  11. AidWatch, Australia
  12. Australian Conservation Foundation, Australia
  13. Australian Fair Trade and Investment Network, Australia
  14. Australian Forests & Climate Alliance (AFCA), Australia
  15. Australian Manufacturing Workers Union, Australia
  16. Australian Religious Response to Climate Change, Australia
  17. Bushfire Survivors for Climate Action, Australia
  18. Climate Action Burwood/Canada Bay, Australia
  19. Climate Action Monaro, Australia
  20. Climate Action Network Australia, Australia
  21. Climate Emergency Australia, Australia
  22. Climate Reality Project Australia & Pacific, Australia
  23. Combined Retired Union Members Association (CRUMA), Australia
  24. Currie Country Social Change Aboriginal Corporation, Australia
  25. Darebin Climate Action Now, Australia
  26. Friends of the Earth Australia, Australia
  27. GeneEthics, Australia
  28. Jubilee Australia, Australia
  29. Lighter Footprints, Australia
  30. Migrante Australia of New South Wales, Australia
  31. Nature Conservation Council of NSW, Australia
  32. New South Wales Nurses & Midwives’ Association, Australia
  33. NSW Retired Teachers’ Association, Australia
  34. Parramatta Climate Action Network, Australia
  35. Peoples Climate Assembly, Australia
  36. SEARCH Foundation, Australia
  37. Social Responsibilities Committee Anglican Church Southern Queensland, Australia
  38. South Coast Labour Council, Australia
  39. Sutherland Shire Environment Centre, Australia
  40. Tax Justice Network Australia, Australia
  41. Union Aid Abroad – APHEDA, Australia
  42. Uniting Church in Australia, Synod of Victoria and Tasmania, Australia
  43. Victorian Trades Hall Council, Australia
  44. Vote Earth Now, Australia
  45. AK Europa, Austria
  46. Anders Handeln Austria, Austria
  47. Attac Austria, Austria
  48. GLOBAL 2000, Austria
  49. Informationsgruppe Lateinamerika – IGLA, Austria
  50. Transform! at, Austria
  51. 11.11.11, Belgium
  52. achACT, Belgium
  53. ACV-CSC, Belgium
  54. ATTAC Belgium, Belgium
  55. Broederlijk Delen, Belgium
  56. Centre Tricontinental (CETRI), Belgium
  57. CNCD-11.11.11, Belgium
  58. Entraide & Fraternité, Belgium
  59. Fédération des services sociaux, Belgium
  60. Les Amis de la Terre – Belgique asbl, Belgium
  61. Solsoc, Belgium
  62. vzw Climaxi, Belgium
  63. Fundación Internet Bolivia, Bolivia
  64. Fundación Solón, Bolivia
  65. Programa de Asistencia Agrobioenergetica al Campesino PAAC, Bolivia
  66. SOMOS SUR, Bolivia
  67. TerraJusta, Bolivia
  68. Instituto EQUIT – Gender, Economy and Global Citizenchip, Brazil
  69. REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos, Brazil
  70. Dukingire Isi Yacu (DIY), Burundi
  71. Association for Solidarity through Humanitarian Imperative Action International, Cameroon
  72. Green Development Advocates (GDA), Cameroon
  73. Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), Canada
  74. Atlantic Regional Solidarity Network, Canada
  75. Attac Québec, Canada
  76. BC Casa Vancouver Island, Canada
  77. Black Environmental Initiative, Canada
  78. Canadian Association of the Club of Rome (CACOR), Canada
  79. Canadian Centre for Policy Alternatives, Canada
  80. Canadian Interfaith Fast For the Climate, Canada
  81. Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), Canada
  82. Citizens Climate Lobby Canada, Canada
  83. Climate Action Network Canada (CAN-Rac), Canada
  84. Common Frontiers, Canada
  85. Grandmothers Act to Save the Planet (GASP), Canada
  86. Guatemala Research Group, University of Northern British Columbia, Canada
  87. Legal Advocates for Nature’s Defence, Canada
  88. Maquila Solidarity Network, Canada
  89. Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Canada
  90. Mining Injustice Solidarity Network, Canada
  91. MiningWatch Canada, Canada
  92. National Union of Public and General Employees (Canada), Canada
  93. Trade Justice Network, Canada
  94. Chile Mejor sin TLC, Chile
  95. Censat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia, Colombia
  96. Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia
  97. Comité para la defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, Colombia
  98. LazosTech, Colombia
  99. Magazín de la Amazonía y Moviccapp, Colombia
  100. Observatorio Ambiental Ciudadano – Veeduría Ciudadana, Colombia
  101. Shambala, Colombia
  102. Youth Council – La Primavera – Vichada, Colombia
  103. Shujaa-Initiative, Congo DRC
  104. Colombia Solidarity, Denmark
  105. CRAC, Denmark
  106. Den Grønne Ungdomsbevægelse, Denmark
  107. Fossilfri Fremtid, Denmark
  108. Frie Bønder Levende Land (Danish La Via Campesina), Denmark
  109. NOAH – Friends of the Earth Denmark, Denmark
  110. Amigas de la Tierra, España
  111. ATTAC España, España
  112. Colectivo Sur Cacarica, España
  113. Confederación General del Trabajo, España
  114. Departamento de Ecología Integral, Conferencia Episcopal Española, España
  115. Ecologistas en Acción, España
  116. Enginyeria sense Fronteres, España
  117. Enginyeria sense fronteres de les Illes Balears, España
  118. Fundación Vida Sostenible, España
  119. Intersindical Solidària, España
  120. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España, España
  121. Medicusmundi Spain, España
  122. Observatori del Deute en la Globalització (ODG), España
  123. Recortes Cero, España
  124. REVO Prosperidad Sostenible, España
  125. Salva la Selva, España
  126. Unión Universal Desarrollo Solidario, España
  127. Austrian Trade Union Federation, Europe
  128. Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), Fiji
  129. Amis de la Terre France / Friends of the Earth France, France
  130. Attac France, France
  131. BLOOM, France
  132. CliMates, France
  133. Confédération paysanne, France
  134. France Amérique Latine, France
  135. France Nature Environnement, France
  136. GAFE-France, France
  137. MABD, France
  138. Notre Affaire A Tous, France
  139. Reclaim Finance, France
  140. Veblen Institute, France
  141. Association for Farmers Rights Defense (AFRD), Georgia
  142. Andy Gheorghiu Consulting, Germany
  143. Attac Berlin, Germany
  144. Attac Germany, Germany
  145. BUND Regionalverband Nordschwarzwald/ D, Germany
  146. CADEHO Menschenrechtskollektiv, Germany
  147. FDCL – Center for Research and Documentation Chile-Latin America, Germany
  148. German NGO Forum on Environment and Development, Germany
  149. Hamburger Energietisch e. V., Germany
  150. Hondurasdelegation, Germany
  151. Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel, Germany
  152. Misereor, Germany
  153. Netzwerk gerechter Welthandel, Germany
  154. PowerShift e.V., Germany
  155. Stiftung Asienhaus, Germany
  156. Umweltinstitut München e.V., Germany
  157. Weltladen Hailer, Germany
  158. Zukunftsrat Hamburg, Germany
  159. NatureFriends Greece, Greece
  160. Residencia Pacífica La Puya, Guatemala
  161. Instituto para el Futuro Común Amerindio IFCA, Honduras
  162. Red de abogadas defensoras de derechos humanos, Honduras
  163. National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary, Hungary
  164. Association for Promotion Sustainable Development, India
  165. Samata, India
  166. The Future We Need, India
  167. Aceh Wetland Forum, Indonesia
  168. Coalition Against Mining in Aceh, Indonesia
  169. Ekologi Maritim Indonesia, Indonesia
  170. Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia
  171. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesia
  172. KRuHA – people’s coalition for the right to water, Indonesia
  173. Puanifesto, Indonesia
  174. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Indonesia
  175. Think Inc Indonesia Legal Office, Indonesia
  176. Afri (Action from Ireland), Ireland
  177. Christian Aid Ireland, Ireland
  178. Comhlámh, Ireland
  179. Communities Against the Injustice of Mining (CAIM network), Ireland
  180. Earth Restore, Ireland
  181. Financial Justice Ireland, Ireland
  182. Friends of the Earth Ireland, Ireland
  183. Green Greystones, Ireland
  184. National Council for People with Disabilities (NCPD), Ireland
  185. Trócaire, Ireland
  186. ATTAC Italia, Italy
  187. Fairwatch, Italy
  188. Rinascimento Green, Italy
  189. Community Action For Health And Development (CAHED), Kenya
  190. Action Solidarité Tiers Monde (ASTM), Luxembourg
  191. Mouvement Ecologique, Luxembourg
  192. Seniors for Climate Luxembourg, Luxembourg
  193. Consumers’ Association of Penang, Malaysia
  194. Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth Malaysia), Malaysia
  195. Friends of the Earth Malta, Malta
  196. GeoComunes, México
  197. MIRA Feminismos y Democracias, México
  198. Otros Mundos Chiapas, México
  199. Procesos Integrales para la Autogestion de los pueblos, México
  200. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), México
  201. Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz, México
  202. Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), México
  203. Rizoma Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes, México
  204. Justiça Ambiental JA!, Mozambique
  205. Both ENDS, Netherlands
  206. Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Netherlands
  207. Handel Anders! (Dutch Trade Justice Coalition), Netherlands
  208. Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands, Netherlands
  209. OECD Watch, Netherlands
  210. Platform Duurzame en Solidaire Economie, Netherlands
  211. Working group Food Justice, Netherlands
  212. Nigerian Women Agro Allied Farmers Association, Nigeria
  213. Policy Alert, Nigeria
  214. Renevlyn Development Initiative, Nigeria
  215. Handelskampanjen, Norway
  216. Colectivo Voces Ecológicas COVEC, Panamá
  217. Ecological Society of the Philippines, Philippines
  218. Legal Rights and Natural Resources Center – Friends of the Earth Philippines, Philippines
  219. Sibuyanon Against Mining, Philippines
  220. Polish Zero Waste Associaion, Poland
  221. Campo Aberto, Portugal
  222. CIDAC – Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral, Portugal
  223. Ecomood Portugal, Portugal
  224. Extinction Rebellion Minho, Portugal
  225. GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, Portugal
  226. Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural, Portugal
  227. TROCA – Plataforma por um Comércio Internacional Justo, Portugal
  228. ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, Portugal
  229. ActionAid International Senegal, Sénégal
  230. ONG Solidarité Ci Sutura, Sénégal
  231. Umanotera, Slovenia
  232. Alternative Information & Development Centre (AIDC), South Africa
  233. Jordens Vänner / Friends of the Earth Sweden, Sweden
  234. Alliance Sud, Switzerland
  235. Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland, Switzerland
  236. Public Eye, Switzerland
  237. Sustainable Holistic Development Foundation (SUHODE Foundation), Tanzania
  238. TATIC, Tanzania
  239. Baloos Foundation, Timor Leste
  240. Network of Rural Women Producers Trinidad and Tobago, Trinidad and Tobago
  241. Centre for Citizens Conserving Environment & Management (CECIC), Uganda
  242. ABColombia, United Kingdom
  243. Action for Southern Africa (ACTSA), United Kingdom
  244. Balanced Economy Project, United Kingdom
  245. CAFOD, United Kingdom
  246. Campaign against Climate Change, United Kingdom
  247. Compassion in World Farming, United Kingdom
  248. Corporate Justice Coalition, United Kingdom
  249. Debt Justice UK, United Kingdom
  250. Earth Thrive, United Kingdom
  251. EcoNexus, United Kingdom
  252. Encountering Existence Ltd, United Kingdom
  253. Environmental Justice Foundation (EJF), United Kingdom
  254. Environmental Network for Central America (ENCA), United Kingdom
  255. Faith for the Climate, United Kingdom
  256. Fire Brigades Union, United Kingdom
  257. Fresh Eyes, United Kingdom
  258. Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland, United Kingdom
  259. Friends of the Earth Scotland, United Kingdom
  260. Fuel Poverty Action, United Kingdom
  261. Gaia Foundation, United Kingdom
  262. Global Justice Now, United Kingdom
  263. Global Witness, United Kingdom
  264. Green New Deal Rising, United Kingdom
  265. Greenpeace UK, United Kingdom
  266. Labour Behind the Label, United Kingdom
  267. London Mining Network, United Kingdom
  268. Mothers Rise Up, United Kingdom
  269. Oxfam GB, United Kingdom
  270. PCS Union, United Kingdom
  271. Positive Money, United Kingdom
  272. Stamp Out Poverty, United Kingdom
  273. Tipping Point UK, United Kingdom
  274. Trade Justice Movement, United Kingdom
  275. War on Want, United Kingdom
  276. Weald Action Group, United Kingdom
  277. 350 Bay Area Action, United States
  278. 350 Wisconsin, United States
  279. Alliance for Global Justice, United States
  280. Center for Economic and Policy Research (CEPR), United States
  281. Cross Border Network for Justice & Solidarity, United States
  282. Denver Justice and Peace Committee, United States
  283. Earth Ethics, Inc., United States
  284. Earthworks, United States
  285. Global Justice Ecology Project, United States
  286. Indigenous Research Center of the Americas, United States
  287. Institute for Agriculture and Trade Policy, United States
  288. Institute for Policy Studies – Global Economy Project, United States
  289. Latin America Solidarity Coalition, United States
  290. Local Futures, United States
  291. Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), United States
  292. NETWORK Lobby for Catholic Social Justice, United States
  293. Nicaragua Solidarity Coalition, United States
  294. Portland Central America Solidarity Committee (PCASC), United States
  295. Public Citizen, United States
  296. Rethink Trade, United States
  297. Rochester Committee on Latin America, United States
  298. SAFES, United States
  299. Sierra Club, United States
  300. Sisters of Mercy of the Americas – Washington DC Justice Team, United States
  301. Trade Justice Education Fund, United States
  302. United Church of Christ, United States
  303. Cross border organizing working group / line 5 coalition, United States and Canada
  304. REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, Uruguay
  305. NatureWize Vietnam, Vietnam
  306. Yemeni Observatory for Human Rights, Yemen
  307. Climate Action Network Zimbabwe, Zimbabwe

La entrada El ISDS es una amenaza para nuestro futuro se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

La entrada El ISDS es una amenaza para nuestro futuro se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

A los bancos centrales les tiemblan las piernas

23 Abril 2026 at 08:00
Por: Arturo

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, conversando con el vicepresidente Luis de Guindos el pasado 5 de febrero. / BCELa presidenta del BCE, Christine Lagarde, conversando con el vicepresidente Luis de Guindos el pasado 5 de febrero. / BCE

Fotografía: La presidenta del BCE, Christine Lagarde, conversando con el vicepresidente Luis de Guindos el pasado 5 de febrero. / BCE

Juan Torres López. Publicado originalmente en Contexto

La parálisis actual de las autoridades emisoras responde a un diseño defectuoso de la arquitectura de su política monetaria, incapaz de dar respuesta a los problemas económicos de nuestro tiempo

Durante décadas, los bancos centrales han hablado antes que nadie, diciendo lo que había que hacer, y con la prepotencia típica de quien está seguro de que posee la verdad absoluta. Sus directivos han actuado siempre como árbitros de la política económica en general y únicos custodios de la credibilidad institucional.

Por eso sorprende tanto la cautela, incluso el mutismo actual. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habla con desconocida modestia: “Simplemente no podemos ofrecer una orientación”. En la Reserva Federal, Jerome Powell, en lugar de pontificar como era habitual, se ha limitado a subrayar “la incertidumbre que rodea el shock del petróleo”. 

Estos días, los bancos centrales dan la imagen del jugador que mira desde el banquillo sin saber si el entrenador le va a pedir que salga al campo ni qué deberá hacer si tiene que jugar. 

Una actitud muy distinta a la que adoptaron cuando estalló la guerra en Ucrania y los precios de la energía se dispararon. Inmediatamente mantuvieron que la inflación era de naturaleza monetaria y respondieron con su único instrumento: la subida de tipos. Sin importarles que la inflación tuviera un origen claramente externo; ni que subir el precio del dinero sobre unos costes energéticos ya disparados supusiera añadir más leña al fuego.

Prepotencia injustificada

La tradicional actitud prepotente de los bancos centrales ha sido siempre, cuando menos, llamativa, porque todos ellos cargan con un largo historial de predicciones erróneas y de consecuencias devastadoras.

La presidenta Lagarde aseguró que sería “muy improbable” una subida de tipos en 2022

Powell insistió en que la inflación pospandémica era “transitoria”. No lo era. La presidenta Lagarde aseguró que sería “muy improbable” una subida de tipos en 2022. Los subió ese mismo año. El Banco de la Reserva de Australia prometió públicamente que los tipos no subirían hasta 2024; los subió en 2022. 

No son anécdotas aisladas. Los estudios académicos muestran que las proyecciones de los principales bancos centrales han estado sistemáticamente sesgadas en la misma dirección (mostrando escenarios más optimistas que la realidad) y que sus errores, casualmente, siempre tienden a favorecer al sector financiero y a los grandes capitales.

Más independencia y poder, peor rendimiento

Es muy significativo que los grandes errores y fracasos de los bancos centrales se hayan producido precisamente cuando han disfrutado de total independencia y, además, siempre por la misma razón. 

Siendo una de sus principales funciones garantizar la estabilidad financiera, resulta que la creciente independencia de los bancos centrales no ha evitado una mayor recurrencia de episodios de inestabilidad. La base de datos más reciente registra más de 151 crisis bancarias sistémicas de 1970 a 2019, 200 de deuda soberana desde 1960 y 414 cambiarias desde 1950: el período de mayor densidad de crisis de toda la historia documentada.

Ni siquiera se puede decir que la inflación se haya mantenido controlada gracias a la política monetaria, pues se moderó por factores estructurales

Ni siquiera se puede decir que la inflación se haya mantenido controlada gracias a la política monetaria, pues se moderó por factores estructurales: la integración de China que hundió los precios industriales en Occidente; y las políticas de recortes, el envejecimiento demográfico, la desigualdad y la debilidad inversora que han mantenido la economía con el freno puesto. Cuando esas fuerzas desaparecieron –con la pandemia y las guerras comerciales–, la inflación regresó con virulencia y los bancos centrales no supieron preverlo ni explicarlo.

Además, una cosa es domeñar un indicador estadístico y otra frenar las subidas de precios de lo que más importa. La inflación general acumulada en la UE entre 2010 y 2024 fue del 39%, pero los precios de la vivienda subieron el 53%. Mientras los precios de consumo se moderaban por factores estructurales, los activos –vivienda, bolsa, deuda– se encarecían, sin que los bancos centrales hayan sido capaces de evitarlo. Y esta inflación es la que más condiciona la vida económica real.

La razón por la que se producen tantos fallos, los errores continuos y graves de los bancos centrales es algo cada día más evidente. No son, como se quiere hacer creer, instituciones técnicas o neutrales. Como expliqué con detalle en mi libro Más difícil todavía, responden a un diseño ideológico basado desde los años ochenta en tres grandes pilares: la inflación es un fenómeno monetario, su independencia es un principio rector imprescindible para evitar expectativas inflacionistas y los tipos de interés son la herramienta necesaria y suficiente para influir sobre los precios.

El primero cae ante la evidencia: la inflación tiene múltiples causas y aplicar siempre la misma respuesta es como recetar el mismo tratamiento para cualquier enfermedad.

El segundo ha mostrado sus límites en las crisis. Durante la pandemia, la coordinación con los gobiernos fue inevitable, aunque improvisada y sin marco institucional claro.

El tercero es cada vez más cuestionado. Los tipos de interés no afectan por igual a todos los sectores ni garantizan una transmisión eficaz al conjunto de la economía. 

¿Cambio de actitud o falta de rumbo?

A la vista de tantos fallos acumulados, cabe preguntarse si la moderación de estas últimas semanas significa que los bancos centrales se han dado cuenta de ese sesgo y de sus efectos nocivos y que, por tanto, están dispuestos a rectificar.

Naturalmente, no podemos saber lo que pasa por la cabeza de sus dirigentes, pero sí conocemos sus análisis y los instrumentos a los que se siguen aferrando para tomar medidas ante los problemas económicos. Y ahí no hay mucho margen para el optimismo.

Subir ahora los tipos sólo beneficiaría a los grandes poseedores de capital y paralizaría aún más la actividad económica

La economía global está en tensión desde hace tiempo y los precios suben por múltiples factores: aranceles de Trump, concentración de los mercados, restricción crediticia, burbuja de la inteligencia artificial y, últimamente, por la guerra de Irán. Sin embargo, los bancos centrales siguen pensando en si utilizan o no el único instrumento de siempre: los tipos de interés. Y el problema es evidente. Subir tipos enfría la demanda, pero no resuelve cuellos de botella ni abarata la energía. Lo que provoca, en cambio, es un efecto claro: encarece la financiación, frena la inversión y debilita la actividad. Y no hay que ser un lince para darse cuenta de que, en economías deprimidas como la europea, que crece al 0,9%, o en la de Estados Unidos, afectada por los aranceles, eso podría ser una puntilla definitiva que las frenara en seco. Una vez más, subir ahora los tipos sólo beneficiaría a los grandes poseedores de capital y paralizaría aún más la actividad económica.

El silencio actual de los bancos centrales no es humildad. Es parálisis. No se parece al del sabio que calla porque sabe que las palabras precipitadas hacen daño. Es el del técnico que, ante un tablero de control para el que fue entrenado en condiciones de laboratorio, descubre que los indicadores no responden como el manual predice.

Lo que los hechos están imponiendo, con la fuerza acumulada de varios choques simultáneos, es el reconocimiento de que los modelos de los bancos centrales no sirven. Cada vez resulta más evidente que el único instrumento que utilizan produce efectos imprevisibles cuando los problemas son de naturaleza mixta y compleja. La arquitectura de la política monetaria está mal diseñada y no es útil ante los problemas económicos de nuestro tiempo.

Todo indica que los bancos centrales empiezan a ser conscientes de ello. Lo dicen, entre líneas, cuando admiten, como Lagarde, que no pueden “ofrecer orientación”, o cuando Powell subraya la incertidumbre como si fuera una novedad y no la condición permanente de la economía real.

Por eso, ahora que el entrenador les dice que se preparen para salir al campo, les tiemblan las piernas.

Las reformas que se necesitan

Es un error alegrarse de la moderación y cautela actual de los bancos centrales. Es sólo una muestra de su impotencia que nos indica la urgencia de rediseñarlos profundamente.

Hay que ampliar su mandato más allá del control de la inflación, incluyendo estabilidad financiera sistémica, prevención de burbujas de activos, sostenibilidad ambiental y objetivos de desarrollo sostenible, evaluando los efectos distributivos de cada decisión.

Se debe redefinir la medición de la inflación, incluyendo el precio efectivo de la vivienda –no el alquiler equivalente hipotético– y los activos que realmente determinan el bienestar de las personas y la buena marcha de las empresas.

Es imprescindible sustituir la brocha gorda de los tipos de interés por instrumentos quirúrgicos

Es imprescindible sustituir la brocha gorda de los tipos de interés por instrumentos quirúrgicos: coeficientes de capital contracíclicos, límites a la relación préstamo-valor en hipotecas, requisitos de liquidez sectoriales que actúen sobre los focos de fragilidad sin ahogar el conjunto de la economía…

Urge reformar su gobernanza: los órganos de gobierno de los bancos centrales son socialmente homogéneos, lo que genera puntos ciegos colectivos. Se necesita diversidad de enfoques, rendición de cuentas real ante los parlamentos y evaluaciones externas independientes.

Y es fundamental institucionalizar la coordinación de su política monetaria con la política fiscal, no como subordinación, sino como arquitectura: protocolos formales, transparentes y sujetos a rendición de cuentas.

El problema no es que los bancos centrales se equivoquen tanto. Es que actúan como si no pudieran equivocarse nunca. Y que se lo estamos permitiendo.

Juan Torres López

Es economista y catedrático jubilado de Economía Aplicada. Es miembro del Consejo Científico de Attac España

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Científicos cuestionan el dogma del capitalismo: es posible «un alto grado de bienestar» sin crecimiento económico

21 Abril 2026 at 08:00
Por: Arturo

Reproducción de grafitii de Banksy. Estamos todos en el mismo boteReproducción de grafitii de Banksy. Estamos todos en el mismo bote

Fotografía: Reproducción de grafiti de Banksy. Estamos todos en el mismo bote.

Adhik Arrilucea. Publicado originalmente en Público

Un estudio liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona muestra que el desarrollo perpetuo no es necesario si se prioriza la redistribución de la riqueza y la producción de los recursos esenciales.

El crecimiento económico y el desarrollo sostenible son el compás de las sociedades occidentales que buscan mantener sus tendencias al alza de acumulación de recursos y riqueza. Pero este no es el único paradigma que existe. De un tiempo a esta parte, se han popularizado nuevas formas de imaginar otros mundos posibles. Así, los movimientos sociales, la ciencia y la filosofía han desplegado la investigación sobre el decrecimiento. Al contrario de las políticas actuales, este enfoque atiende a los límites del planeta y defiende que, mediante una redistribución justa, es posible vivir de manera digna y con todas nuestras necesidades cubiertas sin incrementar la producción.

Estas teorías y enfoques no son nuevas. En noviembre de 2023, la propia Letizia Ortiz llegó a citar a ecólogos como el científico del CSIC Antonio Turiel. Así, reconoció el desarrollo de ideas, según las cuales «desarrollo y sostenible ya no pueden ser algo [que vayan juntos]». Lo hizo durante el XVI Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, al que le acompañaba, entre otras figuras, el entonces ministro para la Transformación DigitalJosé Luis Escrivá. Este replicó, no obstante, que los postulados decrecentistas «parecen de una debilidad de fundamentos extrema». No obstante, los expertos han continuado el desarrollo de un andamiaje teórico en esta línea capaz de analizar la realidad de la crisis climática en todas sus vertientes.

Un nuevo estudio liderado por científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) plantea cómo alcanzar «un alto bienestar» y un clima seguro sin crecimiento económico. El trabajo, publicado en Nature Climate Change, es una perspectiva. Es decir, no se trata de un caso de estudio al uso, donde se investiga una cuestión específica –a la que se aplica una metodología para obtener unos resultados de los que extraen unas conclusiones–. No obstante, pasa por el mismo mecanismo de revisión que los artículos habituales.

¿Qué es el decrecimiento?

Esta perspectiva establece los principios para modelizar escenarios de poscrecimiento. «El poscrecimiento es un término paraguas que engloba un conjunto de enfoques que priorizan la sostenibilidad ambiental, la equidad social y el bienestar humano por encima de la búsqueda perpetua del crecimiento económico», define en declaraciones a Público Aljoša Slameršak, autor principal del estudio e investigador del ICTA-UAB. Dentro de dicho paraguas, incluye el concepto del decrecimiento. Este «se refiere a la reducción planificada y equitativa de aquellas actividades económicas que son ecológicamente destructivas o que no contribuyen al bienestar humano».

La investigación argumenta que «el crecimiento incrementa la demanda de energía, tierra y uso de materiales. Esto resulta particularmente problemático en el caso de las economías de altos ingresos y las personas adineradas, que ya tienen niveles de uso de energía y materiales muy superiores a los necesarios para el bienestar«. Por el contrario, Slameršak apunta que el decrecimiento busca «disminuir la presión ecológica y liberar recursos actualmente destinados para el consumo excesivo, para garantizar condiciones de vida dignas para todos«.

La investigación identifica cinco principios fundamentales del poscrecimiento: bienestar, suficiencia, reducción de las desigualdades, reorientación de la economía y convergencia norte-sur. Según el autor principal, todos estos criterios vertebradores son indisociables entre ellos. «No se puede, por ejemplo, tener una economía que proporcione altos niveles de bienestar mientras se mantienen la sobreproducción y el despilfarro entre los ricos, ya que esto inevitablemente llevará a superar los límites planetarios». En la misma línea, sospecha de las «perspectivas de una vida buena para la mayoría mientras persistan las enormes desigualdades dentro de las sociedades y las relaciones económicas imperiales entre los países del norte y el sur global».

El artículo identifica varios mecanismos clave de la transición al poscrecimiento. «El poscrecimiento implica redistribuir y reestructurar la economía para proporcionar lo esencial, que garantice un nivel de vida digno para todas las personas, manteniendo el consumo adicional no esencial dentro de niveles compatibles con los límites planetarios. Esto exige reducir sustancialmente las desigualdades actuales», comenta en un comunicado el coautor Joel Millward-Hopkins, de la Universidad de Lausana.

¿Un escenario realmente posible?

Los científicos señalan que el incremento de la producción y el consumo hace más difícil la mitigación del cambio climático. No obstante, no es este un esquema mental extendido en la población, ni tampoco en el propio Gobierno, que defiende el desarrollo sostenible. Durante la primera sesión del G20 el pasado noviembre, Pedro Sánchez declaró que «el desarrollo inclusivo y sostenible es imposible sin paz«. Unos meses antes, en junio, aseveró en la apertura del Business Forum que «no es posible el desarrollo sostenible sin una participación mucho más decidida de las empresas». No obstante, ¿es posible cambiar las políticas actuales hacia el decrecimiento? ¿De veras se puede vivir bien sin este crecimiento?

Slameršak cuestiona la premisa de este planteamiento. «No creo que todas las clases sociales hayan tenido la misma experiencia de crecimiento económico», valora. Menciona que el profesorado catalán, por ejemplo «ha perdido efectivamente un 25% de su poder adquisitivo en la última década«. Si bien reconoce que ha habido un desarrollo económico desde la crisis financiera de 2008, «este crecimiento no ha seguido el ‘efecto goteo’ hacia todas las clases sociales. De hecho, gran parte del crecimiento que vemos hoy en día se sostiene, podría argumentarse, mediante la presión sobre las clases pobres y medias por parte de las clases rentistas y los ricos», abunda.

El investigador del ICTA-UAB considera «crucial» poner en cuestionamiento «la idea de que la calidad de vida depende del crecimiento». Indica así que esta noción se aleja del «sentido común» de la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia, que tenían otros modos de producción y de organizar la vida. «Lo que se necesita para una vida buena, desde el punto de vista económico, es la satisfacción de las necesidades materiales básicas», defiende. «No es necesario ampliar el tamaño del piso sin fin, comer más alimentos o trabajar más horas cada año para ser feliz».

Una redistribución basada en la justicia social

El cuestionamiento al efecto goteo del crecimiento económico no es baladí, ni tampoco solo una opinión. El periodista de Público Jorge Otero recordaba un informe de la ONG Oxfam Intermón publicado en eneroEste denunciaba la «concentración extrema de la riqueza en el mundo». En su informe anual sobre el reparto de la riqueza, la ONG señaló que 2025 fue «un año histórico para el capital». De acuerdo con sus datos, un reducido grupo de 3.000 personas en todo el mundo acapara casi 18,3 billones de euros mientras «la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza con menos de 8,3 dólares al día».

El pasado mes de febrero The Wall Streel Journal publicaba un artículo titulado El gran dinero de la economía actual va al capital, no al trabajoLa pieza demuestra que la brecha de la desigualdad entre trabajadores y empresarios se ensancha año tras año. De acuerdo con los datos aportados por el diario económico, los salarios de la clase trabajadora en todo el mundo han pasado de representar el 58% de la riqueza global en 1980 a algo más del 51% ahora. En cambio, las empresas se quedan con una parte cada vez mayor de esa riqueza: ha pasado del 7 al 12%. 

El estudio publicado en Nature Climate Change señala que los escenarios actuales de poscrecimiento y decrecimiento no aplican de manera coherente los principios fundamentales de una transición al poscrecimiento, lo que deja sin explorar buena parte de su potencial. En muchos casos, estos escenarios actuales se limitan a proyectar un estancamiento o una caída del PIB, sin transformar la producción ni la distribución.

¿A qué debemos renunciar?

«Nuestra investigación muestra que la mayoría de los países de altos ingresos, y en este grupo incluyo el estado español, en términos agregados, ya poseen y producen lo suficiente para proporcionar una vida digna a todos sus ciudadanos. El problema es que el acceso a estos recursos está mediado por una propiedad y un poder adquisitivo escandalosamente desiguales«, expresa el científico del ICTA-UAB. ¿Significa eso que no debemos renunciar a nada? Para el autor principal, lo principal de lo que nos debemos deshacer es «la posibilidad de acumulación ilimitada de poder y recursos por parte de una minoría».

Las clases medias y bajas no deberán renunciar «al acceso a bienes y servicios económicos esenciales». «A lo que debemos renunciar colectivamente es a un sistema económico construido sobre la extracción, la desigualdad y el desperdicio«, insiste. De este modo, el autor espera su estudio sirva para crear «imaginarios esperanzadores» en un contexto donde las ideas del crecimiento sostenible están tan arraigadas. «Al desarrollar escenarios rigurosos y demostrar que un futuro con alto bienestar y bajo crecimiento es materialmente posible, podemos ayudar a contrarrestar la narrativa de que «no hay alternativa» al modelo actual».

Adhik Arrilucea

Periodista de ciencia y medio ambiente en ‘Público’. Investigador predoctoral en la UC3M, está especializado en Teoría y Crítica de la Cultura. Con formación en Periodismo, Humanidades y Ciencias Políticas, cuenta con experiencia en comunicación científica en la Agencia SINC e institucional en el Ministerio de Industria. Es autor de una investigación académica sobre la cobertura mediática de los movimientos ecologistas y la crisis climática.

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La Unión Europea y la industria química quieren exponernos a más sustancias cancerígenas

19 Abril 2026 at 08:00
Por: Arturo

Fotografía: El 9 de febrero, activistas de XR Bélgica, apoyadas por Greenpeace, cerraron las oficinas del Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic), uno de los grupos de presión industrial más poderosos de la UE, en un intento de señalar a los responsables del importante retroceso actual en materia de protección de la salud y el medio ambiente.

Tom Kucharz @tomkucharz Publicado originalmente en El Salto Diario.

La Comisión Europea y la industria química vuelven a poner en cuestión uno de los principios básicos de la protección sanitaria y ambiental: limitar la exposición de la población a sustancias peligrosas. Bajo el nombre aparentemente técnico de “paquetes ómnibus”, Bruselas está impulsando una serie de reformas legislativas que, lejos de mejorar la regulación, buscan recortarla a costa de debilitarla.

Desde principios de 2025, la Comisión Europea ha lanzado diez de estos paquetes legislativos. El denominado Ómnibus VI sobre sustancias químicas apunta directamente a la regulación de productos cosméticos y podría permitir que sustancias peligrosas sigan utilizándose durante más tiempo en productos de uso cotidiano.

Si esta legislación se aprueba en su forma actual, supondría un grave retroceso para la salud pública en Europa, ya que facilitaría la presencia en cosméticos de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR).

Una desregulación que beneficia a la industria

El 8 de julio de 2025, la Comisión Europea publicó su propuesta de reglamento ómnibus VI. El objetivo declarado es simplificar normas y reducir cargas administrativas para la industria. En la práctica, sin embargo, el texto introduce cambios que flexibilizan la prohibición de sustancias peligrosas en cosméticos y facilitan que permanezcan más tiempo en el mercado.

El Consejo de la Unión Europea adoptó ya en noviembre una posición sobre el texto, con algunas modificaciones menores. Posteriormente, el 12 de enero de 2026 se publicó el borrador del informe elaborado por los coponentes del Parlamento Europeo, que se mantiene en gran medida alineado con la propuesta de la Comisión e incluso profundiza algunos de sus retrocesos.

El paquete legislativo se encuentra actualmente en debate en el Parlamento Europeo y será votado en las comisiones de Medio Ambiente (ENVI) y Mercado Interior (IMCO) el próximo 24 de marzo.

Más exposición a sustancias peligrosas

Entre los cambios más preocupantes se encuentra la posibilidad de facilitar el uso de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción en cosméticos, así como prolongar su permanencia en el mercado.

Estas sustancias CMR llevan más de 20 años prohibidas en los productos cosméticos (Directiva Europea de Cosméticos de 2003). Esta prohibición constituye una salvaguardia esencial para proteger la salud de los consumidores y la normativa vigente ya establece un marco para solicitar exenciones caso por caso.

Pero con la “simplificación” normativa, la Comisión, el Consejo y los coponentes del Parlamento Europeo quieren introducir varias lagunas en la regulación de los cosméticos. Primero, facilitar las exenciones para usar sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) limitando la evaluación de alternativas. Segundo, prolongar considerablemente el tiempo durante el que estas sustancias pueden permanecer en el mercado. Y, tercero, excluir de la prohibición automática a algunas sustancias CMR, como aquellas cuyo riesgo se manifiesta por inhalación o ingestión o las presentes en extractos vegetales no modificados químicamente (por ejemplo, aceites esenciales).

También se propone eliminar algunos requisitos introducidos recientemente para mejorar la legibilidad de las etiquetas químicas —como tamaños mínimos de letra o estándares de espaciado— que permiten a los consumidores comprender mejor los riesgos de los productos.

Frente a ello, eurodiputados de los grupos de la Izquierda, los Verdes, socialdemócratas y liberales han presentado enmiendas para reforzar la protección sanitaria. Entre otras medidas, plantean:

  • Restablecer los requisitos de etiquetado que la Comisión quiere eliminar.
  • Prohibir los disruptores endocrinos en cosméticos.
  • Prohibir los llamados “químicos eternos” (PFAS) en productos cosméticos.
  • Impedir que sustancias cancerígenas o tóxicas permanezcan más tiempo en el mercado.

Sin embargo, la mayoría política reaccionaria y autoritaria del Parlamento Europeo genera preocupación. Las fuerzas conservadoras y de extrema derecha cuentan con una mayoría potencial y existe el riesgo de que se alineen para mantener una agenda de desregulación favorable a la industria química.

Un proceso legislativo cuestionado

Además del contenido del ómnibus, también se ha cuestionado el modo en que la Comisión elaboró la propuesta. Varias organizaciones —entre ellas Corporate Europe Observatory, Générations Futures, Health and Environment Alliance, el European Environmental Bureau y el Center for International Environmental Law— presentaron una queja ante la Defensora del Pueblo Europea.

Según estas organizaciones, la Comisión Europea no presentó una base científica sólida ni llevó a cabo una consulta pública adecuada. En su lugar, se apoyó en un proceso informal de “reality check” dominado por la industria química.

La Defensora del Pueblo ha decidido examinar estas preocupaciones dentro de sus investigaciones más amplias sobre la toma de decisiones recientes de la Comisión.

Un problema de salud pública creciente

Este debate no es abstracto. La exposición a sustancias químicas peligrosas tiene consecuencias reales para la salud.

Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva experimentará problemas de infertilidad a lo largo de su vida. En Europa, alrededor de 25 millones de personas se ven afectadas por la infertilidad.

En Francia, por ejemplo, el número de nuevos casos de cáncer aumentó un 40% entre 2003 y 2023, y la concentración de espermatozoides en el semen masculino disminuyó un 32% entre 1989 y 2005. Los costes sanitarios siguen aumentando: el gasto en atención hospitalaria creció más de un 40% entre 2014 y 2024. No podemos permitirnos seguir exponiéndonos a riesgos evitables.

En este contexto, debilitar la regulación de sustancias químicas presentes en productos de uso cotidiano resulta difícil de justificar desde el punto de vista sanitario.

La presión ciudadana puede marcar la diferencia

El debate parlamentario todavía está abierto. Organizaciones de la sociedad civil han lanzado campañas para movilizar a la ciudadanía y presionar a los eurodiputados para que rechacen las partes más perjudiciales del ómnibus.

Una de ellas permite interpelar directamente a representantes en el Parlamento Europeo para exigir que se incremente o se mantenga el actual nivel de protección frente a sustancias químicas peligrosas en cosméticos.

La iniciativa puede consultarse aquí: https://shaketonpolitique.org/es/interpelaciones/omnibus-6/

En un momento en el que la Comisión Europea habla constantemente de competitividad y simplificación normativa, conviene recordar que la protección de la salud pública no es una carga burocrática. Es un derecho fundamental.

Permitir que sustancias que sabemos que pueden provocar cáncer, mutaciones genéticas o problemas reproductivos sigan presentes en productos que usamos a diario no es simplificar la legislación. Es rebajar la protección de salud de la ciudadanía para satisfacer las demandas de los lobbies industriales.

Y esa es una motosierra regulatoria que no se debería emplear.

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William I. Robinson: “La guerra contra los migrantes es un ataque contra toda la clase obrera”

17 Abril 2026 at 08:00
Por: Arturo

William I. Robinson, durante el Foro Binacional de Educacion Política y Sindical en el Centro Laboral de UCLA, Los Angeles, en 2017.William I. Robinson, durante el Foro Binacional de Educacion Política y Sindical en el Centro Laboral de UCLA, Los Angeles, en 2017.

Fotografía: William I. Robinson, durante el Foro Binacional de Educación Política y Sindical en el Centro Laboral de UCLA, Los Ángeles, en 2017.

El sociólogo de la Universidad de California William I. Robinson combina una labor militante volcada estas semanas en las protestas contra la fuerza militar de fronteras estadounidense con un análisis de fino pincel sobre el colapso del capitalismo.


Pablo Elorduy
TG: @p_elorduy Publicado originalmente en el Diario El Salto

A lo largo de la conversación, William I. Robinson (Nueva York, 1959) deja varias frases que no solo son un buen titular para la entrevista, sino un presagio funesto para los próximos años. Lo compensa con una confianza total en las masas y su capacidad para mover la historia. Como dice en su último libro publicado en España, ¿Puede perdurar el capitalismo global? (Traficantes de Sueños, 2025) para que la humanidad sobreviva no hay más alternativa que derrocar el capitalismo global, “es decir, sustituir el imperativo de la acumulación a toda costa por un sistema basado en la necesidad social y en la armonía con el resto de la naturaleza”. 

La entrevista tiene lugar por videoconferencia. Robinson está en California, uno de los focos de la oposición en las calles al proyecto de Donald Trump, que este sociólogo no duda en calificar como fascista. La publicación de ¿Puede perdurar el capitalismo global? sucede a su anterior ensayo en español, Mano dura (Errata Naturae, 2023) en el que explicaba la convergencia económica e ideológica que ha dado lugar al giro autoritario de los Estados en todo el mundo. Parte de esa mano dura es la que ha visto crecer y multiplicarse al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), auténtico terror de las comunidades de personas migrantes y guardia pretoriana de Trump.

¿Cómo están siendo las protestas contra el ICE en Estados Unidos?
Yo estoy en Los Ángeles. Esta fue la primera ciudad que fue invadida por la fuerza de ICE y también por la Guardia Nacional. Eso fue en junio del año pasado. Desde entonces han ido ciudad por ciudad a declarar esta guerra. Ha habido protestas en todas partes, todas las comunidades se están organizando. Aquí y en las otras ciudades hemos organizado las patrullas comunitarias, que involucran ya a miles y miles de personas. Y lo más interesante es que no son solo los activistas tradicionales, que siempre han estado involucrados en las luchas sociales, en la actividad política, sino que hay un despertar de muchas capas de la población que antes no participaban en la política para nada.

¿Cómo se desarrolla en el contexto político de EEUU?
Hay unas divisiones muy agudas dentro de las clases dominantes y sus organizaciones políticas, incluyendo a los dos partidos principales, republicanos y demócratas. Al mismo tiempo, en Los Ángeles, en Chicago, en Minnesota, en Nueva York, en Seattle, en Portland, en San Francisco, hay una cierta alianza, no organizada pero espontánea, entre las bases de todos los movimientos sociales. No solo se trata de los movimientos de defensa de los derechos de los inmigrantes, sino de movimientos populares de la izquierda junto con los gobiernos demócratas en estas ciudades. Sin declararlo así, es un término que hago mío y que se está usando espontáneamente, está surgiendo una coalición antifascista. Ya todos usamos la palabra fascista, pero espontáneamente han surgido esas alianzas que van más allá de las alianzas tradicionales anti-Trump, que son antifascistas.

¿Qué significa el ICE para el poder de Trump?
Es muy claro que ICE son las nuevas camisas pardas. Es una organización paramilitar, de tipo fascista. Y lo importante de ICE es que responde directamente a la Casa Blanca y a este gobierno, al que voy a llamar régimen porque ahora hay un progresivo colapso del Estado de Derecho en Estados Unidos. No hablemos del derecho internacional. Trump dijo que no reconocía el derecho internacional sobre su propia moralidad. Pero bueno, aquí, en el interior de Estados Unidos, hay órdenes emitidas por los Tribunales, y simplemente ICE y este régimen hacen caso omiso, tanto de esas órdenes judiciales como de la Constitución. Es muy claro que el ataque o la guerra contra los inmigrantes va más allá de la cuestión migrante: es un ataque contra toda la clase obrera. 

¿A quién responde ICE?
Es muy evidente que esta fuerza paramilitar, que va creciendo a pasos agigantados, se ha convertido ya en un ejército privado de este régimen. Responde al Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional). Sabemos que, dentro de cualquier Estado y en el proceso de toma de ese Estado por parte de un proyecto fascista, hay disputas entre diferentes departamentos y divisiones y ministerios. En este momento vemos claramente que el Departamento de Seguridad Nacional es el núcleo de la formación dentro del Estado de este proyecto fascista. Este ejército fascista va a servir para combatir cualquier disidencia, no solo con respecto a la cuestión migratoria. El primer paso es la guerra contra los migrantes. 

La pregunta sobresaliente es si nosotros podemos superar el capitalismo global antes de que arrastre a toda la Humanidad consigo

¿Cómo se lleva a cabo?
Hay una explosión de gasto estatal en esta guerra. Para ello están tomando fondos de la Marina norteamericana, es decir, de un presupuesto aprobado por el Congreso que el Pentágono destina a acciones fuera de Estados Unidos. Recientemente han trasladado a ICE otros 40.000 millones de dólares de la Marina, sin autorización, para la construcción de decenas o centenares —ni sabemos cuántos— de campos de concentración en todo el país. Esta masiva construcción de campos de concentración está planificada como una infraestructura permanente, que no tiene que ver simplemente con el alojamiento de inmigrantes antes de su deportación. Están sentando las bases para una infraestructura a largo plazo para detenciones masivas. Yo, de momento, puedo hablar de estas cosas con mis estudiantes. Por el momento, por nuestra resistencia, estamos frenando un poco la marcha del proyecto fascista, pero estamos en gran peligro aquí en Estados Unidos. Todo esto que estoy hablando es un reflejo de una cuestión mucho mayor que es la crisis de época de capitalismo global y sus dimensiones políticas aquí en Estados Unidos.

Examinemos esa crisis del capitalismo global de la que trata el libro. ¿Por qué se está produciendo?
Hay varias dimensiones determinantes, no es solo una. La dimensión económica estructural de la crisis de época es la primera que voy a nombrar. El capitalismo global comienza a enfrentar la imposibilidad de seguir reproduciéndose. Es una crisis de época que puede durar años y décadas, pero en realidad estamos entrando en el ocaso del capitalismo global. La pregunta sobresaliente es si nosotros podemos superar el capitalismo global antes de que arrastre a toda la Humanidad consigo. Primero hay que entender que la dimensión estructural de la crisis es la sobreacumulación. Es el estancamiento crónico, es la acumulación de enormes cantidades, trillones de dólares infrautilizados, que no tienen salida; la clase capitalista transnacional no tiene lugar ni posibilidades de descargar toda esa masa de capital sobreacumulado. 

Entre este momento y 2050 vamos a llegar a un momento en el que el capital ya no va a poder seguir acumulando en determinadas zonas como consecuencia del calentamiento global

¿Cómo se han resuelto estos problemas en el pasado?
Hasta la fecha, la clase capitalista transnacional (CCT) ha tenido tres mecanismos para seguir descargando ese capital sobreacumulado y seguir empujando hacia adelante la economía global. Uno, ya sabemos, es la especulación financiera, que ya alcanza y la cifra es correcta, trillones de dólares. Se trata de capital ficticio. Segundo, es la deuda global. Esa deuda de consumidores y de Estados ya suma 325 billones de dólares. De tal manera, el crecimiento impulsado por el endeudamiento no puede seguir. La tercera dimensión es lo que califico como la acumulación militarizada y la acumulación por represión. Esta guerra contra las personas migrantes en Estados Unidos tiene sus fines políticos, como hemos estado hablando, pero también tiene un fin económico que es proporcionar una salida para el capital sobreacumulado. La guerra contra migrantes es muy rentable al igual que es enormemente rentable el genocidio en Gaza; como también lo son los conflictos armados y sistemas de represión transnacional alrededor del mundo en momentos de estancamiento crónico.

Esto ocurre en un contexto marcado por la crisis climática y ambiental. ¿Cuál es la dimensión ecológica de la crisis?
Para llegar al meollo de la cuestión ecológica, ahora el sistema se encuentra en una nueva ronda depredadora y muy violenta de expansión para salir del estancamiento. La concentración de esta nueva ola expansiva y agresiva del capitalismo global tiene tres objetivos: uno, las tierras. Es decir, acaparar tierras. Segundo, energía. Energía por varias razones, pero sobre todo porque toda esta expansión depredadora está impulsada por la digitalización, que es central en el asunto del medioambiente. Necesitan construir miles y miles de centros de datos que consumen enormes cantidades de energía. Esto tiene que ver con Groenlandia, por favor, pregúntame más adelante por Groenlandia. Y lo tercero son los minerales que necesitan las nuevas tecnologías digitales y sobre todo, la inteligencia artificial. Estas tres dimensiones representan una intensificación de la apropiación de la naturaleza extrahumana y tiene unos efectos catastróficos sobre el medioambiente. Pero quiero ir más allá: hay una acumulación de destrucción y de desgaste del medio ambiente, sobre lo que es la naturaleza humana y extrahumana, que es al mismo tiempo una crisis de la reproducción social y de la reproducción de la naturaleza. Esta nueva oleada expansiva está intensificando los efectos catastróficos sobre el medio ambiente. Pero la destrucción del medio ambiente está llegando a tal punto que llega a impedir la acumulación de capital. 

¿Cómo?
El pronóstico es que, entre 2030 y 2050, un tercio del planeta estará tan caliente que los seres humanos no van a poder vivir en zonas como en el norte de África, Oriente Medio, etcétera. En este momento, el capital está acumulando en esas zonas, pero no va a poder seguir haciéndolo en un futuro próximo. Otra dimensión es la de los territorios de producción agropecuaria, por ejemplo aquí en California, donde hay zonas de agricultura intensiva destinada a mercado global. Se va a producir un colapso de la agricultura por el cambio climático. Puedo seguir poniendo ejemplos, pero el punto es que hasta el momento el capital transnacional ha podido seguir acumulando alrededor del planeta sin atender a los efectos devastadores en el medio ambiente, pero eso está cambiando muy rápidamente. Entre este momento y 2050 vamos a llegar a un momento en el que el capital ya no va a poder seguir acumulando en determinadas zonas.

Más impactos.
En 2025, una de las compañías de seguros más grande del planeta, y hay que tener en cuenta que las compañías de seguros también son parte del capital financiero transnacional, advirtió de que pronto no va a poder funcionar la industria global de seguros. Porque es demasiado costoso asegurar, por ejemplo, viviendas, inversiones, etc. a causa de los impactos y los riesgos ambientales. Si se produce una tormenta de dimensiones no vistas hasta ahora en Florida, algo que puede suceder, los daños pueden alcanzar billones de dólares. Las compañías de seguros ya no pueden asegurar a las compañías manufactureras, de logística, etcétera. Desde ese punto de vista, la crisis ambiental representa no solo una crisis de amenaza de extinción a los seres humanos, sino que también socava la posibilidad del capitalismo global de seguir acumulando.

Está el factor de las migraciones como causa del calentamiento global.
Los informes que tenemos sobre refugiados climáticos y refugiados por despojo, por la devastación ecológica, dicen que alcanzan ya 200 o 300 millones de personas. Según los pronósticos de las Naciones Unidas, va a rebasar las mil millones de personas desplazadas por el cambio climático. Eso abre la cuestión de cómo va a poder el capitalismo global, y quienes controlan este sistema, manejar esa cantidad de refugiados. Eso da una idea de las dimensiones ambientales de la crisis.

Los sectores militar-represivo, el big tech y las finanzas se están fusionando y conformando un nuevo bloque hegemónico de capital transnacional a escala global

Igual que el Amazonas, Groenlandia es una zona crítica para el resto del planeta. ¿Hasta qué punto es una muestra del cortoplacismo de Trump esa apuesta por explotar los recursos naturales de esa isla?
Has usado la palabra cortoplacismo para referirte a Trump, pero esto no define solo a Trump, define a todo el sistema capitalista. Es necesario recordarlo: el capital tiene un solo objetivo, la acumulación de capital sin fin. Cualquier otro objetivo es secundario y no tiene importancia frente a la permanente acumulación de capital. Entonces, todo el sistema capitalista tiene una visión cortoplacista e inmediata. Han existido constreñimientos, ciertas medidas para suavizar un poco ese impulso hacia la acumulación, pero eso ha venido de Estados y de movimientos de masas, no del capital. Toda esta amenaza contra Groenlandia es parte de la misma ronda expansiva que estamos experimentando ahora. Realmente, el argumento de que se trata de seguridad frente a China y a Rusia es una cortina de humo, en realidad tiene que ver con los recursos minerales, con los recursos petroleros y de gas, pero también tiene mucho que ver con la energía geotérmica, porque Groenlandia tiene increíbles posibilidades de generación de energía geotérmica. Esto requiere un paréntesis analítico. 

Adelante.
Está surgiendo dentro de Estados Unidos, pero también a nivel global, un nuevo bloque hegemónico dentro del capital transnacional que reúne a tres sectores de capital que se están fusionando. Y esos tres sectores son: las grandes compañías de la tecnología, vamos a llamarlo big tech, segundo, el complejo militar industrial, que no solo es militar sino que incluye todo el andamiaje de represión, por ejemplo ICE. Y tercero, el capital financiero transnacional. Esos sectores: militar-represivo, big tech y finanzas, se están fusionando y conformando un nuevo bloque hegemónico de capital transnacional a escala global. Trump no representa los intereses de ese bloque, sino que es al revés: ese bloque tiene al trumpismo como el instrumento de expansión de sus intereses. 

Volvemos a Groenlandia.
Groenlandia tiene la energía, las tierras y los minerales, incluidas las tierras raras, que necesita ese bloque mientras se van derritiendo los glaciares. Hay un cuarto elemento que explica por qué quieren esa tierra. Porque quieren establecer estas empresas de extracción de energía, etcétera, con una nueva modalidad de gobernanza, una gobernanza directa por parte del capital transnacional. Los lectores se acordarán de los experimentos en ciudades empresariales en Honduras, por ejemplo. El gobierno golpista de Honduras, que ya está en el poder otra vez, entregó a un grupo de empresarios de las finanzas y la tecnología —incluyendo a Peter Thiel, de Palantir— Roatán, una isla en el Golfo de México, en la costa Atlántica de Honduras. Se les permitió controlar toda la isla con sus propias reglas, sus propios impuestos y su gobierno. Es el mismo modelo que ya tenemos en Texas: una pequeña ciudad manejada por Musk, donde el gobierno, el Estado, no entra. Quieren eso también en Groenlandia. Ese bloque hegemónico y sobre todo el grupo de las big tech vinculado con Palantir ya han hecho inversiones iniciales y han hecho estudios iniciales de cómo hacer esas ciudades en Groenlandia. La emergencia climática es mala para la humanidad, para el planeta, pero es muy buena en determinados aspectos para el capital, porque hace accesible zonas que no eran accesibles anteriormente. De alguna manera, Groenlandia se convierte en microcosmos de todo lo que está pasando a nivel global.

¿El proyecto de “Nueva Gaza” que se presentó en la Junta de la Paz en Davos forma parte de esa proyección de nuevas ciudades empresariales?
En primera instancia, no usemos ese término fascista, porque no es una Junta de Paz, es Junta de genocidio, es Junta de capital transnacional, es una invasión y una apropiación total de Gaza. Pero efectivamente, lo que quieren hacer en Groenlandia ya lo están haciendo en la Franja de Gaza. Esto muestra el proceso genocida del capitalismo global en esta fase: necesitan eliminar poblaciones sobrantes —lo que llamo la humanidad excedente— para tener acceso a recursos y convertir a esos territorios en zonas de acumulación intensiva para el capital transnacional. Sabíamos que Gaza tiene gas y tiene petróleo, tiene zonas frente al mar Mediterráneo muy valiosas para la especulación inmobiliaria. Pero no es solo eso, el proyecto es convertir a Gaza en un hub de lo que los grupos dominantes ahora llaman pax silica. Es decir, en un nodo regional para la alta tecnología y los centros de datos. Kushner, el yerno de Trump, lo dijo claramente en su discurso en Davos: Gaza es un caso de prueba. Si este modelo es exitoso ya se puede aplicar a otras zonas. Quieren convertir a todo Gaza en una franja empresarial. Todo está vinculado con los demás hechos que están pasando en Oriente Próximo.


¿En qué sentido?
La transformación radical de toda la geopolítica de Oriente Medio a partir del genocidio de los palestinos, y ahora de la destrucción de Rojava por parte del nuevo gobierno sirio, todo va dirigido a conformar un nuevo bloque geopolítico que una a los Estados del Golfo con Israel, con capital transnacional. Específicamente, es un plan del bloque hegemónico que mencioné. Ese es el nuevo rostro geopolítico que deja sentadas las bases necesarias para una mayor expansión del capital transnacional en Oriente Medio, a través de Gaza, encabezado por la alta tecnología y por la criptomoneda. Recordemos que la criptomoneda es la perfecta fusión de la alta tecnología con las finanzas. Gaza es símbolo, es modelo, es advertencia de lo que nos espera al planeta entero.

La fusión del gran capital con el Estado es parte de la definición clásica del fascismo y es lo que vemos en Estados Unidos ahorita mismo

¿Hasta qué punto es relevante el ropaje teórico del trumpismo que representan figuras como Peter Thiel o Curtis Yarvin o solo se trata de un envoltorio para el impulso depredador del capital?
Tiene peso, pero lo que pasa es que la correlación de fuerzas todavía no es tan favorable para consolidar el proyecto fascista, porque aún hay muchas resistencias, muchas contradicciones. Pero la respuesta es que este es un proyecto fascista en el sentido sociológico. Estudiando la historia y el concepto sociológico, analítico y teórico del fascismo, es un proyecto fascista que se está incubando con Yarvin, con Thiel, con el trumpismo. Pero antes quiero detenerme en un punto. 

Adelante.
Hoy vemos a Trump en la pantalla a diario, y vemos a los representantes políticos, los ideólogos y los estrategas del proyecto fascista en las pantallas, en los medios sociales, etcétera, pero no vemos lo que está detrás. El mes pasado, The New Yorker ha publicado que Trump ha acumulado cuatro mil millones de dólares utilizando la presidencia como un cajero automático para su propia familia. Trump puede robar y ser corrupto. Mientras se le cepille, como se dice popularmente, su narcisismo, seguirá siendo un títere, el instrumento de este bloque de poder. En el primer mandato de Trump, la clase capitalista transnacional fue muy recelosa a la hora de sumarse a un proyecto fascista. Trump es fascista y racista desde hace mucho tiempo, pero el capital transnacional inicialmente no quería sumarse a un proyecto de este tipo: ahora sí. 

¿Por qué?
Por el poder de este nuevo bloque hegemónico. Ese bloque depende cada vez más de contratos del Estado. Palantir, por ejemplo, ha unificado los bancos de datos de decenas y decenas de diferentes agencias del Estado en un solo banco de datos. Eso es muy importante, porque en la guerra contra los migrantes están usando un solo fichero. La capacidad represiva del Estado se aumenta decenas o centenares de veces a través de ese sistema centralizado controlado por Palantir. Por un lado, el bloque hegemónico depende cada vez más de los contratos de Estado. Segundo, depende cada vez más de los subsidios del Estado. Tomemos el ejemplo del petróleo. Trump ha prometido miles de millones de dólares a los productores para que vayan a Venezuela. Eso es lo que está pasando con el bloque hegemónico: contratos, subsidios y, en tercer lugar, crear las condiciones, las políticas, necesarias para la acumulación de este bloque, desregulando la inteligencia artificial, desregulando todos los reglamentos para estas nuevas tecnologías digitales.

Esto desemboca en la asimilación por parte del capital del programa fascista.
Hay una fusión del Estado con el capital alrededor de un proyecto fascista. La fusión del gran capital con el Estado es parte de la definición clásica del fascismo, y es lo que vemos en Estados Unidos ahorita mismo. El tercer ingrediente para el fascismo, y ahí entra la cuestión ideológica a la que has hecho referencia —lo que distingue al fascismo de una simple dictadura— es la movilización fascista en la sociedad civil. Y es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Hay una movilización fascista de una parte de la población, no solo los Proud Boys, sino también del ala derechista del partido Republicano que ha movilizado a una base fascista. Esa base ha ido disminuyendo, puede ser hoy de un 20 % o 25 % de la población, pero hay una movilización abierta de esa base también a través de cristianismo nacionalista de ultraderecha. Todo eso es la movilización fascista. Esto está claro con ICE, que es el núcleo coercitivo militarizado del proyecto fascista. Otra pregunta es cuál es la ideología de ese proyecto. Y ahí entra Yarvin. Es una ideología mística, es una ideología de ultra nacionalismo xenofóbico. Cualquier proyecto fascista necesita racismo, pero también milenarismo. De ahí surge Make America great again, esa promesa de restaurar la grandeza de Estados Unidos.


Ese ultranacionalismo no es exclusivo de EEUU.
También lo tenemos en Rusia. Rusia no es fascista, es otra cosa, pero Putin también se basa en esa idea de recuperar la gran Rusia. También en China —no estoy diciendo tampoco que China sea fascista— todo gira en torno al ultranacionalismo. Alrededor del mundo hay un ultranacionalismo que es la respuesta autoritaria a la crisis. Yarvin habla de un rey, de un sistema monárquico, pero Thiel también habla de un Estado manejado, dirigido, controlado por tecnobillonarios, no por elecciones democráticas. Es confuso porque es una mezcla de todo un poco, pero sí estamos viendo surgir de una ideología fascista con sus diferentes dimensiones. Todo esto es un proyecto que se va consolidando de manera espantosa, pero también la resistencia inesperadamente va en un repunte y eso es lo que da esperanza.

Quizá la pregunta es demasiado simple, pero ¿cómo se explica para alguien que no que no sabe de economía que los milmillonarios sean cada vez más ricos y que a la vez podamos estar hablando de una crisis final para el capitalismo?
No es una pregunta sencilla. Es una pregunta de suma importancia. Comencemos primero con la naturaleza del capitalismo, que no es evidente. La naturaleza del capitalismo, cuando funciona sin contratendencias, es producir riqueza y polarizar esa riqueza. Es decir, una capa cada vez menor de capitalistas acumulan todo el dinero mientras las masas se empobrecen. Es la tendencia natural del capitalismo. La única forma de que el capital produzca ganancias es que la clase trabajadora, o sea, las personas que trabajan para el capital, produzcan valor y que la parte máxima que se puede extraer de ese valor vaya al capital y la parte mínima, al trabajador. Eso se sabe. Eso no es nuevo. Lo importante aquí es que históricamente eso es una contradicción interna del capitalismo y siempre ha conducido a crisis. 

Quizá venga el próximo año, quizá en 2031, pero viene un colapso financiero cataclísmico

¿Qué tipo de crisis?
Las crisis cíclicas son recesiones cada diez años más o menos, pero las crisis estructurales se dan cada 40, 50 años, y esas son grandes crisis de sobreacumulación. Se dan cuando el capital ya ha acumulado tanto que no tiene dónde invertir y comienza un estancamiento mucho más profundo. Ahora estamos en una crisis estructural. La última crisis estructural fue en los años 70 del siglo XX, volveré sobre ella. Recordemos la otra gran crisis estructural, que fue la Gran Depresión de los años 30. Antes de eso tuvo lugar una crisis estructural enorme en los 1880. Anterior a eso, en 1830. Entonces, cada vez que hay una crisis no cíclica, no recesionaria, sino estructural, hay grandes trastornos, hay guerras internacionales y hasta mundiales, hay grandes reorganizaciones en el campo del capitalismo, hay lucha de clases, luchas sociales,… todo cambia. Estamos en uno de esos momentos de crisis estructural, que se convierte en crisis sistémica. Pero antes de abordar eso, lo que has llamado crisis final, déjame recuperar qué pasa a partir de la gran crisis estructural de los años 70. 

Ok.
En esa crisis estructural bajaba la tasa de ganancia e iba en aumento el poder y la capacidad de resistencia de las clases populares alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos. Es la época de las luchas de liberación nacional y decolonial en el Tercer Mundo, solo pensemos en el auge revolucionario de 1968. Entonces, a nivel global, el emergente capital transnacional que surge en los años 70 y en adelante enfrenta una crisis de la hegemonía capitalista. Tiene que reconquistar la legitimidad, tiene que reconquistar la rentabilidad, subir la tasa de ganancia y para ello lanza la globalización. Esto es de suma importancia. Porque lo que pasó desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 y 80, es que las luchas de masas obligaron a muchos Estados a hacer dos cosas: número uno, regular el mercado, intervenir en la economía para regular el mercado, y dos, intervenir en la economía para redistribuir la riqueza desde arriba hacia abajo. Esas dos cosas, esas intervenciones del Estado, iban en dirección contraria a la tendencia a la polarización de la riqueza, es decir, la lucha de masas obligó a los Estados a tomar medidas que salvaron al capitalismo de su propia crisis, irónicamente. 

Eso se rompe en los años 70.
Cuando el capital lanza la globalización, a finales del siglo XX, el Estado deja de poder intervenir para regular el mercado a nivel de Estado-nación, ya no puede intervenir a redistribuir la riqueza hacia abajo. Entonces se retoma el proceso de la polarización de tal manera que, como sabéis muy bien, hoy en día un 1% de la humanidad controla más de la mitad de riqueza del planeta; el 20% (y cada vez menos del 20%) controla el 95%. El 85% de la población mundial ya ni siquiera puede consumir. Ahí está la población excedente. Son quienes no conforman un mercado para el capital transnacional: no producen plusvalor. Contra esa población excedente llevan a cabo el genocidio.

Esta es una crisis provocada por el capital que amenaza al capital.
Tenemos esta increíble polarización que representa una crisis para el sistema. Cuando vemos en los titulares que Musk va a ser el primer billonario hay que darse cuenta de que esa masa de capital es ficticia. Básicamente, la economía global obtuvo en 2025 un valor de entre 105 y 110 billones de dólares. Eso en la producción de bienes y servicios, de las cosas que necesitamos, desde el ordenador con el que estoy hablando contigo hasta la comida que vamos a comer hoy. Mientras, el sistema financiero respaldado en bienes, en activos, está en torno a 150 billones de dólares. Pero el sistema financiero no respaldado por activos asciende a 1,7 trillones de dólares. Eso quiere decir que una masa de capital ficticia no se corresponde con la realidad. Eso hace que el sistema no solo sea insostenible, sino que esto permite pronosticar una crisis catastrófica y una desvalorización masiva descomunal.

¿Para cuándo?
Quizá venga el próximo año, quizá en 2031, pero viene un colapso financiero cataclísmico. Pero ojo, esa no es la crisis final. Esa es la dimensión estructural. La crisis final viene de que hay que combinar la dimensión estructural con la dimensión social del colapso de una buena parte de la humanidad y la imposibilidad de reproducción social con el colapso de la biosfera. Todo se conjuga y el resultado final es que el capital ya enfrenta la imposibilidad de seguir reproduciéndose, llega a los límites de la capacidad de reproducción.

El genocidio es rentable, es rentable la guerra contra las drogas (que no tiene que ver con la droga) en América Latina y la guerra contra migrantes es rentable

¿No va a haber crecimiento económico?
Mi pronóstico es que, si evitamos una tercera Guerra Mundial, va a haber una nueva época de prosperidad. Dependiendo de cómo se desenvuelvan los acontecimientos en los próximos años es posible que las tecnologías digitales aumenten la productividad tanto que se vuelva a imponer por un tiempo la producción real sobre la especulación financiera. Entonces podemos tener un periodo de prosperidad como tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, pero no para la masa de la humanidad, no para 4.000 o 5.000 millones de personas. Desde la lógica del sistema, se trataría de un periodo de estabilización con un Estado policial global en los años 30, los años 40 de este siglo. Para mí, la crisis final del capitalismo global, repito, si evitamos la Tercera Guerra Mundial, se va a desenvolver y a finalizar en la segunda mitad del siglo XXI. Soy consciente de que esto es especulativo. Analítico, pero especulativo.

Has mencionado el Estado policial global, la mano dura como negocio y práctica de disciplinamiento de las sociedades del que hablaste en tu anterior libro. Desde entonces se han producido hechos como la invasión rusa de Ucrania y el genocidio de Gaza que corroboran la hipótesis de que el capital está virando hacia la vía de las armas en su huida hacia adelante. ¿Crees que la acumulación militarizada es suficiente para que se dé el ciclo de valorización que el capital necesita en este momento?
La acumulación militarizada y acumulación por represión —son muy parecidos estos conceptos, pero no idénticos— tienen tres funciones. Uno, que es muy rentable en sí, como hemos hablado antes. Trump ya propuso para el año 2027 un presupuesto de 1,5 billones de dólares en el gasto militar estatal. Ese es prácticamente el 2% de toda la economía global solo para la acumulación de capital militarizado. Es enormemente rentable. El genocidio es rentable, es rentable la guerra contra las drogas —que no tiene que ver con la droga— en América Latina, la guerra contra migrantes es rentable. El segundo aspecto que hay que resaltar de la acumulación militarizada es que la represión militar es como un martillo que abre violentamente espacios para la acumulación. Por ejemplo, la acumulación militarizada del Congo en Ruanda hace a algunos ricos en el Congo, pero sobre todo está abriendo espacio para el pillaje de los minerales. Entonces, la segunda dimensión de Estado policíaco global es que abre espacio para el capital a través de la violencia. Y por último, toda esta crisis genera enormes resistencias. Entonces, la tercera función del estado policíaco global es reprimir y controlar las resistencias. La pregunta que hacías es si la acumulación militarizada y por represión puede sostener la economía global frente al estancamiento y crisis. Y la respuesta es un rotundo no, para nada. 

¿Por qué?
Tiene contradicciones internas, no genera nuevo valor, o es escaso. Me explico: genera nuevo valor en el sentido de que trabajadores producen un misil o un tanque o un avión de guerra, pero esas armas no tienen un mercado masivo, solo tiene un mercado con Estados y grupos paramilitares y armados y policiales, y solo se siguen produciendo si se utilizan en guerras, en destrucción. Eso es lo que [Joseph] Schumpeter llamaba la destrucción creativa. Es tan contradictorio, que simplemente es una medida corto y medianoplacista para seguir dando oxígeno a la economía global. No es una solución.

Has hablado de la posible III Guerra Mundial. ¿Estamos ante un escenario de lo que se ha llamado “guerra civil global” o un conflicto como las grandes guerras del siglo XX?
Una guerra mundial, por un lado, sí, podría ser una acumulación de guerras civiles y guerras regionales, y en ese sentido vamos muy rápidamente hacia esa III Guerra Mundial. Lo que lo hace tan peligroso es el poder destructivo. No me refiero solo a las armas nucleares, sino a armas subnucleares que tienen tremendo poder destructivo, especialmente para el medio ambiente, ya que deja vastas zonas sin ninguna capacidad de agricultura, por tanto, de existencia. Pero si una tercera Guerra Mundial involucra o pone en conflicto directo a Estados Unidos y Rusia o Estados Unidos y China, ya estamos hablando de otro nivel. Y en ese nivel veo muy, muy difícil que sobrevivamos. A menos que sea muy limitada y que su fin esté negociado desde el comienzo.

China, por ser capitalista, por tener sobrecapacidad, tiene que expandirse en el mundo, igual que Estados Unidos. Eso significa que es un proyecto cargado de conflictos y de un futuro muy gris

Se habla mucho del imperio emergente contra EEUU, el imperio en declive, pero ¿qué papel juega en este momento China?
No estoy en contra de asumir la idea de un imperio en declive y otro imperio que está surgiendo, pero prefiero tener otro marco analítico. El capital chino es capital transnacional y se fusiona con el capital de todos los demás países del Oriente y se fusiona en una mezcla inseparable con el capital transnacional. Pero los Estados funcionan en otro nivel. Cada Estado tiene su propio proyecto basado en mantener su propio territorio, atraer al capital transnacional y tratar de convencer a ese capital transnacional de defender sus intereses estatales y políticos. En el caso concreto de China, hablamos de otro modelo de capitalismo. El Estado chino juega un papel central en la economía china en el sentido de que controla el sistema financiero, hay bancos privados, hay capital financiero privado. La mayoría del capital financiero es privado, de hecho, pero China controla el sistema financiero a lo interno, a diferencia de Estados Unidos y de la mayor parte de los países del mundo. Segundo, China puede dirigir las inversiones por medio sus políticas estatales. En Estados Unidos, el modelo puro neoliberal del Occidente lo impide. Y tercero, China tiene y puede movilizar recursos, por ejemplo, para la infraestructura, tiene infraestructura del siglo XXI, mientras Occidente y sobre todo Estados Unidos tienen infraestructura del siglo XX, incluso del siglo XIX, infraestructura que se está cayendo. Es otro modelo del capitalismo que da cierta vida a un capitalismo del siglo XXI con menor intensidad de crisis por un lado. 

¿Por qué?
Hay un sector del capital, el del trumpismo global, que representa a una parte de la elite, que tiene que ver con Israel, con Daniel Noboa, Nayib Bukele y Javier Milei en América Latina, con algunos de los movimientos ultranacionalistas en Europa. El Foro Económico Mundial representa otro sector, un sector reformista, un sector que ha elogiado al capitalismo chino y ha dicho que el capitalismo chino es el capitalismo que necesitamos para el mundo en el siglo XXI. Eso nos dice mucho de la estrategia de los intelectuales orgánicos de esa élite ilustrada y de cómo ven a China. Pero aquí entran las contradicciones del modelo de China. La primera es que el capitalismo se rige por la ley de valor, se rige por la rentabilidad y la urgencia de la rentabilidad. Se rige por una contradicción, aunque sea mediatizada por el Estado, entre capital y trabajo. Démonos cuenta de que China acaba de anunciar para 2025 un déficit comercial con el mundo de 1,2 billones de dólares. Eso no tiene precedentes y es un reflejo de la tremenda sobrecapacidad de la economía mundial. Esa sobrecapacidad es indicio de que la acumulación del desarrollo capitalista en China depende cada vez más de abrir mercados y apropiarse de recursos, expandirse alrededor del mundo. Y eso genera tensiones comerciales y políticas y geopolíticas en todo el mundo. 

Es parte del mismo sistema en crisis.
China, por ser capitalista, por tener sobrecapacidad, tiene que expandirse en el mundo, igual que Estados Unidos. Eso significa que es un proyecto cargado de conflictos y de un futuro muy gris. La izquierda internacional, o sectores de la izquierda internacional, insisten en que China es el futuro para la humanidad, algunos dicen que es socialista, pero es ridículo. Hablando como sociólogo, ni siquiera como izquierdista, es capitalismo, es claramente capitalismo. Dicen que no hay problema y que beneficia al Sur Global, pero cuando estudiamos cada caso donde aterrizan las compañías publico-privadas chinas hay destrucción de medio ambiente, hay despojo, hay conflictos con las comunidades. Hay una apropiación rapaz de los recursos. El 90% del cobalto del Congo es extraído por las compañías chinas con un saqueo increíble. En América Latina es equiparable a lo que hace Estados Unidos: extrae minerales, despoja a la población local, indígena y campesina y abren minas. Y cuentan para ello con los ejércitos y las policías latinoamericanas para reprimir la resistencia. China es el socio comercial de Israel. Ha proporcionado tecnologías de reconocimiento facial y drones a Israel. No está participando directamente en el genocidio, pero está haciendo posible el genocidio. La idea de que China es el futuro de un capitalismo humanizado es ridícula; decir que es el socialismo del futuro es ridículo; decir que China es el gran amigo de las masas empobrecidas del sur global contradice la realidad empírica.


Hace tres años decías que el proyecto izquierdista transnacional era una necesidad ¿Ves avances? ¿Hasta qué punto debemos pasar a hablar de un proyecto antifascista transnacional para afrontar esta policrisis?
Sí, necesitamos un frente unido antifascista que tiene que ser transnacional. Los detalles de a quién incluye ese frente unido antifascista, cómo se formaría, si hay que entrar en alianzas con la élite, entre comillas, ilustrada de Davos, o si no, porque son realmente hoy capitalistas salvajes también, son interrogantes que no puedo contestar. Pero sí creo que es urgente ese frente unido antifascista. Pero siempre he dicho, y creo que lo hablamos un poco en la última entrevista, que hay un tremendo desfase a nivel global entre las sublevaciones y levantamientos populares alrededor del mundo, sobre todo la Generación Z. Las masas están listas para levantarse y a desafiar este sistema.

¿En qué te basas?
El capitalismo global sufre una crisis de legitimidad política entre las masas. El Instituto Cato, que es conservador, hizo una encuesta en 2025 a los jóvenes entre 18 y 29 años de edad en Estados Unidos. Constaba de dos preguntas: “¿A usted le gustaría tener socialismo?” El 62% dijo que sí. La segunda pregunta era “¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable sobre el comunismo?” No socialismo, comunismo. El 34% dijo que era favorable. Y eso pasa alrededor del mundo en mayor y menor grado, país a país, especialmente en la generación Z. La masa de la humanidad, miles de millones de nosotros y nosotras, no podemos vivir en este sistema, no lo consideramos legítimo, estamos en levantamientos. Mientras la izquierda organizada e institucional sigue en una crisis. No ha sabido renovarse para el siglo XXI, no ha sabido dar un liderazgo o una visión mayor a esas masas que quieren desafiar al sistema. Ese desfase sigue ahí y es más urgente que nunca acabar con él. Lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos es que la gente ya está en pleno levantamiento y están formando coaliciones. Pero no hay izquierda. El Partido Demócrata es un partido en bancarrota que no ofrece nada. Algunos elementos sí, como Zohran Mamdani, pero el partido en sí no ofrece nada. Entonces tenemos este enorme desafío de cómo dar alguna coherencia a toda esta resistencia. Yo no tengo la respuesta, no tengo la solución. Solo tengo este diagnóstico sobre el problema.

La entrada William I. Robinson: “La guerra contra los migrantes es un ataque contra toda la clase obrera” se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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¿Es la guerra el último refugio de una élite financiera en quiebra?

14 Abril 2026 at 19:54
Por: Arturo

Fotografía: reproducción grafiti de Banksy. Banksy. «You loot We shoot». «Tu robas. Nosotros disparamos»

Paco Cantero. Coordinador de ATTAC Madrid y Futuro Alternativo. Publicado en Espacio Público

Debate principal: Tras el vendaval trumpista

El mundo no está asistiendo a una serie de conflictos aislados por caprichos territoriales o diferencias religiosas, ni tan siquiera para llevar la democracia a determinados países. Lo que vemos en las estepas de Ucrania, en las costas de Gaza, en el Golfo Pérsico y en las crecientes tensiones en el Estrecho de Taiwán no son más que los síntomas de una enfermedad mucho más profunda: el colapso sistémico del modelo financiero de Occidente. Mientras los medios de comunicación nos saturan con narrativas de “buenos contra malos”, en los despachos de la City de Londres y en las plantas nobles de los grandes fondos de inversión se libra una batalla mucho más fría: la lucha por la supervivencia de un sistema de deuda que ya no puede sostenerse por medios pacíficos.

La trampa de los 2,4 billones: El monstruo bajo la cama

Para entender por qué el tambor de guerra suena con fuerza en 2026, debemos dejar de mirar los mapas y empezar a mirar los balances. Se estima que el volumen de derivados financieros (esos complejos instrumentos de apuesta y cobertura que sostienen la banca global) ha alcanzado una cifra mareante: 1.000 billones de dólares en valor nocional, de los cuales, 2,4 billones es una cifra que se maneja en círculos de inteligencia financiera como riesgo de exposición crediticia bruta, es decir, representa el valor real de los contratos que están “en pérdida” y que no tienen garantía suficiente para cubrirse. Es el dinero que desaparecería del sistema si las contrapartes (bancos, fondos) no pudieran pagar sus apuestas mañana mismo.

Este castillo de naipes financiero, construido durante décadas de emisión de moneda sin respaldo y tipos de interés artificiales, está al borde de la implosión. Cuando la deuda ya no se puede pagar y los derivados amenazan con devorar a los bancos que los emitieron, las élites financieras solo tienen dos opciones: aceptar un colapso que les despojaría de su poder, o pulsar el botón de “reinicio” a través de una economía de guerra masiva. La guerra no solo justifica la inflación galopante y la escasez; permite el impago de deudas bajo el pretexto de la “emergencia nacional” y, lo más importante, destruye el capital sobrante para comenzar un nuevo ciclo de préstamos para la reconstrucción.

El eje City-Wall Street y la herencia del poder

No es ninguna coincidencia que la política exterior de Washington y Londres parezca diseñada para buscar el conflicto sistémico. Muchos analistas apuntan a que el núcleo de poder real no reside en los Parlamentos, sino en una red transnacional de intereses financieros con raíces históricas muy específicas. Hablamos de una élite sionista que algunos investigadores vinculan genética y estratégicamente con estructuras de poder ancestrales, cuya habilidad para manejar el comercio y el crédito se ha refinado durante siglos hasta mutar en la actual City de Londres.

Esta élite, que opera por encima de los Estados-nación, ve con terror el surgimiento de un mundo multipolar. El bloque BRICS+, liderado por Rusia y China, no es una amenaza militar en el sentido tradicional; es una amenaza existencial para el dominio del dólar y el euro. Al proponer sistemas de pagos alternativos y monedas respaldadas por materias primas (oro, petróleo, gas), están cortando el suministro de oxígeno de un Occidente que solo sabe producir moneda y deuda. Por eso, cualquier intento de paz, como el que se vislumbró en las reuniones de Estambul en 2022, es sistemáticamente boicoteado por figuras enviadas desde Londres o Washington. La paz es el peor enemigo del acreedor que necesita una guerra para cuadrar sus libros.

Ucrania y el Maidán: El laboratorio de la provocación

Para que haya guerra, debe haber un “agresor” y una “provocación”. Los eventos del Maidán en 2014 son el ejemplo perfecto de manual sobre como los servicios secretos occidentales pueden descarrilar la soberanía de un país para convertirlo en un ariete geopolítico. La narrativa oficial nos vendió una “lucha contra la corrupción”, pero la realidad de 2026 nos muestra una Ucrania donde la corrupción es más sistémica que nunca, donde el patrimonio público está siendo transferido a precio de saldo a gigantes como BlackRock, y donde una generación entera de jóvenes está siendo sacrificada en nombre de una expansión de la OTAN que el Kremlin siempre advirtió que sería su “línea roja”.

¿Fue Rusia la que avanzó hacia las fronteras de Occidente, o fue la maquinaria militar de la OTAN la que, ignorando todas las promesas de la posguerra fría, se plantó en el patio trasero de Moscú? La respuesta es evidente para quien no esté cegado por la propaganda. Occidente no buscaba la democracia en Ucrania; buscaba un conflicto de desgaste que desangraría a Rusia y justificara el rearme europeo, manteniendo a la UE bajo la bota del complejo militar-industrial estadounidense.

El doble rasero en Oriente Próximo

La misma lógica se aplica a la actual carnicería en Oriente Próximo. Mientras el Gobierno español, en un acertadísimo gesto de autonomía (al contrario que el lamentable posicionamiento de la oposición), se niega a prestar sus bases para atacar a Irán o participar en operaciones de dudosa legalidad internacional, el núcleo duro de las potencias occidentales sigue lamiendo las botas de una administración israelí que parece decidida a incendiar la región.

¿Por qué este apoyo incondicional a pesar de la evidencia de crímenes de guerra? Porque el conflicto en Oriente Próximo es el otro gran pilar que sostiene el control de las rutas energéticas y el sistema de petrodólares, Si Irán y sus aliados logran consolidar una hegemonía regional fuera del control financiero de la City, el sistema financiero occidental perdería uno de sus últimos puntos de apoyo.

Europa: De proyecto de paz a vasallo financiero

La tragedia final de esta situación es la propia Unión Europea. Lo que nació como un sueño para evitar la guerra en el continente se ha convertido en un ente tecnocrático al servicio de los mercados. La soberanía de los países europeos ha sido secuestrada por una Comisión Europea que actúa más como un consejo de administración de una multinacional que como un gobierno democrático.

La UE necesita un cambio de “arriba a abajo”. No se puede pretender hablar de valores democráticos mientras se financia la guerra, se cierran los ojos ante el genocidio por intereses estratégicos y se entrega a la gestión de los fondos de recuperación a los mismos bancos que provocaron la crisis. La “agresividad” de otros actores es a menudo la respuesta desesperada de quien se siente acorralado por un sistema financiero que no permite la disidencia.

El despertar del ciudadano

Estamos ante una encrucijada histórica. O aceptamos que el destino del mundo siga siendo dictado por los algoritmos de riesgo de los fondos de inversión y los intereses de una élite financiera que no tiene patria, o recuperamos la soberanía política.

Occidente no es el “faro de la democracia” que dice ser mientras sigue utilizando el chantaje financiero y la provocación militar para sostener un sistema quebrado. La verdadera culpabilidad de la situación mundial actual reside en aquellos que, desde sus torres de cristal en la City y Wall Street, han decidido que la vida humana es un coste aceptable para mantener su hegemonía crediticia. Es hora de dejar de lamer las botas de quienes nos llevan al abismo y empezar a exigir una Europa y un mundo donde el ser humano esté por encima del derivado financiero.

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La Plataforma por la Justicia Fiscal reclama a España y a la UE la actualización de la lista de las guaridas fiscales

1 Abril 2026 at 17:36
Por: Arturo

Diez años después de la publicación de “Los Papeles de Panamá” no se han tomado medidas eficaces para evitar la evasión de capitales en estos “puntos ciegos” para las haciendas de los países.

Plataforma por la Justicia Fiscal. 01/04/2026

Con motivo del Día Mundial por la Abolición de los Paraísos Fiscales que se celebra el 3 de abril, la Plataforma por la Justicia Fiscal ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas “una revisión urgente y profunda” del actual listado de  donde grandes fortunas y empresas multinacionales esconden sus beneficios para evitar contribuir a los sistemas públicos de aquellos países donde obtienen sus beneficios. 

Una década después de la histórica filtración conocida como Papeles de Panamá que evidenció el uso sistemático de estructuras para ocultar patrimonio y eludir impuestos, la plataforma denuncia que los avances han sido insuficientes y que persisten importantes lagunas en la regulación internacional que siguen permitiendo la evasión de capitales a estas “guaridas fiscales donde se refugian los piratas”

“Los criterios utilizados por la Unión Europea para elaborar su lista siguen siendo claramente ineficaces y dejan fuera a jurisdicciones clave que facilitan la evasión fiscal. La lista negra comunitaria apenas incluye actualmente una decena de territorios, mientras que numerosos países con baja o nula tributación como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán o Luxemburgo continúan operando con total normalidad dentro del sistema financiero global. Esta falta de ambición permite mantener un modelo en el que grandes fortunas y multinacionales eluden su responsabilidad fiscal”,  destaca el coordinador de la plataforma, el economista Juan A. Gimeno. 

Según los cálculos de la plataforma Tax Justice Network, solo en 2024 España perdió cerca de 9.400 millones de euros por culpa del abuso fiscal de las multinacionales y los grandes patrimonios. Además, la Plataforma señala la desigualdad en el sistema tributario actual, puesto que las grandes empresas llegan a pagar tipos efectivos menores que la media de la ciudadanía y son precisamente las grandes fortunas quienes mayor uso hacen estos “refugios”.

Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal insta al Gobierno español a liderar en el ámbito europeo una reforma de los criterios de identificación de paraísos fiscales, así como a apoyar iniciativas internacionales como la futura convención fiscal de Naciones Unidas y la tasa global para gravar con un 2% anual a las grandes fortunas del planeta. 

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