- Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigen que el Gobierno de España actúe y deniegue la solicitud de prórroga de la central nuclear de Almaraz.
- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe tomar una decisión sobre la solicitud de prórroga de la central nuclear de Almaraz, que para las organizaciones ecologistas no puede ser otro más que mantener el calendario de cierre acordado en 2019 entre el Ejecutivo y las empresas titulares de las centrales.
- Ese calendario constituye uno de los pilares de la planificación energética española y sobre él se ha diseñado el despliegue de energías renovables previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
- Alterarlo ahora supondría generar incertidumbre sobre una planificación que ha guiado las inversiones y la transición energética de los últimos años.
¿Alargar las nucleares? No, gracias
Las cinco principales organizaciones ecologistas recuerdan que el informe del Centro de Seguridad Nuclear (CSN) solo valora la necesaria seguridad radiológica, y solo puede mandatar inversiones adicionales para garantizar esa seguridad. Sin embargo, es el Gobierno de España quién debe evaluar la viabilidad en la transición ecológica, los efectos económicos para la ciudadanía y la gestión de los residuos radiactivos. Unas hipótesis que fueron evaluadas en el primer borrador del PNIEC, que ya establecía que el calendario de cierre es coherente con el despliegue ordenado de las energías renovables y debe ser coherente con los objetivos de conservación de la biodiversidad, proporcionar estabilidad a la planificación de la transición energética, lo que implica unos efectos ambientales netamente superiores, sin incurrir en las desventajas significativas de la continuidad nuclear. Por tanto, la prórroga de Almaraz es incompatible con la política energética del gobierno, y el retraso del cierre nuclear frenará la transición energética y la lucha contra el cambio climático. No solo porque causan emisiones de CO2 que son, al menos, el doble de las de la fotovoltaica y seis veces superiores a las de la eólica, sino porque bloquean inversiones importantes para que esta transformación a lo renovable sea posible.
Las organizaciones ecologistas vuelven a reclamar que se cumpla lo pactado, y que no se ceda a los intereses de las empresas propietarias de las centrales que, con la continuidad de Almaraz, pretenden alterar el calendario de cierre escalonado acordado en 2019. Dar continuidad a la central en 2030 retrasaría un problema que sería mucho mayor sí el cierre se produjese con los otros dos reactores cuyo cierre está previsto también ese año (Ascó 1 y Cofrentes), tanto en sus efectos sobre el sistema eléctrico como en los plazos de desmantelamiento. Es decir, la continuidad de la energía nuclear tendrá un efecto importante sobre la rentabilidad de las energías renovables y sistemas de almacenamiento de electricidad y en consecuencia sobre los precios.
La prórroga de Almaraz hasta 2030 reducirá la disponibilidad de nueva generación renovable hasta en un 25 % respecto a lo planificado debido a la desconfianza de los inversores por el cambio de política energética. Como consecuencia, el uso de gas también aumentaría a partir del 2030 por el bajo despliegue de renovables derivado del retraso en el cierre de las centrales nucleares. El mayor uso del gas se traducirá en mayores emisiones que agravan el cambio climático, y en un sobrecoste acumulado en la factura eléctrica de los consumidores de 3.831 millones de euros (entre 2026 y 2033) en comparación con el escenario de cierre de la centra nuclear Almaraz en 2028.
El gobierno ha evitado hasta ahora tomar una decisión, pero se comprometió a que una posible autorización cumpliera tres condiciones. El informe favorable del Consejo se refiere solo a la primera, seguridad radiológica, por lo que resulta insuficiente. La segunda condición establece que sea conveniente para la seguridad del suministro eléctrico, pero esta condición no se cumple: sus constantes paradas desde 2024, debido a su falta de rentabilidad, no perturbaron el consumo eléctrico del país. Además, fue la última tecnología en retomar la generación tras el apagón. Por lo tanto, no demuestran ser tan necesarias para garantizar la seguridad de suministro como pretenden hacer creer.
La última condición establecía que no fuera a costa del bolsillo del contribuyente. Esta condición también se incumple por un sobrecoste del recibo eléctrico estimado en cerca de 4.000 millones de euros, solo entre 2026 a 2033, a lo que se suma un posible encarecimiento de la gestión de los residuos nucleares. Además, el retraso en el cierre de las centrales supondría seguir dependiendo de un sistema eléctrico encadenado a los elevados e inestables precios del gas.
Las organizaciones ecologistas y sociales recuerdan que el informe favorable del CSN se circunscribe a los aspectos de seguridad nuclear y radiológica. Corresponde ahora al Gobierno español valorar el conjunto de implicaciones ambientales, económicas y energéticas de una eventual prórroga y adoptar una decisión coherente con la planificación energética vigente, el interés general y los objetivos climáticos. Por ello, exigen que mantenga el calendario de cierre acordado y deniegue la solicitud de prórroga de los reactores de Almaraz.
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