El periodista publica el ensayo 'Me crie como un fascista', un libro en el que explora cómo la educación patriarcal genera el caldo de cultivo perfecto para que prenda el fascismo.
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Artículo original publicado en nuevatribuna.es por Rezgar Akrawi
El manifiesto publicado por Palantir Technologies no es un documento técnico ni una visión económica. Es un documento político explícito que anuncia una nueva etapa en la trayectoria del capitalismo digital, una etapa en la que ha abandonado la pretensión de neutralidad y ha decidido quitarse la máscara para mostrar su rostro ideológico completo. Palantir no es un caso aislado, es una de las grandes empresas tecnológicas condenadas por organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, por su participación en facilitar deportaciones forzadas, vigilancia masiva y persecución de disidentes. Informes documentados revelan una asociación directa entre ella y el ejército israelí, junto a empresas como Google, Amazon y Microsoft, en el suministro de sistemas de datos y focalización utilizados en operaciones militares contra Gaza, lo que la convierte en cómplice efectiva de crímenes de guerra documentados contra civiles palestinos.
Es una declaración de clase sobre un proyecto de alianza fascista digital que no se apoya únicamente en la violencia tradicional, sino en la vigilancia y la represión digital, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la supresión de la disidencia mediante métodos imperceptibles pero de enorme impacto. Una alianza que hoy se encarna en su forma más evidente en el trumpismo, sus coaliciones y sus guerras agresivas.
Peter Thiel, cofundador de Palantir y mayor impulsor de la carrera política de Trump, no es simplemente un hombre de negocios que apoya a un candidato político. Es el cerebro ideológico que otorga a este proyecto su lógica, ve en la democracia tradicional un obstáculo ante el proyecto de la élite tecnológica, y ha declarado públicamente que el capitalismo y la democracia liberal son incompatibles. Esta alianza no es casualidad ni una convergencia pasajera, es un encuentro objetivo entre dos proyectos que comparten un único objetivo: concentrar el poder en manos de una camarilla financiera y política que cree poseer un «derecho natural» a gestionar las sociedades.
El manifiesto de Palantir revela con claridad que estamos ante una nueva forma de fascismo: una alianza del capital monopolista con el poder político nacional agresivo y la utilización de la violencia
Esta alianza encuentra hoy su traducción institucional en el movimiento de aceleración tecnológica que incluye a Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y otros. Lo que los une es su posición de clase y el interés común: eliminar cualquier restricción regulatoria o democrática que limite su capacidad de acumulación, dominación y expansión del control.
Palantir publicó un resumen del libro de su director ejecutivo Alexander Karp, «La República Tecnológica», en medio de una amplia reacción mundial y una creciente indignación política que superó millones de visualizaciones en pocos días. Sin embargo, la indignación no debe limitarse a la reacción emocional, porque el manifiesto es en esencia una hoja de ruta de clase que merece una lectura izquierdista precisa que vaya más allá de la mera condena.
El manifiesto fue construido con una precisión arquitectónica consciente, no al azar. Hay puntos que parecen moderados o humanitarios en apariencia, como el llamado a la tolerancia con los políticos en su vida personal, o a no regocijarse con la derrota del adversario. Estos puntos no son inocentes ni accidentales, son la fachada calculada que seduce al lector vacilante y otorga al manifiesto una imagen «equilibrada» antes de revelar su verdadero rostro. Esto es lo que los estudios ideológicos denominan la estructura del consenso fabricado: te dan una dosis de palabras razonables para que tragues con ellas la dosis venenosa. Por ello, lo que parece lógico en el manifiesto no es evidencia de su equilibrio, es evidencia adicional de su astucia. Sin embargo, todos estos puntos son utilizados como cobertura para hacer pasar una agenda ideológica integral que vincula todas estas preocupaciones con el proyecto de armamento, dominación y jerarquía civilizacional.
El punto primero afirma que «la élite de ingenieros de Silicon Valley está moralmente obligada a participar en la defensa de la nación». Este encuadre moral no es inocente. Cuando el contrato militar y de seguridad se presenta como un «deber moral», la presión social se convierte en un mecanismo para obligar a ingenieros y programadores a servir al aparato de guerra y represión, y toda voz disidente dentro de las empresas tecnológicas es silenciada en nombre del «patriotismo». Esto es una conversión de la conciencia individual en una mercancía al servicio del Estado militar-securitario y sus instituciones de espionaje.
La lucha por la justicia social y la liberación hoy pasa inevitablemente por la lucha por liberar la tecnología de esta alianza de clase agresiva
El punto segundo llama a «rebelarse contra la tiranía de las aplicaciones», es decir, rechazar la tecnología de consumo en favor de sistemas de seguridad y militares más profundos. Esto no es una crítica al capitalismo de consumo como podría parecer, es un llamado a redirigir la eficiencia tecnológica hacia la máquina de guerra y vigilancia en lugar del mercado del entretenimiento.
El punto quinto establece que «la pregunta no es si se construirán armas de inteligencia artificial, la pregunta es quién las construirá». Esta lógica determinista cerrada tiene como objetivo eliminar cualquier debate sobre el rechazo al armamento tecnológico desde la raíz. Cuando la elección se formula como «nosotros o el enemigo», se cancela la posibilidad de decir «no a las armas en absoluto». Es la misma lógica que utilizaron los gobiernos de la Guerra Fría para silenciar los movimientos de paz y restringir las organizaciones izquierdistas, y ahora regresa con ropaje digital.
El punto sexto exige que «el servicio nacional sea un deber general», y llama a reconsiderar el sistema de ejército voluntario en favor del servicio militar obligatorio. Este llamado revela claramente el rostro fascista clásico del manifiesto: cuando el Estado es incapaz de generar una voluntad espontánea de participar en sus guerras, recurre a la coacción institucional y la llama «responsabilidad compartida». Y lo más significativo es que la empresa que exige a los jóvenes sacrificar sus vidas en defensa de «Occidente» recauda al mismo tiempo miles de millones de dólares en contratos de guerras en las que esos jóvenes mueren. El deber es para todos, las ganancias son para la minoría.
El punto decimoséptimo afirma que «Silicon Valley debe desempeñar un papel en la lucha contra la delincuencia violenta». Esta propuesta parece pragmática en apariencia, pero en su esencia es una ampliación de las atribuciones de las empresas de seguridad privadas para superar el papel del Estado y convertirse en una fuerza de control social independiente, que opera con la lógica del beneficio y no con la lógica del derecho, la justicia independiente y la rendición de cuentas democrática.
El punto vigésimo exige «resistir la intolerancia generalizada contra la fe religiosa». Este punto no nace de una defensa genuina de la libertad de creencia, es una utilización oportunista del discurso religioso para construir una alianza ideológica con las corrientes conservadoras más susceptibles de ser movilizadas detrás de proyectos bélicos. La historia nos enseña que todo proyecto fascista necesitó una alianza con la institución religiosa para conferir al violencia un carácter sagrado, y eso es lo que persigue este punto bajo la cobertura de «libertad de fe».
El punto vigésimo primero es el más revelador sobre la dimensión ideológica profunda, cuando establece que «algunas culturas han producido un avance vital mientras que otras siguen siendo disfuncionales y retrógradas». Esta frase no es una opinión cultural pasajera, es el fundamento teórico del racismo colonial civilizacional que justifica la dominación, la ocupación y el asesinato de pueblos bajo la cobertura de la «gestión racional de la civilización». Esta lógica no difiere en esencia de «la carga del hombre blanco» que justificó el colonialismo en siglos pasados, y hoy se reproduce con el lenguaje de los algoritmos y los macrodatos. Y lo que la hace más peligrosa que su predecesora es que no necesita fuerzas coloniales visibles, le basta con una base de datos y un algoritmo de focalización.
No es posible leer este manifiesto al margen de lo que ocurre en las guerras contemporáneas. Informes periodísticos e investigativos han revelado el uso de sistemas de inteligencia artificial construidos por Palantir en listas de objetivos que han resultado en masacres contra civiles en Gaza. Lo que la empresa denomina «sistema de focalización inteligente» es en la práctica una máquina para gestionar el asesinato con eficiencia industrial. El asesinato no necesita una decisión humana responsable, necesita un algoritmo, datos suficientes y luz verde de un aparato que no está sujeto a ninguna rendición de cuentas democrática. Lo más importante en este contexto es que el uso de estos sistemas no puede separarse del discurso que justifica clasificar comunidades enteras como atrasadas o como una amenaza. El crimen no comienza con la bomba, comienza con la clasificación. Cuando comunidades enteras son definidas como un peligro, las operaciones de asesinato y focalización de civiles se convierten en «gestión de seguridad» y no en un crimen cuyos autores deben rendir cuentas.
Y lo más peligroso que las aplicaciones militares directas es lo que puede describirse como la «sociedad de vigilancia»: cuando el individuo sabe que está siendo vigilado en todo momento, y que cada una de sus interacciones digitales es registrada y analizada, comienza a ejercer vigilancia sobre sí mismo. Modifica su discurso, evita los temas sensibles, se aleja de las ideas radicalmente disidentes. Esta autovigilancia voluntaria debilita los movimientos izquierdistas, progresistas y las organizaciones laborales desde adentro sin necesidad de arrestos directos. Por ello, el llamado del manifiesto a una «comprensión profunda del comportamiento humano» como condición de seguridad es en realidad un llamado a construir un sistema integral para desarticular la acción política colectiva antes de que surja, y para predecir el comportamiento de protesta y desmantelarlo de antemano antes de que se convierta en un movimiento organizado.
Lo llamativo en el manifiesto de Palantir, y lo verdaderamente sospechoso, es que no menciona ni una sola palabra sobre los trabajadores, los sindicatos, el derecho a la organización, la huelga. En un documento que habla de «la élite de ingenieros», el «deber moral» y las «culturas atrasadas», no hay lugar para los trabajadores y trabajadoras manuales e intelectuales que construyen estos algoritmos, los operan y viven bajo el peso de la misma vigilancia. Este silencio no es pasajero. Es un reconocimiento implícito de que el proyecto tecnológico fascista no puede enfrentarse a la pregunta de los trabajadores, porque los trabajadores solos, si se organizan, son capaces de detener por completo las líneas de producción de la muerte. La huelga general en Silicon Valley, o incluso en las propias oficinas de Palantir, es la pesadilla de este proyecto. Por ello, apoyar los sindicatos de trabajadores tecnológicos y vincular su lucha con una lucha global es un acto de resistencia de primer orden.
La cuestión fundamental no reside en cómo se utiliza la tecnología, es una cuestión de quién la posee y quién determina sus objetivos. La tecnología no se convertirá en una herramienta de liberación mientras permanezca en manos de los monopolios digitales aliados con los proyectos de la derecha, la guerra y la represión. Cualquier debate serio debe partir de la necesidad de la propiedad colectiva comunitaria de la infraestructura digital, y de someter los algoritmos y la inteligencia artificial a un control democrático genuino que represente los intereses de las masas trabajadoras y no de las élites monopolistas. Este camino tampoco se completa sin una campaña organizada para desarmar tecnológicamente a estos monopolios: boicotear sus servicios, revelar sus contratos secretos, llevar a sus responsables ante los tribunales internacionales por complicidad en crímenes de guerra, y presionar a las instituciones públicas para que corten sus relaciones con estas empresas. Cada contrato gubernamental con este sistema es una financiación directa de la máquina de asesinato y deportación, y detener este flujo financiero es la primera línea de confrontación.
El manifiesto de Palantir revela con claridad que estamos ante una nueva forma de fascismo: una alianza del capital monopolista con el poder político nacional agresivo y la utilización de la violencia, la represión y la jerarquía civilizacional para proteger esta alianza de cualquier amenaza popular. La única diferencia es que las herramientas de este fascismo hoy son los algoritmos, los macrodatos y la inteligencia artificial, y eso es lo que lo hace más hermético y más difícil de resistir.
La lucha por la justicia social y la liberación hoy pasa inevitablemente por la lucha por liberar la tecnología de esta alianza de clase agresiva. Es una cuestión eminentemente política, y parte de una lucha histórica sobre quién controla el futuro y la conciencia humana: la minoría monopolista aliada con los proyectos de asesinato y represión, o las masas trabajadoras que deben imponer su autoridad sobre las herramientas que moldean sus vidas y su destino.
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El 17 de marzo el Ayuntamiento de la capital andaluza, gobernado por el PP, presentó a los boinas rojas, una extensión de la policía local que, entre otras cosas, persigue el trabajo de nuestros compañeros manteros. La progresía de la ciudad habla de conciliar, pero lo que necesitamos para combatir el racismo es organización.
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La cineasta chilena habla sobre su última película Limpia (2025), su próximo proyecto cinematográfico, su cine de barrio en Santiago y reflexiona sobre el escenario político actual en Chile tras el reciente triunfo de la ultraderecha.
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20 de enero por Eric Toussaint , CADTM International , Colectivo , Joao Pedro Stedile , Jeremy Corbyn , Yanis Varoufakis , Rafael Bernabe , Fátima Martín , Martín Mosquera , Zoe Konstantopoulou , Jean-Luc Mélenchon , Teresa Rodríguez , Verónica Gago , Olga Rodríguez , Manon Aubry , Annie Ernaux , Ada Colau , Irene Montero , Ana Miranda…
La extrema derecha y neofascista avanza en todos los continentes. La amenaza adopta formas particulares en cada país o región, pero es fácil señalar sus elementos comunes: el objetivo de aniquilar derechos y protecciones laborales, el estrangulamiento de las organizaciones obreras, el desmantelamiento de la seguridad social y la imposición de un régimen de precariedad a empleados y desempleados, la privatización de servicios públicos, la negación del cambio climático, la utilización del pretexto del alto nivel de la deuda pública para intensificar las políticas de austeridad, la desposesión del campesinado para abrir paso al agro-negocio, el fortalecimiento el desplazamiento de pueblos originarios para propiciar el extractivismo desenfrenado, el endurecimiento de las políticas migratorias inhumanas, el aumento del gasto militar. Son políticas que, para imponerse, requieren una restricción del derecho a la huelga, de expresión, de asociación, de reunión, un silenciamiento de la prensa y de las voces críticas en las escuelas y universidades, una negación de la ciencia cuando sus hallazgos contradicen esas políticas y un fortalecimiento de las ramas y aparatos de represión y vigilancia.
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La derecha extrema pone el descontento con las consecuencias nefastas del neoliberalismo al servicio de una aceleración de esas políticas. Para lograrlo, al igual que el fascismo clásico, pretende dirigir ese descontento contra sectores oprimidos y desposeídos: los migrantes, las mujeres, las personas LGBTQ+, los sectores que se benefician de programas de inclusión, las personas racializadas, la minorías nacionales o religiosas. El chovinismo nacional, el racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia, el cultivo del odio, la normalización de la crueldad, acompañan a cada paso el avance de la derecha radical, según las particularidades de cada país.
El deseo de acumular riqueza en manos del capital, la búsqueda desenfrenada del máximo beneficio que sustenta las políticas de extrema derecha, se manifiesta también en la intensificación de las agresiones imperialistas para apoderarse de los recursos y explotar a las poblaciones. Esto va de la mano con la perpetuación de situaciones coloniales que, en el caso de Palestina, toma la forma de un genocidio orquestado por el Estado de Israel, con la complicidad de sus aliados imperialistas.
Más allá de la complicidad con el gobierno de Netanyahu, la extrema derecha teje sus lazos internacionales: congresos, think tanks, declaraciones conjuntas, apoyo mutuo en procesos electorales, colaboración de podcasters y agendas de propaganda y desinformación. Nuestra lucha contra las derechas y las agresiones imperialistas es urgente y, para ser efectiva, tiene que ser internacional.
Las fuerzas que luchan contra el auge de la extrema derecha, el fascismo y las agresiones imperialistas no son monolíticas ni homogéneas. Nunca lo han sido. Son diversas y existen diferencias innegables de análisis, estrategia y tácticas, programa y política de alianzas, de énfasis y prioridades. La experiencia nos enseña que, sin dejar de reconocer esas diferencias, es indispensable coordinar la lucha contra enemigos cada vez más amenazantes. Esa convergencia puede y debe incluir a todas las fuerzas dispuestas a defender la clase trabajadora, el campesinado, los migrantes, las mujeres, las personas LGBTQ+, las personas racializadas, las minorías nacionales o religiosas oprimidas, los pueblos originarios; a defender la naturaleza ante un capitalismo ecocida; a combatir las agresiones imperialistas y coloniales, independientemente de su procedencia, y a apoyar a la lucha de los pueblos que se resisten a ellas, incluso con las armas en la mano si es necesario.
Es urgente compartir análisis, estrechar lazos, acordar acciones concretas. Esos objetivos inspiraron la iniciativa de convocar una Conferencia Internacional Antifascista y Antiimperialista en la ciudad de Porto Alegre, Brasil los días 26 a 29 de marzo 2026 https://antifas2026.org/es/ .
La conferencia de Porto Alegre es una etapa importante en una ruta mucho más larga. Las organizaciones y los individuos que firmamos nos comprometemos a continuar luchando sin descanso, y de la manera más unitaria posible, contra la extrema derecha en ascenso y las agresiones imperialistas, una dimensión esencial de nuestro proyecto emancipador, socialista, ecologista, feminista, antirracista e internacionalista.
Como lo escribió Che Guevara a sus hijos: Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.
Alemania
1. Angela Klein, redactora jefa responsable de la revista SOZ.
2. Carola Rackete, bióloga, activista, capitana de barco arrestada en Italia en junio de 2019 por proteger a refugiados, exmiembro del Parlamento Europeo.
Argentina
3. Atilio A. Boron, docente Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Avellaneda.
4. Verónica Gago, activista feminista e investigadora en la Universidad de Buenos Aires.
5. Julio Gambina, Corriente Política de Izquierda, ATTAC Argentina, CADTM AYNA.
6. Claudio Katz, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET.
7. Beverly Keene, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina y Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.
8. Claudio Lozano, Presidente del Instrumento Electoral por la Unidad Popular.
9. Jorgelina Matusevicius, referente de Vientos del Pueblo Frente por el Poder Popular.
10. Felisa Miceli, Economista, Ex Ministra de Economía de Argentina 2005/2007.
11. Martín Mosquera, editor de Jacobin América Latina (Jacobinlat).
12. María Elena Saludas, integrante ATTAC- Cadtm Argentina, Corriente Política de Izquierda (CPI).
Australia
13. Federico Fuentes, editor LINKS International Journal of Socialist Renewal.
14. Pip Hinman, Coeditora de Green Left.
15. Susan Price, Coeditora de Green Left.
Bélgica
16. Vanessa Amboldi, directora del CEPAG movimiento de educación popular.
17. France Arets, profesora de historia jubilada, activa en el apoyo a personas sin papeles, CRACPE.
18. Eléonore Bronstein, secretaria federal del Mouvement Ouvrier Chrétien Bruselas.
19. Céline Caudron, Gauche Anticapitaliste, militante sindical y feminista.
20. Giulia Contes, Copresidenta de la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD).
21. Paul-Emile Dupret, jurista, exfuncionario de The Left en el Parlamento Europeo.
22. Pierre Galand, exsenador, presidente de la Association Belgo-Palestinienne (ABP), presidente de la Conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui (EUCOCO).
23. Corinne Gobin, profesora de la Université libre de Bruxelles.
24. Henri Goldman, miembro de la Unión de Judíos Progresistas de Bélgica.
25. Jean-François Tamellini, secretario general de la FGTB wallonne.
26. Éric Toussaint, portavoz de CADTM international.
27. Felipe Van Keirsbilck, secretario general de la Centrale Nationale des Empoyés (CNE/CSC).
28. Arnaud Zacharie, maestro de conferencias en la ULB y en la ULiège, secretario general del Centre National de Coopération au Développement (CNCD).
Benín
29. Émilie Atchaka, feminista, presidenta de la CADD Benín.
Bolivia
30. Gabriela Montaño, médica, ex Presidenta de la Cámara de Diputados y Senadores, exministra de Salud.
Brasil
31. Ricardo Abreu de Melo «Alemão», FMG.
32. Luana Alves, feminista negra, concejala del PSOL en São Paulo.
33. Frei Betto, escritor.
34. Sâmia Bomfim, diputada federal PSOL.
35. Bianca Borges, presidenta de la UNE.
36. Ana Cristina Carvalhaes, Periodista, revista Inprecor.
37. Raul Carrion, Historiador, exdiputado, miembro de la FMG y de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PC de Brasil.
38. Rodrigo Dilelio, presidente del Partido dos Trabalhadores de la ciudad de Porto Alegre; Comité Organizador.
39. Olívio Dutra, Ex Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul; Ex Ministro de las Ciudades (PT).
40. Israel Dutra, Secretario de Movimientos Sociales del PSOL, miembro de la Dirección Nacional del PSOL.
41. Luciana Genro, diputada estadual de Rio Grande do Sul y presidenta de la Fundação Lauro Campos/Marielle Franco.
42. Tarso Genro, Ex Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul; Ex Ministro de Justicia (PT).
43. Socorro Gomes, CEBRAPAZ y Consejo Mundial de la Paz.
44. Amanda Harumy, Analista internacional y latinoamericanista.
45. Elias Jabbour, geógrafo y especialista en China.
46. Joao Machado, economista, PSOL.
47. Fernanda Melchionna, diputada federal PSOL de Rio Grande do Sul.
48. Maria do Rosário Nunes, Diputada Federal; Ex Ministra de Derechos Humanos (PT).
49. Misiara Oliveira, secretaria adjunta de Relaciones Internacionales / Comisión Ejecutiva Nacional (PT).
50. Raul Pont, historiador, exalcalde de Porto Alegre, PT.
51. Ana Maria Prestes, historiadora, doctora en Ciencias Políticas y secretaria de Relaciones Internacionales del CC del PC de Brasil.
52. Edson Puchalski, presidente del PC do B Rio Grande do Sul.
53. Roberto Robaina, concejal y presidente del PSOL de Porto Alegre.
54. Miguel Rossetto, líder del PT en la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul.
55. Juliana Souza, líder del PT en el Concejo Municipal de Porto Alegre.
56. Joao Pedro Stedile, activista social, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
57. Gabi Tolotti, presidenta del PSOL Rio Grande do Sul.
58. Thiago Ávila, coordinación internacional de la Global Sumud Flotilla para Gaza.
Cataluña
59. Ada Colau, activista social, ex Alcaldesa de Barcelona, Presidenta de la Fundación Sentit Comú.
60. Gerardo Pisarello, diputado en el Congreso por Comuns. Profesor de derecho. Universitat de Barcelona.
61. Daniel Raventós, profesor de la Universidad de Barcelona. Comité de Redacción de la revista Sin Permiso y presidente de la Red Renta Básica.
62. Carles Riera, sociólogo, exdiputado y miembro de la Mesa del Parlamento de Catalunya por la CUP (2016-2024), presidente de la Fundación FDC, presidente de la Red Mundial por los Derechos Colectivos de los Pueblos.
Chile
63. Daniel Jadue, Partido Comunista de Chile.
64. Jorge Sharp Fajardo, ex alcalde de Valparaíso, miembro de Transformar Chile.
Colombia
65. Wilson Arias, senador de la República.
66. Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico.
Congo, República Democrática del
67. Yvonne Ngoyi, feminista, presidenta de la Unión de Mujeres para la Dignidad Humana (UFDH).
Costa de Marfil
68. Solange Kone Sanogo, presidenta del Foro Nacional sobre Estrategias Económicas y Sociales (FNSES), Coordinación Nacional Marcha Mundial de las Mujeres.
Cuba
69. Rafael Acosta, escritor, académico e investigador.
70. Aurelio Alonso, subdirector de la revista Casa de las Américas.
71. Katiuska Blanco, escritora y periodista, RedEDH.
72. Olga Fernández Ríos, Instituto de Filosofía y vicepresidenta de la Academia de Ciencias de Cuba.
73. Norma Goicochea, presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, integrante de la Red en Defensa de la Humanidad (REDH).
74. Georgina Alfonso González, Dra., directora del Instituto de Filosofía.
75. Rafael Hernández, politólogo y profesor. Director, Revista Temas.
76. Marilín Peña Pérez, educadora popular, Centro Memorial Dr. Martin Luther King (CMLK).
77. Pedro Prada, periodista, investigador y diplomático.
78. Abel Prieto, escritor, ex ministro de Cultura, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, presidente de la Casa de las Américas.
79. Raul Suárez, Rev., pastor emérito de la iglesia Bautista Ebenezer, Fundador del Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.
80. Marlene Vázquez Pérez, directora del Centro de Estudios Martianos.
Dinamarca
81. Per Clausen, miembro del Parlamento Europeo, GUE/NGL, Alianza Roja-Verde. 82. Søren Søndergaard, miembro del Parlamento, Alianza Roja-Verde.
Ecuador
83. Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente en 2007-2008.
España
84. Fernanda Gadea, coordinadora de ATTAC España.
85. Estrella Galán, eurodiputada SUMAR, grupo The Left.
86. Manuel Garí Ramos, economista ecosocialista, miembro del Consejo Asesor de la revista Viento Sur.
87. Vicent Marzà i Ibáñez, diputado en el Parlamento Europeo por Compromís, País Valenciano.
88. Fátima Martín, periodista, editora del periódico online FemeninoRural.com, integrante del CADTM.
89. Irene Montero, secretaria política de PODEMOS, eurodiputada y ex Ministra de Igualdad.
90. Jaime Pastor, redactor de la revista Viento Sur.
91. Manu Pineda, ex diputado al Parlamento Europeo y responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Español.
92. Olga Rodríguez, periodista y escritora.
93. Teresa Rodríguez, co-portavoz de Adelante Andalucía. Profesora de secundaria y bachillerato.
94. Isabel Serra Sánchez, Diputada en el Parlamento Europeo de Podemos/The Left.
95. Miguel Urban, ex eurodiputado, miembro del consejo editorial de la revista Viento Sur.
96. Koldobi Velasco Vázquez, participante de Alternativa antimilitarista y del Movimiento Objetor de Conciencia/Acción Directa No Violenta. Docente universitaria de Trabajo Social, Canarias.
Estados Unidos
97. David Adler, Coordinador General Adjunto de la Internacional Progresista.
98. Anthony Arnove, editor. Revista Tempest y Haymarket Books.
99. Tithi Bhattacharya, profesora de Historia, Purdue University, coautora de Manifiesto de un feminismo para el 99%.
100. Robert Brenner, profesor emérito de historia y director del Center for Social Theory and Comparative History en la University of California, Los Angeles (UCLA).
101. Vivek Chibber, profesor de sociología en la New York University. Editor de Catalyst.
102. Olivia DiNucci, organizadora antimilitarismo y justicia climática con sede en Washington D.C. y escritora, afiliada a Code Pink, una organización feminista de base que trabaja para poner fin a las guerras y el militarismo estadounidense.
103. Dianne Feeley, trabajadora automotriz jubilada (UAW Local 235), miembro de Solidarity, Metro Detroit DSA y editora de la revista Against the Current.
104. Nancy Fraser, profesora emérita, New School for Social Research y miembro del Comité Editorial de New Left Review, coautora de Manifiesto de un feminismo para el 99%.
105. Michael Hudson, profesor de economía, emérito, UMKC, y autor de Super Imperialism.
106. Neal Meyer, miembro de DSA y editor para Socialist Call.
107. Christian Parenti, periodista de investigación, académico, autor y editor colaborador de The Nation.
108. Jana Silverman, Profesora de Relaciones Internacionales, Universidade Federal do ABC (UFABC) y copresidenta, Comité Internacional de los Socialistas Democráticos de América (DSA)
109. Bhaskar Sunkara, editor fundador de Jacobin, presidente de la revista The Nation.
110. Suzi Weissman, profesora de Ciencias Políticas en el Saint Mary’s College of California.
Filipinas
111. Walden Bello, copresidente del consejo de administración, Focus on the Global South.
112. Jen Cornelio, Presidenta de Inged Fintailan (Organización de Mujeres IP/ Mindanao).
113. Dorothy Guerrero, consultora, Alianza Womin africana; Copresidenta del consejo de administración de la Red Minera de Londres.
114. Reihana Mohideen, Internacional Office, Partido Lakas ng Masa-PLM (Partido de las Masas Trabajadoras).
115. Lidy Nacpil, Coordinadora del Movimiento Popular Asiático sobre Deuda y Desarrollo.
116. Reyna Joyce Villagomez, secretaria general del Movimiento de los Pobres Rurales.
Francia
117. Manon Aubry, copresidenta (LFI) del grupo de la Izquierda (The Left) en el Parlamento Europeo.
118. Ludivine Bantigny, historiadora.
119. Olivier Besancenot, NPA – l’Anticapitaliste.
120. Leila Chaibi, miembro del parlamento europeo, La France Insoumise, The Left.
121. Fabien Cohen, Secretario General de France Amérique Latine-FAL.
122. Hendrik Davi, diputado a la Asamblea Nacional del grupo ecologista y social y miembro de la APRES.
123. Penelope Duggan, miembra de la dirección de la Cuarta Internacional, redactora jefe de International Viewpoint.
124. Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022.
125. Angélique Grosmaire, secretaria general de la Federación Sud PTT.
126. Rima Hassan, miembro del parlamento europeo, LFI.
127. Michael Löwy, sociólogo, ecosocialista.
128. Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise.
129. Ugo Palheta, editor de la Revue ContreTemps, autor de «La nouvelle internationale fasciste».
130. Patricia Pol, universitaria, representante de Attac France en el Consejo internacional del Foro Social Mundial.
131. Raymonde Poncet Monge, senadora Les Écologistes.
132. Thomas Portes, diputado LFI a la Asamblea Nacional.
133. Christine Poupin, Portavoz del NPA – l’Anticapitaliste.
134. Denis Robert, fundador y director de la redacción de Blast, medio de información independiente.
135. Catherine Samary, investigadora en economía política, especialista de los Balcanes, miembro de la QI y de la ENSU (European Network in Solidarity with Ukraine).
136. Aurélie Trouvé, diputada a la Asamblea Nacional, La France Insoumise.
137. Cem Yoldas, Portavoz de la Jeune Garde Antifasciste.
138. Sophie Zafari, sindicalista FSU.
Galicia
139. Ana Miranda, miembro del Parlamento Europeo, Bloque Nacionalista Galego (BNG).
Grecia
140. Zoe Konstantopoulou, abogada, jefa del Movimiento Político «Curso a la Libertad», miembro del Parlamento, ex presidenta del Parlamento griego, iniciadora-presidenta del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública.
141. Nadia Valavani, economista y autora, ministra alterna de finanzas en 2015 y exmiembro del Parlamento griego.
142. Yanis Varoufakis, líder de MeRA25, cofundador de DiEM25, profesor de economía – Universidad de Atenas.
Haití
143. Camille Chalmers, profesor de la Université d’Etat d’Haiti (UEH), director de la PAPDA, miembro del comité ejecutivo regional de la Assemblée des Peuples de la Caraïbe (APC), miembro del Comité nacional haïtien pour la restitution et les réparations (CNHRR).
India
144. Sushovan Dhar, revista Alternative Viewpoint, miembro del CI del Foro Social Mundial y de CADTM India.
145. Vijay Prashad, director, Instituto de Investigación Social Tricontinental.
146. Achin Vanaik, profesor jubilado de la Universidad de Delhi y miembro fundador de la Coalición para el Desarme Nuclear y la Paz (CNDP).
Indonesia
147. Rahmat Maulana Sidik, Director Ejecutivo, Indonesia for Global Justice (IGJ).
Irak
148. Noor Salem, periodista de radio.
Irlanda
149. Paul Murphy, miembro del Parlamento.
Italia
150. Eliana Como, miembra de la Assemblea Nazionale del sindicato CGIL.
151. Nadia De Mond, activista e investigadora feminista, Centro de Estudios para la Autogestión.
152. Domenico Lucano, alcalde de Riace en Calabria, miembro del Parlamento Europeo (grupo de izquierda The Left), perseguido por su política humanista de acogida de migrantes y refugiados por el sistema judicial italiano y el ministro del Interior de extrema derecha, el Sr. Salvini, injustamente condenado a 13 años de prisión antes de ganar su apelación tras una larga batalla legal y gracias a la solidaridad.
153. Cristina Quintavalla, profesora de filosofía, militante decolonial, contra las privatizaciones y la deuda pública.
154. Ilaria Salis, activista antifascista, injustamente encarcelada en Budapest hasta su elección en junio de 2024, miembro del Parlamento Europeo (The Left).
Kenia
155. Ikal Angelei, Dra., activista académica por los derechos indígenas.
156. David Otieno, Coordinador General, Liga de Campesinos de Kenia y Presidente Convocante del Grupo de Referencia de la Sociedad Civil, miembro de La Vía Campesina.
La Reunión/Francia
157. Françoise Vergès, autora, militante feminista decolonial.
Líbano
158. Sara Salloum, cofundadora y presidenta de AgriMovement en Líbano.
Luxemburgo
159. Justin Turpel, ex diputado de ’déi Lénk – la Gauche’ en la Cámara de Diputados.
160. David Wagner, miembro de déi Lénk de la Cámara de Diputados.
Madagascar
161. Zo Randriamaro, presidenta del Movimiento de los Pueblos del Océano Índico.
Malasia
162. Jeyakumar Devaraj, presidente del Partido Socialista de Malasia.
Malí
163. Massa Kone, del comité organizador del Foro Social Mundial 2026 en Benín.
Marruecos
164. Fatima Zahra El Belghiti, miembro de Attac CADTM Marruecos.
Martinica/Francia
165. Mireille Fanon-Mendes-France, copresidenta de la Fundación Frantz Fanon internacional.
166. Fondación Frantz Fanon, https://fondation-frantzfanon.com/
México
167. Armando Bartra, escritor, sociólogo, filósofo y analista político.
168. Verónica Carrillo Ortega, integrante de la Promotora Nacional para la Suspensión de la Deuda Pública en México, CADTM AYNA.
169. Ana Esther Ceceña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y de la Agencia Latinoamericana de Información. Universidad Nacional Autónoma de México.
170. Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
171. Diana Fuentes, filósofa y analista política, profesora-investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana.
172. María Auxilio Heredia Anaya, sindicalista y feminista, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
173. Sara Lovera Lopez, periodista/feminista.
174. Ana López Rodríguez, una fundadora del PRT y dirigente campesina Sonora, integrante del MSP.
175. Pablo Moctezuma Barragán, politólogo, historiador y urbanista; investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, vocero del Congreso por la Soberanía.
176. Massimo Modonesi, historiador, sociólogo y politólogo, profesor Ordinario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
177. Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
178. Magdalena Núñez Monreal, Diputada Federal en el Congreso de México.
179. César Enrique Pineda, sociólogo y activista, docente en la Facultad de Políticas Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
180. Mónica Soto Elízaga, feminista y cofundadora de la Promotora por la suspensión del pago de la deuda pública (México), CADTM AYNA.
181. Paco Ignacio Taibo II, escritor y director del Fondo de Cultura Económica.
182. Carolina Verduzco Ríos, antropóloga, profesora en el Instituto Politécnico Nacional, integrante del Comité 68.
Nigeria
183. Emem Okon, fundadora y directora del Centro de Desarrollo y Recursos de Mujeres de Kebetkache.
País Vasco
184. Garbiñe Aranburu Irazusta, Coordinadora General del Sindicato LAB.
185. Igor Arroyo Leatxe, Coordinadora General del Sindicato LAB.
186. Josu Chueca, ex profesor de la EHU. Activista de la memoria histórica.
187. Irati Jiménez, parlamentaria en Navarra, EH Bildu.
188. Mitxel Lakuntza Vicario, secretario general del Sindicato ELA Sindikatua.
189. Oskar Matute, diputado en el Congreso del estado español, EH Bildu.
190. Luisa Menendez Aguirre, activista antirracista y feminista, Bilbao.
191. Amaia Muñoa Capron-Manieux, secretaria general adjunta del Sindicato ELA Sindikatua.
192. Anabel Sanz Del Pozo, activista feminista, Bilbao.
193. Igor Zulaika, parlamentario en la CAPV, EH Bildu.
Pakistán
194. Sheema Kermani, Artista escénica, defensora de los derechos humanos.
Palestina/Francia
195. Salah Hamouri, abogado franco-palestino, ex detenido político durante 10 años en las prisiones israelíes, deportado a Francia en 2022.
Perú
196. Evelyn Capchi Sotelo, secretaria de Organización Nacional del NUEVO PERÚ POR EL BUEN VIVIR.
197. Jorge Escalante Echeandia, responsable político de la corriente SÚMATE, dirigente nacional de la organización NUEVO PERÚ POR EL BUEN VIVIR.
198. Yolanda Lara Cortez, Dirigente feminista y socio ambiental de la provincia del Santa Ancash.
199. Flavio Olortegui, Dirigente de la Federación Nacional de trabajadores textiles del Perú.
Portugal
200. Mamadou Ba, investigador, dirigente de SOS Racismo Portugal.
201. Jorge Costa, periodista, miembro de la dirección nacional del Bloco de Esquerda.
202. Mariana Mortágua, economista, Bloco de Esquerda.
203. José Manuel Pureza, coordinador del Bloco de Esquerda.
204. Alda Sousa, ex diputada europea del Bloco de Esquerda.
Puerto Rico
205. Manuel Rodríguez Banchs, portavoz del Instituto Internacional de Investigación y Formación Obrera y Sindical. iNFOS.
206. Rafael Bernabé, autor y profesor universitario; ex miembro del Senado de Puerto Rico por el Movimiento Victoria Ciudadana.
Reino Unido
207. Gilbert Achcar, profesor emérito, SOAS, University of London.
208. Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento, cofundador de Your Party.
209. Michael Roberts, economista y autor.
210. Zarah Sultana, miembro del Parlamento, cofundadora de Your Party.
Senegal
211. Aly Sagne, fundador y director de Lumière Synergies pour le Développement.
Sri Lanka
212. Swasthika Arulingam, Presidenta de la Federación Unida del Trabajo.
213. Kalpa Rajapaksha, Dr., profesor titular, Departamento de Economía, Universidad de Peradeniya.
214. Amali Wedagedara, Centro Bandaranaike de Estudios Internacionales.
Sudáfrica
215. Mercia Andrews, coordinadora de la Asamblea de Mujeres Rurales del África Austral, miembro fundadora de la campaña de solidaridad palestina y miembro activo de BDS Sudáfrica.
216. Patrick Bond, Profesor Distinguido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Johannesburgo, donde dirige el Centro para el Cambio Social.
217. Samantha Hargreaves, fundadora y directora de WoMin.
218. Trevor Ngwane, presidente, United Front, Johannesburgo.
Suiza
219. Sébastien Bertrand, Enseignant.e.s pour le climat, Syndicat des Services Publics y miembro de solidaritéS Ginebra.
220. Hadrien Buclin, diputada Ensemble à Gauche en el Parlamento del Cantón de Vaud.
221. Marianne Ebel, Marcha Mundial de las Mujeres y de solidaritéS Neuchâtel.
222. Jocelyne Haller, solidaritéS, ex diputada cantonal de Ginebra.
223. Gabriella Lima, miembro del CADTM Suiza y de la plataforma Ensemble à Gauche.
224. Mathilde Marendaz, diputada Ensemble à Gauche en el Parlamento del Cantón de Vaud.
225. Aude Martenot, investigadora y coordinadora asociativa.
226. Mathieu Menghini, historiador de la acción cultural.
227. Françoise Nyffler, Colectivo Huelga feminista Suiza.
228. Stefanie Prezioso, ex diputada, Parlamento suizo.
229. Juan Tortosa, portavoz del CADTM-Suiza y miembro de SolidaritéS Suiza.
230. María Wuillemin, militante ecofeminista, miembro del Colectivo Jaguar.
231. Jean Ziegler, escritor, ex parlamentario, antiguo Relator Especial de la ONU para el derecho a la alimentación.
Siria
232. Joseph Daher, académico y especialista en economía política de Oriente Medio (residente en Suiza).
233. Munif Mulhen, activista político de izquierda. Ex prisionero político durante 16 años durante el régimen de Hafez al-Assad (1970-2000).
Túnez
234. Imen Louati, militante tunecina, una de las miembros fundadoras de la red de soberanía alimentaria árabe (Siyada).
235. Layla Riahi, miembro de la red Siyada pour la souveraineté alimentaire.
Venezuela
236. Luis Bonilla-Molina, director de Otras Voces en Educación.
La entrada Llamamiento internacional para reforzar la acción antifascista y antiimperialista se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.
Emilia G. Morales
Rafiq Badran perdió a cuatro de sus hijos en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. Entre 2024 y 2025, Israel bombardeó tres escuelas de esta localidad hasta cinco veces. En uno de estos ataques, los hijos de este gazatí desaparecieron. "Simplemente, se evaporaron", cuenta a Al Jazeera. "Los busqué un millón de veces. No quedó ni un solo pedazo. ¿A dónde fueron?".
Su testimonio es uno de los muchos recogidos en la investigación El resto de la historia, emitida por Al Jazeera Arabic el pasado 9 de febrero. A ellos se suman los datos recabados por los equipos del Servicio de Defensa Civil de Palestina y los análisis de expertos forenses. Sus hallazgos han puesto sobre la mesa una hipótesis tenebrosa: Israel utilizó armas térmicas y termobáricas contra población gazatí, carbonizando a unas 2.842 personas.
De ellas solo quedaron "salpicaduras de sangre" o "pequeños fragmentos como cueros cabelludos", explica Mahmoud Basal, portavoz del servicio de protección civil al medio catarí. Según describe, los equipos forenses aplican un "método de eliminación" para determinar cuántas personas han sido reducidas a cenizas. La fórmula consiste en cotejar el número de cuerpos recuperados tras un ataque de Israel con el de ocupantes que, teóricamente, había en el recinto bombardeado.
Si tras "una búsqueda exhaustiva", los forenses solo han encontrado algunos rastros biológicos -como sangre o tejidos corporales- de las personas que debían haber muerto en el lugar del ataque, las contabilizan como carbonizadas.
De acuerdo a la información recogida por la investigación, este fenómeno es fruto de bombas térmicas o termobáricas, capaces de "generar temperaturas superiores a 3.500°C". Es decir, aproximadamente tres veces más que un horno crematorio.
A esta temperatura, el tejido humano "se vaporiza" y se convierte "en cenizas", afirma a Al Jazeera Munir Al Bursh, médico y director general del Ministerio de Salud palestino en Gaza. Este nivel de destrucción es la razón por la que el derecho internacional prohíbe el uso de este y otros tipos de bombas de forma indiscriminada. Así lo recogen varios artículos del Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra de 1977, que protege a las víctimas en conflictos armados internacionales.
Así son las bombas
Una bomba térmica es aquella cuya composición "dispersa una nube de combustible que, al encenderse, crea una enorme bola de fuego y un efecto vacío", explica el experto militar, Vasili Fatigarov, a los periodistas de Al Jazeera. Por ello, estas bombas también son conocidas como "de vacío" o "de aerosol". Para lograr este efecto, al TNT de la munición convencional se le añaden compuestos químicos, como polvos de aluminio, que elevan la temperatura de la explosión y prolongan el tiempo de combustión.
Algunas de las bombas que pueden contener esta mezcla son las de la familia MK-80, fabricadas por EEUU. Durante el asedio a la Franja, Washington vendió a Tel Aviv varios paquetes de armamento que incluían este tipo de munición, tanto bajo la Administración del demócrata Joe Biden, como la del republicano Donald Trump. Normalmente, las MK-80 son de "caída libre", es decir, que carecen de dirección una vez los aviones las lancen. Sin embargo, también se les puede añadir un dispositivo GPS para guiar el destino del explosivo, dando lugar a una GBU (unidad de bomba guiada).
Los investigadores de Al Jazeera aseguran que la Defensa Civil palestina halló fragmentos de una bomba GBU en varios de los lugares en los que apenas había algún rastro de los cadáveres tras los ataques de Israel. Según las pesquisas del medio catarí, el ejército de Israel habría utilizado en Gaza tres tipos de bombas estadounidenses con capacidad para carbonizar a sus víctimas: la MK-84, la bomba antibúnker BLU-109 y la GBU-39. Por su parte, otra investigación de la organización Human Rights Watch (HRW) identificó restos de GBU en escuelas palestinas atacadas por Israel, mientras que The Guardian contrastó la existencia de restos de estas bombas en los lugares de Beirut (Líbano) atacados por Israel.
En una entrevista reciente con Público, Francesca Albanese, relatora de la ONU para los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos, incidió en que el genocidio en curso en Gaza era "un crimen colectivo". Para la jurista italiana esto es más que evidente en tanto que varios Estados del Norte Global no sólo han armado a Israel, sino que continúan mantenido los lazos comerciales que habrían permitido a Tel Aviv financiar la guerra.
Todo ello, señaló Albanese, ocurrió incluso después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitiera, el 26 de enero de 2024, una orden de medidas provisionales obligatorias en la que instaba a Israel que tomara medidas para evitar la comisión de un genocidio en Gaza. Además, recordaba a los Estados parte que, según la Convención contra el Genocidio de 1948, estaban obligados a prevenir y sancionar el genocidio.
Un documento filtrado obtenido por el medio EmirateLeaks ha revelado una propuesta del gobierno emiratí para utilizar las bases de los Emiratos Árabes Unidos en el Mar Rojo para proporcionar apoyo militar, de inteligencia y logístico directo a Israel durante su guerra en Gaza.
El documento data de octubre de 2023 y está dirigido al Comando de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas de los EAU. Fue redactado por Hamdan bin Zayed Al-Nahyan, representante de la región de Al-Dhafra y presidente de la Autoridad de la Media Luna Roja de los EAU.
“Con los ataques terroristas [del 7 de octubre] contra el estado hermano de Israel, y con base en el acuerdo histórico que estipula la cooperación entre los dos países… y en implementación de la orden emitida por el Comando de Operaciones Conjuntas de los EAU para apoyar al Estado de Israel a través de bases militares en la región sur del Mar Rojo – Al-Mokha en la costa occidental de Yemen, así como Massawa y Assab en Eritrea y Somalia – se llevaron a cabo preparativos y preparación rápidos para proporcionar a nuestras bases militares en el sur del Mar Rojo, especialmente en Yemen, todo lo necesario para apoyar al Estado de Israel”, comienza diciendo el documento.
El documento pide explícitamente que los Emiratos Árabes Unidos “fortalezcan a Israel en su guerra contra los terroristas en Palestina” y que ese apoyo continúe “hasta que los terroristas sean derrotados”.
El documento filtrado también pide que se continúen las “iniciativas comunitarias” para mejorar la “cohesión social” entre los dos estados.
También pide una cooperación “estrecha, cohesionada e integrada” en “antiterrorismo, intercambio de inteligencia y tecnología militar”, y “confirma el suministro de equipos y dispositivos de inteligencia a Israel por valor de mil millones de dólares”.
Continúa criticando el apoyo qatarí a Hamás y acusa a Kuwait de actuar “junto a Qatar” al “proporcionar apoyo financiero masivo a grupos combatientes en Palestina”, al tiempo que califica esto de “clara contradicción con las políticas de nuestro Estado y con los acuerdos entre nuestro Estado y Kuwait”.
“Existen amplios motivos para mencionar nuestros vínculos previos con el Estado de Israel, que nos obligan a cooperar con él y a acudir en su ayuda, a sumarnos a su apoyo tanto en tiempos de adversidad como de prosperidad. Los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Israel están unidos por estrechos vínculos culturales, diplomáticos, económicos y de seguridad, y estos vínculos se han intensificado desde el histórico acuerdo de 2020”, afirma.
Los Emiratos Árabes Unidos normalizaron oficialmente sus relaciones con Israel en 2020, cuando se firmaron los Acuerdos de Abraham, negociados por Estados Unidos. Washington y Tel Aviv han estado presionando a Arabia Saudita y otros estados árabes para que se unan a dichos Acuerdos.
En los años que siguieron al inicio de la guerra liderada por Arabia Saudita en Yemen en 2015, el ejército de los Emiratos Árabes Unidos estableció una ocupación generalizada de puertos, islas y vías fluviales yemeníes, llevada a cabo en coordinación con Israel.
Los Emiratos Árabes Unidos también han establecido bases militares a lo largo de la costa de Somalia.
Desde que comenzó el genocidio en Gaza, Abu Dhabi –ahora el principal socio comercial árabe de Israel– ha seguido manteniendo una relación militar estratégica con Tel Aviv.
En 2024, Balkan Insight reveló que una empresa vinculada a los Emiratos Árabes Unidos, Yugoimport-SDPR, exportó armas por valor de 17,1 millones de dólares a Israel mediante aviones militares. Estas armas estuvieron directamente implicadas en la guerra genocida contra Gaza.
Empresas emiratíes también han firmado acuerdos con XM Cyber, cofundada por un exjefe del Mossad, para proteger la infraestructura energética nacional. XM Cyber colabora con Rafael y otras empresas militares israelíes de élite como parte de un consorcio que se centra en mercados sensibles del Golfo, como el petróleo, la energía y los datos.
Además, el gigante de defensa estatal de los Emiratos Árabes Unidos, EDGE, tiene acciones en los principales fabricantes de armas israelíes, incluidos Rafael e Israel Aerospace Industries (IAI).
Fuente: https://thecradle.co/articles/leake...
Traducido del inglés por Tortuga con ayuda de un traductor automático.
Fuerte artículo del periodista Chris Hedges sobre Trump, así como la foto que eligió para ponerlo en sus redes. Cada vez hay más voces en EEUU que abiertamente hablan de dictadura y fascimo en la era Trump.
Pedro Brieger
La amenaza de Donald Trump de cancelar las elecciones de medio término no es un amague. Ya intentó revertir el resultado de las elecciones de 2020 y dijo que no aceptaría el de 2024 si perdía. Fantasea con desafiar la Constitución para quedarse un tercer mandato. Está decidido a conservar un control absoluto —apuntalado por una mayoría republicana servil— en el Congreso. Teme que, si pierde el control del Congreso, llegue el juicio político. Teme los obstáculos a la rápida reconfiguración de Estados Unidos como un Estado autoritario. Teme perder los monumentos que está erigiendo a su propia gloria: su nombre estampado en edificios federales, incluido el Kennedy Center; la eliminación de la entrada gratuita a los Parques Nacionales el día de Martin Luther King Jr. para reemplazarla por su propio cumpleaños; la anexión de Groenlandia y, quién sabe, quizá Canadá; su capacidad para poner ciudades como Minneapolis bajo sitio y secuestrar residentes legales en plena calle.
A los dictadores les encantan las elecciones, siempre que estén amañadas. Las dictaduras que cubrí en América Latina, Medio Oriente, África y los Balcanes montaban espectáculos electorales minuciosamente coreografiados. Eran una utilería cínica con resultados predeterminados. Servían para legitimar el control férreo sobre una población cautiva, encubrir el enriquecimiento del dictador, su familia y su círculo íntimo, criminalizar toda disidencia y prohibir a los partidos opositores en nombre de “la voluntad del pueblo”.
Cuando Saddam Hussein organizó un referéndum presidencial en octubre de 1995, la única pregunta en la boleta era: “¿Aprueba usted que el presidente Saddam Hussein sea el presidente de la República?”. Los votantes marcaban “sí” o “no”. Los resultados oficiales le dieron a Hussein el 99,96% de unos 8,4 millones de votos, con una participación del 99,47%. Su par en Egipto, el ex general Hosni Mubarak, fue reelegido en 2005 para un quinto mandato consecutivo de seis años con un mandato algo más modesto: 88,6% de los votos. Mi cobertura poco reverencial de las elecciones en Siria en 1991 —donde había un solo candidato en la boleta, el presidente Hafez al‑Assad, que supuestamente obtuvo el 99,9%— me valió la expulsión del país.
Estos espectáculos son el modelo, sospecho, de lo que viene, a menos que Trump consiga su deseo más profundo: emular al príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita —cuyo equipo de seguridad asesinó en 2018 a mi colega y amigo Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul— y no celebrar elecciones en absoluto.
Trump, aspirante a presidente vitalicio, lanza la idea de cancelar las elecciones legislativas de 2026. Le dijo a Reuters que “si lo pensás bien, ni siquiera deberíamos tener elecciones”. Cuando el presidente Volodímir Zelenski le explicó que en Ucrania no se celebraban elecciones por la guerra, Trump se entusiasmó: “¿O sea que si estamos en guerra con alguien, no hay más elecciones? Ah, eso está bien”.
Trump le dijo a The New York Times que se arrepiente de no haber ordenado a la Guardia Nacional que incautara las máquinas de votación después de las elecciones de 2020. Quiere abolir el voto por correo, junto con las máquinas y los tabuladores que permiten a las autoridades publicar resultados la misma noche electoral. Mejor ralentizar todo y, como hacía la maquinaria política de Chicago bajo el alcalde Richard J. Daley, rellenar urnas después del cierre para asegurar la victoria.
La administración Trump está prohibiendo campañas de registro de votantes en los centros de naturalización. Impone leyes restrictivas de identificación de votantes a nivel nacional. Reduce las horas que los empleados federales pueden ausentarse del trabajo para ir a votar. En Texas, el nuevo mapa electoral priva de derechos de manera flagrante a votantes negros y latinos, una maniobra avalada por la Corte Suprema. Se espera que elimine cinco bancas demócratas en el Congreso.
Nuestras elecciones inundadas de dinero, sumadas a un gerrymandering agresivo, hacen que pocas contiendas legislativas sean competitivas. La reciente redistribución de distritos prácticamente garantiza a los republicanos nueve escaños más —en Texas, Misuri, Carolina del Norte y Ohio— y a los demócratas seis —cinco en California y uno en Utah—. Los republicanos planean más redistritaciones en Florida y los demócratas impulsan una iniciativa en Virginia. Si la Corte Suprema sigue desmantelando la Ley de Derecho al Voto, la manipulación de distritos por parte de los republicanos se disparará, quizá consolidando una victoria aunque la mayoría del electorado no la quiera. Nadie puede llamar democrático al gerrymandering.
El fallo de la Corte Suprema en Citizens United nos quitó cualquier influencia real en las elecciones. Autorizó dinero ilimitado de corporaciones y grandes fortunas para amañar el proceso electoral en nombre de la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda. Dictaminó que el lobby pesado y organizado de las grandes empresas es una expresión del derecho del pueblo a peticionar a su gobierno.
Nuestros derechos más básicos, incluida la libertad frente a la vigilancia masiva del Estado, han sido revocados de manera constante por decreto judicial y legislativo.
El “consentimiento de los gobernados” es una broma cruel.
Hay pocas diferencias sustantivas entre demócratas y republicanos. Existen para ofrecer la ilusión de una democracia representativa. Los demócratas y sus apologistas liberales adoptan posturas tolerantes en cuestiones de raza, religión, inmigración, derechos de las mujeres e identidad sexual, y fingen que eso es hacer política. La derecha utiliza a los sectores marginados —en especial a los inmigrantes y al fantasma de la “izquierda radical”— como chivos expiatorios. Pero en los grandes temas —guerra, acuerdos comerciales, austeridad, policía militarizada, el gigantesco sistema carcelario y la desindustrialización— marchan en perfecta sintonía.
“No se puede señalar ninguna institución nacional que pueda describirse con precisión como democrática”, escribió el filósofo político Sheldon Wolin en Democracy Incorporated: “seguro que no en elecciones hipercontroladas y saturadas de dinero, un Congreso infestado de lobbistas, una presidencia imperial, un sistema judicial y penal sesgado por clase o, menos que nada, los medios”.
Wolin llamó a nuestro sistema de gobierno “totalitarismo invertido”. Rinde pleitesía externa a la fachada de la política electoral, la Constitución, las libertades civiles, la libertad de prensa, la independencia judicial y la iconografía, tradiciones y lenguaje del patriotismo estadounidense, mientras permite que corporaciones y oligarcas se apoderen de los mecanismos de poder y dejen al ciudadano impotente.
El vacío del paisaje político bajo este “totalitarismo invertido” fusionó la política con el entretenimiento. Fomentó una farsa política permanente, una política sin política. El imperio, el poder corporativo sin regulación, la guerra interminable, la pobreza y la desigualdad social se volvieron temas tabú.
Estos espectáculos fabrican personalidades políticas prefabricadas —la persona ficticia de Trump, producto de The Apprentice—. Viven de retórica hueca, relaciones públicas sofisticadas, publicidad pulida, propaganda y el uso constante de focus groups y encuestas para devolverle al votante lo que quiere oír. La campaña presidencial vacía, sin temas y centrada en celebridades de Kamala Harris fue un ejemplo impecable de este arte performático político.
El asalto a la democracia, llevado adelante por los dos partidos gobernantes, preparó el terreno para Trump. Castraron nuestras instituciones democráticas, nos despojaron de derechos básicos y consolidaron la maquinaria del control autoritario, incluida la presidencia imperial. Trump solo tuvo que accionar el interruptor.
La violencia policial indiscriminada, familiar desde hace tiempo en comunidades urbanas pobres —donde fuerzas militarizadas actúan como juez, jurado y verdugo— le otorgó al Estado el poder de hostigar y matar ciudadanos “legalmente” con impunidad. Generó la mayor población carcelaria del mundo. Ese vaciamiento de libertades civiles y del debido proceso ahora se volvió contra todos. Trump no lo inició. Lo amplió. El terror es el objetivo.
Trump, como todos los dictadores, está embriagado de militarismo. Pide aumentar el presupuesto del Pentágono de un billón a un billón y medio de dólares. El Congreso, al aprobar su One Big Beautiful Act, asignó más de 170 mil millones para control fronterizo e interno, incluidos 75 mil millones para el ICE en los próximos cuatro años. Eso supera el presupuesto anual combinado de todas las fuerzas policiales estatales y locales.
“Cuando un gobierno constitucionalmente limitado utiliza armas de poder destructivo horrendo, subsidia su desarrollo y se convierte en el mayor traficante de armas del mundo”, escribe Wolin, “la Constitución es reclutada para servir como aprendiz del poder, no como su conciencia”.
Que el ciudadano patriota apoye sin fisuras a los militares y su enorme presupuesto significa que los conservadores lograron convencer al público de que las fuerzas armadas son algo distinto del gobierno. Así, el componente más sustancial del poder estatal queda fuera del debate público. Del mismo modo, en su nuevo estatus de ciudadano imperial, el creyente desprecia la burocracia pero no duda en obedecer las directivas del Departamento de Seguridad Nacional, el organismo gubernamental más grande e intrusivo de la historia del país. La identificación con el militarismo y el patriotismo, junto con las imágenes de poder estadounidense proyectadas por los medios, hace que el ciudadano se sienta más fuerte, compensando la sensación de debilidad que la economía impone a una fuerza laboral sobreexigida, exhausta e insegura.
Los demócratas, en la próxima elección —si es que la hay—, ofrecerán la opción menos mala mientras hacen poco o nada para frenar la marcha hacia el autoritarismo. Seguirán rehenes de las exigencias de los lobbistas corporativos y los oligarcas. Un partido que no defiende nada ni pelea por nada bien podría entregarle a Trump una victoria en las legislativas. Pero Trump no quiere correr ese riesgo.
Trump y sus secuaces están cerrando con energía la última salida del sistema que impide la dictadura absoluta. Pretenden orquestar elecciones simuladas, al estilo de todas las dictaduras, o directamente abolirlas. No están bromeando. Será el golpe de gracia al experimento estadounidense. No habrá vuelta atrás. Nos convertiremos en un Estado policial. Nuestras libertades, ya bajo ataque feroz, serán extinguidas. En ese punto, solo movilizaciones masivas y huelgas podrán impedir la consolidación de la dictadura. Y esas acciones, como vemos en Minneapolis, serán respondidas con represión estatal letal.
La subversión de las próximas elecciones planteará dos opciones brutales para los opositores más visibles de Trump: el exilio o el arresto y encarcelamiento a manos de matones del ICE.
La resistencia a la bestia, como en todas las dictaduras, tendrá un costo altísimo.
EFE
Los palestinos asesinados por fuego israelí pese al alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre ascienden a 520, tras el asesinato de 26 gazatíes este sábado, entre ellos a una familia de siete en una tienda de campaña en Jan Yunis (sur) y once muertos en el bombardeo de una comisaria en la ciudad de Gaza, según fuentes médicas y de la defensa civil.
Un misil israelí impactó esta mañana contra la comisaría del barrio de Sheij Radwan, en la ciudad de Gaza, causando siete muertos, según confirmó una fuente de la morgue del Hospital Shifa, que aumentaron poco después a once tras el hallazgo de cuatro cuerpos entre los escombros.
Según el hospital y un comunicado del Ministerio del Interior de Hamás, entre las víctimas mortales hay al menos tres mujeres agentes de Policía y cuatro personas que estaban detenidas. Todavía se desconocen detalles sobre los últimos cuatro fallecidos.
Los ataques tuvieron lugar tanto en el norte como en el sur de Gaza, incluidos el bombardeo de un dron israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis en el que murieron un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos, según una fuente del Hospital Naser.
En el norte, en Ciudad de Gaza, una madre y tres de sus hijos fueron asesinados, junto a otro familiar, en el bombardeo aéreo contra el apartamento en el que se refugiaban, de acuerdo con el Hospital Shifa.
Además, hubo otros cuatro bombardeos, entre ellos contra otro apartamento cerca del cruce de Jabalia, al este de Ciudad de Gaza, que solo causó heridos y dos al sureste del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja y cerca de la denominada línea amarilla.
Además, en estos más de tres meses y medio de tregua, los equipos de la defensa civil han recuperado entre los escombros 715 cuerpos y miles más siguen sepultados.
"Se han añadido 85 mártires (muertos) a las estadísticas acumuladas, cuyos datos fueron completados y aprobados por el Comité de Aprobación de Mártires entre el 23 y el 30 de enero de 2026", detalla este sábado Sanidad.
La ofensiva bélica israelí iniciada el 7 de octubre de 2023 se considera por gran parte de la comunidad internacional como un genocidio contra el pueblo palestino por la destrucción generalizada, el alto ratio de civiles muertos versus milicianos o el uso del hambre como arma de guerra.
Emilia G. Morales
Ahmed huyó de El Fasher (Sudán) a finales de octubre de 2025. La metralla de una bomba mató a su mujer, el caos lo separó de sus hijos y una emboscada a la salida de la ciudad acabó con la vida de dos hombres que se le habían unido en la huida. Según explica a Amnistía Internacional, por razones que Ahmed desconoce, las Fuerzas de Apoyo Rápidas (RSF por sus siglas en inglés) solo le dejaron con vida a él y a dos niñas pequeñas. Tuvo que ocurrir una matanza de este calibre en El Fasher para que el Norte Global comenzara a mirar hacia Sudán.
Pese a que este episodio se integra dentro de la guerra civil sudanesa, la violencia de los milicianos arabizados de las RSF contra la población no árabe o africana de El Fasher no es genérica. El ensañamiento de la milicia contra los civiles que se refugiaban en la ciudad encaja con la definición de genocidio. Acuñado por primera vez en 1944 por el judío-polaco Raphael Lemkin como aquellos actos dirigidos a acabar con los fundamentos mismos de la vida de un grupo étnico, nacional o religioso, incluyendo la destrucción de su lengua, el secuestro de mujeres y niños o la apropiación de sus tierras.
Júlia Nueno Guitart, coordinadora del ensayo Genocidios. Una arquitectura forense (Galaxia Gutenberg, 2025) recuerda que, cuando la recién creada ONU estableció su propia definición de genocidio en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, lo hizo sobre la base de la aniquilación física de millones de judíos europeos durante el Holocausto o Shoah, olvidando la dimensión procesual de este fenómeno.
Antes de que se produzca la aniquilación de un grupo humano, los genocidios suelen pasar por fases anteriores de persecución, humillación y destrucción de sus formas de vida. El observatorio Genocide Watch ha detectado diez etapas del genocidio que, pese a no ser lineales, suelen darse de forma sucesiva. La primera fase es la clasificación de un grupo humano como "lo otro", su simbolización (fase dos), la discriminación de dicho grupo (fase tres) y su deshumanización (fase cuatro).
El quinto estadio supone la organización de el grupo dominante frente al discriminado, la aprobación de normas que contribuyan a la polarización de la sociedad (fase seis). La preparación, la persecución y el exterminio del grupo discriminado corresponden a las fases siete, ocho y nueve. La décima y última fase es la negación de los hechos, así como de cualquiera de las fases anteriores.
Genocide Watch lanza alertas de emergencia cuando un grupo ha llegado a la fase nueve de exterminio. En 2025, lo hicieron en relación a la violencia ejercida contra cinco comunidades diferentes. Entre ellos están los grupos étnicos no arabizados de Sudán, como los zaghawa o los fur. También los hutus en República Democrática del Congo (RDC), los uigur en China, los rojinyas en Myanmar y los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania.
Sudán: un genocidio dentro de una guerra civil
Cuando los británicos y los egipcios se marcharon de Sudán en 1956, lo hicieron dejando en el país su impronta colonial. Para ganar influencia en la región, los europeos se habían apoyado en los grupos étnicos que consideraban dominantes. En el caso de Sudán, estos eran los grupos arabizados -los baggara, los zaghawa o los danaglas-, mientras que a los no arabizados o africanos -grupos como los fur, los nubios o los masalit- se les presuponía de una clase social inferior. A día de hoy, los grupos árabes suponen, aproximadamente, un 70% de la población sudanesa, mientras que los no arabizados o africanos son el otro 30%. Estos porcentajes varían en función de la región. Así, en el suroeste del país, como en la región de Darfur del Norte, esta proporción se invierte.
La retirada de los europeos no acabó con el predominio de los grupos arabizados frente a los no árabes. Aquella herencia, sumada a las injerencias extranjeras de quienes desean hacerse con los recursos naturales del país -principalmente oro y petróleo-, ha alimentado varias guerras civiles y dos genocidios recientes. Los grupos más oprimidos se han organizado en diferentes momentos de la historia reciente de Sudán reclamando ciertos derechos y un ligar relevante dentro del poder político. Así fue como los grupos africanos de Darfur del Norte crearon el Movimiento de Liberación de Sudán (SLA/SLM), una milicia que atacaba objetivos gubernamentales del gobierno dictatorial de Omar Al Bashir.
En represión por el ataque de las SLA/SLM al aeropuerto de Al Fasher en 2003, los yanyauid, árabes aliados del dictador que controlaban militarmente el sureste de lo que ahora es Sudán, entraron la ciudad y asesinaron a miles de personas de grupos no árbes del pueblo zaghawa y fur, mayoritaria en dicha urbe. Aquella matanza recibió la condena de las Naciones Unidas y fue rápidamente descrita como genocidio contra los no árabes. Sin embargo, sus asesinos nunca fueron procesados. Algunos de ellos ahora forman parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
En 2019, el ejército sudanés y otras milicias armadas del país, entre las que se encontraban las FAR, se unieron para derrocar al dictador Omar Al-Bashir con el compromiso de llevar al país hacia la democracia. En 2023, la frustrada transición llevó a un nuevo enfrentamiento bélico en el que las FAS y las FAR se enfrentaron por el control del poder en una guerra que dura más de 1.000 días y que ha dejado a 160.000 fallecidos y 13 millones de desplazados. En junio de 2025, las FAR, que controlan Darfur del Norte, lograron entrar en su capital, Al Fasher, tras dos años de asedio.
Tal y como ocurriera en 2003 con los yanyauid, los milicianos de las FAR, pertenecientes a diversos grupos étnicos arabizados, entraron en la ciudad asesinando brutalmente a cientos de sus habitantes, incluidos niños, ancianos y enfermos. Según EFE, el ejército nacional de Sudán estimó que fueron 2.000 las personas asesinadas, si bien la cifra no ha sido contrastada. Además, varios reportes de organizaciones como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dieron cuenta de agresiones sexuales masivas por parte de miembros de las FAR a las mujeres y niñas de Al Fasher.
República Democrática del Congo y la herencia del genocidio ruandés
En 1994 tuvo lugar el genocidio de Ruanda, en el que cientos de miles de tutsis fueron masacrados a manos de sus vecinos hutus. Tras la matanza, el revuelo internacional obligó al Gobierno ruandés -otrora cómplice del genocidio- a investigar los hechos, lo que llevó al derrocamiento y posterior migración de muchos de los hutus que habían participado en la matanza. Algunos de ellos se asentaron en Kivu, una región al este de la República Democrática del Congo (RDC) -que por aquel entonces se llamaba Zaire-, donde también vivían tutsis. En Kivu, los hutus continuaron hostigando a los tutsis congoleños y lanzaron varios ataques contra Ruanda, lo que cronificó el enfrentamiento étnico de Ruanda a RDC.
Frente a la violencia organizada de los hutus, los tutsis crearon el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), que el 23 de marzo de 2009 alcanzaron un acuerdo con el ejército de RDC para integrarse en sus filas. Tres años después, aquella fecha sirvió para bautizar a una nueva milicia tutsi, escisión del CNDP, que consideraba que el gobierno congoleño no había cumplido con el acuerdo: el M23.
Esta es la parte de la historia que explica la creación del grupo que ahora desafía al ejército congoleño. La otra parte es la que añade a esta tensión étnica la lucha por el control de los recursos naturales del país, principalmente el coltán, abundante en Kiuv. Los informes de la ONU aseguran que Ruanda es el principal financiador del M23 y su Consejo de Seguridad ha exigido al país que cese en su apoyo. Como medida de presión, EEUU y la UE han impuesto sanciones a Ruanda.
En junio de 2025, la RDC y Ruanda firmaron un alto el fuego que todavía no ha sido secundado por el M23. Mientras los estados tratan de no hacer descarrilar el acuerdo, las milicias hutus continúan ejecutando a tutsis y todo aquel que desafíe el control de la milicia sobre áreas mineras de la RDC. En abril de 2025, UNICEF aseguró que había documentado hasta 10.000 casos de violencia sexual, de los que el 45% eran niños y niñas. El portavoz de la organización en Goma, James Elder, explicó que en los puntos más álgidos del conflicto la proporción era de un menos violado cada 30 minutos.
Palestina: un genocidio que comenzó hace 70 años
Uno de los mayores consensos populares de los dos últimos años ha sido que Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina. Los ataques que Hamás y otros grupos armados palestinos llevar a cabo contra civiles y militares israelíes el 7 de octubre de 2023 y que dejaron alrededor de 1.200 asesinados y 250 secuestrados, fueron el causus belli perfecto para que Tel Aviv avanzara en su limpieza étnica. En estos dos años de genocidio Israel ha logrado ampliar el su dominio colonial sobre los territorios palestinos.
Varios organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia han visto en esta guerra evidencias de genocidio contra la población palestina. Actualmente, tanto el Estado de Israel como su primer ministro, Benjamín Netnayahu, y el extitular de Defensa, Yoav Gallant, están siendo investigados por posibles delitos de genocidio.
El de palestina es un buen ejemplo sobre cómo este fenómeno es un proceso que puede llevar décadas hasta alcanzar la fase de aniquilación. El genocidio iniciado en 2023 es resultado de una acumulación de creencias y normas que han estallado violentamente de formas cada vez más macabras y complejas. Muchos los que fechan el inicio del genocidio en paralelo a la creación del Estado de Israel en 1948. Para que aquello fuera posible fue necesaria la expulsión de 700.000 palestinos de sus tierras y el asesinato y desaparición de aldeas enteras.
Las autoridades del nuevo Estado aprobaron entonces normas para legalizar la anexión de tierras a Israel que posteriormente se convirtieron en parques naturales, campos de entrenamiento militar, o viviendas para israelíes. La matriz de esta desigualdad estaba en la Ley de Propiedad de los Ausentes, que permitió a los ciudadanos del nuevo Estado quedarse con las tierras de quienes habían sido expulsados.
Según el lugar en el que vivan, los palestinos pueden hacer un uso u otro de la tierra y tienen derechos diferentes para moverse de un lugar a otro. Es en la Franja de Gaza donde la restricción a la movilidad de los palestinos se ha vuelto más extrema a lo largo de los años. Así, una lectura del genocidio como proceso permite encontrar la raíz de la matanza actual de Gaza en el bloqueo por tierra, mar y aire que Israel impuso al enclave en 2007.
La inexistencia del matrimonio civil, que permitirían las uniones entre musulmanes y judíos, es otra de las muchas decisiones políticas que han fomentado la división entre estos grupos humanos. Sin duda, una de las normas que muchos consideran como un punto de inflexión en el camino hacia el genocidio fue la creación en 2018 de la Ley Básica del Estado-Nación, en la que se establecía que Israel era la patria histórica del pueblo judío. Esto abría la puerta a que quienes hubieran sido criados en otras confesiones, fueran considerados extranjeros en su propia tierra.
Los rojinyas de Myanmar: el hambre como arma
En 2017, las autoridades budistas de Myanmar llevaron a cabo un genocidio contra minoría rohinyá -musulmanes-. Alrededor de 7.000 personas fueron asesinadas en menos de un mes, según Médicos Sin Fronteras, mientras que otros 700.000 rohinyás huyeron hacia Bangladesh. Allí también han sufrido persecuciones y deportaciones que actualmente están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional. Unos 600.000 rohinyas permanecen actualmente en el país, principalmente en la región de Rakhine, donde continúan expuestas a la persecución, discriminación y violencia de las autoridades de birmanas.
En 2025, Genocide Watch alertó de que la esta violencia se estaba reactivando en Rakhine. Allí, las autoridades budistas están matando de hambre a la población musulmana debido al bloqueo de la ayuda humanitaria, y a la privación de medicinas para enfermedades curables. Esto tiene efectos especialmente devastadores entre niños y niñas, que según las informaciones del Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK). Esta forma de exterminio ha devuelto a los rohinyás, de nuevo, a la fase nueve de genocidio según Genocide Watch: el exterminio del grupo humano minoritario.
Los uigures y los campos de reeducación chinos
Aproximadamente 12 millones de los 1.400 millones de ciudadanos chinos son uigures. Esto supone menos del 1% de la población del país. Esta etnia se diferencia de la han, a la que pertenece en tono al 91% del país, en la religión y en la lengua, entre otras muchas cuestiones. Mientras la mayoría de los chinos no profesan ninguna religión o practican religiones tradicionales asiáticas como el taoismo o el budismo, los uigures son musulmanes suníes. Además, no hablan mandarín o cantonés con el grueso del país, sino una lengua similar al árabe.
Pese a la fragmentación de las minorías étnicas chinas -muchas de ellas suponen menos de un 1% de la población-, el Gobierno de Xi Jinping no ha cejado en su empeño de despojar a estas etnias de sus rasgos culturales para adaptarlos a los que se consideran específicos de la identidad nacional china. Esto es lo que se conoce como asimilación forzada. En la última década, los uigures han sufrido un incremento de los intentos por hacer desaparecer sus rasgos culturales. Según las informaciones recopiladas en la alerta de Genocide Watch, desde 2017 han sido recluidos en campos de "reeducación" entre 800.000 y 2 millones de uigures. En ellos, la tortura y violencia sexual es habitual. Otros son enviados a realizar trabajos forzados.
Además, el Gobierno chino ha acudido a las esterilizaciones forzadas de mujeres uigures con la intención de reducir su población. Según un estudio del investigador Adrian Zenz, citado en el informe de Genocide Watch, estas políticas han logrado disminuir el crecimiento de los uigures en un 84% entre 2015 y 2018. Los niños que logran nacer, son separados de sus familias y enviados a internados donde únicamente se habla mandarín, privándoles de su lengua materna y haciéndola desaparecer poco a poco. Todos estos actos constituyen un delito de genocidio, según el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU.
Estas llamadas se producen antes del primer aniversario del secuestro del Dr. Hussam Abu Safia por parte del ejército de ocupación en el Hospital Kamal Adwan, que él dirigía en el norte de la Franja de Gaza.
«No olvidaremos al doctor Abu Safia, ni a los más de 360 trabajadores sanitarios secuestrados por Israel en Gaza desde octubre de 2023», dijo CodePink.
El Dr. Yipping Gee, miembro de Médicos Contra el Genocidio, declaró en una publicación en redes sociales: «Hace un año, el ejército israelí secuestró al Dr. Hossam Abu Safia junto con decenas de miembros del personal médico durante una horrible redada en el Hospital Kamal Adwan en Gaza.
La activista Petra Schornhofer dijo en la plataforma de X: «Ha pasado un año desde que el Dr. Hossam Abu Safia fue secuestrado y detenido ilegalmente. Desde entonces, ha estado languideciendo en una prisión israelí y ha sido sometido a un trato cruel e inhumano. No lo olvides, y no dejes de exigir su liberación.»
Abu Safieh (52 años), director del Hospital Kamal Adwan, fue arrestado el 27 de diciembre de 2024, durante el continuo asedio e incursiones del hospital por parte de las fuerzas de ocupación en Beit Lahiya, al norte de Gaza.
El ejército israelí afirmó, sin aportar pruebas, que el hospital —que en ese momento era el último gran hospital en funcionamiento en el norte de la Franja de Gaza— se utilizaba como centro de mando de Hamás.
Durante un ataque israelí anterior al hospital, el hijo de Abu Safieh, de 15 años, murió en un ataque con dron, y el propio médico resultó gravemente herido en un ataque separado, que le dejó seis metralla en la pierna.
Tras su arresto, Abu Safieh fue trasladado a la prisión de Sde Timan en el desierto del Néguev, donde se registraron numerosas muertes de detenidos y denuncias de tortura y agresión sexual, antes de ser trasladado posteriormente a la prisión de Ofer en Cisjordania ocupada.
Abu Safia informó que fue torturado, incluyendo palizas con palos y descargas eléctricas, así como una pérdida de peso severa, costillas rotas y otras lesiones por las que se le negó la atención médica adecuada.
Las autoridades de ocupación niegan estas acusaciones, pero numerosos informes documentados indican que trabajadores sanitarios han sido torturados, a veces hasta la muerte, como en el caso del Dr. Adnan Al-Barsh, jefe del departamento de ortopedia del Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza.
Según la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, al-Barsh «probablemente fue violada hasta la muerte», un destino que otros palestinos sufrieron bajo custodia israelí, según Sueños Comunes.
Abu Safia sigue detenido sin cargos formales, y los tribunales israelíes han prorrogado su detención en varias ocasiones bajo las llamadas leyes de «combatientes ilegales».
En enero, la madre de Abu Safia murió de un infarto, y la organización estadounidense Medglobal, con la que había trabajado como médico jefe en Gaza, afirmó que la muerte fue resultado de un «gran dolor» por el destino de su hijo.
Según agencias de la ONU y expertos internacionales, las fuerzas israelíes han destruido o dañado gravemente la mayoría de los hospitales de Gaza en cientos de ataques desde el 7 de octubre de 2023, mientras que más de 1.500 trabajadores sanitarios palestinos han sido mártires.
Una comisión independiente de investigación de la ONU concluyó el año pasado que «Israel ha seguido una política deliberada de destruir el sistema sanitario de Gaza como parte de un ataque más amplio contra la Franja de Gaza, que equivale a crímenes de guerra y a un crimen de genocidio contra la humanidad.»
Diario Al-Quds Libération صحيفة القدس ليبراسيون –
Más abajo, en castellano.
El genocidi prosseguix en tota Palestina
El passat 10 d'octubre va entrar en vigor l'alto-el-foc en la Franja de Gaza. Este suposava la primera fase del qualificat com com a "pla de pau" per a Gaza per Donald Trump i Benjamín Netanyahu. Un pla de pau dictat pels propis genocides amb la finalitat de distraure a l'opinió pública mentres, amb una mica més de discreció, prosseguixen el seu pla per a la completa neteja ètnica de Palestina. Com era d'esperar, malgrat haver-se declarat l'alto-el-foc, les bombes i els trets han continuat massacrant a la població palestina.
El Ministeri de Sanitat palestí ha comptabilitzat altres 2.000 assassinats i quasi 4.000 ferits a les mans de l'exèrcit d'Israel des que va entrar en vigor este alto-el-foc. A data de 3 de desembre, ja eren 70.125 palestins morts a Gaza i 171.015 ferits des del 7 d'octubre de 2023. Segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de principis del passat mes d'octubre, un quart d'estos ferits patien lesions greus, com a amputacions, cremades, lesions de medul·la espinal o en el cervell.
Si es pren com a referència el nombre d'habitants que tenia l'enclavament en 2023, en total, els ferits i morts en la Franja de Gaza suposen el 10,8% de la seua població. Fent una comparació estadística amb l'estat espanyol, és com si hagueren sigut assassinades o ferides greus més de cinc milions de persones: l'equivalent a tota la població de la Comunitat Valenciana.
La situació a Gaza continua sent catastròfica. A més de continuar patint els atacs israelians, la població viu amuntegada en menys de la mitat del territori de la franja, incomunicada de l'exterior, permanentment assetjada pels seus botxins, els quals impedixen el trànsit de mercaderies, inclosos l'ajuda humanitària.
No van millor les coses a Cisjordània, lloc en el qual, aprofitant que l'atenció mediàtica està posada a Gaza, l'acció combinada de colons i militars seguix el seu procés d'expulsió de famílies palestines i ocupació il·legal de territoris, tot això enmig d'una gran violència. Només el mes d'octubre passat, l'Oficina de l'ONU per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris va registrar 264 atacs de colons israelians contra palestins, coincidint amb la collita de l'oliva. Es calcula que més de mil persones palestines han sigut assassinades a Cisjordània en l'últim any per bandes paramilitars de colons amb suport del seu govern.
Podríem seguir molts paràgrafs més enumerant la infinitat d'atrocitats que Israel, amb el ferm suport dels Estats Units i la passivitat còmplice dels governs de la Unió Europea, està perpetrant en Palestina.
Davant això, és crucial que la mobilització solidària amb Palestina continue. I això l'hem de fer les persones del carrer de la nostra societat. Vist el vist, poc esperem de la voluntat i l'ètica dels polítics que ens governen. Però esperem que, almenys, mitjançant la pressió pacífica que puguem exercir, aconseguirem obligar-los a actuar. Les reivindicacions que plantegem al govern espanyol són estes:
1- Prohibició total de tota mena de comerç de caràcter bèl·lic amb Israel. Això inclou que els ports espanyols, l'espai aeri de l'estat o les seues aigües territorials no puguen ser utilitzades per ningú per a assortir a Israel de subministraments militars.
2- Aplicació estricta dels dictàmens de l'ONU que prohibixen qualsevol tipus d'activitat comercial relacionada amb l'economia dels territoris il·legalment ocupats per Israel en Palestina.
3- Ruptura de relacions diplomàtiques amb Israel.
4- Adhesió a les causes obertes contra Israel per crims de lesa humanitat en diferents tribunals, nacionals i internacionals.
5- Postura activa davant les instàncies internacionals corresponents perquè Israel reba sancions econòmiques mentres no cesse el genocidi, l'aparheid i la seua apropiació il·legal de terres. Això inclou la prohibició de que artistes, esportistes o clubs esportius d'Israel participen en qualsevol tipus de certàmen cultural o torneig esportiu internacional.
Pau i Justícia per a Palestina! Alt al genocidi ja!
Elx, 24 de desembre de 2024.
Información redactada apoyándonos en estos dos artículos:
https://www.grupotortuga.com/Israel...
https://www.grupotortuga.com/El-gen...
El genocidio prosigue en toda Palestina
Grup Antimilitarista Tortuga
El pasado 10 de octubre entró en vigor el alto el fuego en la Franja de Gaza. Este suponía la primera fase del calificado como como "plan de paz" para Gaza por Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Un plan de paz dictado por los propios genocidas con el fin de distraer a la opinión pública mientras, con algo más de discreción, prosiguen su plan para la completa limpieza étnica de Palestina. Como era de esperar, a pesar de haberse declarado dicho algo el fuego, las bombas y los balazos han continuado masacrando a la población palestina.
El Ministerio de Sanidad palestino ha contabilizado otros 2.000 asesinados y casi 4.000 heridos a manos del ejército de Israel desde que entró en vigor este alto el fuego. A fecha de 3 de diciembre, ya eran 70.125 palestinos muertos en Gaza y 171.015 heridos desde el 7 de octubre de 2023. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de principios del pasado mes de octubre, un cuarto de estos heridos sufrían lesiones graves, como amputaciones, quemaduras, lesiones de médula espinal o en el cerebro.
Si se toma como referencia el número de habitantes que tenía el enclave en 2023, en total, los heridos y muertos en la Franja de Gaza suponen el 10,8% de su población. Haciendo una comparación estadística con el estado español, es como si hubieran sido asesinadas o heridas graves más de cinco millones de personas: el equivalente a toda la población de la Comunidad Valenciana.
La situación en Gaza sigue siendo catastrófica. Además de seguir sufriendo los ataques israelíes, la población vive hacinada en menos de la mitad del territorio de la franja, incomunicada del exterior, permanentemente asediada por sus verdugos, los cuales impiden el tránsito de mercancías, incluída la ayuda humanitaria.
No van mejor las cosas en Cisjordania, lugar en el que aprovechando que la atención mediática está puesta en Gaza, la acción combinada de colonos y militares sigue su proceso de expulsión de familias palestinas y ocupación ilegal de territorios, todo ello en medio de una gran violencia. Solo el pasado mes de octubre, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registró 264 ataques de colonos israelíes contra palestinos, coincidiendo con la cosecha de la aceituna. Se calcula que más de mil personas palestinas han sido asesinadas en Cisjordania en el último año por bandas paramilitares de colonos con apoyo de su gobierno.
Podríamos seguir muchos párrafos más enumerando el sinfín de atrocidades que Israel, con el firme apoyo de Estados Unidos y la pasividad cómplice de los gobiernos de la Unión Europea, está perpetrando en Palestina.
Ante ello, es crucial que la movilización solidaria con Palestina continúe. Y eso lo tenemos que hacer las personas de a pie de nuestra sociedad. Visto lo visto, poco esperamos de la voluntad y la ética de los políticos que nos gobiernan. Pero esperamos que, al menos, mediante la presión pacífica que podamos ejercer, logremos obligarles a actuar. Las reivindicaciones que planteamos al gobierno español son estas:
1- Prohibición total de todo tipo de comercio de carácter bélico con Israel. Esto incluye que los puertos españoles, el espacio aéreo del estado o sus aguas territoriales no puedan ser utilizadas por nadie para surtir a Israel de suministros militares.
2- Aplicación estricta de los dictámenes de la ONU que prohiben cualquier tipo de actividad comercial relacionada con la economía de los territorios ilegalmente ocupados por Israel en Palestina.
3- Ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.
4- Adhesión a las causas abiertas contra Israel por crímenes de lesa humanidad en diferentes tribunales, nacionales e internacionales.
5- Postura activa ante las instancias internacionales correspondientes para que Israel reciba sanciones económicas en tanto no cese el genocidio, el aparheid y su apropiación ilegal de tierras. Esto incluye la prohibición de que artistas, deportistas o clubs deportivos de Israel participen en cualquier tipo de certámen cultural o torneo deportivo internacional.
¡Paz y Justicia para Palestina! ¡Alto al genocidio ya!
Elx, 24 de diciembre de 2024.
El alcalde convierte un desalojo en un conflicto racial y traslada a la calle lo que se negó a resolver desde las instituciones.
El 22 de diciembre de 2025, Badalona no estalló por casualidad. Estalló porque alguien empujó. El alcalde Xavier García Albiol decidió hace meses que el antiguo instituto B9 no era un problema social que resolver, sino un enemigo político que exhibir. El desalojo se ejecutó la semana pasada con un auto judicial que ordenaba expresamente la intervención de los servicios sociales municipales. El Ayuntamiento se negó a cumplirlo.
A partir de ahí, el conflicto dejó de ser administrativo y pasó a ser social y callejero. Decenas de personas migrantes quedaron sin alternativa habitacional. Varias terminaron durmiendo bajo la C-31. Otras ocuparon Can Bofí Vell, un antiguo albergue que la Generalitat había señalado como solución de emergencia y que el consistorio rechazó habilitar. No hubo plan, solo abandono.
El domingo 21 de diciembre, un dispositivo solidario liderado por Cruz Roja intentó alojar temporalmente a parte de las personas desalojadas en una parroquia de Sant Crist. Un grupo de vecinos, alentado por el propio alcalde, bloqueó el acceso. El Ayuntamiento volvió a mirar hacia otro lado.
La respuesta llegó el lunes 22, cuando cerca de 400 personas se concentraron frente a Can Bofí Vell en una protesta convocada por entidades sociales y sindicatos de vivienda. Al otro lado, un grupo menor se manifestó contra la acogida. Hubo cordón policial, tensión constante y gritos racistas y homófobos. Nada de esto surgió de la nada. Fue el resultado directo de una política de señalamiento.
La policía no encontró a nadie con órdenes de detención pendientes en el B9. Aun así, el discurso de la delincuencia se mantuvo. Criminalizar para deshumanizar. Deshumanizar para no atender. No atender para provocar rechazo vecinal. Una cadena política conocida.
Hoy, una semana después, la mayoría de las personas desalojadas sigue sin solución estable. Unas 40 han recibido alojamiento temporal. El resto, calle. El invierno ya ha empezado. Badalona no vive una crisis inevitable. Vive una guerra social fabricada desde el Ayuntamiento, donde el abandono se convierte en mensaje y el racismo en herramienta política.
Fuente: https://www.facebook.com/photo?fbid...
Ver también: El debate de la inmigración
RAMZY BAROUD
( Middle East Monitor ) – Los aliados de Israel en todo el mundo se esfuerzan desesperadamente por ayudar a Tel Aviv a restablecer una narrativa convincente, no solo en lo que respecta al genocidio de Gaza, sino a todo el legado del colonialismo israelí en Palestina y Oriente Medio.
La historia perfecta, construida sobre mitos y falsedades flagrantes —la de una pequeña nación luchando por sobrevivir entre «hordas de árabes y musulmanes»— se desmorona rápidamente. Fue una mentira desde el principio, pero el genocidio de Gaza la ha vuelto completamente indefendible.
Los espeluznantes detalles del genocidio israelí en Gaza fueron más que suficientes para que personas de todo el mundo cuestionaran fundamentalmente la narrativa sionista, en particular el tópico racista occidental de la "villa en la jungla" utilizado por Israel para describir su existencia entre la población colonizada.
No solo personas de todo el mundo, sino incluso estadounidenses, se han vuelto decisivamente en contra de Israel. Lo que comenzó como una tendencia alarmante —desde la perspectiva israelí, por supuesto— es ahora una realidad innegable. Las encuestas nacionales indican que el apoyo a los palestinos entre los adultos estadounidenses ha aumentado, con un 33 % que afirma simpatizar más con ellos, la cifra más alta registrada hasta el momento y un incremento de seis puntos porcentuales con respecto al año pasado.
Incluso la otrora inquebrantable mayoría proisraelí entre los republicanos se está suavizando a favor de los palestinos, con un 35 por ciento de republicanos a favor de un Estado palestino independiente, un aumento significativo respecto al 27 por ciento en 2024, lo que demuestra un claro cambio en un segmento de la base republicana.
El gobierno israelí está empleando todos los recursos a su alcance para dominar la guerra de la información. Su objetivo es introducir falsedades calculadas en el discurso público y bloquear agresivamente la perspectiva palestina.
Los últimos informes sobre una campaña israelí para ganar terreno en las redes sociales otorgando millones de dólares a TikTok y otros influencers de las redes sociales son solo una fracción de una campaña masiva y coordinada.
La guerra es multifrontal. El 4 de noviembre, informes de prensa revelaron que Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, intervino personalmente para bloquear el acceso de edición a la página dedicada al genocidio de Gaza. Alegó que la página no cumplía con los “altos estándares” de la compañía y “necesitaba atención inmediata”. Según Wales, esa página en concreto requería un “enfoque neutral”, lo que en la práctica significa que se necesitaba una censura flagrante para impedir que el genocidio se describiera con precisión como la “destrucción intencional y sistemática, en curso, del pueblo palestino”.
Israel lleva mucho tiempo obsesionado con controlar la narrativa en Wikipedia, una estrategia que precede al actual genocidio en Gaza. Informes que datan de 2010 confirman que grupos israelíes establecieron cursos de capacitación específicos en «edición sionista» para editores de Wikipedia, con el objetivo explícito de inyectar contenido afín al Estado y moldear entradas históricas y políticas clave.
La campaña de censura contra los palestinos y las voces pro-palestinas es tan antigua como los propios medios de comunicación. Desde sus inicios, los principales medios de comunicación occidentales se han alineado estructuralmente con los intereses corporativos, que por naturaleza están vinculados al dinero y al poder; de ahí la preponderancia de la visión israelí y la casi total invisibilización de la perspectiva palestina.
Sin embargo, hace años, Israel comenzó a comprender el peligro existencial de los medios digitales, en particular los espacios abiertos en las redes sociales que permitían a la gente común convertirse en creadores de contenido independientes. La censura, no obstante, adquirió un cariz repugnante y generalizado durante el genocidio, donde incluso el uso de palabras como «Gaza», «Palestina», y mucho menos «genocidio», resultaba en el bloqueo encubierto o el cierre total de cuentas.
De hecho, muy recientemente, YouTube, que anteriormente era conocido por ser menos severo que META en la censura de voces pro-palestinas, cerró las cuentas de tres importantes organizaciones palestinas de derechos humanos (Al-Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos), borrando más de 700 vídeos con imágenes cruciales que documentaban violaciones israelíes del derecho internacional.
Lamentablemente, aunque no sorprende, ninguna plataforma de redes sociales convencional está exenta de censurar cualquier crítica a Israel. Por lo tanto, se ha vuelto una práctica cotidiana que las referencias a Palestina, el genocidio de Gaza y temas similares deban escribirse en lenguaje cifrado, donde, por ejemplo, la bandera palestina se reemplaza por la imagen de una sandía.
Muchos activistas pro-Palestina están denunciando la complicidad directa de los medios occidentales, especialmente en el Reino Unido, al intentar encubrir las acusaciones de violación contra soldados israelíes. En lugar de usar la palabra inequívoca «violación», los principales medios de comunicación se refieren a los horribles episodios de Sde Teiman simplemente como «abusos». Mientras que políticos israelíes y otros criminales de guerra celebran abiertamente los supuestos «abusos» y a los violadores como héroes nacionales, los principales medios británicos y franceses se niegan a aceptar que la tortura, la violación y el maltrato generalizados de palestinos forman parte de una agenda sistémica y centralizada, y no meros «abusos» individuales.
Compárese esto con la cobertura sensacionalista y exhaustiva de la supuesta "violación masiva" cometida por palestinos en el sur de Israel el 7 de octubre, a pesar de que nunca se llevó a cabo una investigación independiente y de que las acusaciones fueron realizadas por el ejército israelí sin pruebas creíbles.
Sin embargo, esto no es mera parcialidad e hipocresía, sino complicidad directa, como lo afirma la declaración final del Tribunal de Gaza del 26 de octubre de 2025. “El jurado encuentra que una serie de actores no estatales son cómplices de genocidio”, se lee en el veredicto , incluyendo “la información sesgada de los medios de comunicación occidentales sobre Palestina y la falta de denuncia de los crímenes israelíes”.
La batalla final se libra en el campo de batalla de la información. Los próximos meses y años marcarán el inicio de la lucha más crucial por la verdad en la historia del conflicto. Israel, valiéndose de la censura, la intimidación y la manipulación de la opinión pública, utilizará todos los medios a su alcance para asegurar la victoria. Para los palestinos y todos aquellos que defienden la justicia, esta batalla por la historia es tan trascendental como el propio genocidio. No se debe permitir que Israel lave su imagen, porque embellecer el genocidio garantiza su repetición.
Traducido del inglés por Tortuga con ayuda de un traductor automático.
Es cierto que Europa Occidental está recibiendo un fuerte flujo de personas migrantes. La causa principal del fenómeno, en cuanto a lo que se podría nombrar como "efecto llamada", en mi opinión, es la drástica caída de la natalidad en nuestros países y la necesidad de mano de obra para nuestras economías. Esta realidad no me resulta positiva, ya que creo que es indicativa de cosas que van mal en la sociedad occidental. Tampoco creo que tenga mucho de positivo el hecho de que haya personas que, por lo que sea, se vean impelidas, o forzadas, a abandonar su tierra y su familia. Ni su llegada masiva a nuestros países, donde generan superposiciones y sustituciones culturales, (ojo, que también incluyo a las personas que inmigran desde el norte de Europa o EEUU como turistas jubilados con rentas medias y altas, causando un gran impacto en los lugares que "colonizan"). Desde este punto de vista, sin dejar de apostar nunca por los valores del respeto, la solidaridad hacia las personas necesitadas, la empatía y la tolerancia hacia las culturas diferentes, yo no enarbolaría la bandera de lo que llaman "multiculturalidad". La multiculturalidad óptima, opino, habría de ser eso: una diversidad de culturas que se respetan e interrelacionan entre si, no una mixtura de todas ellas habitando los mismos espacios.
Esa es la teoría; lo que debería ser, y no ser, en un escenario ideal. Otra cosa bien distinta es la realidad consolidada que tenemos en el estado español y, en general, en la mayoría de sociedades de Europa, donde nos encontramos con grandes contingentes de personas inmigrantes que han llegado, y siguen llegando, a nuestras tierras desde hace décadas, constituyéndose en una parte numérica significativa de nuestras sociedades. Algunas de estas personas son ya inmigrantes de lo que se conoce como segunda o tercera generación, que han crecido y se han educado entre nosotros y que, en muchos casos, se encuentran perfectamente integradas a nivel cultural y social. Pensemos, por poner un par de ejemplos de personas famosas, en los hermanos Williams, jugadores del Atlétic de Bilbao, en la atleta Ana Peleteiro, o en el propio agitador de ultraderecha Vito Zopellari Quiles, hijo de un inmigrante italoargentino.
Es decir, dado que la realidad consolidada de la inmigración parece no tener marcha atrás (ni, posiblemente, sería deseable la tuviera), se hace necesaria una correcta gestión del fenómeno. El reto está en lograr una convivencia que respete las diferencias y la diversidad de quienes han inmigrado, pero que al mismo tiempo garantice la pervivencia de las culturas locales preexistentes. Un objetivo que no siempre es fácil de alcanzar, especialmente cuando la población migrante se establece localmente en forma de grandes colonias capaces de constituirse en grupo mayoritario. Algo que sucede, tanto en pequeñas localidades de economía agrícola a las que estas personas han afluido en busca de trabajo, como en lugares turísticos en los que migrantes, frecuentemente jubilados, procedentes de los países del norte, llegan a desplazar la cultura local, acaparando las funciones económicas, sociales, las soluciones habitacionales e incluso el idioma. En mi opinión, aunque socialmente no se perciba así, es mucho mayor el impacto cultural de este segundo tipo de colonias de inmigrantes. Además, volviendo a los factores éticos esbozados al principio, creo que cabe hacer valoraciones diferentes al respecto de quienes emigran al extranjero huyendo de la pobreza o cualquier otro tipo de circunstancia extrema, frente a quienes lo hacen, con ayuda de su poder económico, en busca de un mejor clima, gastronomía, sistema sanitario etc., especialmente cuando éstos últimos, como sucede no pocas veces, no muestran voluntad alguna de participar e integrarse en la cultura que les recibe.
En este contexto, y de la mano de las corrientes reaccionarias que últimamente tanto proliferan por todo Occidente, surgen diferentes debates y especulaciones sobre la inmigración. Al ser un tema de alta incidencia social, el debate va más allá del terreno teórico y se convierte en programa útil para captación de votos o militantes por toda clase de grupos de escora populista y neofascista. Es muy fácil agitar el espantajo del miedo al diferente. En otras épocas eran los judíos (o los gitanos). Hoy, fundamentalmente, son las personas de cultura árabe. Es el recurso clásico del chivo expiatorio.
Entre las especulaciones esgrimidas, encontramos algunas teorías conspiratorias (tan en boga hoy esta forma de reflexionar y expresarse públicamente). Por ejemplo, la conocida como "el gran reemplazo", o su variante: la que habla de la islamización forzada de Europa. En ambos casos, quienes sostienen este pensamiento estarían en la creencia de que hay un plan orquestado por determinadas élites, que trabajan en la sombra, para sustituir paulatinamente la población europea por otra procedente de culturas menos "desarrolladas" y más propensas a la sumisión y la docilidad. La sustitución se llevaría a término con una combinación de políticas pro-inmigración complementadas por otras políticas anti-natalidad (estas últimas, apoyadas con la promoción gubernamental de la cultura LGTBI y el feminismo esencialista). Como puede advertirse fácilmente, más allá de la excentricidad y falta de contraste con la realidad de la idea, es una visión basada en un concepto prejuicioso y supremacista entre razas y culturas (sin nombrar los valores homófobos y de tipo semejante que destila). Por ello cala sin problemas en las mentalidades más reaccionarias.
Sin embargo hay que decir que las principales teorías conspiratorias que ponen a los grupos de personas inmigrantes pobres (es poco común que los inmigrantes ricos sean materia de conspiración) en el centro de su diana son harto más simples: basta con inventar, descontextualizar o deformar estadísticas que los vinculan con la delincuencia, preferentemente la de tipo sexual. El caso más habitual -y vergonzante- estos días se da en relación a los conocidos como "menores de edad no acompañados" (menas).
Me parece importante contrarrestar tales usos bastardos del fenómeno migratorio, que están convirtiendo nuestras sociedades en terreno abonado para toda suerte de totalitarismos, al tiempo que ponen a las comunidades inmigrantes en claro riesgo de agresión fascista. Para ello, conviene centrar el análisis no en el hecho simplista de la inmigración en sí, sino en cuáles son las causas que impulsan a tantos miles de personas a abandonar sus países de origen, jugándose la vida en no pocas ocasiones, en inciertas, peligrosas, acaso mortales travesías con el fin de llegar a nuestro continente. Destino en el que, además, raramente son bienvenidas.
Responder a la pregunta no resulta fácil ya que dicha causalidad puede deberse a multitud de casos y factores. Hay incluso quien sostiene la teoría de que, al menos cierta parte de las personas que emigran hacia el mundo rico no lo hacen huyendo de la pobreza extrema sino, simplemente, respondiendo al efecto reclamo, al factor seducción que se ejerce desde nuestra sociedad. Es decir, dado que el mundo se ha convertido en global, tal como hacen los jubilados ricos del Norte de Europa (o, ultimamente, personas pertenecientes a las élites de algunos países de Sudamérica), hay migrantes procedentes del Sur (África, Asia, America Latina...) que inmigran con el objetivo de recibir los beneficios de la sociedad de consumo europea. En tal caso, quienes emigran serían los individuos más ambiciosos e individualistas de sus respectivas sociedades, no necesariamente los más golpeados por la pobreza (no conviene olvidar que para realizar este tipo de viajes se requiere dinero), ni, por supuesto, los más implicados y participativos en las estructuras comunitarias de allí.
No negaré que pueda darse este perfil en parte del contingente de personas que inmigran procedentes del Sur. Pero, ni aunque dichas personas supusiesen un porcentaje significativo de la inmigración que reciben nuestros países, ello justificaría la opinión -que también se escucha mucho estos días- de que dichas personas no deberían tener derecho a recibir los beneficios económicos y sociales presentes en nuestra sociedad ya que ellas no han contribuído a generarlos. Es de absoluta obviedad que el tipo de sociedad terciarizada y de abundancia material que hoy se da en el Occidente rico nunca habría podido suceder sin un incesante proceso de exacción y acumulación de riqueza en dirección Sur-Norte, logrado siempre, ayer y hoy, por medios depredativos y violentos. Visto así, la población en su conjunto de aquellas sociedades que vienen sufriendo el expolio histórico resulta ser, con mayor propiedad, agente, generadora del bienestar económico del que se beneficia la ciudadanía europea. Podría decirse que vienen a recuperar lo que era suyo y les fue robado. Y todo ello sin olvidar -dato que en este debate siempre se obvia de la manera más interesada- que la gran mayoría de personas que migran hacia nuestros países europeos lo hacen de forma perfectamente legal, con su documentación en regla, a través de las aduanas. Además de los turistas permanentes y jubilados que hemos nombrado antes, los migrantes autorizados que proceden del mundo empobrecido lo hacen como la mano de obra, más que necesaria, imprescindible para que la economía europea no colapse. Este dato principal, como digo, es siempre silenciado por los voceros populistas de la ultraderecha, quienes, a menudo, alimentan el bulo de que los inmigrantes "vienen a quitarnos nuestro trabajo". Sin embargo, tanto economistas como empresarios son perfectamente conscientes de la importancia determinante de la inmigración para mantener una economía productiva en Europa con un mínimo de competitividad.
En resumen, resulta ingenuo y simplista (en ocasiones torticero) orientar el debate de la inmigración atendiendo únicamente al hecho migratorio en si y al impacto que provoca en las sociedades receptoras, no queriendo saber nada de cuales podrían ser las causas que impulsan el fenómeno. Como ya he esbozado, además del "efecto llamada" que, por su propia idiosincracia y con ayuda de los sistemas comunicativos globales, proyecta la sociedad de consumo occidental, existen poderosas razones estructurales que impulsan este flujo de seres humanos. Flujo que se da fundamentalmente desde áreas del planeta explotadas y empobrecidas hacia los lugares del mundo en que se ha concentrado la riqueza. Por dicha razón, la causa última y principal de la inmigración como fenómeno no sería el mero deseo personal de las personas migrantes de beneficiarse de las "bondades" del mundo rico, sino la inercia devastadora de un sistema económico depredador que, históricamente, ha concentrado la mayoría de la riqueza del planeta en ciertas zonas, generando enormes bolsas de pobreza en otras. La agresión militar pura y dura (como ocurrió en Libia, Iraq...) o indirecta, mediante la instrumentalización de facciones o contingentes de mercenarios locales (como ocurre actualmente, por ejemplo, en Sudán, Congo...) es el mecanismo que los países occidentales vienen implementando desde hace siglos. Esta ininterrumpida acción militar directa e indirecta ha mantenido y sigue manteniendo a grandes partes de la humanidad bajo el dominio colonial, sometida a gran inestabilidad política o sufriendo las consecuencias de perennes guerras civiles. Todo ello con el objetivo de perpetuar la situación de dependencia para poder seguir expoliando los recursos de cada lugar. Por si fuera poco, en las últimas décadas, el cambio climático, alimentado a su vez por el insaciable industrialismo occidental, no ha hecho sino agravar las condiciones de vida de los habitantes de esas regiones.
Vistas así las cosas, nadie debería extrañarse de que haya personas que se vean obligadas a abandonar su tierra huyendo de una pobreza y, en numerosas ocasiones, un contexto bélico de los que de ninguna manera se les puede hacer responsables. No tener en cuenta estos hechos cuando en Occidente se debate sobre inmigración no solo denota la más absoluta de las ignorancias sino que, en no pocos casos, deviene un neto ejercicio de hipocresía, cinismo y desvergüenza.
Iván Batty
En nuestro futuro se perfila un populismo cualitativo de televisión o internet, en el que la respuesta emotiva de un grupo seleccionado de ciudadanos puede presentarse o aceptarse como la «voz del pueblo».
El recuerdo de aquellos años terribles debería ser reprimido. Pero la represión provoca neurosis. Si reconciliación significa compasión y respeto hacia todos aquellos que combatieron su guerra de buena fe, perdonar no significa olvidar. Puedo admitir incluso que Eichmann creyera sinceramente en su misión, pero no me siento capaz de decir: «Vale, vuelve y hazlo otra vez».
Nosotros estamos aquí para recordar lo que sucedió y para declarar solemnemente que «ellos» no deben volver a hacerlo.
Pero, ¿quiénes son «ellos»?
El semiólogo y novelista Umberto Eco pronunció en 1995, hace ahora treinta años, una conferencia en la Universidad de Columbia, en Nueva York, poco tiempo después del atentado cometido por la ultraderecha en Oklahoma. En Nueva York —probablemente la ciudad menos estadounidense de EE. UU.—, su público se mostró inocentemente sorprendido de que existieran grupos armados paramilitares de extrema derecha activos en su propio país, dispuestos a tomar el poder. En ese clima, Eco pronunció su conocida conferencia El fascismo eterno, que poco después aparecería publicada en papel1. En ella alertaba de una deriva autoritaria siempre latente y cada vez más visible, donde rescataba claves para entender lo que llamó el ur-fascismo o fascismo eterno, y explicaba por qué la palabra fascismo se ha impuesto sobre otras que designan ideologías autoritarias distintas, convirtiéndose en un término recurrente, y quizá necesario, para señalar ciertas actitudes, acciones, nuevas políticas y diversas gobernanzas.
En esa conferencia, Eco explicó cómo el fascismo, desde el punto de vista filosófico, estaba mal articulado y mal acoplado, pero desde el punto de vista emotivo resultaba eficaz, pues se hallaba bien ensamblado en torno a determinados arquetipos. El pensador sostenía que solo existió un nazismo y que no se podía llamar «nazismo» al falangismo hipercatólico de la España de Franco, dado que el nazismo es fundamentalmente pagano, politeísta y anticristiano, o no es nazismo. Lo mismo ocurre con esa mutación del falangismo derivada en franquismo: solo puede existir de una manera. En cambio —recordaba Eco—, se puede jugar al fascismo de muchas formas y el nombre del juego no cambia. El término «fascismo» se adapta a casi todo porque es posible eliminar de un régimen fascista uno o más aspectos y, aun así, reconocerlo como fascista.
A pesar de esto, elaboró una lista de características típicas de lo que denominó ur-fascismo o fascismo eterno. Tales características pueden encuadrarse en un sistema: muchas se contradicen entre sí y son comunes a otras formas de despotismo o fanatismo, pero basta con que una de ellas esté presente para que coagule una nebulosa fascista.
Estas son, resumidas, sus catorce características:
1. El culto a la tradición. El tradicionalismo es más antiguo que el fascismo.
2. El rechazo de la modernidad. La Ilustración se ve como el origen de la depravación moderna. El ur-fascismo puede definirse como «irracionalismo».
3. La cultura es sospechosa. Se la identifica con actitudes críticas; de ahí el culto de la acción por la acción. La sospecha hacia el mundo intelectual ha sido siempre un síntoma del ur-fascismo.
4. El desacuerdo es traición. El espíritu crítico realiza distinciones, y distinguir es señal de modernidad.
5. Miedo a la diferencia. El primer llamamiento de un movimiento fascista, o prematuramente fascista, se dirige contra los intrusos. El ur-fascismo es racista por definición.
6 El ur-fascismo surge de la frustración individual o social. Una característica típica ha sido el llamamiento a las clases medias frustradas. En nuestra época, en la que los antiguos proletarios se convierten en pequeña burguesía y el lumpen se autoexcluye de la escena política, el fascismo encontrará su público en esta nueva mayoría.
7. El privilegio de haber nacido en el mismo país. A quienes carecen de una identidad social, el ur-fascismo les dice que su único privilegio es el más vulgar: haber nacido en el mismo país. Además, los únicos que pueden ofrecer identidad a la nación son los enemigos. Los seguidores deben sentirse asediados.
8. Humillación y revancha. Los seguidores deben sentirse humillados por la riqueza y la fuerza de los enemigos, pero convencidos de que pueden derrotarlos.
9. El pacifismo es malo porque la vida es una guerra permanente. En el ur-fascismo no hay lucha para la vida, sino «vida para la lucha».
10. Elitismo de masas. Cada ciudadano pertenece al mejor pueblo del mundo; los miembros del partido son los mejores ciudadanos; el líder, el héroe supremo.
11. El heroísmo como norma. Cada persona está educada para convertirse en héroe.
12. Machismo y moral sexual. El ur-fascismo proyecta su voluntad de poder sobre las cuestiones sexuales: promueve el machismo y condena las costumbres sexuales no conformistas.
13. Negación de los derechos individuales. El «pueblo» se concibe como una entidad que expresa la «voluntad común». Como ningún conjunto de seres humanos puede poseer una voluntad común, el líder se erige en su intérprete.
14. El ur-fascismo habla la neolengua2. Se basa en un léxico pobre y en una sintaxis elemental, con el fin de limitar los instrumentos del razonamiento complejo y crítico. Debemos estar preparados para identificar nuevas formas de neolengua, incluso cuando adoptan la apariencia inocente de un popular reality show.
Lo que el pensador italiano nos advertía al analizar las características del fascismo era que estas podían aparecer —y estaban apareciendo— mutadas en otros espacios. Se estaba reactualizando la lógica fascista del control total, pero bajo formas aparentemente inocuas. Una capacidad totalizadora más sutil y eficaz que su versión anterior del siglo XX, donde el control y la dominación ya no se imponen desde fuera, sino que el sujeto las interioriza, disfrazadas de libertad. Libertad; esa idea inefable que la derecha ha hecho suya como grito acrítico.
El problema es que el análisis terminaba allí. Hoy sabemos que la siguiente jugada, una vez que en Occidente ha sido seducida y reeducada la mayoría de la población, sería la de volver a la figura de los líderes supremos. Cumplidos los augurios que Eco profetizaba —el control blando—, surge la cara más dura del fascismo. Ya nos advirtió que no iban a pasearse con camisas negras o uniformes militares. Ahora se presenta bajo el agradable disfraz del empresario rico, porque la erosión de lo político en favor de lo económico, característica de este nuevo orden neoliberal, impone nuevas prendas para el mismo juego.
Así que el despotismo ya está aquí. De hecho, treinta años más tarde, en 2025, en la misma universidad donde Umberto Eco pronunció esta conferencia, se prohibieron las dos organizaciones estudiantiles que organizaban protestas propalestinas: Students for Justice in Palestine (SJP) —Estudiantes por la Justicia en Palestina— y Jewish Voice for Peace (JVP) —Voz Judía por la Paz—3. Una nueva organización tomó su lugar creando una acampada en el campus, que terminó siendo reprimida y desmantelada, con más de un centenar de personas arrestadas. También se registraron detenciones selectivas dirigidas por las agencias de inmigración (ICE/DHS) contra participantes clave con estatus migratorio vulnerable, dispersándolos en cárceles para inmigrantes en otros estados.
Los arrestos marcaron la primera vez desde las manifestaciones de 1968 contra la guerra de Vietnam que la Universidad de Columbia permitió la intervención policial en su campus. Estas protestas generaron acampadas similares en múltiples universidades de EE. UU.
Pese a la represión, el 7 de marzo de 2025, el Gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación inmediata de aproximadamente cuatrocientos millones de dólares en subvenciones y contratos federales a Columbia, argumentando que la universidad había sido «inactiva ante el acoso antisemita». También comunicó la suspensión de cincuenta y un millones de dólares adicionales en contratos vigentes como medida inmediata.
Tras estas cancelaciones, el gobierno de Trump envió una carta con demandas explícitas como precondición para la devolución de los fondos federales, entre ellas:
– expulsar o suspender por varios años a los estudiantes que participaron en protestas;
– prohibir el uso de mascarillas durante las manifestaciones (mask ban);
– reorganizar el sistema disciplinario interno: abolir el University Judicial Board (UJB) y centralizar los procesos bajo la administración central;
– someter a supervisión externa el Departamento de Estudios de Oriente Medio, África y Asia del Sur (MESAAS), colocando su control bajo un cargo designado por la administración central;
– adoptar la definición de antisemitismo de la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto) como criterio federal obligatorio, a pesar de que esta definición no permite la crítica hacia Israel;
– limitar o reformular el lenguaje y las políticas del programa de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI): eliminar terminología considerada «ideológica» o woke y desactivar programas de estudios decoloniales;
– otorgar mayor autoridad a los agentes de seguridad del campus, facultades de arresto y coordinación con la policía de Nueva York, e incluso con las agencias de inmigración;
– proporcionar al gobierno datos privados de solicitantes (admitidos y no admitidos) como etnia, área de estudios o puntuaciones, para su monitoreo federal.
El 24 de julio de 2025, la Universidad de Columbia y la administración Trump anunciaron un acuerdo por doscientos veinte millones de dólares para restaurar parte de la financiación previamente cancelada, bajo la aceptación de las condiciones de reforma institucional de la universidad.
Es cierto: el futuro ya está aquí. Y se parece mucho a un pasado que hemos intentado olvidar sin antes analizarlo. Es fácil señalar al tirano ahora —y lo será mucho más mañana—, pero no debemos olvidar que todo esto se ha desarrollado y desplegado ante nuestras narices. Tenemos que volver la mirada, de nuevo, a ese fascismo eterno y siempre latente que es el caldo de cultivo del que prospera la situación occidental actual. Eco hablaba de la televisión y de la incipiente internet; ahora ya sabemos que la realidad digital es un diluvio de contenido polarizador que, a través de ecosistemas fragmentados (memes, Telegram, WhatsApp, gaming, foros, plataformas), permite a la ultraderecha normalizar discursos de odio y reclutar a una juventud —en su gran mayoría, hombres— que vive en la incertidumbre constante. El ur-fascismo opera hoy a nivel emocional, visceral, simbólico y también tecnológico.
Por eso, volvamos a Columbia, hace tres décadas, cuando Umberto Eco, como cierre de su conferencia, nos dejó una advertencia y también una misión colectiva:
«Debemos estar atentos para que el sentido de estas palabras no llegue a olvidarse. El ur-fascismo está aún a nuestro alrededor, a veces vestido de paisano. Sería muy cómodo, para nosotros, que alguien se asomara a la escena del mundo y dijera: “¡Quiero volver a abrir Auschwitz, quiero que las camisas negras vuelvan a desfilar solemnemente por las plazas italianas!”. Por desgracia, la vida no es tan fácil. El ur-fascismo puede volver todavía con las apariencias más inocentes. Nuestro deber es desenmascararlo y señalar cada una de sus nuevas formas, todos los días, en todos los rincones del mundo».
Notas
(1) Este articulo está basado y recoge pasajes de la edición de Lumen, Contra el Fascismo (2018) con traducción de Helena Lozano.
(2) La neolengua (Newspeak en inglés) es un idioma ficticio inventado por George Orwell en su novela 1984. Se trata de un idioma deliberadamente simplificado y confuso para hacer que los conceptos de oposición o rebelión sean imposibles de concebir.
(3) Una cuarta parte de los judíos estadounidenses pensaba en 2021 —entendemos que las cifras se habrán elevado— que el Estado de Israel era un Estado de apartheid. «Israel “Is an Apartheid State,” a Quarter of U.S. Jews Say in New Poll» (Haaretz).
Emilia G. Morales
El pasado 10 de octubre entró en vigor el alto el fuego en la Franja de Gaza. Este suponía la primera fase del calificado como como "plan de paz" para Gaza por Donald J. Trump, presidente de EEUU, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Pese a las alabanzas de ambos mandatarios, las bombas y los balazos han continuado masacrando a la población palestina.
El Ministerio de Sanidad palestino ha sumado otros 2.000 asesinados y casi 4.000 heridos a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel desde que entró en vigor este alto el fuego. A fecha de 3 de diciembre, ya son 70.125 palestinos muertos en Gaza y 171.015 heridos desde el 7 de octubre de 2023. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de principios del pasado mes de octubre, un cuarto de estos heridos sufrían lesiones graves, como amputaciones, quemaduras, lesiones de médula espinal o en el cerebro.
En total, los heridos y muertos en la Franja de Gaza suponen el 10,8% de se población, si se toma de referencia el número de habitantes que tenía el enclave en 2023, según la estadística de la Oficina Central de Estadística de Palestina (PCBS). De los 2,2 millones de palestinos que vivían en Gaza, el 40,4% eran menores de 14 años.
Si este nivel de destrucción se aplicara en España, supondría el total de la población de la provincia de Murcia, según los datos consolidados del INE del 1 de enero de 2025. Si se desgrana entre heridos y muertos, los primeros se asemejarían al total de habitantes de Valencia y Castellón, mientras que los segundos, a la población actual de Las Palmas y Salamanca.
En su ensayo, Ser judío tras la destrucción de Gaza (2025, Capitán Swing), el politólogo estadounidense Peter Beinart, invita a sus compatriotas a realizar esta ponderación con la población de EEUU. Sus cálculos, realizados con los datos disponibles en 2024, evidencian que si se hubiese aplicado este nivel de destrucción en el país norteamericano, habrían sido asesinados o heridos alrededor de 18 millones de estadounidenses. Los datos actualizados por Público elevan la cifra a 35 millones. Esto equivale a tres veces el área metropolitana de Los Ángeles.
"¿Cuántos palestinos tendría que matar Israel en Gaza antes de que usted instara a los Estados Unidos a dejar de enviarle armas?", se pregunta Beinart. "Esto es idolatría puesta en práctica" afirma en su ensayo. El columnista del New York Times y judío practicante explica el concepto de idolatría -en hebreo, avodá zará- como el ejercicio que llevan a cabo aquellos que "otorgan un valor supremo a cosas distintas de Dios".
Beinart introduce este término para describir las inconsistencias del mantra del "derecho a existir" del Estado israelí. Según el autor, este proviene de una perversión de la escrituras sagradas judías. En concreto, de la idea de que los judíos son "el pueblo elegido de Dios", pero solo en lo relativo a sus derechos y no en cuanto a sus obligaciones. "Hemos construido un altar y hemos arrojado a las llamas a toda una sociedad".
Este nivel de ensañamiento solo es posible mediante la deshumanización del enemigo. Esta es una de las diez etapas que caracterizan un genocidio, según el observatorio Genocide Watch. No en vano, tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Penal Internacional continúan investigando a Israel y a sus dirigentes por la comisión de este delito en la Franja de Gaza.
Abeer Salman
Yahya Abou-Ghazala,
Thomas Bordeaux
Jeremy Diamond
Gianluca Mezzofiore
Lou Robinson
Desaparecidos en Gaza: una investigación de CNN apunta a que el ejército israelí está arrasando con excavadoras los cadáveres de palestinos que buscan ayuda.
Ammar Wadi sabía que estaba arriesgando su vida cuando se dispuso a buscar una bolsa de harina para su familia de un camión de ayuda cerca del cruce de Zikim hacia Gaza en junio.
"Perdóname, mamá, si me pasa algo", escribió en la pantalla de inicio de su celular. "Quien encuentre mi teléfono, por favor, dígale a mi familia que los quiero mucho".
En medio de los constantes disparos israelíes contra quienes buscaban ayuda este verano, Wadi nunca regresó a casa y el mensaje que dejó fue entregado a su familia semanas después por alguien que encontró su teléfono. Fue la última vez que supieron de él.
Wadi se encuentra entre las docenas de palestinos cuyos seres queridos dicen que desaparecieron cerca de Zikim y cuyo destino sigue siendo desconocido.
Una investigación de la CNN apunta ahora a que el ejército israelí enterró con excavadoras los cuerpos de algunos de los fallecidos cerca del cruce en fosas poco profundas y sin identificar. En otras ocasiones, sus restos simplemente se dejaron descomponer a la intemperie, sin posibilidad de recuperación en la zona militarizada.
La práctica de manipular incorrectamente los cadáveres tirándolos a fosas comunes sin identificar puede violar el derecho internacional, según expertos legales.
La investigación de CNN, que también encontró que los solicitantes de ayuda fueron asesinados por fuego israelí indiscriminado cerca del cruce, se basó en cientos de videos y fotografías de los alrededores de Zikim, junto con entrevistas a testigos oculares y conductores de camiones de ayuda locales.
Las imágenes satelitales también muestran actividad de excavadoras durante todo el verano en las zonas donde murieron los solicitantes de ayuda. Dos videos, geolocalizados por CNN en la zona de Zikim, muestran las secuelas de un incidente ocurrido en junio, mostrando cuerpos parcialmente enterrados alrededor de un camión de ayuda volcado.
CNN habló con dos exmilitares israelíes que describieron casos en otras partes de Gaza durante la guerra, donde cuerpos de palestinos fueron enterrados con excavadoras en fosas poco profundas. Solicitaron el anonimato por no estar autorizados a hablar sobre el asunto.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) negaron haber utilizado excavadoras para retirar cadáveres, pero no aclararon si se utilizaron para enterrarlos. Las FDI declararon a CNN que la presencia de excavadoras en los alrededores de Zikim era una práctica rutinaria, utilizada con fines operativos, como la lucha contra amenazas explosivas o para necesidades de ingeniería rutinarias.
Según el derecho internacional, las partes en conflicto deben cooperar para enterrar a los muertos de una manera que permita identificarlos, dijo Janina Dill, codirectora del Instituto Oxford de Ética, Derecho y Conflictos Armados.
“El objetivo es evitar que los muertos se conviertan en desaparecidos y permitir la conmemoración, principalmente por parte de sus familias”, dijo Dill. “Además, si los cuerpos son mutilados deliberadamente o maltratados de forma que atenten contra su dignidad, esto puede constituir 'ultrajes a la dignidad personal', lo cual constituye un crimen de guerra según las Convenciones de Ginebra”.
Sin embargo, sigue sin determinarse si las FDI rastrean los lugares donde supuestamente han enterrado cadáveres. Uno de los denunciantes de las FDI declaró a CNN que, cuando su unidad enterró a nueve personas a principios de 2024, la ubicación de la tumba no se marcó. Las FDI no respondieron a la pregunta de CNN sobre este incidente.
Casi seis meses después de la desaparición de Wadi, su familia sigue sin respuestas. Sin embargo, en lugar de encontrar consuelo en su último mensaje telefónico, la madre de Wadi, Nawal Musleh, está atormentada por lo que quizá nunca descubra.
"Cuando lo recuerdo, no puedo parar de llorar", dijo a CNN. "Aceptamos lo que Dios nos ha dado, pero solo queremos saber qué le pasó a nuestro hijo".
'Es como el Triángulo de las Bermudas'
Un par de videos gráficos publicados en las redes sociales el 11 de septiembre (revisados y geolocalizados por CNN) muestran un flujo constante de palestinos huyendo del área de Zikim cargando sacos de harina bajo una lluvia de disparos.
En las imágenes, al menos una persona que transportaba harina parece recibir un disparo por la espalda; los disparos parecen provenir de la dirección de una posición de las FDI que CNN ha identificado en imágenes satelitales.
Robert Maher, de la Universidad Estatal de Montana, un experto forense de audio, analizó los videos para CNN y descubrió que los disparos se originaron a unos 340 metros (1.115 pies) del lugar de filmación, lo que corresponde a la distancia desde la posición de las FDI.
En el otro video, también se ve a un grupo atendiendo los cuerpos de una persona aparentemente muerta y otra gravemente herida, antes de llevárselos. Mientras tanto, los disparos continúan.
En una declaración a CNN, las FDI dijeron que “no disparan intencionalmente contra civiles inocentes” y que en los casos en que surge una amenaza, “se dispara con fines de advertencia o para neutralizar la amenaza”.
Otras imágenes y fotografías revisadas por CNN muestran múltiples cadáveres que no pudieron ser recuperados de Zikim por otros solicitantes de ayuda o la defensa civil debido a las condiciones peligrosas.
El 15 de junio, dos testigos presenciales declararon a CNN que un camión de ayuda humanitaria que viajaba desde el cruce fue invadido por una multitud de palestinos hambrientos. Los camiones de ayuda humanitaria son operados por contratistas locales privados en Gaza para recoger suministros del cruce y transportarlos a la Franja.
Poco después de que el camión de ayuda fuera rodeado, el ejército israelí abrió fuego contra el vehículo y muchas personas parecieron haber recibido disparos y desplomarse debajo del camión, dijeron los testigos presenciales.
Varios días después se permitió el acceso a la zona a una ambulancia operada por trabajadores de defensa civil.
“Quedamos impactados por la escena”, declaró a CNN uno de los trabajadores de defensa civil, quien pidió no ser identificado por temor a su seguridad. “Los cuerpos que recuperamos estaban descompuestos; claramente llevaban allí un tiempo; había señales de que los perros se los habían comido”.
Obtenido por CNN
Videos obtenidos y geolocalizados por CNN en esa ubicación en Zikim muestran un camión de ayuda volcado y aplastado entre escombros. Varios cuerpos en descomposición están dispersos alrededor del vehículo, parcialmente enterrados en montículos de arena. Cerca se ve un perro callejero.
El equipo de defensa civil solo pudo recuperar 15 cadáveres y, con la ambulancia llena, aproximadamente 20 nunca fueron recuperados, según el trabajador. Las Fuerzas de Defensa de Israel no respondieron a las preguntas sobre este incidente.
Media docena de conductores de camiones de ayuda local que trabajaron en la ruta de Zikim hablaron con CNN bajo condición de anonimato debido a temores por su seguridad.
Describieron escenas de cuerpos esparcidos y en descomposición como algo común, con excavadoras israelíes a veces limpiando los cadáveres en la arena.
“Veo gente muerta cada vez que conduzco por Zikim… Vi cómo las excavadoras israelíes enterraban los cadáveres”, dijo un conductor. “Si hubieras pasado por esa zona en julio, no te lo perderías; mantuve las ventanas cerradas”.
“Las excavadoras del ejército israelí los entierran o los cubren con tierra”, dijo otro conductor.
Imágenes satelitales y fotografías refuerzan estos testimonios, capturando la presencia constante de excavadoras israelíes desde finales de julio hasta principios de agosto. Se observan indicios de actividad de excavadoras en los alrededores del cruce de Zikim desde mediados de junio, justo después de la apertura de la ruta de ayuda, hasta el 12 de septiembre, fecha de su cierre.
Parte de la actividad de las excavadoras parece estar relacionada con la limpieza de la ruta de ayuda, que frecuentemente estaba llena de cajas y escombros.
En otras ocasiones, las imágenes satelitales muestran actividad de excavadoras sin un propósito claro, como cuando una excavadora empujó un área de tierra de 30 metros cuadrados (322 pies cuadrados) en una pila corta a mediados de junio, a unos 400 metros (1.300 pies) de distancia de donde se encontró el camión volcado atendido por trabajadores de defensa civil días antes.
Las excavadoras también se utilizaron repetidamente para demoler las ruinas de edificios detrás de los cuales los solicitantes de ayuda buscaban refugio de los disparos israelíes, como se ve en numerosos vídeos.
Dos testigos presenciales dijeron a CNN que el 7 de septiembre, mientras la gente buscaba cerca de Zikim alguna señal de sus familiares desaparecidos, se encontraron con lo que dijeron que parecían ser cadáveres arrasados.
“Encontré los cuerpos allí tirados junto con las cajas de cartón (con ayuda)… las apilaron una sobre otra”, dijo a CNN Adel Mansour, uno de los testigos que fue a buscar a su hijo de 17 años.
Un conductor de camión de ayuda que trabajaba en las rutas de Zikim le dijo a CNN: “Es como el Triángulo de las Bermudas; nadie sabe qué está pasando en esa zona, y parece que nadie lo sabrá nunca”.
Los denunciantes de las FDI hablan
Estos informes sobre la destrucción de los cuerpos de palestinos por parte del ejército israelí no se limitan al cruce de Zikim. Denunciantes de las Fuerzas de Defensa de Israel que hablaron con CNN y la ONG de veteranos antiocupación Breaking the Silence (BTS) señalaron un patrón más amplio de maltrato militar a los muertos en Gaza durante la guerra.
Un denunciante de las FDI, que anteriormente sirvió en un puesto avanzado en el corredor de Netzarim, habló con CNN bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El soldado dijo que nueve cuerpos de palestinos desarmados fueron dejados descomponerse durante casi dos días alrededor de su base a principios de 2024. El olor de los cadáveres en descomposición se volvió abrumador a medida que los perros hurgaban entre los restos, dijo.
“Nuestro comandante pidió a los D9 —las excavadoras— que cubrieran los cuerpos con arena”, recordó. “Solo ver esta cantidad de cuerpos a tu alrededor, cuando ves que están desarmados, cuando ves a los perros comiéndoselos para jugar con los huesos, las piernas y el cráneo… es terrible”.
Según el informante, no se tomaron fotos de los cuerpos para su posterior identificación ni para señalar su ubicación. «Las familias quizá desconozcan qué pasó con sus seres queridos», dijo.
BTS, que ofrece un foro para que las tropas israelíes se pronuncien y verifica sus relatos, también dijo que había recibido numerosos testimonios de soldados sobre esta práctica.
Otro exsoldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), un capitán que sirvió en un centro de mando que supervisaba a las tropas israelíes en Gaza a finales de 2023, afirmó que nunca recibió instrucciones del ejército sobre el tratamiento de los cadáveres de palestinos asesinados en Gaza. Cuando el cadáver de un palestino asesinado por las fuerzas israelíes bloqueó una carretera en Gaza, afirma que los oficiales del centro de mando finalmente decidieron usar una excavadora para empujar el cuerpo a una fosa poco profunda junto a la carretera.
"Nunca nos dieron ningún protocolo ni ninguna orden sobre cómo manejar todos los cuerpos, ya sean combatientes o no combatientes, que encontramos en la guerra", dijo el denunciante a CNN bajo condición de anonimato.
Las FDI no respondieron a las preguntas de CNN sobre los testimonios de los ex soldados.
En los últimos dos años, el ejército israelí ha enterrado repetidamente cadáveres palestinos en fosas comunes, poco profundas y sin identificar en distintos lugares de Gaza. Esto incluye cientos de cadáveres descubiertos el año pasado en el Hospital Nasser de Khan Younis, según las autoridades locales, y el asesinato de 15 trabajadores humanitarios en el sur del territorio en marzo, que se detalló en un informe de CNN.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han negado sistemáticamente enterrar a palestinos en fosas comunes.
Las Fuerzas de Defensa de Israel también han utilizado excavadoras en varios momentos de la guerra para destruir sistemáticamente cementerios palestinos. El año pasado, una investigación de la CNN reveló que el ejército israelí profanó al menos 16 cementerios en su ofensiva terrestre en Gaza, dejando lápidas destruidas, tierra removida y, en algunos casos, cuerpos desenterrados.
Las FDI no pudieron explicar la destrucción de los cementerios identificados, pero dijeron que los militares a veces "no tienen otra opción" que atacar lugares que, según afirman, Hamás utiliza con fines militares y explicaron que se retiraron cuerpos de algunas fosas comunes en un intento de rescatar rehenes.
Con muchos palestinos que intentaron conseguir comida este verano aún desaparecidos, la búsqueda desesperada de respuestas continúa para sus familias. Algunos mantienen la esperanza de que sus seres queridos aún estén vivos en algún lugar, como detenidos por Israel o desplazados en otras partes de Gaza.
“Ammar (Wadi) era alguien cuya ausencia deja un enorme vacío; perderlo es como perder una parte de uno mismo”, dijo su hermano Hossam. “Si es martirizado, que Dios se apiade de él, pero si está vivo, al menos podemos aferrarnos a la esperanza”.
Traducido del inglés por Tortuga con ayuda de un traductor automático.
Israel confisca decenas de piezas arqueológicas en Cisjordania y los traslada a un museo israelí
Joan Cabasés Vega
Una comitiva de soldados y representantes civiles israelíes se desplegó el jueves en un municipio al noreste de Ramala, en Cisjordania, y confiscó decenas de piezas arqueológicas. Las autoridades israelíes, que procedieron a trasladar los restos a un museo israelí ubicado en territorio ocupado, aseguran que la operación forma parte de un esfuerzo para proteger el patrimonio histórico de la zona.
La expropiación se produce en un momento de tensión alrededor de las intenciones israelíes sobre las antigüedades en Cisjordania, puesto que Israel tiene en marcha una operación similar que los expertos advierten que sería la mayor apropiación de tierras arqueológicamente relevantes en su historia.
Los hechos sucedieron en una colina ubicada en Al-Mazra Al-Sharqiya, un poblado cercano a Ramala, la capital administrativa de Cisjordania. Según han reconocido las autoridades israelíes, la confiscación incluyó capiteles, monedas y columnas de piedra —testimonios afirman que fueron alrededor de cinco—. Los vestigios han terminado en el Museo del Buen Samaritano, impulsado por las autoridades israelíes en el este de Cisjordania, uno de los tres territorios palestinos ocupados por Israel junto con la franja de Gaza y Jerusalén Este.
La Administración Civil, la autoridad israelí que se encarga de los asuntos civiles en Cisjordania, justificó el jueves la extracción mediante un comunicado. En la nota, la institución alega que residentes palestinos habían construido una villa en la colina que acoge el lugar histórico conocido como Burj Lasana, que estuvo habitado durante alrededor de 2.000 años entre la Edad de Hierro (desde el 1200 antes de Cristo) y el periodo de las Cruzadas (hasta el 1200 después de Cristo). La Administración asegura que esa construcción causaba daños en los restos arqueológicos de la zona, donde también se encuentran una fortaleza del tiempo de las Cruzadas, una iglesia bizantina y un baño antiguo.
El actual Gobierno israelí, el más derechista en la historia del país, puso al mando de la Administración Civil a Bezalel Smotrich, un israelí que no esconde su deseo de expandir la soberanía de Israel sobre el conjunto de la Palestina histórica, que reside en una colonia judía en Cisjordania y que lidera al mismo tiempo el Ministerio de Finanzas. Este Ejecutivo ha impulsado un nuevo esfuerzo para poner las antigüedades de Cisjordania bajo el control de las instituciones civiles israelíes, algo que choca con el derecho internacional al tratarse de un territorio ocupado militarmente. Muchos ven la maniobra como un paso más en la anexión de facto del territorio, en este caso a través de la arqueología.
El incidente del jueves en Burj Lasana es parte de una tendencia mayor. El mes pasado, la Administración Civil anunció su intención de expropiar grandes partes de Sebastia, un importante yacimiento arqueológico de la era romana cercano a la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania, y asociado a la capital del antiguo reinado israelita de Samaria. La organización israelí Peace Now, contraria a la ocupación israelí, denuncia que la operación representaría la mayor confiscación de tierras arqueológicamente significativas en la historia de Israel.
“El plan se apropiaría de 180 hectáreas que pertenecen a los pueblos palestinos de Burqa y de Sebastia, incluyendo miles de olivos”, escribió Peace Now en un comunicado. La orden israelí para esa expropiación, que fue publicada el 12 de noviembre y a la que accedió la agencia The Associated Press, solo concedió a los propietarios palestinos de algunas de aquellas tierras 14 días para presentar alegaciones.
Como en el caso cercano a Ramala, las autoridades israelíes vinculan el proyecto en Sebastia con la protección y el desarrollo de los lugares antiguos. En 2023, el Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu inició los planes para convertir el lugar en una atracción turística bajo control de Israel y en beneficio de la sociedad israelí, algo que desplazaría a los residentes palestinos del territorio y que pondría fin al turismo liderado por la población local de la zona.
“Preservar los lugares antiguos es una parte central de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad para proteger la historia de la región”, expusieron el jueves representantes de la Unidad Arqueológica israelí, que es parte de la Administración Civil, según declaraciones recogidas por el medio de comunicación israelí i24News. “Cualquier daño a un lugar antiguo no solo afecta el artefacto en sí, sino también la capacidad de entender y documentar la historia que el lugar refleja”.
El ministro de Turismo y Antigüedades, Hani al-Hayek, ha denunciado esta semana la destrucción de puntos arqueológicos a manos israelíes. Según declaraciones recogidas por agencias de noticias palestinas, la ofensiva israelí en Gaza iniciada en 2023 habría dañado total o parcialmente 226 de los 316 lugares antiguos en el enclave, algo que el ministro ha descrito como un “ataque para eliminar la identidad palestina y la memoria colectiva”.
