Porque sancionar a quien investiga mientras se protege a quien se infiltra no es democracia: es mordaza. Todo nuestro respaldo a la prensa libre.

Los constantes ataques provocaron víctimas mortales y decenas de heridos. El saldo de víctimas mortales desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 11 de octubre, alcanzó los 1.209 muertos/as y 3.943 heridos, sumado a la recuperación de 803 cuerpos bajo los escombros.

Por Pedro Pachaguaya 1. Un gobierno que no leyó las estructuras Lo que ocurre en Bolivia desde el primero de mayo de 2026 tiene al menos dos capas que es necesario distinguir antes de analizar. Por un lado, las estructuras indígenas originarias -comunidades aymaras, quechuas y amazónicas- que poseen sistemas de gobierno propios, cosmovisiones propias […]

Mientras gran parte del país arde, y desgraciadamente no es una metáfora, sin que el sistema político y económico que sufrimos sea capaz año tras año de aportar una digna solución preventiva, el mundo se sigue igualmente carbonizando, de un modo más metafórico o quizá no tanto.

La relación entre propiedad social y pueblos indígenas es profunda. Alrededor de 16 mil 200 de los más de 32 mil 500 núcleos agrarios del país cuentan con población indígena. Una investigación del colectivo Geocomunes corrobora esta relación. Por lo menos el 51.34% de la población de comunidades agrarias habita hogares indígenas.

Denuncia de la Federación de Salud de Intersindical Canaria acerca de la ausencia de políticas reales que palíen los efectos del cambio climático

Sarah Mokwebo es una comunista y feminista sudafricana, miembra del Comité Nacional de la YCLSA (Liga de Jóvenes Comunistas de Sudáfrica, uFasimba en isiZulu), el ala juvenil autónoma del Partido Comunista Sudafricano (SACP).

“Las torturas y los malos tratos encuentran terreno favorable allí donde existen opacidad, descontrol y ausencia de mecanismos independientes”, concluye APDHA. “El informe del CPT obliga a reaccionar. Ninguna persona puede quedar fuera de la protección de los derechos humanos por encontrarse privada de libertad”.

Este nuevo DNU refuerza una serie de normativas de corte antimigratorio impulsadas por la actual Administración que han generado un amplio rechazo en el ámbito judicial.

En su intervención del 26 de julio Abelardo De la Espriella afirmó que reabrirá la embajada de Colombia en Jerusalén, transgrediendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (242, 338, 478) en las que se establece que Jerusalén Oriental es territorio ocupado, razón por la cual ningún Estado puede establecer embajadas en esa ciudad hasta que se resuelvan los litigios relacionados con su estatus.

¿Quién gobierna realmente en España cuando bancos, ministerios, bufetes y grandes empresas comparten apellidos, funcionarios e intereses? ¿Qué poder permanece intacto mientras PSOE y PP se suceden en La Moncloa?

Por eso debemos seguir nombrándolo con claridad: pueblo saharaui, territorio ocupado y descolonización pendiente. Ningún homenaje a Trump, ninguna campaña de propaganda y ningún consenso fabricado pueden convertir la ocupación en soberanía ni sustituir la voluntad de quienes tienen derecho a decidir.

El 26 de julio de 1953 irradió de brotes revolucionarios el asalto hacia los cuarteles Moncada en Santiago y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, objetivo revolucionario contra los bastiones de Batista. Hubo errores de estrategia que Fidel, reconoció, pagándose caro por ello; pero sí representó un revulsivo revolucionario, salto cualitativo y organizativo crea el principio de las bases del (M.26.J) inicio de lucha armada que condujo al poder contra la dictadura.

Más de un año después de la muerte de Montse, trabajadora del servicio de limpieza de Barcelona fallecida tras una jornada de trabajo en condiciones de calor extremo, familiares, amistades y compañeras continúan reclamando verdad, justicia y responsabilidades.

Primero fue Ámsterdam, seguida por Fráncfort. Madrid y Milán llegaron más recientemente. En menos de una década, los operadores de centros de datos han fundado asociaciones nacionales en casi todos los grandes mercados europeos. El patrón se repite hasta en los estatutos. La asociación holandesa se presenta como la unión de los data centers líderes del país, con la misión de fortalecer el crecimiento económico y perfilar el sector ante el gobierno, los medios y la sociedad; la española, nacida seis años después, utiliza la misma fórmula, casi palabra por palabra. 

Parecen franquicias de un mismo modelo, fundadas además por las mismas empresas: entre los ocho socios iniciales de la asociación española SpainDC, en octubre de 2021, figuran Equinix, Interxion y Data4. Equinix y Data4 reaparecen un año después, junto a Microsoft y Digital Realty, en el acta fundacional de la asociación italiana.

Por encima de esta red nacional está el paraguas de Bruselas. La European Data Centre Association (EUDCA), creada en 2011, agrupa a operadores, proveedores y a las propias asociaciones nacionales. En enero de 2021, la EUDCA y la patronal europea del cloud (CISPE) impulsaron el Climate Neutral Data Centre Pact, una «iniciativa de autorregulación» apadrinada por la Comisión Europea que compromete al sector a la neutralidad climática en 2030. Pero faltan organismos de control independientes: estos compromisos están basados en sus propias métricas y en autoauditorías, según reconoce el propio pacto.

Expansión al sur

La expansión al sur de Europa podría explicarse con la saturación de las redes eléctricas. Por ejemplo, Dublín concentra ya el segundo mayor parque de centros de datos del continente (1.150 MW en operación, según KPMG, casi a la par de Londres) y estas instalaciones consumen el 22% de la electricidad de Irlanda, más que todos los hogares urbanos del país juntos. El propio informe anual de SpainDC presenta a España como alternativa a unos hubs «limitados por la disponibilidad de energía».

Para facilitar la expansión de las infraestructuras que alimentan el mundo digital y la inteligencia artificial, se invierten grandes cantidades de recursos. Según el análisis del registro de transparencia realizado por Corporate Europe Observatory y LobbyControl, la industria digital gasta 151 millones de euros anuales en hacer lobby ante las instituciones de la UE, un 55% más que en 2021, y sus 890 lobistas a tiempo completo en Bruselas superan ya el número de eurodiputados.

En España, la actividad de cabildeo está principalmente llevada a cabo por la asociación SpainDC, cuya misión incluye «hacer pedagogía sobre la esencialidad de los centros de datos» y contribuir a que el país «disponga de la infraestructura digital que necesita para sostener servicios públicos, actividad económica y competitividad». Según la asociación, la necesidad de construir centros de datos es comparable a otras infraestructuras claves para el desarrollo del país.

«¿Un aeropuerto beneficia a una aerolínea u otra? No», comentó por correo un representante de la asociación. «Los centros de datos son una base operativa para la administración digital, la actividad empresarial, la innovación, la inteligencia artificial y los servicios cotidianos de millones de personas», añadió.

La actividad de la asociación es frenética: en su página web se cuentan más de 150 eventos en tres años, de Madrid a Singapur pasando por Hawái y Mumbai. Durante sus dos primeros meses de vida ya se había reunido con el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Madrid, y el pasado enero su directora ejecutiva (y exvicealcaldesa de la capital), Begoña Villacís, intervino en el Parlamento Europeo en una mesa redonda sobre el futuro de los centros de datos organizada por el grupo socialista.

Opiniones sin conocimiento

Tras el discurso de la oportunidad histórica –«Es un tren que llega, pero no se puede dejar pasar», dijo Villacís en un evento público en marzo de 2025– asoma el rechazo a medidas de control que el sector percibe como injustificadas. El lobby ha cargado contra el Real Decreto-ley 7/2026, que obliga a los centros de datos a generar energía renovable adicional equivalente a su consumo, permite suspender el acceso a la red a quienes incumplan criterios de eficiencia y uso del agua, y crea un comité para decidir qué proyectos tienen prioridad de conexión. Según SpainDC, ese comité «introduce un nivel de discrecionalidad que resulta difícilmente compatible con la confianza inversora».

La asociación estima que el sector podría movilizar 66.900 millones de euros hasta 2030 y superar los 16.000 empleos al final de la década, cifras que estarían en peligro si el sector público impusiera mecanismos de control definidos como desproporcionados. «SpainDC apoya el reporte de indicadores energéticos y ambientales, pero también ha advertido de que la regulación debe ser proporcionada, jurídicamente clara y homogénea con Europa», escribió en un correo un representante de la asociación.

SpainDC argumenta que la opinión pública está a su favor. En octubre de 2025 presentó su primer Barómetro de Percepción Social, elaborado con Sigma Dos a partir de 2.100 encuestas. «La sociedad valora el sector con una nota de 8,7 sobre 10, una calificación que obtienen otros servicios esenciales como la sanidad o las Fuerzas Armadas», defendió el representante de la asociación. Pero el barómetro revela lo que la propia asociación llama una «paradoja»: aunque el 85% de los encuestados ha oído hablar de los centros de datos, solo un 11,4% afirma conocerlos «bastante», un 40,4% admite conocerlos apenas «algo» y menos de la mitad ni siquiera sabe con qué energía funcionan. La alta valoración ciudadana convive con el desconocimiento generalizado de aquello que supuestamente se valora. 

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Las autoridades rusas han presentado cargos formales contra Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, por supuesta colaboración con el terrorismo. La acusación se produce en el marco de una ofensiva del Kremlin contra la plataforma de mensajería, que incluye la reducción del 55% del tráfico de Telegram en el país y la promoción de un mensajero alternativo sin cifrado.

Una campaña contra Telegram

Según fuentes oficiales rusas, Durov habría permitido el uso de Telegram por parte de grupos terroristas, sin que se hayan ofrecido pruebas concretas. La acusación coincide con medidas técnicas que estrangulan el acceso a la aplicación: desde hace meses, el regulador de comunicaciones ruso limita deliberadamente la velocidad de Telegram, lo que ha degradado su uso de forma significativa.

Paralelamente, el Gobierno ruso impulsa MAX, un mensajero sin cifrado que viene preinstalado en todos los nuevos dispositivos vendidos en Rusia. Esta aplicación carece de las garantías de privacidad que caracterizan a Telegram, lo que permite un control gubernamental directo sobre las comunicaciones.

Implicaciones para la libertad digital

El caso de Durov representa un hito en la escalada de presión rusa contra las herramientas de comunicación cifradas. El fundador de Telegram, que abandonó Rusia en 2014 tras negarse a entregar datos de usuarios, podría enfrentarse a penas severas si es declarado culpable. Organizaciones internacionales de derechos digitales han denunciado la acusación como un intento de silenciar a la plataforma, aunque ninguna ha podido verificar los cargos de forma independiente.

Telegram, con más de 900 millones de usuarios activos, es especialmente popular en países del antiguo espacio soviético y se ha convertido en una herramienta clave para la disidencia y la organización política. La ofensiva rusa contra la aplicación no tiene precedentes por su escala y coordinación.

Los servicios de urgencias recibieron a 997.844 pacientes, mientras que las consultas externas registraron 826.060 visitas, además de ingresar a 111.378 casos en camas de hospital durante el primer semestre de este año.

Sirvan estas poliédricas lecturas, en estos momentos de tristeza, como homenaje a este luchador y como invitación a la lectura de sus obras, de las que va un amplio y variado muestrario.