La administración estadounidense ha propuesto imponer aranceles adicionales de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de Marruecos, acusando al país magrebí de no haber tomado medidas suficientes para erradicar el trabajo forzado en su cadena de suministro. La medida, comunicada el 4 de junio de 2026, afecta a un total de sesenta socios comerciales de Estados Unidos, entre los que también figuran la Unión Europea, China y el Reino Unido.

Según fuentes oficiales estadounidenses, los nuevos aranceles se aplicarán sobre productos que las autoridades consideran vinculados a prácticas de explotación laboral. La propuesta supone un duro golpe para la economía marroquí, cuyas exportaciones a EE.UU. se verán encarecidas de forma significativa, perdiendo competitividad frente a otros países no sancionados. Marruecos se enfrenta así a un desafío reputacional y comercial en un momento en que buscaba afianzar su posición como socio preferente de Washington en el norte de África.

La decisión estadounidense se enmarca en una revisión más amplia de las políticas comerciales contra el trabajo forzado, que la administración Biden ya endureció mediante la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur. Aunque el foco inicial estaba en China, la Administración ha extendido la presión a otros países. La propuesta debe pasar ahora un periodo de consultas públicas antes de su entrada en vigor definitiva, previsiblemente en los próximos meses, según detallaron fuentes del Departamento de Comercio.

Para Marruecos, el castigo arancelario llega en un contexto de creciente competencia con España, su principal rival en sectores como la agricultura y la confección textil. Empresarios marroquíes han expresado su preocupación por el impacto en sectores clave como el outdoor o la automoción, mientras que el Gobierno de Rabat ha anunciado que recurrirá la medida ante la Organización Mundial del Comercio y reforzará la inspección laboral para evitar nuevas sanciones. El plazo para presentar alegaciones ante la Administración estadounidense finaliza el 30 de julio.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha propuesto un arancel mínimo del 10% para las importaciones procedentes de 54 países, según informó este jueves la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR). La medida forma parte de la política proteccionista del mandatario para reducir el déficit comercial y presionar a sus socios.

La propuesta, fechada el 4 de junio de 2026, establece un gravamen universal para un amplio grupo de naciones, sin especificar los criterios de selección ni las posibles exenciones. La USTR argumenta que el arancel es necesario para proteger la industria nacional y reequilibrar los flujos comerciales.

Un muro arancelario en expansión

La iniciativa representa un paso más en la estrategia de Trump de erigir barreras comerciales. «La oficina del representante comercial ofreció una nueva propuesta para levantar el muro arancelario deseado por el presidente», señala el comunicado oficial. Aunque la Casa Blanca no ha detallado la lista completa de países afectados, fuentes cercanas indican que incluye tanto a aliados como a competidores.

El anuncio llega en un contexto de tensión comercial global, con la Unión Europea y China como principales socios afectados por anteriores medidas de Washington. La propuesta deberá ser negociada en el Congreso, donde podría enfrentar resistencias incluso entre las filas republicanas, preocupadas por el impacto inflacionario y las represalias extranjeras.

Es probable que esta medida desencadene represalias por parte de los socios comerciales, lo que podría intensificar las tensiones en el comercio mundial.

Analistas económicos advierten de que un arancel del 10% sobre 54 países podría elevar los costes para los consumidores estadounidenses y provocar una contracción del intercambio global. La USTR defiende, no obstante, que la medida es necesaria para corregir desequilibrios históricos y fortalecer la base manufacturera del país.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha rechazado este miércoles en Río de Janeiro los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a productos brasileños, en una escalada de la guerra comercial que afecta a las relaciones transatlánticas. El mandatario calificó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como un «latinoamericano frustrado» y aseguró que no permitirá que Washington «trate de esta forma a Brasil».

La declaración se produce tras la entrada en vigor del nuevo gravamen, que afecta a sectores clave de la economía brasileña como el acero, el aluminio y los productos agroalimentarios. Según fuentes oficiales del Gobierno brasileño, la medida impacta directamente en exportaciones por valor de más de 10.000 millones de dólares anuales.

Críticas a la oposición interna

Lula también arremetió contra su contrincante en las elecciones presidenciales de octubre, Flávio Bolsonaro, a quien acusó de beneficiarse de la tensión comercial. «Con este arancel no solo afectan a mi adversario político, sino a todo un país», afirmó el mandatario, en referencia a que la medida golpea a sectores productivos independientemente de afinidades partidistas.

El rechazo de Lula se suma a las críticas de otros líderes latinoamericanos que han denunciado el creciente proteccionismo estadounidense. El Gobierno brasileño evalúa presentar una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y estudia medidas de represalia contra productos estadounidenses, según informó el Ministerio de Economía brasileño en un comunicado. Los aranceles, que entraron en vigor el pasado lunes, han generado incertidumbre en el comercio bilateral y podrían repercutir en las exportaciones españolas e iberoamericanas.

El Gobierno de Marruecos ha anunciado el restablecimiento temporal de los derechos de importación sobre el trigo blando, una medida que entrará en vigor el próximo 1 de junio de 2026. La decisión, comunicada por el Ministerio de Agricultura, busca proteger la campaña cerealista local, que este año alcanzará una cosecha excepcional estimada en 90 millones de quintales.

La medida arancelaria supone un giro en la política comercial marroquí, que hasta ahora mantenía suspendidos estos gravámenes para facilitar el abastecimiento interno. Según fuentes oficiales marroquíes, el objetivo es favorecer la comercialización de la producción nacional y garantizar que los agricultores locales puedan colocar su cereal en el mercado sin la competencia del grano importado, especialmente de la Unión Europea y Ucrania.

La decisión afecta directamente a los principales exportadores de trigo blando a Marruecos, entre los que destacan Francia y España. Para el sector agrícola español, Marruecos es un cliente estratégico, y la imposición de aranceles podría reducir temporalmente los flujos comerciales. No obstante, el carácter temporal de la medida sugiere que los derechos de importación podrían eliminarse una vez que la cosecha nacional se haya comercializado.

La campaña cerealista marroquí, impulsada por unas lluvias abundantes durante el otoño y el invierno, contrasta con la sequía de los dos años anteriores, que obligó al Reino a depender en gran medida de las importaciones. La estimación de 90 millones de quintales supone un incremento significativo respecto a las cosechas de las últimas temporadas y refuerza la seguridad alimentaria del país.

La medida, publicada en el Boletín Oficial marroquí, no especifica la duración exacta del arancel ni el porcentaje aplicado. El Ministerio de Agricultura marroquí ha indicado que se evaluará periódicamente la evolución del mercado interno para decidir la prórroga o el levantamiento de la tasa.