Es difícil replicarle al economista Manuel Riesco por sus aseveraciones en su columna en El Siglo de 27/05/2025, en la cual defiende el espurio acuerdo Codelco-SQM. Es difícil replicarle, no por los argumentos que entrega, sino porque Maño Riesco ha sido desde hace décadas, junto al economista Orlando Caputo, un gran defensor de la nacionalización de la gran minería y gran denostador de las mineras extranjeras, precisamente por el colosal perjuicio económico que ellas han provocado en nuestro país.
Nuestras primeras reuniones contra el perjuicio a Chile de las mineras extranjeras, las realizamos precisamente en Cenda, por allá por los años 1993-1994. Por ello es decepcionante su actual apoyo al acuerdo Codelco-SQM, o acuerdo Pacheco-Ponce Pinochet.
Pero ni modo: en recuerdo de nuestras antiguas luchas, me veo en la obligación de contestarle al compañero Riesco, en base a algunos párrafos de su columna.
“El acuerdo CODELCO-SQM, mediante el cual la minera estatal recupera desde ahora la propiedad y el control de la explotación del principal yacimiento de litio del país, se convierte en líder mundial ya no en uno, sino dos de los metales claves para la transición energética”.
No Manuel, la estatal no recupera la propiedad del principal yacimiento de litio del país, porque dicha propiedad es estatal desde 1979, gracias al art. 5° del DL 2.886, que dispuso “por exigirlo el interés nacional… el litio queda reservado al Estado”, y en consecuencia, no solo el litio del Salar de Atacama, sino el litio en todo Chile queda reservado al Estado, y no se puede otorgar concesiones a privados, porque es un bien público, un bien del Estado.
El DL 2.886 es de carácter constitucional. Por lo tanto, para poder enajenar, arrendar o entregar en concesión este bien público, el litio, solo se puede hacer mediante una ley, porque así lo mandata la Constitución en el artículo 63 que establece:
“Solo son materia de ley: 10) Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las Municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión”.
De todo ello deriva que el acuerdo mediante el cual Codelco, sin tener legitimidad legal y constitucional, entrega por 30 años, el 49.99% de la mayor parte del litio del Salar de Atacama a un privado, SQM, no puede prosperar porque ello solo se puede hacer por ley, es decir tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional.
Como también se tiene que hacer por ley el acuerdo de Codelco-Río Tinto en el Salar de Maricunga y el de Enami-Río Tinto en Salares Altoandinos.
Debemos insistir, el litio está fuera de la tradicional concesibilidad minera, porque está constitucionalmente reservado al Estado desde 1979.
Desde el punto de vista jurídico el acuerdo Codelco-SQM es ilegal y sobre todo, inconstitucional.
Veamos otro párrafo de Manuel Riesco.
“Como lamentablemente suele suceder frente a hechos esenciales de interés nacional, algunas voces, anteponiendo a la contundente conveniencia general arriba resumida, plantean objeciones válidas pero secundarias, otras sin validez alguna, o mezquinos intereses locales y particulares, económicos y también electorales en un espectro insólitamente diverso. Juegan por estos días con la ilusión de que esta gran iniciativa “se queme en la puerta del horno”.
Algunas voces plantean objeciones válidas pero secundarias, pero lo que he sostenido más arriba no es secundario, es relevante, fundamental, puesto que me he basado en disposiciones constitucionales que son irredargüibles.
Tal como está, el acuerdo Codelco-SQM es inconstitucional, y solo podría prosperar si se hace por ley, en caso contrario, puede ser anulado en los tribunales de justicia.
Y esto no lo sostengo porque defienda mezquinos intereses particulares o económicos, menos aún electorales.
Sigamos con otro párrafo de la columna de Maño Riesco.
“Felizmente, al igual como sucedió con la aprobación unánime del Congreso a la nacionalización del cobre impulsada por el Presidente Allende, el Directorio de CODELCO, la autoridad calificada para ello, ha revisado concienzudamente, informado con transparencia, y respaldado en forma unánime cada uno de los pasos de este complejo acuerdo”.
Es realmente un despropósito que Riesco trate de comparar el Congreso Nacional de 1971, que aprobó unánimemente la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, con el actual Directorio de Codelco que privatiza lo que el Presidente Allende nacionalizó.
Media docena de burócratas nombrados a dedo no son lo mismo que el Congreso Nacional…
Este Directorio privatiza por partes a Codelco, en particular desde el año 2010, porque gracias a la Ley 20.392 de 2009, este Directorio pasó a estar integrado principalmente por ejecutivos de las propias transnacionales mineras, escogidos principalmente por la Alta Dirección Pública que obedece a las mismas transnacionales.
Por ejemplo: ¿Qué autoridad calificada y qué experiencia en minería tienen los dos últimos directores escogidos por dicho organismo, Alfredo Moreno y Tamara Agnic?
Y es tan grande la autoridad calificada de este Directorio de Codelco, que desde 2010 hasta la fecha se han registrado, de lejos, los peores resultados de la Corporación de toda su cincuentenaria historia, teniendo en consideración la producción y el precio del cobre.
Para muestra un botón, el 2006 el precio del cobre fue de 3 dólares la libra y los excedentes de Codelco fueron de 9.215 millones de dólares, mientras que el 2024 con un precio del cobre de 4,14 dólares, los aportes al Fisco fueron solamente de 1.534 millones de dólares, es decir 6 veces menos que el año 2006.
Además, la producción de cobre el 2006 fue de 1,676 millones de toneladas y el 2024 fue solamente de 1,328 millones de toneladas, un 20,7% menos que el 2006. Estas son las cifras de este Directorio de Codelco, que yo llamo los sepultureros de la Nacionalización, pero que Riesco estima como autoridad calificada.
Manuel Riesco no entrega análisis de cifras para validar este acuerdo, por lo que conviene dar algunas. En noviembre de 2024 la empresa “Río Tinto”, actual proyectado socio de Codelco en Maricunga, compró en Argentina la empresa Arcadium en un valor de 6.700 millones de dólares al contado.
Río Tinto tiene proyectado dentro de algunos años más hasta 150.000 toneladas de litio al año. El acuerdo Codelco-SQM tiene proyectado producir 300 mil toneladas anuales de litio, entre 2030 y 2060, de las cuales 150 mil toneladas le corresponderán a SQM.
¿Cuánto pagó SQM a Codelco o al Estado, por tener derecho a explotar 150 mil toneladas de litio anuales, durante 30 años?
Nada, absolutamente nada.
Esa es la forma como el Directorio de Codelco, la autoridad calificada vela por los intereses del Estado, es decir de todos los chilenos. ¡Vaya Patriotas!
Una de las grandes justificaciones de Máximo Pacheco para hacer este acuerdo con SQM, es que esta empresa podría generar un “valle productivo”, es decir detener la extracción de salmuera 3 años antes que termine el actual contrato Corfo-SQM, el 31 de diciembre de 2030, por lo cual Chile se quedaría sin ingresos por el litio y sin los impuestos por esta actividad.
Ello es una falacia, puesto que en 1976 Corfo manifestó 75.000 pertenencias en el Salar de Atacama, de 5 hectáreas c/u, y meses después, en 1977, mensuró solo 59.820 y posteriormente renunció a 26.262, por lo que las pertenencias OMA que quedaron son 33.568. De ellas Corfo arrendó a SQM 28.054 hasta 2030 y 3.344 pertenencias a Albemarle hasta el año 2044.
Por lo tanto quedan disponible 43.802 de las 75.000 pertenencias que Corfo manifestó en 1976, para que Codelco, o una nueva Empresa Nacional del Litio, puedan comenzar desde ya a construir las piscinas necesarias para comenzar a llenarlas con la salmuera que también se puede comenzar a extraer.
“Tecnología” que no es de otro mundo, ni requiere un capital demasiado grande, mientras se comience también a construir las plantas para obtener el carbonato e hidróxido de litio, o se compren a buen precio las plantas que SQM posee actualmente y que quedarán en desuso, porque solo el Estado está constitucionalmente autorizado para explotar el litio.
En suma, Codelco puede desde ya comenzar a preparar en el Salar de Atacama la explotación del litio, antes del año 2030 cuando termina el contrato Corfo-SQM.
El no hacerlo, y hacer un acuerdo con SQM, solo puede ocultar un gran negociado.
