Diez años después de la publicación de “Los Papeles de Panamá” no se han tomado medidas eficaces para evitar la evasión de capitales en estos “puntos ciegos” para las haciendas de los países.
Plataforma por la Justicia Fiscal. 01/04/2026
Con motivo del Día Mundial por la Abolición de los Paraísos Fiscales que se celebra el 3 de abril, la Plataforma por la Justicia Fiscal ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas “una revisión urgente y profunda” del actual listado de donde grandes fortunas y empresas multinacionales esconden sus beneficios para evitar contribuir a los sistemas públicos de aquellos países donde obtienen sus beneficios.
Una década después de la histórica filtración conocida como Papeles de Panamá que evidenció el uso sistemático de estructuras para ocultar patrimonio y eludir impuestos, la plataforma denuncia que los avances han sido insuficientes y que persisten importantes lagunas en la regulación internacional que siguen permitiendo la evasión de capitales a estas “guaridas fiscales donde se refugian los piratas”
“Los criterios utilizados por la Unión Europea para elaborar su lista siguen siendo claramente ineficaces y dejan fuera a jurisdicciones clave que facilitan la evasión fiscal. La lista negra comunitaria apenas incluye actualmente una decena de territorios, mientras que numerosos países con baja o nula tributación como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán o Luxemburgo continúan operando con total normalidad dentro del sistema financiero global. Esta falta de ambición permite mantener un modelo en el que grandes fortunas y multinacionales eluden su responsabilidad fiscal”, destaca el coordinador de la plataforma, el economista Juan A. Gimeno.
Según los cálculos de la plataforma Tax Justice Network, solo en 2024 España perdió cerca de 9.400 millones de euros por culpa del abuso fiscal de las multinacionales y los grandes patrimonios. Además, la Plataforma señala la desigualdad en el sistema tributario actual, puesto que las grandes empresas llegan a pagar tipos efectivos menores que la media de la ciudadanía y son precisamente las grandes fortunas quienes mayor uso hacen estos “refugios”.
Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal insta al Gobierno español a liderar en el ámbito europeo una reforma de los criterios de identificación de paraísos fiscales, así como a apoyar iniciativas internacionales como la futura convención fiscal de Naciones Unidas y la tasa global para gravar con un 2% anual a las grandes fortunas del planeta.
El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria1.
Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas.
La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.
Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible.
Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.
Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.
Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos
Normas para proteger la democracia, las personas y el planeta
Revitalizar la democracia europea
El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política2; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.
Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones.
La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.
En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática.
Las normas existen para proteger al público
Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar3. En lugar de más «leyes omnibus4» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial.
Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA5) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas.
No a los cheques en blanco para las industrias contaminantes
Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación6). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».
El nuevo espíritu de la elaboración de leyes debe basarse en la evidencia.
Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas7. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta8. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.
En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.
4 Un Omnibus de la UE es un paquete legislativo que agrupa múltiples enmiendas, a menudo diversas, en un único documento exhaustivo diseñado para una única votación. Lanzado por la Comisión Europea, su objetivo es debilitar las leyes y reducir la responsabilidad de las empresas, en nombre del impulso de la «competitividad».
5 El ácido trifluoroacético (TFA) es una «sustancia química eterna» altamente móvil y persistente que pertenece al grupo PFAS y se utiliza ampliamente en aplicaciones industriales, agrícolas y farmacéuticas. Como subproducto de los gases fluorados y los pesticidas, se ha vuelto omnipresente en el medio ambiente, incluyendo el agua, el suelo y los alimentos, lo que suscita preocupación por su acumulación a largo plazo. Ver documento
Manifiesto de entidades de la sociedad civil organizada del Estado Español respecto a la anunciada reforma de la Directiva Marco del Agua.
Attac, Integrada en la RAP, defiende el presente comunicado.
El pasado 10 de diciembre la Comisión Europea publicó la Comunicación “Simplificar para lograr una competitividad sostenible”1 (en adelante, la Comunicación), que engloba un amplio paquete de modificaciones en distintas directivas y otras regulaciones europeas para la protección ambiental. El pretexto que se declara para promover estas modificaciones es reducir la carga administrativa asociada a tales normativas para alcanzar los objetivos ambientales de forma más eficiente y menos costosa.
Sin embargo, junto a medidas que facilitan esta reducción de la carga burocrática sin afectar a los objetivos (como por ejemplo, unificar los formatos en los que se comparten los datos de naturaleza ambiental y espacial), se incluyen otras propuestas que suponen dar un paso atrás en la ambición y el alcance de la normativa. Entre ellas, se plantea reducir los requisitos de protección ambiental sobre ciertas actividades industriales o rebajar los mecanismos de control en las autorizaciones de nuevos proyectos.
Un ejemplo de los efectos perjudiciales de las modificaciones previstas sobre el agua y los ecosistemas acuáticos es que se pretende reducir o eliminar las obligaciones del Sistema de Gestión Ambiental de las instalaciones industriales en materia de inventario de sustancias químicas y análisis de riesgos. Otro ejemplo, es que se busca que en las instalaciones de ganadería intensiva y de acuicultura se eliminen de los informes a la Comisión Europea los impactos relativos al agua, la energía y los materiales. También se pretende suspender algunos requerimientos de la Responsabilidad Ampliada del Productor (por el que las empresas son responsables de los contenidos de los residuos que generan sus productos).
Resulta especialmente preocupante que la Comisión Europea haya previsto reformar la Directiva Marco del Agua (DMA) antes del verano de 2026, sin ajustarse a los procedimientos existentes en el propio marco legislativo europeo y obviando por completo la evaluación y el análisis detallado que se desarrolló en 2020 (Fitness-Check). La Comunicación deja claro que en el primer trimestre de 2026 intensificará el diálogo con algunos de los sectores implicados y con los Estados Miembros sobre los permisos ambientales, teniendo en cuenta los objetivos del denominado RESource EU Action Plan. Este Plan pretende reducir la dependencia europea de materiales críticos, para lo que se llevará a cabo una simplificación de las autorizaciones ambientales “incluidos los aspectos relacionados con el sector minero”. La Comunicación señala que “a más tardar en el segundo trimestre de 2026, la Comisión examinará y revisará la Directiva Marco del Agua” … “con el fin de promover la circularidad y el acceso a materias primas”.
¿Qué supone esta reforma de la DMA?
Permitirá acelerar y simplificar las autorizaciones ambientales, debilitando el Principio de No Deterioro, un requerimiento clave de la DMA. Básicamente existe una obligación para los Estados Miembros de mejorar y de evitar el deterioro de los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa. Relajar los estrictos requisitos que acompañan a esta obligación para los nuevos proyectos que puedan deteriorar el estado de las aguas dará lugar en muchos casos a un empeoramiento del estado de los ríos, acuíferos y ecosistemas acuáticos.
Facilitará la aprobación de nuevos proyectos mineros sin las suficientes garantías en cuanto a la evaluación ambiental de los impactos sobre la salud de las personas y de los ecosistemas acuáticos y en cuanto a la transparencia y la participación pública en las decisiones que afectan al interés público superior, como es el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. Esto incrementará los riesgos de contaminación y sus impactos sobre la salud humana. También tendrá consecuencias negativas sobre otras actividades económicas, como las del sector agrario e industrial que necesitan de estos recursos hídricos, así como sobre los ecosistemas y la biodiversidad.
Abrirá una puerta que facilitaría que también que otros proyectos y actividades, no sólo mineros, pudieran aprobarse de forma más rápida y simple, aun cuando exista un riesgo claro para la salud humana y para el deterioro de nuestros ríos, humedales y acuíferos. Además, la anunciada reforma exprés de la DMA se salta el procedimiento establecido en dicha Directiva para su revisión; no tiene en cuenta que la evaluación de la DMA (fitness check) ya concluyó que no era necesario revisarla y no viene acompañada del necesario análisis integral de los efectos que tendría (Impact Assessment, algo habitual en la reforma de cualquier directiva), entre otros problemas importantes. Ante esta situación, las organizaciones firmantes manifiestan que:
La aprobación de la DMA fue el resultado de un largo proceso de evaluación de la política de aguas en el conjunto de la Unión Europea que concluyó con el reconocimiento de que nuestra capacidad para atender las necesidades de agua, presentes y futuras, depende directamente del buen estado de las masas de agua y de la superación del enfoque fragmentario e ineficaz de la anterior política del agua.
Desde la sociedad civil organizada se ha defendido enérgicamente que aunque es necesario mejorar la actual aplicación de la DMA por parte de los Estados Miembros de la UE, esta directiva ha sido y sigue siendo un instrumento fundamental para proteger y mejorar el estado de nuestros ríos, acuíferos, humedales, deltas y estuarios en España y en toda Europa.
La DMA pone el foco de la política de aguas en los objetivos ambientales y en el principio básico de No Deterioro del agua, para compatibilizar su protección con actividades económicas que aporten prosperidad, empleo y calidad de vida a la ciudadanía. La DMA es la garantía para esta compatibilidad y para la propia seguridad a largo plazo de las actividades económicas y la calidad de vida, las cuales dependen de la buena salud de nuestras fuentes y ecosistemas del agua. Ninguna de las reformas que se quieren llevar a cabo suponen una mejora para la DMA y sí un claro retroceso.
Esta directiva incluye la aplicación de unos Programas de Medidas para alcanzar los objetivos previstos, los cuales se revisan en la evaluación periódica de los planes hidrológicos, con el fin de mejorar el conocimiento sobre las masas de agua, las medidas a adoptar y la transparencia y participación pública en la toma de decisiones en torno al agua.
La DMA define además el marco en el que se integran o desarrollan otras directivas relacionadas con el agua, como la directiva de prevención de los riesgos de inundación, la de aguas potables o la de aguas residuales, cuyos enfoques de gestión de riesgos dependen de la eficacia de la DMA a la hora de garantizar el buen estado de las masas de agua. El debilitamiento de la DMA por las modificaciones previstas dejaría sin sustento firme a estas otras directivas y normas derivadas, incrementando los riesgos, lo que impactará negativamente sobre la salud humana, sobre actividades económicas tales como las agrarias y sobre los ecosistemas. Por todo ello, un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil pedimos que la Comisión Europea renuncie a modificar la Directiva Marco del Agua y, en su lugar, se redoblen los esfuerzos de las instituciones europeas y de los Estados Miembros para mejorar y acelerar su aplicación, manteniendo su actual formato, dado que todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos planteados.
Para adherirse al manifiesto, puede hacerse en el presente enlace:
Organizaciones promotoras: Aigua és Vida (AéV) Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) Amigas de la Tierra Comisiones Obreras (CCOO) Ecologistas en Acción Enginyeria Sense Fronteres FACUA Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) Fundación Primero de Mayo Greenpeace España Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) Plataforma en Defensa de l’Ebre Red Agua Pública (RAP) WWF España
Estimada Señora Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Estimado Señor Costa, presidente del Consejo Europeo,
Les instamos a que respeten los procesos democráticos y se abstengan de aplicar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur antes de que el Parlamento Europeo haya ejercido su derecho a votar sobre el acuerdo.
El acuerdo UE-Mercosur es muy controvertido y ha suscitado repetidamente la preocupación de muchos ciudadanos y grupos de la sociedad civil, tanto en la UE como en los países del Mercosur, por cuestiones como las normas de seguridad alimentaria, las repercusiones en el empleo y la agricultura, y la deforestación. En una democracia, es fundamental que se escuche la voz de la ciudadanía en asuntos como estos.
La base democrática del acuerdo ya ha sido puesta en tela de juicio. El acuerdo solo ha podido seguir adelante gracias a decisiones polémicas que han eludido a los parlamentos nacionales. Además, la aprobación del Consejo Europeo se obtuvo por una estrecha mayoría, siendo la primera vez que un acuerdo comercial se ha llevado a cabo sin el apoyo unánime de todos los Estados miembros. Ahora, el Parlamento Europeo ha solicitado asesoramiento al Tribunal de Justicia Europeo sobre cuestiones jurídicas relacionadas con el acuerdo, lo que envía una clara señal de que los/as parlamentarios/as no quieren aprobar el acuerdo sin un examen adecuado.
La aplicación provisional, sin la opinión del Tribunal y sin el consentimiento del Parlamento, pisotearía los procesos democráticos que existen precisamente para que las voces de los ciudadanos puedan ser escuchadas, representadas y tenidas en cuenta cuando surgen desacuerdos. Socavaría la confianza pública y la legitimidad democrática de la Unión Europea. En un momento en el que muchos en nuestra sociedad se sienten marginados y están perdiendo la fe en los procesos políticos, optar por la aplicación provisional sería profundamente antidemocrático y correría el riesgo de avivar las tensiones en y entre los Estados miembros de la Unión.
Les pedimos que apoyen los principios democráticos establecidos y se comprometan a esperar la opinión del Tribunal y el voto en el Parlamento Europeo antes de aplicar el acuerdo.
20 de enero por Eric Toussaint , CADTM International , Colectivo , Joao Pedro Stedile , Jeremy Corbyn , Yanis Varoufakis , Rafael Bernabe , Fátima Martín , Martín Mosquera , Zoe Konstantopoulou , Jean-Luc Mélenchon , Teresa Rodríguez , Verónica Gago , Olga Rodríguez , Manon Aubry , Annie Ernaux , Ada Colau , Irene Montero , Ana Miranda…
La extrema derecha y neofascista avanza en todos los continentes. La amenaza adopta formas particulares en cada país o región, pero es fácil señalar sus elementos comunes: el objetivo de aniquilar derechos y protecciones laborales, el estrangulamiento de las organizaciones obreras, el desmantelamiento de la seguridad social y la imposición de un régimen de precariedad a empleados y desempleados, la privatización de servicios públicos, la negación del cambio climático, la utilización del pretexto del alto nivel de la deuda pública para intensificar las políticas de austeridad, la desposesión del campesinado para abrir paso al agro-negocio, el fortalecimiento el desplazamiento de pueblos originarios para propiciar el extractivismo desenfrenado, el endurecimiento de las políticas migratorias inhumanas, el aumento del gasto militar. Son políticas que, para imponerse, requieren una restricción del derecho a la huelga, de expresión, de asociación, de reunión, un silenciamiento de la prensa y de las voces críticas en las escuelas y universidades, una negación de la ciencia cuando sus hallazgos contradicen esas políticas y un fortalecimiento de las ramas y aparatos de represión y vigilancia.
La derecha extrema pone el descontento con las consecuencias nefastas del neoliberalismo al servicio de una aceleración de esas políticas. Para lograrlo, al igual que el fascismo clásico, pretende dirigir ese descontento contra sectores oprimidos y desposeídos: los migrantes, las mujeres, las personas LGBTQ+, los sectores que se benefician de programas de inclusión, las personas racializadas, la minorías nacionales o religiosas. El chovinismo nacional, el racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia, el cultivo del odio, la normalización de la crueldad, acompañan a cada paso el avance de la derecha radical, según las particularidades de cada país.
El deseo de acumular riqueza en manos del capital, la búsqueda desenfrenada del máximo beneficio que sustenta las políticas de extrema derecha, se manifiesta también en la intensificación de las agresiones imperialistas para apoderarse de los recursos y explotar a las poblaciones. Esto va de la mano con la perpetuación de situaciones coloniales que, en el caso de Palestina, toma la forma de un genocidio orquestado por el Estado de Israel, con la complicidad de sus aliados imperialistas.
Más allá de la complicidad con el gobierno de Netanyahu, la extrema derecha teje sus lazos internacionales: congresos, think tanks, declaraciones conjuntas, apoyo mutuo en procesos electorales, colaboración de podcasters y agendas de propaganda y desinformación. Nuestra lucha contra las derechas y las agresiones imperialistas es urgente y, para ser efectiva, tiene que ser internacional.
Las fuerzas que luchan contra el auge de la extrema derecha, el fascismo y las agresiones imperialistas no son monolíticas ni homogéneas. Nunca lo han sido. Son diversas y existen diferencias innegables de análisis, estrategia y tácticas, programa y política de alianzas, de énfasis y prioridades. La experiencia nos enseña que, sin dejar de reconocer esas diferencias, es indispensable coordinar la lucha contra enemigos cada vez más amenazantes. Esa convergencia puede y debe incluir a todas las fuerzas dispuestas a defender la clase trabajadora, el campesinado, los migrantes, las mujeres, las personas LGBTQ+, las personas racializadas, las minorías nacionales o religiosas oprimidas, los pueblos originarios; a defender la naturaleza ante un capitalismo ecocida; a combatir las agresiones imperialistas y coloniales, independientemente de su procedencia, y a apoyar a la lucha de los pueblos que se resisten a ellas, incluso con las armas en la mano si es necesario.
Es urgente compartir análisis, estrechar lazos, acordar acciones concretas. Esos objetivos inspiraron la iniciativa de convocar una Conferencia Internacional Antifascista y Antiimperialista en la ciudad de Porto Alegre, Brasil los días 26 a 29 de marzo 2026 https://antifas2026.org/es/ .
La conferencia de Porto Alegre es una etapa importante en una ruta mucho más larga. Las organizaciones y los individuos que firmamos nos comprometemos a continuar luchando sin descanso, y de la manera más unitaria posible, contra la extrema derecha en ascenso y las agresiones imperialistas, una dimensión esencial de nuestro proyecto emancipador, socialista, ecologista, feminista, antirracista e internacionalista.
Como lo escribió Che Guevara a sus hijos: Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.
Primero/as firmantes:
Alemania 1. Angela Klein, redactora jefa responsable de la revista SOZ. 2. Carola Rackete, bióloga, activista, capitana de barco arrestada en Italia en junio de 2019 por proteger a refugiados, exmiembro del Parlamento Europeo.
Argentina 3. Atilio A. Boron, docente Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Avellaneda. 4. Verónica Gago, activista feminista e investigadora en la Universidad de Buenos Aires. 5. Julio Gambina, Corriente Política de Izquierda, ATTAC Argentina, CADTM AYNA. 6. Claudio Katz, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. 7. Beverly Keene, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina y Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. 8. Claudio Lozano, Presidente del Instrumento Electoral por la Unidad Popular. 9. Jorgelina Matusevicius, referente de Vientos del Pueblo Frente por el Poder Popular. 10. Felisa Miceli, Economista, Ex Ministra de Economía de Argentina 2005/2007. 11. Martín Mosquera, editor de Jacobin América Latina (Jacobinlat). 12. María Elena Saludas, integrante ATTAC- Cadtm Argentina, Corriente Política de Izquierda (CPI).
Australia 13. Federico Fuentes, editor LINKS International Journal of Socialist Renewal. 14. Pip Hinman, Coeditora de Green Left. 15. Susan Price, Coeditora de Green Left.
Bélgica 16. Vanessa Amboldi, directora del CEPAG movimiento de educación popular. 17. France Arets, profesora de historia jubilada, activa en el apoyo a personas sin papeles, CRACPE. 18. Eléonore Bronstein, secretaria federal del Mouvement Ouvrier Chrétien Bruselas. 19. Céline Caudron, Gauche Anticapitaliste, militante sindical y feminista. 20. Giulia Contes, Copresidenta de la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD). 21. Paul-Emile Dupret, jurista, exfuncionario de The Left en el Parlamento Europeo. 22. Pierre Galand, exsenador, presidente de la Association Belgo-Palestinienne (ABP), presidente de la Conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui (EUCOCO). 23. Corinne Gobin, profesora de la Université libre de Bruxelles. 24. Henri Goldman, miembro de la Unión de Judíos Progresistas de Bélgica. 25. Jean-François Tamellini, secretario general de la FGTB wallonne. 26. Éric Toussaint, portavoz de CADTM international. 27. Felipe Van Keirsbilck, secretario general de la Centrale Nationale des Empoyés (CNE/CSC). 28. Arnaud Zacharie, maestro de conferencias en la ULB y en la ULiège, secretario general del Centre National de Coopération au Développement (CNCD).
Benín 29. Émilie Atchaka, feminista, presidenta de la CADD Benín.
Bolivia 30. Gabriela Montaño, médica, ex Presidenta de la Cámara de Diputados y Senadores, exministra de Salud.
Brasil 31. Ricardo Abreu de Melo «Alemão», FMG. 32. Luana Alves, feminista negra, concejala del PSOL en São Paulo. 33. Frei Betto, escritor. 34. Sâmia Bomfim, diputada federal PSOL. 35. Bianca Borges, presidenta de la UNE. 36. Ana Cristina Carvalhaes, Periodista, revista Inprecor. 37. Raul Carrion, Historiador, exdiputado, miembro de la FMG y de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PC de Brasil. 38. Rodrigo Dilelio, presidente del Partido dos Trabalhadores de la ciudad de Porto Alegre; Comité Organizador. 39. Olívio Dutra, Ex Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul; Ex Ministro de las Ciudades (PT). 40. Israel Dutra, Secretario de Movimientos Sociales del PSOL, miembro de la Dirección Nacional del PSOL. 41. Luciana Genro, diputada estadual de Rio Grande do Sul y presidenta de la Fundação Lauro Campos/Marielle Franco. 42. Tarso Genro, Ex Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul; Ex Ministro de Justicia (PT). 43. Socorro Gomes, CEBRAPAZ y Consejo Mundial de la Paz. 44. Amanda Harumy, Analista internacional y latinoamericanista. 45. Elias Jabbour, geógrafo y especialista en China. 46. Joao Machado, economista, PSOL. 47. Fernanda Melchionna, diputada federal PSOL de Rio Grande do Sul. 48. Maria do Rosário Nunes, Diputada Federal; Ex Ministra de Derechos Humanos (PT). 49. Misiara Oliveira, secretaria adjunta de Relaciones Internacionales / Comisión Ejecutiva Nacional (PT). 50. Raul Pont, historiador, exalcalde de Porto Alegre, PT. 51. Ana Maria Prestes, historiadora, doctora en Ciencias Políticas y secretaria de Relaciones Internacionales del CC del PC de Brasil. 52. Edson Puchalski, presidente del PC do B Rio Grande do Sul. 53. Roberto Robaina, concejal y presidente del PSOL de Porto Alegre. 54. Miguel Rossetto, líder del PT en la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul. 55. Juliana Souza, líder del PT en el Concejo Municipal de Porto Alegre. 56. Joao Pedro Stedile, activista social, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 57. Gabi Tolotti, presidenta del PSOL Rio Grande do Sul. 58. Thiago Ávila, coordinación internacional de la Global Sumud Flotilla para Gaza.
Cataluña 59. Ada Colau, activista social, ex Alcaldesa de Barcelona, Presidenta de la Fundación Sentit Comú. 60. Gerardo Pisarello, diputado en el Congreso por Comuns. Profesor de derecho. Universitat de Barcelona. 61. Daniel Raventós, profesor de la Universidad de Barcelona. Comité de Redacción de la revista Sin Permiso y presidente de la Red Renta Básica. 62. Carles Riera, sociólogo, exdiputado y miembro de la Mesa del Parlamento de Catalunya por la CUP (2016-2024), presidente de la Fundación FDC, presidente de la Red Mundial por los Derechos Colectivos de los Pueblos.
Chile 63. Daniel Jadue, Partido Comunista de Chile. 64. Jorge Sharp Fajardo, ex alcalde de Valparaíso, miembro de Transformar Chile.
Colombia 65. Wilson Arias, senador de la República. 66. Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico.
Congo, República Democrática del 67. Yvonne Ngoyi, feminista, presidenta de la Unión de Mujeres para la Dignidad Humana (UFDH).
Costa de Marfil 68. Solange Kone Sanogo, presidenta del Foro Nacional sobre Estrategias Económicas y Sociales (FNSES), Coordinación Nacional Marcha Mundial de las Mujeres.
Cuba 69. Rafael Acosta, escritor, académico e investigador. 70. Aurelio Alonso, subdirector de la revista Casa de las Américas. 71. Katiuska Blanco, escritora y periodista, RedEDH. 72. Olga Fernández Ríos, Instituto de Filosofía y vicepresidenta de la Academia de Ciencias de Cuba. 73. Norma Goicochea, presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, integrante de la Red en Defensa de la Humanidad (REDH). 74. Georgina Alfonso González, Dra., directora del Instituto de Filosofía. 75. Rafael Hernández, politólogo y profesor. Director, Revista Temas. 76. Marilín Peña Pérez, educadora popular, Centro Memorial Dr. Martin Luther King (CMLK). 77. Pedro Prada, periodista, investigador y diplomático. 78. Abel Prieto, escritor, ex ministro de Cultura, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, presidente de la Casa de las Américas. 79. Raul Suárez, Rev., pastor emérito de la iglesia Bautista Ebenezer, Fundador del Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. 80. Marlene Vázquez Pérez, directora del Centro de Estudios Martianos.
Dinamarca
81. Per Clausen, miembro del Parlamento Europeo, GUE/NGL, Alianza Roja-Verde. 82. Søren Søndergaard, miembro del Parlamento, Alianza Roja-Verde.
Ecuador 83. Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente en 2007-2008.
España 84. Fernanda Gadea, coordinadora de ATTAC España. 85. Estrella Galán, eurodiputada SUMAR, grupo The Left. 86. Manuel Garí Ramos, economista ecosocialista, miembro del Consejo Asesor de la revista Viento Sur. 87. Vicent Marzà i Ibáñez, diputado en el Parlamento Europeo por Compromís, País Valenciano. 88. Fátima Martín, periodista, editora del periódico onlineFemeninoRural.com, integrante del CADTM. 89. Irene Montero, secretaria política de PODEMOS, eurodiputada y ex Ministra de Igualdad. 90. Jaime Pastor, redactor de la revista Viento Sur. 91. Manu Pineda, ex diputado al Parlamento Europeo y responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Español. 92. Olga Rodríguez, periodista y escritora. 93. Teresa Rodríguez, co-portavoz de Adelante Andalucía. Profesora de secundaria y bachillerato. 94. Isabel Serra Sánchez, Diputada en el Parlamento Europeo de Podemos/The Left. 95. Miguel Urban, ex eurodiputado, miembro del consejo editorial de la revista Viento Sur. 96. Koldobi Velasco Vázquez, participante de Alternativa antimilitarista y del Movimiento Objetor de Conciencia/Acción Directa No Violenta. Docente universitaria de Trabajo Social, Canarias.
Estados Unidos 97. David Adler, Coordinador General Adjunto de la Internacional Progresista. 98. Anthony Arnove, editor. Revista Tempest y Haymarket Books. 99. Tithi Bhattacharya, profesora de Historia, Purdue University, coautora de Manifiesto de un feminismo para el 99%. 100. Robert Brenner, profesor emérito de historia y director del Center for Social Theory and Comparative History en la University of California, Los Angeles (UCLA). 101. Vivek Chibber, profesor de sociología en la New York University. Editor de Catalyst. 102. Olivia DiNucci, organizadora antimilitarismo y justicia climática con sede en Washington D.C. y escritora, afiliada a Code Pink, una organización feminista de base que trabaja para poner fin a las guerras y el militarismo estadounidense. 103. Dianne Feeley, trabajadora automotriz jubilada (UAW Local 235), miembro de Solidarity, Metro Detroit DSA y editora de la revista Against the Current. 104. Nancy Fraser, profesora emérita, New School for Social Research y miembro del Comité Editorial de New Left Review, coautora de Manifiesto de un feminismo para el 99%. 105. Michael Hudson, profesor de economía, emérito, UMKC, y autor de Super Imperialism. 106. Neal Meyer, miembro de DSA y editor para Socialist Call. 107. Christian Parenti, periodista de investigación, académico, autor y editor colaborador de The Nation. 108. Jana Silverman, Profesora de Relaciones Internacionales, Universidade Federal do ABC (UFABC) y copresidenta, Comité Internacional de los Socialistas Democráticos de América (DSA) 109. Bhaskar Sunkara, editor fundador de Jacobin, presidente de la revista The Nation. 110. Suzi Weissman, profesora de Ciencias Políticas en el Saint Mary’s College of California.
Filipinas 111. Walden Bello, copresidente del consejo de administración, Focus on the Global South. 112. Jen Cornelio, Presidenta de Inged Fintailan (Organización de Mujeres IP/ Mindanao). 113. Dorothy Guerrero, consultora, Alianza Womin africana; Copresidenta del consejo de administración de la Red Minera de Londres. 114. Reihana Mohideen, Internacional Office, Partido Lakas ng Masa-PLM (Partido de las Masas Trabajadoras). 115. Lidy Nacpil, Coordinadora del Movimiento Popular Asiático sobre Deuda y Desarrollo. 116. Reyna Joyce Villagomez, secretaria general del Movimiento de los Pobres Rurales.
Francia 117. Manon Aubry, copresidenta (LFI) del grupo de la Izquierda (The Left) en el Parlamento Europeo. 118. Ludivine Bantigny, historiadora. 119. Olivier Besancenot, NPA – l’Anticapitaliste. 120. Leila Chaibi, miembro del parlamento europeo, La France Insoumise, The Left. 121. Fabien Cohen, Secretario General de France Amérique Latine-FAL. 122. Hendrik Davi, diputado a la Asamblea Nacional del grupo ecologista y social y miembro de la APRES. 123. Penelope Duggan, miembra de la dirección de la Cuarta Internacional, redactora jefe de International Viewpoint. 124. Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022. 125. Angélique Grosmaire, secretaria general de la Federación Sud PTT. 126. Rima Hassan, miembro del parlamento europeo, LFI. 127. Michael Löwy, sociólogo, ecosocialista. 128. Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise. 129. Ugo Palheta, editor de la Revue ContreTemps, autor de «La nouvelle internationale fasciste». 130. Patricia Pol, universitaria, representante de Attac France en el Consejo internacional del Foro Social Mundial. 131. Raymonde Poncet Monge, senadora Les Écologistes. 132. Thomas Portes, diputado LFI a la Asamblea Nacional. 133. Christine Poupin, Portavoz del NPA – l’Anticapitaliste. 134. Denis Robert, fundador y director de la redacción de Blast, medio de información independiente. 135. Catherine Samary, investigadora en economía política, especialista de los Balcanes, miembro de la QI y de la ENSU (European Network in Solidarity with Ukraine). 136. Aurélie Trouvé, diputada a la Asamblea Nacional, La France Insoumise. 137. Cem Yoldas, Portavoz de la Jeune Garde Antifasciste. 138. Sophie Zafari, sindicalista FSU.
Galicia 139. Ana Miranda, miembro del Parlamento Europeo, Bloque Nacionalista Galego (BNG).
Grecia 140. Zoe Konstantopoulou, abogada, jefa del Movimiento Político «Curso a la Libertad», miembro del Parlamento, ex presidenta del Parlamento griego, iniciadora-presidenta del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública. 141. Nadia Valavani, economista y autora, ministra alterna de finanzas en 2015 y exmiembro del Parlamento griego. 142. Yanis Varoufakis, líder de MeRA25, cofundador de DiEM25, profesor de economía – Universidad de Atenas.
Haití 143. Camille Chalmers, profesor de la Université d’Etat d’Haiti (UEH), director de la PAPDA, miembro del comité ejecutivo regional de la Assemblée des Peuples de la Caraïbe (APC), miembro del Comité nacional haïtien pour la restitution et les réparations (CNHRR).
India 144. Sushovan Dhar, revista Alternative Viewpoint, miembro del CI del Foro Social Mundial y de CADTM India. 145. Vijay Prashad, director, Instituto de Investigación Social Tricontinental. 146. Achin Vanaik, profesor jubilado de la Universidad de Delhi y miembro fundador de la Coalición para el Desarme Nuclear y la Paz (CNDP).
Indonesia 147. Rahmat Maulana Sidik, Director Ejecutivo, Indonesia for Global Justice (IGJ).
Irak 148. Noor Salem, periodista de radio.
Irlanda 149. Paul Murphy, miembro del Parlamento.
Italia 150. Eliana Como, miembra de la Assemblea Nazionale del sindicato CGIL. 151. Nadia De Mond, activista e investigadora feminista, Centro de Estudios para la Autogestión. 152. Domenico Lucano, alcalde de Riace en Calabria, miembro del Parlamento Europeo (grupo de izquierda The Left), perseguido por su política humanista de acogida de migrantes y refugiados por el sistema judicial italiano y el ministro del Interior de extrema derecha, el Sr. Salvini, injustamente condenado a 13 años de prisión antes de ganar su apelación tras una larga batalla legal y gracias a la solidaridad. 153. Cristina Quintavalla, profesora de filosofía, militante decolonial, contra las privatizaciones y la deuda pública. 154. Ilaria Salis, activista antifascista, injustamente encarcelada en Budapest hasta su elección en junio de 2024, miembro del Parlamento Europeo (The Left).
Kenia 155. Ikal Angelei, Dra., activista académica por los derechos indígenas. 156. David Otieno, Coordinador General, Liga de Campesinos de Kenia y Presidente Convocante del Grupo de Referencia de la Sociedad Civil, miembro de La Vía Campesina.
La Reunión/Francia 157. Françoise Vergès, autora, militante feminista decolonial.
Líbano 158. Sara Salloum, cofundadora y presidenta de AgriMovement en Líbano.
Luxemburgo 159. Justin Turpel, ex diputado de ’déi Lénk – la Gauche’ en la Cámara de Diputados. 160. David Wagner, miembro de déi Lénk de la Cámara de Diputados.
Madagascar 161. Zo Randriamaro, presidenta del Movimiento de los Pueblos del Océano Índico.
Malasia 162. Jeyakumar Devaraj, presidente del Partido Socialista de Malasia.
Malí 163. Massa Kone, del comité organizador del Foro Social Mundial 2026 en Benín.
Marruecos 164. Fatima Zahra El Belghiti, miembro de Attac CADTM Marruecos.
Martinica/Francia 165. Mireille Fanon-Mendes-France, copresidenta de la Fundación Frantz Fanon internacional. 166. Fondación Frantz Fanon, https://fondation-frantzfanon.com/
México 167. Armando Bartra, escritor, sociólogo, filósofo y analista político. 168. Verónica Carrillo Ortega, integrante de la Promotora Nacional para la Suspensión de la Deuda Pública en México, CADTM AYNA. 169. Ana Esther Ceceña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y de la Agencia Latinoamericana de Información. Universidad Nacional Autónoma de México. 170. Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 171. Diana Fuentes, filósofa y analista política, profesora-investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana. 172. María Auxilio Heredia Anaya, sindicalista y feminista, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 173. Sara Lovera Lopez, periodista/feminista. 174. Ana López Rodríguez, una fundadora del PRT y dirigente campesina Sonora, integrante del MSP. 175. Pablo Moctezuma Barragán, politólogo, historiador y urbanista; investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, vocero del Congreso por la Soberanía. 176. Massimo Modonesi, historiador, sociólogo y politólogo, profesor Ordinario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 177. Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 178. Magdalena Núñez Monreal, Diputada Federal en el Congreso de México. 179. César Enrique Pineda, sociólogo y activista, docente en la Facultad de Políticas Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 180. Mónica Soto Elízaga, feminista y cofundadora de la Promotora por la suspensión del pago de la deuda pública (México), CADTM AYNA. 181. Paco Ignacio Taibo II, escritor y director del Fondo de Cultura Económica. 182. Carolina Verduzco Ríos, antropóloga, profesora en el Instituto Politécnico Nacional, integrante del Comité 68.
Nigeria 183. Emem Okon, fundadora y directora del Centro de Desarrollo y Recursos de Mujeres de Kebetkache.
País Vasco 184. Garbiñe Aranburu Irazusta, Coordinadora General del Sindicato LAB. 185. Igor Arroyo Leatxe, Coordinadora General del Sindicato LAB. 186. Josu Chueca, ex profesor de la EHU. Activista de la memoria histórica. 187. Irati Jiménez, parlamentaria en Navarra, EH Bildu. 188. Mitxel Lakuntza Vicario, secretario general del Sindicato ELA Sindikatua. 189. Oskar Matute, diputado en el Congreso del estado español, EH Bildu. 190. Luisa Menendez Aguirre, activista antirracista y feminista, Bilbao. 191. Amaia Muñoa Capron-Manieux, secretaria general adjunta del Sindicato ELA Sindikatua. 192. Anabel Sanz Del Pozo, activista feminista, Bilbao. 193. Igor Zulaika, parlamentario en la CAPV, EH Bildu.
Pakistán 194. Sheema Kermani, Artista escénica, defensora de los derechos humanos.
Palestina/Francia 195. Salah Hamouri, abogado franco-palestino, ex detenido político durante 10 años en las prisiones israelíes, deportado a Francia en 2022.
Perú 196. Evelyn Capchi Sotelo, secretaria de Organización Nacional del NUEVO PERÚ POR EL BUEN VIVIR. 197. Jorge Escalante Echeandia, responsable político de la corriente SÚMATE, dirigente nacional de la organización NUEVO PERÚ POR EL BUEN VIVIR. 198. Yolanda Lara Cortez, Dirigente feminista y socio ambiental de la provincia del Santa Ancash. 199. Flavio Olortegui, Dirigente de la Federación Nacional de trabajadores textiles del Perú.
Portugal 200. Mamadou Ba, investigador, dirigente de SOS Racismo Portugal. 201. Jorge Costa, periodista, miembro de la dirección nacional del Bloco de Esquerda. 202. Mariana Mortágua, economista, Bloco de Esquerda. 203. José Manuel Pureza, coordinador del Bloco de Esquerda. 204. Alda Sousa, ex diputada europea del Bloco de Esquerda.
Puerto Rico 205. Manuel Rodríguez Banchs, portavoz del Instituto Internacional de Investigación y Formación Obrera y Sindical. iNFOS. 206. Rafael Bernabé, autor y profesor universitario; ex miembro del Senado de Puerto Rico por el Movimiento Victoria Ciudadana.
Reino Unido 207. Gilbert Achcar, profesor emérito, SOAS, University of London. 208. Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento, cofundador de Your Party. 209. Michael Roberts, economista y autor. 210. Zarah Sultana, miembro del Parlamento, cofundadora de Your Party.
Senegal 211. Aly Sagne, fundador y director de Lumière Synergies pour le Développement.
Sri Lanka 212. Swasthika Arulingam, Presidenta de la Federación Unida del Trabajo. 213. Kalpa Rajapaksha, Dr., profesor titular, Departamento de Economía, Universidad de Peradeniya. 214. Amali Wedagedara, Centro Bandaranaike de Estudios Internacionales.
Sudáfrica 215. Mercia Andrews, coordinadora de la Asamblea de Mujeres Rurales del África Austral, miembro fundadora de la campaña de solidaridad palestina y miembro activo de BDS Sudáfrica. 216. Patrick Bond, Profesor Distinguido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Johannesburgo, donde dirige el Centro para el Cambio Social. 217. Samantha Hargreaves, fundadora y directora de WoMin. 218. Trevor Ngwane, presidente, United Front, Johannesburgo.
Suiza 219. Sébastien Bertrand, Enseignant.e.s pour le climat, Syndicat des Services Publics y miembro de solidaritéS Ginebra. 220. Hadrien Buclin, diputada Ensemble à Gauche en el Parlamento del Cantón de Vaud. 221. Marianne Ebel, Marcha Mundial de las Mujeres y de solidaritéS Neuchâtel. 222. Jocelyne Haller, solidaritéS, ex diputada cantonal de Ginebra. 223. Gabriella Lima, miembro del CADTM Suiza y de la plataforma Ensemble à Gauche. 224. Mathilde Marendaz, diputada Ensemble à Gauche en el Parlamento del Cantón de Vaud. 225. Aude Martenot, investigadora y coordinadora asociativa. 226. Mathieu Menghini, historiador de la acción cultural. 227. Françoise Nyffler, Colectivo Huelga feminista Suiza. 228. Stefanie Prezioso, ex diputada, Parlamento suizo. 229. Juan Tortosa, portavoz del CADTM-Suiza y miembro de SolidaritéS Suiza. 230. María Wuillemin, militante ecofeminista, miembro del Colectivo Jaguar. 231. Jean Ziegler, escritor, ex parlamentario, antiguo Relator Especial de la ONU para el derecho a la alimentación.
Siria 232. Joseph Daher, académico y especialista en economía política de Oriente Medio (residente en Suiza). 233. Munif Mulhen, activista político de izquierda. Ex prisionero político durante 16 años durante el régimen de Hafez al-Assad (1970-2000).
Túnez 234. Imen Louati, militante tunecina, una de las miembros fundadoras de la red de soberanía alimentaria árabe (Siyada). 235. Layla Riahi, miembro de la red Siyada pour la souveraineté alimentaire.
Venezuela 236. Luis Bonilla-Molina, director de Otras Voces en Educación.
Esta intervención se realizó el 22 de enero 2026 en el marco de la “ Jornada Avance de la Privatización en el Sistema Sanitario Público”, organizada por el Grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados. El avance de la privatización va a pasos agigantados sobre todo a partir de la pandemia por la Covid 19.
Los peligros que nos acechan son los derivados de una ideología de pensamiento único pernicioso para la Democracia que se refleja en: el modelo Neoliberal de libre mercado sin reglas, que entra a saco en la Mercantilización de los Servicios Públicos, convirtiendo Salud, Vida y Naturaleza en mercancías mientras convierte a toda la ciudadania en una clientela cautiva cuya metodología obedece la pura especulación.
Especulación invasora por ese modelo que nos ha convertido en victimas del capitalismo desbocado y salvaje que se incrementó a partir de la pérdida de contrapesos tras la caída del Muro de Berlín y de la URSS. Un capitalismo embrutecido por el permanente juego a la ruleta rusa con sus juegos financieros viciosos al margen de la economía productiva real.
Los lobbys o grupos de presión son puros agentes invasores de las instituciones que se camuflan de espesas telas de araña globales. Herramientas que utilizan las grandes corporaciones transnacionales que acaban sometiendo a Estados bajo fórmulas coercitivas por incumplimientos. Teniendo a su vez como jefes ejecutivos para la dirección estratégica y operativa de dichos Estados a gobiernos colaboracionista sin voluntad y a políticos sin liderazgo arrastrados por la gran manada sin ética que los arrastra.
El negocio de la Salud es una estafa democrática y no un fraude, el fraude se comete sin consentimiento de la victima, en cambio en la estafa la victima lo permite a cambio de promesas que sólo son cebos que no la van a solucionar. Sólo un Sistema sanitario Público, cuyo único objetivo es la Salud y sin reglas de Mercado, será capaz de garantizar un derecho obligado.
Lo exigen normativas internas e internacionales. No quieren entender que democracia es un sistema socialista, que se levanta sobre la “Res- Pública”, lo demás es una estafa bien adornada a costa de los trabajadores y sus impuestos. Sin embargo esos gobiernos incapaces que son meros gestores no han cumplido con trabajar por ella con plena dedicación.
Con esa farsa del plan neoliberal además estamos a punto de que se extinga el Estado de Bienestar que llegó para satisfacer a toda la sociedad, siendo más necesario hoy ante las en enormes bolsas de pobreza frente al enriquecimiento progresivo de muy pocos se han adueñado del país
Con el secuestro de Maduro, la amenaza de nuevos ataques y un bloqueo naval que solo permite salir de Venezuela el crudo controlado por EEUU, la nueva Venezuela se construye con la participación de grandes empresas españolas.
Pocos días después del 3E, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmaba que los líderes internacionales debían tomarse “más en serio” a Donald Trump, no de forma literal —parecía decir entre líneas en su declaración en La Casa Blanca—, pero sí sobre su determinación de conseguir sus objetivos, aunque estos no sean los declarados.
El 19 de enero, el Gobierno de Delcy Rodríguez confirmaba que había recibido de EEUU los primeros dólares —300 millones sobre un total de 500— por la venta de 50 millones de barriles de crudo. Un ingreso considerable que alivia a corto plazo las cuentas de un Estado venezolano arruinado por las sanciones, el embargo y la falta de divisas, pero que ha sido decidido de forma unilateral por el Gobierno de Trump con la ventaja negociadora que le confiere la armada desplegada en el mar Caribe.
Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar rodeada de polémica. Para Juan Hernández Zubizarreta, analista del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se trata de un ejemplo más de la “paralegalidad” en la que está operando el Gobierno de Trump.
Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar. En Venezuela, cinco bancos, entre ellos la filial del BBVA, gestionarán la parte que corresponde al país caribeño según criterio de Washington
Esta compleja estructura financiera, explica, persigue neutralizar las demandas de los acreedores internacionales —China sobre todo— que piden la devolución de cerca de 170.000 millones de euros o su equivalente en petróleo. Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, criticó esta triangulación y sus potenciales peligros: “No existe fundamento legal para que un presidente abra una cuenta en el extranjero bajo su control para vender activos confiscados por el ejército estadounidense. Esa es precisamente una medida que atraería a un político corrupto”.
Los recursos de la venta del petróleo venezolano serán gestionados en Venezuela por cinco de los mayores bancos del país. Entre las entidades seleccionadas para recibir el dinero se encuentra Provincial, la filial venezolana del banco español BBVA. Estos bancos venderán dólares a empresas y particulares para que dispongan de divisas para comprar insumos y materias primas en el extranjero así como para mantener a raya la inflación, introduciendo la moneda estadounidense en el mercado. Como último paso de esta triangulación, el Banco Central de Venezuela recibirá los bolívares derivados de esas ventas. “Con estabilidad, Venezuela es una gran oportunidad”, declaró desde Davos Carlos Torres, presidente de BBVA a Expansión.
Poco parece importar si 500 millones de dólares es una cifra justa por la venta de 50 millones de barriles, a diez dólares la unidad, cuando el barril venezolano cuesta cerca de 60 en los mercados internacionales. Los términos del “acuerdo” están claramente definidos por el Departamento de Energía de EEUU: los beneficios de la venta del petróleo venezolano se repartirá entre ambos países “a discreción del Gobierno estadounidense”.
Un banco español participará en el complejo laberinto financiero diseñado por la Administración Trump para controlar los recursos petroleros del país, pero la multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol.
Negocios en la “paralegalidad”
En la reunión que mantuvo Trump con las petroleras el pasado 9 de enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se comprometió a invertir “con fuerza” en el país y triplicar la producción de petróleo en los próximos tres años. El expresidente del PNV agradeció a Trump “abrir la puerta a una Venezuela mejor” y llegó a referirse en su discurso al Golfo de México como “Golfo de América”, la nomenclatura decretada por Trump a las pocas semanas de entrar en el Despacho Oval.
El entusiasmo de Imaz no fue compartido por el resto de empresas presentes en la reunión, especialmente por ExxonMobil, la mayor petrolera de EEUU, para la que no existían suficientes garantías que protejan sus posibles inversiones.
Para despejar estas dudas, el 23 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde en primera lectura y con tramitación acelerada una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en los mejores momentos de Hugo Chávez como presidente. La presidenta encargada destacó la “necesidad imperativa” de que la legislación “se adapte a los nuevos tiempos”, especialmente para que los “capitales fluyan” hacia los recursos petroleros “a través de modelos de negocios exitosos”.
La multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol, quien se compromete a triplicar su producción de petróleo bajo las nuevas reglas decididas por Trump
La principal apuesta de la reforma, que la oposición de derechas apoya en el fondo aunque no en las formas, es la normalización y extensión del modelo Chevron, que permitió de forma excepcional operar a la petrolera estadounidense en una empresa mixta en la que el Gobierno cuenta con mayoría accionarial, pero es el socio privado quien tiene el control operativo, técnico y financiero.
Según explicó Orlando Camacho, diputado responsable de presentar la reforma, la nueva ley incluye una mayor “flexibilidad en las regalías”, una modificación que daría margen al Gobierno para disminuir las ganancias que se quedan en el país en determinados casos. La reforma aprobada también contempla un “aumento en las garantías jurídicas” para el sector privado con la introducción de la posibilidad, hasta ahora vetada, de que los choques entre empresas y el Estado venezolano se diriman a través de “mecanismos independientes” de resolución de conflictos.
Aunque en 2012 el expresidente Chávez retiró a Venezuela del CIADI —organismo del Banco Mundial para resolver conflictos entre empresas y Estados en beneficio casi siempre de las empresas—, el país todavía se enfrenta a decenas de pleitos con inversores. Las compañías que buscan indemnizaciones por parte del Estado venezolano se han encontrado hasta ahora con todo tipo de obstáculos: de 15 laudos condenatorios solo uno ha sido efectivamente pagado. Según el medio especializado en el sector Petroguía, la aprobación de esta reforma supondrá la reducción de las regalías y la vuelta de Venezuela al CIADI.
Negocios a punta de pistola
Ante la pregunta de si hacer negocios bajo un esquema de extorsión, amenaza y de violencia viola el derecho internacional, Repsol ha preferido no hacer comentarios a este medio. Para Hernández Zubizarreta, especialista en impunidad corporativa, la respuesta es clara: si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”.
El marco coercitivo en el que se produce la venta de petróleo venezolano en el nuevo orden en el Caribe quedó nuevamente a la vista después de que el 20 de enero EEUU interceptara el séptimo buque petrolero de Venezuela cerca de las costas de este país. El Comando Sur del Ejército de EEUU afirmó que la detención de este barco “que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump” demuestra la “determinación” de las fuerzas armadas de EEUU de que “el único petrolero que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal”.
La “paralegalidad” también se define con palabras: el 21 de enero, El País sostenía que el cerco militar de EEUU sobre el país latinoamericano tenía como objetivo evitar el “contrabando de crudo”. En la nueva legalidad inventada por EEUU solo el petróleo controlado por Washington es legal.
Si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”, dice Juan Hernández Zubizarreta, de OMAL
La ocupación y el genocidio en Palestina han servido de recordatorio y han sido varios los altos cargos de Naciones Unidas quienes han recordado que las empresas que hacen negocios aprovechándose de violaciones de derechos humanos y vulneraciones de la legalidad internacional se exponen a posibles sanciones e incluso a futuros litigios. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo inició en septiembre una investigación de las empresas españolas que estaban ofreciendo servicios en los territorios ocupados palestinos. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a señalar a las multinacionales españolas que se beneficiarán directamente de una intervención militar en Venezuela que sí ha condenado. Tras la polémicas declaraciones de Imaz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera Repsol en Venezuela son “absolutamente legítimos”.
¿Repsol conseguirá salirse con la suya?
Los Estados y las instituciones internacionales cuentan con herramientas para juzgar o sancionar a las empresas que se benefician de violaciones de los derechos humanos o de vulneraciones del derecho internacional, señala este investigador.
Aún así, la impunidad de las multinacionales es casi absoluta, contrapone, y en este caso lo será todavía más porque es poco probable que el Gobierno español, la Unión Europea o incluso Venezuela emitan algún tipo de denuncia o demanda: “Repsol puede argumentar que tiene la aceptación del Gobierno de Venezuela”. Pero la falta de reproches no “convalida una participación en negocios fundamentados en crímenes internacionales”, agrega. Aunque por la parte jurídica habría resquicios para juzgar o sancionar a Repsol, los aspectos políticos complican la ecuación, porque “Venezuela parece que acepta el marco de estos negocios, de este control por parte de EEUU” sobre los recursos naturales del país.
En el caso del Estado español, para juzgar a Repsol habría que aprobar antes una ley de responsabilidad extraterritorial de empresas transnacionales por la que decenas de entidades llevan años trabajando. “Si esa ley estuviera aprobada, Repsol tendría que rendir cuenta ante un tribunal español”, dice. Otra opción sería reformar la ley de jurisdicción universal para incorporar el crimen económico internacional y “permitir que se responsabilice a la empresa y a sus directivos por prácticas en crímenes internacionales extraterritoriales”.
Tras la polémica por las palabras del CEO de Repsol, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera la petrolera en Venezuela son “absolutamente legítimos”
Si el Gobierno español quisiera sancionar la complicidad de Repsol con el plan de Trump tendría herramientas para hacerlo: podría aplicar criterios éticos a la contratación pública, pero también revisar todos los apoyos institucionales desde el punto de vista político, económico, diplomático, de inversión, de seguros, que necesita una empresa como esta, añade el analista de OMAL.
Otras instancias, como el Tribunal Internacional de Protección de Derechos, ahora en discusión en la ONU, permitirían que las multinacionales puedan ser juzgadas si se lucran gracias a violaciones de los derechos humanos y de situaciones que no cumplen con la legalidad internacional. Pero el Tratado Internacional para Control de Empresas Transnacionales está lejos de ser una realidad. Ayudaría mucho que el Estado español y la UE tengan una “actitud favorable” hacia este asunto, precisa, algo que por ahora no ha sucedido.
Y si el Gobierno no ha hecho nada para que este tratado se apruebe, subraya este investigador, es porque considera a estas empresas como “esenciales para el desarrollo de un modelo económico neocolonial” en el que se apoya. El Ejecutivo de Sánchez está más dispuesto a promover “armaduras jurídicas y políticas” que protejan los derechos de las multinacionales, enuncia, que a promover leyes o instituciones que los limiten.
Tampoco ayudan las conexiones que tienen dos de los aliados de investidura del Partido Socialista, PNV y Junts, con muchas de estas grandes empresas, con las que mantienen siempre engrasadas lucrativas puertas giratorias. Para la mayoría de la izquierda parlamentaria, añade este investigador, la idea de la extraterritorialidad —juzgar a las empresas españolas por lo que hace fuera de España— tampoco ha sido un “tema central en sus agendas”.
Sin voluntad política por parte del Gobierno y sin voluntad de confrontación por parte de los aliados del PSOE, Hernández Zubizarreta augura que “los negocios de Repsol en Venezuela seguirán manteniéndose y multiplicando la acumulación de beneficios” gracias al nuevo esquema de negocio a punta de pistola.
Aire y dinero para Repsol
La intervención de Trump y el nuevo esquema forzado de hacer negocios en el país ha llegado en el mejor momento para la empresa española. La prensa económica no ha tardado en señalar a la compañía presidida por Antonio Brufau como una de las más beneficiadas por el ataque de EEUU. El propio Trump sostuvo desde el principio que las empresas que más rápido sacarían rédito de la nueva situación serían las que ya están asentadas en el país, entre ellas Repsol, la italiana Eni o Chevron.
Desde 1993, la multinacional española ha expandido su negocio en Venezuela, especialmente gracias al gas del campo Perla, situado en el Golfo de Venezuela, uno de los mayores yacimientos de gas de América Latina. En 2016, cuando comenzaban los problemas para Caracas, Repsol prestó a Venezuela nada menos que 1.200 millones de euros, un dinero que con el default de 2017 el país no pudo devolver. En 2022, comenzó a pagar la deuda en especie, es decir, con barriles de petróleo para sus refinerías, especialmente pensadas para el tipo de petróleo venezolano.
Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela
Gracias a la flexibilización de las sanciones contra Venezuela durante el Gobierno de Joe Biden, Repsol pudo vender petróleo a Estados Unidos y gas venezolano a otros países. En esos años, la compañía entró con un 40% en los campos petrolíferos de La Ceiba y Tomoporro en una operación valorada en casi 1.600 millones de euros que permitiría a la española duplicar su producción de crudo. Todos estos planes se frustraron con la llegada de Trump y la retirada de las licencias para operar en Venezuela para varias multinacionales, Repsol entre ellas, en marzo de 2025.
Después del 3 de enero, Repsol se frota las manos con una más que posible restauración de las licencias, algo que ya ha solicitado formalmente. Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela. El Gobierno español ya le ha dado su bendición.
En el año 2001 se publicaba en castellano el ensayo de Susan George titulado “El informe Lugano” (Icaria-Intermón, Barcelona) -en lo sucesivo IL- con prólogo de Manuel Vázquez Montalbán. Veinticinco años después, y aunque la autora volvió sobre el asunto en el año 2012, me parece clarificador y oportuno reflexionar sobre el contenido de un trabajo de crítica social del máximo interés. Pues lo fue en su momento, como escribía Montalbán, y lo sigue siendo a día de hoy. Lo que intentaré argumentar en esta breve nota.
La autora se valía de un truco para desplegar su análisis. En vez de redactar en primera persona su crítica al sistema capitalista -a la altura de finales del siglo XX- el ensayo se presentaba como un informe elaborado por un equipo interdisciplinar de expertos a petición de importantes agentes económicos, para evaluar las debilidades del sistema o economía de mercado y hacer propuestas para su blindaje en este siglo XXI. Como resume con ironía su autora[1] al final del texto, se trataba de realizar una “evaluación clara y responsable de la situación que afronta el capitalismo global y la economía de mercado en el siglo XXI y los medios teóricos y prácticos para evitar una catástrofe” (224). El lector es conocedor de este simulacro que permite así a la autora real del informe razonar formalmente al servicio del sistema pero, al mismo tiempo, deslizar las múltiples contradicciones y atolladeros que el presunto equipo de investigación comprueba y expone a lo largo de su informe.
Con estas premisas paso a sintetizar algunas de las previsiones que el paso de los últimos veinticinco años ha ido confirmando, así como algunas cuestiones que se presentaban algo borrosas en este magnífico trabajo, limitando -en mi opinión- en parte su enorme potencial para seguir siendo de lectura útil a aquellos que sigan aportando los imprescindibles argumentos para construir una sociedad decente[2].
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“Hay que tratar de volver … a una mentalidad anterior a la Ilustración en el Norte” (169). Con esta consigna el IL resume una estrategia de extremismo neoliberal que no ha cesado de avanzar posiciones hasta llegar al actual trumpismo global. Nada de ciudadanía cosmopolita, sino grupos fundamentalistas y supremacistas (115) que desprestigien a los aún solidarios. Nada de multilateralismos deliberantes, sino liderazgos ejecutivos, en “gobiernos necesariamente más autoritarios” (113). Todo ello alimentado por grandes oligopolios mediáticos (Warner, Disney, …) con el creciente concurso de “legionarios ideológicos” (107) y “patrioteros del correo electrónico” (128). No está nada mal para intuir lo que, veinticinco años después, acabará inundando las redes sociales con sus influencers y extremismo viral. Una guerra ideológica total, con una mezcla tóxica de Darwin & Hayek (darwinismo social), que se mofa de que existan libertades o derechos humanos garantizados[3].
El IL acertó también en otra profecía: “El riesgo de que se produzca un importante accidente financiero se intensifica; de hecho nos sorprende que no se haya producido aún” (35, 41, 50). Algo Escrito en 1999 que apenas diez años después -en 2008- se cumplirá cuando los mercados de derivados provoquen una Gran Recesión que ponga patas arriba las economías de los principales países capitalistas del mundo. Claro que, a pesar de ello, lejos de agrietarse, el ideologema neoliberal y la plutocracia financiera global, conseguirán que los recursos públicos los saquen del atolladero para seguir hegemonizando nuestras sociedades.
No menos dramática será la consecuencia de otro artículo de fe neoliberal que se asume en el IL: “El aire, el agua y el suelo se consideran bienes gratuitos; no se reconoce ni se calcula su valor en función de la escasez” (25), “después de nosotros, el Diluvio” (31, 60). Y su conclusión, sin pelos en la lengua, pues no habrá “medidas drásticas, coactivas e inmediatas para frenar la emisión de gases de efecto invernadero” (68). Con lo que el capitalismo neoliberal nos lleva al colapso ambiental: capitaloceno. Como se comprueba con la evolución de los niveles de partículas por millón de CO2 y en las cumbres del IPCC. Y en sus consecuencias como oleadas de incendios forestales, deshielos, graves inundaciones y no menos graves sequías. Estamos ante otra profecía autocumplida.
Y vayamos con la siguiente profecía: la relativa a la pandemia del Covid-19. Pues en el IL ya se nos decía en el año 2001: “rodeados que estamos de virus que mutan rápidamente, no cabe descartar la posibilidad de que aparezca otra gripe española (que en realidad vino de Asia)” (185). Hoysabemos que la pandemia del Covid se llevó por delante siete millones de personas, de sectores menos favorecidos y del Sur global sobre todo, que se sumarán a los cuarenta y cuatro millones del Sida (el 75 % en África). Situaciones de guerra virtual que se gestionan con una batuta: “los gobiernos occidentales … deberían hacer que sus ciudadanos se sientan amenazados” (137). Que sumadas a la proliferación de guerras tradicionales (Gaza, Ucrania, Irán, …), de terrorismos suicidas y de Estados mafiosos fallidos favorecen la corrosión social y la quiebra de todo vínculo de fraternidad y solidaridad. Más leña para la onda incendiaria neoliberal global.
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Si de las profecías autocumplidas del IL pasamos a los aspectos borrosos (ambos con la perspectiva que nos permite hablar desde el año 2026) el que me parece más fundamental es el no haber enfatizado la existencia de dos capitalismos diferentes: el financiero (que domina en los muy reiterados ejemplos en el texto de EE.UU., la Unión Europea o Japón) que en el IL se caracteriza muy bien, y el capitalismo de Estado (sobre todo, pero no solo, el caso de China). Pues no se concreta esta diferencia en las, escasas, referencias[4] que se hacen a la evolución de China.
No hacerlo así impide que el IL pudiese prever la singular situación actual de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la actual ruptura de la globalización unipolar. Porque si bien es cierto que la OMC nacío subordinada al neoliberalismo financiero y a la globalización de finales del siglo XX, ambos al servicio de “una única economía global” (43-44), lo cierto es que el imparable papel del capitalismo de Estado chino en la economía global ha obligado al imperio declinante (EE.UU.) a disputar a cara de perro la rivalidad tecnológica y de áreas vitales. Aunque ambos compartan la corrosión de los derechos laborales, ambientales y sociales de los trabajadores (232-233) a lo largo y ancho del mundo. Y ello a la vista de que no se ha podido[5] “crear una globalización alternativa” (243) como querría Susan George (que no los “redactores” del IL).
Me interesa resaltar otro aspecto borroso en el análisis del IL que si bien resulta funcional para sus “redactores virtuales” me parece muy problemático para abrir camino a una alternativa social al capitalismo (ya sea financiero, ya sea de Estado). Me refiero al posible interés del sistema capitalista (o economía de mercado) en frenar el explosivo crecimiento demográfico, que nos llevaría de los seis mil millones de habitantes de entonces a los ocho mil millones actuales frente a los cuatro mil millones que el IL quería alcanzar (100) por medio de muchas y variadas propuestas en las que aquí no me detendré. Suponer que este sea el interés del sistema me parece contradictorio con la funcionalidad que este derroche demográfico supone en cuanto ejército laboral de reserva de mano de obra (sobre todo desde el Sur al Norte). Porque, como muy bien se recuerda en un pasaje del IL, el concepto “proletario” significa eso: servir al sistema no con tus propiedades sino con tus hijos[6] (83). Tal como se comprobaría en la propia China al desdecirse de su política de hijo único en años más recientes.
Es este un enfoque focalizado en el impacto de la población[7] (por ejemplo la Huella Ecológica se evalúa por habitante) y en sus impactos como demanda potencial, que se desliza así hacia el concepto de Antropoceno frente al de Capitaloceno[8]. Este focalizado en la lógica del capitalismo como sistema productivo y de oferta tal como se señaló más arriba. El sistema capitalista -y su relato neoliberal según los “autores” del IL -nos juega estas malas pasadas al abducirnos con su lógica individualista y no social. Porque, si bien se reiteran propuestas de disciplina neoliberal y de privatización masiva[9] que no han hecho más que ganar terreno desde entonces, pareciera que sus contrarias quedan huérfanas en el IL.
Y así, aunque solo sea para descalificarlas con ironía, no aparecen nunca propuestas sobre la reducción de la jornada laboral semanal, anual o a lo largo de la vida (adelantar y no retardar la jubilación), nada sobre que los sistemas públicos de pensiones garanticen una vida digna los jubilados, o sobre una red pública de atención a la dependencia, o sobre el blindaje de los precios de alquiler para la vivienda, o sobre un transporte público y colectivo gratuito que frene las emisiones (directas o indirectas con coches eléctricos) de CO2, etc. Cosas que están más allá de la lógica universal neoliberal.
Pero que son asuntos que conforman lo que vengo denominando una sociedad decente[10] en idéntico sentido al que señala Susan Sontang cuando al final de su ensayo, refiriéndose al criterio del velo de la ignorancia de Rawls, concluye que nadie eligiría “un mundo sometido a la lógica del Informe Lugano” (247). Sin embargo, para ello, hoy más que nunca antes necesitamos perfilar propuestas concretas de como sería esa otra lógica.
[1] Entre paréntesis después de cada cita figura la página de la edición en castellano del año 2001
[2] En el año 2013 la autora publica “El Informe Lugano II”, texto que aquí dejo fuera de mi análisis para no contradecir el título del mismo.
[3] En “La nueva razón del mundo” Christian Laval y Pierre Dardot (Gedisa, 2013, Barcelona) resumen a la perfección el ingente alcance de esta estrategia.
Attac España expresa su más profunda condena ante la operación militar ejecutada por el Gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, que ha incluido ataques aéreos en varias regiones del país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores durante la madrugada del día 3 de enero.
La utilización de la fuerza militar por parte de una potencia extranjera para intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano constituye una violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del principio fundamental de la no injerencia. La detención y traslado de un jefe de Estado y su cónyuge sin el consentimiento del país afectado constituyen un secuestro internacional, con efectos devastadores para la paz, la estabilidad regional y la vida cotidiana de millones de personas.
ATTAC España rechaza con contundencia cualquier justificación basada en acusaciones o pretextos legales presentados unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos para legitimar esta agresión. La historia demuestra que las intervenciones militares “por motivos humanitarios”, “lucha contra el narcotráfico” o “lucha contra la corrupción” suelen encubrir intereses geoestratégicos y económicos que nada tienen que ver con el bienestar de las poblaciones afectadas y sólo generan sufrimiento, desplazamientos forzosos y agravamiento de crisis sociales.
Las sanciones económicas, el bloqueo financiero y las amenazas de acción militar ya venían provocando graves efectos sobre la población civil venezolana, dificultando el acceso a bienes esenciales como alimentos, medicinas y servicios básicos. Estas políticas coercitivas, ahora acompañadas de una escalada militar abierta, constituyen una forma de guerra multidimensional contra el pueblo venezolano que rechazamos sin reservas.
ATTAC España reafirma su solidaridad con el pueblo de Venezuela, con sus organizaciones sociales y movimientos populares, y con todas las voces que luchan por una solución pacífica, democrática y soberana a la compleja situación política, económica y social que vive el país latinoamericano. Llamamos a la comunidad internacional a exigir el respeto al derecho internacional, el fin de las agresiones externas, y a trabajar por un diálogo incluyente que priorice los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos.
No a la injerencia militar. No a la violación de la soberanía de los pueblos. Sí a la paz, la justicia y la solidaridad internacional.
Creado en 2020 por el Banco Central, el sistema de pago instantáneo Pix solivianta a la banca privada, pero trae consigo una cascada de beneficios para la economía y la soberanía del país.
En Brasil, ningún vendedor de playa, tienda o gran cadena de distribución concibe prescindir de Pix. Este sistema de pago instantáneo, ideado, operado y regulado por el Banco Central Brasileño (BCB), lanzado en 2020, se ha propagado a la velocidad del rayo por todo el país.
Para efectuar una compra, el consumidor abre en su móvil el espacio Pix dentro de la aplicación de su banco comercial, introduce la clave Pix del vendedor (por ejemplo, su número de teléfono) o escanea un código QR en el terminal de pago. Es un procedimiento simple y rápido que se aplica a las transacciones efectuadas en un punto de venta físico y en una compra por Internet.
Desde un punto de vista más general, Pix sirve para efectuar cualquier transferencia de moneda de un punto a otro; por ejemplo, entre amigos, sea cual sea la entidad financiera de unos y otros. En todos los casos, las cuentas están debitadas o acreditadas a través de una vía de pago instantáneo (SPI) creada por el BCB. Da igual la hora del día o de la noche, 350 días al año, con total seguridad y en tiempo real (frente a de 2 a 28 días en el caso de las tarjetas bancarias).Además, es gratis para las personas físicas o cobra una reducida comisión del 0,2% a las personas jurídicas.
Para leer el artículo completo puedes hacerlo en la Revista Alternativas económicas
Irresistible ascensión
Como incluso han confesado los bancos comerciales, todos los cuales han integrado Pix en su sistema informático, …
Para seguir leyendo:
Alternativas económicas es una revista, y medio amigo, cooperativa e independiente que explica la economía con rigor y de forma clara, poniendo el foco en cómo las decisiones económicas afectan a la vida de las personas. En esta ocasión comparten con los usuarios de ATTAC el artículo: “Brasil: la revolución financiera no ha hecho más que empezar”. Puedes leerlo gratis: solo tienes que registrarte en la newsletter de Alternativas económicas y podrás acceder al contenido completo. Pincha aquí para registarte, ¡vale la pena!
Campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de una Banca Postal.
La voracidad en el proceso de desmantelamiento de lo público tiene una contestación muy general en los ámbitos de la sanidad o la enseñanza. Es posible que una de las razones sea que aún queda allí un sector que referencia bien un derecho que la ciudadanía se niega a perder.
Los servicios financieros también son hoy esenciales para el público. Hablamos de un servicio público. Ya no se puede ni recibir nóminas, pensiones, o pagar recibos de grandes compañías sin que nos obliguen a una cuenta corriente, sin la intermediación de la banca. Sin embargo, llevamos decenios de desmantelamiento de cualquier organismo financiero público con la mayor impunidad. No importa si eran rentables, no sólo socialmente, sino económicamente; también los gobiernos del PSOE entregaron las carteras económicas a colaboradores de ese desmantelamiento.
Por otro lado, el enorme poder mediático (incluso político) de la banca ha naturalizado que sus ingentes beneficios son imprescindibles, porque si les va mal (normalmente por su irresponsable asunción de riesgos) tendremos que salvarles y asumir sus pérdidas. ¡Y la sociedad, anestesiada!
La tendencia esencial del capitalismo a la concentración demostró sus inconvenientes y lleva a los poderes a la necesaria regulación contra los monopolios, o los oligopolios, los cuales coordinan sus políticas para imponer condiciones de abuso. Pues eso tenemos en los servicios bancarios de España.
Con cada crisis se reduce la competencia. El último gran mordisco se lo dieron a casi la mitad de los depósitos del país: Las Cajas de Ahorro, que, aún no siendo públicas sino de propiedad social, habían cumplido un gran papel y con menos crisis que los bancos hasta que, empujadas por la marea neoliberal, empezaron a “bancarizarse”. En la crisis de la burbuja financiera, además de muchos bancos (de los que no se habla) se reflotaron Cajas con ingentes cantidades de dinero, para luego ser “regaladas” a la banca privada (beneficiada por tanto en última instancia de su crisis). ¡Y la sociedad, anestesiada!
Buen trabajo de publicidad para convencernos de las malicias de lo público en lo que al servicio financiero se refiere. Y mientras, la exclusión financiera de personas y de territorios avanza galopante al tiempo que la banca reduce personal y atención a los usuarios, a la vez que abusa de posición dominante para imponernos pago de comisiones, créditos más caros y retribuciones más bajas por nuestros depósitos. ¡Y la sociedad, anestesiada!
A diferencia de los países europeos, España es una anomalía en la que sólo queda pública una reducida participación accionarial en la Caixa y un escuálido ICO que no cumple las funciones de desarrollo e inversión pública que todo el mundo demanda.
Digo todo lo anterior porque aún tenemos tiempo de salvar algún mueble y recuperar una actividad de banca de proximidad que tan buen recuerdo dejó en la ciudadanía: la Caja Postal. Hacerlo dentro del servicio público de Correos permitirá aprovechar la extensa red de oficinas y la capilaridad de sus miles de carteros. Aunque lo fundamental será los beneficios sociales de la existencia de un polo de referencia público en el servicio bancario, también puede esa iniciativa dar mayor viabilidad a una empresa pública que está amenazada por una despiadada competencia internacional de plataformas de distribución mientras va desapareciendo la cartería física.
En estos días hay una campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de esa Banca Postal. Ojalá tenga amplitud como para presionar a los poderes públicos. Está en el siguiente enlace: https://c.org/DDSKpYFprLy te invitamos a firmarla.
