Estuvimos disfrutando de una amena charla con los Vampiros y hablando de su proximo concierto este jueves a las 21h en el Rock and Blues

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Santi Serrano

Sábado 4 de abril, 18:00 h

Star, Tarazona de la Mancha

Entradas: todas vendidas

Concierto de Santi Serrano & Desconcierto Band organizado por ARTA en la Sala Star este sábado, con la vuelta de Santi Serrano a los escenarios. Ex-miembro fundador de la banda Seguridad Social, donde repasará aquellos inicios de SS y creaciones posteriores.

Diez años después de la publicación de “Los Papeles de Panamá” no se han tomado medidas eficaces para evitar la evasión de capitales en estos “puntos ciegos” para las haciendas de los países.

Plataforma por la Justicia Fiscal. 01/04/2026

Con motivo del Día Mundial por la Abolición de los Paraísos Fiscales que se celebra el 3 de abril, la Plataforma por la Justicia Fiscal ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas “una revisión urgente y profunda” del actual listado de  donde grandes fortunas y empresas multinacionales esconden sus beneficios para evitar contribuir a los sistemas públicos de aquellos países donde obtienen sus beneficios. 

Una década después de la histórica filtración conocida como Papeles de Panamá que evidenció el uso sistemático de estructuras para ocultar patrimonio y eludir impuestos, la plataforma denuncia que los avances han sido insuficientes y que persisten importantes lagunas en la regulación internacional que siguen permitiendo la evasión de capitales a estas “guaridas fiscales donde se refugian los piratas”

“Los criterios utilizados por la Unión Europea para elaborar su lista siguen siendo claramente ineficaces y dejan fuera a jurisdicciones clave que facilitan la evasión fiscal. La lista negra comunitaria apenas incluye actualmente una decena de territorios, mientras que numerosos países con baja o nula tributación como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán o Luxemburgo continúan operando con total normalidad dentro del sistema financiero global. Esta falta de ambición permite mantener un modelo en el que grandes fortunas y multinacionales eluden su responsabilidad fiscal”,  destaca el coordinador de la plataforma, el economista Juan A. Gimeno. 

Según los cálculos de la plataforma Tax Justice Network, solo en 2024 España perdió cerca de 9.400 millones de euros por culpa del abuso fiscal de las multinacionales y los grandes patrimonios. Además, la Plataforma señala la desigualdad en el sistema tributario actual, puesto que las grandes empresas llegan a pagar tipos efectivos menores que la media de la ciudadanía y son precisamente las grandes fortunas quienes mayor uso hacen estos “refugios”.

Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal insta al Gobierno español a liderar en el ámbito europeo una reforma de los criterios de identificación de paraísos fiscales, así como a apoyar iniciativas internacionales como la futura convención fiscal de Naciones Unidas y la tasa global para gravar con un 2% anual a las grandes fortunas del planeta. 

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El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria¹.

Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas. 

La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.

Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible. 

Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.

Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.

Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos

Normas para proteger la democracia, las personas y el planeta

1. Revitalizar la democracia europea

El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política²; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.

Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones. 

La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.

En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática. 

2. Las normas existen para proteger al público

Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar³. En lugar de más «leyes omnibus⁴» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial. 

Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA⁵) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas. 

3. No a los cheques en blanco para las industrias contaminantes

Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación⁶). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».

4. El nuevo espíritu de la elaboración de leyes debe basarse en la evidencia.

Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas⁷. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta⁸. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.

En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.

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Manifiesto de entidades de la sociedad civil organizada del Estado Español respecto a la anunciada reforma de la Directiva Marco del Agua.

Attac, Integrada en la RAP, defiende el presente comunicado.

El pasado 10 de diciembre la Comisión Europea publicó la Comunicación “Simplificar para lograr una competitividad sostenible”1 (en adelante, la Comunicación), que engloba un amplio paquete de modificaciones en distintas directivas y otras regulaciones europeas para la protección ambiental. El pretexto que se declara para promover estas modificaciones es reducir la carga administrativa asociada a tales normativas para alcanzar los objetivos ambientales de forma más eficiente y menos costosa.

Sin embargo, junto a medidas que facilitan esta reducción de la carga burocrática sin afectar a los objetivos (como por ejemplo, unificar los formatos en los que se comparten los datos de naturaleza ambiental y espacial), se incluyen otras propuestas que suponen dar un paso atrás en la ambición y el alcance de la normativa. Entre ellas, se plantea reducir los requisitos de protección ambiental sobre ciertas actividades industriales o rebajar los mecanismos de control en las autorizaciones de nuevos proyectos.

Un ejemplo de los efectos perjudiciales de las modificaciones previstas sobre el agua y los ecosistemas acuáticos es que se pretende reducir o eliminar las obligaciones del Sistema de Gestión Ambiental de las instalaciones industriales en materia de inventario de sustancias químicas y análisis de riesgos. Otro ejemplo, es que se busca que en las instalaciones de ganadería intensiva y de acuicultura se eliminen de los informes a la Comisión Europea los impactos relativos al agua, la energía y los materiales. También se pretende suspender algunos requerimientos de la Responsabilidad Ampliada del Productor (por el que las empresas son responsables de los contenidos de los residuos que generan sus productos).

Resulta especialmente preocupante que la Comisión Europea haya previsto reformar la Directiva Marco del Agua (DMA) antes del verano de 2026, sin ajustarse a los procedimientos existentes en el propio marco legislativo europeo y obviando por completo la evaluación y el análisis detallado que se desarrolló en 2020 (Fitness-Check). La Comunicación deja claro que en el primer trimestre de 2026 intensificará el diálogo con algunos de los sectores implicados y con los Estados Miembros sobre los permisos ambientales, teniendo en cuenta los objetivos del denominado RESource EU Action Plan. Este Plan pretende reducir la dependencia europea de materiales críticos, para lo que se llevará a cabo una simplificación de las autorizaciones ambientales “incluidos los aspectos relacionados con el sector minero”. La Comunicación señala que “a más tardar en el segundo trimestre de 2026, la Comisión examinará y revisará la Directiva Marco del Agua” … “con el fin de promover la circularidad y el acceso a materias primas”.

¿Qué supone esta reforma de la DMA?

• Permitirá acelerar y simplificar las autorizaciones ambientales, debilitando el Principio de No Deterioro, un requerimiento clave de la DMA. Básicamente existe una obligación para los Estados Miembros de mejorar y de evitar el deterioro de los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa. Relajar los estrictos requisitos que acompañan a esta obligación para los nuevos proyectos que puedan deteriorar el estado de las aguas dará lugar en muchos casos a un empeoramiento del estado de los ríos, acuíferos y ecosistemas acuáticos.
• Facilitará la aprobación de nuevos proyectos mineros sin las suficientes garantías en cuanto a la evaluación ambiental de los impactos sobre la salud de las personas y de los ecosistemas acuáticos y en cuanto a la transparencia y la participación pública en las decisiones que afectan al interés público superior, como es el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. Esto incrementará los riesgos de contaminación y sus impactos sobre la salud humana. También tendrá consecuencias negativas sobre otras actividades económicas, como las del sector agrario e industrial que necesitan de estos recursos hídricos, así como sobre los ecosistemas y la biodiversidad.
• Abrirá una puerta que facilitaría que también que otros proyectos y actividades, no sólo mineros, pudieran aprobarse de forma más rápida y simple, aun cuando exista un riesgo claro para la salud humana y para el deterioro de nuestros ríos, humedales y acuíferos.
  Además, la anunciada reforma exprés de la DMA se salta el procedimiento establecido en dicha Directiva para su revisión; no tiene en cuenta que la evaluación de la DMA (fitness check) ya concluyó que no era necesario revisarla y no viene acompañada del necesario análisis integral de los efectos que tendría (Impact Assessment, algo habitual en la reforma de cualquier directiva), entre otros problemas importantes.
  Ante esta situación, las organizaciones firmantes manifiestan que:
• La aprobación de la DMA fue el resultado de un largo proceso de evaluación de la política de aguas en el conjunto de la Unión Europea que concluyó con el reconocimiento de que nuestra capacidad para atender las necesidades de agua, presentes y futuras, depende directamente del buen estado de las masas de agua y de la superación del enfoque fragmentario e ineficaz de la anterior política del agua.
• Desde la sociedad civil organizada se ha defendido enérgicamente que aunque es necesario mejorar la actual aplicación de la DMA por parte de los Estados Miembros de la UE, esta directiva ha sido y sigue siendo un instrumento fundamental para proteger y mejorar el estado de nuestros ríos, acuíferos, humedales, deltas y estuarios en España y en toda Europa.
• La DMA pone el foco de la política de aguas en los objetivos ambientales y en el principio básico de No Deterioro del agua, para compatibilizar su protección con actividades económicas que aporten prosperidad, empleo y calidad de vida a la ciudadanía. La DMA es la garantía para esta compatibilidad y para la propia seguridad a largo plazo de las actividades económicas y la calidad de vida, las cuales dependen de la buena salud de nuestras fuentes y ecosistemas del agua. Ninguna de las reformas que se quieren llevar a cabo suponen una mejora para la DMA y sí un claro retroceso.
• Esta directiva incluye la aplicación de unos Programas de Medidas para alcanzar los objetivos previstos, los cuales se revisan en la evaluación periódica de los planes hidrológicos, con el fin de mejorar el conocimiento sobre las masas de agua, las medidas a adoptar y la transparencia y participación pública en la toma de decisiones en torno al agua.
• La DMA define además el marco en el que se integran o desarrollan otras directivas relacionadas con el agua, como la directiva de prevención de los riesgos de inundación, la de aguas potables o la de aguas residuales, cuyos enfoques de gestión de riesgos dependen de la eficacia de la DMA a la hora de garantizar el buen estado de las masas de agua. El debilitamiento de la DMA por las modificaciones previstas dejaría sin sustento firme a estas otras directivas y normas derivadas, incrementando los riesgos, lo que impactará negativamente sobre la salud humana, sobre actividades económicas tales como las agrarias y sobre los ecosistemas.
  Por todo ello, un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil pedimos que la Comisión Europea renuncie a modificar la Directiva Marco del Agua y, en su lugar, se redoblen los esfuerzos de las instituciones europeas y de los Estados Miembros para mejorar y acelerar su aplicación, manteniendo su actual formato, dado que todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos planteados.

Para adherirse al manifiesto, puede hacerse en el presente enlace:

Organizaciones promotoras:
Aigua és Vida (AéV)
Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)
Amigas de la Tierra
Comisiones Obreras (CCOO)
Ecologistas en Acción
Enginyeria Sense Fronteres
FACUA
Federación de Consumidores y Usuarios (CECU)
Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)
Fundación Primero de Mayo
Greenpeace España
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)
Plataforma en Defensa de l’Ebre
Red Agua Pública (RAP)
WWF España

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Estimada Señora Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea,
Estimado Señor Costa, presidente del Consejo Europeo,

Les instamos a que respeten los procesos democráticos y se abstengan de aplicar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur antes de que el Parlamento Europeo haya ejercido su derecho a votar sobre el acuerdo.

El acuerdo UE-Mercosur es muy controvertido y ha suscitado repetidamente la preocupación de muchos ciudadanos y grupos de la sociedad civil, tanto en la UE como en los países del Mercosur, por cuestiones como las normas de seguridad alimentaria, las repercusiones en el empleo y la agricultura, y la deforestación. En una democracia, es fundamental que se escuche la voz de la ciudadanía en asuntos como estos.

La base democrática del acuerdo ya ha sido puesta en tela de juicio. El acuerdo solo ha podido seguir adelante gracias a decisiones polémicas que han eludido a los parlamentos nacionales. Además, la aprobación del Consejo Europeo se obtuvo por una estrecha mayoría, siendo la primera vez que un acuerdo comercial se ha llevado a cabo sin el apoyo unánime de todos los Estados miembros. Ahora, el Parlamento Europeo ha solicitado asesoramiento al Tribunal de Justicia Europeo sobre cuestiones jurídicas relacionadas con el acuerdo, lo que envía una clara señal de que los/as parlamentarios/as no quieren aprobar el acuerdo sin un examen adecuado.

La aplicación provisional, sin la opinión del Tribunal y sin el consentimiento del Parlamento, pisotearía los procesos democráticos que existen precisamente para que las voces de los ciudadanos puedan ser escuchadas, representadas y tenidas en cuenta cuando surgen desacuerdos. Socavaría la confianza pública y la legitimidad democrática de la Unión Europea. En un momento en el que muchos en nuestra sociedad se sienten marginados y están perdiendo la fe en los procesos políticos, optar por la aplicación provisional sería profundamente antidemocrático y correría el riesgo de avivar las tensiones en y entre los Estados miembros de la Unión.

Les pedimos que apoyen los principios democráticos establecidos y se comprometan a esperar la opinión del Tribunal y el voto en el Parlamento Europeo antes de aplicar el acuerdo. 

La entrada Carta abierta al Consejo y a la Comisión contra la aplicación provisional de UE-Mercosur se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

20 de enero por Eric Toussaint , CADTM International , Colectivo , Joao Pedro Stedile , Jeremy Corbyn , Yanis Varoufakis , Rafael Bernabe , Fátima Martín , Martín Mosquera , Zoe Konstantopoulou , Jean-Luc Mélenchon , Teresa Rodríguez , Verónica Gago , Olga Rodríguez , Manon Aubry , Annie Ernaux , Ada Colau , Irene Montero , Ana Miranda…

La extrema derecha y neofascista avanza en todos los continentes. La amenaza adopta formas particulares en cada país o región, pero es fácil señalar sus elementos comunes: el objetivo de aniquilar derechos y protecciones laborales, el estrangulamiento de las organizaciones obreras, el desmantelamiento de la seguridad social y la imposición de un régimen de precariedad a empleados y desempleados, la privatización de servicios públicos, la negación del cambio climático, la utilización del pretexto del alto nivel de la deuda pública para intensificar las políticas de austeridad, la desposesión del campesinado para abrir paso al agro-negocio, el fortalecimiento el desplazamiento de pueblos originarios para propiciar el extractivismo desenfrenado, el endurecimiento de las políticas migratorias inhumanas, el aumento del gasto militar. Son políticas que, para imponerse, requieren una restricción del derecho a la huelga, de expresión, de asociación, de reunión, un silenciamiento de la prensa y de las voces críticas en las escuelas y universidades, una negación de la ciencia cuando sus hallazgos contradicen esas políticas y un fortalecimiento de las ramas y aparatos de represión y vigilancia.

La derecha extrema pone el descontento con las consecuencias nefastas del neoliberalismo al servicio de una aceleración de esas políticas. Para lograrlo, al igual que el fascismo clásico, pretende dirigir ese descontento contra sectores oprimidos y desposeídos: los migrantes, las mujeres, las personas LGBTQ+, los sectores que se benefician de programas de inclusión, las personas racializadas, la minorías nacionales o religiosas. El chovinismo nacional, el racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia, el cultivo del odio, la normalización de la crueldad, acompañan a cada paso el avance de la derecha radical, según las particularidades de cada país.

El deseo de acumular riqueza en manos del capital, la búsqueda desenfrenada del máximo beneficio que sustenta las políticas de extrema derecha, se manifiesta también en la intensificación de las agresiones imperialistas para apoderarse de los recursos y explotar a las poblaciones. Esto va de la mano con la perpetuación de situaciones coloniales que, en el caso de Palestina, toma la forma de un genocidio orquestado por el Estado de Israel, con la complicidad de sus aliados imperialistas.

Más allá de la complicidad con el gobierno de Netanyahu, la extrema derecha teje sus lazos internacionales: congresos, think tanks, declaraciones conjuntas, apoyo mutuo en procesos electorales, colaboración de podcasters y agendas de propaganda y desinformación. Nuestra lucha contra las derechas y las agresiones imperialistas es urgente y, para ser efectiva, tiene que ser internacional.

Las fuerzas que luchan contra el auge de la extrema derecha, el fascismo y las agresiones imperialistas no son monolíticas ni homogéneas. Nunca lo han sido. Son diversas y existen diferencias innegables de análisis, estrategia y tácticas, programa y política de alianzas, de énfasis y prioridades. La experiencia nos enseña que, sin dejar de reconocer esas diferencias, es indispensable coordinar la lucha contra enemigos cada vez más amenazantes. Esa convergencia puede y debe incluir a todas las fuerzas dispuestas a defender la clase trabajadora, el campesinado, los migrantes, las mujeres, las personas LGBTQ+, las personas racializadas, las minorías nacionales o religiosas oprimidas, los pueblos originarios; a defender la naturaleza ante un capitalismo ecocida; a combatir las agresiones imperialistas y coloniales, independientemente de su procedencia, y a apoyar a la lucha de los pueblos que se resisten a ellas, incluso con las armas en la mano si es necesario.

Es urgente compartir análisis, estrechar lazos, acordar acciones concretas. Esos objetivos inspiraron la iniciativa de convocar una Conferencia Internacional Antifascista y Antiimperialista en la ciudad de Porto Alegre, Brasil los días 26 a 29 de marzo 2026 https://antifas2026.org/es/ .

La conferencia de Porto Alegre es una etapa importante en una ruta mucho más larga. Las organizaciones y los individuos que firmamos nos comprometemos a continuar luchando sin descanso, y de la manera más unitaria posible, contra la extrema derecha en ascenso y las agresiones imperialistas, una dimensión esencial de nuestro proyecto emancipador, socialista, ecologista, feminista, antirracista e internacionalista.

Como lo escribió Che Guevara a sus hijos: Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.

Primero/as firmantes:

Alemania
1. Angela Klein, redactora jefa responsable de la revista SOZ.
2. Carola Rackete, bióloga, activista, capitana de barco arrestada en Italia en junio de 2019 por proteger a refugiados, exmiembro del Parlamento Europeo.

Argentina


3. Atilio A. Boron, docente Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Avellaneda.

4. Verónica Gago, activista feminista e investigadora en la Universidad de Buenos Aires.

5. Julio Gambina, Corriente Política de Izquierda, ATTAC Argentina, CADTM AYNA.

6. Claudio Katz, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET.

7. Beverly Keene, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina y Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.

8. Claudio Lozano, Presidente del Instrumento Electoral por la Unidad Popular.

9. Jorgelina Matusevicius, referente de Vientos del Pueblo Frente por el Poder Popular.

10. Felisa Miceli, Economista, Ex Ministra de Economía de Argentina 2005/2007.

11. Martín Mosquera, editor de Jacobin América Latina (Jacobinlat).

12. María Elena Saludas, integrante ATTAC- Cadtm Argentina, Corriente Política de Izquierda (CPI).

Australia


13. Federico Fuentes, editor LINKS International Journal of Socialist Renewal.

14. Pip Hinman, Coeditora de Green Left.

15. Susan Price, Coeditora de Green Left.

Bélgica


16. Vanessa Amboldi, directora del CEPAG movimiento de educación popular.

17. France Arets, profesora de historia jubilada, activa en el apoyo a personas sin papeles, CRACPE.

18. Eléonore Bronstein, secretaria federal del Mouvement Ouvrier Chrétien Bruselas.

19. Céline Caudron, Gauche Anticapitaliste, militante sindical y feminista.

20. Giulia Contes, Copresidenta de la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD).

21. Paul-Emile Dupret, jurista, exfuncionario de The Left en el Parlamento Europeo.
22. Pierre Galand, exsenador, presidente de la Association Belgo-Palestinienne (ABP), presidente de la Conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui (EUCOCO).

23. Corinne Gobin, profesora de la Université libre de Bruxelles.

24. Henri Goldman, miembro de la Unión de Judíos Progresistas de Bélgica.
25. Jean-François Tamellini, secretario general de la FGTB wallonne.

26. Éric Toussaint, portavoz de CADTM international.

27. Felipe Van Keirsbilck, secretario general de la Centrale Nationale des Empoyés (CNE/CSC).

28. Arnaud Zacharie, maestro de conferencias en la ULB y en la ULiège, secretario general del Centre National de Coopération au Développement (CNCD).

Benín


29. Émilie Atchaka, feminista, presidenta de la CADD Benín.

Bolivia


30. Gabriela Montaño, médica, ex Presidenta de la Cámara de Diputados y Senadores, exministra de Salud.

Brasil


31. Ricardo Abreu de Melo «Alemão», FMG.

32. Luana Alves, feminista negra, concejala del PSOL en São Paulo.

33. Frei Betto, escritor.

34. Sâmia Bomfim, diputada federal PSOL.

35. Bianca Borges, presidenta de la UNE.

36. Ana Cristina Carvalhaes, Periodista, revista Inprecor.

37. Raul Carrion, Historiador, exdiputado, miembro de la FMG y de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PC de Brasil.

38. Rodrigo Dilelio, presidente del Partido dos Trabalhadores de la ciudad de Porto Alegre; Comité Organizador.

39. Olívio Dutra, Ex Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul; Ex Ministro de las Ciudades (PT).

40. Israel Dutra, Secretario de Movimientos Sociales del PSOL, miembro de la Dirección Nacional del PSOL.

41. Luciana Genro, diputada estadual de Rio Grande do Sul y presidenta de la Fundação Lauro Campos/Marielle Franco.

42. Tarso Genro, Ex Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul; Ex Ministro de Justicia (PT).

43. Socorro Gomes, CEBRAPAZ y Consejo Mundial de la Paz.

44. Amanda Harumy, Analista internacional y latinoamericanista.

45. Elias Jabbour, geógrafo y especialista en China.

46. Joao Machado, economista, PSOL.

47. Fernanda Melchionna, diputada federal PSOL de Rio Grande do Sul.

48. Maria do Rosário Nunes, Diputada Federal; Ex Ministra de Derechos Humanos (PT).

49. Misiara Oliveira, secretaria adjunta de Relaciones Internacionales / Comisión Ejecutiva Nacional (PT).

50. Raul Pont, historiador, exalcalde de Porto Alegre, PT.

51. Ana Maria Prestes, historiadora, doctora en Ciencias Políticas y secretaria de Relaciones Internacionales del CC del PC de Brasil.

52. Edson Puchalski, presidente del PC do B Rio Grande do Sul.

53. Roberto Robaina, concejal y presidente del PSOL de Porto Alegre.

54. Miguel Rossetto, líder del PT en la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul.
55. Juliana Souza, líder del PT en el Concejo Municipal de Porto Alegre.

56. Joao Pedro Stedile, activista social, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

57. Gabi Tolotti, presidenta del PSOL Rio Grande do Sul.

58. Thiago Ávila, coordinación internacional de la Global Sumud Flotilla para Gaza.

Cataluña


59. Ada Colau, activista social, ex Alcaldesa de Barcelona, Presidenta de la Fundación Sentit Comú.

60. Gerardo Pisarello, diputado en el Congreso por Comuns. Profesor de derecho. Universitat de Barcelona.

61. Daniel Raventós, profesor de la Universidad de Barcelona. Comité de Redacción de la revista Sin Permiso y presidente de la Red Renta Básica.

62. Carles Riera, sociólogo, exdiputado y miembro de la Mesa del Parlamento de Catalunya por la CUP (2016-2024), presidente de la Fundación FDC, presidente de la Red Mundial por los Derechos Colectivos de los Pueblos.

Chile


63. Daniel Jadue, Partido Comunista de Chile.

64. Jorge Sharp Fajardo, ex alcalde de Valparaíso, miembro de Transformar Chile.

Colombia


65. Wilson Arias, senador de la República.

66. Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico.

Congo, República Democrática del


67. Yvonne Ngoyi, feminista, presidenta de la Unión de Mujeres para la Dignidad Humana (UFDH).

Costa de Marfil


68. Solange Kone Sanogo, presidenta del Foro Nacional sobre Estrategias Económicas y Sociales (FNSES), Coordinación Nacional Marcha Mundial de las Mujeres.

Cuba


69. Rafael Acosta, escritor, académico e investigador.

70. Aurelio Alonso, subdirector de la revista Casa de las Américas.

71. Katiuska Blanco, escritora y periodista, RedEDH.

72. Olga Fernández Ríos, Instituto de Filosofía y vicepresidenta de la Academia de Ciencias de Cuba.

73. Norma Goicochea, presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, integrante de la Red en Defensa de la Humanidad (REDH).

74. Georgina Alfonso González, Dra., directora del Instituto de Filosofía.

75. Rafael Hernández, politólogo y profesor. Director, Revista Temas.

76. Marilín Peña Pérez, educadora popular, Centro Memorial Dr. Martin Luther King (CMLK).

77. Pedro Prada, periodista, investigador y diplomático.

78. Abel Prieto, escritor, ex ministro de Cultura, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, presidente de la Casa de las Américas.

79. Raul Suárez, Rev., pastor emérito de la iglesia Bautista Ebenezer, Fundador del Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.

80. Marlene Vázquez Pérez, directora del Centro de Estudios Martianos.

Dinamarca



81. Per Clausen, miembro del Parlamento Europeo, GUE/NGL, Alianza Roja-Verde.
82. Søren Søndergaard, miembro del Parlamento, Alianza Roja-Verde.

Ecuador

83. Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente en 2007-2008.

España


84. Fernanda Gadea, coordinadora de ATTAC España.

85. Estrella Galán, eurodiputada SUMAR, grupo The Left.

86. Manuel Garí Ramos, economista ecosocialista, miembro del Consejo Asesor de la revista Viento Sur.

87. Vicent Marzà i Ibáñez, diputado en el Parlamento Europeo por Compromís, País Valenciano.

88. Fátima Martín, periodista, editora del periódico online FemeninoRural.com, integrante del CADTM.

89. Irene Montero, secretaria política de PODEMOS, eurodiputada y ex Ministra de Igualdad.

90. Jaime Pastor, redactor de la revista Viento Sur.

91. Manu Pineda, ex diputado al Parlamento Europeo y responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Español.

92. Olga Rodríguez, periodista y escritora.

93. Teresa Rodríguez, co-portavoz de Adelante Andalucía. Profesora de secundaria y bachillerato.

94. Isabel Serra Sánchez, Diputada en el Parlamento Europeo de Podemos/The Left.
95. Miguel Urban, ex eurodiputado, miembro del consejo editorial de la revista Viento Sur.

96. Koldobi Velasco Vázquez, participante de Alternativa antimilitarista y del Movimiento Objetor de Conciencia/Acción Directa No Violenta. Docente universitaria de Trabajo Social, Canarias.

Estados Unidos


97. David Adler, Coordinador General Adjunto de la Internacional Progresista.

98. Anthony Arnove, editor. Revista Tempest y Haymarket Books.

99. Tithi Bhattacharya, profesora de Historia, Purdue University, coautora de Manifiesto de un feminismo para el 99%.

100. Robert Brenner, profesor emérito de historia y director del Center for Social Theory and Comparative History en la University of California, Los Angeles (UCLA).
101. Vivek Chibber, profesor de sociología en la New York University. Editor de Catalyst.

102. Olivia DiNucci, organizadora antimilitarismo y justicia climática con sede en Washington D.C. y escritora, afiliada a Code Pink, una organización feminista de base que trabaja para poner fin a las guerras y el militarismo estadounidense.

103. Dianne Feeley, trabajadora automotriz jubilada (UAW Local 235), miembro de Solidarity, Metro Detroit DSA y editora de la revista Against the Current.

104. Nancy Fraser, profesora emérita, New School for Social Research y miembro del Comité Editorial de New Left Review, coautora de Manifiesto de un feminismo para el 99%.

105. Michael Hudson, profesor de economía, emérito, UMKC, y autor de Super Imperialism.

106. Neal Meyer, miembro de DSA y editor para Socialist Call.

107. Christian Parenti, periodista de investigación, académico, autor y editor colaborador de The Nation.

108. Jana Silverman, Profesora de Relaciones Internacionales, Universidade Federal do ABC (UFABC) y copresidenta, Comité Internacional de los Socialistas Democráticos de América (DSA)

109. Bhaskar Sunkara, editor fundador de Jacobin, presidente de la revista The Nation.

110. Suzi Weissman, profesora de Ciencias Políticas en el Saint Mary’s College of California.

Filipinas


111. Walden Bello, copresidente del consejo de administración, Focus on the Global South.

112. Jen Cornelio, Presidenta de Inged Fintailan (Organización de Mujeres IP/ Mindanao).

113. Dorothy Guerrero, consultora, Alianza Womin africana; Copresidenta del consejo de administración de la Red Minera de Londres.

114. Reihana Mohideen, Internacional Office, Partido Lakas ng Masa-PLM (Partido de las Masas Trabajadoras).

115. Lidy Nacpil, Coordinadora del Movimiento Popular Asiático sobre Deuda y Desarrollo.
116. Reyna Joyce Villagomez, secretaria general del Movimiento de los Pobres Rurales.

Francia


117. Manon Aubry, copresidenta (LFI) del grupo de la Izquierda (The Left) en el Parlamento Europeo.

118. Ludivine Bantigny, historiadora.

119. Olivier Besancenot, NPA – l’Anticapitaliste.

120. Leila Chaibi, miembro del parlamento europeo, La France Insoumise, The Left.
121. Fabien Cohen, Secretario General de France Amérique Latine-FAL.

122. Hendrik Davi, diputado a la Asamblea Nacional del grupo ecologista y social y miembro de la APRES.

123. Penelope Duggan, miembra de la dirección de la Cuarta Internacional, redactora jefe de International Viewpoint.

124. Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022.

125. Angélique Grosmaire, secretaria general de la Federación Sud PTT.

126. Rima Hassan, miembro del parlamento europeo, LFI.

127. Michael Löwy, sociólogo, ecosocialista.

128. Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise.

129. Ugo Palheta, editor de la Revue ContreTemps, autor de «La nouvelle internationale fasciste».

130. Patricia Pol, universitaria, representante de Attac France en el Consejo internacional del Foro Social Mundial.

131. Raymonde Poncet Monge, senadora Les Écologistes.

132. Thomas Portes, diputado LFI a la Asamblea Nacional.

133. Christine Poupin, Portavoz del NPA – l’Anticapitaliste.

134. Denis Robert, fundador y director de la redacción de Blast, medio de información independiente.

135. Catherine Samary, investigadora en economía política, especialista de los Balcanes, miembro de la QI y de la ENSU (European Network in Solidarity with Ukraine).

136. Aurélie Trouvé, diputada a la Asamblea Nacional, La France Insoumise.

137. Cem Yoldas, Portavoz de la Jeune Garde Antifasciste.

138. Sophie Zafari, sindicalista FSU.

Galicia


139. Ana Miranda, miembro del Parlamento Europeo, Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Grecia


140. Zoe Konstantopoulou, abogada, jefa del Movimiento Político «Curso a la Libertad», miembro del Parlamento, ex presidenta del Parlamento griego, iniciadora-presidenta del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública.

141. Nadia Valavani, economista y autora, ministra alterna de finanzas en 2015 y exmiembro del Parlamento griego.

142. Yanis Varoufakis, líder de MeRA25, cofundador de DiEM25, profesor de economía – Universidad de Atenas.

Haití


143. Camille Chalmers, profesor de la Université d’Etat d’Haiti (UEH), director de la PAPDA, miembro del comité ejecutivo regional de la Assemblée des Peuples de la Caraïbe (APC), miembro del Comité nacional haïtien pour la restitution et les réparations (CNHRR).

India


144. Sushovan Dhar, revista Alternative Viewpoint, miembro del CI del Foro Social Mundial y de CADTM India.

145. Vijay Prashad, director, Instituto de Investigación Social Tricontinental.

146. Achin Vanaik, profesor jubilado de la Universidad de Delhi y miembro fundador de la Coalición para el Desarme Nuclear y la Paz (CNDP).

Indonesia


147. Rahmat Maulana Sidik, Director Ejecutivo, Indonesia for Global Justice (IGJ).

Irak


148. Noor Salem, periodista de radio.

Irlanda


149. Paul Murphy, miembro del Parlamento.

Italia


150. Eliana Como, miembra de la Assemblea Nazionale del sindicato CGIL.

151. Nadia De Mond, activista e investigadora feminista, Centro de Estudios para la Autogestión.

152. Domenico Lucano, alcalde de Riace en Calabria, miembro del Parlamento Europeo (grupo de izquierda The Left), perseguido por su política humanista de acogida de migrantes y refugiados por el sistema judicial italiano y el ministro del Interior de extrema derecha, el Sr. Salvini, injustamente condenado a 13 años de prisión antes de ganar su apelación tras una larga batalla legal y gracias a la solidaridad.

153. Cristina Quintavalla, profesora de filosofía, militante decolonial, contra las privatizaciones y la deuda pública.

154. Ilaria Salis, activista antifascista, injustamente encarcelada en Budapest hasta su elección en junio de 2024, miembro del Parlamento Europeo (The Left).

Kenia


155. Ikal Angelei, Dra., activista académica por los derechos indígenas.

156. David Otieno, Coordinador General, Liga de Campesinos de Kenia y Presidente Convocante del Grupo de Referencia de la Sociedad Civil, miembro de La Vía Campesina.

La Reunión/Francia


157. Françoise Vergès, autora, militante feminista decolonial.

Líbano


158. Sara Salloum, cofundadora y presidenta de AgriMovement en Líbano.

Luxemburgo


159. Justin Turpel, ex diputado de ’déi Lénk – la Gauche’ en la Cámara de Diputados.

160. David Wagner, miembro de déi Lénk de la Cámara de Diputados.

Madagascar


161. Zo Randriamaro, presidenta del Movimiento de los Pueblos del Océano Índico.

Malasia

162. Jeyakumar Devaraj, presidente del Partido Socialista de Malasia.

Malí


163. Massa Kone, del comité organizador del Foro Social Mundial 2026 en Benín.

Marruecos


164. Fatima Zahra El Belghiti, miembro de Attac CADTM Marruecos.

Martinica/Francia


165. Mireille Fanon-Mendes-France, copresidenta de la Fundación Frantz Fanon internacional.

166. Fondación Frantz Fanon, https://fondation-frantzfanon.com/

México


167. Armando Bartra, escritor, sociólogo, filósofo y analista político.

168. Verónica Carrillo Ortega, integrante de la Promotora Nacional para la Suspensión de la Deuda Pública en México, CADTM AYNA.

169. Ana Esther Ceceña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y de la Agencia Latinoamericana de Información. Universidad Nacional Autónoma de México.

170. Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

171. Diana Fuentes, filósofa y analista política, profesora-investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana.

172. María Auxilio Heredia Anaya, sindicalista y feminista, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

173. Sara Lovera Lopez, periodista/feminista.

174. Ana López Rodríguez, una fundadora del PRT y dirigente campesina Sonora, integrante del MSP.

175. Pablo Moctezuma Barragán, politólogo, historiador y urbanista; investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, vocero del Congreso por la Soberanía.
176. Massimo Modonesi, historiador, sociólogo y politólogo, profesor Ordinario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

177. Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

178. Magdalena Núñez Monreal, Diputada Federal en el Congreso de México.

179. César Enrique Pineda, sociólogo y activista, docente en la Facultad de Políticas Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

180. Mónica Soto Elízaga, feminista y cofundadora de la Promotora por la suspensión del pago de la deuda pública (México), CADTM AYNA.

181. Paco Ignacio Taibo II, escritor y director del Fondo de Cultura Económica.

182. Carolina Verduzco Ríos, antropóloga, profesora en el Instituto Politécnico Nacional, integrante del Comité 68.

Nigeria


183. Emem Okon, fundadora y directora del Centro de Desarrollo y Recursos de Mujeres de Kebetkache.

País Vasco


184. Garbiñe Aranburu Irazusta, Coordinadora General del Sindicato LAB.

185. Igor Arroyo Leatxe, Coordinadora General del Sindicato LAB.

186. Josu Chueca, ex profesor de la EHU. Activista de la memoria histórica.

187. Irati Jiménez, parlamentaria en Navarra, EH Bildu.

188. Mitxel Lakuntza Vicario, secretario general del Sindicato ELA Sindikatua.

189. Oskar Matute, diputado en el Congreso del estado español, EH Bildu.

190. Luisa Menendez Aguirre, activista antirracista y feminista, Bilbao.

191. Amaia Muñoa Capron-Manieux, secretaria general adjunta del Sindicato ELA Sindikatua.

192. Anabel Sanz Del Pozo, activista feminista, Bilbao.

193. Igor Zulaika, parlamentario en la CAPV, EH Bildu.

Pakistán


194. Sheema Kermani, Artista escénica, defensora de los derechos humanos.

Palestina/Francia


195. Salah Hamouri, abogado franco-palestino, ex detenido político durante 10 años en las prisiones israelíes, deportado a Francia en 2022.

Perú


196. Evelyn Capchi Sotelo, secretaria de Organización Nacional del NUEVO PERÚ POR EL BUEN VIVIR.

197. Jorge Escalante Echeandia, responsable político de la corriente SÚMATE, dirigente nacional de la organización NUEVO PERÚ POR EL BUEN VIVIR.

198. Yolanda Lara Cortez, Dirigente feminista y socio ambiental de la provincia del Santa Ancash.

199. Flavio Olortegui, Dirigente de la Federación Nacional de trabajadores textiles del Perú.

Portugal


200. Mamadou Ba, investigador, dirigente de SOS Racismo Portugal.

201. Jorge Costa, periodista, miembro de la dirección nacional del Bloco de Esquerda.

202. Mariana Mortágua, economista, Bloco de Esquerda.

203. José Manuel Pureza, coordinador del Bloco de Esquerda.

204. Alda Sousa, ex diputada europea del Bloco de Esquerda.

Puerto Rico


205. Manuel Rodríguez Banchs, portavoz del Instituto Internacional de Investigación y Formación Obrera y Sindical. iNFOS.

206. Rafael Bernabé, autor y profesor universitario; ex miembro del Senado de Puerto Rico por el Movimiento Victoria Ciudadana.

Reino Unido


207. Gilbert Achcar, profesor emérito, SOAS, University of London.

208. Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento, cofundador de Your Party.

209. Michael Roberts, economista y autor.

210. Zarah Sultana, miembro del Parlamento, cofundadora de Your Party.

Senegal


211. Aly Sagne, fundador y director de Lumière Synergies pour le Développement.

Sri Lanka

212. Swasthika Arulingam, Presidenta de la Federación Unida del Trabajo.

213. Kalpa Rajapaksha, Dr., profesor titular, Departamento de Economía, Universidad de Peradeniya.

214. Amali Wedagedara, Centro Bandaranaike de Estudios Internacionales.

Sudáfrica


215. Mercia Andrews, coordinadora de la Asamblea de Mujeres Rurales del África Austral, miembro fundadora de la campaña de solidaridad palestina y miembro activo de BDS Sudáfrica.

216. Patrick Bond, Profesor Distinguido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Johannesburgo, donde dirige el Centro para el Cambio Social.

217. Samantha Hargreaves, fundadora y directora de WoMin.

218. Trevor Ngwane, presidente, United Front, Johannesburgo.

Suiza

219. Sébastien Bertrand, Enseignant.e.s pour le climat, Syndicat des Services Publics y miembro de solidaritéS Ginebra.

220. Hadrien Buclin, diputada Ensemble à Gauche en el Parlamento del Cantón de Vaud.

221. Marianne Ebel, Marcha Mundial de las Mujeres y de solidaritéS Neuchâtel.

222. Jocelyne Haller, solidaritéS, ex diputada cantonal de Ginebra.

223. Gabriella Lima, miembro del CADTM Suiza y de la plataforma Ensemble à Gauche.

224. Mathilde Marendaz, diputada Ensemble à Gauche en el Parlamento del Cantón de Vaud.

225. Aude Martenot, investigadora y coordinadora asociativa.

226. Mathieu Menghini, historiador de la acción cultural.

227. Françoise Nyffler, Colectivo Huelga feminista Suiza.

228. Stefanie Prezioso, ex diputada, Parlamento suizo.

229. Juan Tortosa, portavoz del CADTM-Suiza y miembro de SolidaritéS Suiza.

230. María Wuillemin, militante ecofeminista, miembro del Colectivo Jaguar.

231. Jean Ziegler, escritor, ex parlamentario, antiguo Relator Especial de la ONU para el derecho a la alimentación.

Siria


232. Joseph Daher, académico y especialista en economía política de Oriente Medio (residente en Suiza).

233. Munif Mulhen, activista político de izquierda. Ex prisionero político durante 16 años durante el régimen de Hafez al-Assad (1970-2000).

Túnez


234. Imen Louati, militante tunecina, una de las miembros fundadoras de la red de soberanía alimentaria árabe (Siyada).

235. Layla Riahi, miembro de la red Siyada pour la souveraineté alimentaire.

Venezuela


236. Luis Bonilla-Molina, director de Otras Voces en Educación.

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Estuvimos escuchando grupos de R&R de la peninsula, algunos viejos conocidos, otros no tanto y alguna grata sorpresa.

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Fotografía: Torre Trump en New York

Por Martín Cuneo. Publicado en El Salto diario

Con el secuestro de Maduro, la amenaza de nuevos ataques y un bloqueo naval que solo permite salir de Venezuela el crudo controlado por EEUU, la nueva Venezuela se construye con la participación de grandes empresas españolas.

Pocos días después del 3E, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmaba que los líderes internacionales debían tomarse “más en serio” a Donald Trump, no de forma literal —parecía decir entre líneas en su declaración en La Casa Blanca—, pero sí sobre su determinación de conseguir sus objetivos, aunque estos no sean los declarados. 

El 19 de enero, el Gobierno de Delcy Rodríguez confirmaba que había recibido de EEUU los primeros dólares —300 millones sobre un total de 500— por la venta de 50 millones de barriles de crudo. Un ingreso considerable que alivia a corto plazo las cuentas de un Estado venezolano arruinado por las sanciones, el embargo y la falta de divisas, pero que ha sido decidido de forma unilateral por el Gobierno de Trump con la ventaja negociadora que le confiere la armada desplegada en el mar Caribe.

Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar rodeada de polémica. Para Juan Hernández Zubizarreta, analista del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se trata de un ejemplo más de la “paralegalidad” en la que está operando el Gobierno de Trump. 

Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar. En Venezuela, cinco bancos, entre ellos la filial del BBVA, gestionarán la parte que corresponde al país caribeño según criterio de Washington

Esta compleja estructura financiera, explica, persigue neutralizar las demandas de los acreedores internacionales —China sobre todo— que piden la devolución de cerca de 170.000 millones de euros o su equivalente en petróleo. Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, criticó esta triangulación y sus potenciales peligros: “No existe fundamento legal para que un presidente abra una cuenta en el extranjero bajo su control para vender activos confiscados por el ejército estadounidense. Esa es precisamente una medida que atraería a un político corrupto”.

Los recursos de la venta del petróleo venezolano serán gestionados en Venezuela por cinco de los mayores bancos del país. Entre las entidades seleccionadas para recibir el dinero se encuentra Provincial, la filial venezolana del banco español BBVA. Estos bancos venderán dólares a empresas y particulares para que dispongan de divisas para comprar insumos y materias primas en el extranjero así como para mantener a raya la inflación, introduciendo la moneda estadounidense en el mercado. Como último paso de esta triangulación, el Banco Central de Venezuela recibirá los bolívares derivados de esas ventas. “Con estabilidad, Venezuela es una gran oportunidad”, declaró desde Davos Carlos Torres, presidente de BBVA a Expansión.

Poco parece importar si 500 millones de dólares es una cifra justa por la venta de 50 millones de barriles, a diez dólares la unidad, cuando el barril venezolano cuesta cerca de 60 en los mercados internacionales. Los términos del “acuerdo” están claramente definidos por el Departamento de Energía de EEUU: los beneficios de la venta del petróleo venezolano se repartirá entre ambos países “a discreción del Gobierno estadounidense”.

Un banco español participará en el complejo laberinto financiero diseñado por la Administración Trump para controlar los recursos petroleros del país, pero la multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol. 

Negocios en la “paralegalidad”

En la reunión que mantuvo Trump con las petroleras el pasado 9 de enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se comprometió a invertir “con fuerza” en el país y triplicar la producción de petróleo en los próximos tres años. El expresidente del PNV agradeció a Trump “abrir la puerta a una Venezuela mejor” y llegó a referirse en su discurso al Golfo de México como “Golfo de América”, la nomenclatura decretada por Trump a las pocas semanas de entrar en el Despacho Oval. 

El entusiasmo de Imaz no fue compartido por el resto de empresas presentes en la reunión, especialmente por ExxonMobil, la mayor petrolera de EEUU, para la que no existían suficientes garantías que protejan sus posibles inversiones.

Para despejar estas dudas, el 23 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde en primera lectura y con tramitación acelerada una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en los mejores momentos de Hugo Chávez como presidente. La presidenta encargada destacó la “necesidad imperativa” de que la legislación “se adapte a los nuevos tiempos”, especialmente para que los “capitales fluyan” hacia los recursos petroleros “a través de modelos de negocios exitosos”.

La multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol, quien se compromete a triplicar su producción de petróleo bajo las nuevas reglas decididas por Trump

La principal apuesta de la reforma, que la oposición de derechas apoya en el fondo aunque no en las formas, es la normalización y extensión del modelo Chevron, que permitió de forma excepcional operar a la petrolera estadounidense en una empresa mixta en la que el Gobierno cuenta con mayoría accionarial, pero es el socio privado quien tiene el control operativo, técnico y financiero.

Según explicó Orlando Camacho, diputado responsable de presentar la reforma, la nueva ley incluye una mayor “flexibilidad en las regalías”, una modificación que daría margen al Gobierno para disminuir las ganancias que se quedan en el país en determinados casos. La reforma aprobada también contempla un “aumento en las garantías jurídicas” para el sector privado con la introducción de la posibilidad, hasta ahora vetada, de que los choques entre empresas y el Estado venezolano se diriman a través de “mecanismos independientes” de resolución de conflictos. 

Aunque en 2012 el expresidente Chávez retiró a Venezuela del CIADI —organismo del Banco Mundial para resolver conflictos entre empresas y Estados en beneficio casi siempre de las empresas—, el país todavía se enfrenta a decenas de pleitos con inversores. Las compañías que buscan indemnizaciones por parte del Estado venezolano se han encontrado hasta ahora con todo tipo de obstáculos: de 15 laudos condenatorios solo uno ha sido efectivamente pagado. Según el medio especializado en el sector Petroguía, la aprobación de esta reforma supondrá la reducción de las regalías y la vuelta de Venezuela al CIADI.

Negocios a punta de pistola

Ante la pregunta de si hacer negocios bajo un esquema de extorsión, amenaza y de violencia viola el derecho internacional, Repsol ha preferido no hacer comentarios a este medio. Para Hernández Zubizarreta, especialista en impunidad corporativa, la respuesta es clara: si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”.

El marco coercitivo en el que se produce la venta de petróleo venezolano en el nuevo orden en el Caribe quedó nuevamente a la vista después de que el 20 de enero EEUU interceptara el séptimo buque petrolero de Venezuela cerca de las costas de este país. El Comando Sur del Ejército de EEUU afirmó que la detención de este barco “que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump” demuestra la “determinación” de las fuerzas armadas de EEUU de que “el único petrolero que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal”.

La “paralegalidad” también se define con palabras: el 21 de enero, El País sostenía que el cerco militar de EEUU sobre el país latinoamericano tenía como objetivo evitar el “contrabando de crudo”. En la nueva legalidad inventada por EEUU solo el petróleo controlado por Washington es legal.

Si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”, dice Juan Hernández Zubizarreta, de OMAL

La ocupación y el genocidio en Palestina han servido de recordatorio y han sido varios los altos cargos de Naciones Unidas quienes han recordado que las empresas que hacen negocios aprovechándose de violaciones de derechos humanos y vulneraciones de la legalidad internacional se exponen a posibles sanciones e incluso a futuros litigios. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo inició en septiembre una investigación de las empresas españolas que estaban ofreciendo servicios en los territorios ocupados palestinos. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a señalar a las multinacionales españolas que se beneficiarán directamente de una intervención militar en Venezuela que sí ha condenado. Tras la polémicas declaraciones de Imaz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera Repsol en Venezuela son “absolutamente legítimos”.  

¿Repsol conseguirá salirse con la suya?

Los Estados y las instituciones internacionales cuentan con herramientas para juzgar o sancionar a las empresas que se benefician de violaciones de los derechos humanos o de vulneraciones del derecho internacional, señala este investigador.

Aún así, la impunidad de las multinacionales es casi absoluta, contrapone, y en este caso lo será todavía más porque es poco probable que el Gobierno español, la Unión Europea o incluso Venezuela emitan algún tipo de denuncia o demanda: “Repsol puede argumentar que tiene la aceptación del Gobierno de Venezuela”. Pero la falta de reproches no “convalida una participación en negocios fundamentados en crímenes internacionales”, agrega. Aunque por la parte jurídica habría resquicios para juzgar o sancionar a Repsol, los aspectos políticos complican la ecuación, porque “Venezuela parece que acepta el marco de estos negocios, de este control por parte de EEUU” sobre los recursos naturales del país.

En el caso del Estado español, para juzgar a Repsol habría que aprobar antes una ley de responsabilidad extraterritorial de empresas transnacionales por la que decenas de entidades llevan años trabajando. “Si esa ley estuviera aprobada, Repsol tendría que rendir cuenta ante un tribunal español”, dice. Otra opción sería reformar la ley de jurisdicción universal para incorporar el crimen económico internacional y “permitir que se responsabilice a la empresa y a sus directivos por prácticas en crímenes internacionales extraterritoriales”.

Tras la polémica por las palabras del CEO de Repsol, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera la petrolera en Venezuela son “absolutamente legítimos”

Si el Gobierno español quisiera sancionar la complicidad de Repsol con el plan de Trump tendría herramientas para hacerlo: podría aplicar criterios éticos a la contratación pública, pero también revisar todos los apoyos institucionales desde el punto de vista político, económico, diplomático, de inversión, de seguros, que necesita una empresa como esta, añade el analista de OMAL.

Otras instancias, como el Tribunal Internacional de Protección de Derechos, ahora en discusión en la ONU, permitirían que las multinacionales puedan ser juzgadas si se lucran gracias a violaciones de los derechos humanos y de situaciones que no cumplen con la legalidad internacional. Pero el Tratado Internacional para Control de Empresas Transnacionales está lejos de ser una realidad. Ayudaría mucho que el Estado español y la UE tengan una “actitud favorable” hacia este asunto, precisa, algo que por ahora no ha sucedido. 

Y si el Gobierno no ha hecho nada para que este tratado se apruebe, subraya este investigador, es porque considera a estas empresas como “esenciales para el desarrollo de un modelo económico neocolonial” en el que se apoya. El Ejecutivo de Sánchez está más dispuesto a promover “armaduras jurídicas y políticas” que protejan los derechos de las multinacionales, enuncia, que a promover leyes o instituciones que los limiten. 

Tampoco ayudan las conexiones que tienen dos de los aliados de investidura del Partido Socialista, PNV y Junts, con muchas de estas grandes empresas, con las que mantienen siempre engrasadas lucrativas puertas giratorias. Para la mayoría de la izquierda parlamentaria, añade este investigador, la idea de la extraterritorialidad —juzgar a las empresas españolas por lo que hace fuera de España— tampoco ha sido un “tema central en sus agendas”. 

Sin voluntad política por parte del Gobierno y sin voluntad de confrontación por parte de los aliados del PSOE, Hernández Zubizarreta augura que “los negocios de Repsol en Venezuela seguirán manteniéndose y multiplicando la acumulación de beneficios” gracias al nuevo esquema de negocio a punta de pistola.

Aire y dinero para Repsol

La intervención de Trump y el nuevo esquema forzado de hacer negocios en el país ha llegado en el mejor momento para la empresa española. La prensa económica no ha tardado en señalar a la compañía presidida por Antonio Brufau como una de las más beneficiadas por el ataque de EEUU. El propio Trump sostuvo desde el principio que las empresas que más rápido sacarían rédito de la nueva situación serían las que ya están asentadas en el país, entre ellas Repsol, la italiana Eni o Chevron.

Desde 1993, la multinacional española ha expandido su negocio en Venezuela, especialmente gracias al gas del campo Perla, situado en el Golfo de Venezuela, uno de los mayores yacimientos de gas de América Latina. En 2016, cuando comenzaban los problemas para Caracas, Repsol prestó a Venezuela nada menos que 1.200 millones de euros, un dinero que con el default de 2017 el país no pudo devolver. En 2022, comenzó a pagar la deuda en especie, es decir, con barriles de petróleo para sus refinerías, especialmente pensadas para el tipo de petróleo venezolano. 

Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela

Gracias a la flexibilización de las sanciones contra Venezuela durante el Gobierno de Joe Biden, Repsol pudo vender petróleo a Estados Unidos y gas venezolano a otros países. En esos años, la compañía entró con un 40% en los campos petrolíferos de La Ceiba y Tomoporro en una operación valorada en casi 1.600 millones de euros que permitiría a la española duplicar su producción de crudo. Todos estos planes se frustraron con la llegada de Trump y la retirada de las licencias para operar en Venezuela para varias multinacionales, Repsol entre ellas, en marzo de 2025. 

Después del 3 de enero, Repsol se frota las manos con una más que posible restauración de las licencias, algo que ya ha solicitado formalmente. Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela. El Gobierno español ya le ha dado su bendición.

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Disfrutamos de una maravillosa horica en compañia de Fernando Bastos, Pepe Alvarez y Roberto Artigas (Vinos Chueca) hablando sobre el grupo, los universos paralelos, otras distopias e interpretandonos algunos de sus temas para poneros los dientes largos de cara a su concierto del 27 de Febrero en el Corazón verde.

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Por Jordi Arcarons, Daniel Raventós & Lluís Torrens. Publicado originalmente para sinpermiso.

La economía política republicano democrática no supone por sí misma una serie de propuestas y medidas económicas definidas y concretas. Más bien establece criterios, indicaciones, máximos y mínimos. No más, pero tampoco menos. Aristóteles, Ibn Jaldún, Thomas Mun, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Karl Polanyi, Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgo, Ernest Mandel, entre muchos otros, hacían economía política. Tenían mucho en común, tenían muchas diferencias también, pero todos eran economistas políticos.

Economía política republicano democrática. Hay mucho contenido en tan pocas palabras. Empecemos por la economía política. Después nos detendremos en la republicano democrática.

La economía política

La economía política estudia y analiza la economía como fenómeno social enlazado con estructuras de poder, por lo tanto, con las relaciones sociales, las clases, las desigualdades sociales, el Estado, entre otras. Así, la producción, el consumo y la distribución afectan de forma diferente según la clase a la que se pertenezca. Utiliza el análisis histórico si bien no desdeña el apoyo de cualquier instrumento técnico proveniente de cualquier conocimiento como las matemáticas, la estadística, la econometría, cuando pueda ser útil. El Estado forma parte indispensable de sus análisis puesto que este regula los mercados con lo que de forma derivada redistribuye la riqueza en favor de unas clases y en detrimento de otras. La economía política, según lo dicho, es una forma de entender cómo funciona el mundo social y económico. Una tal manera de analizar el mundo no resultaba cómoda para quien consideraba que el mundo social y económico estaba bien tal como estaba. La teoría del valor trabajo de Smith-Ricardo-Marx, por señalado ejemplo, tocaba demasiados puntos sensibles. Especialmente, la del teórico alemán cuya concepción de la explotación no se debía a las cualidades morales de las personas, aunque algunos particulares sicópatas pudieran añadir más leña al fuego, sino a las reglas del juego, a las relaciones de la forma de producir capitalista. Es decir, a la forma de organización social que nuestra especie se ha dotado en esta particular e histórica manera de producir. Que la teoría del valor trabajo en la versión de Marx fuera la base de la explotación capitalista puesto que la mercancía especial “fuerza de trabajo” produce más valor del que cuesta, y la diferencia entre el valor creado por el obrero y el salario pagado, la plusvalía, es la base de la explotación capitalista, resultaba duro, muy duro de digerir para defensores y teóricos de la realidad social como la mejor posible.

Así que la economía política fue combatida duramente, especialmente a finales del siglo XIX por lo que con mayor o menor fortuna se llamó la revolución marginalista. El marginalismo sentó las bases de la teoría económica neoclásica. Los supuestos neoclásicos son muy distintos, opuestos por decirlo más claramente, a los de la economía política. La teoría neoclásica[1], en claro contraste, está interesada en el comportamiento individual de las personas (“agentes”, en el argot) y las empresas que toman sus decisiones de manera que maximicen su utilidad o más llanamente sus beneficios, o su bienestar en el caso de las personas. Los mercados son analizados en términos de oferta, demanda y equilibrio. Utiliza modelos matemáticos de forma preferente. Considera que los mercados libres son eficientes y que el Estado no debe intervenir salvo para los anómalos fallos del mercado. La teoría neoclásica supone que los individuos actuamos sistemáticamente de forma egoísta[2], lo que matemáticamente se puede representar como funciones de utilidad (de dos personas A y B) indiferentes e independientes entre sí que es como decir de forma más llana: si a B le va bien a A le da igual, si a B le va mal a A le da igual. Más resumidamente: La utilidad de A no depende de la de B.

La teoría del valor trabajo fue combatida por la escuela marginalista-neoclásica. El valor no está en las cosas, sino en la mente de los individuos, así que depende de la utilidad marginal[3] que un bien aporta a la persona. Nada de relaciones sociales, nada de explotación, nada del mundo real. Lo expresó de forma inmejorable y de forma digamos sarcástica el economista keynesiano Abba Lerner en 1972 (The Economics and Politics of Consumer Sovereignty): “Una transacción económica es un problema político resuelto… La economía ha ganado el título de Reina de las Ciencias Sociales eligiendo como su dominio problemas políticos ya resueltos.” ¿Derechos de propiedad?, ¿Relaciones de dominación?, ¿Explotación? Nada de eso, han desaparecido, no hay política ni relaciones sociales conflictivas: el campo de la teoría económica los elimina para que puedan estudiarse las transacciones pertinentes. La teoría neoclásica convierte relaciones sociales en relaciones técnicas: el salario deja de ser una relación social y pasa a ser “producto marginal del trabajo”, la ganancia deja de ser plusvalía y pasa a ser “productividad del capital”, la explotación desaparece del análisis, las instituciones y las clases desaparecen del modelo.

Hasta aquí la economía política, nos queda explicar la variante republicana. Y dentro de la republicana, la republicano democrática[4] que es la que nos interesa[5].

La economía política republicano democrática

¿Qué aporta de específico a la economía política el republicanismo democrático? Brevemente: El republicanismo democrático aporta a la economía política una teoría de la libertad que permite analizar los mercados[6], la propiedad y el trabajo asalariado como relaciones de poder y de dominación. La economía política republicano-democrática no amplía tanto el campo de problemas como el campo de justificación y evaluación. Su contribución no es descubrir que la economía es política, que en sí ya es objeto de la economía política, sino decir qué tipo de política económica es compatible con una república de ciudadanos libres e iguales.

¿Qué criterios defiende una economía política republicana democrática? Entre otros: luchar contra la concentración de poder económico, universalizar la libertad no dominada, garantizar la capacidad colectiva de autogobierno económico, fundamentar el papel activo del Estado (esto es la neutralidad republicana del Estado: intervención activa para asegurar que los más fuertes no impongan sus condiciones), garantizar la existencia material de toda la población (con propuestas como la renta básica incondicional y universal), impedir las grandes fortunas que posibilitan que el dominium se transforme en imperium[7] (con propuestas como la renta máxima y la riqueza máxima),  rechazo de estructuras económicas y legales internacionales que limiten deliberadamente la autonomía de las naciones para su beneficio.

Nos frenamos. Vamos a desarrollar este último punto. Un reciente artículo de María Julia Bertomeu (“Economía política republicana y deuda soberana”) nos lo sugirió. Dentro del rechazo republicano democrático a las estructuras económicas y legales internacionales que limitan arbitrariamente la autonomía de las naciones pueden apuntarse varios tipos: la negación del derecho de autodeterminación de algunas naciones, algunos tratados comerciales, el dominio de determinadas estructuras internacionales como el FMI y los tratados de deuda, entre otras. La arquitectura financiera internacional actual replica a escala planetaria las mismas relaciones de dominación que observamos en el mercado laboral interno de nuestras sociedades, pero con mecanismos específicamente propios. Así como un trabajador sin patrimonio ni renta propia carece del poder de negarse a condiciones laborales abusivas —quedando sometido a la voluntad arbitraria del empleador—, un Estado dominado económico y financieramente por organismos y Estados poderosos, carece del poder de rechazar condiciones financieras leoninas, quedando sometido a la voluntad de sus acreedores y de las instituciones que gestionan el sistema de deuda global. En ambos casos, la ausencia de una base material de independencia transforma una relación que debería ser entre iguales en una relación de dominación.

La deuda soberana funciona hoy como el salario de subsistencia operaba en el capitalismo del siglo XIX: como mecanismo de disciplinamiento. Los países del Sur Global no tienen “existencia material garantizada”, para seguir utilizando el paralelismo, y deben vender soberanía política a cambio de crédito para subsistir. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no actúan como prestadores neutrales, sino como gestores de una estructura neocolonial que impone condiciones —austeridad fiscal, privatizaciones, desregulación laboral— que garantizan la continuidad del flujo extractivo de recursos del Sur hacia el Norte. Esta extracción no es meramente financiera puesto que opera en múltiples dimensiones.

Recursos naturales, en primer lugar. El Sur Global transfiere al Norte materias primas infravaloradas cuyos precios no incorporan las externalidades ecológicas reales. Cuando Europa importa coltán del Congo o litio de Bolivia, está apropiándose no solo de minerales, sino de ecosistemas destruidos, comunidades desplazadas y territorios contaminados cuyo coste ambiental y social jamás se refleja en el precio de mercado. Esta apropiación desigual del patrimonio natural común genera una deuda ecológica que el Norte ha contraído con el Sur.

En segundo lugar, conocimiento y tecnología. La riqueza acumulada del Norte no es fruto únicamente del ingenio local, sino de siglos de acumulación originaria basada en el expolio colonial y la interconexión global forzada. El conocimiento científico y tecnológico es un producto social de la humanidad entera, desde el control del fuego, de los primeros instrumentos de sílex, la rueda o la agricultura. Sin embargo, este patrimonio común se encuentra blindado tras regímenes de propiedad intelectual (como los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, TRIPS es el acrónimo en inglés, o las variantes de semillas manipuladas genéticamente) que permiten al Norte cobrar rentas monopolísticas por acceder a innovaciones que se construyeron sobre una base común[8]. Mientras se exige puntualmente el pago del servicio de la deuda soberana, se niega sistemáticamente el pago por el uso privatizado del conocimiento acumulado colectivamente. Como ha expuesto el economista surcoreano Ha-Joon Chang: “Desde finales del siglo XIX, con la producción a gran escala, las tecnologías complejas y los mercados globales, el éxito empresarial es el resultado de un esfuerzo colectivo más que individual, en el que participan no solo los líderes empresariales, sino también los trabajadores, ingenieros, científicos, administradores, responsables de las políticas públicas y hasta los propios consumidores”. Este esfuerzo colectivo hoy se convierte en beneficio privado porque la ley lo permite así. No es una ley natural, es una ley impuesta por sus beneficiarios.

En tercer lugar, la dimensión del trabajo y los cuidados. La “fuga de cerebros” —profesionales sanitarios, ingenieros, científicos formados en el Sur con recursos públicos locales y explotados en el Norte— representa una transferencia masiva de capital humano no compensada. Pero más grave aún es la cadena global de cuidados: mujeres del Sur que migran para sostener la reproducción social del Norte —cuidando niños, ancianos y enfermos de familias europeas o norteamericanas— mientras sus propias familias quedan descuidadas. Esta es una transferencia de valor incalculable que el Norte recibe gratuitamente, sosteniendo su modelo social sobre la sobreexplotación del trabajo reproductivo racializado y feminizado.

En cuarto lugar, los costes del cambio climático que pueden sufrir más algunos países del Sur Global habiendo “contribuido” a ello mucho menos que el Norte.

El Sur Global no es pobre: es un productor neto de riqueza para el Norte. La pobreza del Sur y la riqueza del Norte no son realidades paralelas, sino las dos caras de un mismo proceso de transferencia estructural de valor[9].

La Renta Básica Soberana

Nuestra propuesta de una Renta Básica Soberana (RBS), por llamarla de alguna forma y sin pretensiones de originalidad nominal, que la definimos como una transferencia incondicional entre Estados, del Norte hacia el Sur. En ningún caso debe entenderse como “ayuda al desarrollo”, ni como caridad internacional, sino como un mecanismo de justicia redistributiva global fundamentado en principios normativos de economía política republicana.

El republicano Thomas Paine argumentó en el siglo XVIII que la tierra es herencia común de la humanidad, y que quienes se apropian privadamente de ella deben compensar al resto mediante un dividendo universal. Este principio, trasladado a escala global, adquiere una dimensión adicional: ningún país “creó” el petróleo, el coltán, el litio o la capacidad de absorción de CO₂ de la atmósfera. Son patrimonio común de la humanidad. El Norte Global se ha apropiado desproporcionadamente de estos recursos finitos y de la capacidad de sumidero atmosférico del planeta. El 16 % más rico de la población mundial es responsable de más del 60 % de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, mientras que los países más vulnerables al cambio climático son precisamente aquellos que menos han contribuido a causarlo. Esta apropiación desigual genera una deuda ecológica que debe saldarse. La RBS operaría como el dividendo de este patrimonio común apropiado desigualmente.

Si aceptamos que el conocimiento científico[10] y tecnológico es producto de la acumulación social de la humanidad entera —construido sobre milenios de innovación colectiva, intercambio cultural y experimentación común—, su privatización mediante patentes y su uso como instrumento de extracción de rentas constituye una injusticia patente y un instrumento adicional de dominación. Las empresas farmacéuticas del Norte cobran precios prohibitivos por medicamentos esenciales a países del Sur, mientras simultáneamente estos países deben pagar puntualmente el servicio de su deuda externa. Esta doble injusticia —privatizar el conocimiento común y exigir el pago de deudas muchas veces ilegítimas u odiosas— revela la asimetría brutal del sistema actual. La RBS actuaría como mecanismo de compensación por el uso privatizado de este conocimiento acumulado colectivamente.

Existe además una dimensión de justicia reparadora. El desarrollo capitalista del Norte se construyó sobre siglos de colonialismo, esclavitud, extracción de recursos y destrucción de sistemas económicos locales en África, Asia y América Latina. Las reparaciones por el colonialismo no son una demanda radical: son un reconocimiento elemental de que la riqueza actual del Norte tiene su origen parcial en el expolio sistemático del Sur. La RBS, desde esta perspectiva, no sería una transferencia generosa sino el pago de una deuda histórica pendiente.

La propuesta de la Renta Básica Europea, un antecedente

Ya exploramos anteriormente un paso intermedio en esta dirección al modelizar la viabilidad de una Renta Básica Europea. En aquellos trabajos demostramos que es financieramente posible garantizar la existencia material de la ciudadanía a escala continental mediante reformas fiscales redistributivas dentro de un espacio político y económico integrado.

El modelo europeo mostró que una RB puede financiarse mediante:

* Reformas del IRPF con tarifas únicas o progresivas que graven especialmente las rentas altas.

* Impuestos sobre la riqueza y las herencias.

* Impuestos sobre transacciones financieras y ganancias especulativas.

* Impuestos sobre emisiones de gases de efecto invernadero.

* Eliminación de deducciones y exenciones fiscales regresivas.

El resultado fue una propuesta que reduce drásticamente la pobreza y la desigualdad (el índice de Gini en el Reino de España pasaría de 0,36 a 0,25) sin requerir un aumento insostenible de la presión fiscal agregada, sino una redistribución radical de la carga fiscal de las rentas del trabajo hacia las rentas del capital y la riqueza acumulada.

Ahora, el desafío es llevar esta lógica a escala global, donde no existe un fisco unificado ni un espacio político común, pero sí existe —con toda claridad— una obligación de justicia reparadora y distributiva.

Una propuesta de Renta Básica Soberana (4%)

La RBS no debe diseñarse simplemente para equilibrar balances macroeconómicos ni para “tapar agujeros” presupuestarios. Debe cumplir el objetivo fundamental que justifica cualquier Renta Básica: garantizar incondicionalmente la existencia material de la población, que puede equipararse para lo que aquí nos interesa con la cobertura de las necesidades básicas —alimentación, agua, vivienda, energía— de toda la población, liberando a la ciudadanía de la necesidad de emigrar por pura supervivencia económica o de someterse a relaciones de dominación para acceder a lo esencial.

Si analizamos los flujos financieros que actualmente sostienen a los países de ingreso bajo y medio (LMIC, por sus siglas en inglés), observamos una “arquitectura de la precariedad” que descansa sobre tres pilares profundamente injustos:

1. Remesas de migrantes (1,8% del PIB de los LMIC). La principal fuente de divisas no son inversiones productivas ni comercio justo, sino transferencias de trabajadores migrantes que envían parte de sus salarios —generalmente magros y obtenidos en condiciones de precariedad— a sus familias en origen. No es una transferencia del Norte al Sur, sino una transferencia intra-clase: son los pobres del Norte (migrantes) sosteniendo a los pobres del Sur (sus familias). El coste humano es devastador: familias fragmentadas, migrantes sobreexplotados, niños criados sin sus padres.

2. Ayuda Oficial al Desarrollo (0,7% del PIB de los LMIC). Una transferencia voluntaria, frecuentemente condicionada a intereses geopolíticos y económicos del donante y sujeta a la arbitrariedad política. No genera derecho: es caridad internacional que puede retirarse en cualquier momento y que se utiliza como instrumento de “poder blando” (soft power) diplomático. Un instrumento de dominación, en definitiva.

3. Servicio de la deuda pública (-1,2% del PIB de los LMIC). Un drenaje sistemático y obligatorio de recursos públicos hacia acreedores del Norte. Según datos del Banco Mundial para 2024, los países pobres y de renta media pagaron aproximadamente 471.500 millones de dólares en servicio de su deuda pública externa, de los cuales 144.500 millones fueron únicamente intereses. El resultado neto actual es que el Sur recibe (2,5% del PIB) pero paga (1,2%), quedando un saldo positivo marginal (1,3% del PIB) que apenas sirve para evitar el colapso humanitario inmediato, pero no permite el desarrollo de servicios públicos robustos ni la cobertura universal de necesidades básicas. Es un sistema diseñado para la supervivencia precaria, no para la vida digna.

Existen otros sistemas de explotación limitados, como el franco de la comunidad financiera africana (CFA), que elimina la soberanía monetaria de las excolonias francesas en África, en beneficio de la metrópolis.

Nuestra estimación basada en datos del Banco Mundial sitúa la Renta Básica Soberana (RBS) en aproximadamente el 4% del PIB de los países receptores (unos 1,5 billones de dólares anuales). Esta transferencia se desglosaría en tres pilares estratégicos:

1) 1,2% para neutralizar la deuda: Cubrir automáticamente el servicio de la deuda pública externa. Esto restaura la soberanía fiscal, liberando a los Estados de la tutela permanente de los acreedores.

2) 1,8% para sustituir remesas de subsistencia: Al garantizar un suelo de protección estatal, las remesas dejan de ser vitales para comer y pasan a ser un complemento de bienestar. Esto desmercantiliza la migración: las personas se moverían por elección, no por supervivencia.

3) 1,0% para el déficit de necesidades básicas: Un componente adicional (superior a la actual AOD) para invertir en la cobertura universal de agua, energía y alimentación. El objetivo es simple: que ningún ser humano carezca de techo o comida por razón de su lugar de nacimiento. 

Esta RBS puede complementarse con una Renta Básica propia del país, mediante una reforma fiscal (allá donde existan sistemas fiscales robustos) que transfiera renta de las clases ricas (en general las más beneficiadas por el sistema colonial vigente) hacia las clases medias y pobres.

La RBS como salario de reserva estatal: El poder de decir “no”. Y la viabilidad económica: El coste de la justicia frente a la guerra

Aquí emerge el paralelismo estructural con la Renta Básica individual. Al igual que esta actúa como un salario de reserva que permite al trabajador rechazar los “trabajos de mierda” (como famosamente los bautizó David Graeber) y la “mierda de trabajos” (que no hay que confundir con los anteriores) sin poner en riesgo su existencia material, la RBS otorga a los Estados el poder de rechazar “tratados de mierda”, “condiciones de mierda” o “préstamos de mierda”. Actualmente, los Estados del Sur aceptan la austeridad del FMI, acuerdos comerciales depredadores o el acoso de fondos buitre porque la alternativa es el colapso inmediato. Con una RBS del 4% garantizada, un gobierno adquiere poder de negociación real. Puede rechazar recortes en sanidad, exigir precios justos por sus recursos naturales o resistir litigios abusivos, sabiendo que tiene asegurado el mínimo vital para su población. Transforma una relación de dominación colonial en una negociación entre iguales, o más iguales que ahora, o para ser prudentes de menor dominación que la actual.

Aunque la cifra de 1,5 billones de dólares parezca elevada, su contexto demuestra que la pobreza es una decisión política. Este monto representa apenas el 1,45% del PIB mundial y es, significativamente, inferior al Gasto Militar Global (2,4 billones en 2023 y creciendo). Financiar la existencia material de la humanidad es más barato que prepararse para la guerra.

Además, el coste neto para el Norte sería menor, ya que se estima que entre el 30% y el 40% de la transferencia retornaría vía exportaciones de bienes y tecnología. La propuesta no parte de cero: integra y racionaliza flujos ineficientes como la actual Ayuda Oficial al Desarrollo y el alivio de deuda puntual.

El mayor desafío no es financiero, sino político: evitar que los fondos sean capturados por oligarquías locales corruptas. Para ello, proponemos una arquitectura de doble canal:

1) Canal A. Dividendo Ciudadano Directo (50%): Transferencias monetarias directas a la población (vía dinero móvil y registros biométricos), sin pasar por la burocracia estatal.

2) Canal B. Fondo de Servicios Públicos (50%): Fondos gestionados mediante fideicomisos auditados internacionalmente (escrow accounts, recursos que se liberan sucesivamente cuando se van justificando los gastos), trazables con tecnología blockchain pública y ejecutados mediante smart contracts. Si se detecta desvío de fondos hacia gasto militar o represión, el flujo se suspende automáticamente[11].

Concluyendo (provisionalmente)

Para ir concluyendo, esta propuesta de una RBS no surge del vacío, sino que se presenta como la evolución natural tras décadas dedicadas a asentar los fundamentos ético-filosóficos de la RB y a modelizar rigurosamente su financiación en contextos locales, regionales, nacionales y europeos e incluso sectoriales o por edades. A lo largo de cientos de artículos y en innumerables conferencias divulgativas, una objeción recurrente que nos han hecho ha sido la supuesta inviabilidad de una RB que no fuera planetaria, bajo el temor de un hipotético “efecto llamada” hacia los territorios que la implementaran. Aunque la evidencia empírica desmonta este prejuicio —demostrando que los flujos migratorios se correlacionan con el dinamismo en la creación de empleo y no con la generosidad de la protección social, como se observa en la atracción migratoria de un Reino de España con protección deficiente frente a una Europa más robusta, o en la menor atracción relativa del País Vasco pese a su sistema de garantías superior al resto del Estado—, este artículo acepta el envite intelectual de cerrar el debate por elevación. Y demostramos, en efecto, que una RB a escala mundial no solo es posible, sino que es la pieza que faltaba en el rompecabezas: un mecanismo que, lejos de ser una utopía, ofrece una utilidad pragmática y estabilizadora tanto para el Sur, al que libera de la asfixia de la deuda y posibilita (al menos mucho más que ahora) la existencia material a sus sociedades. Como para el Norte, al que modera la presión migratoria forzosa y de la criminal xenofobia que la extrema derecha fomenta y, visto lo visto, va consiguiendo expandir entre buena parte de la población.  

La RBS no es una propuesta fantasiosa. O en todo caso no lo es más que las fantasías distópicas que la realidad nos está mostrando. Con la diferencia que estas son realidades dominadoras y depredadoras para la inmensa mayoría de la población mundial. La diferencia es que frente a la realidad del capitalismo actual, la propuesta de la RBS pretende beneficiar a la población no estrictamente rica. Extiende el principio republicano de libertad como no-dominación a escala interestatal. Permite a los países del Sur implementar políticas soberanas sin la pistola del hambre apuntando a la sien. El precio de la justicia global es ridículamente bajo comparado con el precio que pagamos por mantener la injusticia.

¿Difícil? Claro. Apuntaba Michael Roberts recientemente “La desigualdad […] es el resultado de la propiedad[12] privada del capital y de los gobiernos dedicados a mantenerla. Si no se pone fin a eso, la desigualdad de ingresos y riqueza a nivel mundial y nacional no solo se mantendrá: seguirá empeorando”. No podemos más que darle la razón, pero avanzar propuestas, si están bien fundamentadas, siempre puede ser un estímulo político e intelectual para ofrecer razones adicionales de la sociedad de mierda en la que el 0,001% de la población mundial campa por las suyas. Menos de 60.000 personas en todo el mundo y los poderes económicos y políticos que les satisfacen y obedecen. Esto afecta a la democracia de una manera que ni el más pusilánime podrá negar[13]. Quizás la RBS, con alguna idea que hemos propuesta o con otras que seguro la pueden mejorar, pueda parecer fantasiosa. También lo pareció el derecho de huelga, el derecho de sindicación, el matrimonio homosexual, el sufragio universal, el derecho al aborto y tantas (hoy) realidades que nos parecen conquistas irrenunciables. Y es que, no debe olvidarse, las conquistas que vale la pena defender (aunque vivimos unos momentos que muchas vuelven a estar amenazadas) del mundo actual, son producto de grandes luchas y de grandes movilizaciones contra las injusticias. Lo dijo Bertolt Brecht y lo hemos repetido más de una vez:  la injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia.

[1] Que utiliza supuestos muy conocidos. Un resumen: racionalidad individual, información perfecta, equilibrio general, preferencias estables, mercados eficientes, competencia perfecta, Ceteris paribus (se asume que, al estudiar una variable, todas las demás permanecen constantes).

[2] Supuesto el del egoísmo que a algunos partidarios, como Robert Frank, de la teoría de la elección racional no les acaba de convencer. Frank concluye que el supuesto del egoísmo no funciona bien porque no sirve para entender muchas interacciones sociales que podemos comprobar a diario: ayudar a una persona amiga, dar propina en un restaurante que se sabe que jamás se volverá (porque si se ha de volver entra dentro del supuesto del egoísmo dar propina), hacer donaciones desinteresadas, compartir informaciones aunque no aporten beneficio directo, entre muchas otras.

[3] Es decir, la satisfacción adicional que se obtiene por consumir una unidad más de un bien. Normalmente disminuye a medida que se consume más.

[4] La economía republicano socialista la hemos explicada en otras ocasiones, pero para nuestros propósitos en el presente artículo podemos prescindir de la distinción con la republicano democrática. Para no dejarlo ambiguamente: la tradición socialista aportó un análisis actualizado, dado el desarrollo al que el capitalismo ya había llegado en el siglo XIX, de las fuentes de dominación que ponían en peligro la libertad de la ciudadanía en la concepción republicana. Entre otras aportaciones está, como se desarrolla aquí, la demostración de que “la vida social en el capitalismo es una realidad que cabalga a lomos de otras formas de ‘dominación estructural’: determinadas instituciones y relaciones sociales están diseñadas de manera tal que no es preciso que el agente (x, y o z) interfiera de un modo intencional y consciente en nuestras vidas, puesto que las ‘reglas del juego’ ya se encargan de que el grueso de los desposeídos y desposeídas nos veamos obligados a terminar llamando a su puerta para que alguno de los potenciales dominadores acabe estableciendo con nosotros relaciones que nos minorizan socialmente, que nos convierten en actores vulnerables a su potencial despotismo”. Las convergencias entre ambas economías políticas, la republicano democrática y la republicano socialista, son muy grandes: sin independencia material, no hay libertad; sin control democrático de la economía, no hay ciudadanía; y sin limitar el poder del capital, no hay democracia real.

[5] Los autores hemos tratado esta diferencia entre la concepción republicana en general y la republicano democrática, entre otros muchos lugares, por ejemplo aquí.

[6] Es importante distinguir la economía de mercado de la economía con mercados. El republicanismo no es “anti-mercados”, sí es incompatible con una sociedad de mercado. Para el republicanismo, el problema no son los mercados, sino convertir a la sociedad en un mercado como guía para las relaciones sociales. Fue Polanyi que especificó que la tierra, el dinero y el trabajo solo se convirtieron en mercancías con la sociedad de mercado. Ni tierra, ni trabajo, ni dinero fueron destinados a la venta antes de esta sociedad tan particular que las trata como mercancías. La idea machacona de que los mercados libres eran anteriores y luego intervino el Estado es un cuento. Fue el Estado quien creo mercados, destruyó las regulaciones anteriores tradicionales e impuso la disciplina mercantil.

[7] En la tradición republicana dominium se refiere a las relaciones de dominación que se dan en los ámbitos privados que conforman nuestras sociedades (mercados de trabajo, hogares, etc.). Por imperium se refiere a las relaciones de dominación que posibilitan la capacidad de los poderes públicos de favorecer intereses particulares. Las grandes fortunas disponen de dominium y de imperium. La perspectiva republicana defiende la erradicación de ambos tipos de dominación.

[8] Las grandes transnacionales, básicamente del núcleo más potente de alrededor de 1.000, se aprovechan de la situación general de dominación de los países empobrecidos de muchas otras maneras. Pongamos un resumen. Las empresas transnacionales se benefician de los países empobrecidos mediante la explotación de salarios bajos, la debilidad de la regulación laboral y ambiental, y el acceso preferente a recursos naturales. O lo que el colonialismo ha hecho “natural”. Ejemplo: el café se produce hoy principalmente en Sudamérica (Brasil, Colombia) y Asia (Vietnam, Indonesia), pero es una planta africana que se cultivó masivamente por primera vez en Yemen. En cambio, el chocolate que es originario de Sudamérica (Perú y Ecuador) hoy se produce en Costa de Marfil, Nigeria, Camerún, Indonesia y Ghana que son los cinco principales productores de cacao del mundo. Los beneficios de las trasnacionales se ven reforzados por mecanismos de elusión fiscal, presión política sobre estados con poca capacidad reguladora y una inserción subordinada de los países pobres en la economía global, basada en actividades de bajo valor añadido. El resultado es una transferencia estructural de valor hacia los países ricos que tiende a perpetuar desigualdades económicas y dependencia.

[9] “El mundo está dividido en claros niveles de ingresos: regiones de altos ingresos, como América del Norte, Oceanía y Europa; grupos de ingresos medios, como Rusia, Asia Central, Asia Oriental, Oriente Medio y África del Norte; y regiones muy pobladas donde los ingresos medios siguen siendo bajos, como América Latina, Asia Meridional y Sudoriental y África Subsahariana”, como recordaba Michael Roberts en un reciente artículo.

[10] Una definición estandarizada de ciencia, que nos parece bien, según la cual se trata de una práctica racional orientada a la construcción de modelos explicativos del mundo natural y social, basados en evidencia empírica y sometidos a evaluación crítica intersubjetiva, establecerá que es más adecuado situarla temporalmente en los últimos siglos. Si bien la aceleración del conocimiento científico es evidente que se ha producido en los últimos siglos, no es desproporcionado asegurar que son milenios los que contemplan la investigación científica. Con todas las limitaciones que se quiera.

[11] No hay duda, los países del Sur Global tienen dominadores y explotadores de sus respectivas poblaciones. Las élites locales —burguesías compradoras, oligarquías terratenientes, clases políticas extractivas— se han beneficiado históricamente de la estructura del sistema de deuda y tienen incentivos para perpetuarla. Una RBS mal diseñada podría terminar financiando la fuga de capitales, la represión interna o el consumo suntuario de las élites en lugar de garantizar las necesidades básicas de la población.

[12] La propiedad es de primera importancia para el republicanismo, claro está. Nos limitamos a apuntar aquí que fue tratado con detalle en En defensa de la Renta Básica (Deusto, 2023). Decíamos allí: “La propiedad históricamente ha tenido muchas variantes y formas: común con uso privado, privada con uso común, común con uso común y privada con uso privado. Entre otras. La privada con uso privado es la que se ha convertido en la principal y dominante, pero en ningún caso la única, desde el siglo XVIII hasta la actualidad en la mayor parte de países si dejamos al margen los experimentos de propiedad colectiva y burocráticamente centralizada que hemos conocido en algunos países a lo largo del siglo XX y XXI”. Es decir, “La propiedad se configura históricamente en función de las luchas, los compromisos y las treguas temporales entre los diferentes grupos y clases sociales”.

[13] Un editorial de El País del 15 de diciembre concluía a partir del escándalo de desigualdades que supone el último informe del World Inequality Report: “Son por eso urgentes reformas legales que hagan frente a un problema que amenaza seriamente la democracia”. No se trata de un periódico extremista, precisamente.

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Attac España expresa su más profunda condena ante la operación militar ejecutada por el Gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, que ha incluido ataques aéreos en varias regiones del país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores durante la madrugada del día 3 de enero.

La utilización de la fuerza militar por parte de una potencia extranjera para intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano constituye una violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del principio fundamental de la no injerencia. La detención y traslado de un jefe de Estado y su cónyuge sin el consentimiento del país afectado constituyen un secuestro internacional, con efectos devastadores para la paz, la estabilidad regional y la vida cotidiana de millones de personas.

ATTAC España rechaza con contundencia cualquier justificación basada en acusaciones o pretextos legales presentados unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos para legitimar esta agresión. La historia demuestra que las intervenciones militares “por motivos humanitarios”, “lucha contra el narcotráfico” o “lucha contra la corrupción” suelen encubrir intereses geoestratégicos y económicos que nada tienen que ver con el bienestar de las poblaciones afectadas y sólo generan sufrimiento, desplazamientos forzosos y agravamiento de crisis sociales.

Las sanciones económicas, el bloqueo financiero y las amenazas de acción militar ya venían provocando graves efectos sobre la población civil venezolana, dificultando el acceso a bienes esenciales como alimentos, medicinas y servicios básicos. Estas políticas coercitivas, ahora acompañadas de una escalada militar abierta, constituyen una forma de guerra multidimensional contra el pueblo venezolano que rechazamos sin reservas.

ATTAC España reafirma su solidaridad con el pueblo de Venezuela, con sus organizaciones sociales y movimientos populares, y con todas las voces que luchan por una solución pacífica, democrática y soberana a la compleja situación política, económica y social que vive el país latinoamericano. Llamamos a la comunidad internacional a exigir el respeto al derecho internacional, el fin de las agresiones externas, y a trabajar por un diálogo incluyente que priorice los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos.

No a la injerencia militar.
No a la violación de la soberanía de los pueblos.
Sí a la paz, la justicia y la solidaridad internacional.

ATTAC España

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Estuvimos disfrutando del paisanaje que hace R&R

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Una noche maravillosa en la casa encantada disfrutando de la compañía de los Coringas, charrinando y escuchando su música.

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Estuvimos escuchando algunas cancioncicas de grupos de aquí y de los Mountain surfers para que habraís boca mientras preapramos una entrevista con ellos.

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Por Paco Cantero, Coordinador de Attac Madrid. Publicado originalmente para Espacio Público.

En el siglo XXI, la ambición de poder ha encontrado una nueva expresión: ya no se manifiesta principalmente mediante la conquista territorial directa, sino a través de una colonización tecnológica, financiera e infraestructural. Una red tecnoautoritaria, con figuras como Donald Trump y capitalistas de la tecnología de Silicon Valley como Peter Thiel a la cabeza, está erigiendo un dominio de carácter global. Su sofisticación y alcance rivalizan con los proyectos de poder más ambiciosos de la historia. Este artículo, apoyándose en lo publicado recientemente por Francesca Bria en medios como La Vanguardia y Le Monde Diplomatique, analiza cómo la imposición de un sistema monetario privado, el adormecimiento crítico de la ciudadanía y la corrosión sistemática de las instituciones democráticas constituyen los pilares de esta invasión silenciosa pero implacable.

La frontera digital y la pérdida de soberanía

El proyecto de poder contemporáneo opera bajo una lógica de captura de las infraestructuras críticas que definen la soberanía de los estados modernos. Como detalla Francesca Bria en sus análisis, no se trata de anexionar territorios, sino de controlar los sistemas operativos de la gobernanza misma. Europa, en su búsqueda de una autonomía estratégica cada vez más elusiva, está cayendo en un vasallaje tecnológico.

Contratos millonarios con empresas como Palantir para gestionar sistemas de salud nacionales (como el NHS británico) o datos de defensa, la integración de Starlink de Elon Musk en las comunicaciones críticas de la OTAN, o el despliegue de drones autónomos de Anduril a través de joint ventures con conglomerados europeos, son los vectores de esta colonización. Estas plataformas tecnológicas se convierten en el sistema nervioso del Estado y que Francesca Bria denomina la Pila Autoritaria.

Al igual que las arterias de comunicación eran vitales para los imperios del pasado, los gobiernos europeos dependen ahora de algoritmos y plataformas estadounidenses para funciones de Estado esenciales: inteligencia, logística, salud e incluso la gestión de la inmigración. La soberanía no se pierde en un campo de batalla convencional, sino que se cede discretamente en la firma de contratos que convierten a los gobiernos en rehenes funcionales de un ecosistema tecnológico cuyos dueños, como Thiel, han declarado abiertamente la incompatibilidad entre libertad y democracia.

El nuevo sistema monetario: exportando inflación y sosteniendo la deuda

En el capitalismo global, el control monetario es la forma suprema de poder. Bajo la Ley GENIUS de Trump, las stablecoins (criptomonedas vinculadas a activos estables como el dólar) están siendo reclasificadas como infraestructura de seguridad nacional. Este no es un cambio técnico menor, sino la piedra angular de un sistema monetario privado y paralelo.

Al otorgar a emisores privados poderes cuasifiduciarios, se está creando un mecanismo para exportar la inflación y financiar la colosal deuda estadounidense, que supera los 37 billones de dólares. Scott Bessent, una figura clave en este escenario, afirma que este sistema podría generar hasta dos billones de dólares en nueva demanda de bonos del tesoro. En esencia, se está construyendo un circuito financiero descentralizado, gobernado por algoritmos de naturaleza profundamente libertaria, que permite a Estados Unidos monetizar su deuda a escala global.

Las stablecoins, operando en una red fuera del control directo de los bancos centrales tradicionales, pueden comprar masivamente deuda pública estadounidense. Esto alivia la presión inflacionaria interna y la externaliza al mundo. Es un mecanismo de dominio financiero de una eficacia brutal: los ciudadanos de todo el planeta, a menudo sin saberlo, acaban sosteniendo la solvencia de este poder a través de un sistema opaco y desregulado.

El adormecimiento de los pueblos: el ataque a la conciencia crítica

Ningún sistema de dominio puede perpetuarse sin el consentimiento, activo o pasivo, de los gobernados. La estrategia tecnoautoritaria contemporánea es infinitamente más sofisticada que el «pan y circo» de antaño, pero persigue el mismo fin: anular el pensamiento crítico ciudadano.

El método es doble y letal. Por un lado, se libra una guerra cultural contra las instituciones que tradicionalmente han fomentado dicho pensamiento, como la universidad pública. Se la critica y desprestigia sistemáticamente, tachándola de elitista, desconectada o ideologizada, con el objetivo claro de debilitar su autoridad como faro de conocimiento crítico y debate racional.

Por otro lado, se inunda el espacio público con un ecosistema mediático y de entretenimiento diseñado para la pasividad intelectual. Programas de televisión superficiales, narrativas simplistas y una retórica política emocional y anti-intelectual crean una ciudadanía adormecida. Esta ciudadanía se vuelve incapaz de analizar la complejidad de los procesos que la rodean, como la privatización encubierta de su soberanía. Cuando la atención es un recurso escaso y la información veraz es ahogada por un océano de distracción y desinformación, la capacidad de resistencia se diluye. Un pueblo que no piensa críticamente es un pueblo que no puede defender su democracia.

La «extrema derecha patriótica» y la red de corrupción ideológica

Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿Qué papel juegan aquellos movimientos que se autoproclaman patriotas y seguidores incondicionales de este proyecto? La respuesta, lejos de basarse en un idealismo genuino, suele encontrarse en los flujos de dinero y poder. Los análisis de Francesca Bria aluden a la enorme influencia de redes de think tanks y organizaciones de lobby, como la Atlas Network, que opera a nivel global.

Estas organizaciones, financiadas de forma opaca por grandes capitales afines al proyecto tecnoautoritario, actúan como mecenas de determinados líderes políticos, intelectuales y medios de comunicación. Su objetivo es claro: promover una agenda de desregulación, privatización y nacionalismo excluyente, al tiempo que desacreditan mediante una lluvia constante de mentiras y medias verdades al sistema actual (las instituciones democráticas, la prensa libre, el estado de derecho).

Esta ultraderecha patriótica no defiende la nación, sino los intereses de una élite que busca reemplazar la soberanía popular por la soberanía privada. Su patriotismo es una fachada que esconde una lealtad inquebrantable a los flujos de capital y a la consolidación de un poder que considera la democracia como un obstáculo técnico a superar.

Un llamamiento a la resistencia colectiva

La invasión silenciosa de la Pila Autoritaria es el desafío definitorio de nuestra era. No llega con estandartes y espadas, sino con contratos, algoritmos y stablecoins. Frente a esta amenaza existencial para la soberanía y la democracia global, es imperativo que todas las organizaciones, movimientos sociales y la ciudadanía progresista en su conjunto superen sus diferencias internas y luchas fragmentadas.

No hay tiempo para divisiones estériles. Se requiere una alianza estratégica y un frente común que priorice la defensa de lo público: una universidad fuerte y crítica, un sistema mediático independiente, una soberanía digital y financiera real, y la recuperación del control democrático sobre las infraestructuras críticas. Debemos exigir transparencia en los contratos públicos, regular el poder de las Big Tech y construir alternativas tecnológicas abiertas y soberanas.

Frente a esta ofensiva, defender la libertad no puede significar regresar a un concepto simplista de ausencia de regulación, que en la práctica solo despeja el camino para que los más poderosos impongan su ley. La verdadera libertad, la que hoy debemos reivindicar con urgencia, es justamente lo contrario a la esclavitud tecnológica y la sumisión a los algoritmos. Es la libertad colectiva de un pueblo que mantiene el control sobre las decisiones que le afectan; es la defensa de la agenda humana frente a la automatización de lo político; y es la deliberación democrática como el único mecanismo legítimo para definir nuestro futuro común.

Se trata, en definitiva, de decidir si seremos ciudadanos con soberanía o meros usuarios en una plataforma de gobernanza dirigida por intereses privados. El futuro que los tecnoautoritarios pretenden construir es un mundo de infraestructuras vivas y opresivas, un sistema de vigilancia total algorítmica donde la elección democrática sea técnicamente imposible. No permitamos que este futuro se concrete. La historia nos juzgará por nuestra capacidad de olvidar las pequeñas diferencias y unirnos para frenar, aquí y ahora, esta nueva y sutil forma de imperio.

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Peter & Pan 

Martes 30 de diciembre, 18:30 h

En el Teatro Circo

Entradas: general 9€

El musical infantil Peter & Pan, una producción de Escalante y La Mar Producciones que invita a soñar, a no perder la ilusión y a reconciliarse con la infancia. El espectáculo, con música en directo, ofrece una visión renovada del clásico de James Matthew Barrie, dirigida especialmente al público familiar.

Peter ha olvidado su pasado. Y cuando olvidas tu pasado, olvidas tu infancia. Detrás de esa ventana de la habitación de una residencia de ancianos se ve como las estrellas han dejado de parpadear. Ya no se escuchan los sonidos de aquella feria. El algodón de azúcar ya no sabe a nada y la noria ha dejado de girar… Pero las ventanas, cuando te olvidas de ellas, se abren y dejan entrar sombras traviesas. Y una de esas sombras se cuela en los recuerdos de Peter. Y detrás de ella aparece ese niño eterno que se lleva a nuestro señor mayor hacia Nunca Jamás. Recuerda, nunca cierras tu ventana. Pan te observa, colgado en una luna, oculto en tus sueños, escondido en los rincones más secretos de tu risa, esperándote en tu Nunca Jamás. 

Por Julien Dourgnon. Publicado en Alternativas Económicas

Creado en 2020 por el Banco Central, el sistema de pago instantáneo Pix solivianta a la banca privada, pero trae consigo una cascada de beneficios para la economía y la soberanía del país.

En Brasil, ningún vendedor de playa, tienda o gran cadena de distribución concibe prescindir de Pix. Este sistema de pago instantáneo, ideado, operado y regulado por el Banco Central Brasileño (BCB), lanzado en 2020, se ha propagado a la velocidad del rayo por todo el país.

Para efectuar una compra, el consumidor abre en su móvil el espacio Pix dentro de la aplicación de su banco comercial, introduce la clave Pix del vendedor (por ejemplo, su número de teléfono) o escanea un código QR en el terminal de pago. Es un procedimiento simple y rápido que se aplica a las transacciones efectuadas en un punto de venta físico y en una compra por Internet.

Desde un punto de vista más general, Pix sirve para efectuar cualquier transferencia de moneda de un punto a otro; por ejemplo, entre amigos, sea cual sea la entidad financiera de unos y otros. En todos los casos, las cuentas están debitadas o acreditadas a través de una vía de pago instantáneo (SPI) creada por el BCB. Da igual la hora del día o de la noche, 350 días al año, con total seguridad y en tiempo real (frente a de 2 a 28 días en el caso de las tarjetas bancarias).Además, es gratis para las personas físicas o cobra una reducida comisión del 0,2% a las personas jurídicas.

Para leer el artículo completo puedes hacerlo en la Revista Alternativas económicas

Irresistible ascensión

Como incluso han confesado los bancos comerciales, todos los cuales han integrado Pix en su sistema informático, …

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Alternativas económicas es una revista, y medio amigo, cooperativa e independiente que explica la economía con rigor y de forma clara, poniendo el foco en cómo las decisiones económicas afectan a la vida de las personas. En esta ocasión comparten con los usuarios de ATTAC el artículo: “Brasil: la revolución financiera no ha hecho más que empezar”. Puedes leerlo gratis: solo tienes que registrarte en la newsletter de Alternativas económicas y podrás acceder al contenido completo.  Pincha aquí para registarte, ¡vale la pena!

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European Water Movement.

El Movimiento Europeo del Agua (EWM), del cual la Red Agua Pública forma parte, alerta de las consecuencias negativas que conllevaría la modificación de la Directiva Marco del Agua anunciada por la Comisión Europea este 10 de diciembre en la rueda de prensa sobre el Omnibus Ambiental. 

El pasado fin de semana, del 5 al 7 de diciembre, Girona ha acogido el encuentro anual del EWM. Uno de los objetivos fue analizar las propuestas de desregulación de las normas de la Unión Europea relativas a la gestión del agua, tanto en términos de derogaciones como de financiación.

“Sin este marco legal común, desaparece cualquier garantía del buen estado ecológico y químico de las masas de agua de la Unión Europea”, alertan los miembros del EWM. La Directiva Marco del Agua es el pilar vital de toda la política hídrica europea, por lo que piden a los eurodiputados que defiendan la norma y sus estándares vigentes.

El EWM denuncia la deriva de la Comisión Europea, “cediendo a lobbies mineros e industriales con intereses particulares que amenazan el derecho a un medio ambiente sano y la salud pública de todos los ciudadanos europeos”. Las organizaciones recuerdan que la Comisión Europea ha repetido numerosas veces que apoya el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, tras los casi 2 millones de ciudadanos que apoyaron la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE Right2Water) que pide el reconocimiento del derecho al agua.

Estas acusaciones se dan después de que la Comisaria europea de Medio Ambiente, Agua y Economía circular, Jessika Roswall, afirmara la semana pasada que la revisión de la Directiva Marco del Agua responde al objetivo de facilitar la apertura de minas en territorio europeo para dejar de depender de China y EEUU. También para acelerar proyectos considerados estratégicos para la Comisión Europea como son los centros de datos.

El EWM vincula la amenaza ambiental orquestada por la Comisión Europea con su plan de rearme y su aparente plan de competitividad en la carrera global por liderar sectores industriales tecnológicos como el de la Inteligencia Artificial. “Cabe recordar que aún se desconoce el enorme consumo de agua y energía de la IA, lo que debería impedir que la Comisión elimine los procedimientos de evaluación e impacto ambiental, más aún en una región del mundo afectada por la escasez permanente de agua”, denuncian.

La potencial revisión de la Directiva Marco del Agua llega solo unos años después de que la Comisión haya hecho una evaluación de la directiva, con la que concluyó que es adecuada para responder a los objetivos comunes de protección del agua y de la salud.

Organizaciones¹ de España, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Bélgica y Serbia, se encontraron y acordaron priorizar para este 2026 la protección de la Directiva Marco del Agua. Entre los asistentes participaron operadores públicos, administraciones locales y el Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.

Para ver la reacción del Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, consulte
aquí.

1 Ayuntamiento de Girona, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento del Masnou, Ayuntamiento de Torelló, Ayuntamiento de Viladrau, Institut Català de Recerca en Aigua (ICRA), Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), CAEB-CSIC, CT BETA UVic, LEQUIA – UdG, Wageningen University, Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), Aqua Publica Europea (APE), Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP), Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA), Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, Castelló d’Empúries 2000 SA, Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt SA, Aigües Municipals de Xàbia (AMJASA), EYATH SA, Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), Mesa Social del Agua, European Environmental Bureau (EEB), Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Aigua és Vida, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), Grup de Defensa del Ter (GDT), Càritas Girona, Naturalistes de Girona, Observatori del Deute en la Globalització, European Public Services Union (EPSU), The Netherlands Trade Union Confederation (FNV), Red Agua Pública (RAP), Plataforma Contra la Privatización del Canal Isabel II, Foro Italiano dei Movimenti per l’Acqua, ENDA Colombia, Eau Secours 31, Coordination Eau Ile de France, Water Observatory Xabia, Water Observatory Terrassa, Water Observatory Girona, CEE Bankwatch Network y Polekol/Pravo na Vodu.

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