Las quemas intencionadas de arroyos, cunetas y vegetación de ribera están arrasando los escasos enclaves naturales que sobreviven en un paisaje agrícola intensivo, sin apenas control ni consecuencias legales efectivas.

Ecologistas en Acción Palencia y la Asociación de Naturalistas Palentinos denuncian la proliferación de quemas intencionadas de vegetación en arroyos, cunetas y zonas húmedas de la comarca palentina de Tierra de Campos, unas prácticas que están provocando un grave deterioro ambiental en uno de los territorios más transformados por la actividad agrícola.

En un paisaje dominado por monocultivos intensivos, donde la mayor parte de la vegetación natural ha desaparecido, estos enclaves constituyen los últimos refugios de biodiversidad. Actúan como corredores ecológicos fundamentales y albergan numerosas especies de flora y fauna, muchas de ellas dependientes de estos hábitats.

La quema de estas áreas supone la destrucción directa de hábitats, la muerte de especies y la ruptura de la conectividad ecológica. Además, agrava la erosión del suelo, reduce la calidad del agua y disminuye la resiliencia del territorio frente al cambio climático.

Resulta especialmente preocupante que estas actuaciones se produzcan de manera reiterada y, en muchos casos, sin consecuencias legales efectivas debido a vacíos normativos y dificultades de aplicación de la legislación vigente.

Las quemas intencionadas de vegetación natural no solo tienen un impacto ambiental grave, sino que pueden conllevar importantes responsabilidades legales para sus autores.

En el ámbito penal, la quema de vegetación puede constituir delito, con penas de prisión de seis meses a dos años, o incluso de uno a cinco años en caso de incendios forestales.

Desde el punto de vista administrativo, las sanciones pueden alcanzar sanciones que pueden llegar hasta el millón de euros en función en los casos de mayor gravedad de los daños, además de la obligación de restaurar el entorno afectado. Además, en el ámbito agrario, estas prácticas pueden implicar la reducción o retirada de ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Por todo ello, se exige a las administraciones competentes un refuerzo de la vigilancia y control, así como una limitación estricta de las autorizaciones de quema, que solo deberían concederse en situaciones excepcionales conforme a la normativa vigente en materia de residuos.

La conservación de estos espacios resulta esencial para garantizar el equilibrio ecológico y el futuro sostenible del territorio.

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid tumba la Orden MAV/534/2024 por un defecto sustancial en su tramitación. La sentencia subraya que la gestión del jabalí como una especie con un impacto transversal en la sanidad, la agricultura y la seguridad, no puede despacharse como una mera “operativa de caza”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado sentencia estimando el recurso interpuesto por la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, declarando la nulidad de pleno derecho de la Orden MAV/534/2024, de 3 de junio, que aprobaba el Plan de Gestión del Jabalí en la Comunidad (BOCyL nº 109 de 6 de junio de 2024).

Un plan sin el aval del Consejo Regional de Medio Ambiente

El tribunal fundamenta la nulidad en la falta de un informe preceptivo del Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente. La Administración autonómica pretendió validar el plan únicamente con el visto bueno de la Comisión de Caza, argumentando que se trataba de una cuestión meramente cinegética.

Sin embargo, la sentencia es tajante al señalar que la gestión del jabalí excede el ámbito de la caza debido a su “notable carácter transversal”. El tribunal destaca que la norma afecta directamente a:

• La seguridad vial y de las personas.
• La salud pública y la sanidad animal.
• La agricultura y el medio ambiente en su conjunto.

Además, le parece excesiva la pretensión de que el Plan tenga una vigencia indefinida considerando sus características, ya que “no hay ninguna situación alarmante, preocupante o extrema”.

Necesidad de una visión integral

Para el TSJCyL, una planificación de esta envergadura a escala autonómica requería un informe de “mayor calado” y una “perspectiva más amplia” como la que ofrece el Pleno del Consejo, donde están representados diversos intereses y no solo los cinegéticos. Al haber omitido este paso, la Junta de Castilla y León vició de nulidad toda la norma. Igualmente, el TSJCyL esgrime que el texto definitivo no fue presentado nuevamente a escrutinio público luego de ser modificado.

Desde Ecologistas en Acción, celebramos que la justicia vuelva a poner freno a la nefasta gestión que del medio natural hace esta Consejería con su Consejero el Sr.Quiñones y su Director General del Medio Natural Jose Ángel Arranz, una gestión que, lejos de basarse en criterios científicos, de conservación, protección y sostenibilidad, se basa exclusivamente en criterios extractivos y de rédito político cortoplacista para “contentar” a sectores relevantes entre sus votantes. Convine recordar por tanto a la Consejería de Medio Ambiente que la fauna silvestre debe gestionarse bajo el rigor de la participación pública y el análisis de todos sus impactos sociales y ambientales y con la ciencia y los datos técnicos por bandera. Así debería hacerse con otras especies como el lobo y sin embargo se sigue aplicando la máxima de “tirar para adelante” y luego ya se verá, siendo colectivos ecologistas como Ecologistas en Acción quienes deben actuar para frenar todo los despropósitos que plantean.

Pero ¿quién asume responsabilidades políticas en este caso? No es la primera vez que la justicia da un varapalo a la gestión de esta Consejería pero ninguna de las anteriores, y nos tememos que esta tampoco, han tenido consecuencias políticas para sus responsables. Desde Ecologistas en Acción entendemos que ya es hora de que la administración regional, encargada de velar por la buena gestión del patrimonio y de los fondos de esta Comunidad, se empeñe en gobernar para unos pocos desamparando la protección del medio ambiente y haciendo que sea la justicia, con la intervención de la sociedad civil organizada, quien intervenga y ponga orden y cordura. Exigimos dimisiones y responsabilidades políticas inmediatas.

Detalles del fallo

La sentencia nº 266/2026, fechada a 9 de marzo y notificada formalmente el 16 de marzo, ha sido dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1) de Valladolid.

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La Junta de Castilla y León, en contra de lo que recoge la Ley de Caza, amplía la caza del jabalí mediante una Orden, de rango inferior a la Ley, por la situación meteorológica, en claro mensaje electoral.

En el Boletín Oficial de Castilla y León del 20 de febrero, dos días antes de que finalizase por ley la temporada de caza del jabalí, se publicaba una orden de modificación de otra orden, la de emergencia cinegética del jabalí por la peste porcina africana, que amplía el periodo de caza de la especie hasta el día 8 de marzo, argumentando de forma más que sorprendente que no se han podido cazar los suficientes jabalíes por las borrascas atlánticas.

En Castilla y León no hay peste porcina africana y el brote en España está más bien lejos de nuestra comunidad. Este año, además, no ha habido apenas limitaciones al número de cacerías colectivas al jabalí. Han sido autorizadas todas las solicitadas basados en esta Orden innecesaria, y se han saldado con muy pocas capturas, muchas de ellas con cero ejemplares ¿no será que no había abundancia de jabalíes?

El Jefe del Servicio de Caza de Castilla y León, Sr. Ignacio de la Fuente, y el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, Sr. Jose Ángel Arranz, fuera de todo criterio técnico, a los que tendrían que ajustarse por sus propios puestos de trabajo, se pliegan de nuevo a intereses claramente electorales, en evidente competencia con otros partidos políticos a su derecha, por el denominado voto rural, que no es otro que agricultores, ganaderos y cazadores, colectivos que influyen en exceso en decisiones que lastran el desarrollo y la imagen de esta Comunidad. Una vez más anteponiendo el interés del partido y perpetuarse en el poder, al interés general.

Incluso algunas cuadrillas de cazadores han tildado esta orden como vergonzosa e innecesaria porque ahora lo que se cazaría son hembras en su mayoría preñadas que, de matarse, dejarían comprometida la próxima temporada cinegética.

Por ello, Ecologistas en Acción estudiará si en esta modificación normativa en contra de la legislación puede existir responsabilidad penal. Estos dos empleados públicos, más el consejero de Medio Ambiente, que es el firmante, acumulan ya demasiadas sentencias en contra que nunca les pasan factura y que, por su posible responsabilidad, tendrían que dar cuenta personalmente ante la autoridad judicial.

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Ante la cercanía de las elecciones autonómicas, Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la ciudadanía y a las fuerzas políticas de Castilla y León para reflexionar sobre el modelo de sociedad que queremos construir. La organización, junto a otras entidades sociales, presentó el informe “Transición Ecosocial Justa en Castilla y León”, que subraya la urgencia de emprender un cambio de sistema que combine justicia social y sostenibilidad ambiental.

La ciudadanía ha comenzado a demandar con fuerza cambios profundos, como demuestran los numerosos procesos deliberativos y movimientos sociales recientes, incluyendo la iniciativa europea BEYOND GROWTH, la conferencia “Más allá del crecimiento” en España y diversos foros regionales como el desarrollado en Castilla y León. Estas iniciativas buscan sentar las bases de un pacto social post-crecimiento que atienda las crisis ecológicas y sociales actuales.

En este contexto, durante 2025 se elaboró de forma participativa, con las aportaciones de casi 300 personas, este informe que concluye que Castilla y León tiene unas condiciones favorables para una transición ecosocial justa, gracias a su territorio, recursos naturales y potencial de arraigo económico. Sin embargo, lograrlo requiere transformaciones profundas en todos los aspectos de la vida: social, económica, cultural y ambiental. Entre las propuestas clave a considerar para estas elecciones destacan:

1. Garantizar políticas públicas sociales inmediatas: vivienda, sanidad, servicios sociales y transporte público accesible.
2. Reconciliarse con el territorio y restaurar los ecosistemas mediante planificación, gestión forestal y renaturalización de municipios.
3. Construir nuevas formas de gobernanza que incluyan a la ciudadanía en la toma de decisiones.
4. Promover la educación ecosocial para generar conciencia y participación.
5. Fortalecer comunidades y redes colectivas locales.
6. Redistribuir la riqueza y el poder de forma equitativa para financiar servicios públicos esenciales.
7. Desarrollar oportunidades en el medio rural y reforzar el vínculo campo-ciudad.
8. Impulsar la transición agroecológica y la soberanía alimentaria.
9. Planificar la reconversión industrial con criterios ecosociales.
10. Avanzar hacia un modelo energético distribuido, democrático y participativo.

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a partidos y candidaturas para que integren estas prioridades y a la ciudadanía para que las tenga en cuenta a la hora de decidir su voto. “No podemos posponer más la acción; la transición ecosocial justa no es una opción, es una necesidad urgente”, subraya la organización.

La reflexión preelectoral propuesta invita a considerar no solo el presente, sino también el futuro que queremos para nuestras ciudades, pueblos y para el territorio en su conjunto, con justicia social y respeto a los límites del planeta. “Castilla y León debe y puede afrontar un cambio que reconcilie el bienestar humano con la salud de los ecosistemas, pero solo si asumimos colectivamente este desafío”.

informe de Transición Ecológica y Social Justa para Castilla y León >
 

Transición Ecosocial en Castilla y León

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Un grupo de organizaciones sociales, ambientales y políticas de Castilla y León presentaron una carta abierta al Presidente y al Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, así como a los diversos grupos políticos, reclamando la adopción de medidas urgentes y estructurales para hacer frente a los incendios forestales y a los efectos de la crisis climática en la región.

En la misiva, las entidades recuerdan a las personas afectadas por la ola de incendios que el verano pasado arrasó más de 164.000 hectáreas en la comunidad, con 1.200 incendios registrados desde agosto, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (Copernicus). La carta subraya que la crisis climática agrava la frecuencia, intensidad y destructividad de los incendios, y cita las proyecciones de la ONU, que anticipan un aumento de los incendios extremos de 14 % para 2030, 30 % para 2050 y 50 % a final de siglo.

Las organizaciones recuerdan que los incendios no solo son un problema ambiental, sino también de derechos humanos, afectando al derecho a la vida, la salud, la vivienda y los medios de vida de las comunidades afectadas.

Por eso, destacan diversas medidas para que los partidos políticos tomen en cuenta:

• Prevención: incluir una gestión forestal adaptada al cambio climático, campañas de concienciación ciudadana, y dignificación del trabajo de los equipos de extinción. Además, garantizar una planificación territorial que tenga en cuenta el riesgo de incendios y reforzar la investigación para conocer mejor sus causas.
• Recuperación y formación: fortalecer el operativo y los sistemas de alerta y comunicación en emergencias, implementar planes de recuperación para las zonas quemadas, controlar la erosión y la contaminación, y proporcionar ayudas a las víctimas. De la misma forma, es necesario fomentar la sensibilización ciudadana y ofrecer formación escolar sobre prevención, autoprotección y actuación en caso de incendio.
• Otras recomendaciones: realizar evaluaciones de daños, estabilizar el suelo y proteger cauces y embalses. Planificar la recuperación postincendio para aumentar la resiliencia del territorio y actualizar la Estrategia Regional Contra el Cambio Climático.

Las organizaciones instan a los futuros representantes de la comunidad a traducir estas medidas en acciones concretas y ofrecen su disposición para reuniones y colaboración técnica.

Firmantes:
Amnistía Internacional, Asociación Vecinos La Calle, CRIOSANABRIA, Ecologistas en Acción Castilla y León, Intersindical de Castilla y León, Stop Macrogranja Fuentemolinos, Partido Comunista de España, Podemos Castilla y León.

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• El pasado 28 de febrero, la Casa del Medioambiente de Valladolid acogió la primera sesión del Curso de Ecología Social organizado por Ecologistas en Acción Castilla y León, una iniciativa dirigida a jóvenes interesadas e interesados en comprender y afrontar la actual crisis ecosocial desde una perspectiva colectiva y transformadora.

Bajo el título “Esto está que arde: de lo global a lo local”, la jornada abordó las múltiples dimensiones de la crisis climática, energética y social, así como las estrategias de resistencia y resiliencia que ya se están impulsando desde el activismo y los movimientos sociales.

La sesión contó con presentaciones de Fridays for Future, Ecolojóvenes y GEEDS, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre la necesidad de fortalecer la organización colectiva frente a la ecoansiedad, la desinformación y el aumento de las desigualdades.

El encuentro combinó exposiciones, debate y trabajo participativo, generando un espacio de intercambio en el que las personas asistentes pudieron analizar la conexión entre los desafíos globales y la realidad de Castilla y León, así como explorar herramientas para impulsar cambios desde lo local.

El Curso de Ecología Social continuará en las próximas semanas con nuevas sesiones centradas en la transición ecosocial, el ecofeminismo, las herramientas jurídicas para la defensa del medioambiente y la comunicación transformadora.

Las personas jóvenes que aún deseen inscribirse están a tiempo de hacerlo a través del siguiente enlace para las dos sesiones restantes ( 7 y 14/15  de marzo):
https://www.ecologistasenaccion.org/evento/valladolid-curso-de-ecologia-social/

Con esta formación, Ecologistas en Acción apuesta por reforzar el compromiso juvenil con la justicia climática y social, promoviendo el paso de la preocupación individual a la acción colectiva organizada.

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