El 17 de marzo el Ayuntamiento de la capital andaluza, gobernado por el PP, presentó a los boinas rojas, una extensión de la policía local que, entre otras cosas, persigue el trabajo de nuestros compañeros manteros. La progresía de la ciudad habla de conciliar, pero lo que necesitamos para combatir el racismo es organización.
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Decenas de personas se han concentrado esta mañana en el acto de protesta organizado por Salvemos el Guadalquivir, Ecologistas en Acción y Greenpeace frente al evento Minería y Vida, que se celebraba en la Casa de la Ciencia de Sevilla. En esta concentración, las organizaciones han recordado que los vertidos que prevén realizar la Mina Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (Gerena) al río Guadalquivir tras su reapertura pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ellos, como la pesca y la agricultura. La Mina Los Frailes prevé realizar un vertido de más de 85 mil millones de litros de agua con metales pesados al Guadalquivir durante 18 años en un punto de vertido a instalarfrente al estadio de La Cartuja de Sevilla. Por su parte, la empresa Cobre las Cruces quiere realizar un nuevo vertido de más de 32 mil millones de litros durante 14 años, en su punto de vertido en La Algaba.
Las organizaciones ecologistas advierten de que el estuario del Guadalquivir ya está contaminado por metales pesados debido a los vertidos mineros producidos por la mina de Las Cruces desde 2009, tal y como ha constatado el estudio realizado por científicos de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada. En este estudio se ha comprobado la presencia de plomo por encima de lo permitido por la Unión Europea (UE) en albures, un pescado que tradicionalmente se consume en los pueblos ribereños. Igualmente, se ha constatado la presencia de arsénico en el límite de lo permitido en la UE en galeras, un crustáceo de muchísimo consumo en la zona de la desembocadura. La suma de estos dos nuevos vertidos podría multiplicar por diez la contaminación de metales pesados en los sedimentos del río.
A pesar de que las empresas y la Junta de Andalucía dicen respetar la cantidad de metales pesados en disolución que van a verter al río, las organizaciones advierten de que la ciencia ha demostrado que los metales pesados no salen por la desembocadura, sino que se acumulan en los sedimentos del estuario, debido al alto contenido de material en suspensión que tiene el río desde la presa de Alcalá del Río hasta la costa gaditana.
Esta cantidad de material en suspensión hace que los metales pesados se adhieran y decanten (se depositen al fondo). Esto, unido a la dinámica mareal del estuario del Guadalquivir, impide que los metales pesados salgan rápidamente por la desembocadura. Por un lado, porque la presa de Alcalá del Río se comporta como un “fondo de saco”, frenando las mareas y favoreciendo la sedimentación, y por otro lado, porque en la desembocadura del río se produce lo que se conoce como “tapón salino”, que frena la salida de las aguas interiores hacia el mar. Todo ello hace que la presencia de metales pesados termine afectando a los ecosistemas, pasando a la red trófica, afectando a los usos pesqueros, ganaderos, agrícolas y de ocio sostenible, y poniendo en peligro los potenciales usos del agua del Guadalquivir para consumo humano en caso de sequía prolongada. Además, las operaciones de dragado del estuario depositan esos sedimentos contaminados en el Golfo de Cádiz.
Las organizaciones exigen la paralización de las autorizaciones y prospecciones mineras mediante una moratoria y la constitución de un grupo técnico-científico de expertos independientes que evalúe en profundidad sus efectos en el medio ambiente y sus afecciones a la salud y la seguridad alimentaria.
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La jornada durante el Día Mundial del Árbol reunió a un gran número de personas del vecindario y ecologistas en el entorno de las lagunas de El Sapo, uno de los enclaves naturales más singulares de la ciudad de Sevilla. El Día Internacional de los Bosques fue la ocasión ideal para plantar distintas especies de árboles y arbustos de ribera y para la recogida selectiva de 340 kilos de residuos del entorno de las lagunas. La actividad, de carácter lúdico y participativo, se enmarca en una campaña que pone en valor la inusitada biodiversidad del espacio, estudiada por investigadores de las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
La reforestación fue la delicia de las familias que dejaron su huella en el paisaje plantando más de 250 árboles, auspiciadas por el trabajo que vienen realizando en su defensa asociaciones como OkPlanet y Ecologistas en Acción, unidas dentro de la Plataforma SAVE! (Salvemos el Anillo Verde del Este). Durante esta jornada lúdica participaron más de 70 personas a título individual o pertenecientes a colectivos ambientales del área metropolitana de Sevilla, como Cruz Roja, “La Otra Sevilla Este”, Amigos de la Cornisa Este del Aljarafe, Espacio Verde Cortijo del Cuarto, Grupo de Cajas Nido de Sevilla, Torreblanca Verde, Acción en Red y Jóvenes por la Justicia Climática pertenecientes a varios institutos y miembros del grupo Scout Tarsis 351.
Esta colaboración entre colectivos va en la línea de los trabajos que se vienen realizando en el área metropolitana de Sevilla de forma voluntaria y altruista como la limpieza y recogida de RSU (residuos sólidos urbanos), el muestreo de biodiversidad (Biomaratones), la colocación de cajas nido, la recuperación de semillas y la reforestación con variedades autóctonas gracias a las personas interesadas y a más de treinta entidades que conforman la Plataforma SAVE!
Según la organización, esta actividad de recuperación del bosque urbano, pone en valor espacios naturales ambientalmente singulares y promueve entre las personas el cuidado y disfrute de la naturaleza, una de las prioridades para esta plataforma ciudadana. Según reza en su campaña de change.org, la situación que viene atravesando la ciudad por la ola de eventos climáticos extremos, entre los que cabe destacar inundaciones, olas de calor, trenes de borrascas con fuertes rachas de viento, es imprescindible proteger y salvaguardar espacios como estos, pues son un escudo natural contra las avenidas y las altas temperaturas. A la vez que permiten la retención y laminación de las avenidas, el complejo de lagunas disminuye las temperaturas extremas en verano en las viviendas colindantes. “En un momento crítico como el que nos encontramos es evidente la necesidad de árboles capaces de soportar las rachas fuertes de viento y adaptados a las temperaturas elevadas. El entorno del aeropuerto de Sevilla debe proteger a los barrios cercanos de la contaminación atmosférica y el ruido que se produce en las instalaciones aeroportuarias” destacan los organizadores.
El Ayuntamiento de Sevilla reconoció los valores ambientales de las lagunas en el Pleno de febrero de 2023. Las asociaciones reclaman que los acuerdos firmados entonces han caído en saco roto: incendios intencionados, vertidos de escombros y de residuos, caza ilegal, son algunos de los ejemplos. Recientemente, un proyecto, promovido por el propio equipo de gobierno, pretende urbanizar el área destruyendo sus valores ambientales.
“Mientras el gobierno europeo lanza campañas para crear “Ciudades Esponja”, que incluyen la renaturalización de espacios degradados o en muchas partes de España se ponen en marcha planes para incrementar las zonas verdes dentro de la Estrategia Nacional para la Biodiversidad y del Plan Nacional para la Restauración de la Naturaleza, Sevilla tiene la oportunidad de conservar lagunas como El Sapo que nutrirán al futuro Anillo Verde y Azul de la ciudad”. Conservar su biodiversidad y funciones ecosistémicas es algo que, según los organizadores, será mucho más económico que crearlos desde cero.
El proyecto de urbanización para el desarrollo del Plan urbanístico de «Santa Bárbara» contempla la construcción de un viario y una rotonda justamente donde se encuentra la laguna. Afecciones que provocarán un grave deterioro de los espacios verdes ya consolidados, como los parques de Torreblanca, Tamarguillo y el pinar de Ranillas, y la desaparición de El Sapo. La obra, a cuya fase de exposición pública se presentaron numerosas alegaciones, cuenta con el apoyo de la comunidad científica, que avala la inclusión de estas lagunas en el Inventario Andaluz de Humedales.
“No nos podemos permitir el lujo de perder entornos naturales como estos en favor de unos planes urbanísticos para el Distrito Este que supondrían su destrucción. Espacios como estos son el reflejo vivo del pasado de nuestra ciudad que aún conserva imágenes relícticas en las lagunas de El Sapo. Mirar este paisaje es mirar hacia un futuro más amable y verde y al mismo tiempo a la historia de Sevilla”.
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Ecologistas en Acción ha mostrado su apoyo público a la Asociación de Vecinos y Vecinas de la barriada Guadalquivir ante la grave situación sanitaria que, según denuncian, atraviesa el barrio. La organización ecologista alerta de una posible exposición continuada a contaminantes peligrosos y critica lo que considera una gestión institucional “insuficiente, opaca y carente de medidas preventivas adecuadas”.
La vecindad viene señalando desde hace meses un incremento alarmante de fallecimientos y problemas de salud en la zona, incluyendo el reciente fallecimiento de una mujer joven por infarto. En este contexto, denuncian que las autoridades sanitarias no han ofrecido información transparente ni han activado protocolos de protección a la población pese a la existencia de picos reconocidos de sustancias como ácido sulfhídrico y benceno.
Cuestionamiento de las mediciones oficiales
Según trasladan los portavoces vecinales, las declaraciones públicas de la Consejería de Salud sobre la movilidad del camión de mediciones ambientales no se corresponderían con la realidad observada por la propia ciudadanía. Aseguran que el dispositivo permanece estacionado en el mismo punto durante largos periodos, lo que, a su juicio, impediría una evaluación rigurosa y representativa de la calidad del aire en distintos enclaves del barrio.
Ecologistas en Acción subraya que, si la propia Administración reconoce la existencia de picos de contaminantes peligrosos, resulta incomprensible que no se hayan adoptado medidas cautelares como evaluaciones exhaustivas, controles independientes, restricciones temporales o planes de protección para la población más vulnerable.
Especial preocupación por la guardería
Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia se centra en la ubicación de una guardería próxima a viviendas donde se habrían detectado niveles elevados de contaminantes en interiores. La asociación vecinal advierte de un posible riesgo para la salud infantil y reclama mediciones urgentes dentro del propio centro educativo.
Ecologistas en Acción exige la realización inmediata de catas y análisis independientes de calidad del aire en el interior de la guardería y en las viviendas colindantes, así como la adopción de medidas preventivas mientras se esclarece la situación. La organización recuerda que la protección de la infancia debe regirse por el principio de precaución ante cualquier indicio de riesgo ambiental.
Bloqueo informativo y responsabilidades
La vecindad denuncia además la falta de entrega de informes forenses y la ausencia de comparecencias clave en el procedimiento judicial abierto. En particular, señalan que no se habría llamado a declarar a la empresa pública responsable de la red de saneamiento del municipio, Aljarafesa, cuya infraestructura podría estar relacionada con el origen de los gases detectados.
Asimismo, se cuestiona la gestión clínica de los casos atendidos, denunciándose altas médicas pese a la persistencia de síntomas compatibles con exposición a contaminantes ambientales.
Advertencia legal y exigencia de responsabilidades
Ante lo que consideran una inacción administrativa prolongada, la representación vecinal ha formalizado una advertencia jurídica invocando posibles responsabilidades por omisión en el ejercicio de funciones públicas. Reclaman que se depuren responsabilidades, se garantice el acceso a toda la documentación y se practiquen pruebas periciales independientes.
Ecologistas en Acción respalda estas demandas y exige a la Junta de Andalucía y a las autoridades competentes que actúen con transparencia, diligencia y rigor científico. “No se puede normalizar la exposición a contaminantes reconocidos ni minimizar el impacto en la salud colectiva. La ciudadanía tiene derecho a saber qué está respirando y a vivir en un entorno seguro”, señala la organización.
Tanto la asociación vecinal como Ecologistas en Acción insisten en la necesidad de aplicar el principio de precaución, activar protocolos de emergencia si procede y garantizar una investigación exhaustiva que permita esclarecer el origen de la contaminación y proteger de forma inmediata a la población de la Barriada Guadalquivir.
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