• Presentan denuncia judicial para que se investigue la presunta comisión de delitos al tratar de ocultar el Informe de la UPCT sobre metales pesados en el Campo de Cartagena.
• Critican la falta de iniciativa y de transparencia ante las evidencias de elevadas concentraciones de metales pesados en suelos agrícolas de la zona Arco Sur del Mar Menor.
• Solicitan que se tomen de inmediato medidas para garantizar la salud pública y evitar posibles riesgos para la salud por los productos agrícolas cultivados en esos suelos.

Ecologistas en Acción ha anunciado la presentación de una denuncia judicial, para que se aclare la posible comisión de varios delitos en torno a la elaboración, custodia y transparencia del informe encargado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca a la Universidad Politécnica de Cartagena, sobre el Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena.

Para la organización es muy grave la secuencia de acontecimientos y las distintas versiones de un relato que se ha ido construyendo en torno a la existencia o no del informe, su acceso público, y la petición de devolución de la subvención concedida a la UPCT por considerarse que no se cumplen los objetivos de la subvención, varios meses después de presumiblemente haberse entregado y justificado el trabajo por el que se dio la subvención. Su existencia sólo se ha puesto en cuestión al presentarse una solicitud de acceso a la información pública, asegurándose primero que no existía ningún documento entregado, y posteriormente reconduciendo el relato (a la vista de la evidencia de la existencia del informe) que ahora resulta que no cumple los requisitos por los que se subvencionó.Ecologistas en Acción considera estos hechos como muy graves, por atentar contra el acceso a la información, y máxime en un caso tan preocupante, en el que las consecuencias de ocultar y/o ignorar la información que revela, pueden afectar a la salud pública, además de al medio ambiente, y por eso ha presentado esta denuncia, con la que pretende que salga a la luz toda la verdad, la documentación que permanece inaccesible, y que depuren responsabilidades en todos los sentidos.

Critican la inacción de la administración regional. Según el informe “Caracterización de tecnosuelos del depósito minero “El Lirio”-Los Belones (Cartagena)”, elaborado por el Grupo de investigación “Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas”, de la Universidad Politécnica de Cartagena, las muestras que se obtuvieron de tierra vegetal de la zona Arco Sur del Mar Menor presentan “elevados valores de arsénico, cadmio, plomo y zinc”, que se sitúan “por encima de los niveles de referencia para suelos de la Región de Murcia” según el nivel de referencia para suelos de la Región de Murcia propuesto en un estudio elaborado en 2007.

Destaca la contaminación por plomo, con valores medios por encima del Nivel Genérico de Referencia (NGR) para usos distintos a los urbanos y los industriales (aplicable por tanto a los usos agrícolas) fijado en el proyecto de decreto autonómico que ha de establecer tales niveles, con picos que multiplican por 2,4 dicho NGR y que multiplican por más de 6 veces el nivel de referencia para suelos de la Región de Murcia propuesto en el estudio de 2007.

También el informe identifica picos que casi duplican el NGR para manganeso, así como puntos con valores de cadmio por encima del nivel de referencia del estudio de 2007 y niveles medios de zinc que multiplican por 2,8 veces el nivel de referencia del estudio de 2007, con picos que lo multiplican por más de 7 veces.

El mencionado informe muestra igualmente mapas en los que se aprecian amplias zonas en la zona Arco Sur del Mar Menor con valores de cadmio superiores a 5 mg/kg (por encima de su NGR de 4 mg/kg y 6,7 veces superior al valor de referencia del estudio de 2007), de plomo superiores a 1.000 mg/kg (8,7 y 23,2 veces superiores a su NGR y al valor de referencia del estudio de 2007, respectivamente) y de zinc superiores a 500 mg/ kg (5,2 veces superiores al valor de referencia del estudio de 2007).

Hay que recordar que niveles excesivos de estas sustancias pueden generar efectos negativos sobre la salud humana como daños neurológicos (plomo), cáncer (arsénico), osteoporosis y disfunción renal (cadmio), anemia (zinc) y afecciones al sistema nervioso (manganeso).

Pese a la gravedad de la situación, el gobierno regional no sólo no ha tomado medida alguna para proteger la salud pública y evitar los posibles riesgos derivados de productos agrícolas procedentes de estos suelos con tan elevadas concentraciones de metales, sino que sus esfuerzos se han centrado en todo lo contrario, ocultando la situación en un inaceptable ejercicio de opacidad y falta de transparencia para impedir un pleno conocimiento ciudadano de tales riesgos para la salud pública y para el medio ambiente, incumpliendo sus responsabilidades en transparencia y las normativas sobre el derecho ciudadano a la información ambiental.

El gobierno regional parece más interesado en defender los intereses económicos de las empresas agrarias que operan en la zona Arco Sur del Mar Menor, en lugar de defender el interés de la ciudadanía, la salud pública y el medio ambiente. De hecho, a día de hoy el gobierno regional persiste en su falta de transparencia, impidiendo la consulta a unos estudios e informes realizados con financiación pública, como es el caso del informe “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena” y que por tanto deberían ser de acceso público. Que este informe siga sin acceso público, unido a la situación que dicho informe refleja, de elevada contaminación por metales, permite sospechar que una de las razones del actual conflicto en torno a este tema es ocultar o minimizar el problema de unos suelos contaminados por metales en la zona Arco Sur del Mar Menor que, a día de hoy, siguen en cultivo.

Conviene recordar que hay cultivos muy susceptibles a la absorción de metales pesados presentes en el suelo, y que algunos pueden acumularse en cantidades importantes en las partes comestibles que se comercializan, por ejemplo en lechuga, tomate, patata, zanahoria, o cebolla, entre otros.

Por todo ello, Ecologistas en Acción, también ha remitido un escrito exigiendo al gobierno regional:

1. Que ponga a disposición pública todos los estudios e informes que tenga disponibles sobre esta problemática, sin restricción alguna.
2. Que por parte de Sanidad se lleve a cabo un estudio analítico riguroso, y con transparencia en la información de los resultados, de los contenidos en metales de los productos agrícolas cultivados en la zona Arco Sur del Mar Menor.
3. Que, en tanto no quede perfectamente acreditada por laboratorios independientes la plena seguridad para la salud pública de tales productos, se establezca una moratoria al cultivo de tales tierras y sobre todo a la comercialización de sus productos.

Cultivos en zona Sur del Mar Menor

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• La contaminación de ozono, partículas y dióxido de nitrógeno han sido una constante en la región.
• Reclaman una reforma de los protocolos anticontaminación y un plan estratégico de Calidad del Aire.
• Denuncian la ausencia de restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Ecologistas en Acción presenta el informe La calidad del aire en la Región de Murcia durante 2025 en el que se analizan la contaminación atmosférica este ultimo año en la región con los datos oficiales de la página web de la Dirección General de Medio Ambiente.

El ozono troposférico (O3) es uno de los problemas crónicos de contaminación atmosférica en nuestro territorio. En 2025, diez de las doce las estaciones que miden han registrado superaciones del valor limite octohorario diario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en más de 75 días. la página web autonómica de calidad del aire ya no publica los resúmenes mensuales de máximos diarios octohorarios de ozono. Los peores registros se han dado en las estaciones Jumilla y Alumbres (Valle de Escombreras).

En PM10, según la normativa actual, que se ha quedado obsoleta, la estación de Lorca es donde se producen más superaciones de los niveles de partículas. Sin embargo, según los criterios más estrictos de la Organización Mundial de la Salud, prácticamente todas las estaciones de la red de vigilancia atmosférica superarían los valores límite de exposición a partículas PM 10, siguiendo este material particulado como contaminante crónico de la región.

La llegada de masas de polvo del Sahara a la región es cada vez más recurrente, con un impacto significativo en la contaminación atmosférica y la salud pública que se suma a la contaminación por partículas existentes. Independientemente de cuál sea su origen, natural o antropogénico, los niveles de partículas PM10 por encima de los valores límite tienen severas afecciones sobre la salud humana.

No existe un valor limite diario de exposición a las PM2.5 en la normativa actual. Dos estaciones urbanas, San Basilio en Murcia Ciudad y Molina concentran las máximas superaciones del valor limite diario establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 15 microgramos/m3. Les siguen Ronda Sur en Murcia y Mompeán en Cartagena, también estaciones urbanas. Lo que evidencia el origen en las emisiones del tráfico rodado durante todo el año.

El dióxido de nitrógeno (NO2) es uno de los contaminantes que está más asociado al transporte y tráfico urbanos. La ciudad de Murcia, como una veintena de ciudades medias y grandes, ha superado durante 2025 el nuevo valor límite anual establecido por la Unión Europea para el dióxido de nitrógeno (NO2), emitido al aire urbano principalmente por el tráfico motorizado que accede y circula por nuestras calles. Los niveles más elevados de este contaminante se han registrado durante el año pasado en las estaciones como las de San Basilio de Murcia, con una concentración media anual en torno a 30 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m3), frente a los 20 μg/m3 que deben alcanzarse antes del 1 de enero de 2030 y los 10 μg/m3 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Siguiendo este último criterio las estaciones urbanas de San Basilio y Ronda Sur en Murcia y Mompeán en Cartagena concentran el mayor número de superaciones del valor límite de la OMS confirmando el origen en el tráfico rodado de estas emisiones El NO2 se ha convertido en un contaminante estructural en las ciudades de la región debido al aumento del tráfico y sus emisiones.

Se ha producido una disminución muy notable de los índices de contaminación por dióxido de azufre (SO2), que estaba circunscrita a las emisiones industriales del valle de Escombreras confirmando así la tendencia decreciente de los últimos años.

Las emisiones de amoniaco (NH3) de la ganadería industrial son un problema significativo en nuestra región. Nuestro territorio es el segundo más contaminada después de Cataluña por las emisiones de la ganadería industrial No existe valor límite de exposición para la salud humana de este contaminante. Solamente mide amoniaco la estación de San Basilio y Lorca.

La contaminación atmosférica industrial y minera se manifiesta en diversos focos en el Campo de Cartagena y Murcia. La zona de Zinsa y El Hondón en Cartagena y el Llano del Beal-La Unión. El problema de la dispersión aérea de los contaminantes es un problema pendiente que las administraciones tienen que resolver y las actuaciones no se hacen o sé hacen con escasa diligencia.

Necesitamos como propuestas de futuro sobre calidad del aire una serie de medidas y mecanismos para una mejora significativa:

• Hay que continuar en la modernización y sustitución de analizadores de las estaciones de medición de la red de vigilancia atmosférica para la mejora del diagnóstico sobre la calidad del aire, un presupuesto suficiente, el aumento de recursos humanos y una mayor implicación de nuestras administraciones locales y regional ante el complejo problema de la calidad del aire.
• Debemos seguir en una mejora de la red de vigilancia atmosférica con la ubicación de nuevas estaciones (especialmente en Murcia y Lorca) para 2026 y un programa escalonado de sustitución de analizadores.
• Se necesita un Plan Estratégico de Calidad del Aire urgente que contenga u programa especifico sobre el ozono troposférico que establezca medidas urgentes y reales de disminución de la contaminación atmosférica y los principales contaminantes.
• Hay que desarrollar Zonas de Bajas Emisiones cuyo perímetro esté restringido a los vehículos más contaminantes. Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, se están estableciendo sin ningún criterio de exclusión de vehículos contaminantes a estas zonas con lo que se desvirtúa su objetivo de lucha contra la contaminación atmosférica y lucha contra el cambio climático.
• Los protocolos anticontaminación deben contemplar medidas de acción preventivas y no solo recomendaciones, Deben ser automáticos en su activación ante episodios de contaminación.
• Es necesario implementar mayores actuaciones de control de las emisiones industriales y del tráfico.
• Se necesita desarrollar mejoras significativas del transporte público urbano e interurbano (especialmente el eléctrico).

La calidad del aire en la Región de Murcia

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• La organización critica la falta de voluntad de tener un Plan de Ordenación Territorial realmente útil y eficaz.
• Denuncian que se reitere el mismo documento que se tramitó en 2023, y no se haya aprovechado para mejorarlo supliendo sus enormes y flagrantes carencias.

Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha emitido un comunicado para dar a conocer las alegaciones que han presentado al documento de avance de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor (DyPOTCVM). Estas alegaciones se suman y complementan a las que han presentado otras organizaciones de defensa del ecosistema marmenorense, con las que hay una coordinación y colaboración permanente.

En primer lugar, la organización ha denunciado el incumplimiento de los plazos legales establecidos para la aprobación definitiva de las Directrices y POTCVMM, que el artículo 15 de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor, fijaba para antes del 1 de agosto de 2023. Casi dos años y medio después, todavía se está al inicio de la tramitación, y además se produce una injustificada reiteración en los procedimientos. Se vuelve a someter a información pública el mismo documento que se presentó en 2023 (por cierto también se inició fuera del plazo legal), por lo que no sólo no existe una fecha probable de aprobación, es que en más de tres años no se ha avanzado en la redacción ni en la tramitación del plan.

Por otro lado, los ecologistas critican que la estructura de la documentación es poco apropiada para la consulta pública, y la utilización del periodo navideño para su tramitación, dificultando enormemente la consulta del documento para conocer sus contenidos y elaborar posibles alegaciones y observaciones. Consideran que esto perpetúa la senda de déficit en materia de participación pública y transparencia en la que se ha instalado el ejecutivo regional, sobre todo en cuestiones de enorme relevancia social y ambiental, como esta.

Otro aspecto que preocupa a la asociación es la exclusión de parte de los objetivos del plan en la zona 2 de la cuenca vertiente, la mayor parte de la superficie de la cuenca, que consideran debería optarse por la adaptación de los objetivos, y no a su exclusión, ya que la cuenca vertiente funciona como un sistema integral en su funcionamiento hidrológico, hidrogeológico y de dinámica de los flujos de agua, sedimentos y nutrientes.

Además, critican que en el documento de avance los contenidos están claramente desequilibrados y son poco relevantes. De las 560 páginas del documento, el apartado 3 de análisis y diagnóstico abarca el 97%, mientras el apartado 4 donde el documento tiene que definir qué directrices y actuaciones pretende impulsar, sólo supone el 2% de la extensión total del documento, y se trata de simples generalidades.
Incluso el diagnóstico que presenta, que es el grueso del documento, está desactualizado y carece de enfoque integral. No menciona siquiera a elementos clave como el cambio climático, ni herramientas legales recientes como la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, respaldada por el Tribunal Constitucional en sentencia de noviembre de 2024. Tampoco se analizan factores determinantes, como los que están exacerbando el riesgo de inundaciones generados por la mala gestión de los espacios urbanos y agrarios que actúan sinérgicamente, aumentando la contaminación del ecosistema y el riesgo para las poblaciones ribereñas.
Por si fuera poco, el contenido no se ajusta a la normativa: incumple contenidos obligatorios para las directrices de ordenación territorial, de acuerdo con la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, y se mantiene la expectativa de mayor crecimiento urbanístico, al excluir la Zona 2 del objetivo de regular los usos del suelo y la densidad urbanística. Esto es esencial en el control de escorrentías.
Aun siendo ambiguos los objetivos, algunos apuntan a impactos adicionales generados por el propio DyPOT. Un ejemplo, es la acción estructurante estratégica 9 “Protección y gestión activa frente a gestión pasiva”, que bajo un lenguaje deliberadamente ambiguo muestra la intención de primar el uso turístico y las actividades económicas en los espacios protegidos por encima de los objetivos que tienen tales espacios. Aflora la ideología desarrollista que el Avance de DyPOT pretende mantener a toda costa.
Para terminar, dentro de la documentación, el Documento Inicial Estratégico está casi vacío de contenido, y no contiene ni un mínimo análisis real de la compatibilidad entre este DyPOT y el Plan de Gestión Integral del Mar Menor. La falta de contenido y análisis básico supone un flagrante incumplimiento de los contenidos requeridos por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Lo mismo sucede con el “Análisis de alternativas”, planteando falsas alternativas como mero artificio que pretende cumplir formalmente con la normativa, cosa que no logra porque un análisis de alternativas no es sólo el titular de un epígrafe sino un procedimiento bien establecido a nivel técnico y que parte de alternativas que deben ser todas factibles.

Para Ecologistas en Acción, en resumen, el avance muestra unas Directrices y Plan de Ordenación Territorial profundamente descafeinadas y, por ello mismo, perfectamente inútiles: “Lo más parecido a no tener un Plan de Ordenación Territorial es tener un documento como este”, ha concluido Pedro Luengo, portavoz de la organización ecologista. Y añade “parece que la voluntad que se adivina en la tramitación y redacción del POTCVMM es la de tener un documento vacío e inservible, para poder seguir con un modelo de desarrollo profundamente insostenible e incompatible con la regeneración del Mar Menor, mientras se aparenta que se está haciendo un cambio”.

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Denuncian el incumplimiento de las medidas de protección ambiental.

Situación actual de la planta fotovoltaica, sin la barrera vegetal.

En junio de 2024 se anunció a bombo y platillo la entrada en operación de la planta solar fotovoltaica La Isla, ubicada en el municipio de Cartagena, entre las localidades de Beal y Llano del Beal, con una potencia instalada de casi 5 MW. En un comunicado oficial, la empresa promotora destacó que se había buscado “la mejor integración en el paisaje de la instalación mediante la plantación de una pantalla vegetal cubriendo las zonas visualmente más expuestas de la planta solar”. Además, “se han creado islas de biodiversidad formadas por más de 1.800 ejemplares de especies vegetales autóctonas con el fin de fomentar los hábitats naturales característicos del entorno de la planta y línea de evacuación”.

Hay que recordar que esta instalación industrial ya fue objeto de polémica con los vecinos de la zona, que solicitaron que el paraje de Buenavista donde se ubica fuera destinado suelo para nuevas viviendas de los pueblos del Beal y El Llano. Pues bien, la Asociación de Vecinos Santa Bárbara del Llano del Beal expresó su malestar por la situación ya que, llevan «al menos décadas» con esa reivindicación y dijeron sentirse «engañados» por la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, y por la empresa encargada de llevar a cabo el proyecto. Representantes de la asociación de vecinos y de la Junta Vecinal mantuvieron una reunión con la empresa, en la que esta les afirmó que les remitiría todos los permisos, «pero a día de hoy aún no lo han hecho», afirmó en noviembre de 2022 el presidente de la asociación, Antonio Carrasco.

Pues bien, año y medio después de la entrada en funcionamiento de la planta, los ecologistas denuncian que no hay rastro aparente de la pantalla vegetal prometida, mientras que en las islas de biodiversidad con especies vegetales autóctonas donde se prometieron miles de plantas autóctonas, apenas pueden observarse algunas matas aisladas. El coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, Pedro Luengo Michel, ha declarado que “situaciones como esta o la reciente suspensión de la construcción de la planta fotovoltaica en Los Corralones, junto al Parque Regional de Calblanque, sólo tras las denuncias vecinales en los medios, ponen de manifiesto la ausencia de controles efectivos en cuanto al cumplimiento de las medidas ambientales que prometen las empresas y luego parece no cumplen como debieran”.

Los ecologistas anuncian que pondrán esta situación en conocimiento de los organismos responsables, a saber, la Dirección General de Energía de la Comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena, que autorizaron esta instalación industrial, así como ante la Dirección General de Ordenación de Urbanismo y Ordenación del Territorio, que es el departamento competente en materia de paisaje de la Comunidad, según la Ley del Suelo.

Imagen de las “islas de biodiversidad” difundida por la empresa.

Aspecto real y actual de las “islas de biodiversidad”.

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