• El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado la nulidad de la sentencia y ordena la repetición del juicio, incluyendo el enjuiciamiento de los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal.
• Estos graves delitos no se enjuiciaron por decisión del Tribunal, que solo condenó a dos de los acusados por denuncia falsa, el menor de los delitos por los que fueron denunciados por Juan Clavero y Ecologistas en Acción.
• Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por esta sentencia, que permitirá enjuiciar a los acusados de urdir esta trama.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Juan Clavero y Ecologistas en Acción, y que fue apoyado por la Fiscalía, contra la sentencia dictada el día 14 de octubre de 2024 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez.

La sentencia condenó a Manuel Alcaide Parra y a José Miguel Herrera Díaz, como autores criminalmente responsables de un delito de denuncia falsa, a las penas de un año de prisión y multa de 15 meses, a razón de 6 euros de cuota diaria. Asimismo se les condenó a indemnizar, conjunta y solidariamente, a Juan Clavero Salvador en la suma de 20.000 euros, en concepto de responsabilidad civil. La sentencia absolvió a los otros dos procesados, Juan Luis Pérez Ramírez y Óscar González, y a la Sociedad Breña del Agua Investments S.L.

La sentencia incluía como hechos probados que José Miguel Herrera Díaz, gerente en 2017 de las fincas propiedad de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., acordó con Manuel Alcaide que “participase en dicha ruta haciéndose pasar por simpatizante del grupo ecologista y que, disimuladamente, introdujera cierta cantidad de drogas en el vehículo de alguno de dichos miembros para, a continuación, avisar a la Guardia Civil y propiciar la apertura de las correspondientes diligencias penales”. Estos hechos son constitutivos de un delito de denuncia falsa, con penas de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, que terminaron siendo reducidas por dilación indebida.

El Tribunal impidió que se abordaran los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal, que plantearon tanto la acusación particular ejercida por Juan Clavero, como la popular ejercida por Ecologistas en Acción. Ambas acusaciones solicitaban penas más elevadas e indemnizaciones más cuantiosas, dada la gravedad del daño que se pretendió causar a Juan Clavero, que podría haber terminado en prisión como traficante de drogas.

Ecologistas en Acción consideró “muy sorprendente” la absolución como responsable civil subsidiaria de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., pues quedó demostrado que su administrador, José Miguel Herrera, fue quien organizó la trampa para imputar a Juan Clavero como narcotraficante, y que admitió en el juicio que contrató a Manuel Alcaide como espía y, según reconoce la sentencia, para introducir cocaína en el vehículo de Juan Clavero.

Tanto Juan Clavero como Ecologistas en Acción anunciaron que recurrirían la sentencia ante el TSJA, como así hicieron, y ahora dicho tribunal les ha dado la razón, anulando la sentencia y obligando a repetir el juicio.

Juan Clavero y Ecologistas en Acción muestran públicamente su satisfacción por esta sentencia que permitirá enjuiciar a los acusados de urdir esta trama, no solo por el delito de denuncia ilegal sino también por los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal. Los acusados se podrían enfrentar a una pena de siete años de cárcel y multa de 21.600 euros, además de a una cuantiosa indemnización. Asimismo, se volverá a plantear que se condene a la Sociedad Breña del Agua Investments S.L. como responsable civil subsidiaria.

Ecologistas en Acción espera que en el nuevo juicio se haga justicia y no quede impune ninguno de los implicados en esta trama.

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Las intensas lluvias de las pasadas semanas han devuelto todo su esplendor al que fue el mayor humedal interior de la Península Ibérica, La Janda, ubicada en el triángulo comprendido entre Benalup-Casas Viejas, Tahivilla, Vejer de la Frontera y la pedanía tarifeña de Tahivilla, ocupaba una superficie total superior a las 7.000 hectáreas y estaba integrada por las lagunas de Rehuelga, Espartinas, Tapatanilla y Jandilla, destacando en la parte central la de la Janda que llegaba a alcanzar una longitud de 12 km en dirección oeste este, una anchura de 4 km y una superficie total de más de 4.000 hectáreas. Aquel humedal fue desecado en la década de los 60 del siglo pasado con fines agrícolas.

Dadas que las tierras son de titularidad pública, como así lo acredita una sentencia del Tribunal Supremo de 1.967, siguiendo el paso de las actuales directrices europeas que priorizan la recuperación y restauración de ecosistemas, numerosas organizaciones, desde hace décadas vienen solicitando que se recupere y se restaure este emblemático humedal que da nombre a toda la comarca.

Para trasladar de nuevo esta propuesta a la Junta de Andalucía, se ha celebrado una reunión, a instancias de la Fundación Savia, con José Enrique Borrallo, Director General de Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía en la que también han participado la Asociación de Amigos de la laguna de La Janda y Ecologistas en Acción.

En la reunión se han analizado los antecedentes y se ha valorado que la situación actual de estancamiento resulta bastante incomprensible y no es la más adecuada para la puesta en valor de un espacio de titularidad pública tan emblemático. Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia ha instado a que Junta de Andalucía y Estado Central, las administraciones que tienen las competencias sobre el espacio, se sienten, dialoguen y colaboren para recuperar el enclave como así es de justicia, lo reivindica la sociedad civil y las administraciones locales, revierta el actual estado antinatural para que, más pronto que tarde, podamos volver a contar en Andalucía con la laguna de La Janda llena de vida.

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La medida entrará en vigor el miércoles 18 de febrero y se extenderá hasta el 25 de febrero para facilitar a las personas desalojadas poder acceder a los establecimientos hoteleros.

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• Los proyectos de Ley de Montes y de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) actualmente en tramitación parlamentaria suponen un grave retroceso para la protección de medio ambiente.

Las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han expresado su profunda preocupación ante el retroceso que puede suponer para la protección del medio ambiente en Andalucía los contenidos de los proyectos de Ley de Montes y de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM). Actualmente se encuentran en tramitación parlamentaria, textos que se han remitido a la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente para su tramitación por el procedimiento de urgencia, según consta en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía del 14 de noviembre de 2025. Las organizaciones consideran que esta forma de tramitación acelerada impide el debate necesario que debe preceder la aprobación de normas de gran impacto territorial, ecológico y social.

En el caso de la Ley de Montes, preocupa que su redactado permita descatalogaciones, ocupaciones prolongadas y cambios de uso del suelo que reducen la protección histórica del patrimonio forestal público y a procesos de privatización funcional, o a permitir usos incompatibles con las funciones ecológicas del monte. Además, la norma no incorpora con ambición los avances esenciales necesarios en materia de prevención estructural de incendios, de restauración ecológica, de protección de bosques maduros o de conectividad ecológica, todos ellos elementos clave en un escenario de mayor riesgo climático y creciente vulnerabilidad de los montes andaluces.

En cuanto a la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), las organizaciones advierten que algunos de los planteamientos que incorpora implican una reducción drástica del alcance y rigor del sistema de control y prevención ambiental. Tanto la denominada Autorización Ambiental Simplificada (AAS) como la ampliación de procedimientos abreviados suponen una disminución de evaluaciones completas, abriendo la puerta a la externalización de funciones esenciales de control e inspección ambiental.

Tales cambios pueden comprometer la capacidad de la Administración para garantizar los niveles adecuados de protección en ámbitos especialmente sensibles, como el agua, la biodiversidad o la evaluación de impacto, además de alejarse de los principios de precaución, de prevención, y no deterioro exigidos por la normativa estatal y europea.

Las organizaciones firmantes subrayan también la importancia de asegurar una adecuada integración entre la política ambiental y la gestión del agua, ausente en la nueva LEGAM, una integración que es especialmente necesaria en una comunidad autónoma que, como la andaluza, está sometida a sequías estructurales y que presenta la mayoría de sus masas de agua en estado deficiente o malo.

Gestión forestal efectiva

Asimismo, las organizaciones recuerdan que muchos montes públicos andaluces son de titularidad municipal, y que sin apoyo técnico y financiero suficiente —lo que no está previsto adecuadamente en el texto actual— será difícil garantizar una gestión forestal efectiva a escala local.

En conjunto, las propuestas normativas contribuirán a dibujar un escenario de preocupante desregulación y de regresión del control ambiental, que se verá agravado por la tramitación acelerada de dos leyes complejas y de largo alcance. Andalucía afronta desafíos ambientales de enorme envergadura: incendios cada vez más severos, pérdida de biodiversidad, presión urbanística y los efectos del cambio climático, que ya está transformando el territorio. En este contexto, cualquier debilitamiento de las garantías ambientales supone un riesgo que la comunidad autónoma no puede permitirse.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife entienden que la participación pública en el debate y tramitación de textos legislativos no puede ser un mero trámite, y reiteran su disposición a colaborar con el Parlamento y con el Gobierno andaluz para mejorar estas leyes. Las organizaciones insisten en la necesidad de reforzar la protección de los montes públicos, consolidar un sistema de evaluación ambiental robusto e integrar plenamente las exigencias científicas y europeas en materia de biodiversidad, agua y clima.

Andalucía cuenta con un patrimonio natural excepcional. Para conservarlo, restaurarlo y fortalecer su resiliencia frente a los desafíos presentes y futuros, las organizaciones instan a que la actualización normativa se oriente a incrementar las garantías ambientales, nunca a reducirlas, y a que su tramitación refleje la relevancia y complejidad de las materias que van a regular estas leyes.

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• La Junta de Andalucía ha aprobado una Resolución de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad por la que se amplía el periodo de caza mayor en aquellas fincas que no han podido realizar monterías, ganchos o batidas debido al mal tiempo. Esta ampliación responde sólo al plegamiento de los responsables de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente (CSyMA) al sector cinegético, y repercutirá negativamente en la biodiversidad y en actividades como el senderismo y el turismo rural.

Los periodos hábiles y de veda para la caza mayor los ha fijado la Resolución de 28 de mayo de 2025 de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad. En lo que respecta a la caza mayor, y concretamente a las especies ciervo, gamo, muflón y jabalí, establece con carácter general un período hábil de caza que comprende todos los días de la semana desde el 11 de octubre de 2025 al 8 de febrero de 2026.

Como ha llovido mucho y no se han podido celebrar muchas monterías, ganchos y batidas, a propuesta del sector cinegético, la CSyMA ha ampliado el periodo de caza mayor en esas fincas hasta finales de este mes de febrero.

Ecologistas en Acción se opuso en el Comité de Caza de Andalucía, formado mayoritariamente por representantes de la Junta y de los cazadores, a esta ampliación de plazo para la caza mayor. Juan Clavero, representante de Ecologista en Acción en el citado Comité, advirtió que  no es admisible que todas las medidas que aprueba la CSyMA vayan a favor de la caza, cuando ni siquiera es la actividad más practicada en el campo, que es el senderismo, ni la de mayor relevancia económica en los pueblos de zonas forestales, que es el turismo rural.

Esta Resolución se justifica, además, para “controlar las enfermedades infectocontagiosas de alto impacto”. Pero se omite que el principal método para luchar contra las enfermedades infectocontagiosas son los predadores naturales. La CSyMA, en vez de protegerlos, los persigue, y las consecuencias son el desequilibrio poblacional de algunas especies, como el ciervo, el jabalí y el gamo.

La Resolución asegura que esta medida se basa en el artículo 20 de la Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres, pero es falso. Este artículo determina que “ante situaciones excepcionales de daño o riesgo para los recursos naturales como consecuencia de circunstancias excepcionales de tipo meteorológico, biológico o ecológico, sean naturales o debidas a accidentes o a cualquier otra intervención humana, las Administraciones Públicas de Andalucía adoptarán las medidas necesarias, incluyendo moratorias temporales o prohibiciones especiales…”. O sea, este artículo va en la dirección contraria a como lo quieren utilizar, es para limitar o prohibir la caza, no para ampliarla. Cuando las organizaciones ecologistas hemos solicitado prohibir la caza de aves acuáticas en periodos de sequía, para lo que sí es de aplicación este artículo, la CSyMA ni respondió.

Esta Resolución no se apoya en ningún informe científico sobre sus repercusiones, ni menciona los efectos que tendrá esta ampliación del periodo de caza mayor con perros en la biodiversidad, cuando ya muchas especies están comenzando la época de reproducción, ni sobre otras actividades como el senderismo, pues en las monterías se cierran ilegalmente los caminos públicos y vías pecuarias, y suponen un riesgo para los miles de senderistas que los recorren.

Otro factor que no ha tenido en cuenta la CSyMA es que las ciervas están preñadas, y que en este mes los fetos doblarán su tamaño, dificultando la huida ante las rehalas de perros y generándoles estrés.

Con esta medida, y otras que está promoviendo la CSyMA como las emergencias cinegéticas, en el campo andaluz se va a poder estar cazando todo el año, perjudicando a la biodiversidad y a otros sectores sociales y económicos. Sorprende esta entrega total de los responsables de la Junta de Andalucía al sector cinegético cuando la caza es una actividad decreciente y minoritaria en Andalucía. Las licencias de caza en Andalucía han experimentado un descenso significativo en las últimas dos décadas,  reduciéndose a la mitad. A pesar del apoyo de la Junta de Andalucía -con promoción de la caza hasta en las escuelas, generosas subvenciones a ferias, campañas promocionales, bonificaciones, exageración de las repercusiones económicas…-, la realidad es que en Andalucía hay sólo 87.000 cazadores federados, el 1% de la población, pero que tienen acotada más del 80% de su superficie.

Una prueba más de esta entrega total de los responsables de la CSyMA al sector cinegético es que en el Borrador de la Resolución que se llevó al Comité de Caza se incluía una ampliación de plazo hasta el 22 de febrero. A los representantes de los cazadores les pareció poco, y propusieron que se ampliara hasta el 28, y así ha aparecido en la Ordena aprobada y publicada en el BOJA.

Ecologistas en Acción lamenta que la Consejería denominada de “Sostenibilidad y Medio Ambiente” se pliegue a los intereses del sector cinegético, convirtiéndose en una mera “Gestoría de caza”, olvidando sus competencias, entre las que se encuentra la preservación de la biodiversidad.

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• Se trata de una revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) de 2006 y acaba de pasar por un primer proceso de exposición pública.
• El POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) nace con la intención de ser el marco de referencia territorial para todos los planes de ordenación del territorio que se vayan a desarrollar en Andalucía; es el plan de planes con horizonte en el 2050.

Compartimos las principales propuestas de la Revisión del POTA, como son, la vinculación del plan a la legislación y planificación sectoriales, la inclusión de la Infraestructura Verde en el Modelo Territorial, la modificación del Sistema de Ciudades para adaptarlo a las circunstancias actuales del territorio andaluz y la inclusión de criterios territoriales básicos para la implantación ordenada de las energías renovables.

Confiamos y deseamos que este sólido documento no se quede en otra declaración de intenciones y pueda vehicular políticas sostenibles vinculantes. Para ello, es imprescindible que las determinaciones de este Plan, Normas (N), Directrices (D) y Recomendaciones (R), orienten todas las políticas territoriales tanto a nivel autonómico como municipal.

Entre las más de 140 alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción, destacamos:

En relación a la implantación de la Infraestructura Verde, pedimos que se incluyan todos los espacios de Red Natura 2000 como suelos No Urbanizables de Especial Protección. También solicitamos que para conseguir la Conectividad Ecológica se incluyan todas las Vías Pecuarias y todos los cauces de los ríos y sus riberas. Reclamamos incluir en la Infraestructura Verde la laguna de La Janda, la que fuera la mayor laguna de la Península Ibérica.

En relación al Litoral de Andalucía solicitamos que se recupere, actualice y se incorpore el Plan del Corredor del Litoral de Andalucía, que fue olvidado desde los gobiernos de Susana Díaz. Igualmente proponemos que en el litoral no se recalifiquen nuevos suelos, que se preserven los que quedan sin urbanizar y no se colmate urbanísticamente.

Coincidimos en la propuesta del Plan sobre la “Ciudad Compacta”, pero, dada la demografía andaluza, proponemos para las ciudades la tendencia al crecimiento 0 o decrecimiento, fomentando la rehabilitación y revitalización. Proponemos, igualmente, que no se instalen nuevas urbanizaciones en suelos rústicos separados de las ciudades existentes.

En relación al Sistema Hidrológico de Andalucía entendemos que es un elemento estructurante del territorio andaluz. Alegamos que el desarrollo territorial depende del estado de sus masas de agua, y que el buen estado del agua no depende solo de su química (contaminación) sino también del estado hidromorfológico de los ríos encajonados, cementados, fragmentados, etc. Desvelamos que la “demanda sostenible” es un eufemismo y no sirve para la gestión del agua; debe hacerse en función del recurso hídrico y no de la demanda.

En relación a las distintas instalaciones de infraestructuras energéticas, proponemos que, aunque con retraso, es hora ya de pasar a delimitar y ordenar el despliegue de las energías renovables en nuestro territorio, y hacerlo de manera vinculante: Hay que incorporar las APER, Áreas Preferentes de Energías Renovables, de la Ley 2/2007, al POTA.

Respecto al Sistema de Articulación del Territorio, y en relación al transporte y movilidad, nuestras alegaciones van todas encaminadas a considerar prioritarios los transportes públicos, colectivos y no contaminantes; es decir el transporte peatonal, ciclista y ferroviario; y considerar complementarios los modos  carretero, fluvial, aéreo y marítimo.

Dado el bajísimo nivel de cumplimiento de los obligatorios planes locales frente al cambio climático, proponemos su activación, con medidas efectivas de mitigación, adaptación y participación, para lo cual proponemos que se diseñen planes comarcales para municipios con características y desafíos similares.

Ecologistas en Acción confía en que este Plan de Ordenación del Territorio llegue a una buena formulación y no se quede en un plan más desoído e ignorado por las distintas administraciones.

En Andalucía necesitamos ordenar nuestro territorio con una visión sostenible, equitativa y de futuro., que nos permita a los andaluces una mejor calidad ambiental y de vida.

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• Denunciamos la falta de transparencia de las autoridades mineras de la Junta de Andalucía respecto a estos riesgos.

Ecologistas en Acción alerta del grave riesgo ambiental que suponen las balsas de residuos mineros y los pasivos históricos de la minería metálica en Andalucía ante episodios de lluvias intensas como el que se está produciendo estos días. La situación resulta especialmente preocupante en la Faja Pirítica Ibérica, donde se concentra un elevado número de instalaciones de residuos mineros en las provincias de Huelva y Sevilla, muchas de ellas asociadas a explotaciones activas o cerradas desde hace décadas.

Miembros de la asociación han podido constatar en las últimas horas el riesgo de la situación en las gigantescas balsas de lodos tóxicos de la mina de Riotinto, operada por Atalaya Riotinto Minera, y de los lixiviados de las escombreras de la mina de Aznalcóllar, gestionada por Minera los Frailes desde 2015, cuya matriz Grupo México tiene un desastroso historial de roturas de balsas mineras en su país, como la que provocó un vertido altamente contaminante en el río Sonora en agosto de 2014, pocos meses antes de hacerse con los derechos mineros de la Zona Aznalcóllar.

Minera Los Frailes está incumpliendo desde el año 2019 sus obligaciones establecidas en el Protocolo de Actuación sobre el nivel de agua en la Corta de Aznalcollar, que establecía la creación de una Comisión de Seguimiento del nivel de esas aguas tóxicas, con participación de las administraciones mineras y ambientales de la Junta de Andalucía, y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Esa Comisión de Seguimiento nunca se ha creado, ante la pasividad de todas esas administraciones públicas.

Durante las intensas lluvias de marzo de 2025 ya se produjo un episodio de contaminación en el contraembalse del Agrio, por escorrentías contaminantes procedentes de la escombrera noroeste de la mina de Aznalcóllar, que acabaron contaminando, una vez más, la cuenca del Guadiamar.

Entonces solicitamos por escrito al Secretario General de Industria y Minas, Don José Javier Alonso Membrives, información sobre los trabajos de la Comisión de Personas Expertas para el seguimiento de la seguridad de las instalaciones de residuos de grandes proyectos mineros en Andalucía, que la Junta de Andalucía anunció su constitución el 13 de octubre de 2023. Y en ese escrito manifestamos nuestra preocupación por la situación de las balsas mineras repartidas por toda la provincia de Huelva, especialmente en la zona de Riotinto, Tharsis y la Zarza. Hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de información.

Con fecha de 7 de noviembre de 2025 solicitamos a la autoridad minera en Huelva información sobre los informes periódicos de vigilancia y control de las macrobalsas de lodos tóxicos de la mina de Riotinto, que ocupan más de 500 hectáreas. Esos informes tienen que ser elaborados por mandato de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de 24 de julio de 2023 que autorizó el recrecimiento de los muros hasta en 42 metros, para albergar 161 millones de toneladas de lodos tóxicos, añadidos a los más de 180 millones de m3 que ya contienen.

Y también solicitamos información sobre las garantías financieras supuestamente depositadas por la empresa Atalaya Riotinto Minera para responder sobre posibles daños generados por esas macrobalsas tóxicas.

Tampoco hemos recibido ninguna respuesta por la autoridad minera, ni sobre los informes de control ni sobre las garantías financieras, lo que evidencia una preocupante y persistente falta de transparencia en una materia directamente relacionada con la seguridad ambiental y la protección de la salud pública.

Las precipitaciones intensas y persistentes someten a una fuerte presión a infraestructuras que almacenan millones de toneladas de estériles, lodos y aguas contaminadas con metales pesados y otros compuestos peligrosos. Se trata de instalaciones cuya estabilidad depende de un control hidráulico permanente y de unas condiciones muy precisas de humedad y drenaje, que se ven alteradas durante temporales prolongados, incrementando el riesgo de filtraciones, reboses, movilización de contaminantes y fallos estructurales.

El historial de vertidos, drenajes ácidos y episodios de contaminación asociados a la minería metálica en Andalucía demuestra que estos riesgos no son teóricos ni excepcionales. Las afecciones recurrentes a ríos como el Tinto y Odiel en Huelva, y el Agrio, Guadiamar y Guadalquivir en Sevilla, ponen de manifiesto las consecuencias de una gestión deficiente de los residuos mineros, con impactos graves y persistentes sobre las aguas, los suelos, la biodiversidad y los usos tradicionales del territorio.

Resulta especialmente grave que, mientras el presidente Moreno Bonilla reconoce explícitamente la peligrosidad de estas instalaciones en situaciones de lluvias intensas, recurriendo incluso a la Unidad Militar de Emergencia (UME), la Junta de Andalucía mantenga una política de impulso de nuevos proyectos mineros y de reapertura de explotaciones sin haber resuelto previamente la gestión segura de los pasivos existentes. La insistencia en un discurso de supuesta “minería sostenible” o “minería verde” no puede ocultar que cada nuevo proyecto incrementa el volumen de residuos y amplía una carga ambiental que recaerá sobre el territorio mucho más allá de la vida útil de las explotaciones.

Ecologistas en Acción considera imprescindible que se haga pública información actualizada y verificable sobre el estado real de las balsas y depósitos de residuos mineros, que se refuercen los mecanismos de control y seguimiento ante episodios meteorológicos extremos y que se garantice un control público riguroso, independiente y transparente de estas instalaciones. Mientras no se aborde de forma efectiva la gestión de los pasivos mineros históricos, seguir autorizando y poniendo en funcionamiento nuevos proyectos supone asumir riesgos ambientales inaceptables.

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• Ecologistas en Acción de Andalucía solicita a Salvamento Marítimo que extreme la vigilancia y la cautela ante la presencia, frente a las costas de Almería, del petrolero ruso CHARIOT TIDE, con bandera de Mozambique, vinculado a la denominada dark fleet o flota opaca, utilizada para el transporte de crudo y productos refinados rusos esquivando las sanciones internacionales.
• Pide máxima cautela a Salvamento Marítimo.

Según la información de seguimiento marítimo, el buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor se encuentra monitorizando al CHARIOT TIDE, que navega a apenas un nudo de velocidad y podría presentar deficiencias en su sistema de navegación. El petrolero habría quedado previamente a la deriva, aparentemente sin gobierno, en plena vía de tráfico marítimo en la vía sur del TSS del Estrecho de Gibraltar”.

Dos remolcadores marroquíes habrían intervenido para sacarlo al Mar de Alborán. Actualmente, el CHARIOT TIDE figura con destino Tánger (Marruecos), transportando más de 425.000 barriles de productos refinados de origen ruso, cargados en el puerto de Ust-Luga ,Rusia, pero por su trayectoria y rumbo actual no se  descarta que estos combustibles puedan acabar introduciéndose en el mercado a través de algún puerto de  Argelia o gabarras de suministro, bajo documentación falsa de exportación

Se ha denunciado en numerosas ocasiones el trasiego de combustible de la flota fantasma rusa en el Mar de Alborán. Se trata de una red compuesta por centenares de petroleros antiguos, con continuos cambios de nombre, bandera y empresa gestora, que incrementan de forma alarmante el riesgo de accidentes graves en zonas de estrangulamiento marítimo como el Estrecho de Gibraltar.

Estos buques, muchas veces sin seguro adecuado o con coberturas dudosas, operan con historiales de seguridad cuestionables y prácticas como el drifting prolongado, las transferencias buque a buque (STS) en zonas sensibles o el apagado de transpondedores AIS, lo que multiplica el riesgo de colisiones, varadas o vertidos a gran escala.

Advertimos de que un naufragio o vertido protagonizado por el CHARIOT TIDE o por cualquier otro buque de estas características en el Mar de Alborán tendría consecuencias devastadoras: los daños sobre la pesca y los valores ambientales serían irreparables, y el impacto sobre el turismo se prolongaría durante años.

El caso del Chariot Tide ilustra, además, los riesgos asociados a la flota fantasma rusa, una red de centenares de petroleros viejos, con cambios sucesivos de nombre, bandera y gestor, que transportan crudo y derivados rusos sorteando sanciones y aumentando la probabilidad de accidentes graves en puntos de estrangulamiento marítimo como el Estrecho.

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• Juan Clavero, en representación de Ecologistas en Acción de Andalucia, intervendrá el próximo jueves 15 en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía para exponer el análisis que ha realizado Ecologistas en Acción de Andalucia de la Ley de Montes de Andalucía y las propuestas de modificación que entiende son necesarias para garantizar la defensa de los montes andaluces y de su biodiversidad, así como la integridad de los montes públicos.

El texto del proyecto de Ley de Montes de Andalucía remitido por la Junta de Andalucía al Parlamento es claramente productivista, pues contempla a los montes como mero marco de actividades económicas, obviando su importantísimo valor ecológico y los servicios ecosistemas que propicia: fijan CO2, evitan la erosión, generan paisajes de alto valor, mejoran la cantidad y calidad de agua y albergan una importante biodiversidad. Esta ley es una clara regresión sobre la actual Ley Forestal, que data de 1992.

Lo más preocupante es la reducción de la protección que tienen los montes públicos y las facilidades que se dan para su descatalogación y privatización, y para los cambios de uso de los terrenos forestales a agrícolas o urbanizables.

En proyecto de Ley determina que “el Consejo de Gobierno podrá autorizar la exclusión o permuta de una parte de un monte catalogado en el caso de incompatibilidad entre el interés forestal y otro interés general…”, lo que, vista la experiencia, la declaración de proyectos privados -urbanísimos, industriales, campo de golf…- que se declaren de “interés general” conllevaría la descatalogación y privatización de un monte público.

Éste y otros artículos contradicen la  Ley estatal 43/2003 de Montes, que tiene carácter de legislación básica, y que estipula que la exclusión de un monte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública sólo procederá cuando haya perdido por causas naturales las características por las que fue catalogado.

Ecologistas en Acción propone que la ley recoja que todos los montes de propiedad pública se declaren de dominio público, lo implica que sean inalienables, imprescriptibles e inembargables.

El proyecto de ley también favorece el uso privativo de los montes público, indicando que es “la ocupación de una porción de monte público limita o excluye la utilización del mismo por otros interesados”, o sea, por los ciudadanos. Para colmo estas concesiones pueden prolongarse hasta los 75 años, o sea, dos generaciones sin poder disfrutar de un monte público.

Además, se reduce la potestad de la Junta de Andalucía de ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre las compraventas de fincas forestales a las mayores de 400 hectáreas, por lo que en la práctica se pierde este derecho, de suma importancia para poder ampliar el patrimonio público forestal. En las fincas mayores de esa superficie, con dividirlas, ese derecho será inoperante.

El anteproyecto permite el cambio encubierto del uso forestal del suelo para urbanizarlo o para actividades agrícolas, incluso en montes quemados. Así, se permiten “Plantaciones de árboles o arbustos no forestales, como almendros, cerezos o pistachos, entre otros”, o, incluso, se permiten que se talen árboles para “el laboreo del suelo” en terrenos forestales. Para colmo de los despropósitos, se podrán autorizar cambios de usos del suelo por silencio administrativo. Una auténtica barbaridad.

Esta apisonadora de desregulación ambiental en que se ha convertido la Junta de Andalucía y la cada vez más descolorida “revolución verde” del presidente Moreno, se plasma una vez más en la prevalencia que le da este anteproyecto de ley a los planes urbanísticos sobre la protección de los montes, que quedarán al albur de decisiones políticas que aprueben Junta y ayuntamientos para favorecer proyectos urbanísticos y descatalogaciones de montes públicos.

La intervención del representante de Ecologistas en Acción de Andalucía será el jueves 15 de enero a las 20 h.

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