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AnteayerSalida Principal

La otra cara de las migraciones que es ignorada… deliberadamente

6 Febrero 2026 at 12:54

¿Cuáles son las razones de fondo de los movimientos de población Sur / Norte? Una pregunta, sencilla y contundente, que obligatoriamente habría que poner sobre la mesa si se quisiera abordar con seriedad y en profundidad el debate sobre las migraciones transfronterizas. Responder a esta cuestión es fundamental para disponer de un buen diagnóstico que identifique los problemas de fondo que explican el continuo aumento de estos flujos y permita la implementación de políticas adecuadas.

Es evidente que esta perspectiva nada tiene que ver con las llevadas a cabo por la Unión Europea y la mayor parte de los gobiernos comunitarios. Políticas que, en lo fundamental, han consistido en levantar muros para impedir o frenar la entrada de personas migrantes y en su criminalización, intoxicando a la opinión publica con los supuestos efectos negativos –en materia de seguridad ciudadana, competencia por los empleos o presión sobre los servicios sociales–, vulnerando todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y, especialmente, protección de los menores.

En ese contexto, bienvenida la iniciativa que pretende implementar nuestro gobierno, proceder a la regularización de inmigrantes que acrediten carecer de antecedentes penales y lleven en nuestro país al menos cinco meses. Un paso necesario, a contracorriente de los vientos racistas, xenófobos y fascistas que recorren Europa y que también se han instalado en nuestro país, pero a todas luces insuficiente, dada la magnitud del reto al que nos enfrentamos.

En este sentido, volviendo a la pregunta con la que iniciaba estas reflexiones, ¿dónde residen las causas de fondo de las corrientes migratorias? Si, por poner un ejemplo muy relevante, situamos el foco en África, lugar de donde procede una parte sustancial de las personas migrantes que llaman a las puertas de Europa en busca de una vida mejor, encontraremos una respuesta a esa pregunta.

Hablamos de una región que se enfrenta desde hace años a una situación dramática, que –todos los datos apuntan en esa dirección– ha empeorado con el paso del tiempo; evolución que cuestiona abiertamente a los que sostienen que, con carácter general, se está cerrando la brecha Sur / Norte, que la dinámica global apunta a la convergencia.

Por el contrario, en términos agregados, tomando como referencia el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante, medido en paridad de poder adquisitivo y en dólares internacionales, encontramos que el gap, lejos de reducirse, no ha dejado de crecer; en 1990 el PIB por habitante del África Subsahariana, la zona más castigada por la pobreza, representaba tan sólo el 13,1% del comunitario, retrocediendo en 2024 hasta el 8,6%; así pues, las divergencias, medidas por este indicador sintético, no sólo persisten sino que se han hecho más pronunciadas. 

A continuación, presento algunos indicadores más específicos que revelan la situación de emergencia social en la que vive buena parte de la población africana. 

El primero de estos indicadores apunta a la pobreza. Tanto el número de personas pobres como la parte de la población que se encuentra atrapada en esta situación no sólo presenta registros elevados, sino que ha aumentado de manera sustancial. Si se considera la ratio de pobreza extrema (personas que viven con menos de 2,15 dólares al día) el Banco Mundial estima que en 2024 el 31% de la población, 464 millones de personas, son extremadamente pobres, alcanzando en el África Subsahariana al 46% de la población. El indicador que recoge la pobreza multidimensional –más adecuado que el referido a la pobreza extrema, pues tiene en cuenta dimensiones como la desnutrición, la falta de educación o el limitado acceso a servicios básicos– nos presenta un panorama todavía más dramático; 500 millones de personas, lo que equivale al 52% de la población africana (más de la mitad) estarían en situación de pobreza.  

El segundo de los indicadores a tener en cuenta apunta a los niveles de deuda externa y a los pagos en concepto de intereses y amortizaciones derivados de la misma. Siguiendo la información proporcionada por el Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook Database), en 2025 la deuda externa del África Subsahariana representaba el 47,6% del PIB y el 162,4% de los ingresos por exportaciones; mientras que el servicio de la deuda (suma de los pagos por intereses y amortizaciones) suponía el 7% del PIB y el 24% del valor de las exportaciones. Se trata de una insoportable carga financiera que obliga a un recorte en los gastos sociales y productivos de los gobiernos, lo que afecta especialmente a los grupos de población más vulnerables. 

Reparemos, en tercer lugar, en que esta región, siendo responsable de una pequeña parte de las emisiones de gases de efecto invernadero –son las mayores fortunas del planeta, las grandes corporaciones y los países más desarrollados los principales causantes de las mismas–, soporta, en forma de desastres naturales –sequías intensas y prolongadas, tormentas devastadoras, grandes inundaciones…– sus consecuencias más dramáticas. Los países más afectados han solicitado (exigido) en las diferentes cumbres climáticas (la última, Conferencia de las Partes, COP30, celebrada en 2025 en Belém, Brasil) que los ricos doten un fondo con el que afrontar sus consecuencias más graves. Sin embargo, más allá de las declaraciones formales y los compromisos retóricos, la respuesta, que sólo se puede calificar de tibia e hipócrita, ha quedado muy lejos de lo solicitado; lo comprometido, que no desembolsado, se ha situado en torno al 30% de lo exigido y, además, una parte de esos dineros se han canalizado a través de préstamos en lugar de transferencias, agravando en consecuencia el problema de la deuda externa.

Cabe señalar, en cuarto y último lugar, las guerras y los conflictos armados que recorren la región (República Democrática del Congo, Sudán, el Sahel, Nigeria, Somalia…) provocando importantes movimientos de población, en los que están presentes los intereses globales en disputa para controlar recursos minerales estratégicos, petróleo y gas, oro… y las políticas extractivas auspiciadas por corporaciones y gobiernos.

Estas son algunas de las causas de fondo que están detrás de importantes movimientos de población –tanto dentro de los países, como en los que hacen frontera y también los que se dirigen a la Unión Europea–. ¿Qué se hace al respecto? Nada o casi nada, un hipócrita suma y sigue. La ayuda al desarrollo no sólo se encuentra muy lejos de lo prometido hace décadas, sino que a menudo encubre operaciones comerciales; los recursos acordados en las diferentes cumbres climáticas son, como he señalado antes, simbólicos, quedando muy lejos de lo reclamado por los países pobres; los intereses extractivistas de los gobiernos y los países ricos, en el contexto de la geopolítica de la confrontación, son cada vez más fuertes; y, en fin, ninguna iniciativa de alcance se ha activado para aminorar de manera sustancial la carga financiera que soportan los gobiernos.

Revertir esa dinámica es obligado si, de verdad, se quisiera contener o mitigar los flujos migratorios desde su raíz. Con una mirada más amplia, actuar en esa dirección constituye una exigencia para enfrentar los problemas estructurales que condenan a la miseria a los pobres del planeta. 

La entrada La otra cara de las migraciones que es ignorada… deliberadamente se publicó primero en lamarea.com.

Lucila Rodríguez-Alarcón: “Se ha ido consolidando la narrativa de que la regularización es indispensable, a pesar del ruido”

29 Enero 2026 at 00:01

Tras varios años de lucha impulsada, desde el año 2020, por el movimiento estatal autoorganizado, migrante y antirracista Regularización Ya, el Gobierno ha aprobado esta semana el inicio de un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que ya viven en España. Aquel año, la Fundación porCausa, que ha estado también entre las organizaciones promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se llevó al Congreso, elaboró una radiografía de esta situación: a finales de 2019, el número de inmigrantes que residían de manera irregular en España era de entre 390.000 y 470.000 personas.

Esta horquilla, según el informe, supone entre el 11% y el 13% de los inmigrantes extracomunitarios y alrededor del 0,8% de la población total que reside en España. Uno de cada dos trabajadores extracomunitarios está empleado en una de las ocupaciones consideradas esenciales por la Comisión Europea. Y los sectores principales son el de limpieza y asistencia (40%); la minería y construcción (20%); y los cuidados personales (12%).

“Fue la primera investigación en 16 años con los números de la irregularidad en España”, afirma la directora general de porCausa, Lucila Rodríguez-Alarcón. Entre sus investigaciones, la fundación ha puesto el foco principalmente en la industria del control migratorio.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo ha calificado como “histórico”. ¿Por qué es un acuerdo histórico? 

Bueno, primero, no es un acuerdo. Es una decisión histórica. O, más bien, un proceso. Un proceso histórico. Y es histórico porque este Gobierno quería regularizar desde que llegó en el año 2020. Nosotros lo sabemos porque estuvimos con el gabinete del ministro de aquel entonces, José Luis Escrivá, justo cuando se acababa de hacer la investidura. Y, desde el principio, Escrivá sabía que necesitaba hacer un cambio en la estructura de la ley, de la legislación que rodeaba a extranjería, para mantener la parte económica de nuestro país. Es decir, no ya por una cuestión de derechos humanos, sino porque necesitaba cuadrar la entrada de fuerza migrante tanto económica como laboral para sostener el sistema. Lo tenía clarísimo. 

Pero han transcurrido seis años desde entonces. ¿Qué pasó en todo este tiempo?

Pasó, en primer lugar, que llegó el COVID. Esto genera una distorsión en la voluntad y también es verdad que había miedo. El equipo que trabajaba con Escrivá era muy consciente de que era un problema narrativo plantear la regularización. Pero, curiosamente, también pasó con el COVID que esa especie de cosa abstracta que era la regularización extraordinaria se convirtió y resurgió como una idea indispensable para la gente que no estaba implicada en el espacio de gobierno.

«La situación de la gente sin papeles cuando empezó el COVID era extrema y eso hizo que el movimiento de regularización se convirtiera en un clamor, en un ‘estamos hartos’».

Portugal e Italia, durante la pandemia, hicieron dos regularizaciones muy amplias, parciales pero muy amplias y extraordinarias. Y, claro, las personas migrantes vieron de repente que se encontraban trabajando en sectores esenciales con miedo a estar en la calle y que les pasara algo porque no tenían papeles, pero tenían que ir a trabajar a las residencias y a los supermercados. Hay familias que se quedaron encerradas, sin trabajo, en un piso… Es decir, la situación de la gente sin papeles en aquel momento era extrema y eso hizo que el movimiento de regularización se convirtiera en un clamor, en un ‘estamos hartos’.

¿Qué fue lo siguiente?

Desde PorCausa nos dimos cuenta de que el Gobierno no tenía datos suficientes para poder llevar a cabo la regularización o justificarla. Entonces lo que hicimos fue una investigación in extremis urgente para saber de qué estábamos hablando cuando hablábamos de regularización, de qué tipo de personas y en qué situaciones se encontraban, qué tipos de trabajos tenían y demás. Fue la primera investigación en 16 años con los números de la irregularidad en España.

Pero el proceso se para. ¿Por qué?

Hay muchos supuestos. Pero el hecho es que el proceso se bloquea no porque la sociedad española no lo quiera, sino porque ahí creo que el tema de los fondos europeos debió de jugar un rol importante. Pero el movimiento que pide que la regularización se lleve a cabo no se para. Y creo que eso es lo que es histórico. Porque esas personas migrantes que estaban en unas condiciones de una precariedad legal y económica bastante elevadas siguen alzando la voz y siguen autorrepresentándose cuando tienen riesgo de ser detenidas, hasta el punto de que inspiran todo lo demás, inspiran el movimiento de una población, de una sociedad civil nacional que, impresionada, les sigue. Y creo que eso es lo más bonito que ha pasado. 

La noticia ha traspasado fronteras, de hecho. Este miércoles la recogía, por ejemplo, The New York Times.

Sí, es histórico ahora mismo en Europa y también mundialmente con todo lo que está sucediendo. Porque es una muestra de generosidad por todas las partes, empezando por los movimientos de lucha, que también han aceptado ayuda y han dejado participar a un montón de gente. Además, hay que tener en cuenta que crear debates es muy complicado cuando la gente está trabajando y tiene precariedad. Es difícil poder quedar con ellas para organizarse. 

«El proceso de regularización es histórico ahora mismo en Europa y también mundialmente, en la misma semana en la que se está hablando prácticamente de golpe de Estado en EE. UU. con Trump y el ICE».

Aun así se logró, y la recogida de firmas para la ILP ha hecho que todas las personas que estuvieron involucradas se sientan parte del éxito de la regularización actualmente: si firmaron 700.000 personas, ¿cuántas habría involucradas? Unas 200.000. Es que es una barbaridad, fue una movilización increíble. Y, además, durante todos estos años se ha ido consolidando la narrativa de que la regularización es indispensable, a pesar del ruido. Hubo una respuesta contundente de ‘esto hay que hacerlo, esto está muy bien y esto es lo correcto’. 

La Conferencia Episcopal la ha apoyado y celebrado. Y el PP, que apoyó la tramitación, ahora dice que la denunciará en Europa. 

La Conferencia Episcopal era una de las asociaciones de la ILP. Y el PP votó a favor de la tramitación presionado por la Conferencia Episcopal o, si no, por Cáritas. En cualquier caso, Feijóo no tiene ninguna posibilidad tal y como está planteada la regularización. Se ha reformulado el texto original con el que se hizo la regularización en el año 2005, con el gobierno de Zapatero. Y eso era y es constitucional. Porque, además, para presentar una ILP, primero tienes que pasar por todos los tribunales nacionales.

«Lo que está haciendo Feijóo es intentar dar un golpe de efecto, porque sabe que no lo puede pasar por los tribunales nacionales y dice que irá a Europa».

Por eso Feijóo sabe que no lo puede pasar por los tribunales nacionales y dice que va a Europa. Y, por otra parte, el Pacto europeo no contempla quitar la soberanía para la regularización. Lo que sí impediría es regularizar a gente que no está ahora, o sea, que no está dentro del marco, gente que entra nueva al país. Por tanto, lo que está haciendo Feijóo es intentar dar un golpe de efecto. Y lo que está haciendo Vox es mentir. 

El PP, además, ha hecho varias regularizaciones. 

Sí, y de hecho esta es la regularización que Fátima Báñez no hizo. Rajoy estuvo dos legislaturas y él ya sabía que tenía que regularizar. Porque si tú tienes una ley que permite la entrada pero no permite la regularización de la gente cuando viene a trabajar, entonces la irregularidad se acumula y tienes que cambiar la ley para que todas las personas que vengan puedan venir con papeles. Porque el problema es que en España hay trabajo y lo que no hay es la posibilidad de obtener los papeles. Tú ahora no puedes prescindir de ese medio millón de personas. Aparte de que en ese medio millón hay más de 100.000 niños, que esa es otra. 

Es también un triunfo en mitad del contexto de discursos de odio en el que estamos inmersos, ¿no? 

Yo creo que es un paso adelante en un momento, en la misma semana en la que se está hablando prácticamente de golpe de Estado en EE. UU. con Trump y el ICE. Hay una rama de demócratas socialistas que lo que está pidiendo es democracia y sistemas justos y equitativos. Y creo que hay una demanda social absoluta para que esto sea así. Por eso ha sido una buena noticia para muchísimas personas en muchísimas partes del mundo. 

En La Marea acabamos de publicar un dossier sobre la ultraderechización del voto y una clave que aportan los especialistas es el factor inmigración.

Hay un estudio muy interesante que muestra cómo perciben las personas en España la migración. Y hay una parte que indica que para todas las personas, sean del género que sean, voten al partido que voten, su prioridad a la hora de enfrentarse con la migración es el orden y que las personas participen dentro del sistema productivo. En ese sentido, creo que la regularización extraordinaria alimenta el concepto de orden. Lo que pasa es que Vox quiere que no lo alimente. Y creo que, como personas que estamos contando esta historia, también hay que dar este argumento, porque hay mucha confusión.

«La regularización extraordinaria alimenta el concepto de orden. Y creo que, como personas que estamos contando esta historia, también hay que dar este argumento, porque hay mucha confusión».

¿Afectará, será un golpe esta regularización a la industria del control migratorio, investigada también en PorCausa?

Ojalá, pero no. Estaría muy bien, pero no. La industria se va a seguir blindando porque, en realidad, el Gobierno español juega con la doble narrativa del ‘te cierro la frontera y no te está entrando nadie por África, pero entonces yo regularizo a la gente porque tal y porque cual’. Son dos relatos que coexisten.

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El Gobierno inicia el proceso de regularización de personas migrantes

27 Enero 2026 at 20:27
Por: La Marea

El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. El objetivo es ofrecer a ese colectivo la oportunidad «de vivir con igualdad de derechos», así como responder a «una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía», según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

La medida –ha añadido Saiz– ha sido «largamente trabajada y dialogada» y retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados.

Se enmarca, además, en el Plan de Integración y Convivencia Intercultural que verá la luz próximamente. «Es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social», ha defendido la ministra.

Requisitos y trámites de la regularización extraordinaria

El proceso se dirige a las personas extranjeras que llevaran al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detallado que los beneficiarios de la regularización podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, esas personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, «lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema», según ha sostenido Saiz. La ministra ha añadido que el Ejecutivo prevé que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos en la tramitación del real decreto, y que el proceso esté abierto hasta el próximo 30 de junio.

La admisión a trámite de la solicitud permitirá trabajar de manera provisional en cualquier sector y lugar de España. «Esto beneficia al trabajador, que gana derechos, pero también a las empresas, que ganan seguridad jurídica«, ha manifestado Saiz. Otra clave de la medida es la protección a las familias: el proceso permitirá regularizar simultáneamente a los hijos y las hijas menores de los solicitantes que estén en España; en este caso, el permiso será de cinco años.

La portavoz del Gobierno ha recordado que «gobiernos de distintos colores» han realizado regularizaciones extraordinarias desde el año 1986: «Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado».

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