Ecologistas en Acción ha denunciado la degradación progresiva del Observatorio del Agua de EMASESA como espacio legítimo de participación ciudadana. Durante el Pleno celebrado el jueves 27 de noviembre en la sede de Escuelas Pías, un grupo relevante de miembros fundadores y promotores del Observatorio abandonó la sesión en protesta por la exclusión de AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) del órgano. Esta exclusión ha sido lamentada también por la Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) —de la que Ecologistas en Acción forma parte— por considerarla contraria a los principios de gobernanza pública y participación social que dieron origen a este espacio.

La organización ecologista señala que EMASESA agradeció formalmente la asistencia de las entidades participantes, pero no hizo mención alguna —al menos hasta que se publique el acta— ni al abandono colectivo ni a las intervenciones críticas realizadas durante la sesión, lo que refleja un deterioro del funcionamiento democrático del Observatorio.

Intervención anticipada y dos peticiones clave
Ecologistas en Acción intervino de forma anticipada en el Pleno, inmediatamente después de la exposición inicial del Consejero Delegado de EMASESA, Manuel Romero Ortiz, sobre el denominado “episodio de lluvia del 29 de octubre”. La organización planteó dos peticiones centrales:

1. Atención inmediata a los barrios afectados por las inundaciones del 29 de octubre.
   La entidad reclamó que EMASESA atienda las demandas vecinales expuestas en el Pleno municipal del 20 de noviembre, donde un vecino en representación de varios barrios afectados denunció daños graves e insuficiente respuesta institucional. Ecologistas en Acción recordó que intervenciones similares se realizaron días antes en el Pleno del Distrito Sur, donde también se produjo un abandono en señal de protesta.
2. Apertura de un debate real sobre la eficacia de las medidas frente a futuros desastres climáticos.
   La organización insistió en la necesidad de apostar por soluciones basadas en la recuperación de la naturaleza y alertó del riesgo de seguir destinando grandes inversiones —como los 200 millones anunciados para nuevos tanques de tormentas y un colector— a infraestructuras que no abordan las causas del problema ni mejoran la resiliencia urbana.

Crítica a la falta de participación y al modelo de ciudad
Para Ecologistas en Acción, los últimos episodios de inundaciones y las reacciones institucionales evidencian las consecuencias de un urbanismo orientado al negocio, al automóvil y al turismo, en detrimento de la seguridad, la justicia social y la adaptación climática. La organización alertó de que la ciudad no está preparada para episodios extremos de lluvia y que el Observatorio del Agua debería ser el espacio para abordarlo, “si realmente funcionara”.

La entidad señaló la “parálisis real” de los órganos de participación ciudadana en materia de medio ambiente y energía, recordando que ha pedido en repetidas ocasiones la reactivación del Consejo Asesor de la Agencia para la Energía, el Clima y la Sostenibilidad de Sevilla, sin obtener respuesta. Esta situación, afirman, refleja un incumplimiento de las promesas institucionales hechas tras la pandemia y una falta de compromiso con los Derechos Humanos, incluyendo el del acceso al agua.

Una deriva preocupante en la gestión pública del agua
En su reflexión final, Ecologistas en Acción lamentó que EMASESA —empresa pública metropolitana encargada del abastecimiento y saneamiento de Sevilla y numerosos municipios del entorno— esté perdiendo su carácter participativo y orientado al bien común. La organización considera que la gestión del agua se desplaza hacia una visión centrada en el negocio, alineada con tendencias internacionales que han llevado incluso a la cotización del agua en mercados financieros, pese a su reconocimiento como Derecho Humano por Naciones Unidas en 2010.

Llamamiento a recuperar la naturaleza y la democracia
Ecologistas en Acción concluye que es urgente recuperar la naturaleza, la democracia y la racionalidad en la gestión urbana y climática. Reitera que las ciudades deben ser rediseñadas para las personas y no para los intereses económicos, y que la adaptación al cambio climático exige transparencia, participación real y políticas centradas en la resiliencia ecosistémica.

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• Activistas de ambas organizaciones han desplegado pancartas en los puentes del Judío y de los Vinateros para mostrar su rechazo al proyecto de reapertura de la mina y a la construcción de la tubería.
• La empresa Minera Los Frailes pretende instalar una tubería de 30 kilómetros para conducir vertidos tóxicos desde la mina de Aznalcóllar hasta el Estuario del Guadalquivir, frente al Estadio de la Cartuja de Sevilla.
• El proyecto autorizado por la Junta de Andalucía permitiría la llegada al Estuario del Guadalquivir de más de 85.500 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados como níquel, arsénico, plomo, selenio, zinc, cadmio y mercurio.

Greenpeace y Ecologistas en Acción han denunciado graves incumplimientos legales en los procesos de expropiación vinculados al proyecto de la empresa Minera Los Frailes, que pretende instalar una tubería de 30 kilómetros para conducir vertidos tóxicos desde la mina de Aznalcóllar hasta el Estuario del Guadalquivir, frente al Estadio de la Cartuja de Sevilla. [Fotos]

Activistas de ambas organizaciones han desplegado pancartas en los puentes del Judío (en Valencina de la Concepción) y de los Vinateros (en Santiponce), sobre la Vía Verde de Itálica de Santiponce, para visibilizar su rechazo al proyecto de reapertura de la mina y a la construcción de dicha infraestructura.

El proyecto, autorizado por la Junta de Andalucía el pasado 29 de mayo, contempla un vertido inicial de 18 meses de 17.520 millones de litros de aguas altamente contaminadas acumuladas en las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes desde 2001. A esto se suma un vertido continuo durante 17 años de 4.000 millones de litros anuales procedentes de una nueva planta de tratamiento mineral. En total, más de 85.500 millones de litros de aguas contaminadas llegarían al Estuario del Guadalquivir, con presencia de metales pesados como níquel, arsénico, plomo, selenio, zinc, cadmio y mercurio.

Las organizaciones ecologistas alertan además de las irregularidades que se están produciendo en los procesos de expropiación forzosa y ocupaciones urgentes, regulados aún por la ley franquista de 1955 y su reglamento de 1957. Denuncian que dichos procedimientos se han iniciado sin que la empresa cuente con la autorización preceptiva de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para disponer y vaciar las aguas contaminadas almacenadas en las cortas mineras.

Durante los meses de julio y agosto se publicaron en boletines oficiales los anuncios de convocatoria de actas previas a la expropiación y ocupación urgente de 249 parcelas en los municipios sevillanos de Aznalcóllar, Sanlúcar La Mayor, Valencina de la Concepción, Olivares, Salteras y Santiponce, previstas entre el 3 y el 6 de noviembre. Sin embargo, los Ayuntamientos de Olivares, Salteras y Santiponce no han publicado en sus tablones físicos municipales la información relativa a estos procedimientos, incumpliendo las obligaciones legales de información pública.

El pasado 23 de octubre, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó un listado de 88 personas propietarias afectadas por las expropiaciones, que no habían sido notificadas, de las cuales 79 corresponden precisamente a los municipios que no han cumplido con sus deberes de comunicación pública.

Ecologistas en Acción y Greenpeace recuerdan que el vertido proyectado tendría graves consecuencias sobre varios Hábitats de Interés Comunitario (HIC) incluidos en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir, que forma parte de la Red Natura 2000, así como sobre el Espacio Natural de Doñana, ya amenazado por múltiples impactos ambientales.

Por estas razones, las organizaciones Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife interpusieron el pasado mes de julio un recurso de alzada ante la Junta de Andalucía contra la resolución que autorizó la reapertura de la mina. En dicho recurso se advertía que el vertido al estuario no ha sido debidamente evaluado ni sometido al proceso de participación pública exigido por la normativa vigente, y que podría vulnerar la legislación estatal en materia de calidad de aguas y protección de espacios naturales.

El recurso incorporaba además cuatro informes técnico-científicos elaborados por personal investigador de universidades andaluzas, en los que se expresan serias dudas sobre la seguridad del vertido y la gestión de las aguas contaminadas. En el más reciente, fechado el 22 de junio de 2025, se documentan episodios de contaminación procedente del recinto minero hacia el río Agrio tras las lluvias de primavera, evidenciando deficiencias en el control de vertidos incluso antes del inicio del proyecto.

Las organizaciones advierten que el Estuario del Guadalquivir es un ecosistema frágil de alta biodiversidad, ya afectado por contaminación por metales pesados. Por ello, reclaman que cualquier nuevo vertido sea evaluado con máximo rigor y transparencia, de acuerdo con el principio de precaución.

En consecuencia, Ecologistas en Acción y Greenpeace exigen la paralización inmediata de las autorizaciones relativas a este proyecto minero y al vertido asociado, al considerar que representa una amenaza directa para los ecosistemas del estuario, así como para actividades económicas sostenibles como la agricultura del Bajo Guadalquivir y la pesca artesanal en la desembocadura del río.

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Cuando se cumple un año de la tragedia provocada por la DANA, el pasado miércoles 29 de octubre la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó el aviso naranja en la campiña sevillana ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 50 litros por hora y 100 litros en 12 horas. La estación meteorológica del Aeropuerto de Sevilla registró 83,2 litros por metro cuadrado, con una precipitación acumulada de 63,9 mm.

De acuerdo con el último informe de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (2019), las inundaciones han pasado a ser la principal causa de mortalidad por fenómenos meteorológicos en el Estado español, superando a las olas de calor y los temporales marítimos. Según el consenso científico, el cambio climático está intensificando y aumentando la frecuencia de estos fenómenos extremos.

Durante la jornada del miércoles pasado, Andalucía Occidental —especialmente las provincias de Huelva y Sevilla— sufrió las consecuencias de lluvias torrenciales que provocaron centenares de incidencias y graves daños materiales. En Mazagón (Huelva), las precipitaciones generaron un enorme socavón, mientras que en Sevilla capital Protección Civil atendió cerca de un millar de avisos.

Impresionaba ver las calles anegadas, vehículos sumergidos, alcantarillas rebosantes hasta un metro de altura, semáforos apagados y cortes de tráfico, escenas que duraron toda la tarde. El agua arrastró además gran cantidad de residuos, poniendo de manifiesto la contaminación oculta que circula por la red de saneamiento urbana, especialmente las toallitas de fibra no degradable que nunca deben arrojarse por los desagües.
 
Infraestructuras insuficientes ante un problema creciente

A pesar de las importantes inversiones públicas en colectores y tanques de tormenta —como los de la Alameda de Hércules o Kansas City—, las inundaciones volvieron a repetirse en numerosos barrios de Sevilla, incluidos Cerro del Águila, Sevilla Este y San Pablo con pérdidas materiales.

El nuevo colector entre la avenida Emilio Lemos y la calle Birmania, con un coste de más de 11 millones y medios de euros, tampoco evitó los daños por inundaciones en sótanos y garajes.

Ecologistas en Acción lejos de señalar al estado de la red de saneamiento, apunta a evaluar la eficacia de estas obras de ingeniería que no bastan para frenar los efectos de lluvias torrenciales cada vez más frecuentes. Mientras la administración continúa apostando por soluciones grises (colectores, depósitos y cemento impermeable cada vez que hay obras), la ciudad sigue sin adaptarse a la nueva realidad climática.
 
Una Ecometrópolis permeable como alternativa

Ecologistas en Acción y especialistas en urbanismo sostienen que la solución pasa por apostar por una ciudad más permeable, que recupere su capacidad natural para absorber y canalizar el agua de lluvia en superficie.

Las denominadas “infraestructuras verdes y azules” —como parques inundables, lagunas urbanas, corredores ecológicos o cauces naturalizados— permiten reducir el riesgo de inundaciones, restaurar los ecosistemas y mejorar la calidad de vida de la población.

“Cada parterre sustituido por cemento o césped artificial aumenta la temperatura y reduce la capacidad de drenaje del suelo”, señalan. En su lugar, se propone impulsar pavimentos permeables y espacios que actúen como esponjas urbanas; espacios verdes, aprovechando los antiguos cauces y los parques, donde el agua pueda extenderse que, sumado a las redes de saneamiento habituales incapaces de conducir hasta 60 litros de agua por metro cuadrado en tan poco tiempo, permitan superar los umbrales de riesgo de inundación tan limitados en estos momentos.

Ejemplos como las Lagunas de El Sapo, en el Este de Sevilla, demuestran el valor ecológico de mantener y restaurar humedales urbanos en zonas verdes. Estos espacios sirven como áreas de laminación de avenidas, al tiempo que recargan los acuíferos subterráneos, esenciales como reservas de agua dulce frente a futuros episodios de sequía.

Replantear el urbanismo para adaptarse a la emergencia climática

El comunicado concluye recordando que el modelo urbanístico de Sevilla ha ocupado los antiguos cauces naturales —como el Tagarete, Tamarguillo o Miraflores—, transformando zonas de inundación en suelos urbanos consolidados, en prados como el de San Sebastián o Santa Justa. Ante el escenario actual de emergencia climática, Ecologistas en Acción considera imprescindible naturalizar los ríos y sus llanuras de inundación, evitando construir sobre ellas y devolviéndoles su función ecológica y permitiendo que realicen regulación hídrica.

“Los acuíferos son nuestras mejores reservas de agua dulce para el fururo. El agua no debe considerarse un residuo a eliminar cuanto antes, sino un recurso vital que gestionado de forma adecuada, permita la vida en la ciudad”, concluye el texto.

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