Artículo original publicado en espacio-publico.com por Paco Cantero

Fotografía: Guillaume Périgois en Unsplash

La civilización europea (aquella que se forjó en el mármol de Atenas, se ordenó bajo el derecho de Roma, brilló en la elegancia de Viena y alcanzó su cima estética en el Renacimiento del siglo XV) no está simplemente en crisis: es víctima de una erosión sistémica. Lo que hoy conocemos como la estructura institucional de la Unión Europea se ha convertido en una arquitectura rígida, cada vez más alejada del interés ciudadano y crecientemente subordinada a lógicas financieras globales que desplazan el bien común. En un mundo que vira aceleradamente hacia la multipolaridad, donde nuevos bloques de poder emergen con soberanía real, Europa corre el riesgo de convertirse en un actor irrelevante.

Para que Europa recupere su esencia, debemos reconocer que las estructuras actuales han agotado su propósito histórico. La construcción de una Alternativa Continental no es solo una propuesta ideológica, sino una de las pocas vías reales que tiene el continente para recuperar protagonismo. Esta alternativa exige la superación del orden unilateral y la construcción de un espacio euroasiático soberano, cimentado en una formación humana de excelencia y una economía de soberanía productiva real.

El realismo de la fractura: La permanencia de los pueblos

Cualquier visión de futuro debe partir de un diagnóstico honesto del presente. La construcción de este espacio soberano choca hoy con la realidad de una fractura profunda entre Europa occidental y Rusia. Estas diferencias constituyen un problema grave cuya resolución no será inmediata; la situación geopolítica contemporánea ha levantado muros que tardarán años, quizás décadas, en derribarse.

Sin embargo, al abordar este conflicto, debemos elevar la mirada: los dirigentes políticos y sus decisiones son, por definición, temporales y transitorios. Las administraciones pasan, pero los pueblos permanecen. La identidad de una nación y su cultura están siempre por encima de la política de turno.

El reencuentro hacia una auténtica cooperación euroasiática debe ser un proceso gradual de desescalada y reconstrucción de la confianza. El imperativo de la unión responde a una necesidad histórica y estratégica que trasciende las crisis del presente. Sin la profundidad geográfica y energética del espacio ruso y la tradición humanista e industrial de Europa occidental, el continente seguirá siendo un escenario de disputa para potencias externas. Solo reconociendo los intereses compartidos podremos recuperar la capacidad de actuar como bloque coherente.

El desafío de la financiarización global

La reconstrucción europea requiere identificar los modelos que hoy limitan la soberanía de los Estados y que deben ser reemplazados por una estructura de gobernanza más equitativa. En primer lugar, la creciente influencia de la gran gestión de activos financieros globales. Fondos de inversión de escala sistémica (BlackRock) operan con lógicas de rentabilidad que con frecuencia entran en conflicto con los intereses de largo plazo de ciudadanos y Estados. Esta estructura debería dar paso a una gobernanza que priorice el bienestar colectivo frente a los intereses de los fondos de inversión internacionales.

En segundo lugar, nos enfrentamos al riesgo de un tecno-feudalismo impulsado por actores del sector tecnológico (Peter Thiel y Elon Musk) que, bajo una retórica de innovación, promueven modelos donde la soberanía de los datos y las infraestructuras críticas queda en manos privadas. La Alternativa Continental rechaza este modelo: la tecnología debe servir a la ciudadanía y al interés general, no consolidar nuevas formas de monopolio.

El imperativo Euroasiático y la autonomía productiva

La superación del actual marco de dependencia es una condición necesaria para construir un espacio de mayor autonomía estratégica. La combinación de la capacidad industrial y tecnológica de Alemania, Francia e Italia con la inmensidad de recursos energéticos del espacio euroasiático crearía un bloque productivo sin precedentes. Esta vía es la única que podría sostener una voz propia frente a las grandes hegemonías externas. Para que esta soberanía sea real, la economía debe blindarse contra la especulación:

• Moneda Soberana Euroasiática: una unidad monetaria anclada a Activos Puros (reservas energéticas, producción industrial de alta tecnología, metales estratégicos, infraestructuras) que elimine la dependencia de la deuda fiduciaria y la volatilidad de los mercados de divisas.
• Blindaje de Servicios Públicos: la educación, la sanidad y los servicios sociales no pueden ser tratados como nichos de mercado. Su gestión debe responder a criterios de interés general.
• La Vivienda como Derecho: la vivienda debe ser reconocida como necesidad básica y pilar de la cohesión social, alejada de su función como activo puramente especulativo.
• Sectores Estratégicos: el acceso a la energía, el agua y las redes de comunicación se definen como patrimonio colectivo, no susceptible de gestión con lógica meramente especulativa.

El canon de la excelencia: belleza, verdad y ciencia

Nuestra respuesta al vacío cultural es el retorno al Canon de la Excelencia occidental y euroasiática. No podemos construir un futuro sin cimientos sólidos en el pasado. Reivindicamos la herencia del Renacimiento italiano de los siglos XV y XVI: desde el Quattrocento temprano de Donatello, cuya revolución escultórica preparó el terreno para el Renacimiento clásico de Miguel Ángel y Rafael, hasta la síntesis plena de proporciones y humanismo que caracteriza a estos últimos. Reconocer la distancia generacional y estilística entre estos maestros no mengua su grandeza, sino que enriquece nuestra comprensión de una tradición en permanente diálogo consigo misma.

Recuperamos también la mirada de los impresionistas de la segunda mitad del siglo XIX (Monet, Renoir y tantos otros) que devolvieron a la pintura la capacidad de apreciar la belleza efímera del entorno natural. Junto a ellos, Camille Pissarro, nacido en las Antillas Danesas en 1830 y formado entre la tradición caribeña y la escuela parisina, enriqueció el movimiento con una sensibilidad singular que trasciende las fronteras nacionales y testimonia la fecundidad del diálogo entre culturas.

La soberanía se funda también en la palabra. No existe Europa sin Miguel de Cervantes, que nos legó la ética del idealismo frente al materialismo vulgar. Esta visión se enriquece con la profundidad de Fiódor Dostoyevski y León Tolstói, quienes comprendieron que el ser humano necesita raíces profundas para no ser arrastrado por el nihilismo. Regresamos igualmente a la razón como fundamento político: el imperativo moral de Immanuel Kant, la visión histórica de Hegel y el equilibrio institucional propuesto por Montesquieu, cuya influencia sobre el constitucionalismo moderno es inseparable de la Ilustración francesa en la que también participó Voltaire.

En el ámbito científico, honramos el legado de Max Planck, Albert Einstein y Niels Bohr, cuyos descubrimientos en física cuántica y relatividad nacieron de un pensamiento riguroso y de la libertad académica, no de la rentabilidad inmediata. Reivindicamos igualmente a Dmitri Mendeléyev, cuya sistematización del universo químico en la tabla periódica (1869) sigue siendo uno de los logros intelectuales más perfectos de la ciencia moderna, y a Konstantin Tsiolkovski, el pionero ruso de la astrofísica teórica y la cohetería, cuyas ecuaciones de propulsión (desarrolladas entre finales del siglo XIX y principios del XX) siguen siendo fundamento de la ingeniería espacial contemporánea.

Para ser verdaderamente soberanos, proponemos el desarrollo de una infraestructura digital euroasiática propia. No podemos permitir que nuestros datos y comunicaciones dependan de servidores extranjeros controlados por intereses ajenos al continente. La tecnología debe ser el nuevo acero de nuestra independencia estratégica.

Una nueva educación y resistencia cultural

Para formar a los ciudadanos del mañana, proponemos un sistema que proteja nuestra identidad cultural y prepare para el futuro tecnológico:

• El Legado Clásico como Soberanía Intelectual: recuperar el estudio del latín y el griego antiguo como ejercicios de libertad intelectual y acceso directo a las fuentes de nuestra civilización.
• Excelencia Tecnológica y Politécnica: la formación debe ser puntera en ciencias exactas e ingeniería. Queremos ciudadanos capaces de comprender tanto el pensamiento filosófico clásico como la arquitectura de la inteligencia artificial.
• Independencia Educativa: revisión crítica de las agendas ideológicas financiadas por fundaciones externas, devolviendo el espacio académico al debate plural y a la búsqueda honesta de la verdad.

Para contrarrestar la deriva cultural actual, se propone una estructura de diplomacia cultural a través de la Red de Organizaciones Culturales Euroasiáticas (ROCE):

• Centros de Pensamiento Independientes: espacios de resistencia intelectual inspirados en el papel histórico del Ateneo de Madrid, refugio de la inteligencia libre frente al dogmatismo durante los siglos XIX y XX, y que actualmente mantiene encendida la llama de una institución que ha sido cuna y escenario de algunos de los movimientos sociales, culturales y políticos más importantes de la historia de España. Estos nuevos centros funcionarán como foros de debate elevados donde la palabra sea soberana, desafiando los consensos fijados por las agendas globalistas y recuperando la autonomía del pensamiento civil frente al poder financiero y estatal.
• Mecenazgo Popular: creación de fondos ciudadanos para financiar el arte clásico, la arquitectura tradicional y los medios de comunicación independientes, rompiendo el monopolio de los grandes fondos de inversión sobre la cultura.
• El Eje de la Inteligencia: intercambio masivo de estudiantes y científicos para liderar la investigación biotecnológica ética y el desarrollo de la energía de fusión, protegiendo los descubrimientos europeos de lógicas extractivas de patentes.

El triunfo de la identidad

Las estructuras actuales deben ser superadas para que Europa renazca con plena consciencia de su historia y de sus responsabilidades. Ante el ascenso de un mundo multipolar, la Alternativa Continental representa una de las pocas vías para recuperar el control colectivo de nuestro destino. Frente a la financiarización sin límites y la dependencia tecnológica, debemos levantar el proyecto de una Eurasia fuerte, intelectualmente orgullosa y conectada con su herencia plural. Es el momento de que los pueblos vuelvan a caminar por la senda de la grandeza que ellos mismos construyeron.

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Alto al Acuerdo Global y Comercial “modernizado” entre la Unión Europea y México

Attac España suscribe el presente comunicado

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para exigir que no ratifiquen ni el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado” ni el Acuerdo Global que contiene un apartado sobre protección de inversiones y un mecanismo controversial que permite el  arbitraje inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).  

El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate y ni consulta pública. Se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Seis años más tarde, en medio de múltiples crisis y conflictos, los mandatarios europeos y mexicanos se apuran a firmar un acuerdo “modernizado” que tendrá peores consecuencias que su versión anterior, vigente desde 2000, por las siguientes razones:

1. Beneficia a los inversores extranjeros en detrimento de la población local, el ambiente y el clima.

El Acuerdo Global incluye un apartado sobre la protección de inversiones que contiene el recurso del arbitraje inversor-Estado. Este mecanismo, conocido también por sus letras en inglés: ISDS (Investor-State-Dispute Settlement) le concede a inversores extranjeros el acceso privilegiado y exclusivo a un tribunal internacional para resolver sus controversias con estados. México es el 3er país más demandado ante tribunales de arbitraje a nivel mundial. Lleva más de 500 millones de dólares gastados en laudos perdidos y costos de defensa y aún hay demandas pendientes que suman al menos 5.500 millones de dólares. El Acuerdo Global amplía los derechos del arbitraje a inversores de otros países europeos y restringe la soberanía mexicana de decidir sobre sus políticas públicas a favor de la población, del ambiente y del clima y vice versa.

2. Promueve un modelo extractivo sin fortalecer la producción local

El TLCUEM contiene un capítulo sobre recursos naturales que le impide a México poner precios diferenciales para el uso de sus minerales y recursos energéticos a nivel nacional y para la exportación. El capítulo de inversiones prohíbe la restricción del libre flujo de capitales y la imposición de los llamados requisitos de desempeño. Entonces ni los gobiernos europeos, ni el mexicano pueden obligar a los inversores del otro país a que, por ejemplo, usen un cierto porcentaje de contenido local en su producción o que transfieran tecnología y conocimiento. Sobre todo para México, país con recursos de interés para la Unión Europea, esto implica la restricción de medidas que promuevan el desarrollo económico y social a nivel  nacional y local. 

Debilita la producción agrícola mexicana

A cambio de obtener tres años más del derecho de regular su mercado energético, México eliminó aún más aranceles para la importación de alimentos a su mercado interno, sobre todo de carne y productos lácteos. Sumado a las concesiones ya dadas para la importación de más lácteos y otros productos agrícolas o alimentos procesados, esto amenaza la producción local de alimentos en México y la situación del campesinado. Además, promueve un comercio innecesario – ya que México no necesita importar ni más carne ni más lácteos para satisfacer la demanda nacional – que contribuye al cambio climático.

3. Promueve la relocalización de producción de ciertas industrias a México, sin garantizar estándares ambientales y laborales

El TLCUEM constituye el marco para que empresas europeas puedan relocalizar con más facilidad su producción a México. De hecho, muchas empresas europeas ya producen en México. La experiencia de Electrolux en Cd Juarez con su represión a los trabajadores que quieren formar un sindicato es  bien conocida. Recientemente, Volkswagen anunció el traslado de más partes de su producción de automóviles a México, donde lxs trabajadorxs ganan considerablemente menos y las leyes ambientales se implementan menos. Al mismo tiempo, la corporación anunció que eliminaría 30,000 puestos de trabajo en sus plantas en Alemania hasta 2030.

Actualmente, 50 zonas en México se encuentran en emergencia sanitaria y ambiental. La razón: la producción industrial indiscriminada. Una de las zonas más afectadas es la de Puebla-Tlaxcala donde Volkswagen y otras empresas europeas tienen sus plantas. El TLCUEM, como todos los tratados firmados por la UE, incluye solo un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible con disposiciones que no son vinculantes. El debilitamiento en la UE de la ley de debida diligencia (CSDDD) empeora esta situación.

A esto se suma que el tema de género es soslayado en el tratado aún cuando este comercio afecta directamente a muchas mujeres en México a nivel laboral y de consumo, pero también a nivel ambiental.

Estos son sólo algunos puntos preocupantes de este acuerdo. Se podría mencionar también la apertura a nivel nacional y de los estados provinciales de las licitaciones públicas a empresas europeas sin precedentes y con un impacto en la promoción de PYMES y el grave impacto sobre los derechos humanos. De hecho, la actualización del Acuerdo Global México–UE se ha realizado sin una evaluación integral de su impacto en derechos humanos. Al reducir el análisis al ámbito comercial, se oculta la responsabilidad de la relación bilateral en contextos de violaciones graves, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado o el asesinato de personas defensoras en México. Ratificar el acuerdo en estas condiciones constituye una decisión política que asume responsabilidad en la continuidad de estas violencias.

El TLCUEM y el Acuerdo Global son instrumentos que profundizan un modelo económico destructor en México y en la Unión Europea con privilegios para inversores y daños para la población. No subsanan la asimetría existente entre las dos economías, ni promueven un desarrollo sostenible o un comercio que respete los límites planetarios. Por eso, instamos a los representantes políticxs de ambos lados del Atlántico a no ratificar estos acuerdos. 

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Fotografía: Un pozo petrolífero en California. / Javi (CC BY-SA 2.0)

Artículo original publicado en ctxt.es por Gabriel Zucman

Para los pueblos y los dirigentes de la década de 1970 era evidente que los beneficios generados por la explosión de los precios del oro negro tras las crisis petroleras de 1973 y 1979 debían socializarse, en gran parte.

Algunos países productores, como Arabia Saudí y Venezuela, optaron por nacionalizar su producción (entre 1973 y 1980 en el caso del primero, en 1976 en el del segundo); otros, por gravarla con tipos casi confiscatorios.

Así, Estados Unidos creó en 1980 un impuesto sobre los superbeneficios petroleros con un tipo del 70 %, que se aplicaba tras haber pagado el impuesto normal de sociedades con un tipo del 46 %. Es decir, una imposición total de cerca del 85 %. El Reino Unido hizo lo mismo en 1975.

Al igual que se habían confiscado los beneficios de los comerciantes de armas durante las guerras del siglo XX –con una imposición del 95 % sobre los superbeneficios en Estados Unidos en 1942–, era impensable que los ingresos del petróleo, fruto de conflictos armados y revoluciones, fueran a parar a cualquier poder privado.

Así fue como las riquezas faraónicas generadas por la explosión del precio del oro negro, ese precio tan codiciado, se escaparon de las manos de las grandes petroleras y de sus propietarios.

Muy descontentos, estos últimos se prometieron que no volverían a caer en la misma trampa.

***

A partir de los años ochenta, las compañías petroleras, esas grandes multinacionales del siglo XX,  pusieron todo su poder al servicio de un proyecto de reescritura de las reglas del juego económico internacional, que debía garantizar su prosperidad.

En esta nueva organización del comercio mundial –que desembocó en la globalización que hemos conocido desde los años 1980 hasta los años 2020– dos innovaciones debían impedir que se repitiera el episodio de los años setenta.

La competencia internacional, en primer lugar, debía garantizar que ningún Estado gravara los beneficios con impuestos demasiado elevados. Por supuesto, los yacimientos de petróleo, a diferencia de las fábricas, no pueden deslocalizarse, pero el chantaje se centraría en la inversión: demasiados impuestos aquí, en el Reino Unido o en Noruega, y las empresas irían a perforar allí, en Rusia o en Canadá.

Bajo esta amenaza, los países productores fueron bajando, uno tras otro, sus tipos impositivos sobre las empresas extractivas.

El auge de los paraísos fiscales, a continuación: si un Estado intentaba recaudar su parte, las empresas petroleras deslocalizarían no su producción, sino sus beneficios contables hacia cielos más clementes, mediante transferencias intragrupo y otras técnicas de ingeniería financiera.

Las investigaciones llevadas a cabo por las economistas Alice Chiocchetti y Ninon Moreau-Kastler han permitido cuantificar este fenómeno. Por cada euro de beneficio obtenido por la industria extractiva, unos 12 céntimos acaban en paraísos fiscales, gravados a tipos irrisorios. Y en tiempos de crisis, no es el 12 %, sino el 20 % de los superbeneficios lo que se registra en los centros financieros offshore, en las Bermudas, Luxemburgo o Singapur.

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Así, los tipos impositivos efectivos en la industria petrolera, aunque siguen siendo superiores a los vigentes en otros sectores de la economía (pues es difícil ocultar que se extrae petróleo, lo que da poder a los países productores), se han desplomado a lo largo del último medio siglo.

Se dispone de las series históricas más largas para las multinacionales estadounidenses, lo que permite comprender bien la magnitud de esta transformación. En vísperas de la primera crisis del petróleo, las empresas petroleras estadounidenses pagaban un 65 % en impuestos sobre sus beneficios obtenidos en el extranjero. Una tasa que ascendió al 90 % a mediados de la década de 1970 (sin contar el coste de las nacionalizaciones). Antes de descender progresivamente a partir de la década de los ochenta, hasta alcanzar el 37 % en 2023, el último año del que se dispone de datos.

Interpretación y fuentes: este gráfico muestra la evolución del tipo impositivo efectivo de las empresas petroleras estadounidenses sobre sus beneficios en el extranjero (es decir, la relación entre los impuestos pagados en el extranjero y los beneficios registrados en el extranjero). Fuente: cálculos del autor a partir de las encuestas plurianuales de la Oficina de Análisis Económico sobre las actividades de las multinacionales estadounidenses; véase Wright y Zucman (2018) para una presentación de estos datos.

En concreto, mientras que en la década de 1970 el 90 % de la renta petrolera se socializaba, hoy en día dos tercios de esta van a parar a los bolsillos de los accionistas.

Por eso, con la subida vertiginosa de los precios del petróleo, las acciones de las empresas petroleras se han disparado desde el inicio de los bombardeos israelo-estadounidenses en Irán, y antes de eso, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela.

El índice de las 120 mayores empresas petroleras y gasísticas del mundo, la mitad de las cuales son estadounidenses, se ha disparado un 30 % desde principios de 2026, lo que supone un aumento de la capitalización bursátil de más de un billón de dólares en tres meses. Este aumento ya supera con creces al observado en el momento de la invasión de Ucrania en 2022.

Una paradoja abrumadora: mientras que nunca ha sido tan urgente detener la extracción de energía fósil en favor de fuentes descarbonizadas, los beneficios que los actores económicos privados pueden obtener de esta actividad nunca han sido tan fabulosos. “Cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero”, declaró ingenuamente Donald Trump en marzo. Por “nosotros” hay que entender, por supuesto, a las empresas petroleras (que se cuentan entre los principales financiadores de su campaña) y a los hogares más acomodados (titulares de acciones).

Es cierto que los precios de la gasolina suben, pero –a diferencia de lo que ocurría en los años setenta– son muchos los que, en la América tan querida por Trump, salen al final ganando.

Es difícil comprender la duración de la guerra en Irán si se ignora esta siniestra aritmética.

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¿Qué hacer?

En 2022, la Unión Europea había adoptado un impuesto, modestamente denominado “contribución de solidaridad”, con un tipo del 33 % sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras y gasísticas. A principios de abril de 2026, Alemania, Italia, España, Portugal y Austria instaron a la Comisión Europea a reintroducir un instrumento de la misma naturaleza.

No obstante, es fundamental no repetir los errores del pasado. En Francia, la contribución de solidaridad apenas ha reportado ingresos. Mientras que se podían esperar 3.000 millones de euros, los ingresos recaudados finalmente solo ascendieron a 69 millones de euros, es decir, 40 veces menos.

Es cierto que Francia había optado por una aplicación particularmente minimalista de la norma europea, excluyendo de forma arbitraria la mayoría de las actividades petroleras del ámbito de la contribución. Pero hay otra razón para este fiasco, puesta de relieve por los trabajos de Alice Chiocchetti y Ninon Moreau-Kastler: la propensión de las empresas petroleras a deslocalizar sus superbeneficios a paraísos fiscales.

De cada euro de superbeneficio, como hemos visto, 20 céntimos van a parar allí. Los 80 céntimos restantes se quedan en los países productores, y no se registra nada en los países de refinado o de consumo, como Francia. No se trata de una fatalidad, sino de una elección política. La solución más eficaz consistiría en gravar los superbeneficios mundiales de las empresas extractivas, difíciles de manipular, y no aquellos que pretenden “obtener” en Francia, que logran reducir sin dificultad a la mínima expresión.

El reto financiero es de primer orden. Juzguen ustedes mismos: en 2022, TotalEnergies obtuvo unos 10.000 millones de euros de superbeneficios a nivel mundial. Imaginemos, pues, que el escenario se repite en 2026. Una imposición del 90 % sobre estos superbeneficios –lo que era más o menos la norma internacional hasta los años ochenta– permitiría recaudar 9.000 millones de euros en ingresos fiscales, es decir, el equivalente a 130 euros por francés, 650 euros para una familia de cinco miembros.

Estos ingresos podrían redistribuirse de forma equitativa entre todos los franceses: es la política seguida desde hace tiempo por Alaska, que revierte los beneficios socializados de la explotación petrolera a cada habitante, por un importe de 1.704 dólares por unidad familiar en 2024.

Se pueden barajar otras soluciones, como gravar los aumentos de capitalización bursátil en lugar de los superbeneficios, tal y como propusimos mis colegas del Observatorio Europeo de la Fiscalidad (que desde entonces se ha convertido en el Observatorio Internacional de la Fiscalidad) en 2022.

Sea como fuere, una cosa está clara: sería inaceptable que las empresas –como TotalEnergies– que se enriquecen a costa de nuestro planeta, acentuando nuestra dependencia del petróleo y nuestras vulnerabilidades geopolíticas, lograran, como en 2022, eludir la solidaridad nacional. Al igual que sus predecesores del siglo XX, los especuladores de la guerra deben pagar.

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Fotografía: Palestinos desplazados caminan sobre los escombros de los edificios derrumbados en el campamento de Al-Bureij. DPA vía Europa Press.

Artículo original publicado en espacio-publico.com por Alberto Fraguas Herrero

Las guerras atentan contra la vida en su mas amplia acepción. No solo provocan desgraciadas pérdidas individuales sino profundas brechas de degradación ecológica. Es una actitud de verdadero asedio a la biosfera pues ésta alberga recursos útiles para cada parte del conflicto. No toca aquí hablar de estas estúpidas y asesinas ultimas guerras, de su sinsentido derivado de las nuevas geopolíticas psicopatológicas, pero sí de algunas derivadas que también matan, que también destrozan vidas, el ecocidio como parte del genocidio.

Históricamente las guerras miden su coste lógicamente en vidas humanas perdidas, desestructuración territorial y colapsos económicos, pero también tienen una nueva métrica en la destrucción que conllevan: la huella ecológica que se debe considerar antes, durante y después del conflicto que envenena el agua, la tierra, el aire y el suelo durante generaciones.

A menudo pensamos que la guerra es un choque violento de ejército por territorio, recursos naturales o incluso ideología. Sin embargo, existe un choque más silencioso, persistente y ubicuo: la ofensiva contra los sistemas biológicos, sociales y psicológicos que sostienen la vida, que la desarrollan, que la perpetúan. Esta guerra no se libra con pólvora o misiles sino con la indiferencia, con la explotación dominante neocolonial. Se libra con una visión del mundo contra la vida en si misma, priorizando lo inanimado, lo tecnológico sobre lo orgánico.

Huella Ecológica de la guerra

La guerra altera el equilibrio de la naturaleza de múltiples maneras y su afección tiene directa incidencia en la salud humana (la salud es integral, es una “única salud”, ambiental y humana).

Las talas generalizadas de arbolado y los incendios forestales son frecuentes en épocas bélicas y con ello se altera el régimen hídrico al mismo tiempo que se contamina el suelo y el agua por partículas sólidas y metales pesados, con frecuencia por minas terrestres y municiones sin explotar. Estamos viendo como el agua es precisamente uno de los vectores ambientales más sensibles a nivel ecosocial y por tanto los más asediados. La destrucción de embalses, desaladoras, estaciones de bombeo, canales, son objetivos de ataques de EEUU e Israel en su guerra con Irán, como también lo son las fuentes de origen, ríos, lagos, etc… que albergan un delicado equilibrio biológico a su vez.

Bombardeos masivos, incendios forzados (en ocasiones con productos químicos específicos), espumas químicas contra incendios altamente contaminantes, inundaciones provocadas, etc… obviamente no son inanes para el entorno ambiental y son perdurables décadas enteras afectando de manera irremediable las economías locales durante muchos años. En Gaza, por ejemplo, suelo y agua (y por ende la agricultura) están absolutamente degradados. Los sistemas de saneamiento y depuración de aguas han sido destrozados así como la nula gestión de residuos urbanos a los que añadir la ingente cantidad de restos de demoliciones, escombros, muchos de ellos contaminados con amianto y otros productos tóxicos. Todo ello provoca graves problemas sanitarios (la OMS informó de casi 180.000 casos de problemas respiratorios y diarreas en niños a los 3 meses de iniciarse el conflicto de Gaza).

Por otra en cuanto a su incidencia en la crisis climática, el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente estimó que los sectores militares son responsables del 5,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (pongamos como referencias el turismo con un 8% y todo el sector residencial con un 11%), unas emisiones que no quedaron consideradas en el Acuerdo de París aduciendo los países firmantes reservas de seguridad.

Pero además las emisiones atmosféricas derivadas de las guerras producen contaminaciones agudas muy graves por liberación de sustancias químicas al destruirse numerosas y estratégicas instalaciones industriales con lluvia ácida inducida por productos sulfatados que alteran el pH de las precipitaciones locales. Durante la guerra de Golfo en 1991 la destrucción de pozos petrolíferos liberó medio millón de toneladas de contaminantes (incluidos  metales pesados de los proyectiles  como plomo, antimonio y mercurio) con alta persistencia en suelo y aguas subterráneas. Las grandes cantidades de municiones con metales pesados y uranio empobrecido, así como productos químicos explosivos son devastadores para los ecosistemas naturales… y sociales donde el ser humano vive.

En el caso del último asalto del “sionismo trumpiano” en Irán, un país ya de por sí con graves problemas ambientales con una ciudad como Teherán entre las más contaminadas del mundo está siendo particularmente dañino para los ecosistemas con una “lluvia negra” producida por los ataques a refinerías y depósitos de petróleo, aerosoles de hidrocarburos y partículas sólidas con liberación masiva de SO₂, NO x y millones de Tn de CO₂[1]; derrames de petróleo (por el Estrecho de Ormuz pasa el 20% del petróleo mundial), daños en desalinizadoras que amenazan el abastecimiento de la población y alteración de la calidad del agua con filtraciones a unos acuíferos ya con un stress hídrico que están a punto de colapsar (Irán se hunde 20 cm al año por falta de acuíferos).

Si a estos añadimos el impacto nuclear, mucho más allá de la explosión con los riesgos del “invierno nuclear”, radiaciones ionizantes (isótopos de larga vida: Cesio-137, Estroncio-90) que son absorbidos por suelo y huesos causando daños genéticos durante generaciones el “No a la Guerra” se convierte en un enorme grito de “Sí a la Vida”.

Pero no es solo los efectos en sí del conflicto. También su preparación es dañina. Hoy vemos que los misiles son la nueva panacea bélica. Estos misiles requieren de materiales, tierras raras y metales (aluminio y titanio), cuya extracción supone contaminar aguas y tierra por décadas. Asimismo los propulsores tienen productos muy contaminantes (como el perclorato amónico) que son altamente cancerígenos alterando también la capa de ozono. Incluso en la realización de las pruebas para garantizar su siniestra eficacia se liberan gases tóxicos y metales (plomo, antimonio) y muchos de estos misiles terminan en el fondo del mar.

La paradoja de la reconstrucción.

Tras los conflictos viene la reconstrucción (que es lo que hace que suba el PIB), pero esta no solo resuelve o corrige impactos sino que genera otros nuevos y en ocasiones empeora los existentes. No, la guerra no tiene reconstrucción posible, solo hacer algo menos lesivos sus efectos.

Millones de toneladas de hormigón, acero, metales varios, generados en la devastación deben gestionarse en vertederos, no siempre ubicados en sitios adecuados. Muchos edificios derribados tienen asbesto (amianto), plomo de tuberías y otras sustancias tóxicas.

La huella de carbono por la reconstrucción aumenta por las nuevas actividades. La producción de cemento y acero son grandes generadores de CO₂, el transporte pesado y la logística de acarreo de materiales incrementan el consumo de combustibles fósiles, las maderas para encofrados y otras estructuras implican deforestar bosques, la grava y arena saldrán de canteras y graveras con una funcionalidad de alto impacto en los lechos fluviales que son frecuentemente dañados al priorizar una “reconstitución a la normalidad” sobre el cuidado ecológico. Una reconstrucción que no es tal si tenemos en cuenta los ecosistemas.

El Ecocidio como Quinto Crimen

El Derecho Internacional Humanitario prohíbe el uso del medio ambiente como arma, esto es, prohíbe los ataques deliberados contra el medio ambiente natural, y en particular la destrucción de recursos naturales y el uso de técnicas de modificación ambiental (tales como el empleo de herbicidas para alterar el equilibrio ecológico de una región). Asimismo, exige que las partes en conflicto contemplen si existe la posibilidad de causar daños ambientales antes de decidir un ataque.

El marco legal que vincula a la Corte Penal Internacional (CPI) con el ecocidio se encuentra en un punto de inflexión histórico. Históricamente el medio ambiente ha sido el “huérfano del derecho (!) de guerra. Sin embargo algo está cambiando.

Actualmente la CPI solo tiene competencias sobre 4 crímenes: Genocidio, Crímenes de lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y el Crimen de Agresión. La única mención al medio ambiente se da en el Artículo 8 (2) (b) (IV) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:

“Lanzar un ataque intencionadamente, a sabiendas de que causará … daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que sean manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que se prevea”.

Esta definición esta acotada  por:

• Contexto: solo aplica en conflictos armados internacionales (crímenes de guerra).
• Umbral: Se requiere en una triple condición que el ataque cause daños “extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural” que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar anticipada.
• Limitación: No protege al medio ambiente en tiempos de paz, que es donde ocurre la mayor parte de la destrucción ecológica masiva.
• La proporcionalidad es un factor subjetivo en base a supuestas “ventajas militares”.

No obstante existe un movimiento global para enmendar el Estatuto de Roma e incluir el Ecocidio como crimen autónomo.

En 2021, un panel de expertos internacionales (convocado por la Fundación Stop Ecocide) redactó una definición jurídica para ser incorporada como el Artículo 8  del Estatuto de Roma:

“Se entenderá por ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado con conocimiento de que existen probabilidades sustanciales de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”.

Elementos claves son por tanto:

• Daño Grave: Deterioro, destrucción o pérdida adversa y significativa de cualquier elemento del medio ambiente.
• Extenso: Daño que va más allá de una zona geográfica limitada, trasciende fronteras o afecta a todo un ecosistema o a un gran número de seres humanos.
• Duradero: Daño irreversible o que no puede recuperarse mediante regeneración natural en un período razonable.

Para que el ecocidio sea una realidad jurídica en la CPI, debe seguirse el proceso largo. Aunque el soporte legal crece, existen obstáculos significativos. Soberanía Económica: muchos Estados temen que la criminalización del ecocidio afecte industrias extractivas clave (minería, petróleo, agricultura intensiva); Causalidad: probar el vínculo directo entre un líder (político o empresarial) y un daño ecológico específico es complejo bajo los estándares de derecho penal; Jurisdicción: grandes emisores de carbono y potencias industriales (como EEUU, China o India) no son miembros de la CPI.

¿Qué está pasando ahora? A pesar de que la CPI aún no lo juzga de forma autónoma, el actual Fiscal de la CPI ha emitido directrices para priorizar crímenes ya existentes (como crímenes de guerra o lesa humanidad) que se cometan mediante la destrucción del medio ambiente o la explotación ilegal de recursos naturales. El camino está abierto.

Conclusión: No hay Justicia Ambiental o Climática sin Paz

La guerra entre Irán, EEUU e Israel demuestra que el medio ambiente no es una víctima colateral, sino un objetivo estratégico y, simultáneamente, la mayor víctima silenciosa.

Mientras el mundo intenta limitar el calentamiento global a 1,5^ºC, las operaciones militares en unas pocas semanas pueden borrar años de esfuerzos de descarbonización civil.

La comunidad internacional debe avanzar hacia la criminalización del ecocidio y la inclusión obligatoria de las emisiones militares en los tratados climáticos. Sin esto, la protección del planeta será imposible mientras las potencias sigan quemando el futuro en los campos de guerra y no de vida.

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Fotografía: El 7 de marzo de 2026, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques contra las instalaciones urbanas de almacenamiento de combustible de Teherán, concretamente contra los depósitos de Shahran, en el oeste de la capital. Hamid Vakili 

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Juan Laborda

Un nuevo orden internacional más equilibrado demandará también un nuevo pensamiento económico, uno que privilegie la estabilidad, la equidad y el control democrático sobre los mercados.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada bajo la administración de Donald Trump con el apoyo de Benjamin Netanyahu, representa una violación flagrante del derecho internacional y un punto de inflexión en el orden mundial. Este conflicto ilegal (al no contar con defensa propia legítima ni autorización del Consejo de Seguridad) constituye un “crimen de agresión”, descrito en los juicios de Núremberg como “el crimen internacional supremo” que contiene todo el mal de la guerra. La propia justificación brindada por Trump, alegando una supuesta amenaza inminente del programa nuclear iraní (evoca los falsos pretextos de la invasión de Irak en 2003), mostrando un desprecio cínico por la legalidad internacional. Las consecuencias geopolíticas son profundas: autores como Emmanuel Todd señalan que esta guerra evidencia la disolución del liderazgo occidental y la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en el sistema global.

Todd advierte que estamos ante el inicio de una “Tercera Guerra Mundial”, con Occidente atacando a potencias emergentes, y compara la debacle estadounidense con la caída de la URSS. De hecho, Todd afirma que en este nuevo conflicto “los ataques provienen de EEUU”, atribuyendo a Washington el papel agresor que antaño tuvieron los regímenes fascistas. En su análisis, la derrota estratégica de Occidente conduce al colapso de la civilización occidental, con síntomas como la desconexión de las élites respecto de la realidad. Este giro histórico marca el fin de la pretensión moral de Occidente para liderar el mundo, ya que viola las normas que dice defender. No es casual que figuras como Sheldon S. Wolin hayan descrito la deriva interna de Estados Unidos como un “totalitarismo invertido”, en el cual las instituciones democráticas se vacían mientras el Estado, controlado por unas pocas élites y corporaciones, persigue un poder sin límites y guerras permanentes. Wolin observó ya durante la ocupación de Irak que EEUU proyectaba una imagen de imperio y superpotencia que, lejos de exportar democracia, estaba erosionando su propia democracia interna en pos de un Estado autoritario.

En este contexto, la guerra contra Irán simboliza la ruptura definitiva: un Occidente que abandona la legalidad internacional y cuyos líderes – Trump, Netanyahu y sus colaboradores – podrían incluso enfrentar la condena de la historia (y en teoría, de la justicia internacional) por crímenes de guerra y agresión. Aunque la Corte Penal Internacional enfrenta límites jurisdiccionales (EE.UU. e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma), la mera posibilidad de un juicio por crímenes de guerra subraya la gravedad de la transgresión. En suma, esta guerra ilegal no solo desestabiliza Oriente Medio; también consuma la pérdida de legitimidad de Occidente, abriendo paso a un orden internacional post-occidental más multipolar y desafiante.

Impacto económico y soluciones poskeynesianas: inflación, fiscalidad y control de precios

Las consecuencias económicas de la guerra –en particular el aumento brusco de los precios de la energía (petróleo, gas) y de productos agrícolas básicos– han sacudido a la economía mundial. Los choques de oferta bélicos disparan la inflación de costes y amenazan con recesiones. Frente a este escenario, los economistas postkeynesianos proponemos una serie de soluciones heterodoxas, enfocadas en la intervención activa del Estado para estabilizar precios y sostener la demanda, en contraposición a las recetas neoliberales pasivas.

Aumentar el gasto en subsidios energéticos temporales, ayudas alimentarias y programas de empleo, financiados con déficits si es preciso, para proteger el poder adquisitivo de los hogares y evitar el colapso de la demanda agregada

En primer lugar, se enfatiza el uso de la política fiscal activa y los estabilizadores automáticos. Siguiendo la tradición de Hyman Minsky, un “Gobierno Grande” debe permitir déficits masivos en crisis para poner un suelo bajo la caída económica. Minsky argumentaba que un elevado gasto público y transferencias (como seguros de desempleo) actúan como amortiguadores automáticos que evitan depresiones profundas. En la crisis actual, esto implica aumentar el gasto en subsidios energéticos temporales, ayudas alimentarias y programas de empleo, financiados con déficits si es preciso, para proteger el poder adquisitivo de los hogares y evitar el colapso de la demanda agregada. Los estabilizadores automáticos (seguro de paro, impuestos progresivos) ya están diseñados para aumentar el gasto público en recesiones sin requerir nuevas leyes, proporcionando un estímulo inmediato.

En segundo lugar, los postkeynesianos proponemos controles estratégicos de precios y políticas de ingresos para frenar la inflación por el lado de los costes. A diferencia de la ortodoxia que rehúye la intervención o solo propone bajadas de impuestos que benefician a unos pocos, aumentando la extracción de rentas, economistas como John Kenneth Galbraith y Minsky han defendido controles selectivos cuando grandes oligopolios ya fijan precios a su antojo. Un ejemplo actual serían topes a los precios de la energía y alimentos esenciales durante la emergencia: al estar estos sectores dominados por pocos actores, el Estado puede limitar incrementos abusivos sin arriesgar desabastecimiento. De hecho, “las empresas ya controlan precios, por lo que no es difícil para el gobierno controlar lo que ya está controlado” refiriéndonos a mercados concentrados. Durante 2022-2023, varios países aplicaron topes al precio de la electricidad o gasolina con resultados muy positivos, señalando el camino de la intervención. Minsky, por su parte, no descartaba congelaciones salariales y de precios temporales pactadas – las clásicas políticas de ingresos, para frenar espirales inflacionarias de salarios y márgenes empresariales. La clave es combinar estas medidas con otras políticas para evitar efectos adversos (por ejemplo, subsidios a productores si se controla el precio final, para que mantengan la producción).

Tercero, los postkeynesianos enfatizan la inversión pública y la planificación de la producción en sectores críticos. Ante el encarecimiento de hidrocarburos, un Estado emprendedor puede invertir aceleradamente en energías alternativas (renovables, nuclear) para reducir la dependencia y estabilizar los costos energéticos a mediano plazo. De igual forma, puede financiar directamente aumentos de producción agrícola (o liberar reservas estratégicas de alimentos y energía) para compensar la escasez provocada por la guerra. Nicholas Kaldor propuso en los años 60 del siglo pasado un enfoque visionario: crear reservas internacionales de materias primas y hasta una moneda de reserva basada en commodities, de modo que los precios de productos clave se mantuvieran estables. Esa idea –revitalizada por Kaldor en 1964 durante la primera UNCTAD– buscaba estabilizar ingresos de países exportadores y contener la inflación importada en países consumidores, controlando la subida de precios con reservas públicas de alimentos y energía a nivel mundial. En la coyuntura actual, una versión actualizada podría ser acuerdos internacionales para aumentar la producción de petróleo (vía países OPEP+) o granos (vía corredores seguros) combinados con compras y ventas coordinadas de reservas para suavizar los precios.

En cuarto lugar, los economistas poskeynesianos planteamos medidas distributivas para enfrentar la inflación de guerra. Dado que gran parte de la reciente inflación proviene de “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) en sectores oligopólicos favorecidos por la escasez, una solución es gravar esos beneficios extraordinarios y redistribuirlos. Un estudio poskeynesiano reciente (Wildauer et al., 2023) analizó distintas respuestas a un shock de precios energéticos y halló que la política más efectiva para contener la inflación sin destruir empleo fue redistribuir las ganancias extraordinarias a los trabajadores mediante impuestos a beneficios inesperados. En otras palabras, un “windfall tax” a petroleras, eléctricas o exportadores agropecuarios – cuyos precios se dispararon por la guerra – y destinar esa recaudación a aliviar a consumidores (vía subsidios, cheques energéticos o bajadas de otros impuestos) ayuda a frenar la espiral inflacionaria reduciendo márgenes empresariales excesivos, sin recurrir a la vía ortodoxa de provocar una recesión.

Esta estrategia poskeynesiana aborda la inflación como un “conflicto distributivo” –un tira y afloja entre beneficios y salarios– por lo que procura ajustar ese balance (vía impuestos y transferencias) en lugar de simplemente subir tipos de interés y enfriar la economía. Autores como Steve Keen apoyan enfoques no convencionales donde el control de la inflación no recaiga solo en el banco central, sino en políticas fiscales dirigidas y regulación, señalando que la inflación actual no proviene de una demanda sobrecalentada sino de choques de costos y de la arquitectura financiera que amplifica esos choques.

Todas estas medidas poskeynesianas rompen con el laissez-faire: implican un Estado intervencionista que coordina esfuerzos con el sector privado

Finalmente, es esencial mencionar que todas estas medidas poskeynesianas rompen con el laissez-faire: implican un Estado intervencionista que coordina esfuerzos con el sector privado (pactos de precios y salarios), que invierte directamente y que regula mercados clave. Lejos de “crowding out”, este enfoque sostiene que una presencia estatal fuerte es necesaria para stabilizar un capitalismo propenso a crisis, tal como Minsky teorizó en su hipótesis de inestabilidad financiera. Jan Kregel, seguidor de Minsky, destaca que, sin controles públicos, los mercados financieros tienden a exacerbar las fluctuaciones en lugar de amortiguarlas, y esto es evidente en la volatilidad de materias primas sin regulación. En resumen, la receta poskeynesiana ante el caos económico desatado por la guerra pasa por fiscalidad expansiva, control de precios estratégicos, inversión estatal y reparto equitativo de cargas, en lugar de confiar ciegamente en la contracción monetaria o la “mano invisible”, o meras bajadas de impuestos que solo beneficia a unos pocos. Se trata de rescatar el papel de la política económica democrática para proteger a las mayorías frente a la inflación y el desabastecimiento, evitando así que el coste de la guerra lo paguen los trabajadores y consumidores más vulnerables.

Desfinanciarización y reforma energética: frenar la especulación y rediseñar el mercado eléctrico

Un elemento crítico agravante de la actual crisis de precios es la financiarización de las materias primas y la desregulación de los mercados energéticos en décadas recientes. De ello ya hemos hablado largo y tendido en estas líneas, pero nadie hace nada. Petróleo, gas, trigo y otros commodities esenciales no solo se compran para consumo, sino que se negocian masivamente en mercados de futuros y derivados por inversores puramente financieros. Esta especulación intensiva ha amplificado los picos de precios durante la guerra: los fondos de inversión y banco añaden demanda artificial y volatilidad Los postkeynesianos llevamos tiempo advirtiendo de estos peligros. Jan Kregel, por ejemplo, sostiene que la entrada de actores financieros “no tradicionales” (fondos indexados, ETFs (exchange-traded funds), grandes bancos) en los mercados de alimentos y energía durante los 2000s fue un factor clave tras el alza de precios 2006-2008 y nuevamente en la guerra de Ucrania y en la crisis actual. Su análisis muestra cómo la especulación puede desvincular los precios de la oferta y demanda reales: los precios futuros suben por la “burbuja” financiera y arrastran los precios spot al alza, perjudicando tanto a consumidores como a países importadores pobres.

Para combatir esta financiarización desestabilizadora, los poskeynesianos proponemos reformas regulatorias profundas: volver a separar la banca comercial de las actividades especulativas (reinstituir elementos de la ley Glass-Steagall), imponer límites estrictos de posición a los fondos en mercados de futuros (evitando que un mismo actor acapare contratos de trigo o crudo), exigir mayores márgenes de garantía para frenar el apalancamiento en derivados, y prohibir instrumentos puramente especulativos como los fondos indexados de commodities que compran sin intención de uso físico. Adicionalmente, se aboga por mayor transparencia y regulación internacional: por ejemplo, una base de datos pública de inventarios globales y flujos de commodities, coordinada por la ONU, para disipar rumores y prevenir compras de pánico. Algunos economistas sugieren reactivar el espíritu de acuerdos previos (como el desaparecido Commodity Stabilization Corporation planteado por Keynes y Kaldor) adaptado al siglo XXI, creando consorcios internacionales que intervengan en mercados clave: comprando futuros cuando los precios se desploman por debajo de costos (sosteniendo a productores) y vendiendo reservas cuando hay picos especulativos (protegiendo a consumidores). Esto implicaría dotar de fondos a instituciones globales para operar como “market maker” de último recurso en materias primas esenciales, análogo a un banco central, pero para bienes físicos.

En el sector energético, la guerra ha evidenciado evidentes fallos del modelo liberalizado, en especial el sistema marginalista de precios eléctricos vigente en muchas regiones (por ejemplo, en la Unión Europea). En este mecanismo, el precio mayorista de la electricidad lo marca la última central necesaria para cubrir la demanda (habitualmente centrales de gas de costo alto), de modo que cuando sube el gas, toda la electricidad se paga al precio más caro. En 2022, con el gas por las nubes tras la escalada bélica, países europeos vieron el precio eléctrico multiplicarse varias veces, otorgando beneficios extraordinarios a generadores inframarginales (renovables, nuclear, hidráulica, con costes bajos) que cobraban precios inflados muy por encima de sus costes. Es la gran “estafa” del mercado marginalista, pues las eléctricas obtuvieron rentas inesperadas millonarias a costa de consumidores y pequeñas comercializadoras. Los poskeynesianos nos sumamos a las voces que denuncian este diseño de mercado, argumentando que un bien esencial como la energía no debería dejarse a una subasta volátil que premia la especulación y el poder de mercado.

Las propuestas de rediseño del mercado eléctrico incluyen varias medidas interrelacionadas. Primero, desacoplar el precio de la electricidad del gas. Por ejemplo, pagar a los generadores inframarginales (renovables, nuclear) un precio fijo o por costes promedio a largo plazo, en lugar de pagarles el precio marginal instantáneo. Así se evitaría que una punta en el gas encarezca todo el pool eléctrico. Durante la crisis de Ucrania, España y Portugal lograron una excepción temporal (tope al gas) para limitar el precio considerado del gas en el mercado eléctrico, reduciendo artificialmente el precio final. Una reforma permanente podría establecer mercados separados o mecanismos de compensación para desligar tecnologías baratas de la espiral especulativa del gas.

Una empresa pública podría comprar energía renovable con contratos a 10-15 años a precio fijo razonable y revenderla a consumidores regulados

En segundo lugar, tarifas reguladas y contratos a largo plazo: potenciar contratos bilaterales de largo plazo a precios estables entre productores y consumidores, incluso con participación pública. Si bien la UE propuso fomentar estos contratos, hacerlo sin más regulación simplemente traslada el problema al mercado a plazo, donde también hay especulación y barreras de entrada. En cambio, se sugiere que el Estado actúe como intermediario. Por ejemplo, una empresa pública podría comprar energía renovable con contratos a 10-15 años a precio fijo razonable y revenderla a consumidores regulados, garantizando estabilidad de precios y financiando nuevas inversiones verdes.

En tercer lugar, límites al comercio especulativo de energía: restringir la participación de agentes puramente financieros en los mercados mayoristas de electricidad y gas. Los poskeynesianos abogamos porque sólo productores, distribuidores y consumidores cualificados (grandes industrias) puedan operar en dichos mercados, para reducir la liquidez especulativa que amplifica la volatilidad. Asimismo, implementar cortes temporales cuando los precios diarios suban excesivamente sin causa fundamental, evitando picos aberrantes.

Finalmente, regulación de la propiedad y la competencia: luchar contra el oligopolio eléctrico. La propuesta poskeynesiana incluye fortalecer las empresas públicas de energía o crear nuevas donde no las haya, para introducir competidores sin afán de lucro que moderen los precios. También realizar auditorías de costos en las empresas dominantes, detectar prácticas de manipulación de precios (por ejemplo, retirar capacidad para forzar subidas) y sancionarlas con dureza. Incluso se plantea la renacionalización parcial de redes o activos estratégicos, dado que la energía es un bien público. Estas medidas estructurales enfrentan la oposición de las corporaciones, pero apuntan a recuperar el control democrático sobre un sector vital.

La filosofía poskeynesiana para los mercados de materias primas y energía es revertir la excesiva financiarización y mercantilización de bienes esenciales

En síntesis, la filosofía poskeynesiana para los mercados de materias primas y energía es revertir la excesiva financiarización y mercantilización de bienes esenciales. Frente a la doctrina neoliberal que desde los años 90 liberalizó estos mercados bajo la premisa de eficiencia (premisa desmentida por los hechos, pues los precios se han vuelto más inestables y propensos a burbujas) se propone una vuelta a mecanismos mixtos público-privados. Esto significa mercados más regulados, con intervención pública directa para estabilizar precios y asegurar suministro, y con menos intermediarios financieros buscando extracción de rentas. Al fin y al cabo, como señala Jan Kregel, la especulación desenfrenada no solo causa injusticia social inmediata (hambre, pobreza energética) sino que distorsiona la estructura productiva de países enteros, generando booms artificiales seguidos de colapsos que impiden un desarrollo sostenible. Poner freno a estas dinámicas requiere valor político para enfrentarse a los intereses creados de Wall Street y las grandes energéticas, pero los postkeynesianos argumentamos que es imprescindible para evitar que las leyes del mercado desregulado socaven el bienestar de las naciones. La guerra ilegal contra Irán, con sus repercusiones económicas, ha servido en última instancia para exponer las debilidades del sistema global actual –tanto en lo geopolítico como en lo económico– y ha dado renovada fuerza a estas ideas de reforma. Un nuevo orden internacional más equilibrado demandará también un nuevo pensamiento económico, uno que privilegie la estabilidad, la equidad y el control democrático sobre los mercados. Pero que no se preocupen los extractores de rentas, el occidente decadente no hará nada de esto.

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Fotografía: William I. Robinson, durante el Foro Binacional de Educación Política y Sindical en el Centro Laboral de UCLA, Los Ángeles, en 2017.

El sociólogo de la Universidad de California William I. Robinson combina una labor militante volcada estas semanas en las protestas contra la fuerza militar de fronteras estadounidense con un análisis de fino pincel sobre el colapso del capitalismo.

Pablo Elorduy TG: @p_elorduy Publicado originalmente en el Diario El Salto

A lo largo de la conversación, William I. Robinson (Nueva York, 1959) deja varias frases que no solo son un buen titular para la entrevista, sino un presagio funesto para los próximos años. Lo compensa con una confianza total en las masas y su capacidad para mover la historia. Como dice en su último libro publicado en España, ¿Puede perdurar el capitalismo global? (Traficantes de Sueños, 2025) para que la humanidad sobreviva no hay más alternativa que derrocar el capitalismo global, “es decir, sustituir el imperativo de la acumulación a toda costa por un sistema basado en la necesidad social y en la armonía con el resto de la naturaleza”. 

La entrevista tiene lugar por videoconferencia. Robinson está en California, uno de los focos de la oposición en las calles al proyecto de Donald Trump, que este sociólogo no duda en calificar como fascista. La publicación de ¿Puede perdurar el capitalismo global? sucede a su anterior ensayo en español, Mano dura (Errata Naturae, 2023) en el que explicaba la convergencia económica e ideológica que ha dado lugar al giro autoritario de los Estados en todo el mundo. Parte de esa mano dura es la que ha visto crecer y multiplicarse al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), auténtico terror de las comunidades de personas migrantes y guardia pretoriana de Trump.

¿Cómo están siendo las protestas contra el ICE en Estados Unidos?
Yo estoy en Los Ángeles. Esta fue la primera ciudad que fue invadida por la fuerza de ICE y también por la Guardia Nacional. Eso fue en junio del año pasado. Desde entonces han ido ciudad por ciudad a declarar esta guerra. Ha habido protestas en todas partes, todas las comunidades se están organizando. Aquí y en las otras ciudades hemos organizado las patrullas comunitarias, que involucran ya a miles y miles de personas. Y lo más interesante es que no son solo los activistas tradicionales, que siempre han estado involucrados en las luchas sociales, en la actividad política, sino que hay un despertar de muchas capas de la población que antes no participaban en la política para nada.

¿Cómo se desarrolla en el contexto político de EEUU?
Hay unas divisiones muy agudas dentro de las clases dominantes y sus organizaciones políticas, incluyendo a los dos partidos principales, republicanos y demócratas. Al mismo tiempo, en Los Ángeles, en Chicago, en Minnesota, en Nueva York, en Seattle, en Portland, en San Francisco, hay una cierta alianza, no organizada pero espontánea, entre las bases de todos los movimientos sociales. No solo se trata de los movimientos de defensa de los derechos de los inmigrantes, sino de movimientos populares de la izquierda junto con los gobiernos demócratas en estas ciudades. Sin declararlo así, es un término que hago mío y que se está usando espontáneamente, está surgiendo una coalición antifascista. Ya todos usamos la palabra fascista, pero espontáneamente han surgido esas alianzas que van más allá de las alianzas tradicionales anti-Trump, que son antifascistas.

¿Qué significa el ICE para el poder de Trump?
Es muy claro que ICE son las nuevas camisas pardas. Es una organización paramilitar, de tipo fascista. Y lo importante de ICE es que responde directamente a la Casa Blanca y a este gobierno, al que voy a llamar régimen porque ahora hay un progresivo colapso del Estado de Derecho en Estados Unidos. No hablemos del derecho internacional. Trump dijo que no reconocía el derecho internacional sobre su propia moralidad. Pero bueno, aquí, en el interior de Estados Unidos, hay órdenes emitidas por los Tribunales, y simplemente ICE y este régimen hacen caso omiso, tanto de esas órdenes judiciales como de la Constitución. Es muy claro que el ataque o la guerra contra los inmigrantes va más allá de la cuestión migrante: es un ataque contra toda la clase obrera. 

¿A quién responde ICE?
Es muy evidente que esta fuerza paramilitar, que va creciendo a pasos agigantados, se ha convertido ya en un ejército privado de este régimen. Responde al Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional). Sabemos que, dentro de cualquier Estado y en el proceso de toma de ese Estado por parte de un proyecto fascista, hay disputas entre diferentes departamentos y divisiones y ministerios. En este momento vemos claramente que el Departamento de Seguridad Nacional es el núcleo de la formación dentro del Estado de este proyecto fascista. Este ejército fascista va a servir para combatir cualquier disidencia, no solo con respecto a la cuestión migratoria. El primer paso es la guerra contra los migrantes. 

La pregunta sobresaliente es si nosotros podemos superar el capitalismo global antes de que arrastre a toda la Humanidad consigo

¿Cómo se lleva a cabo?
Hay una explosión de gasto estatal en esta guerra. Para ello están tomando fondos de la Marina norteamericana, es decir, de un presupuesto aprobado por el Congreso que el Pentágono destina a acciones fuera de Estados Unidos. Recientemente han trasladado a ICE otros 40.000 millones de dólares de la Marina, sin autorización, para la construcción de decenas o centenares —ni sabemos cuántos— de campos de concentración en todo el país. Esta masiva construcción de campos de concentración está planificada como una infraestructura permanente, que no tiene que ver simplemente con el alojamiento de inmigrantes antes de su deportación. Están sentando las bases para una infraestructura a largo plazo para detenciones masivas. Yo, de momento, puedo hablar de estas cosas con mis estudiantes. Por el momento, por nuestra resistencia, estamos frenando un poco la marcha del proyecto fascista, pero estamos en gran peligro aquí en Estados Unidos. Todo esto que estoy hablando es un reflejo de una cuestión mucho mayor que es la crisis de época de capitalismo global y sus dimensiones políticas aquí en Estados Unidos.

Examinemos esa crisis del capitalismo global de la que trata el libro. ¿Por qué se está produciendo?
Hay varias dimensiones determinantes, no es solo una. La dimensión económica estructural de la crisis de época es la primera que voy a nombrar. El capitalismo global comienza a enfrentar la imposibilidad de seguir reproduciéndose. Es una crisis de época que puede durar años y décadas, pero en realidad estamos entrando en el ocaso del capitalismo global. La pregunta sobresaliente es si nosotros podemos superar el capitalismo global antes de que arrastre a toda la Humanidad consigo. Primero hay que entender que la dimensión estructural de la crisis es la sobreacumulación. Es el estancamiento crónico, es la acumulación de enormes cantidades, trillones de dólares infrautilizados, que no tienen salida; la clase capitalista transnacional no tiene lugar ni posibilidades de descargar toda esa masa de capital sobreacumulado. 

Entre este momento y 2050 vamos a llegar a un momento en el que el capital ya no va a poder seguir acumulando en determinadas zonas como consecuencia del calentamiento global

¿Cómo se han resuelto estos problemas en el pasado?
Hasta la fecha, la clase capitalista transnacional (CCT) ha tenido tres mecanismos para seguir descargando ese capital sobreacumulado y seguir empujando hacia adelante la economía global. Uno, ya sabemos, es la especulación financiera, que ya alcanza y la cifra es correcta, trillones de dólares. Se trata de capital ficticio. Segundo, es la deuda global. Esa deuda de consumidores y de Estados ya suma 325 billones de dólares. De tal manera, el crecimiento impulsado por el endeudamiento no puede seguir. La tercera dimensión es lo que califico como la acumulación militarizada y la acumulación por represión. Esta guerra contra las personas migrantes en Estados Unidos tiene sus fines políticos, como hemos estado hablando, pero también tiene un fin económico que es proporcionar una salida para el capital sobreacumulado. La guerra contra migrantes es muy rentable al igual que es enormemente rentable el genocidio en Gaza; como también lo son los conflictos armados y sistemas de represión transnacional alrededor del mundo en momentos de estancamiento crónico.

Esto ocurre en un contexto marcado por la crisis climática y ambiental. ¿Cuál es la dimensión ecológica de la crisis?
Para llegar al meollo de la cuestión ecológica, ahora el sistema se encuentra en una nueva ronda depredadora y muy violenta de expansión para salir del estancamiento. La concentración de esta nueva ola expansiva y agresiva del capitalismo global tiene tres objetivos: uno, las tierras. Es decir, acaparar tierras. Segundo, energía. Energía por varias razones, pero sobre todo porque toda esta expansión depredadora está impulsada por la digitalización, que es central en el asunto del medioambiente. Necesitan construir miles y miles de centros de datos que consumen enormes cantidades de energía. Esto tiene que ver con Groenlandia, por favor, pregúntame más adelante por Groenlandia. Y lo tercero son los minerales que necesitan las nuevas tecnologías digitales y sobre todo, la inteligencia artificial. Estas tres dimensiones representan una intensificación de la apropiación de la naturaleza extrahumana y tiene unos efectos catastróficos sobre el medioambiente. Pero quiero ir más allá: hay una acumulación de destrucción y de desgaste del medio ambiente, sobre lo que es la naturaleza humana y extrahumana, que es al mismo tiempo una crisis de la reproducción social y de la reproducción de la naturaleza. Esta nueva oleada expansiva está intensificando los efectos catastróficos sobre el medio ambiente. Pero la destrucción del medio ambiente está llegando a tal punto que llega a impedir la acumulación de capital. 

¿Cómo?
El pronóstico es que, entre 2030 y 2050, un tercio del planeta estará tan caliente que los seres humanos no van a poder vivir en zonas como en el norte de África, Oriente Medio, etcétera. En este momento, el capital está acumulando en esas zonas, pero no va a poder seguir haciéndolo en un futuro próximo. Otra dimensión es la de los territorios de producción agropecuaria, por ejemplo aquí en California, donde hay zonas de agricultura intensiva destinada a mercado global. Se va a producir un colapso de la agricultura por el cambio climático. Puedo seguir poniendo ejemplos, pero el punto es que hasta el momento el capital transnacional ha podido seguir acumulando alrededor del planeta sin atender a los efectos devastadores en el medio ambiente, pero eso está cambiando muy rápidamente. Entre este momento y 2050 vamos a llegar a un momento en el que el capital ya no va a poder seguir acumulando en determinadas zonas.

Más impactos.
En 2025, una de las compañías de seguros más grande del planeta, y hay que tener en cuenta que las compañías de seguros también son parte del capital financiero transnacional, advirtió de que pronto no va a poder funcionar la industria global de seguros. Porque es demasiado costoso asegurar, por ejemplo, viviendas, inversiones, etc. a causa de los impactos y los riesgos ambientales. Si se produce una tormenta de dimensiones no vistas hasta ahora en Florida, algo que puede suceder, los daños pueden alcanzar billones de dólares. Las compañías de seguros ya no pueden asegurar a las compañías manufactureras, de logística, etcétera. Desde ese punto de vista, la crisis ambiental representa no solo una crisis de amenaza de extinción a los seres humanos, sino que también socava la posibilidad del capitalismo global de seguir acumulando.

Está el factor de las migraciones como causa del calentamiento global.
Los informes que tenemos sobre refugiados climáticos y refugiados por despojo, por la devastación ecológica, dicen que alcanzan ya 200 o 300 millones de personas. Según los pronósticos de las Naciones Unidas, va a rebasar las mil millones de personas desplazadas por el cambio climático. Eso abre la cuestión de cómo va a poder el capitalismo global, y quienes controlan este sistema, manejar esa cantidad de refugiados. Eso da una idea de las dimensiones ambientales de la crisis.

Los sectores militar-represivo, el big tech y las finanzas se están fusionando y conformando un nuevo bloque hegemónico de capital transnacional a escala global

Igual que el Amazonas, Groenlandia es una zona crítica para el resto del planeta. ¿Hasta qué punto es una muestra del cortoplacismo de Trump esa apuesta por explotar los recursos naturales de esa isla?
Has usado la palabra cortoplacismo para referirte a Trump, pero esto no define solo a Trump, define a todo el sistema capitalista. Es necesario recordarlo: el capital tiene un solo objetivo, la acumulación de capital sin fin. Cualquier otro objetivo es secundario y no tiene importancia frente a la permanente acumulación de capital. Entonces, todo el sistema capitalista tiene una visión cortoplacista e inmediata. Han existido constreñimientos, ciertas medidas para suavizar un poco ese impulso hacia la acumulación, pero eso ha venido de Estados y de movimientos de masas, no del capital. Toda esta amenaza contra Groenlandia es parte de la misma ronda expansiva que estamos experimentando ahora. Realmente, el argumento de que se trata de seguridad frente a China y a Rusia es una cortina de humo, en realidad tiene que ver con los recursos minerales, con los recursos petroleros y de gas, pero también tiene mucho que ver con la energía geotérmica, porque Groenlandia tiene increíbles posibilidades de generación de energía geotérmica. Esto requiere un paréntesis analítico. 

Adelante.
Está surgiendo dentro de Estados Unidos, pero también a nivel global, un nuevo bloque hegemónico dentro del capital transnacional que reúne a tres sectores de capital que se están fusionando. Y esos tres sectores son: las grandes compañías de la tecnología, vamos a llamarlo big tech, segundo, el complejo militar industrial, que no solo es militar sino que incluye todo el andamiaje de represión, por ejemplo ICE. Y tercero, el capital financiero transnacional. Esos sectores: militar-represivo, big tech y finanzas, se están fusionando y conformando un nuevo bloque hegemónico de capital transnacional a escala global. Trump no representa los intereses de ese bloque, sino que es al revés: ese bloque tiene al trumpismo como el instrumento de expansión de sus intereses. 

Volvemos a Groenlandia.
Groenlandia tiene la energía, las tierras y los minerales, incluidas las tierras raras, que necesita ese bloque mientras se van derritiendo los glaciares. Hay un cuarto elemento que explica por qué quieren esa tierra. Porque quieren establecer estas empresas de extracción de energía, etcétera, con una nueva modalidad de gobernanza, una gobernanza directa por parte del capital transnacional. Los lectores se acordarán de los experimentos en ciudades empresariales en Honduras, por ejemplo. El gobierno golpista de Honduras, que ya está en el poder otra vez, entregó a un grupo de empresarios de las finanzas y la tecnología —incluyendo a Peter Thiel, de Palantir— Roatán, una isla en el Golfo de México, en la costa Atlántica de Honduras. Se les permitió controlar toda la isla con sus propias reglas, sus propios impuestos y su gobierno. Es el mismo modelo que ya tenemos en Texas: una pequeña ciudad manejada por Musk, donde el gobierno, el Estado, no entra. Quieren eso también en Groenlandia. Ese bloque hegemónico y sobre todo el grupo de las big tech vinculado con Palantir ya han hecho inversiones iniciales y han hecho estudios iniciales de cómo hacer esas ciudades en Groenlandia. La emergencia climática es mala para la humanidad, para el planeta, pero es muy buena en determinados aspectos para el capital, porque hace accesible zonas que no eran accesibles anteriormente. De alguna manera, Groenlandia se convierte en microcosmos de todo lo que está pasando a nivel global.

¿El proyecto de “Nueva Gaza” que se presentó en la Junta de la Paz en Davos forma parte de esa proyección de nuevas ciudades empresariales?
En primera instancia, no usemos ese término fascista, porque no es una Junta de Paz, es Junta de genocidio, es Junta de capital transnacional, es una invasión y una apropiación total de Gaza. Pero efectivamente, lo que quieren hacer en Groenlandia ya lo están haciendo en la Franja de Gaza. Esto muestra el proceso genocida del capitalismo global en esta fase: necesitan eliminar poblaciones sobrantes —lo que llamo la humanidad excedente— para tener acceso a recursos y convertir a esos territorios en zonas de acumulación intensiva para el capital transnacional. Sabíamos que Gaza tiene gas y tiene petróleo, tiene zonas frente al mar Mediterráneo muy valiosas para la especulación inmobiliaria. Pero no es solo eso, el proyecto es convertir a Gaza en un hub de lo que los grupos dominantes ahora llaman pax silica. Es decir, en un nodo regional para la alta tecnología y los centros de datos. Kushner, el yerno de Trump, lo dijo claramente en su discurso en Davos: Gaza es un caso de prueba. Si este modelo es exitoso ya se puede aplicar a otras zonas. Quieren convertir a todo Gaza en una franja empresarial. Todo está vinculado con los demás hechos que están pasando en Oriente Próximo.

¿En qué sentido?
La transformación radical de toda la geopolítica de Oriente Medio a partir del genocidio de los palestinos, y ahora de la destrucción de Rojava por parte del nuevo gobierno sirio, todo va dirigido a conformar un nuevo bloque geopolítico que una a los Estados del Golfo con Israel, con capital transnacional. Específicamente, es un plan del bloque hegemónico que mencioné. Ese es el nuevo rostro geopolítico que deja sentadas las bases necesarias para una mayor expansión del capital transnacional en Oriente Medio, a través de Gaza, encabezado por la alta tecnología y por la criptomoneda. Recordemos que la criptomoneda es la perfecta fusión de la alta tecnología con las finanzas. Gaza es símbolo, es modelo, es advertencia de lo que nos espera al planeta entero.

La fusión del gran capital con el Estado es parte de la definición clásica del fascismo y es lo que vemos en Estados Unidos ahorita mismo

¿Hasta qué punto es relevante el ropaje teórico del trumpismo que representan figuras como Peter Thiel o Curtis Yarvin o solo se trata de un envoltorio para el impulso depredador del capital?
Tiene peso, pero lo que pasa es que la correlación de fuerzas todavía no es tan favorable para consolidar el proyecto fascista, porque aún hay muchas resistencias, muchas contradicciones. Pero la respuesta es que este es un proyecto fascista en el sentido sociológico. Estudiando la historia y el concepto sociológico, analítico y teórico del fascismo, es un proyecto fascista que se está incubando con Yarvin, con Thiel, con el trumpismo. Pero antes quiero detenerme en un punto. 

Adelante.
Hoy vemos a Trump en la pantalla a diario, y vemos a los representantes políticos, los ideólogos y los estrategas del proyecto fascista en las pantallas, en los medios sociales, etcétera, pero no vemos lo que está detrás. El mes pasado, The New Yorker ha publicado que Trump ha acumulado cuatro mil millones de dólares utilizando la presidencia como un cajero automático para su propia familia. Trump puede robar y ser corrupto. Mientras se le cepille, como se dice popularmente, su narcisismo, seguirá siendo un títere, el instrumento de este bloque de poder. En el primer mandato de Trump, la clase capitalista transnacional fue muy recelosa a la hora de sumarse a un proyecto fascista. Trump es fascista y racista desde hace mucho tiempo, pero el capital transnacional inicialmente no quería sumarse a un proyecto de este tipo: ahora sí. 

¿Por qué?
Por el poder de este nuevo bloque hegemónico. Ese bloque depende cada vez más de contratos del Estado. Palantir, por ejemplo, ha unificado los bancos de datos de decenas y decenas de diferentes agencias del Estado en un solo banco de datos. Eso es muy importante, porque en la guerra contra los migrantes están usando un solo fichero. La capacidad represiva del Estado se aumenta decenas o centenares de veces a través de ese sistema centralizado controlado por Palantir. Por un lado, el bloque hegemónico depende cada vez más de los contratos de Estado. Segundo, depende cada vez más de los subsidios del Estado. Tomemos el ejemplo del petróleo. Trump ha prometido miles de millones de dólares a los productores para que vayan a Venezuela. Eso es lo que está pasando con el bloque hegemónico: contratos, subsidios y, en tercer lugar, crear las condiciones, las políticas, necesarias para la acumulación de este bloque, desregulando la inteligencia artificial, desregulando todos los reglamentos para estas nuevas tecnologías digitales.

Esto desemboca en la asimilación por parte del capital del programa fascista.
Hay una fusión del Estado con el capital alrededor de un proyecto fascista. La fusión del gran capital con el Estado es parte de la definición clásica del fascismo, y es lo que vemos en Estados Unidos ahorita mismo. El tercer ingrediente para el fascismo, y ahí entra la cuestión ideológica a la que has hecho referencia —lo que distingue al fascismo de una simple dictadura— es la movilización fascista en la sociedad civil. Y es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Hay una movilización fascista de una parte de la población, no solo los Proud Boys, sino también del ala derechista del partido Republicano que ha movilizado a una base fascista. Esa base ha ido disminuyendo, puede ser hoy de un 20 % o 25 % de la población, pero hay una movilización abierta de esa base también a través de cristianismo nacionalista de ultraderecha. Todo eso es la movilización fascista. Esto está claro con ICE, que es el núcleo coercitivo militarizado del proyecto fascista. Otra pregunta es cuál es la ideología de ese proyecto. Y ahí entra Yarvin. Es una ideología mística, es una ideología de ultra nacionalismo xenofóbico. Cualquier proyecto fascista necesita racismo, pero también milenarismo. De ahí surge Make America great again, esa promesa de restaurar la grandeza de Estados Unidos.

Ese ultranacionalismo no es exclusivo de EEUU.
También lo tenemos en Rusia. Rusia no es fascista, es otra cosa, pero Putin también se basa en esa idea de recuperar la gran Rusia. También en China —no estoy diciendo tampoco que China sea fascista— todo gira en torno al ultranacionalismo. Alrededor del mundo hay un ultranacionalismo que es la respuesta autoritaria a la crisis. Yarvin habla de un rey, de un sistema monárquico, pero Thiel también habla de un Estado manejado, dirigido, controlado por tecnobillonarios, no por elecciones democráticas. Es confuso porque es una mezcla de todo un poco, pero sí estamos viendo surgir de una ideología fascista con sus diferentes dimensiones. Todo esto es un proyecto que se va consolidando de manera espantosa, pero también la resistencia inesperadamente va en un repunte y eso es lo que da esperanza.

Quizá la pregunta es demasiado simple, pero ¿cómo se explica para alguien que no que no sabe de economía que los milmillonarios sean cada vez más ricos y que a la vez podamos estar hablando de una crisis final para el capitalismo?
No es una pregunta sencilla. Es una pregunta de suma importancia. Comencemos primero con la naturaleza del capitalismo, que no es evidente. La naturaleza del capitalismo, cuando funciona sin contratendencias, es producir riqueza y polarizar esa riqueza. Es decir, una capa cada vez menor de capitalistas acumulan todo el dinero mientras las masas se empobrecen. Es la tendencia natural del capitalismo. La única forma de que el capital produzca ganancias es que la clase trabajadora, o sea, las personas que trabajan para el capital, produzcan valor y que la parte máxima que se puede extraer de ese valor vaya al capital y la parte mínima, al trabajador. Eso se sabe. Eso no es nuevo. Lo importante aquí es que históricamente eso es una contradicción interna del capitalismo y siempre ha conducido a crisis. 

Quizá venga el próximo año, quizá en 2031, pero viene un colapso financiero cataclísmico

¿Qué tipo de crisis?
Las crisis cíclicas son recesiones cada diez años más o menos, pero las crisis estructurales se dan cada 40, 50 años, y esas son grandes crisis de sobreacumulación. Se dan cuando el capital ya ha acumulado tanto que no tiene dónde invertir y comienza un estancamiento mucho más profundo. Ahora estamos en una crisis estructural. La última crisis estructural fue en los años 70 del siglo XX, volveré sobre ella. Recordemos la otra gran crisis estructural, que fue la Gran Depresión de los años 30. Antes de eso tuvo lugar una crisis estructural enorme en los 1880. Anterior a eso, en 1830. Entonces, cada vez que hay una crisis no cíclica, no recesionaria, sino estructural, hay grandes trastornos, hay guerras internacionales y hasta mundiales, hay grandes reorganizaciones en el campo del capitalismo, hay lucha de clases, luchas sociales,… todo cambia. Estamos en uno de esos momentos de crisis estructural, que se convierte en crisis sistémica. Pero antes de abordar eso, lo que has llamado crisis final, déjame recuperar qué pasa a partir de la gran crisis estructural de los años 70. 

Ok.
En esa crisis estructural bajaba la tasa de ganancia e iba en aumento el poder y la capacidad de resistencia de las clases populares alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos. Es la época de las luchas de liberación nacional y decolonial en el Tercer Mundo, solo pensemos en el auge revolucionario de 1968. Entonces, a nivel global, el emergente capital transnacional que surge en los años 70 y en adelante enfrenta una crisis de la hegemonía capitalista. Tiene que reconquistar la legitimidad, tiene que reconquistar la rentabilidad, subir la tasa de ganancia y para ello lanza la globalización. Esto es de suma importancia. Porque lo que pasó desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 y 80, es que las luchas de masas obligaron a muchos Estados a hacer dos cosas: número uno, regular el mercado, intervenir en la economía para regular el mercado, y dos, intervenir en la economía para redistribuir la riqueza desde arriba hacia abajo. Esas dos cosas, esas intervenciones del Estado, iban en dirección contraria a la tendencia a la polarización de la riqueza, es decir, la lucha de masas obligó a los Estados a tomar medidas que salvaron al capitalismo de su propia crisis, irónicamente. 

Eso se rompe en los años 70.
Cuando el capital lanza la globalización, a finales del siglo XX, el Estado deja de poder intervenir para regular el mercado a nivel de Estado-nación, ya no puede intervenir a redistribuir la riqueza hacia abajo. Entonces se retoma el proceso de la polarización de tal manera que, como sabéis muy bien, hoy en día un 1% de la humanidad controla más de la mitad de riqueza del planeta; el 20% (y cada vez menos del 20%) controla el 95%. El 85% de la población mundial ya ni siquiera puede consumir. Ahí está la población excedente. Son quienes no conforman un mercado para el capital transnacional: no producen plusvalor. Contra esa población excedente llevan a cabo el genocidio.

Esta es una crisis provocada por el capital que amenaza al capital.
Tenemos esta increíble polarización que representa una crisis para el sistema. Cuando vemos en los titulares que Musk va a ser el primer billonario hay que darse cuenta de que esa masa de capital es ficticia. Básicamente, la economía global obtuvo en 2025 un valor de entre 105 y 110 billones de dólares. Eso en la producción de bienes y servicios, de las cosas que necesitamos, desde el ordenador con el que estoy hablando contigo hasta la comida que vamos a comer hoy. Mientras, el sistema financiero respaldado en bienes, en activos, está en torno a 150 billones de dólares. Pero el sistema financiero no respaldado por activos asciende a 1,7 trillones de dólares. Eso quiere decir que una masa de capital ficticia no se corresponde con la realidad. Eso hace que el sistema no solo sea insostenible, sino que esto permite pronosticar una crisis catastrófica y una desvalorización masiva descomunal.

¿Para cuándo?
Quizá venga el próximo año, quizá en 2031, pero viene un colapso financiero cataclísmico. Pero ojo, esa no es la crisis final. Esa es la dimensión estructural. La crisis final viene de que hay que combinar la dimensión estructural con la dimensión social del colapso de una buena parte de la humanidad y la imposibilidad de reproducción social con el colapso de la biosfera. Todo se conjuga y el resultado final es que el capital ya enfrenta la imposibilidad de seguir reproduciéndose, llega a los límites de la capacidad de reproducción.

El genocidio es rentable, es rentable la guerra contra las drogas (que no tiene que ver con la droga) en América Latina y la guerra contra migrantes es rentable

¿No va a haber crecimiento económico?
Mi pronóstico es que, si evitamos una tercera Guerra Mundial, va a haber una nueva época de prosperidad. Dependiendo de cómo se desenvuelvan los acontecimientos en los próximos años es posible que las tecnologías digitales aumenten la productividad tanto que se vuelva a imponer por un tiempo la producción real sobre la especulación financiera. Entonces podemos tener un periodo de prosperidad como tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, pero no para la masa de la humanidad, no para 4.000 o 5.000 millones de personas. Desde la lógica del sistema, se trataría de un periodo de estabilización con un Estado policial global en los años 30, los años 40 de este siglo. Para mí, la crisis final del capitalismo global, repito, si evitamos la Tercera Guerra Mundial, se va a desenvolver y a finalizar en la segunda mitad del siglo XXI. Soy consciente de que esto es especulativo. Analítico, pero especulativo.

Has mencionado el Estado policial global, la mano dura como negocio y práctica de disciplinamiento de las sociedades del que hablaste en tu anterior libro. Desde entonces se han producido hechos como la invasión rusa de Ucrania y el genocidio de Gaza que corroboran la hipótesis de que el capital está virando hacia la vía de las armas en su huida hacia adelante. ¿Crees que la acumulación militarizada es suficiente para que se dé el ciclo de valorización que el capital necesita en este momento?
La acumulación militarizada y acumulación por represión —son muy parecidos estos conceptos, pero no idénticos— tienen tres funciones. Uno, que es muy rentable en sí, como hemos hablado antes. Trump ya propuso para el año 2027 un presupuesto de 1,5 billones de dólares en el gasto militar estatal. Ese es prácticamente el 2% de toda la economía global solo para la acumulación de capital militarizado. Es enormemente rentable. El genocidio es rentable, es rentable la guerra contra las drogas —que no tiene que ver con la droga— en América Latina, la guerra contra migrantes es rentable. El segundo aspecto que hay que resaltar de la acumulación militarizada es que la represión militar es como un martillo que abre violentamente espacios para la acumulación. Por ejemplo, la acumulación militarizada del Congo en Ruanda hace a algunos ricos en el Congo, pero sobre todo está abriendo espacio para el pillaje de los minerales. Entonces, la segunda dimensión de Estado policíaco global es que abre espacio para el capital a través de la violencia. Y por último, toda esta crisis genera enormes resistencias. Entonces, la tercera función del estado policíaco global es reprimir y controlar las resistencias. La pregunta que hacías es si la acumulación militarizada y por represión puede sostener la economía global frente al estancamiento y crisis. Y la respuesta es un rotundo no, para nada. 

¿Por qué?
Tiene contradicciones internas, no genera nuevo valor, o es escaso. Me explico: genera nuevo valor en el sentido de que trabajadores producen un misil o un tanque o un avión de guerra, pero esas armas no tienen un mercado masivo, solo tiene un mercado con Estados y grupos paramilitares y armados y policiales, y solo se siguen produciendo si se utilizan en guerras, en destrucción. Eso es lo que [Joseph] Schumpeter llamaba la destrucción creativa. Es tan contradictorio, que simplemente es una medida corto y medianoplacista para seguir dando oxígeno a la economía global. No es una solución.

Has hablado de la posible III Guerra Mundial. ¿Estamos ante un escenario de lo que se ha llamado “guerra civil global” o un conflicto como las grandes guerras del siglo XX?
Una guerra mundial, por un lado, sí, podría ser una acumulación de guerras civiles y guerras regionales, y en ese sentido vamos muy rápidamente hacia esa III Guerra Mundial. Lo que lo hace tan peligroso es el poder destructivo. No me refiero solo a las armas nucleares, sino a armas subnucleares que tienen tremendo poder destructivo, especialmente para el medio ambiente, ya que deja vastas zonas sin ninguna capacidad de agricultura, por tanto, de existencia. Pero si una tercera Guerra Mundial involucra o pone en conflicto directo a Estados Unidos y Rusia o Estados Unidos y China, ya estamos hablando de otro nivel. Y en ese nivel veo muy, muy difícil que sobrevivamos. A menos que sea muy limitada y que su fin esté negociado desde el comienzo.

China, por ser capitalista, por tener sobrecapacidad, tiene que expandirse en el mundo, igual que Estados Unidos. Eso significa que es un proyecto cargado de conflictos y de un futuro muy gris

Se habla mucho del imperio emergente contra EEUU, el imperio en declive, pero ¿qué papel juega en este momento China?
No estoy en contra de asumir la idea de un imperio en declive y otro imperio que está surgiendo, pero prefiero tener otro marco analítico. El capital chino es capital transnacional y se fusiona con el capital de todos los demás países del Oriente y se fusiona en una mezcla inseparable con el capital transnacional. Pero los Estados funcionan en otro nivel. Cada Estado tiene su propio proyecto basado en mantener su propio territorio, atraer al capital transnacional y tratar de convencer a ese capital transnacional de defender sus intereses estatales y políticos. En el caso concreto de China, hablamos de otro modelo de capitalismo. El Estado chino juega un papel central en la economía china en el sentido de que controla el sistema financiero, hay bancos privados, hay capital financiero privado. La mayoría del capital financiero es privado, de hecho, pero China controla el sistema financiero a lo interno, a diferencia de Estados Unidos y de la mayor parte de los países del mundo. Segundo, China puede dirigir las inversiones por medio sus políticas estatales. En Estados Unidos, el modelo puro neoliberal del Occidente lo impide. Y tercero, China tiene y puede movilizar recursos, por ejemplo, para la infraestructura, tiene infraestructura del siglo XXI, mientras Occidente y sobre todo Estados Unidos tienen infraestructura del siglo XX, incluso del siglo XIX, infraestructura que se está cayendo. Es otro modelo del capitalismo que da cierta vida a un capitalismo del siglo XXI con menor intensidad de crisis por un lado. 

¿Por qué?
Hay un sector del capital, el del trumpismo global, que representa a una parte de la elite, que tiene que ver con Israel, con Daniel Noboa, Nayib Bukele y Javier Milei en América Latina, con algunos de los movimientos ultranacionalistas en Europa. El Foro Económico Mundial representa otro sector, un sector reformista, un sector que ha elogiado al capitalismo chino y ha dicho que el capitalismo chino es el capitalismo que necesitamos para el mundo en el siglo XXI. Eso nos dice mucho de la estrategia de los intelectuales orgánicos de esa élite ilustrada y de cómo ven a China. Pero aquí entran las contradicciones del modelo de China. La primera es que el capitalismo se rige por la ley de valor, se rige por la rentabilidad y la urgencia de la rentabilidad. Se rige por una contradicción, aunque sea mediatizada por el Estado, entre capital y trabajo. Démonos cuenta de que China acaba de anunciar para 2025 un déficit comercial con el mundo de 1,2 billones de dólares. Eso no tiene precedentes y es un reflejo de la tremenda sobrecapacidad de la economía mundial. Esa sobrecapacidad es indicio de que la acumulación del desarrollo capitalista en China depende cada vez más de abrir mercados y apropiarse de recursos, expandirse alrededor del mundo. Y eso genera tensiones comerciales y políticas y geopolíticas en todo el mundo. 

Es parte del mismo sistema en crisis.
China, por ser capitalista, por tener sobrecapacidad, tiene que expandirse en el mundo, igual que Estados Unidos. Eso significa que es un proyecto cargado de conflictos y de un futuro muy gris. La izquierda internacional, o sectores de la izquierda internacional, insisten en que China es el futuro para la humanidad, algunos dicen que es socialista, pero es ridículo. Hablando como sociólogo, ni siquiera como izquierdista, es capitalismo, es claramente capitalismo. Dicen que no hay problema y que beneficia al Sur Global, pero cuando estudiamos cada caso donde aterrizan las compañías publico-privadas chinas hay destrucción de medio ambiente, hay despojo, hay conflictos con las comunidades. Hay una apropiación rapaz de los recursos. El 90% del cobalto del Congo es extraído por las compañías chinas con un saqueo increíble. En América Latina es equiparable a lo que hace Estados Unidos: extrae minerales, despoja a la población local, indígena y campesina y abren minas. Y cuentan para ello con los ejércitos y las policías latinoamericanas para reprimir la resistencia. China es el socio comercial de Israel. Ha proporcionado tecnologías de reconocimiento facial y drones a Israel. No está participando directamente en el genocidio, pero está haciendo posible el genocidio. La idea de que China es el futuro de un capitalismo humanizado es ridícula; decir que es el socialismo del futuro es ridículo; decir que China es el gran amigo de las masas empobrecidas del sur global contradice la realidad empírica.

Hace tres años decías que el proyecto izquierdista transnacional era una necesidad ¿Ves avances? ¿Hasta qué punto debemos pasar a hablar de un proyecto antifascista transnacional para afrontar esta policrisis?
Sí, necesitamos un frente unido antifascista que tiene que ser transnacional. Los detalles de a quién incluye ese frente unido antifascista, cómo se formaría, si hay que entrar en alianzas con la élite, entre comillas, ilustrada de Davos, o si no, porque son realmente hoy capitalistas salvajes también, son interrogantes que no puedo contestar. Pero sí creo que es urgente ese frente unido antifascista. Pero siempre he dicho, y creo que lo hablamos un poco en la última entrevista, que hay un tremendo desfase a nivel global entre las sublevaciones y levantamientos populares alrededor del mundo, sobre todo la Generación Z. Las masas están listas para levantarse y a desafiar este sistema.

¿En qué te basas?
El capitalismo global sufre una crisis de legitimidad política entre las masas. El Instituto Cato, que es conservador, hizo una encuesta en 2025 a los jóvenes entre 18 y 29 años de edad en Estados Unidos. Constaba de dos preguntas: “¿A usted le gustaría tener socialismo?” El 62% dijo que sí. La segunda pregunta era “¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable sobre el comunismo?” No socialismo, comunismo. El 34% dijo que era favorable. Y eso pasa alrededor del mundo en mayor y menor grado, país a país, especialmente en la generación Z. La masa de la humanidad, miles de millones de nosotros y nosotras, no podemos vivir en este sistema, no lo consideramos legítimo, estamos en levantamientos. Mientras la izquierda organizada e institucional sigue en una crisis. No ha sabido renovarse para el siglo XXI, no ha sabido dar un liderazgo o una visión mayor a esas masas que quieren desafiar al sistema. Ese desfase sigue ahí y es más urgente que nunca acabar con él. Lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos es que la gente ya está en pleno levantamiento y están formando coaliciones. Pero no hay izquierda. El Partido Demócrata es un partido en bancarrota que no ofrece nada. Algunos elementos sí, como Zohran Mamdani, pero el partido en sí no ofrece nada. Entonces tenemos este enorme desafío de cómo dar alguna coherencia a toda esta resistencia. Yo no tengo la respuesta, no tengo la solución. Solo tengo este diagnóstico sobre el problema.

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Artículo original publicado en menorca.info por Pablo Jiménez

La Comisión Europea, con su presidenta Ursula Von der Leyen al frente, ha decidido aplicar provisionalmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, una decisión contraria a los procesos supuestamente democráticos que rigen o deberían regir los procesos institucionales de la Unión.

El pasado 21 de enero, el Parlamento europeo votó a favor de pedir al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) un dictamen sobre este acuerdo comercial para determinar si se ajusta al derecho de la UE, en cuanto a competencias institucionales europeas y estatales y al procedimiento elegido para su tramitación y aprobación.

La votación fue solicitada por los Verdes europeos y por La Izquierda (The Left) y apoyada por un grupo heterogéneo de diputadas y diputados, desde la extrema derecha a la izquierda alternativa, pasando por socialdemócratas y populares, ya que no todos siguieron las indicaciones de su grupo parlamentario. Ello da una idea de la división existente en torno a este acuerdo.

El procedimiento indica que, con la solicitud de dictamen aprobada, la decisión de aprobar el acuerdo queda suspendida hasta que el TJUE se pronuncie. Para la Comisión Europea este contratiempo es un varapalo, máxime si tenemos en cuenta que la votación se fue retrasando por las dudas de Italia y Francia -cuyos votos eran fundamentales- para aprobar el acuerdo en el Consejo de la UE, algo que finalmente pudo conseguirse con unas concesiones de salvaguarda al país transalpino.

Las dudas que ha de resolver el TJUE se mueven en dos ámbitos. Uno interno y otro externo, relativo a los países del Mercosur. El primer ámbito se refiere a la división del acuerdo en dos partes: una comercial y otra política. En la primera la competencia es de la Comisión Europea y su decisión es sometida únicamente a la aprobación del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo. En la segunda, la política y de cooperación sí requiere la ratificación de los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Las dudas se establecen desde el momento en que se entiende que muchas de las cuestiones comerciales planteadas, tales como las agrarias, laborales, sanitarias o ambientales, tienen un profundo trasfondo político que puede condicionar las políticas nacionales de los Estados miembros. En cuanto al segundo ámbito se refiere al ‘mecanismo de reequilibrio’ por el que los países latinoamericanos podrían adoptar medidas compensatorias ante decisiones reguladoras europeas que perjudicarán a sus productos. La duda aquí es determinar hasta qué punto terceros países pueden influir o condicionar las políticas europeas de cualquier sector económico, social o ambiental contempladas en el acuerdo.

Las dudas planteadas son legítimas y deben resolverse en el marco institucional y para ello se dispuso en su momento la constitución del TJUE. La decisión de la Comisión Europea y del Consejo Europeo (jefes de Estado o de Gobierno, distinto al Consejo de la UE) de aplicar provisionalmente el acuerdo comercial sin esperar el dictamen del TJUE y la votación posterior del Parlamento europeo no es acorde por tanto con el procedimiento institucional instaurado. Además de poco democrática, esta decisión socava el papel del Parlamento europeo y resulta muy arriesgada ya que el TJUE puede determinar no compatible con el derecho de la UE algunos de los planteamientos competenciales o procedimentales adoptados, lo cual obligaría a renegociar el acuerdo y enfrentarse política y económicamente a las consecuencias de una aplicación probablemente puesta ya en marcha en el momento de hacerse efectivo el dictamen. Asimismo, aumenta la pérdida de confianza de la ciudadanía, ya de por sí baja, en las instituciones europeas, al ver como se ningunea a la única de ellas votada por la población.

Como ha indicado The Left “la aplicación provisional del acuerdo Mercosur antes de que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento no es jurídicamente sólida ni institucionalmente apropiada y, por lo tanto, debe ser rechazada”.

En realidad, no debería ratificarse este acuerdo en las instituciones europeas, que la Comisión Europea quiere aprobar cueste lo que cueste por intereses geopolíticos y económicos de las multinacionales, ya que arrastra desde su origen, según denuncia la Campaña No a los TCI “una fuerte contestación social por sus impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico, sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina”.

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Artículo original publicado en ethic.es por Fernando Valladares

«El decrecimiento económico es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando», afirma Fernando Valladares, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

A una sociedad habituada a considerar el crecimiento en todos los ámbitos y especialmente en el económico como una señal de éxito, se le puede atragantar una apremiante pieza de actualidad: en un planeta finito en el que la humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad, el decrecimiento en la producción y el consumo es de las pocas cosas de las que podemos estar seguros que van a ocurrir. Nos guste o no, tengamos las opiniones e informaciones que tengamos, el decrecimiento, especialmente en el Norte Global, es solo cuestión de tiempo. Nuestra inteligencia ahora se puede poner al servicio de mantener la ilusión del crecimiento perpetuo o bien al servicio de garantizar el bienestar humano en convivencia con otros seres vivos y en armonía con las leyes de la física y de la química.

En el artículo «La falsa promesa del decrecimiento», Manuel Alejandro Hidalgo defiende que el crecimiento económico es la herramienta más eficaz para el progreso humano, citando la manida reducción de la pobreza extrema del 35% al 8,5% en las últimas décadas. Sin embargo, su propuesta colisiona, ni más ni menos, con los límites planetarios, es decir, con las condiciones físicas, químicas y biológicas para que el ser humano tenga cabida en el planeta. Tanto Hidalgo como un gran número de economistas convencionales afirman que la solución al dilema del crecimiento perpetuo es el «desacoplamiento absoluto», donde la economía crece mientras el consumo de recursos, la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyen.

Aunque varios países desarrollados han logrado reducir un poco sus emisiones de CO2 mientras sus economías crecen, no lo hacen al ritmo suficiente para mantenerse dentro de los márgenes de seguridad climática. En la mayoría de países y regiones, y durante amplios periodos de tiempo, los crecimientos económicos se acompañan indefectiblemente de un incremento en impactos y emisiones. Algo que la eficiencia y la tecnología, que el crecimiento verde y la circularización de la economía (recordemos que la economía circular no existe) solo logran amortiguar en parte. De hecho, cada vez más científicos de ámbitos tan dispares como la física, las matemáticas, las ingenierías, la filosofía, la antropología, la economía y la sociología cuestionan la posibilidad real de desacoplar del crecimiento económico no solo las emisiones, sino también el uso de materiales, biomasa y agua, al ritmo necesario para no seguir adentrándonos en zona insegura habiendo rebasado ya la mayoría de los límites planetarios.

La humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad

Es habitual argumentar, como hace Hidalgo, que imponer el decrecimiento es una forma de imponer «colonialismo» y «austeridad ecológica», algo que negaría a los países en desarrollo el acceso a necesidades básicas como el agua potable, la salud y la educación. El error de este argumento radica en entender el decrecimiento como una propuesta que afectaría por igual a todos, cuando las teorías de decrecimiento proponen una reducción planificada para las economías ricas, de forma que se liberara espacio ecológico para el Sur Global. Plantear una distribución equitativa de los recursos parecería ignorar las dificultades de implementación de algo así, dificultades que chocan con los intereses del sector privado y que derivarían en grandes tensiones sociales. Pero, en realidad, al plantear esta equitatividad se pone en evidencia que la continuación del modelo de crecimiento económico actual en naciones opulentas acelera el agotamiento de recursos de los que dependen tanto los países más vulnerables, con lo que las tensiones irían en aumento, como los más ricos, con lo que se aceleraría el colapso de las actividades económicas más atractivas y rentables y del propio sistema capitalista convencional que las impulsa y de las que depende.

Es interesante constatar que el colapso del capitalismo no es una amenaza futura. Ni una leyenda propia de los antisistema. Es una realidad constatada ya, y con gran preocupación, por las principales entidades aseguradores: ante los impactos del cambio climático, el sistema actual de seguros se hace financieramente inviable. Sin el sector seguros, podemos olvidarnos de préstamos e inversiones, la base de nuestro modelo económico. Esta inviabilidad financiera real y presente ya en el mundo bajo el nuevo clima en el que vivimos, con la fractura fundamental del capitalismo que implica, la confesaron los consejeros delegados (CEO) de las compañías aseguradoras más grandes del mundo en una amplia entrevista del periódico The Guardian, publicada el 3 de abril de 2025. Esta entrevista se publicó tan solo dos meses después del escándalo de la cancelación de 90.000 pólizas de seguros del hogar poco antes de los catastróficos incendios de California en enero de 2025. Una cancelación que dejó sin nada a miles de familias y que planteó la necesidad de un debate nacional e internacional sobre la insolvencia del sistema de seguros ante el nuevo clima.

Mientras que ante la implacable realidad ambiental y geopolítica, el capitalismo avanza en lo que viene a llamarse «necroeconomía» (conjunto de prácticas económicas y políticas que generan rentabilidad a partir del dolor, la desgracia, la injusticia o la muerte, incluyendo la manipulación de datos económicos y la mentira política, y que se apoyan en herramientas como los cat bonds o bonos catástrofe), el decrecimiento plantea una alternativa luminosa, aunque difícil de implementar por las inercias y los conflictos de interés.

El capitalismo actual necesita de la escasez, haciendo de ella algo intrínseco

Inquieta a muchos que hacer hincapié en el decrecimiento institucionalizaría la escasez, alimentando movimientos populistas y regímenes autoritarios. Para la economía convencional, el crecimiento es la única forma de evitar el conflicto social al no tener que repartir la riqueza económica global. En primer lugar, esta riqueza global se apoya en la ficción del dinero como préstamo con interés y no basado en riqueza real. Algo que impulsa la degradación ambiental por sí mismo y que constantemente empuja ciclos de profunda inflación y crisis económica. En segundo lugar, esta riqueza está cada día más amenazada por la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. Por lo tanto, el conflicto que se busca evitar es inevitable, especialmente a medida que nos acercamos a un colapso de los sistemas naturales. De hecho, el conflicto, bajo el modelo extractivista actual, tiende a crecer y las perspectivas son aciagas. Basta con leer el informe anual del Foro Económico Mundial sobre las amenazas a la economía.

El riesgo en la gestión de la contracción económica ha sido muy estudiado y siempre se han desarrollado soluciones concretas para resolverlo coyuntural y no estructuralmente. Pero además de esta dificultad práctica para resolver esas contracciones «que acontecen», dentro del sistema económico imperante se ignoran o minimizan los riesgos de inestabilidad social y también económica derivados de unas crisis ambientales que son cada vez más extremas. El decrecimiento económico no solo no trae escasez, sino que es un modelo diseñado para reducirla. Por el contrario, el capitalismo actual necesita de la escasez haciendo de ella algo intrínseco. Los 12 millones de personas que mueren de hambre son necesarios para el funcionamiento de un sistema alimentario global basado en este modelo, no son una disfunción del mismo, como nos gustaría (y tranquilizaría) a todos creer. El decrecimiento económico promueve la abundancia radical, ya que abre la oportunidad para que abunden convenios, seguros y garantías que permitan consolidar los derechos humanos en cada vez más regiones del planeta. Mientras el capitalismo requiere de la incertidumbre, la desconfianza, la inseguridad, el individualismo, el unilateralismo, la competencia y el conflicto, el decrecimiento económico propone un marco para reducir todo esto en aras de la solidaridad, la confianza y la colaboración.

También inquieta mucho que el decrecimiento pueda desincentivar la innovación y la inversión en I+D al contraer los mercados. Esta inquietud se apoya en la idea de que la innovación solo puede prosperar en un entorno de expansión de mercado. Esta inquietud se desvanece cuando la innovación se reorienta y, en lugar de trabajar en la eficiencia para producir más (lo que a menudo lleva al efecto rebote o paradoja de Jevons), se enfoca en la suficiencia y la regeneración. Este enfoque fortalece la creación de empleo y permite crecer en numerosos ejes sociales que no tienen huella ecológica.

La propuesta de un crecimiento inteligente y sostenible suena bien, pero depende enteramente de la fe en la tecnología para resolver la contradicción entre un sistema económico infinito y un planeta con límites físicos finitos. Se trata de una contradicción que nadie termina de resolver sin recurrir a la promesa, aquí si que hablamos de promesa, de un desacoplamiento total. El artículo de Hidalgo se apoya en la visión tradicional de que el crecimiento es la única vía para el progreso, pero la literatura científica actual sugiere justo lo contrario.

El análisis histórico y la simulación matemática de distintos escenarios socioeconómicos revela que el capitalismo perpetúa la desigualdad imperial, juega «sucio» con la ciencia de las emisiones al confiar en tecnologías no probadas y subestima el deseo de la población de transitar hacia un sistema que priorice el bienestar de la sociedad sobre la riqueza de las élites, y la integridad del ecosistema sobre el PIB. Cuando se habla de falta de aceptación del modelo de decrecimiento económico no se tiene en cuenta la realidad que muestran las encuestas: aunque el nombre no despierta apoyo, cuando el decrecimiento se presenta como una propuesta completa (sin ceñirse a la etiqueta), el 72% de la población en países consumistas como Estados Unidos y el 82% en países europeos como el Reino Unido la apoyan. Existe la tendencia a equiparar el decrecimiento con una recesión prolongada o una crisis económica no planificada. Mientras que una recesión en el capitalismo es desastrosa y genera desempleo, el decrecimiento se propone como una transformación democrática y planificada para mejorar el bienestar reduciendo solo la producción no esencial.

El rechazo inicial a la palabra decrecimiento parece basarse en prejuicios y en impresiones superficiales, como la del miedo a perder el empleo o a que disminuyan los ingresos. Una vez que la población comprende los principios de bienestar y servicios públicos universales asociados al decrecimiento, así como la sostenibilidad a largo plazo del modelo frente a la inestabilidad creciente del capitalismo, el apoyo se mantiene alto, lo que sugiere que la propuesta decrecentista tiene potencial para ser adoptada democráticamente.

El decrecimiento económico no promete, propone. El aval histórico del economista y matemático Nicholas Georgescu-Roegen y el filósofo francés Serge Latouche, al que se han ido uniendo otros como los filósofos Kohei Saito y Jorge Riechmann, los economistas Joan Martínez Alier y José Manuel Naredo, el ingeniero Miguel Valencia y numerosos científicos de la talla de Jason Hickel, Giorgos Kallis, Tim Jackson, Peter A. Victor, Kate Raworth, Juliet Schor, Julia K. Steinberger, Diana Ürge-Vorsatz o el mismísimo Johan Rockstrom, principal impulsor del concepto y la cuantificación de los límites planetarios, hace que el decrecimiento económico, llamémoslo como lo llamemos, es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando.

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Artículo original publicado en mundoobrero.es por Carmen Esbrí

Reflexiones

Teniendo la Salud Universal y Comunitaria como faro de las políticas, voy a hablar de la maligna impronta de la guerra en ella. Que en pleno siglo XXI nos planteemos esta correlación ante el peligro planetario de una guerra total, es inconcebible para quiénes venimos marcando la Democracia con valores y derechos por historia y cultura. En nuestro alrededor parece que la guerra no va con nosotros, se repiten actitudes de los «felices veinte» que narcotizan a la población; el peligro está aumentando de decibelios con trompetas de voceros a rebatir con contundencia.

Con opacidad y nula actitud democrática, España y resto de la Unión Europea participan en una militarización intensa justificándola con trabajar por la seguridad sin atenerse a reglas democráticas que exigen transparencia y participación de los pueblos en decisiones que afectan a su vida. La osadía de participar en una guerra es transcendental; sin embargo, está ya claramente impuesta para actuar bajo tacones militares y erráticas decisiones gubernamentales.

Si hablamos de Salud debemos destacar de manera relevante el conocido como Informe Lalonde (1974). Su autor Marc Lalonde, abogado y político, fue Ministro de Seguridad Social en Canadá, puesto al que aportó conceptos básicos de Salud y Sostenibilidad ya que consideraba necesarios datos manejables para diseñar las políticas que dirigía. Lalonde definió con claridad los Determinantes, efectos causantes de la Salud: Medioambiente, Estilos de Vida, Modelos Asistenciales y Biología Humana.

A pesar de la relevancia y reconocimiento de dicho Informe que facilitaba un ordenamiento de interés importante a tener en cuenta en política de tiempos posteriores, es evidente que no ha servido como guía de las acciones políticas de Occidente donde surgió. Importante tenerlo en cuenta al denunciar, una vez más, la insensatez de la guerra y la de gobernantes que actúan bajo un erróneo manual que olvida personas, Naturaleza y Democracia; gobernantes que pagamos para atendernos pero que nos perjudican concienzudamente con un plan insano en cuanto nos afecta. Gobernantes que siguen un manual retrógrado para un progreso imposible de alcanzar.

Apuntes históricos

Para abordar las repercusiones entre guerra y Salud, son necesarios apuntes históricos que encarrilen el asunto. Estamos en una situación política más alarmante que las acaecidas en las dos Guerras Mundiales. En ambas, hubo un deseo de expansión a otros territorios justificada por el poder de pueblos que se creen los elegidos por derecho natural de dominación. A la vez en ambos tiempos, también ahora, los avances armamentísticos dan fuelle a un belicismo que deben amortizar aunque subordinen o aniquilen a los demás.

Ahora juegan también a ver quien tiene las armas más dañinas y eficaces para matar más y con más puntería, costosas herramientas que dan enormes frutos económicos a fabricantes y con miles de muertos inocentes a los pueblos.

Tras la Segunda Guerra Mundial surgió una actitud benefactora con el fin de mitigar de forma ecuánime sus trágicas consecuencias con evidencias palpables de inseguridad y nula Salud por una ferocidad que afectaba también a la economía. Un espíritu de solidaridad se puso en movimiento para configurar un mundo más justo, pero sobre todo productivo. Para ello aparecieron entidades supranacionales derivadas de necesidades sociales con el sano objetivo de que se dirimieran con buena fe las diferencias. Se puso en pie el Estado de Bienestar enarbolado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Previamente se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945 ; su cometido era mantener la paz y seguridad internacionales, brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitaban, proteger los Derechos Humanos y defender el Derecho Internacional. Tres años después,1948, nacía también la OMS, Organización Mundial de la Salud, con el padrinaje de China y Brasil, motivadores de la creación de Naciones Unidas. Con la OMS se pretendía avanzar en directrices que propiciaran una paz duradera y un futuro prometedor tras las tragedias vividas en el escenario principal europeo.

Nacieron otros organismos supranacionales, construyendo un emporio mundial desestructurado hoy, del que destacar la Organización del Tratado del Atlántico Norte, 1949. La OTAN es la más provocativa creación que sigue empoderándose para sí misma más que para asegurar la paz; su sombra, profundamente armamentística, se configura en una bisección clara entre el mundo occidental de tinte anglosajón que entra en todas partes para implantar «su cínica democracia» confrontando contra otras formas de Estado y gobierno, entonces de esencia comunista y ahora ni eso, presuponiendo siempre el comunismo como competidor indeseable. La toxicidad permanente de las teorías liberales han propagado que es la inspiración anglosajona la llamada a imponerse por ímpetu divino, la única capaz de hacer andar el planeta. ¿Con el poder y las armas? Por supuesto. Desde la Guerra de Corea (1950-1953), la OTAN es mucho más que una herramienta de defensa, es una herramienta feudal de colonialismo pernicioso velado bajo el compromiso de defender a sus miembros ante cualquier ataque externo, haciendo de la guerra un mecanismo permanente de supervivencia del mercado que la provee. Publicidad engañosa que cambia cuando no se quieren armas.

España y el engaño de la OTAN

España entró en la OTAN en 1982, tras un controvertido referéndum logrado con información tramposa por Felipe Gonzalez (PSOE). Se justificó su entrada como pago inevitable para nuestro acceso al Mercado Común, que prometía la «Europa Democrática”. En 1981 nos habían incorporado al ala militar de forma clandestina tras un golpe de Estado gestado por el monarca, heredero de Franco, Juan Carlos I, autoexiliado, corrupto y vendepatrias. Hasta 1999 no tuvimos pleno conocimiento de esa participación en la estructura militar.

El hilo conductor invisible de la integración en el crudo «mundo otanista» queda claro que fue y es la propia monarquía española con políticos de escaso amor patrio que sucumbieron ante la falsa idea de su propio empoderamiento personal. Ninguno se preocupó de las razones de su pueblo; su supuesto poder y prestigio quedaron anulados por dictadores imperialistas interesados en negocios de guerra y de sus grandes cuentas de beneficios. Monarquía y gobiernos, de izquierda y derecha de la Transición Española, han indignificado y sometido a su pueblo a las cada vez más peligrosas consecuencias del militarismo asesino.

El último embaucador es el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, quien pidió en 2022 a la OTAN, con la connivencia de Ursula von Der layen, una cumbre ordinaria de organización que «casualmente» coincidió con el 40 aniversario de nuestro ingresó en la Alianza, programada cuatro meses después de la invasión de Ucrania. Podíamos habernos separado de semejante y peligroso artefacto, pero nos sumergió más en un espacio indeseable contra el que en los años 80 nos movimos con inmensas manifestaciones unitarias sólo comparables con las que se hicieron contra nuestra participación en la Guerra de Iraq en 2003. Esta cumbre ordinaria nos ha costado más de 50 millones € y emplear más de 10.000 efectivos para la seguridad de asistentes que gozaron todo tipo de agasajos mientras acordonaban Madrid impidiendo su natural movilidad. Lo peor es que, cual CEO gris de trasnacional, Pedro Sánchez nos trajo diversos sectores de la organización que nos marcan por una participación bélica no consentida como claros objetivos violentos, no siendo real que la ciudadanía defienda ansias bélicas y servicios pro guerra que la OTAN ofrece a precios impagables. El 11 de marzo 2004 sufrimos ataques terroristas en Madrid al suponernos culpables de la Guerra de Iraq; 2.000 heridos y 192 muertos. La actitud militarista y su amañada impronta nos colocan de nuevo en peligro constante, por un empeño deleznable.

La OTAN coloniza España con: el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) que controla el espacio aéreo del sur de Europa; el Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados; el Cuartel Gral. Terrestre de Alta Disponibilidad con Estado Mayor internacional; con la controvertida Base Naval de Rota y su Sistema de Defensa contra Misiles Balísticos aumentado a seis los Destructores AEGIS norteamericanos y con la Base Aérea de Morón que alojan los Eurofighter Typhoon. De España, convertida en colonia de EE.UU., usan su Tierra, Mar y Aire y su posición estratégica para dominación del Planeta. Perdemos nuestra soberanía con aumento de daños a nuestra Salud; entretanto no han decidido cómo conservar y restaurar la financiación pública que sale del bolsillo de cada ciudadano; financiación que se verá recortada de forma prevaricadora con los presupuestos pendientes de presentar por el Gobierno que serán los presupuestos de la guerra.

Salud y Guerra son incompatibles

La guerra no tiene igual categoría que la Salud; en Democracia la Salud Comunitaria debe ser el primerísimo nivel; para ellos no por pura insensatez de los gobernantes preocupados en priorizar el mercado, ahora bélico. No les preocupa la Salud aunque sea el faro seguro que debe alumbrarles cada instante. Todas las democracias definen surgir sobre las soberanías de sus pueblos. ¿Entonces? ¿Gobierno por el Pueblo, pero sin el Pueblo?

La Salud define la convergencia holística de todos los Determinantes que la hacen posible; la guerra es el mayor mecanismo de destrucción masiva de la Salud que podamos señalar. La Salud sólo es posible en un mundo en Paz, el que se escribe cada día con políticas justas y gobiernos que resuelvan los problemas y no que los creen. La Salud es incompatible con la guerra que deteriora esos Determinantes que le dan sentido. Sólo gobiernos ansiosos la defienden con la falsa seguridad propiciando un ambiente militarista para asustar. No hay seguridad sin Salud porque la guerra atenta contra todo: Medioambiente, Formas de vida; Servicios Asistenciales, afectando incluso a la Biología Humana. Esta guerra en Europa, no es distinta a otras; como todas se monta sobre mecanismos opacos para negocio de las armas que nutre cuentas corrientes de halcones y oligarcas; para nada defiende la Democracia sino que usa métodos violentos aniquiladores practicando la injusticia.

La guerra es una actividad manejada por patriarcados pendencieros y gobiernos sumisos. La guerra impacta especialmente en la Naturaleza, destruye espacios vitales, rompe el ciclo ecológico, arrasa bosques, devasta prados, cultivos y tierras. Intoxica el aire y penetra los suelos infertilizándolos y convirtiéndolos en espacios tóxicos para los tiempos futuros. Ensucia las aguas.

Respecto a las Formas de vida, la incidencia en la ruptura en ellas es evidente; las armas demolen edificios; anulan infraestructuras básicas colectivas como hospitales, escuelas, universidades, museos, edificios de culto y otros, liquidan hogares y viviendas familiares; rompen el ciclo vital de las personas golpeando con miedo a los niños; sacando de sus empleos a los mayores. La elección de la guerra es impropio del siglo XXI que debería apostar sin más por la Salud para Todos como priorizaba la OMS en 1977, consejo incumplido por quienes son altamente fundamentalistas y regresivos, siendo la UE facilitadora del mercado de armas desoyendo las huellas de las crisis financiera pandémica y del cambio climático. La guerra provoca hambrunas, mala y escasa alimentación; cierra la puerta al progreso matando jóvenes, desmoralizando a mayores y abandonado a dependientes. Anula poblaciones bajo gobernantes cobardes que los pone como escudos humanos para delirios de poder territorial y económico. La Asistencia Sociosanitaria se debilita, llega a ser imposible con la desaparición de hospitales y centros sanitarios, con el miedo y la insuficiencia de recursos para superar adecuadamente estados físicos y mentales, con la aparición de todo tipo de enfermedades y la carencia de higiene y de medicamentos. La guerra ataca más a niños y vulnerables barriendo su Salud Mental con una marca indeleble para el resto de sus vidas, si logran superar las palizas y la muerte. Altera incluso la propia biología humana en la que incide bajo el horror diario de bombas y amenazas que rompen el musical silencio de la Paz.

Conclusiones

La Salud Universal es primer objetivo de un gobierno democrático; la Historia da suficiente conocimiento para no dejar que sigan gobiernos que conducen mal y mantienen la brutalidad con dolor y muerte. Con gobiernos de un sistema que financia violencia vendiendo la seguridad de las armas productoras de mayores peligros y más precarización, no podemos convivir. Pongamos el foco en la Vida, confiando en las potentes fortalezas que conformamos juntos y exigiendo respeto a nuestro papel soberano. Luchemos unidos contra el ansia bélica exigiendo un cambio sensato de paradigma para un mundo saludable con personas que gocen de Bienestar Físico y Mental con lo que será posible un verdadero progreso sin incertidumbres y con luces al final del túnel.

Tenemos un compromiso ético de unir todo nuestro poder para no permitir un € más para mantener la guerra de EE.UU. y la OTAN; para no seguir alimentando el mercado contra el genocidio de Palestina, para no permitir ninguna otra guerra a costa de la Humanidad. Martin Luther King dijo en la IIª Convención del Comité Médico de Derechos Humanos, en 1966 «De todas las formas de desigualdad, la injusticia en Salud es la más impactante e inhumana porque a menudo resulta en la muerte física”. Somos dueños de nuestro destino y no vamos a dejar que nos lo roben quiénes nos deben verdadera seguridad. Decía Gandhi que «La no colaboración con el mal es un deber tan importante como la colaboración con el bien”. No podemos colaborar en ningún momento, y desde ahora mismo, ni un minuto más con el mal; estamos obligados a rebelarnos por el bien, por la Salud de las personas y la riqueza inherente a Naturaleza. La Salud es la Vida; la Guerra, la Nada.

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El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria¹.

Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas. 

La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.

Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible. 

Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.

Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.

Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos

Normas para proteger la democracia, las personas y el planeta

1. Revitalizar la democracia europea

El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política²; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.

Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones. 

La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.

En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática. 

2. Las normas existen para proteger al público

Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar³. En lugar de más «leyes omnibus⁴» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial. 

Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA⁵) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas. 

3. No a los cheques en blanco para las industrias contaminantes

Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación⁶). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».

4. El nuevo espíritu de la elaboración de leyes debe basarse en la evidencia.

Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas⁷. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta⁸. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.

En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.

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Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur denuncian el anuncio hoy de la Comisión Europea sobre la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial con Mercosur.

· Califican este paso de la UE como “un grave atropello democrático” y “un intento de imponer por la puerta de atrás un tratado profundamente rechazado por amplios sectores sociales».

· Se prevé que el acuerdo UE-Mercosur tenga fuertes impactos sociales y ambientales, al tiempo que consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos.

En una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, 170 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y agrarias exigen que se detenga la aplicación provisional del acuerdo antes de que el Parlamento Europeo vote y antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su dictamen sobre las cuestiones jurídicas planteadas.

“Un desprecio a la democracia”

Las organizaciones señalan que el acuerdo UE-Mercosur arrastra desde su origen una fuerte contestación social por sus impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico, sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina.

“Aplicarlo provisionalmente sin esperar al Parlamento Europeo y sin conocer la opinión del Tribunal es un desprecio frontal a los procedimientos democráticos europeos”, afirman desde la campaña. A su juicio, la Comisión pretende blindar los capítulos comerciales mientras esquiva el debate político de fondo y minimiza la oposición social creciente en varios Estados miembros.

Las organizaciones recuerdan además que la tramitación del acuerdo ya ha estado marcada por decisiones polémicas que excluyeron de la ratificación a los parlamentos nacionales y por una aprobación en el Consejo de la UE sin unanimidad, algo inédito en tratados de esta magnitud. 

“Estamos ante un precedente extremadamente peligroso: convertir la política comercial en un ámbito inmune al control democrático real”, advierten.

Impactos sociales y climáticos ignorados

Las 170 organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Attac, subrayan que el acuerdo consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas y altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos. También alertan de una mayor presión competitiva sobre sectores agrarios y ganaderos europeos ya golpeados por crisis de precios y por la concentración corporativa.

En América Latina, añaden, el tratado incentivaría la expansión de monocultivos y ganadería industrial vinculados a la deforestación y a conflictos socioambientales: “Mientras la ciudadanía exige transición ecológica justa, soberanía alimentaria y protección del empleo, la Comisión insiste en un tratado anclado en la lógica del libre comercio sin límites».

Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur exigen que se revierta la aplicación provisional del acuerdo, que se respete el voto del Parlamento Europeo y que se espere el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE.

Asimismo, plantean que se abra un debate público real sobre los impactos sociales, laborales y climáticos del acuerdo y de la política comercial de la UE.

Las 170 organizaciones firmantes anuncian que intensificarán la movilización social y la presión política en los próximos meses para impedir la entrada en vigor de un acuerdo que consideran “social, ambiental y democráticamente inaceptable”.

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Fotografía: el economista francés Gabriel Zucman. Efe

Artículo original publicado en eldiario.es por EFE

El economista francés Gabriel Zucman, creador de la propuesta de un impuesto mínimo sobre el patrimonio de los multimillonarios que se ha debatido en Francia en los últimos meses sin lograr el respaldo político suficiente, cree que España debería adoptarlo. “No es aceptable que los más ricos tengan la posibilidad de pagar menos que las clases medias o que las clases populares”, ha subrayado a la agencia EFE este jueves en París, durante la presentación del nuevo Observatorio Internacional de la Fiscalidad (ITO), heredero del Observatorio Europeo de la Fiscalidad.

El economista, que este viernes se reunirá con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, insistió en que el problema central es la desigualdad en la contribución fiscal. A su juicio, la situación fiscal de los ultrarricos “no es ni aceptable ni sostenible”. También ha argumentado que España, como Francia y los demás países, deberían implantar un impuesto mínimo sobre las mayores fortunas, “simplemente por una cuestión de igualdad ante la ley”.

Un 2% sobre el patrimonio de más de 100 millones

Los estudios del Observatorio muestran que en países como Francia los principales multimillonarios pagan menos del 2% de sus ingresos en impuestos, una tasa muy inferior a la que soportan las clases medias, gracias a distintos mecanismos de optimización fiscal. Frente a ello, Zucman propone un impuesto mínimo del 2% sobre el patrimonio —no sobre los ingresos— de los contribuyentes con activos superiores a los 100 millones de euros.

Según el economista, esta fórmula podría trasladarse a España y a otros países, aunque matizó que los detalles deben decidirse en cada caso. “No digo que se tengan que aplicar exactamente los mismos parámetros: eso tiene que decidirse en un debate democrático parlamentario”, afirmó.

De cara a su encuentro con Bustinduy, Zucman explicó que traslada el mismo mensaje a todos los responsables políticos con los que se reúne: “Es urgente avanzar”, especialmente ante las “necesidades de inversión muy importantes” de las administraciones públicas y los problemas de déficit y deuda acumulados.

Los ultrarricos como los demás

Gravar el patrimonio con un 2%, defendió, permitiría garantizar que los ultrarricos “paguen proporcionalmente con sus ingresos tantos impuestos como las otras categorías sociales, ni más ni menos”. A su juicio, se trata de una cuestión clave para la salud democrática y económica de Europa.

El economista aseguró que “el atractivo de España” tiene que venir de la educación de su población, de su sistema sanitario y de sus infraestructuras y añadió que “para eso hace falta dinero, en particular de quienes ahora pagan menos” al defender la implementación del impuesto en el país.

Zucman rechazó además el argumento de que un impuesto de este tipo provocaría exilio fiscal o ahuyentaría la inversión. Por un lado, planteó que España podría acompañar la medida con un sistema que obligue a seguir pagando impuestos durante cinco, diez o incluso quince años a quienes trasladen su residencia al extranjero. Por otro, recordó que España no basa su modelo de desarrollo en atraer multimillonarios con ventajas fiscales, a diferencia de países como el Reino Unido, que abandonó ese enfoque en 2024 incluso bajo un gobierno conservador.

En Francia, la tasa mínima sobre el patrimonio de los multimillonarios cuenta con el respaldo de toda la izquierda, pero no del centro y la derecha, que actualmente suman mayoría parlamentaria. Un escenario político que, según el economista, retrasa pero no frena un debate que considera inevitable.

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Estimada Señora Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea,
Estimado Señor Costa, presidente del Consejo Europeo,

Les instamos a que respeten los procesos democráticos y se abstengan de aplicar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur antes de que el Parlamento Europeo haya ejercido su derecho a votar sobre el acuerdo.

El acuerdo UE-Mercosur es muy controvertido y ha suscitado repetidamente la preocupación de muchos ciudadanos y grupos de la sociedad civil, tanto en la UE como en los países del Mercosur, por cuestiones como las normas de seguridad alimentaria, las repercusiones en el empleo y la agricultura, y la deforestación. En una democracia, es fundamental que se escuche la voz de la ciudadanía en asuntos como estos.

La base democrática del acuerdo ya ha sido puesta en tela de juicio. El acuerdo solo ha podido seguir adelante gracias a decisiones polémicas que han eludido a los parlamentos nacionales. Además, la aprobación del Consejo Europeo se obtuvo por una estrecha mayoría, siendo la primera vez que un acuerdo comercial se ha llevado a cabo sin el apoyo unánime de todos los Estados miembros. Ahora, el Parlamento Europeo ha solicitado asesoramiento al Tribunal de Justicia Europeo sobre cuestiones jurídicas relacionadas con el acuerdo, lo que envía una clara señal de que los/as parlamentarios/as no quieren aprobar el acuerdo sin un examen adecuado.

La aplicación provisional, sin la opinión del Tribunal y sin el consentimiento del Parlamento, pisotearía los procesos democráticos que existen precisamente para que las voces de los ciudadanos puedan ser escuchadas, representadas y tenidas en cuenta cuando surgen desacuerdos. Socavaría la confianza pública y la legitimidad democrática de la Unión Europea. En un momento en el que muchos en nuestra sociedad se sienten marginados y están perdiendo la fe en los procesos políticos, optar por la aplicación provisional sería profundamente antidemocrático y correría el riesgo de avivar las tensiones en y entre los Estados miembros de la Unión.

Les pedimos que apoyen los principios democráticos establecidos y se comprometan a esperar la opinión del Tribunal y el voto en el Parlamento Europeo antes de aplicar el acuerdo. 

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