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AnteayerATTAC España

Otra historia de justicia al revés

1 Junio 2026 at 08:00
Por: Arturo

Imagen: Fotograma de la película La Gran Apuesta (Adam Mckay 2015)

El Tribunal Supremo se alinea con los bancos y estima que el sobrecoste de las hipotecas, más de 25.000 euros de media que han pagado casi un millón de clientes, no es abusivo

Juan Torres López Publicado originalmente en CTXT

El magistrado emérito y presidente de honor de esta revista, José Antonio Martín Pallín, está mostrando en sus intervenciones y libros que en España se viene produciendo un golpe de Estado judicial. Sus argumentos me parecen de gran solidez y comparto esa opinión. Todavía más, viendo cómo se instruye y acusa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o a la esposa del presidente del Gobierno, por no hablar de lo sucedido con el anterior fiscal general. En este artículo, sin embargo, no me propongo incidir en esa idea, sino mostrar que el Tribunal Supremo español tiene una querencia especial que le lleva a favorecer de forma desproporcionada a los poderosos en general y a los bancos en particular.

Utilizaré como prueba de ello un caso que ha tenido un enorme coste para millones de españoles, el de las reclamaciones por la utilización por las entidades bancarias del denominado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

El IRPH

El IRPH es un índice oficial calculado por el Banco de España como media de los tipos de los préstamos hipotecarios que dan las entidades bancarias. A diferencia de otro quizá más conocido, el Euríbor (tipo de interés medio al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario), el IRPH incorpora en su cálculo los diferenciales (el tipo fijo que los bancos pueden sumar al interés de referencia) y las comisiones que los bancos cobran. Por tanto, es más caro para el consumidor. 

Por esta última razón, el Banco de España advirtió en 1994 de que, para igualar ambos índices, cuando se aplicara el IRPH se debería añadir un diferencial negativo al precio real del mercado.

El problema

Esa cantidad de dinero supuso una merma muy notable de gasto en consumo que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios

Si ese diferencial no se incluye, el consumidor al que un banco aplica el IRPH terminará pagando bastante más al final de la hipoteca que si se le aplica cualquier otro. Y el problema se produjo cuando, en miles de casos, los bancos no sólo no lo aplicaron, sino que ni siquiera informaron con un mínimo detalle a sus clientes del sobrecoste en el que incurrían.

El daño total producido es difícil de calcular, pero hay estimaciones que dan buena medida de su magnitud y gravedadLas del beneficio extraordinario que obtuvieron los bancos españoles al aplicar el IRPH en lugar de otros índices más bajos varían entre los 25.000 millones de euros entre 2004 y 2009 de la asociación de consumidores Asufin, los 37.000 millones de euros calculados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los 44.000 millones de Goldman Sachs. El sobrecoste pagado en promedio por cada consumidor se situó entre 25.000 y 28.000 de euros, y el número de personas afectadas se estima entre 500.000 y un millón.

Es importante señalar que el sobreprecio que los bancos impusieron a sus clientes no provocó solamente un daño o coste económico particular a las personas afectadas. Esa cantidad de dinero tan grande que dejó de estar en sus bolsillos para irse a la cuenta de beneficios de los bancos supuso una merma muy notable de gasto en consumo o de ahorro familiar que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, disminuyó también los ingresos de miles de empresas productivas. Un efecto muy negativo para la economía que se produjo, además, en años particularmente complicados por vivirse bajo el impacto de una gran crisis económica.

Las reclamaciones

Cuando los pagos mensuales de la hipoteca comenzaron a darse, miles de personas comprobaban que pagaban más dinero que otras personas que las tenían de la misma cuantía. Enseguida descubrieron que los bancos les habían aplicado un tipo de interés basado en un índice más elevado sin haberles informado de ello. Comenzaron a interponerse entonces cientos de reclamaciones y demandas judiciales.

Sobre la mesa se pusieron dos cuestiones esenciales. La primera, si los bancos habían actuado con buena fe profesional, si cumplieron con un elemental deber de transparencia y, como he dicho, si informaron a sus clientes de que el índice aplicado terminaría por hacerles pagar una cantidad más elevada. La segunda, si la posible falta de información había supuesto un abuso real, es decir un sobrecoste sustancial y no poco significativo.

Las disputas llegaron finalmente al Tribunal Supremo y al de Justicia de la Unión Europea y el resultado ha sido muy claro: proteger a la banca, recurriendo para ello a construcciones jurídicas que poco tienen que ver con la idea material de justicia, en el sentido más elemental y auténtico de este término.

La trampa del Tribunal Supremo 

Para comprender lo que ha hecho el Supremo, no basta con decir que falló a favor de los bancos. Hay que saber explicar cómo lo hizo, porque la sofisticación del mecanismo es precisamente lo que lo hace tan eficaz y difícil de combatir.

El Tribunal construyó a lo largo de varios años un mecanismo de protección a los bancos basado en tres elementos fundamentales.

El primero, separar transparencia de abuso para vaciar de contenido a ambas. El Supremo estableció en 2017 que el IRPH era un índice oficial y que su mera oficialidad implicaba transparencia. Cuando en 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obligó a corregir esa posición, el Supremo lo aceptó formalmente. Pero rápidamente neutralizó su efecto estableciendo que la transparencia quedaba cumplida sólo con que el contrato mencionara el índice e hiciera referencia a la Circular del Banco de España, sin necesidad de explicar al cliente qué dice ni qué implica. 

El segundo elemento fue hacer que el desequilibrio entre las partes fuese prácticamente indemostrable. Para ello, el Supremo estableció que, aunque se acreditara falta de transparencia, la cláusula seguía siendo válida salvo que se demostrara que había una desproporción “muy evidente” entre el tipo efectivo y el de mercado en el momento de la firma. Y para ello descartó expresamente la comparación entre el IRPH y el euríbor (el único dato que la mayoría de los afectados puede acreditar con facilidad), exigiendo en cambio una prueba pericial que es de enorme complejidad y de alto coste, sobre todo para los consumidores.

Para demostrar que hubiera habido abuso, el perito del consumidor afectado tendría que reconstruir el coste medio real de todas las hipotecas firmadas en España en el mes exacto de la firma, para lo cual se necesita combinar fuentes del Banco de España, estadísticas del INE y datos de tipos medios de mercado, y justificar en cada caso la elección metodológica realizada. Pero el banco, por su parte, contratará a su propio economista con criterios diferentes, igualmente defendibles. Y el Supremo se reserva el derecho a rechazar cualquier metodología sin haber fijado de antemano qué fuentes son válidas, ni cuántos puntos de diferencia constituyen una desproporción suficiente. 

El tercer elemento fue aún más ingenioso y taimado. Para determinar el daño real, el Supremo no pidió comparar el IRPH con el euríbor ni tomar en consideración el sobrecoste total de la hipoteca. Estableció que el IRPH se debía comparar con un índice sintético representativo del coste medio del crédito general en el mercado, y no sólo con otros índices hipotecarios. Al incorporar referencias más amplias, el resultado es un índice inevitablemente más elevado, lo que facilita concluir que el daño ocasionado por la aplicación del IRPH es reducido. 

Como añadido, el Supremo exigió que cada afectado probase individualmente qué entendió a la hora de contratar, qué información recibió y cómo se produjo la comercialización concreta de su hipoteca, lo cual hizo prácticamente inviable la litigación colectiva, que es la que favorece la resolución de este tipo de abusos a favor de los consumidores.

El resultado del mecanismo completo es evidente y previsible: si la transparencia se supera con casi cualquier mención formal al índice, y si el abuso sólo se declara ante una desproporción que hay que demostrar con una pericial que el Supremo puede rechazar sin argumentos objetivos, y comparando el IRPH con índices de tarjetas de crédito, la nulidad del IRPH se convierte en prácticamente imposible.

Europa corrigió en falso

Muchas personas afectadas por el IRPH pusieron sus esperanzas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque la Directiva europea 13 de 1993 estableció con claridad que una cláusula no negociada individualmente puede ser declarada nula si causa un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, y que el consumidor debe poder comprender sus consecuencias económicas reales. Una directiva que tiene primacía sobre el derecho nacional.

Con ese fundamento, el TJUE sentenció en 2020 que el IRPH no es intocable por el hecho de ser un índice oficial; que los bancos debían haber facilitado información suficiente; y que, si no lo hicieron, el juez puede declarar la nulidad. Y en 2024 reafirmó que la publicación oficial no bastaba para cumplir la exigencia de transparencia y que la comparación debe hacerse con el conjunto del mercado hipotecario, no solo con el euríbor.

Sin embargo, el tribunal europeo no declaró abusivo el IRPH, no dijo que las cláusulas fueran nulas por definición y no estableció una consecuencia automática. Manteniendo formalmente una posición diferente a la del Supremo, lo que hizo en realidad fue establecer principios abstractos y devolver la pelota a los tribunales españoles.

Y lo más revelador llegó en febrero de 2026. Una sentencia de 12 de febrero vino a respaldar explícitamente la posición del Supremo: la transparencia no exige al banco explicar la metodología del índice, siendo suficiente informar de la variabilidad y sus consecuencias económicas. Seis años después de su primera corrección al Supremo, el tribunal europeo se puso de acuerdo con él. 

No es justicia, es política. Son privilegios

A la hora de juzgar el comportamiento de los bancos, muchos jueces dictaron sentencias sensatas y equilibradas. El Tribunal Supremo, por el contrario, recurrió a argumentos sibilinos para imposibilitar, en la práctica, que los abusos de los bancos pudieran revelarse. Recurriendo a argumentos claramente torticeros ha permitido que estos últimos hayan producido un daño multimillonario a millones de españoles, a miles de empresas y al conjunto de la economía. 

En la crisis de 2008 se quiso convencer a la gente de que los bancos que se habían hundido a base de estafar a sus clientes mediante todo tipo de irregularidades y engaños eran “demasiado grandes para dejarlos caer”. En el caso del IRPH, el Tribunal Supremo español nos ha demostrado que, además, son suficientemente poderosos como para que no se pueda (o no se quiera) quitarles sus privilegios. No ha hecho justicia, ha dado otros nuevos al más fuerte. 

Y eso quizá explique también por qué se dan golpes de Estado contra unos políticos y no contra otros.

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Observatorio de la Desregulación

19 Mayo 2026 at 08:00
Por: Arturo

Una herramienta imprescindible de seguimiento de las políticas europeas de desregulación y una alerta sobre las posibles consecuencias sociales y ambientales de  la agenda de competitividad de la UE, donde se prioriza la competitividad empresarial sobre la regulación pública, bajo el pretexto de simplificación de trámites administrativos.

Arturo Martínez. Comunicación Attac España.

EL Observatorio Europeo de las Empresas (CEO por sus siglas en inglés) es un grupo de investigación y activismo que trabaja para sacar a la luz y cuestionar el acceso privilegiado y la influencia de que gozan las empresas y sus grupos de presión en la elaboración de las políticas de la Unión Europea (UE)

El observatorio nos advierte de las consecuencias sociales y ambientales que la vigente priorización de la competitividad empresarial sobre la regulación pública de la UE nos traerá si no revertimos la situación. Y para ello lleva a cabo el proyecto “Deregulation Watch” (Observatorio de la Desregulación) del que, desde Attac, ya os hemos dado cuenta y recomendado anteriormente. Deregulation watch analiza y documenta la agenda de desregulación promovida por la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen.

La Unión Europea está entrando en una nueva fase política en la que el objetivo de aumentar la “competitividad” empresarial se traduce en una reducción o flexibilización de normas sociales, ambientales, digitales y de protección de derechos.

Esta orientación política está fuertemente influida por las grandes patronales y grupos de presión empresariales, que consideran que muchas regulaciones europeas representan costes excesivos para las empresas. La consecuencia puede ser un debilitamiento progresivo de estándares construidos durante décadas en ámbitos como la protección ambiental, los derechos laborales, la privacidad digital, la transparencia corporativa y la salud pública.

La herramienta “Deregulation Watch”, que desde Attac España recomendamos, nos sirve de seguimiento  a las organizaciones sociales, sindicatos, activistas y ciudadanas interesadas en comprender cómo avanza este proceso de desregulación y qué sectores económicos son sus principales beneficiarios.

Contexto político y económico

El CEO sitúa el origen de esta ofensiva desreguladora en la preocupación de las instituciones europeas por la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. Diversos actores económicos y políticos sostienen que Europa tiene un exceso de regulación que ralentiza la innovación, las inversiones y el crecimiento económico.

En este contexto, la Comisión Europea ha empezado a presentar propuestas de “simplificación normativa”, justificadas oficialmente como medidas para reducir burocracia y facilitar la actividad empresarial. Bajo este término de “simplificación” lo que se oculta es una estrategia más amplia de desmantelamiento regulatorio.

Las políticas europeas estén priorizando los intereses de grandes empresas industriales, tecnológicas, químicas y financieras frente a objetivos como la transición ecológica, la protección de consumidores o los derechos laborales.

Principales mecanismos de desregulación identificados

1. Paquetes “ómnibus” legislativos

Uno de los instrumentos más relevantes son las llamadas leyes “ómnibus”. Estas iniciativas agrupan múltiples modificaciones regulatorias en un solo paquete legislativo. El mecanismo dificulta el debate democrático y facilita la eliminación simultánea de distintas obligaciones regulatorias. Entre las áreas afectadas se encuentran:

  • Requisitos de sostenibilidad empresarial.
  • Normas medioambientales.
  • Obligaciones de transparencia corporativa.
  • Controles sobre cadenas de suministro.
  • Protección de consumidores.

Este procedimiento favorece procesos rápidos y opacos, con poca supervisión pública.

2. Reducción de obligaciones de información empresarial

Otro aspecto central es la reducción de obligaciones de reporte y transparencia para las empresas.

La Comisión Europea ha planteado disminuir significativamente las exigencias de información relacionadas con sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa (RSC). El argumento oficial es que las pequeñas y medianas empresas soportan cargas administrativas excesivas.

Sin embargo, estas medidas pueden limitar la capacidad de controlar impactos ambientales, violaciones de derechos humanos y prácticas empresariales abusivas. Al tiempo que las empresas disponen de mayores márgenes para practicar “greenwashing”. Si no hay posibilidad de verificarlo ¿Qué va a evitar que se presenten como sostenibles sin serlo?

3. Obstáculos para nuevas regulaciones

El observatorio denuncia la creación de nuevos mecanismos institucionales que dificultan aprobar futuras regulaciones.

Entre ellos destaca el uso creciente de evaluaciones de impacto económico centradas casi exclusivamente en costes empresariales. Dejando en segundo plano beneficios sociales y ambientales.

Además, critica que determinadas propuestas exijan revisiones constantes de la legislación ya existente bajo criterios de competitividad, generando presión permanente para reducir normas protectoras.

4. Limitación de regulaciones nacionales

Otro elemento relevante es el intento de reforzar el mercado único europeo limitando la capacidad regulatoria de los Estados miembros. La Comisión Europea está impulsando controles más estrictos sobre las normativas nacionales que pueden afectar al funcionamiento del mercado interior. Esto puede dificultar que algunos países adopten estándares ambientales o sociales más ambiciosos que los mínimos europeos.

Se trata de una centralización normativa favorable a las grandes corporaciones multinacionales, interesadas en operar bajo reglas homogéneas y menos exigentes.

Sectores especialmente afectados

Sector ambiental y climático

Las políticas ambientales son uno de los principales objetivos de la agenda desreguladora.

Las industrias químicas, energéticas y automovilísticas aparecen frecuentemente como actores influyentes en las campañas de presión contra regulaciones ecológicas. El Observatorio advierte de posibles retrasos o debilitamientos en:

  • Objetivos climáticos.
  • Normas sobre sustancias tóxicas.
  • Regulaciones de emisiones industriales.
  • Requisitos de transición energética.
  • Legislación sobre economía circular.

La narrativa de la competitividad se utiliza para justificar excepciones regulatorias y ayudas públicas a sectores altamente contaminantes.

Sector digital y tecnológico

Grandes empresas tecnológicas están ejerciendo una intensa presión para suavizar normas relacionadas con:

  • Protección de datos.
  • Inteligencia artificial.
  • Transparencia algorítmica.
  • Competencia digital.
  • Moderación de contenidos.

Algunas propuestas de “simplificación digital” pueden reducir garantías fundamentales de privacidad y derechos de usuarios.

Por otro lado es alarmante la falta de transparencia en determinadas negociaciones entre instituciones europeas y grandes plataformas tecnológicas.

Derechos laborales y sociales

Entre las preocupaciones señaladas destacan:

  • Debilitamiento de normas de seguridad laboral.
  • Flexibilización de obligaciones empresariales.
  • Menor protección para trabajadores de plataformas digitales.
  • Reducción de estándares sociales en nombre de la competitividad.

Algunos sectores empresariales presentan las protecciones sociales como obstáculos económicos, favoreciendo un enfoque donde la reducción de costes laborales se convierte en prioridad política sobre otros derechos sociales.

Crítica al papel de los lobbies empresariales

Uno de los ejes centrales del análisis del Observatorio de la Desregulación es la influencia de los grupos de presión corporativos en la toma de decisiones europeas. Muchas de las propuestas actuales reproducen demandas históricas de grandes asociaciones empresariales europeas. Y representantes de la industria mantienen un acceso privilegiado a comisarios europeos y altos funcionarios.

El Observatorio denuncia especialmente:

  • La desproporción entre acceso empresarial y acceso de organizaciones civiles.
  • La opacidad de algunas reuniones y procesos consultivos.
  • La incorporación casi literal de demandas empresariales en propuestas regulatorias.
  • El uso del discurso de la competitividad para legitimar retrocesos normativos.

Estamos ante una forma de “captura corporativa” pavorosa de las instituciones europeas.

Riesgos identificados por el observatorio

El Corporate Europe Observatory considera que la actual ola desreguladora puede tener consecuencias profundas a medio y largo plazo. Y entre los riesgos principales menciona:

  1. Debilitamiento de estándares ambientales y climáticos.
  2. Menor transparencia empresarial.
  3. Retroceso en derechos laborales y sociales.
  4. Pérdida de protección de consumidores.
  5. Reducción de controles democráticos sobre grandes empresas.
  6. Aumento de la influencia corporativa en la legislación europea.
  7. Obstáculos para futuras políticas progresistas.
  8. Fragmentación de la confianza ciudadana en las instituciones europeas.

El observatorio teme que Europa abandone progresivamente su modelo regulatorio, históricamente más protector que el estadounidense, para adoptar una lógica más orientada a la liberalización económica.

Conclusión

Frente a todo ello, el Corporate Europe Observatory propone reforzar la vigilancia ciudadana, aumentar la transparencia institucional y mantener mecanismos regulatorios sólidos capaces de equilibrar intereses económicos con objetivos sociales, climáticos y democráticos.

Para saber más os remitimos a nuestra entrada: https://attac.es/curso-intensivo-sobre-la-ola-de-desregulacion-de-la-ue/

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Hacienda local, presupuestos municipales y financiación autonómica

3 Mayo 2026 at 20:22
Por: Arturo

Jornada online organizada por la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid: «Hacienda local, presupuestos municipales y financiación autonómica».

🗣🗣 Con la intervención de Carlos Sánchez Mato, Doctor en Economía y Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

Modera: María Teresa Vida, coordinadora de la Plataforma por la Justicia Fiscal en la Comunidad de Madrid.

Realizada el 20 de marzo de 2026

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William I. Robinson: “La guerra contra los migrantes es un ataque contra toda la clase obrera”

17 Abril 2026 at 08:00
Por: Arturo

William I. Robinson, durante el Foro Binacional de Educacion Política y Sindical en el Centro Laboral de UCLA, Los Angeles, en 2017.William I. Robinson, durante el Foro Binacional de Educacion Política y Sindical en el Centro Laboral de UCLA, Los Angeles, en 2017.

Fotografía: William I. Robinson, durante el Foro Binacional de Educación Política y Sindical en el Centro Laboral de UCLA, Los Ángeles, en 2017.

El sociólogo de la Universidad de California William I. Robinson combina una labor militante volcada estas semanas en las protestas contra la fuerza militar de fronteras estadounidense con un análisis de fino pincel sobre el colapso del capitalismo.


Pablo Elorduy
TG: @p_elorduy Publicado originalmente en el Diario El Salto

A lo largo de la conversación, William I. Robinson (Nueva York, 1959) deja varias frases que no solo son un buen titular para la entrevista, sino un presagio funesto para los próximos años. Lo compensa con una confianza total en las masas y su capacidad para mover la historia. Como dice en su último libro publicado en España, ¿Puede perdurar el capitalismo global? (Traficantes de Sueños, 2025) para que la humanidad sobreviva no hay más alternativa que derrocar el capitalismo global, “es decir, sustituir el imperativo de la acumulación a toda costa por un sistema basado en la necesidad social y en la armonía con el resto de la naturaleza”. 

La entrevista tiene lugar por videoconferencia. Robinson está en California, uno de los focos de la oposición en las calles al proyecto de Donald Trump, que este sociólogo no duda en calificar como fascista. La publicación de ¿Puede perdurar el capitalismo global? sucede a su anterior ensayo en español, Mano dura (Errata Naturae, 2023) en el que explicaba la convergencia económica e ideológica que ha dado lugar al giro autoritario de los Estados en todo el mundo. Parte de esa mano dura es la que ha visto crecer y multiplicarse al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), auténtico terror de las comunidades de personas migrantes y guardia pretoriana de Trump.

¿Cómo están siendo las protestas contra el ICE en Estados Unidos?
Yo estoy en Los Ángeles. Esta fue la primera ciudad que fue invadida por la fuerza de ICE y también por la Guardia Nacional. Eso fue en junio del año pasado. Desde entonces han ido ciudad por ciudad a declarar esta guerra. Ha habido protestas en todas partes, todas las comunidades se están organizando. Aquí y en las otras ciudades hemos organizado las patrullas comunitarias, que involucran ya a miles y miles de personas. Y lo más interesante es que no son solo los activistas tradicionales, que siempre han estado involucrados en las luchas sociales, en la actividad política, sino que hay un despertar de muchas capas de la población que antes no participaban en la política para nada.

¿Cómo se desarrolla en el contexto político de EEUU?
Hay unas divisiones muy agudas dentro de las clases dominantes y sus organizaciones políticas, incluyendo a los dos partidos principales, republicanos y demócratas. Al mismo tiempo, en Los Ángeles, en Chicago, en Minnesota, en Nueva York, en Seattle, en Portland, en San Francisco, hay una cierta alianza, no organizada pero espontánea, entre las bases de todos los movimientos sociales. No solo se trata de los movimientos de defensa de los derechos de los inmigrantes, sino de movimientos populares de la izquierda junto con los gobiernos demócratas en estas ciudades. Sin declararlo así, es un término que hago mío y que se está usando espontáneamente, está surgiendo una coalición antifascista. Ya todos usamos la palabra fascista, pero espontáneamente han surgido esas alianzas que van más allá de las alianzas tradicionales anti-Trump, que son antifascistas.

¿Qué significa el ICE para el poder de Trump?
Es muy claro que ICE son las nuevas camisas pardas. Es una organización paramilitar, de tipo fascista. Y lo importante de ICE es que responde directamente a la Casa Blanca y a este gobierno, al que voy a llamar régimen porque ahora hay un progresivo colapso del Estado de Derecho en Estados Unidos. No hablemos del derecho internacional. Trump dijo que no reconocía el derecho internacional sobre su propia moralidad. Pero bueno, aquí, en el interior de Estados Unidos, hay órdenes emitidas por los Tribunales, y simplemente ICE y este régimen hacen caso omiso, tanto de esas órdenes judiciales como de la Constitución. Es muy claro que el ataque o la guerra contra los inmigrantes va más allá de la cuestión migrante: es un ataque contra toda la clase obrera. 

¿A quién responde ICE?
Es muy evidente que esta fuerza paramilitar, que va creciendo a pasos agigantados, se ha convertido ya en un ejército privado de este régimen. Responde al Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional). Sabemos que, dentro de cualquier Estado y en el proceso de toma de ese Estado por parte de un proyecto fascista, hay disputas entre diferentes departamentos y divisiones y ministerios. En este momento vemos claramente que el Departamento de Seguridad Nacional es el núcleo de la formación dentro del Estado de este proyecto fascista. Este ejército fascista va a servir para combatir cualquier disidencia, no solo con respecto a la cuestión migratoria. El primer paso es la guerra contra los migrantes. 

La pregunta sobresaliente es si nosotros podemos superar el capitalismo global antes de que arrastre a toda la Humanidad consigo

¿Cómo se lleva a cabo?
Hay una explosión de gasto estatal en esta guerra. Para ello están tomando fondos de la Marina norteamericana, es decir, de un presupuesto aprobado por el Congreso que el Pentágono destina a acciones fuera de Estados Unidos. Recientemente han trasladado a ICE otros 40.000 millones de dólares de la Marina, sin autorización, para la construcción de decenas o centenares —ni sabemos cuántos— de campos de concentración en todo el país. Esta masiva construcción de campos de concentración está planificada como una infraestructura permanente, que no tiene que ver simplemente con el alojamiento de inmigrantes antes de su deportación. Están sentando las bases para una infraestructura a largo plazo para detenciones masivas. Yo, de momento, puedo hablar de estas cosas con mis estudiantes. Por el momento, por nuestra resistencia, estamos frenando un poco la marcha del proyecto fascista, pero estamos en gran peligro aquí en Estados Unidos. Todo esto que estoy hablando es un reflejo de una cuestión mucho mayor que es la crisis de época de capitalismo global y sus dimensiones políticas aquí en Estados Unidos.

Examinemos esa crisis del capitalismo global de la que trata el libro. ¿Por qué se está produciendo?
Hay varias dimensiones determinantes, no es solo una. La dimensión económica estructural de la crisis de época es la primera que voy a nombrar. El capitalismo global comienza a enfrentar la imposibilidad de seguir reproduciéndose. Es una crisis de época que puede durar años y décadas, pero en realidad estamos entrando en el ocaso del capitalismo global. La pregunta sobresaliente es si nosotros podemos superar el capitalismo global antes de que arrastre a toda la Humanidad consigo. Primero hay que entender que la dimensión estructural de la crisis es la sobreacumulación. Es el estancamiento crónico, es la acumulación de enormes cantidades, trillones de dólares infrautilizados, que no tienen salida; la clase capitalista transnacional no tiene lugar ni posibilidades de descargar toda esa masa de capital sobreacumulado. 

Entre este momento y 2050 vamos a llegar a un momento en el que el capital ya no va a poder seguir acumulando en determinadas zonas como consecuencia del calentamiento global

¿Cómo se han resuelto estos problemas en el pasado?
Hasta la fecha, la clase capitalista transnacional (CCT) ha tenido tres mecanismos para seguir descargando ese capital sobreacumulado y seguir empujando hacia adelante la economía global. Uno, ya sabemos, es la especulación financiera, que ya alcanza y la cifra es correcta, trillones de dólares. Se trata de capital ficticio. Segundo, es la deuda global. Esa deuda de consumidores y de Estados ya suma 325 billones de dólares. De tal manera, el crecimiento impulsado por el endeudamiento no puede seguir. La tercera dimensión es lo que califico como la acumulación militarizada y la acumulación por represión. Esta guerra contra las personas migrantes en Estados Unidos tiene sus fines políticos, como hemos estado hablando, pero también tiene un fin económico que es proporcionar una salida para el capital sobreacumulado. La guerra contra migrantes es muy rentable al igual que es enormemente rentable el genocidio en Gaza; como también lo son los conflictos armados y sistemas de represión transnacional alrededor del mundo en momentos de estancamiento crónico.

Esto ocurre en un contexto marcado por la crisis climática y ambiental. ¿Cuál es la dimensión ecológica de la crisis?
Para llegar al meollo de la cuestión ecológica, ahora el sistema se encuentra en una nueva ronda depredadora y muy violenta de expansión para salir del estancamiento. La concentración de esta nueva ola expansiva y agresiva del capitalismo global tiene tres objetivos: uno, las tierras. Es decir, acaparar tierras. Segundo, energía. Energía por varias razones, pero sobre todo porque toda esta expansión depredadora está impulsada por la digitalización, que es central en el asunto del medioambiente. Necesitan construir miles y miles de centros de datos que consumen enormes cantidades de energía. Esto tiene que ver con Groenlandia, por favor, pregúntame más adelante por Groenlandia. Y lo tercero son los minerales que necesitan las nuevas tecnologías digitales y sobre todo, la inteligencia artificial. Estas tres dimensiones representan una intensificación de la apropiación de la naturaleza extrahumana y tiene unos efectos catastróficos sobre el medioambiente. Pero quiero ir más allá: hay una acumulación de destrucción y de desgaste del medio ambiente, sobre lo que es la naturaleza humana y extrahumana, que es al mismo tiempo una crisis de la reproducción social y de la reproducción de la naturaleza. Esta nueva oleada expansiva está intensificando los efectos catastróficos sobre el medio ambiente. Pero la destrucción del medio ambiente está llegando a tal punto que llega a impedir la acumulación de capital. 

¿Cómo?
El pronóstico es que, entre 2030 y 2050, un tercio del planeta estará tan caliente que los seres humanos no van a poder vivir en zonas como en el norte de África, Oriente Medio, etcétera. En este momento, el capital está acumulando en esas zonas, pero no va a poder seguir haciéndolo en un futuro próximo. Otra dimensión es la de los territorios de producción agropecuaria, por ejemplo aquí en California, donde hay zonas de agricultura intensiva destinada a mercado global. Se va a producir un colapso de la agricultura por el cambio climático. Puedo seguir poniendo ejemplos, pero el punto es que hasta el momento el capital transnacional ha podido seguir acumulando alrededor del planeta sin atender a los efectos devastadores en el medio ambiente, pero eso está cambiando muy rápidamente. Entre este momento y 2050 vamos a llegar a un momento en el que el capital ya no va a poder seguir acumulando en determinadas zonas.

Más impactos.
En 2025, una de las compañías de seguros más grande del planeta, y hay que tener en cuenta que las compañías de seguros también son parte del capital financiero transnacional, advirtió de que pronto no va a poder funcionar la industria global de seguros. Porque es demasiado costoso asegurar, por ejemplo, viviendas, inversiones, etc. a causa de los impactos y los riesgos ambientales. Si se produce una tormenta de dimensiones no vistas hasta ahora en Florida, algo que puede suceder, los daños pueden alcanzar billones de dólares. Las compañías de seguros ya no pueden asegurar a las compañías manufactureras, de logística, etcétera. Desde ese punto de vista, la crisis ambiental representa no solo una crisis de amenaza de extinción a los seres humanos, sino que también socava la posibilidad del capitalismo global de seguir acumulando.

Está el factor de las migraciones como causa del calentamiento global.
Los informes que tenemos sobre refugiados climáticos y refugiados por despojo, por la devastación ecológica, dicen que alcanzan ya 200 o 300 millones de personas. Según los pronósticos de las Naciones Unidas, va a rebasar las mil millones de personas desplazadas por el cambio climático. Eso abre la cuestión de cómo va a poder el capitalismo global, y quienes controlan este sistema, manejar esa cantidad de refugiados. Eso da una idea de las dimensiones ambientales de la crisis.

Los sectores militar-represivo, el big tech y las finanzas se están fusionando y conformando un nuevo bloque hegemónico de capital transnacional a escala global

Igual que el Amazonas, Groenlandia es una zona crítica para el resto del planeta. ¿Hasta qué punto es una muestra del cortoplacismo de Trump esa apuesta por explotar los recursos naturales de esa isla?
Has usado la palabra cortoplacismo para referirte a Trump, pero esto no define solo a Trump, define a todo el sistema capitalista. Es necesario recordarlo: el capital tiene un solo objetivo, la acumulación de capital sin fin. Cualquier otro objetivo es secundario y no tiene importancia frente a la permanente acumulación de capital. Entonces, todo el sistema capitalista tiene una visión cortoplacista e inmediata. Han existido constreñimientos, ciertas medidas para suavizar un poco ese impulso hacia la acumulación, pero eso ha venido de Estados y de movimientos de masas, no del capital. Toda esta amenaza contra Groenlandia es parte de la misma ronda expansiva que estamos experimentando ahora. Realmente, el argumento de que se trata de seguridad frente a China y a Rusia es una cortina de humo, en realidad tiene que ver con los recursos minerales, con los recursos petroleros y de gas, pero también tiene mucho que ver con la energía geotérmica, porque Groenlandia tiene increíbles posibilidades de generación de energía geotérmica. Esto requiere un paréntesis analítico. 

Adelante.
Está surgiendo dentro de Estados Unidos, pero también a nivel global, un nuevo bloque hegemónico dentro del capital transnacional que reúne a tres sectores de capital que se están fusionando. Y esos tres sectores son: las grandes compañías de la tecnología, vamos a llamarlo big tech, segundo, el complejo militar industrial, que no solo es militar sino que incluye todo el andamiaje de represión, por ejemplo ICE. Y tercero, el capital financiero transnacional. Esos sectores: militar-represivo, big tech y finanzas, se están fusionando y conformando un nuevo bloque hegemónico de capital transnacional a escala global. Trump no representa los intereses de ese bloque, sino que es al revés: ese bloque tiene al trumpismo como el instrumento de expansión de sus intereses. 

Volvemos a Groenlandia.
Groenlandia tiene la energía, las tierras y los minerales, incluidas las tierras raras, que necesita ese bloque mientras se van derritiendo los glaciares. Hay un cuarto elemento que explica por qué quieren esa tierra. Porque quieren establecer estas empresas de extracción de energía, etcétera, con una nueva modalidad de gobernanza, una gobernanza directa por parte del capital transnacional. Los lectores se acordarán de los experimentos en ciudades empresariales en Honduras, por ejemplo. El gobierno golpista de Honduras, que ya está en el poder otra vez, entregó a un grupo de empresarios de las finanzas y la tecnología —incluyendo a Peter Thiel, de Palantir— Roatán, una isla en el Golfo de México, en la costa Atlántica de Honduras. Se les permitió controlar toda la isla con sus propias reglas, sus propios impuestos y su gobierno. Es el mismo modelo que ya tenemos en Texas: una pequeña ciudad manejada por Musk, donde el gobierno, el Estado, no entra. Quieren eso también en Groenlandia. Ese bloque hegemónico y sobre todo el grupo de las big tech vinculado con Palantir ya han hecho inversiones iniciales y han hecho estudios iniciales de cómo hacer esas ciudades en Groenlandia. La emergencia climática es mala para la humanidad, para el planeta, pero es muy buena en determinados aspectos para el capital, porque hace accesible zonas que no eran accesibles anteriormente. De alguna manera, Groenlandia se convierte en microcosmos de todo lo que está pasando a nivel global.

¿El proyecto de “Nueva Gaza” que se presentó en la Junta de la Paz en Davos forma parte de esa proyección de nuevas ciudades empresariales?
En primera instancia, no usemos ese término fascista, porque no es una Junta de Paz, es Junta de genocidio, es Junta de capital transnacional, es una invasión y una apropiación total de Gaza. Pero efectivamente, lo que quieren hacer en Groenlandia ya lo están haciendo en la Franja de Gaza. Esto muestra el proceso genocida del capitalismo global en esta fase: necesitan eliminar poblaciones sobrantes —lo que llamo la humanidad excedente— para tener acceso a recursos y convertir a esos territorios en zonas de acumulación intensiva para el capital transnacional. Sabíamos que Gaza tiene gas y tiene petróleo, tiene zonas frente al mar Mediterráneo muy valiosas para la especulación inmobiliaria. Pero no es solo eso, el proyecto es convertir a Gaza en un hub de lo que los grupos dominantes ahora llaman pax silica. Es decir, en un nodo regional para la alta tecnología y los centros de datos. Kushner, el yerno de Trump, lo dijo claramente en su discurso en Davos: Gaza es un caso de prueba. Si este modelo es exitoso ya se puede aplicar a otras zonas. Quieren convertir a todo Gaza en una franja empresarial. Todo está vinculado con los demás hechos que están pasando en Oriente Próximo.


¿En qué sentido?
La transformación radical de toda la geopolítica de Oriente Medio a partir del genocidio de los palestinos, y ahora de la destrucción de Rojava por parte del nuevo gobierno sirio, todo va dirigido a conformar un nuevo bloque geopolítico que una a los Estados del Golfo con Israel, con capital transnacional. Específicamente, es un plan del bloque hegemónico que mencioné. Ese es el nuevo rostro geopolítico que deja sentadas las bases necesarias para una mayor expansión del capital transnacional en Oriente Medio, a través de Gaza, encabezado por la alta tecnología y por la criptomoneda. Recordemos que la criptomoneda es la perfecta fusión de la alta tecnología con las finanzas. Gaza es símbolo, es modelo, es advertencia de lo que nos espera al planeta entero.

La fusión del gran capital con el Estado es parte de la definición clásica del fascismo y es lo que vemos en Estados Unidos ahorita mismo

¿Hasta qué punto es relevante el ropaje teórico del trumpismo que representan figuras como Peter Thiel o Curtis Yarvin o solo se trata de un envoltorio para el impulso depredador del capital?
Tiene peso, pero lo que pasa es que la correlación de fuerzas todavía no es tan favorable para consolidar el proyecto fascista, porque aún hay muchas resistencias, muchas contradicciones. Pero la respuesta es que este es un proyecto fascista en el sentido sociológico. Estudiando la historia y el concepto sociológico, analítico y teórico del fascismo, es un proyecto fascista que se está incubando con Yarvin, con Thiel, con el trumpismo. Pero antes quiero detenerme en un punto. 

Adelante.
Hoy vemos a Trump en la pantalla a diario, y vemos a los representantes políticos, los ideólogos y los estrategas del proyecto fascista en las pantallas, en los medios sociales, etcétera, pero no vemos lo que está detrás. El mes pasado, The New Yorker ha publicado que Trump ha acumulado cuatro mil millones de dólares utilizando la presidencia como un cajero automático para su propia familia. Trump puede robar y ser corrupto. Mientras se le cepille, como se dice popularmente, su narcisismo, seguirá siendo un títere, el instrumento de este bloque de poder. En el primer mandato de Trump, la clase capitalista transnacional fue muy recelosa a la hora de sumarse a un proyecto fascista. Trump es fascista y racista desde hace mucho tiempo, pero el capital transnacional inicialmente no quería sumarse a un proyecto de este tipo: ahora sí. 

¿Por qué?
Por el poder de este nuevo bloque hegemónico. Ese bloque depende cada vez más de contratos del Estado. Palantir, por ejemplo, ha unificado los bancos de datos de decenas y decenas de diferentes agencias del Estado en un solo banco de datos. Eso es muy importante, porque en la guerra contra los migrantes están usando un solo fichero. La capacidad represiva del Estado se aumenta decenas o centenares de veces a través de ese sistema centralizado controlado por Palantir. Por un lado, el bloque hegemónico depende cada vez más de los contratos de Estado. Segundo, depende cada vez más de los subsidios del Estado. Tomemos el ejemplo del petróleo. Trump ha prometido miles de millones de dólares a los productores para que vayan a Venezuela. Eso es lo que está pasando con el bloque hegemónico: contratos, subsidios y, en tercer lugar, crear las condiciones, las políticas, necesarias para la acumulación de este bloque, desregulando la inteligencia artificial, desregulando todos los reglamentos para estas nuevas tecnologías digitales.

Esto desemboca en la asimilación por parte del capital del programa fascista.
Hay una fusión del Estado con el capital alrededor de un proyecto fascista. La fusión del gran capital con el Estado es parte de la definición clásica del fascismo, y es lo que vemos en Estados Unidos ahorita mismo. El tercer ingrediente para el fascismo, y ahí entra la cuestión ideológica a la que has hecho referencia —lo que distingue al fascismo de una simple dictadura— es la movilización fascista en la sociedad civil. Y es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Hay una movilización fascista de una parte de la población, no solo los Proud Boys, sino también del ala derechista del partido Republicano que ha movilizado a una base fascista. Esa base ha ido disminuyendo, puede ser hoy de un 20 % o 25 % de la población, pero hay una movilización abierta de esa base también a través de cristianismo nacionalista de ultraderecha. Todo eso es la movilización fascista. Esto está claro con ICE, que es el núcleo coercitivo militarizado del proyecto fascista. Otra pregunta es cuál es la ideología de ese proyecto. Y ahí entra Yarvin. Es una ideología mística, es una ideología de ultra nacionalismo xenofóbico. Cualquier proyecto fascista necesita racismo, pero también milenarismo. De ahí surge Make America great again, esa promesa de restaurar la grandeza de Estados Unidos.


Ese ultranacionalismo no es exclusivo de EEUU.
También lo tenemos en Rusia. Rusia no es fascista, es otra cosa, pero Putin también se basa en esa idea de recuperar la gran Rusia. También en China —no estoy diciendo tampoco que China sea fascista— todo gira en torno al ultranacionalismo. Alrededor del mundo hay un ultranacionalismo que es la respuesta autoritaria a la crisis. Yarvin habla de un rey, de un sistema monárquico, pero Thiel también habla de un Estado manejado, dirigido, controlado por tecnobillonarios, no por elecciones democráticas. Es confuso porque es una mezcla de todo un poco, pero sí estamos viendo surgir de una ideología fascista con sus diferentes dimensiones. Todo esto es un proyecto que se va consolidando de manera espantosa, pero también la resistencia inesperadamente va en un repunte y eso es lo que da esperanza.

Quizá la pregunta es demasiado simple, pero ¿cómo se explica para alguien que no que no sabe de economía que los milmillonarios sean cada vez más ricos y que a la vez podamos estar hablando de una crisis final para el capitalismo?
No es una pregunta sencilla. Es una pregunta de suma importancia. Comencemos primero con la naturaleza del capitalismo, que no es evidente. La naturaleza del capitalismo, cuando funciona sin contratendencias, es producir riqueza y polarizar esa riqueza. Es decir, una capa cada vez menor de capitalistas acumulan todo el dinero mientras las masas se empobrecen. Es la tendencia natural del capitalismo. La única forma de que el capital produzca ganancias es que la clase trabajadora, o sea, las personas que trabajan para el capital, produzcan valor y que la parte máxima que se puede extraer de ese valor vaya al capital y la parte mínima, al trabajador. Eso se sabe. Eso no es nuevo. Lo importante aquí es que históricamente eso es una contradicción interna del capitalismo y siempre ha conducido a crisis. 

Quizá venga el próximo año, quizá en 2031, pero viene un colapso financiero cataclísmico

¿Qué tipo de crisis?
Las crisis cíclicas son recesiones cada diez años más o menos, pero las crisis estructurales se dan cada 40, 50 años, y esas son grandes crisis de sobreacumulación. Se dan cuando el capital ya ha acumulado tanto que no tiene dónde invertir y comienza un estancamiento mucho más profundo. Ahora estamos en una crisis estructural. La última crisis estructural fue en los años 70 del siglo XX, volveré sobre ella. Recordemos la otra gran crisis estructural, que fue la Gran Depresión de los años 30. Antes de eso tuvo lugar una crisis estructural enorme en los 1880. Anterior a eso, en 1830. Entonces, cada vez que hay una crisis no cíclica, no recesionaria, sino estructural, hay grandes trastornos, hay guerras internacionales y hasta mundiales, hay grandes reorganizaciones en el campo del capitalismo, hay lucha de clases, luchas sociales,… todo cambia. Estamos en uno de esos momentos de crisis estructural, que se convierte en crisis sistémica. Pero antes de abordar eso, lo que has llamado crisis final, déjame recuperar qué pasa a partir de la gran crisis estructural de los años 70. 

Ok.
En esa crisis estructural bajaba la tasa de ganancia e iba en aumento el poder y la capacidad de resistencia de las clases populares alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos. Es la época de las luchas de liberación nacional y decolonial en el Tercer Mundo, solo pensemos en el auge revolucionario de 1968. Entonces, a nivel global, el emergente capital transnacional que surge en los años 70 y en adelante enfrenta una crisis de la hegemonía capitalista. Tiene que reconquistar la legitimidad, tiene que reconquistar la rentabilidad, subir la tasa de ganancia y para ello lanza la globalización. Esto es de suma importancia. Porque lo que pasó desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 y 80, es que las luchas de masas obligaron a muchos Estados a hacer dos cosas: número uno, regular el mercado, intervenir en la economía para regular el mercado, y dos, intervenir en la economía para redistribuir la riqueza desde arriba hacia abajo. Esas dos cosas, esas intervenciones del Estado, iban en dirección contraria a la tendencia a la polarización de la riqueza, es decir, la lucha de masas obligó a los Estados a tomar medidas que salvaron al capitalismo de su propia crisis, irónicamente. 

Eso se rompe en los años 70.
Cuando el capital lanza la globalización, a finales del siglo XX, el Estado deja de poder intervenir para regular el mercado a nivel de Estado-nación, ya no puede intervenir a redistribuir la riqueza hacia abajo. Entonces se retoma el proceso de la polarización de tal manera que, como sabéis muy bien, hoy en día un 1% de la humanidad controla más de la mitad de riqueza del planeta; el 20% (y cada vez menos del 20%) controla el 95%. El 85% de la población mundial ya ni siquiera puede consumir. Ahí está la población excedente. Son quienes no conforman un mercado para el capital transnacional: no producen plusvalor. Contra esa población excedente llevan a cabo el genocidio.

Esta es una crisis provocada por el capital que amenaza al capital.
Tenemos esta increíble polarización que representa una crisis para el sistema. Cuando vemos en los titulares que Musk va a ser el primer billonario hay que darse cuenta de que esa masa de capital es ficticia. Básicamente, la economía global obtuvo en 2025 un valor de entre 105 y 110 billones de dólares. Eso en la producción de bienes y servicios, de las cosas que necesitamos, desde el ordenador con el que estoy hablando contigo hasta la comida que vamos a comer hoy. Mientras, el sistema financiero respaldado en bienes, en activos, está en torno a 150 billones de dólares. Pero el sistema financiero no respaldado por activos asciende a 1,7 trillones de dólares. Eso quiere decir que una masa de capital ficticia no se corresponde con la realidad. Eso hace que el sistema no solo sea insostenible, sino que esto permite pronosticar una crisis catastrófica y una desvalorización masiva descomunal.

¿Para cuándo?
Quizá venga el próximo año, quizá en 2031, pero viene un colapso financiero cataclísmico. Pero ojo, esa no es la crisis final. Esa es la dimensión estructural. La crisis final viene de que hay que combinar la dimensión estructural con la dimensión social del colapso de una buena parte de la humanidad y la imposibilidad de reproducción social con el colapso de la biosfera. Todo se conjuga y el resultado final es que el capital ya enfrenta la imposibilidad de seguir reproduciéndose, llega a los límites de la capacidad de reproducción.

El genocidio es rentable, es rentable la guerra contra las drogas (que no tiene que ver con la droga) en América Latina y la guerra contra migrantes es rentable

¿No va a haber crecimiento económico?
Mi pronóstico es que, si evitamos una tercera Guerra Mundial, va a haber una nueva época de prosperidad. Dependiendo de cómo se desenvuelvan los acontecimientos en los próximos años es posible que las tecnologías digitales aumenten la productividad tanto que se vuelva a imponer por un tiempo la producción real sobre la especulación financiera. Entonces podemos tener un periodo de prosperidad como tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, pero no para la masa de la humanidad, no para 4.000 o 5.000 millones de personas. Desde la lógica del sistema, se trataría de un periodo de estabilización con un Estado policial global en los años 30, los años 40 de este siglo. Para mí, la crisis final del capitalismo global, repito, si evitamos la Tercera Guerra Mundial, se va a desenvolver y a finalizar en la segunda mitad del siglo XXI. Soy consciente de que esto es especulativo. Analítico, pero especulativo.

Has mencionado el Estado policial global, la mano dura como negocio y práctica de disciplinamiento de las sociedades del que hablaste en tu anterior libro. Desde entonces se han producido hechos como la invasión rusa de Ucrania y el genocidio de Gaza que corroboran la hipótesis de que el capital está virando hacia la vía de las armas en su huida hacia adelante. ¿Crees que la acumulación militarizada es suficiente para que se dé el ciclo de valorización que el capital necesita en este momento?
La acumulación militarizada y acumulación por represión —son muy parecidos estos conceptos, pero no idénticos— tienen tres funciones. Uno, que es muy rentable en sí, como hemos hablado antes. Trump ya propuso para el año 2027 un presupuesto de 1,5 billones de dólares en el gasto militar estatal. Ese es prácticamente el 2% de toda la economía global solo para la acumulación de capital militarizado. Es enormemente rentable. El genocidio es rentable, es rentable la guerra contra las drogas —que no tiene que ver con la droga— en América Latina, la guerra contra migrantes es rentable. El segundo aspecto que hay que resaltar de la acumulación militarizada es que la represión militar es como un martillo que abre violentamente espacios para la acumulación. Por ejemplo, la acumulación militarizada del Congo en Ruanda hace a algunos ricos en el Congo, pero sobre todo está abriendo espacio para el pillaje de los minerales. Entonces, la segunda dimensión de Estado policíaco global es que abre espacio para el capital a través de la violencia. Y por último, toda esta crisis genera enormes resistencias. Entonces, la tercera función del estado policíaco global es reprimir y controlar las resistencias. La pregunta que hacías es si la acumulación militarizada y por represión puede sostener la economía global frente al estancamiento y crisis. Y la respuesta es un rotundo no, para nada. 

¿Por qué?
Tiene contradicciones internas, no genera nuevo valor, o es escaso. Me explico: genera nuevo valor en el sentido de que trabajadores producen un misil o un tanque o un avión de guerra, pero esas armas no tienen un mercado masivo, solo tiene un mercado con Estados y grupos paramilitares y armados y policiales, y solo se siguen produciendo si se utilizan en guerras, en destrucción. Eso es lo que [Joseph] Schumpeter llamaba la destrucción creativa. Es tan contradictorio, que simplemente es una medida corto y medianoplacista para seguir dando oxígeno a la economía global. No es una solución.

Has hablado de la posible III Guerra Mundial. ¿Estamos ante un escenario de lo que se ha llamado “guerra civil global” o un conflicto como las grandes guerras del siglo XX?
Una guerra mundial, por un lado, sí, podría ser una acumulación de guerras civiles y guerras regionales, y en ese sentido vamos muy rápidamente hacia esa III Guerra Mundial. Lo que lo hace tan peligroso es el poder destructivo. No me refiero solo a las armas nucleares, sino a armas subnucleares que tienen tremendo poder destructivo, especialmente para el medio ambiente, ya que deja vastas zonas sin ninguna capacidad de agricultura, por tanto, de existencia. Pero si una tercera Guerra Mundial involucra o pone en conflicto directo a Estados Unidos y Rusia o Estados Unidos y China, ya estamos hablando de otro nivel. Y en ese nivel veo muy, muy difícil que sobrevivamos. A menos que sea muy limitada y que su fin esté negociado desde el comienzo.

China, por ser capitalista, por tener sobrecapacidad, tiene que expandirse en el mundo, igual que Estados Unidos. Eso significa que es un proyecto cargado de conflictos y de un futuro muy gris

Se habla mucho del imperio emergente contra EEUU, el imperio en declive, pero ¿qué papel juega en este momento China?
No estoy en contra de asumir la idea de un imperio en declive y otro imperio que está surgiendo, pero prefiero tener otro marco analítico. El capital chino es capital transnacional y se fusiona con el capital de todos los demás países del Oriente y se fusiona en una mezcla inseparable con el capital transnacional. Pero los Estados funcionan en otro nivel. Cada Estado tiene su propio proyecto basado en mantener su propio territorio, atraer al capital transnacional y tratar de convencer a ese capital transnacional de defender sus intereses estatales y políticos. En el caso concreto de China, hablamos de otro modelo de capitalismo. El Estado chino juega un papel central en la economía china en el sentido de que controla el sistema financiero, hay bancos privados, hay capital financiero privado. La mayoría del capital financiero es privado, de hecho, pero China controla el sistema financiero a lo interno, a diferencia de Estados Unidos y de la mayor parte de los países del mundo. Segundo, China puede dirigir las inversiones por medio sus políticas estatales. En Estados Unidos, el modelo puro neoliberal del Occidente lo impide. Y tercero, China tiene y puede movilizar recursos, por ejemplo, para la infraestructura, tiene infraestructura del siglo XXI, mientras Occidente y sobre todo Estados Unidos tienen infraestructura del siglo XX, incluso del siglo XIX, infraestructura que se está cayendo. Es otro modelo del capitalismo que da cierta vida a un capitalismo del siglo XXI con menor intensidad de crisis por un lado. 

¿Por qué?
Hay un sector del capital, el del trumpismo global, que representa a una parte de la elite, que tiene que ver con Israel, con Daniel Noboa, Nayib Bukele y Javier Milei en América Latina, con algunos de los movimientos ultranacionalistas en Europa. El Foro Económico Mundial representa otro sector, un sector reformista, un sector que ha elogiado al capitalismo chino y ha dicho que el capitalismo chino es el capitalismo que necesitamos para el mundo en el siglo XXI. Eso nos dice mucho de la estrategia de los intelectuales orgánicos de esa élite ilustrada y de cómo ven a China. Pero aquí entran las contradicciones del modelo de China. La primera es que el capitalismo se rige por la ley de valor, se rige por la rentabilidad y la urgencia de la rentabilidad. Se rige por una contradicción, aunque sea mediatizada por el Estado, entre capital y trabajo. Démonos cuenta de que China acaba de anunciar para 2025 un déficit comercial con el mundo de 1,2 billones de dólares. Eso no tiene precedentes y es un reflejo de la tremenda sobrecapacidad de la economía mundial. Esa sobrecapacidad es indicio de que la acumulación del desarrollo capitalista en China depende cada vez más de abrir mercados y apropiarse de recursos, expandirse alrededor del mundo. Y eso genera tensiones comerciales y políticas y geopolíticas en todo el mundo. 

Es parte del mismo sistema en crisis.
China, por ser capitalista, por tener sobrecapacidad, tiene que expandirse en el mundo, igual que Estados Unidos. Eso significa que es un proyecto cargado de conflictos y de un futuro muy gris. La izquierda internacional, o sectores de la izquierda internacional, insisten en que China es el futuro para la humanidad, algunos dicen que es socialista, pero es ridículo. Hablando como sociólogo, ni siquiera como izquierdista, es capitalismo, es claramente capitalismo. Dicen que no hay problema y que beneficia al Sur Global, pero cuando estudiamos cada caso donde aterrizan las compañías publico-privadas chinas hay destrucción de medio ambiente, hay despojo, hay conflictos con las comunidades. Hay una apropiación rapaz de los recursos. El 90% del cobalto del Congo es extraído por las compañías chinas con un saqueo increíble. En América Latina es equiparable a lo que hace Estados Unidos: extrae minerales, despoja a la población local, indígena y campesina y abren minas. Y cuentan para ello con los ejércitos y las policías latinoamericanas para reprimir la resistencia. China es el socio comercial de Israel. Ha proporcionado tecnologías de reconocimiento facial y drones a Israel. No está participando directamente en el genocidio, pero está haciendo posible el genocidio. La idea de que China es el futuro de un capitalismo humanizado es ridícula; decir que es el socialismo del futuro es ridículo; decir que China es el gran amigo de las masas empobrecidas del sur global contradice la realidad empírica.


Hace tres años decías que el proyecto izquierdista transnacional era una necesidad ¿Ves avances? ¿Hasta qué punto debemos pasar a hablar de un proyecto antifascista transnacional para afrontar esta policrisis?
Sí, necesitamos un frente unido antifascista que tiene que ser transnacional. Los detalles de a quién incluye ese frente unido antifascista, cómo se formaría, si hay que entrar en alianzas con la élite, entre comillas, ilustrada de Davos, o si no, porque son realmente hoy capitalistas salvajes también, son interrogantes que no puedo contestar. Pero sí creo que es urgente ese frente unido antifascista. Pero siempre he dicho, y creo que lo hablamos un poco en la última entrevista, que hay un tremendo desfase a nivel global entre las sublevaciones y levantamientos populares alrededor del mundo, sobre todo la Generación Z. Las masas están listas para levantarse y a desafiar este sistema.

¿En qué te basas?
El capitalismo global sufre una crisis de legitimidad política entre las masas. El Instituto Cato, que es conservador, hizo una encuesta en 2025 a los jóvenes entre 18 y 29 años de edad en Estados Unidos. Constaba de dos preguntas: “¿A usted le gustaría tener socialismo?” El 62% dijo que sí. La segunda pregunta era “¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable sobre el comunismo?” No socialismo, comunismo. El 34% dijo que era favorable. Y eso pasa alrededor del mundo en mayor y menor grado, país a país, especialmente en la generación Z. La masa de la humanidad, miles de millones de nosotros y nosotras, no podemos vivir en este sistema, no lo consideramos legítimo, estamos en levantamientos. Mientras la izquierda organizada e institucional sigue en una crisis. No ha sabido renovarse para el siglo XXI, no ha sabido dar un liderazgo o una visión mayor a esas masas que quieren desafiar al sistema. Ese desfase sigue ahí y es más urgente que nunca acabar con él. Lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos es que la gente ya está en pleno levantamiento y están formando coaliciones. Pero no hay izquierda. El Partido Demócrata es un partido en bancarrota que no ofrece nada. Algunos elementos sí, como Zohran Mamdani, pero el partido en sí no ofrece nada. Entonces tenemos este enorme desafío de cómo dar alguna coherencia a toda esta resistencia. Yo no tengo la respuesta, no tengo la solución. Solo tengo este diagnóstico sobre el problema.

La entrada William I. Robinson: “La guerra contra los migrantes es un ataque contra toda la clase obrera” se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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La vivienda y lo que vale nuestro dinero

29 Marzo 2026 at 08:00
Por: Nuria

RembrandtRembrandt

‘La parábola del rico insensato’. (Rembrandt, alrededor de 1627).

Artículo original publicado en ctxt.es por Constantino Bértolo

Mientras los bancos –los seis grandes ganaron 34.000 millones en 2025– apliquen una política sobre el ahorro tan cicatera, el negocio inmobiliario será la inversión rentable. La izquierda debe intervenir

La socialdemocracia, desde Kautsky en Alemania y Fernández de los Ríos en España, encuentra su fundamento ideológico en la confusión entre la lógica del capital con la moral y las buenas intenciones. Y así, por ejemplo, de pronto y en plena y eterna campaña electoral, Pedro Sánchez le pide a la patronal “que paguen más” y Yolanda Díaz le reprocha a Garamendi, presidente de la CEOE, que gane más de cien veces el salario mínimo interprofesional. Como si los capitalistas pudieran dejar de ser capitalistas. Parecería que para la socialdemocracia socialista o comunista los capitalistas son gentes malas y egoístas, pecadores, en definitiva, y sin duda por eso tratan de salvarlos ayudándoles a que sean malos pero no tanto.

No deja de ser curioso que, por ejemplo, a los tenedores de pisos, como si fueran niños caprichosos u onanistas de la propiedad privada, se les intente apartar, vía decreto, ordenanzas o impuestos, de los nefastos vicios de la especulación inmobiliaria. En Cataluña, a los grandes tenedores (propietarios de cinco o más viviendas) se les quiere prohibir comprar un piso salvo que demuestren, en un plazo de doce meses –prorrogables a dieciocho– que es su residencia habitual. Cabe imaginarse a la tropa de los grandes tenedores saltando de barrio en barrio y me empadrono porque me toca, mientras que a los menos afortunados (de cinco propiedades como mucho) se les dejará comprar nuevas moradas siempre que sea para uso de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad: hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o nietos y nietas. ¡La familia que compra unida permanece unida! 

El 30 % de las compras de vivienda se ha efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca

Pero si algo nos enseña el marxismo es que debajo de la playa siempre está el capital y que, por encima de los solares urbanizables, siempre está el precio del dinero. Los datos sobre vivienda del año 2025 son muy curiosos y reveladores. El fuerte incremento del número de viviendas que se heredan cada año –más de 200.000 en 2025– no deja de ser sorprendente, aunque responda a causas muy predecibles. Como si la muerte fuese la condición más favorable para aflojar tensiones entre la oferta y la demanda. La bajada del número de nacimientos durante las últimas décadas no hace sino provocar una fuerte acumulación de patrimonio inmobiliario en manos de ese 1,1 % de tasa de natalidad sobre el que están desembocando la acumulación de propiedades de abuelos y padres, sin contar otras ramas familiares sin herederos directos. Muchas hijas o hijos únicos se van a ver convertidos en pocos años, en medianos o grandes propietarios. Un fenómeno que indudablemente aumentará el tamaño de la brecha de desigualdad pero que a su vez tendrá o está teniendo ya su llamativo reflejo en el sistema inmobiliario español. Las estadísticas indican que durante este último año cambiaron de propiedad más de un millón de casas, con más de 700.000 compraventas registradas. Profundizando un poco más en las cifras, cabe destacar que, de esa totalidad, el 30 % se han efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca. La tendencia al alza en el uso de hipotecas se explicaría por la progresiva moderación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que mejora las condiciones de acceso al crédito y reduce las cuotas mensuales, mientras que el pago directo sería la vía elegida por ahorradores e inversores, es decir, por aquellos que, poseyendo un patrimonio monetario más o menos importante, buscan rentabilizarlo. 

En el caso de quienes acudan a la hipoteca la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€

En el caso de quienes acudan a la hipoteca, y siendo la hipoteca media en lugares muy tensionados como Madrid de casi 300.000€, a 30 años y un tipo fijo del 2,1 % TIN, la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€. Dado que la media del pago de alquiler en España supone un cifra semejante o superior en la mayor parte de los casos, parece evidente que el acceso a la propiedad de un piso resulta ser una inversión segura, aunque no demasiado rentable, salvo que tenga lugar en aquellas zonas urbanas donde el alquiler real dobla la media señalada, lo que explica la concentración del problema en las áreas urbanas más tensionadas. En todo caso, la propiedad inmobiliaria goza, con destino a alquiler o no, de una sostenible y general revalorización.

La escasez de la vivienda en España es sin duda el elemento económico que explica el alza continua de su precio, con un incremento anual del 13 %, que representa más del doble de la media europea. Pero detrás de la demanda se esconde otra variable financiera: ¿cuánto vale el dinero?, que convendría tener en cuenta a la hora de interpretar y programar soluciones al problema. Como señalaba hace poco Ricardo Sobrino en un artículo en El País, “los hogares españoles acumulan más de un billón de euros en depósitos de muy escasa o nula rentabilidad”. Teniendo en cuenta que la remuneración media de los depósitos a la vista es del 0,14% anual y la de los depósitos a plazo del 1,6%, mientras que la inflación supuso en 2025 un 2,7 %, la cosa parece clara: tener el dinero en el banco no es rentable. De ahí la demanda de la “mercancía vivienda” como inversión atractiva por su mayor rentabilidad para muchas economías “domésticas”. Desde esa realidad se deriva que el incremento de la demanda no es únicamente asunto, ni mucho menos, de los grandes especuladores, sino la acción capitalista natural de cualquier economía que no se resigne a que el sistema financiero le haga perder cada año el 3% de su dinero. Dicho en otros términos: si se olvida u obvia que la usurera política de remuneración del ahorro que la banca está llevando es causa relevante del problema, de poco valdrá desviar hacia la conducta moral de los propietarios causas, iniciativas fiscales y consejos. Al respecto no puede uno dejar de sonreír al recordar cómo, en 2023, Nadia Calviño, durante su etapa como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, pidió a la banca, en múltiples ocasiones que aumentara, en un contexto de subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, las tasas de retribución de las cuentas de ahorro y depósitos: “No me cabe ninguna duda de que el sector bancario español tiene que empezar a transmitir la subida de los tipos de interés en beneficio de los clientes y de los ciudadanos españoles”. ¿Respuesta? Silencio, fusiones, ERES y recorte de plantillas.

Una política sobre el ahorro tan cicatera en tiempos en los que sus beneficios mantienen año tras año incrementos espectaculares requiere intervenciones reales y no apaños bienintencionados. Los seis grandes bancos –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja– ganaron 34.000 millones de euros en 2025, un récord absoluto, y apenas tributan el 5 % de sus ganancias. El capital, vía sistema financiero, se come nuestro dinero y lo evacua como inversión rentable en el negocio inmobiliario. Y no estamos hablando de nacionalizar la banca, que también, sino acaso, y aprovechando créditos que aporte Bruselas, poner en marcha algo así como una Caja Nacional de Ahorros que, al menos, compita con la banca privada en el campo de la remuneración de cuentas y depósitos. Porque, si la izquierda no asume la necesidad de intervención sobre los mecanismos que garantizan la reproducción ampliada del capital, no dejará de ser un paño de lágrimas. Con una propuesta así en su programa, quizá la izquierda sería capaz de presentarse como una fuerza única y coherente. Que falta nos hace.

La entrada La vivienda y lo que vale nuestro dinero se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Susan George, una pensadora del Sur

22 Marzo 2026 at 08:48
Por: Nuria

Susan GeorgeSusan George

Artículo original publicado temposdixital.gal por Cesáreo Villar Blanco

Muchos activistas deben lamentar la pérdida de la irremplazable Susan George, politóloga, socióloga, filósofa y activista franco-estadounidense, quien falleció el 14 de febrero a los 91 años. Numerosas organizaciones y grupos destacan en su despedida la magnitud de su obra, un enorme legado de análisis, argumentos e ideas para identificar las fuentes del poder, defender a los más desfavorecidos y proteger el medio ambiente. Mi reseña no puede hacer mucho por ensalzar sus evidentes méritos, pero me gustaría dejar un pequeño testimonio del relevante papel de ciertas personalidades, como ella, capaces de brindarnos herramientas para comprender los conflictos y buscar soluciones en un mundo enormemente complejo.

Ya conocía a Susan George desde la universidad, pero fue años después, a través de un documental en Televisión Española, cuando la escuché denunciar las privatizaciones, las desregulaciones y otras maniobras que empezaban a manifestarse en pleno neoliberalismo. Hablaba en nombre de Attac ( Asociación por la tributación de las transacciones financieras y la acción ciudadana ) para denunciar esa doctrina nacida en el Norte global que se imponía en detrimento de los países del Sur y de los ciudadanos más desfavorecidos. Su mensaje me pareció inicialmente abstracto, incluso un poco conspiranoico, pero lo cierto es que describía el entramado invisible de la economía y las instituciones de una forma demasiado convincente como para ignorarla. Fue esa voz serena, indignada y firme, junto con la de otros pensadores críticos, la que me condujo hasta las puertas de su organización, que por aquel entonces formaba parte de lo que se conocía como altermundismo. El resultado fue que una ciudadana confundida y pasiva como yo acababa de despertar gracias a personas como esta mujer incansable que llevaba años buscando estrategias para fortalecer a una ciudadanía indefensa.

Esas voces antiglobalización (o, mejor dicho, contra los efectos indeseables de la globalización) llevaban tiempo advirtiendo sobre las graves desigualdades, los peligros ambientales y el riesgo de crisis debido a las prácticas codiciosas de un pequeño número de agentes económicos. Finalmente, sus alarmantes análisis quedarían demostrados en la burbuja financiera que estalló en 2006-2007 en Estados Unidos hasta sacudir al mundo entero. Susan George era una persona respetable que llevaba años denunciando las perversiones de ese sistema diseñado para el beneficio de unos pocos y que ahora estaba fracasando estrepitosamente. Curiosamente, en su libro más famoso, «El Informe Lugano», concibió un dossier ficticio que describía con una verosimilitud tan asombrosa las despiadadas estrategias del gran capital y sus instituciones que acabaría sirviendo al público como una guía reveladora sobre el funcionamiento de las élites globales. Personalmente, encontré muy útiles sus ideas orientadas a la acción, que se vieron reforzadas por las reflexiones de los mejores pensadores críticos del momento (Naomi Klein, Eric Toussaint, David Graeber, etc.). Ambos contribuirían decisivamente a dar peso a movimientos de influencia global como el 15M u Occupy Wall Street , movilizaciones que redefinieron el rumbo político de muchos países. Yo tenía más de cuarenta años por aquel entonces, pero con la ayuda de intelectuales audaces y solidarios como ella, comencé a comprender los mecanismos que sustentan el lucro, la destrucción del medio ambiente, el cálculo despiadado de las grandes corporaciones y la indefensión de los humildes.

En 2010 tuve la suerte de participar en la presentación de su libro «Su crisis, nuestras soluciones» en España. Recuerdo haber depositado con entusiasmo folletos y cuadernillos de Attac en la entrada del salón de actos del Colegio Julián Besteiro de Madrid. Aquella mujer de unos 76 años apareció acompañada de mi amigo Ricardo G. Zaldívar, quien compartiría mesa con la autora en la presentación. El recinto estaba a rebosar, como era de esperar para recibir a una intelectual de renombre, pero confieso que recuerdo poco de su discurso. Sé que presentó argumentos de su libro sobre la confluencia de varias crisis (ecológica, social, financiera) y la jerarquía necesaria para resolver sus causas, pero lo que más me impresionó fue la empatía y la energía que desplegó. Como activista competente, era consciente de que este tipo de reuniones no son tanto para explicar, sino para unir y motivar. Poco antes de finalizar el evento, recuerdo que empezó a animar alegremente al público con consignas «antisistema», como si estuviera en la calle; Luego, agradeció efusivamente a los intérpretes su desinteresada colaboración y finalizó diciendo que se sentiría satisfecho si su participación lograra motivar aunque fuera a una sola persona en aquella abarrotada sala a luchar activamente por el cambio social.

Hoy han pasado casi 20 años desde aquellos días de activismo que me atrajeron por antiglobalistas tan carismáticos como ella. Y aunque tengo la sensación de que la protesta social no atraviesa uno de sus mejores momentos, albergo la esperanza de que figuras tan competentes como Susan George continúen esa inspiradora misión de guiarnos en medio de la confusión. Es cierto que una categoría humana como la suya no suele ir acompañada de una capacidad intelectual tan poderosa, pero no dudo de que su obra y su ejemplo seguirán generando una influyente atracción que nos orientará hacia el Sur y nos acercará un poco más a un mundo mejor.

Que ahora descanse en paz quien tanto luchó por ella.

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Apoyar el tren, redimensionar el AVE

18 Marzo 2026 at 07:00
Por: Nuria

Apoyar el tren, redimensionar el AVEApoyar el tren, redimensionar el AVE

Fotografía: Tren entrando en la estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Europa Press

Artículo original publicado en publico.es por Juantxo López de Uralde

El debate parlamentario sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz ha adolecido, desde mi punto de vista, de la relevante discusión sobre las políticas de transporte, y en especial ferroviarias, en nuestro país. Esta cuestión no es menor, ya que las decisiones tomadas desde 1992 sobre el tipo de tren a priorizar, su coste y el destino de las inversiones tiene una relación directa con la situación que se debate. Los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP han priorizado sistémicamente la construcción de líneas de AVE, dejando al margen otras opciones ferroviarias. Hoy se ponen de manifiesto las debilidades de esta decisión. 

Conviene recordar, en primer lugar, que en España el 90% de los viajeros de tren utilizan el cercanías. Sin embargo, esta red ferroviaria solo recibió según datos de la AIReF, en el período 1990-2018 una inversión de 3.600 millones de euros, cifra que contrasta con los 55.888 millones de euros invertidos en Alta Velocidad en el mismo periodo, pese a que esta red solo acumuló 30 millones de viajeros en 2018, un 4,8% del total de pasajeros en ferrocarril.

En el estudio de la AIReF se afirma que «España cuenta con la segunda red de Alta Velocidad ferroviaria más extensa del mundo, con 3.086 km, por delante de la de cualquier otro país europeo y solo por detrás de la de China. Para desplegar esta red se han invertido más de 55.888 millones de euros, de los que 14.086 millones (un 25,2%) se han costeado con financiación europea. Otros 15.858 millones han pasado a ser deuda de ADIF Alta Velocidad, la entidad pública empresarial creada para financiar las inversiones y cuyos niveles de déficit y deuda no computan en las cuentas nacionales.»

El alto coste de la inversión en alta velocidad ha vaciado la capacidad inversora en cercanías, ha marginado el transporte de mercancías y el tren convencional de media distancia, y tampoco ha mejorado la vertebración territorial, ya que muchos territorios han quedado con muy poco o ninguna conexión ferroviaria.

A ello hay que sumar, y esto tiene mucha relación con el debate actual sobre las inversiones, que el mantenimiento de las líneas de alta velocidad tiene un coste muy alto en comparación con las líneas convencionales (el cálculo manejado es de 100.000 € por kilómetro y año, aunque ya esta cifra ha podido quedar obsoleta).

La cuestión que debe plantearse, nuevamente desde mi punto de vista, es si el modelo seguido hasta ahora debe perpetuarse. El vigente Plan de Infraestructuras planificó una red de Alta Velocidad de 8.740 km, por lo que quedarían por construir 5.654 km, lo que implicaría una inversión mínima de 73.000 millones de euros adicionales a los 55.888 ya invertidos. Es decir, cuando ni siquiera se ha llegado a completar el 50% de la red de alta velocidad programada,  ya las infraestructuras actuales muestran problemas evidentes.

Así las cosas, creo que la pregunta que debemos hacernos como país es si el actual modelo debe perpetuarse, o si es conveniente rectificar. Esta pregunta no interesa al binomio PP/ PSOE que han ido pasándose el testigo en sus sucesivos gobiernos de los planes de alta velocidad. Pero quizás haya llegado el momento de cuestionar si tiene sentido seguir adelante con estos planes o si conviene estudiarlos de nuevo a la luz de los déficits actuales.

La alternativa pasaría por la inversión en cercanías, el apoyo al transporte de mercancías por ferrocarril, y retomar la mejora de las líneas de media distancia para convertirlas en línea de velocidad alta. Al mismo tiempo replanteando cuales de las líneas programadas de alta velocidad son realmente necesarias, y deben seguir adelante.

Apoyar el ferrocarril es imprescindible ya que es el sistema de transporte mas ecológico y seguro. Pero el debate sobre el actual modelo basado casi exclusivamente en la alta velocidad no puede seguir evitándose.

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La ratonera ferroviaria española

14 Marzo 2026 at 07:00
Por: Nuria

La ratonera ferroviaria españolaLa ratonera ferroviaria española

Artículo original publicado en sinpermiso.info por Albino Prada

En un informe presentado ya en el año 2020 por la Airef se constataba: “el fuerte esfuerzo inversor realizado en los últimos 35 años Alta Velocidad en España, frente a una inversión insuficiente en Cercanías, pese al fuerte incremento de la demanda de este servicio que es, además, el más utilizado en España”. Al mismo tiempo1 se estimaba “completar nuevas líneas de Alta Velocidad exigiría inversiones muy altas. El vigente Plan de Infraestructuras planificó una red de Alta Velocidad de 8.740 km, por lo que quedarían por construir 5.654 km, lo que implicaría una inversión mínima de 73.000 millones de euros adicionales a los 55.888 ya invertidos”. Una red centrípeta (con epicentro en Madrid) y muy poco transversal que, además, cubre una demanda bastante privilegiada como veremos.

Ya con estas referencias estamos en presencia de los dos vectores que condicionan los graves problemas ferroviarios anotados en España en el comienzo de este año 2026. Por un lado los crecientes (e insuficientes) gastos en el mantenimiento de una red sobre dimensionada2 de alta velocidad -que aumentan los riesgos de graves accidentes- y por otro, y como su otra cara presupuestaria, el abandono del mantenimiento y la mejora de la red convencional (por estar Adif endeudada3 a causa del AVE) como atestiguan los reiterados colapsos en las cercanías.

Todo ello sucede con el agravante de que en un caso (que devora fondos) apenas la usan el 10 % de los pasajeros4 y en el otro -que usan el 90 % restante- el abandono, retrasos y cierres de servicios son la norma. La siguiente tabla resume los datos básicos según el informe que estoy citando.

Viajeros e inversiones en el ferrocarril en España

Fuente: elaboración propia con datos de Airef (2020: 11)

Además la red AVE se hará con una discutible opción de diseño, que condiciona la rentabilidad social de estas lineas en España, al haber descartado el modelo alemán o italiano: “en el caso de las redes italianas y alemanas es posible el uso mixto y es habitual que se utilicen por la noche para el transporte de mercancías” (Airef 2020: 102). Además de hacerse con una separación radical (anchos de vía) entre la red convencional de pasajeros y la red de AVE.

Una red no centrípeta

Fuente: Airef 2020: 159

Se entiende así que, con estas premisas, su volumen de actividad (pasajeros-km por kilómetro de vía) sea de unos 4.500 en España frente a unos 18.000 en Alemania (Airef 2020: 102). Sin ningún volumen en lo relativo a mercancías. Con estos volúmenes de actividad los resultados operativos de Adif AV (resultado de explotación) son ligeramente positivos (Airef 2020: 116), pero lo son siempre bajo la restricción de que no se considera la amortización de los fondos invertidos en la construcción de la infraestructura (que sí provoca una deuda creciente a Adif y pago de intereses), y solo considerando el mantenimiento de la infraestructura5.

Con un análisis de los rendimientos socioeconómicos respecto a los costes globales (no solo operativos) mediante un análisis ACB el balance era concluyente6: “El análisis coste beneficio de los cuatro corredores de alta velocidad concluye que los beneficios directos conjuntos en términos de ahorro de tiempo, disposición a pagar, tráfico generado, externalidades y costes evitados en los modos de los que se desvía tráfico, están lejos de compensar los costes fijos de construcción y los costes de operación.” (Airef 2020: 148).

De lo que se deduce que ningún km de AVE debió construirse en España. Salvo que el asunto se centre en que la “flor y nata” de las constructoras españolas se hayan forrado -y lo sigan haciendo- con este disparate nacional que nos hace campeones del mundo. Menos aún con el formato en que se hizo (exclusivo de pasajeros) y con un diseño obsesivamente centrípeto.

Si a este balance socioeconómico agregamos el efecto asociado del escaso esfuerzo inversor en ferrocarril convencional (que no deja de ser un coste de oportunidad para Adif y para la sociedad española en su conjunto), es sorprendente que aún así nos encontremos con que en esta red alternativa -que mueve 562 millones de pasajeros en cercanías y 36 millones en servicios convencionales- se superen los millones de pasajeros-km de la red de AVE (Airef 2020: 161). Todo ellos con un crecimiento sostenido a pesar del abandono de esta red y de su envejecido material móvil.

Estos datos aconsejan rehacer la primera tabla presentada en este análisis, confirmándose de nuevo la enorme discriminación que está suponiendo la gestión del ferrocarril en España: en favor de unos usos (ruinosos socialmente) y en detrimento de los otros (que serían virtuosos). Y aún para los primeros sin poder garantizar ni la recuperación de los costes de la inversión ni un mantenimiento a cada paso más costoso, mientras que para los segundos los resultados de explotación solo podrán cubrir algo menos de la mitad de los costes operativos7.

Viajeros e inversiones en el ferrocarril en España

Fuente: elaboración propia con datos de Airef (2020: 161)

Esta es la semilla de una tormenta ferroviaria perfecta que está detrás de los colapsos ferroviarios de comienzos del año 2026. Pues de los 12.000 millones de inversiones previstas en su día en cercanías solo se llevarían ejecutados algo menos de 1.000 millones (Airef 2020: 174). Unas asimetrías -y una tormenta perfecta- que difícilmente podrán evitar las inversiones previstas -ciertamente más equilibradas- para el período 2022-2026: por doce mil millones para AdifAV y otro tanto para Adif convenciona8 (aún suponiendo que se ejecutasen).

Fuente: elaboración propia con base de datos de la CNMC

Claro que los hechos son tozudos y a la vista de los últimos datos -del tercer trimestre de 2025- los pasajeros movidos por cada medio no cuadran para nada con esas cifras. Seguimos con un esfuerzo público que prima los usos más elitistas (y centrípetos) sobre los más sociales (y más descentralizados).

1     Se detalla además que “para desplegar esta red se han invertido más de 55.888 millones de euros, de los que 14.086 millones (un 25,2%) se han costeado con financiación europea. Otros 15.858 millones han pasado a ser deuda de ADIF Alta Velocidad, la entidad pública empresarial creada para financiar las inversiones y cuyos niveles de déficit y deuda no computan en las cuentas nacionales”. Citaremos este informe como Airef 2020
2    Duplicamos el tamaño de la red de Alemania, cuadriplicando su red por millón de habitantes (Airef 2020: 98-99); un sesgo que se agravará de construirse los cinco mil km previstos. En 2026 Adif gestiona 4.300 km de alta velocidad y 11.700 convencionales (Informe CNMC)
3    Adif AVE tendría una deuda acumulada en 2018 de 16.000 millones (Airef 2020: 111) que se estimaba que en 2024 ya alcanzaría los 23.000 millones. El endeudamiento neto alcanza el 36% de sus fuentes de financiación según la CNMC (Informe CNMC) para 2022-2026.
4    Con una presencia singular de turistas extranjeros en los meses de verano (40%).
5    El no considerar el coste de construcción supone, además, ignorar el coste de oportunidad del uso de estos recursos en la mejora de la red convencional. En suma: “los resultados operativos anuales de tres de los cuatro corredores de alta velocidad son positivos en la actualidad, pero -por su puesto- sin tener en cuenta los enormes costes de su construcción” (Airef 2020: 148).
6     Siempre a la altura del año 2018 pero con previsiones hasta 2057
7    El resto se cubre con subvenciones públicas (MITMA), Airef (2020: 179-180), que alcanzan en este caso el 46 % de sus fuentes de financiación (Informe CNMC) para 2022-2026
8     En concreto 5.300 millones para cercanías frente a 9.700 millones para nuevos desarrollos de alta velocidad. Ver punto 51 y página 25 aquí:Informe CNMC

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El decrecimiento económico no promete, propone

11 Marzo 2026 at 07:00
Por: Nuria

El capitalismo actual necesita de la escasez, haciendo de ella algo intrínsecoEl capitalismo actual necesita de la escasez, haciendo de ella algo intrínseco

Artículo original publicado en ethic.es por Fernando Valladares

«El decrecimiento económico es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando», afirma Fernando Valladares, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

A una sociedad habituada a considerar el crecimiento en todos los ámbitos y especialmente en el económico como una señal de éxito, se le puede atragantar una apremiante pieza de actualidad: en un planeta finito en el que la humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad, el decrecimiento en la producción y el consumo es de las pocas cosas de las que podemos estar seguros que van a ocurrir. Nos guste o no, tengamos las opiniones e informaciones que tengamos, el decrecimiento, especialmente en el Norte Global, es solo cuestión de tiempo. Nuestra inteligencia ahora se puede poner al servicio de mantener la ilusión del crecimiento perpetuo o bien al servicio de garantizar el bienestar humano en convivencia con otros seres vivos y en armonía con las leyes de la física y de la química.

En el artículo «La falsa promesa del decrecimiento», Manuel Alejandro Hidalgo defiende que el crecimiento económico es la herramienta más eficaz para el progreso humano, citando la manida reducción de la pobreza extrema del 35% al 8,5% en las últimas décadas. Sin embargo, su propuesta colisiona, ni más ni menos, con los límites planetarios, es decir, con las condiciones físicas, químicas y biológicas para que el ser humano tenga cabida en el planeta. Tanto Hidalgo como un gran número de economistas convencionales afirman que la solución al dilema del crecimiento perpetuo es el «desacoplamiento absoluto», donde la economía crece mientras el consumo de recursos, la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyen.

Aunque varios países desarrollados han logrado reducir un poco sus emisiones de CO2 mientras sus economías crecen, no lo hacen al ritmo suficiente para mantenerse dentro de los márgenes de seguridad climática. En la mayoría de países y regiones, y durante amplios periodos de tiempo, los crecimientos económicos se acompañan indefectiblemente de un incremento en impactos y emisiones. Algo que la eficiencia y la tecnología, que el crecimiento verde y la circularización de la economía (recordemos que la economía circular no existe) solo logran amortiguar en parte. De hecho, cada vez más científicos de ámbitos tan dispares como la física, las matemáticas, las ingenierías, la filosofía, la antropología, la economía y la sociología cuestionan la posibilidad real de desacoplar del crecimiento económico no solo las emisiones, sino también el uso de materiales, biomasa y agua, al ritmo necesario para no seguir adentrándonos en zona insegura habiendo rebasado ya la mayoría de los límites planetarios.

La humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad

Es habitual argumentar, como hace Hidalgo, que imponer el decrecimiento es una forma de imponer «colonialismo» y «austeridad ecológica», algo que negaría a los países en desarrollo el acceso a necesidades básicas como el agua potable, la salud y la educación. El error de este argumento radica en entender el decrecimiento como una propuesta que afectaría por igual a todos, cuando las teorías de decrecimiento proponen una reducción planificada para las economías ricas, de forma que se liberara espacio ecológico para el Sur Global. Plantear una distribución equitativa de los recursos parecería ignorar las dificultades de implementación de algo así, dificultades que chocan con los intereses del sector privado y que derivarían en grandes tensiones sociales. Pero, en realidad, al plantear esta equitatividad se pone en evidencia que la continuación del modelo de crecimiento económico actual en naciones opulentas acelera el agotamiento de recursos de los que dependen tanto los países más vulnerables, con lo que las tensiones irían en aumento, como los más ricos, con lo que se aceleraría el colapso de las actividades económicas más atractivas y rentables y del propio sistema capitalista convencional que las impulsa y de las que depende.

Es interesante constatar que el colapso del capitalismo no es una amenaza futura. Ni una leyenda propia de los antisistema. Es una realidad constatada ya, y con gran preocupación, por las principales entidades aseguradores: ante los impactos del cambio climático, el sistema actual de seguros se hace financieramente inviable. Sin el sector seguros, podemos olvidarnos de préstamos e inversiones, la base de nuestro modelo económico. Esta inviabilidad financiera real y presente ya en el mundo bajo el nuevo clima en el que vivimos, con la fractura fundamental del capitalismo que implica, la confesaron los consejeros delegados (CEO) de las compañías aseguradoras más grandes del mundo en una amplia entrevista del periódico The Guardian, publicada el 3 de abril de 2025. Esta entrevista se publicó tan solo dos meses después del escándalo de la cancelación de 90.000 pólizas de seguros del hogar poco antes de los catastróficos incendios de California en enero de 2025. Una cancelación que dejó sin nada a miles de familias y que planteó la necesidad de un debate nacional e internacional sobre la insolvencia del sistema de seguros ante el nuevo clima.

Mientras que ante la implacable realidad ambiental y geopolítica, el capitalismo avanza en lo que viene a llamarse «necroeconomía» (conjunto de prácticas económicas y políticas que generan rentabilidad a partir del dolor, la desgracia, la injusticia o la muerte, incluyendo la manipulación de datos económicos y la mentira política, y que se apoyan en herramientas como los cat bonds o bonos catástrofe), el decrecimiento plantea una alternativa luminosa, aunque difícil de implementar por las inercias y los conflictos de interés.

El capitalismo actual necesita de la escasez, haciendo de ella algo intrínseco

Inquieta a muchos que hacer hincapié en el decrecimiento institucionalizaría la escasez, alimentando movimientos populistas y regímenes autoritarios. Para la economía convencional, el crecimiento es la única forma de evitar el conflicto social al no tener que repartir la riqueza económica global. En primer lugar, esta riqueza global se apoya en la ficción del dinero como préstamo con interés y no basado en riqueza real. Algo que impulsa la degradación ambiental por sí mismo y que constantemente empuja ciclos de profunda inflación y crisis económica. En segundo lugar, esta riqueza está cada día más amenazada por la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. Por lo tanto, el conflicto que se busca evitar es inevitable, especialmente a medida que nos acercamos a un colapso de los sistemas naturales. De hecho, el conflicto, bajo el modelo extractivista actual, tiende a crecer y las perspectivas son aciagas. Basta con leer el informe anual del Foro Económico Mundial sobre las amenazas a la economía.

El riesgo en la gestión de la contracción económica ha sido muy estudiado y siempre se han desarrollado soluciones concretas para resolverlo coyuntural y no estructuralmente. Pero además de esta dificultad práctica para resolver esas contracciones «que acontecen», dentro del sistema económico imperante se ignoran o minimizan los riesgos de inestabilidad social y también económica derivados de unas crisis ambientales que son cada vez más extremas. El decrecimiento económico no solo no trae escasez, sino que es un modelo diseñado para reducirla. Por el contrario, el capitalismo actual necesita de la escasez haciendo de ella algo intrínseco. Los 12 millones de personas que mueren de hambre son necesarios para el funcionamiento de un sistema alimentario global basado en este modelo, no son una disfunción del mismo, como nos gustaría (y tranquilizaría) a todos creer. El decrecimiento económico promueve la abundancia radical, ya que abre la oportunidad para que abunden convenios, seguros y garantías que permitan consolidar los derechos humanos en cada vez más regiones del planeta. Mientras el capitalismo requiere de la incertidumbre, la desconfianza, la inseguridad, el individualismo, el unilateralismo, la competencia y el conflicto, el decrecimiento económico propone un marco para reducir todo esto en aras de la solidaridad, la confianza y la colaboración.

También inquieta mucho que el decrecimiento pueda desincentivar la innovación y la inversión en I+D al contraer los mercados. Esta inquietud se apoya en la idea de que la innovación solo puede prosperar en un entorno de expansión de mercado. Esta inquietud se desvanece cuando la innovación se reorienta y, en lugar de trabajar en la eficiencia para producir más (lo que a menudo lleva al efecto rebote o paradoja de Jevons), se enfoca en la suficiencia y la regeneración. Este enfoque fortalece la creación de empleo y permite crecer en numerosos ejes sociales que no tienen huella ecológica.

La propuesta de un crecimiento inteligente y sostenible suena bien, pero depende enteramente de la fe en la tecnología para resolver la contradicción entre un sistema económico infinito y un planeta con límites físicos finitos. Se trata de una contradicción que nadie termina de resolver sin recurrir a la promesa, aquí si que hablamos de promesa, de un desacoplamiento total. El artículo de Hidalgo se apoya en la visión tradicional de que el crecimiento es la única vía para el progreso, pero la literatura científica actual sugiere justo lo contrario.

El análisis histórico y la simulación matemática de distintos escenarios socioeconómicos revela que el capitalismo perpetúa la desigualdad imperial, juega «sucio» con la ciencia de las emisiones al confiar en tecnologías no probadas y subestima el deseo de la población de transitar hacia un sistema que priorice el bienestar de la sociedad sobre la riqueza de las élites, y la integridad del ecosistema sobre el PIB. Cuando se habla de falta de aceptación del modelo de decrecimiento económico no se tiene en cuenta la realidad que muestran las encuestas: aunque el nombre no despierta apoyo, cuando el decrecimiento se presenta como una propuesta completa (sin ceñirse a la etiqueta), el 72% de la población en países consumistas como Estados Unidos y el 82% en países europeos como el Reino Unido la apoyan. Existe la tendencia a equiparar el decrecimiento con una recesión prolongada o una crisis económica no planificada. Mientras que una recesión en el capitalismo es desastrosa y genera desempleo, el decrecimiento se propone como una transformación democrática y planificada para mejorar el bienestar reduciendo solo la producción no esencial.

El rechazo inicial a la palabra decrecimiento parece basarse en prejuicios y en impresiones superficiales, como la del miedo a perder el empleo o a que disminuyan los ingresos. Una vez que la población comprende los principios de bienestar y servicios públicos universales asociados al decrecimiento, así como la sostenibilidad a largo plazo del modelo frente a la inestabilidad creciente del capitalismo, el apoyo se mantiene alto, lo que sugiere que la propuesta decrecentista tiene potencial para ser adoptada democráticamente.

El decrecimiento económico no promete, propone. El aval histórico del economista y matemático Nicholas Georgescu-Roegen y el filósofo francés Serge Latouche, al que se han ido uniendo otros como los filósofos Kohei Saito y Jorge Riechmann, los economistas Joan Martínez Alier y José Manuel Naredo, el ingeniero Miguel Valencia y numerosos científicos de la talla de Jason Hickel, Giorgos Kallis, Tim Jackson, Peter A. Victor, Kate Raworth, Juliet Schor, Julia K. Steinberger, Diana Ürge-Vorsatz o el mismísimo Johan Rockstrom, principal impulsor del concepto y la cuantificación de los límites planetarios, hace que el decrecimiento económico, llamémoslo como lo llamemos, es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando.

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Carta abierta a la Presidenta de la Comisión Europea- Declaración a favor de la regulación

4 Marzo 2026 at 06:00
Por: Arturo

El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria1.

Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas

La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.

Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible. 

Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.

Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.

Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos

Normas para proteger la democracia, las personas y el planeta

  1. Revitalizar la democracia europea

El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política2; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.

Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones. 

La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.

En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática. 

  1. Las normas existen para proteger al público

Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar3. En lugar de más «leyes omnibus4» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial. 

Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA5) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas. 

  1. No a los cheques en blanco para las industrias contaminantes

Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación6). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».

  1. El nuevo espíritu de la elaboración de leyes debe basarse en la evidencia.

Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas7. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta8. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.

En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.

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4    Un Omnibus de la UE es un paquete legislativo que agrupa múltiples enmiendas, a menudo diversas, en un único documento exhaustivo diseñado para una única votación. Lanzado por la Comisión Europea, su objetivo es debilitar las leyes y reducir la responsabilidad de las empresas, en nombre del impulso de la «competitividad».
5    El ácido trifluoroacético (TFA) es una «sustancia química eterna» altamente móvil y persistente que pertenece al grupo PFAS y se utiliza ampliamente en aplicaciones industriales, agrícolas y farmacéuticas. Como subproducto de los gases fluorados y los pesticidas, se ha vuelto omnipresente en el medio ambiente, incluyendo el agua, el suelo y los alimentos, lo que suscita preocupación por su acumulación a largo plazo. Ver documento
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La reforma de la Directiva Marco del Agua rebaja la protección del agua en Europa y pone en riesgo la salud y el futuro

2 Marzo 2026 at 06:30
Por: Arturo

Manifiesto de entidades de la sociedad civil organizada del Estado Español respecto a la anunciada reforma de la Directiva Marco del Agua.

Attac, Integrada en la RAP, defiende el presente comunicado.

El pasado 10 de diciembre la Comisión Europea publicó la Comunicación “Simplificar para lograr una competitividad sostenible”1 (en adelante, la Comunicación), que engloba un amplio paquete de modificaciones en distintas directivas y otras regulaciones europeas para la protección ambiental. El pretexto que se declara para promover estas modificaciones es reducir la carga administrativa asociada a tales normativas para alcanzar los objetivos ambientales de forma más eficiente y menos costosa.


Sin embargo, junto a medidas que facilitan esta reducción de la carga burocrática sin afectar a los objetivos (como por ejemplo, unificar los formatos en los que se comparten los datos de naturaleza ambiental y espacial), se incluyen otras propuestas que suponen dar un paso atrás en la ambición y el alcance de la normativa. Entre ellas, se plantea reducir los requisitos de protección ambiental sobre ciertas actividades industriales o rebajar los mecanismos de control en las autorizaciones de nuevos proyectos.


Un ejemplo de los efectos perjudiciales de las modificaciones previstas sobre el agua y los ecosistemas acuáticos es que se pretende reducir o eliminar las obligaciones del Sistema de Gestión Ambiental de las instalaciones industriales en materia de inventario de sustancias químicas y análisis de riesgos. Otro ejemplo, es que se busca que en las instalaciones de ganadería intensiva y de acuicultura se eliminen de los informes a la Comisión Europea los impactos relativos al agua, la energía y los materiales. También se pretende suspender algunos requerimientos de la Responsabilidad Ampliada del Productor (por el que las empresas son responsables de los contenidos de los residuos que generan sus productos).


Resulta especialmente preocupante que la Comisión Europea haya previsto reformar la Directiva Marco del Agua (DMA) antes del verano de 2026, sin ajustarse a los procedimientos existentes en el propio marco legislativo europeo y obviando por completo la evaluación y el análisis detallado que se desarrolló en 2020 (Fitness-Check). La Comunicación deja claro que en el primer trimestre de 2026 intensificará el diálogo con algunos de los sectores implicados y con los Estados Miembros sobre los permisos ambientales, teniendo en cuenta los objetivos del denominado RESource EU Action Plan. Este Plan pretende reducir la dependencia europea de materiales críticos, para lo que se llevará a cabo una simplificación de las autorizaciones ambientales “incluidos los aspectos relacionados con el sector minero”. La Comunicación señala que “a más tardar en el segundo trimestre de 2026, la Comisión examinará y revisará la Directiva Marco del Agua” … “con el fin de promover la circularidad y el acceso a materias primas”.

¿Qué supone esta reforma de la DMA?

  • Permitirá acelerar y simplificar las autorizaciones ambientales, debilitando el Principio de No Deterioro, un requerimiento clave de la DMA. Básicamente existe una obligación para los Estados Miembros de mejorar y de evitar el deterioro de los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa. Relajar los estrictos requisitos que acompañan a esta obligación para los nuevos proyectos que puedan deteriorar el estado de las aguas dará lugar en muchos casos a un empeoramiento del estado de los ríos, acuíferos y ecosistemas acuáticos.
  • Facilitará la aprobación de nuevos proyectos mineros sin las suficientes garantías en cuanto a la evaluación ambiental de los impactos sobre la salud de las personas y de los ecosistemas acuáticos y en cuanto a la transparencia y la participación pública en las decisiones que afectan al interés público superior, como es el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. Esto incrementará los riesgos de contaminación y sus impactos sobre la salud humana. También tendrá consecuencias negativas sobre otras actividades económicas, como las del sector agrario e industrial que necesitan de estos recursos hídricos, así como sobre los ecosistemas y la biodiversidad.
  • Abrirá una puerta que facilitaría que también que otros proyectos y actividades, no sólo mineros, pudieran aprobarse de forma más rápida y simple, aun cuando exista un riesgo claro para la salud humana y para el deterioro de nuestros ríos, humedales y acuíferos.
    Además, la anunciada reforma exprés de la DMA se salta el procedimiento establecido en dicha Directiva para su revisión; no tiene en cuenta que la evaluación de la DMA (fitness check) ya concluyó que no era necesario revisarla y no viene acompañada del necesario análisis integral de los efectos que tendría (Impact Assessment, algo habitual en la reforma de cualquier directiva), entre otros problemas importantes.
    Ante esta situación, las organizaciones firmantes manifiestan que:
  • La aprobación de la DMA fue el resultado de un largo proceso de evaluación de la política de aguas en el conjunto de la Unión Europea que concluyó con el reconocimiento de que nuestra capacidad para atender las necesidades de agua, presentes y futuras, depende directamente del buen estado de las masas de agua y de la superación del enfoque fragmentario e ineficaz de la anterior política del agua.
  • Desde la sociedad civil organizada se ha defendido enérgicamente que aunque es necesario mejorar la actual aplicación de la DMA por parte de los Estados Miembros de la UE, esta directiva ha sido y sigue siendo un instrumento fundamental para proteger y mejorar el estado de nuestros ríos, acuíferos, humedales, deltas y estuarios en España y en toda Europa.
  • La DMA pone el foco de la política de aguas en los objetivos ambientales y en el principio básico de No Deterioro del agua, para compatibilizar su protección con actividades económicas que aporten prosperidad, empleo y calidad de vida a la ciudadanía. La DMA es la garantía para esta compatibilidad y para la propia seguridad a largo plazo de las actividades económicas y la calidad de vida, las cuales dependen de la buena salud de nuestras fuentes y ecosistemas del agua. Ninguna de las reformas que se quieren llevar a cabo suponen una mejora para la DMA y sí un claro retroceso.
  • Esta directiva incluye la aplicación de unos Programas de Medidas para alcanzar los objetivos previstos, los cuales se revisan en la evaluación periódica de los planes hidrológicos, con el fin de mejorar el conocimiento sobre las masas de agua, las medidas a adoptar y la transparencia y participación pública en la toma de decisiones en torno al agua.
  • La DMA define además el marco en el que se integran o desarrollan otras directivas relacionadas con el agua, como la directiva de prevención de los riesgos de inundación, la de aguas potables o la de aguas residuales, cuyos enfoques de gestión de riesgos dependen de la eficacia de la DMA a la hora de garantizar el buen estado de las masas de agua. El debilitamiento de la DMA por las modificaciones previstas dejaría sin sustento firme a estas otras directivas y normas derivadas, incrementando los riesgos, lo que impactará negativamente sobre la salud humana, sobre actividades económicas tales como las agrarias y sobre los ecosistemas.
    Por todo ello, un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil pedimos que la Comisión Europea renuncie a modificar la Directiva Marco del Agua y, en su lugar, se redoblen los esfuerzos de las instituciones europeas y de los Estados Miembros para mejorar y acelerar su aplicación, manteniendo su actual formato, dado que todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos planteados.

Para adherirse al manifiesto, puede hacerse en el presente enlace:

Organizaciones promotoras:
Aigua és Vida (AéV)
Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)
Amigas de la Tierra
Comisiones Obreras (CCOO)
Ecologistas en Acción
Enginyeria Sense Fronteres
FACUA
Federación de Consumidores y Usuarios (CECU)
Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)
Fundación Primero de Mayo
Greenpeace España
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)
Plataforma en Defensa de l’Ebre
Red Agua Pública (RAP)
WWF España

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Fondos extranjeros controlan la mitad de las firmas que aspiran a gestionar los alquileres de la nueva empresa pública de vivienda

28 Febrero 2026 at 08:00
Por: Nuria

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explica los planes de la Entidad Estatal Casa 47, en el Congreso.Eduardo Parra / Europa PressLa ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explica los planes de la Entidad Estatal Casa 47, en el Congreso.Eduardo Parra / Europa Press

Fotografía: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explica los planes de la Entidad Estatal Casa 47, en el Congreso.Eduardo Parra / Europa Press

Artículo original publicado en publico.es por Víctor López

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sacó un concurso en diciembre para seleccionar a las empresas o fundaciones que se van a encargar de gestionar el «arrendamiento de las viviendas asequibles» que sacará al mercado Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda, articulada sobre los cimientos del antiguo Sepes. La idea es que los precios estén topados y que los contratos tengan una duración de 75 años, para «sustentar el derecho a una vivienda digna como quinto pilar del Estado de Bienestar«. El primer listado de compañías interesadas recoge los nombres de una docena de inmobiliarias, la mitad de ellas controladas por fondos de inversión extranjeros. Vivienda, no obstante, recalca que de momento «solo se ha mirado la forma de las propuestas, no el fondo» e insiste en que al tratarse de un concurso, no pueden vetar a ninguna compañía.

¿Quién está detrás de las empresas que se han presentado al concurso? ¿Cuántas están controladas por fondos de inversión? ¿Y cuántas se dedican realmente a la gestión de vivienda asequible?

Alquiler Seguro, una aspirante con polémica

Alquiler Seguro fua la primera en hacer pública su participación en el concurso. La agencia tiene actualmente una cartera de 30.000 viviendas, tal y como ha revelado Público en esta serie de artículos de investigaciónEl Ministerio de Consumo multó recientemente a la empresa por vulnerar los derechos de los inquilinos e imponerles cláusulas abusivas en los contratos de alquiler. Sumar criticó que una inmobiliaria sancionada fuese admitida en el proceso, un hecho que genera «interrogantes muy serios sobre la coherencia, los criterios y la auténtica orientación social» de la iniciativa. EH Bildu también cuestionó la presencia en el concurso de Alquiler Seguro. El concepto de «vivienda asequible» y los valores de la empresa no parecen a priori compatibles.

Alquiler Seguro pertenece desde hace una década a la sociedad instrumental Explotación de Negocios y Actividades Comerciales SL (Enacom), propiedad de tres de los cinco socios fundadores. Aurica, un fondo de inversión con sede en Barcelona, posee el 49% de Enacom. El grupo integra desde una correduría de seguros hasta dos socimis y una comercializadora de luz y gas. La facturación rozó el año pasado los 34 millones de euros.

La única excluida: un ‘servicer’ vinculado a KKR  

El Ministerio de Vivienda publicó a finales de enero la relación de candidatas que siguen en el proceso de licitación, una licitación que se estructura en cuatro lotes con arreglo a distintas zonas geográficas. De las 12 empresas que enviaron alguna oferta, solo una ha sido excluida: Hipoges, el servicer a través del cual el fondo estadounidense KKR, con intereses económicos en los territorios palestinos ocupados por Israel, administraba hasta hace poco el 55% del mercado residencial de la Sareb. Hipoges cambió de dueño en noviembre de 2025. Lo compró el fondo británico Pollen Street Capital. Vivienda dejó al servicer fuera del proceso para gestionar las viviendas de Casa 47 por «no haber presentado correctamente» la documentación requerida. Las otras once firmas han pasado a la siguiente ronda y siguen pendientes de la licitación de los contratos.

El rastro de las empresas: EEUU, Londres y Luxemburgo  

Además de Alquiler Segurootras diez fundaciones o compañías han pasado el primer corte: cuatro de ellas concurren mediante uniones temporales (UTE). Es el caso de Serveo Servicios SAU y La Factoría Gestión y Consultoría SL. La primera cuelga directamente del Grupo Serveo SL y tiene sus raíces en Ferrovial, durante la etapa del actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. La situación actual es diferente. El gigante de las infraestructuras se deshizo de la marca en dos operaciones a lo largo de los cinco últimos años.

Portobello Capital, gestora de fondos de inversión, compró el 75% de las participaciones de Serveo en octubre de 2022. Y sumó el 25% restante en julio de 2024, figurando desde entonces como propietaria única del conglomerado y de todas sus filiales. La nueva matriz creó además un vehículo para recomprar la marca el año pasado, Portobello Serveo Continuation Vehicle SCA SICAV-RAIF. La sede social la tiene en Luxemburgo, país europeo con más fondos domiciliados y segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.

La Factoría Gestión y Consultoría, es decir, la empresa con la que Serveo participa en el concurso del Ministerio de Vivienda a través de una unión temporal, funciona como «consultora especializada en la externalización de servicios públicos» y tiene «más de 70.000 viviendas gestionadas» en España, según consta en su propia página web. Esta sociedad rellena por tanto la pata social para las licitaciones que contempla la cartera que regenta Isabel Rodríguez. Serveo Servicios nada tiene que ver con el sector de la vivienda, al menos, nada recoge en la descripción de su objeto social, donde habla de su especialización en la «recogida, eliminación, tratamiento» o «comercialización» de «residuos» de todo tipo.

El rastro de las empresas: EEUU, Londres y Luxemburgo  

Además de Alquiler Segurootras diez fundaciones o compañías han pasado el primer corte: cuatro de ellas concurren mediante uniones temporales (UTE). Es el caso de Serveo Servicios SAU y La Factoría Gestión y Consultoría SL. La primera cuelga directamente del Grupo Serveo SL y tiene sus raíces en Ferrovial, durante la etapa del actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. La situación actual es diferente. El gigante de las infraestructuras se deshizo de la marca en dos operaciones a lo largo de los cinco últimos años.

Portobello Capital, gestora de fondos de inversión, compró el 75% de las participaciones de Serveo en octubre de 2022. Y sumó el 25% restante en julio de 2024, figurando desde entonces como propietaria única del conglomerado y de todas sus filiales. La nueva matriz creó además un vehículo para recomprar la marca el año pasado, Portobello Serveo Continuation Vehicle SCA SICAV-RAIF. La sede social la tiene en Luxemburgo, país europeo con más fondos domiciliados y segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.

La Factoría Gestión y Consultoría, es decir, la empresa con la que Serveo participa en el concurso del Ministerio de Vivienda a través de una unión temporal, funciona como «consultora especializada en la externalización de servicios públicos» y tiene «más de 70.000 viviendas gestionadas» en España, según consta en su propia página web. Esta sociedad rellena por tanto la pata social para las licitaciones que contempla la cartera que regenta Isabel Rodríguez. Serveo Servicios nada tiene que ver con el sector de la vivienda, al menos, nada recoge en la descripción de su objeto social, donde habla de su especialización en la «recogida, eliminación, tratamiento» o «comercialización» de «residuos» de todo tipo.

El nombre de la penúltima firma vuelve a conducirnos al Reino Unido. Savills se presenta al concurso del Ministerio de Vivienda con una de sus filiales, Savills Consultores Real Estate SAUcontrolada, una vez más, por fondos extranjeros. La matriz tiene más de setecientas oficinas en todo el mundo y cotiza en Londres. Savills y otras consultoras se mostraron contrarias en su momento a la reforma que proponía el Gobierno para elevar la presión fiscal sobre las socimis que no destinaran una parte de sus carteras «a la promoción de vivienda en alquiler asequible».

Procuradores Gestimed cierra un listado en el que más de la mitad de las empresas -seis de once admitidas- están controladas por fondos de origen extranjero. La firma se dedica principalmente al asesoramiento y los servicios de representación legal, sin que conste experiencia previa en la gestión inmobiliaria. El plazo de inscripciones para el concurso finaliza todavía el 20 de febrero.

El Ministerio de Vivienda sostiene que la «concurrencia» de tantas empresas «demuestra que es un proyecto que suscita interés». 

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CARMEN ESBRÍ , EL NEGOCIO DE LA SALUD. Estafa Democrática y Extinción del Estado de Bienestar

8 Febrero 2026 at 19:57
Por: Arturo

Esta intervención se realizó el 22 de enero 2026 en el marco de la “ Jornada Avance de la Privatización en el Sistema Sanitario Público”, organizada por el Grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados. El avance de la privatización va a pasos agigantados sobre todo a partir de la pandemia por la Covid 19.

Los peligros que nos acechan son los derivados de una ideología de pensamiento único pernicioso para la Democracia que se refleja en: el modelo Neoliberal de libre mercado sin reglas, que entra a saco en la Mercantilización de los Servicios Públicos, convirtiendo Salud, Vida y Naturaleza en mercancías mientras convierte a toda la ciudadania en una clientela cautiva cuya metodología obedece la pura especulación.

Especulación invasora por ese modelo que nos ha convertido en victimas del capitalismo desbocado y salvaje que se incrementó a partir de la pérdida de contrapesos tras la caída del Muro de Berlín y de la URSS. Un capitalismo embrutecido por el permanente juego a la ruleta rusa con sus juegos financieros viciosos al margen de la economía productiva real.

Los lobbys o grupos de presión son puros agentes invasores de las instituciones que se camuflan de espesas telas de araña globales. Herramientas que utilizan las grandes corporaciones transnacionales que acaban sometiendo a Estados bajo fórmulas coercitivas por incumplimientos. Teniendo a su vez como jefes ejecutivos para la dirección estratégica y operativa de dichos Estados a gobiernos colaboracionista sin voluntad y a políticos sin liderazgo arrastrados por la gran manada sin ética que los arrastra.

El negocio de la Salud es una estafa democrática y no un fraude, el fraude se comete sin consentimiento de la victima, en cambio en la estafa la victima lo permite a cambio de promesas que sólo son cebos que no la van a solucionar. Sólo un Sistema sanitario Público, cuyo único objetivo es la Salud y sin reglas de Mercado, será capaz de garantizar un derecho obligado.

Lo exigen normativas internas e internacionales. No quieren entender que democracia es un sistema socialista, que se levanta sobre la “Res- Pública”, lo demás es una estafa bien adornada a costa de los trabajadores y sus impuestos. Sin embargo esos gobiernos incapaces que son meros gestores no han cumplido con trabajar por ella con plena dedicación.

Con esa farsa del plan neoliberal además estamos a punto de que se extinga el Estado de Bienestar que llegó para satisfacer a toda la sociedad, siendo más necesario hoy ante las en enormes bolsas de pobreza frente al enriquecimiento progresivo de muy pocos se han adueñado del país

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