Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, publicado originalmente para alai.

Nadie pone en duda la relevancia económica, política y ecosocial de la minería metálica, convertida en uno de los principales fenómenos de disputa global.

Cada automóvil eléctrico precisa de 8 kilogramos de litio, 35 de níquel, 20 de manganeso y 14 de cobalto. Las baterías de almacenamiento de energía –claves para el desarrollo de la economía verde en su conjunto– necesitan también los cuatro metales antes citados, además de grafito, vanadio, cobre y aluminio.

Por su parte, los circuitos integrados y semiconductores, engranaje indispensable para el impulso de la digitalización –inteligencia artificial, centros de datos, redes 5G y 6G, cables interoceánicos, etc. –, verían limitada su expansión sin el silicio y otros minerales. A su vez, la amplísima gama de dispositivos electrónicos alimentados por chips, como por ejemplo los teléfonos inteligentes, requieren oro, aluminio, litio, cobre, zinc, níquel, plata, tierras raras, etc.

Por último, la industria militar utiliza ingentes cantidades de niobio, magnesio, titanio, renio, molibdeno, tungsteno y uranio para la producción de armamento, negocio al alza tras la escalada promovida por la OTAN desde su Cumbre de Madrid en 2022. Tal es así que el horizonte estipulado para 2035 aspira a situar la inversión en defensa y seguridad en el 5% del PIB.

En resumen: energía, economía verde, digitalización y complejo industrial-militar, buques insignia junto a las finanzas del capitalismo verde oliva y digital hoy en boga –agenda oficial que apunta a la resolución de la crisis sistémica vigente mediante alianzas público-privadas e inversiones masivas en dichos sectores económicos–, dependen de manera estrecha y directa de una serie de minerales fundamentales y/o críticos.

Específicamente las tierras raras –por sus altas propiedades magnéticas, ópticas, luminiscentes y electroquímicas–, ciertos minerales transversales o multiusos (cobre, aluminio, manganeso), así como los principales metales concentrados para baterías (litio, níquel, cobalto y grafito).

De manera complementaria, el resurgir del oro y la plata como depósito de valor –en un contexto de crisis, incertidumbre y vulnerabilidad monetario-financiera– refuerza la dinámica de expansión planetaria de la frontera extractiva vinculada a la minería metálica.

¿Cuál es la escala real de esta ofensiva? ¿Qué rol juega la minería metálica en el caos geopolítico actual? ¿A qué procesos vinculados a ésta debemos prestar especial atención?

Un análisis económico y geopolítico: entre las expectativas corporativas y el caos global

En los últimos años se han disparado las expectativas de crecimiento de la demanda global de metales. Múltiples informes publicados por diferentes estamentos oficiales y académicos concuerdan en señalar tanto su aumento exponencial como la creciente disputa por el acceso a estos recursos finitos.

El Banco Mundial apuntaba en 2020 la cifra de 3,000 millones de toneladas de minerales necesarias únicamente para el despegue de la energía eólica, solar y geotérmica, así como para su almacenamiento. La Agencia Internacional de la Energía, por su parte, sostenía en 2021 que la demanda de materiales para las tecnologías limpias debería cuadriplicarse entre 2020 y 2024.

Estas expectativas, no obstante, se derivaban de un hipotético horizonte de crecimiento sostenido y generalizado, premisa fallida y contraria a una realidad económica marcada por la tríada estancamiento económico-sobrecapacidad productiva-financiarización.

En resumidas cuentas, la tarta del crecimiento mundial se ha estancado en su expansión –aún en términos relativos y de manera asimétrica–, siendo un magro 2.4% la media esperada para la presente década; los ingentes capitales en liza compiten denodadamente por asegurarse un trozo de esa tarta menguante, alimentando guerras de precios que concluyen en un “juego de suma cero”, donde muchos pierden por falta de rentabilidad y muy pocos ganan; por último, la naturaleza financiarizada de la matriz económica actual –la deuda global alcanzó los 315 billones en 2025, el 333% del PIB mundial– abona horizontes de posibles estallidos financieros y bancarios como los de 2008 y 2023 –no se descarta a medio plazo la explosión de la burbuja de la IA–, retrayendo dinámicas de inversión en la economía real.

En consecuencia, la demanda de metales está en expansión, pero lejos de las desorbitadas expectativas anunciadas. La inversión verde se elevó hasta los 2.2 billones en 2025, la verde oliva los 2,7 billones, mientras la inversión esperada en IA parece catapultarse hasta los 2,6 billones. Cifras más que notables, sin duda, pero incapaces hasta el momento de revertir el estancamiento general ni de superar la sobrecapacidad –por ejemplo, China acapara sólo 1/3 de la inversión verde–, por lo que la necesidad de suministros se torna significativa, pero no tan exponencial como pareciera.

Por tanto, la frontera extractiva vinculada a la minería metálica sigue ampliándose –el volumen del sector ya se duplicó entre 2017 y 2022–, fruto tanto de la demanda verde oliva y digital como de su consideración como depósito prioritario de valor, pero en un contexto de crisis, problemas de rentabilidad corporativa e incertidumbre.

Un contexto económico que, en todo caso, no desactiva sino que intensifica un marco geopolítico definido por el caos y la violencia, y en la que la disputa minera juega un rol clave.

En este sentido, el orden internacional consolidado tras la segunda guerra mundial está siendo desmantelado por su propio impulsor –Estados Unidos–, al constatar que China se ha convertido de facto en el nuevo hegemón económico, liderando rubros estratégicos –automóvil eléctrico, bombas de calor, paneles solares, energía eólica, redes 5G y 6G– y, como después analizaremos, la estratégica extracción y transformación de metales. El multilateralismo y las reglas generales saltan en consecuencia por los aires, y se imponen las dinámicas de guerra económica y militar como vía para solucionar conflictos y garantizar las propias dinámicas de acumulación frente a la hegemonía china.

Esta guerra se sustancia, más allá de la creación de zonas de seguridad e influencia para cada bloque regional, en la disputa en torno a tres ámbitos clave para el control de las principales cadenas globales de valor: los sectores punta verde oliva y digitales aún en competencia, específicamente la inteligencia artificial generativa y los semiconductores; las rutas comerciales, de manera especial Oriente Medio como pivote de Eurasia, así como Groenlandia dentro de la hipotética ruta a través del Ártico; y, por supuesto, los suministros como base de la pirámide de acumulación, dentro de los cuales destaca la energía fósil y, de manera  creciente, la minería metálica.

Figura 1: Puntos calientes de la geopolítica de la energía y los materiales

Y la principal seña de identidad del sector minero-metálico es el evidente liderazgo de China tanto en la extracción como sobre todo en la transformación, a partir de planes, negocios y acuerdos estratégicos impulsados desde hace décadas.

En la actualidad, China extrae el 70% de las tierras raras –controlando el 90% de su refino y procesamiento–, produce el 56% del litio, gestiona el 50% de la transformación del cobalto –garantizando su acceso mediante acuerdos con República Democrática del Congo–, maneja el 60% del grafito, genera el 10% del cobre y refina el 50% del níquel, por poner sólo algunos de los ejemplos más significativos.

Esta posición de poder le permite no sólo alimentar sus cadenas globales de valor, sino también responder a las dinámicas de guerra económica lanzadas por Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, la guerra arancelaria lanzada en 2025 por Trump, que pretendía incrementar los aranceles a productos chinos hasta un 145%, fue revertida y anulada por las restricciones chinas a la exportación de tierras raras para las corporaciones de defensa y automoción norteamericanas.

Estas estrategias de guerra económica, no obstante, se siguen impulsando dentro de una amplia batería de agresivas medidas impulsadas por un Occidente vulnerable y dependiente de suministros externos: ampliación de la frontera minera en sus propios territorios, bajo la premisa de garantizar la “autosuficiencia estratégica”; desarrollo de normativas proteccionistas y de exclusión de facto de suministros chinos; firma febril de tratados de comercio y acuerdos de materiales críticos y/o estratégicos, así como de proyectos internacionales de inversión como el Global Gateway europeo, o el proyecto Bóveda de Estados Unidos para el control de las tierras raras; impulso de estrategias imperiales, como la recuperación explícita de la Doctrina Monroe para América Latina por parte de Estados Unidos, en un intento por apropiarse de sus bienes naturales; y, por supuesto, agresiones militares directas como vía de expropiación y despojo sobre los mismos, tanto por su vertiente fósil como minera.

En conclusión, la minería metálica, aún lejos de las cebadas expectativas de crecimiento de su demanda, consolida su tendencia expansiva, y se convierte en uno de los principales ejes de la disputa económica y geopolítica en ciernes, acrecentando el caos vigente.

Principales alertas en torno al fenómeno minero-metálico

Concluimos el artículo alertando sobre tres de los procesos más significativos y peligrosos derivados de este fenómeno global.

Destacamos en primer lugar la proliferación de megaproyectos mineros, tanto en los países periféricos como centrales, impulsados por empresas transnacionales y protegidos por sus alianzas institucionales. La minería supone una tipología de megaproyectos especialmente nociva –máxime en el marco de impunidad corporativa que impera en muchos territorios–, generadora de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica. El marco para el crecimiento exponencial de la conflictividad social, por tanto, está servido, en un contexto no sólo de desregulación sino de destrucción de derechos.

En segundo término, asistimos con preocupación al fortalecimiento de un contexto geopolítico de imperialismo, colonialismo, dependencia y reprimarización, al que la disputa minera contribuye notablemente. Por un lado, corporaciones y estados centrales utilizan todos sus dispositivos económicos, diplomáticos y militares para apropiarse de los recursos que necesitan sus cadenas de valor, sin rubor alguno. Por el otro, gobiernos y élites de países periféricos se abonan crecientemente al extractivismo como vía de inserción internacional. El sector metálico, en consecuencia, contribuye a la consolidación de agendas violentas y de desestructuración política y social.

Por último, es especialmente grave el vínculo directo y creciente entre la minería metálica y el avance del régimen de guerra. Como ya hemos señalado previamente, son sobre todo las inversiones digitales y armamentísticas las que definen el horizonte económico y geopolítico actual, especialmente en la conexión entre inteligencia artificial y el complejo militar y securitario.

Si la guerra económica no ha dado para Occidente los resultados esperados, es la guerra pura y dura donde Estados Unidos y sus aliados sitúan ahora el desesperado intento tanto por fomentar la acumulación de capital de sus corporaciones, como la herramienta principal para sostener su posición internacional, a partir de su aparente primacía tecnológica en el vínculo entre belicismo e IA. Las nuevas herramientas militares utilizadas en Gaza, Venezuela e Irán evidencian esta apuesta estratégica, fortaleciendo la lógica de bloque público-privado entre estados y grandes tecnológicas como Palantir.

Esta agenda bélico-digital en ascenso, centrada en el desmantelamiento del Estado social, el control social masivo y del desarrollo armamentístico de última generación sería imposible sin la minería metálica, por lo ya expuesto en la introducción.

Por tanto, el extractivismo minero supone hoy un fenómeno global de primer orden, modelador del caos geopolítico vigente y del régimen de guerra en expansión. Es fundamental acelerar la movilización popular contra su avance, la regulación democrática de su uso, así como el impulso de una agenda minera propia por parte de pueblos y movimientos sociales en pos de una transición ecosocial justa.

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Attac Madrid recomienda:

Acto celebrado en Madrid el 10 de junio de 2026, sobre la gestión de la Educación en Madrid, con debate entre los partidos Más Madrid, PSOE, IU-Madrid y Podemos, que responden a las preguntas formuladas por tres personas cualificadas en las etapas de Infantil, Reglada y Universitaria, organizado por la Plataforma por la Remunicipalización y gestión directa de los Servicios Públicos de Madrid (municipalizacionmadrid@gmail.com).

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Juanjo Ramón, portavoz de la PAH. Publicado originalmente para El Salto.

En apenas cuatro meses, PP, Vox y Junts han tumbado la moratoria antidesahucios, rechazado la prórroga de alquileres para tres millones de hogares y dado trámite a una ley que facilita los desalojos exprés.

Cada cuatro minutos, en algún lugar de España, alguien pierde su hogar. No por negligencia del Estado, no por accidente del mercado: por decisiones políticas concretas y rastreables. En los últimos cuatro meses, el bloque parlamentario formado por el PP, Vox y Junts ha eliminado las principales protecciones que quedaban en pie para los inquilinos más vulnerables. Mientras tanto, los precios del alquiler baten récords, el parque público de vivienda sigue siendo uno de los más raquíticos de Europa y el Relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda ha tenido que pedir por escrito al Estado español que no abandone a decenas de miles de familias. Este es el relato de cómo hemos llegado hasta aquí. 

Hay números que resisten cualquier marco político. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó en marzo de 2026 los datos definitivos de lanzamientos judiciales del año 2025. En horario judicial hábil, sin contar fines de semana, agosto ni festivos, los juzgados ejecutaron un lanzamiento cada cuatro minutos. 24.540 desahucios desgranados así:

• 18.317 por impago de alquiler, el 74,6% del total. Una familia es expulsada de su arrendamiento cada 28 minutos.
• 4.356 por ejecuciones hipotecarias. El 17,7% del total. Familias que no pudieron mantener la hipoteca.
• El CGPJ no desglosa públicamente las 1.877 causas restantes.

Un año más continúan cayendo los juicios por ocupación sin título caen un 20,2%, con datos desmontando el bulo sobre la “okupación” y el relato de que este es el problema y no parte de las consecuencias del problema real, tratar la vivienda como un bien de mercado y no un derecho como decía Abalos.

Estos datos se publicaron mientras la moratoria antidesahucios seguía, parcialmente, en vigor. La moratoria —vigente desde abril de 2020 como respuesta de emergencia a la pandemia, y prorrogada año tras año— había logrado, según el Observatori DESCA, suspender o paralizar hasta el 24% de todos los procedimientos de desahucio abiertos en España entre 2020 y 2024, protegiendo a cerca de 60.000 hogares en ese periodo. Como hemos declarado en diversas ocasiones desde La PAH, “detrás de cada desahucio no hay cifras, hay vidas suspendidas. Familias que viven en una incertidumbre permanente, sin poder proyectar un futuro, sin saber si podrán seguir en su casa el mes siguiente».

En perspectiva histórica, entre 2008 y 2019 se produjeron 684.000 lanzamientos judiciales en España, afectando a más de 1,7 millones de personas. La moratoria fue el único instrumento que, desde 2020, evitó que ese ciclo volviera a repetirse a la misma velocidad. En febrero de 2026, el Congreso decidió eliminarlo.

La cronología del desmontaje: cuatro meses, tres golpes

La retirada de protecciones no ha sido un accidente legislativo ni un efecto colateral. Ha sido una secuencia deliberada de votaciones del mismo bloque parlamentario, el formado por PP, Vox, Junts y UPN, que ha tenido consecuencias directas e inmediatas sobre decenas de miles de familias.

• 27 enero 2026. Decreto ómnibus rechazado. PP, Vox y Junts tumban el decreto que incluía, junto a la revalorización de pensiones, la moratoria antidesahucios. El Gobierno se ve forzado a tramitar las medidas por separado.
• 26 febrero 2026. Moratoria antidesahucios eliminada. El mismo bloque rechaza la moratoria también presentada por separado. Desde ese día, 70.000 procedimientos de desahucio suspendidos quedan reactivados. Las organizaciones advierten de un “tsunami de desahucios”. El Relator de la ONU había pedido formalmente, días antes, que no se eliminara la medida.
• 21 abril 2026. Proposición de ley del PP admitida a trámite. Con el apoyo de Vox, Junts y UPN. Incluye: desahucios exprés para bancos y fondos, rebaja del umbral de vulnerabilidad de 1.800 a 900 euros mensuales y derogación de los topes de alquiler de la Ley de Vivienda de 2023.
• 22 abril 2026. Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno. 7.000 millones de euros en cinco años, con medidas dirigidas a jóvenes. Se aprueba con cuatro meses de retraso el mismo día que el PP lleva su propuesta al Congreso.
• 29 abril 2026. Decreto de prórroga de alquileres tumbado. PP, Vox, Junts y UPN rechazan el RDL 8/2026 por 177 votos. La norma protegía con una prórroga de dos años y un límite del 2% de subida a los contratos de alquiler que venzan hasta diciembre de 2027. Afectaba a tres millones de personas en un millón de hogares. Más de 33.500 prórrogas ya solicitadas quedan en un limbo legal.
• 24 mayo 2026 en adelante. Más de 40 manifestaciones por todo el Estado llamando a una huelga general de vivienda y a la desobediencia frente a lo que se denomina la dictadura del rentismo.

Las organizaciones de la coalición #NiUnDesahucioMás, que agrupa a más de cien entidades sociales, jurídicas y vecinales de todo el Estado, fuimos contundentes tras el voto del 26 de febrero: “No estamos ante un debate técnico o coyuntural. Estamos ante una decisión política con consecuencias sociales directas y previsibles”. La PAH lo concretamos así: “Cada desahucio que se produzca a partir de ahora no será una consecuencia inevitable del mercado, sino el resultado directo de decisiones políticas concretas”.

PP, Vox y Junts fundamentaron su rechazo en argumentos distintos pero convergentes. El PP sostuvo que la moratoria “genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler”. Junts, por su parte, adujo la invasión de competencias catalanas. Vox rechazó el decreto por considerar que beneficiaba a quienes no cumplen sus obligaciones contractuales. Ninguno de los tres grupos ofreció una alternativa de protección para las familias afectadas.

¿Qué propone la ley del PP? Menos protección, más velocidad para el desalojo

Más allá de lo que ya ha ocurrido, el escenario que se abre con la proposición de ley del Partido Popular es de mayor calado. La propuesta lleva tres cambios estructurales que, de aprobarse, reconfigurarían de forma duradera las reglas del mercado del alquiler.

El primero y más simbólico: permitir a bancos y fondos de inversión acceder a los mismos juicios rápidos de desahucio que hoy solo están disponibles para pequeños propietarios. Es decir, las mismas entidades que acumularon miles de viviendas durante la crisis hipotecaria de 2008 tendrían vía libre para expulsar inquilinos de forma acelerada. El diputado del PP Ricardo Chamorro defendió explícitamente los “desahucios exprés” en el Pleno.

Con un desalojo cada cuatro minutos, el 49,8% de la ciudadanía ya señala la vivienda como su principal problema y las calles están respondiendo ante la falta del Gobierno

El segundo: rebajar el umbral de ingresos que determina la vulnerabilidad económica de una familia de 1.800 a 900 euros mensuales. En la práctica, esto sacaría a miles de hogares del paraguas de protección: una familia con ingresos de 1.200 euros que hoy puede acceder a la suspensión del desahucio ya no podría hacerlo. La medida afecta especialmente a hogares con dos o más miembros en los que los ingresos combinados rondan el salario mínimo.

El tercero: derogar los artículos de la Ley de Vivienda de 2023 que permiten declarar zonas de mercado tensionado y establecer índices de contención de precios. Cataluña, que aplicó estas medidas, registra hoy un crecimiento del alquiler del 1,5% interanual, frente al 9,1% de media nacional. La propuesta del PP eliminaría ese mecanismo.

La admisión a trámite de esta barbaridad no implica aprobación inmediata. La proposición deberá atravesar enmiendas, debate en comisión y votación final. Con la actual fragmentación parlamentaria, su aprobación definitiva es incierta. Sin embargo, la tramitación en sí ya genera un efecto de señalización política sobre el mercado y sobre las comunidades autónomas que estudian aplicar las zonas tensionadas. 

El plan y la contradicción del Gobierno

Con cuatro meses de retraso sobre el calendario previsto, un día después de que el PP presentara esta proposición de ley en el Congreso, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo presentó como un paso hacia la consolidación de la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar.

Las medidas principales se dirigen a jóvenes menores de 35 años: ayudas de hasta 28.800 euros para alquiler con opción a compra de vivienda de protección oficial, subvenciones de hasta 10.800 euros para primera vivienda en municipios rurales de menos de 10.000 habitantes, y mejoras del bono alquiler joven, con hasta 300 euros mensuales para vivienda completa.

Amnistía Internacional valoró el plan con reservas. Entre sus críticas: el plan establece como criterio de acceso la nacionalidad o la residencia legal, excluyendo a personas en situación administrativa irregular; no incluye garantías de que las comunidades autónomas no vendan el parque de vivienda social ya existente; y las ayudas directas al alquiler, sin control paralelo de precios, corren el riesgo de ser absorbidas por el mercado, beneficiando a los propietarios más que a los inquilinos.

En resumen, un plan sin ampliación masiva de vivienda pública y sin medidas estructurales de contención de precios no resuelve el problema, solo lo aplaza, al tiempo que la contradicción es palmaria: el mismo día, que el Gobierno aprueba 7.000 millones para construir vivienda asequible, el Congreso da trámite a una propuesta para facilitar que los fondos de inversión desahucien más rápido.

Un mercado que alimenta el colapso

Las decisiones parlamentarias no ocurren en el vacío, ocurren sobre un mercado ya al límite. El barómetro de mayo del CIS registra que el 49,8% de la ciudadanía española señala la vivienda como su principal problema: el registro más alto de la historia del organismo, por encima de la crisis económica, la inmigración y la sanidad juntas.

Los datos del Observatorio del Alquiler publicados en mayo confirman la magnitud de la tensión: cada vivienda disponible recibe de media 141 solicitudes en apenas diez días, un 25,9% más que el año anterior. En Barcelona, la cifra alcanza 453 personas compitiendo por cada inmueble. El Observatorio prevé que en 2026 habrá 14.391 viviendas menos en el mercado de alquiler que el año anterior, una caída del 2,1%.

El precio medio del alquiler en España según Fotocasa cerró el primer trimestre de 2026 en 14,78 euros por metro cuadrado al mes, con un incremento interanual del 9,1%. Madrid supera los 21 euros por metro cuadrado; Baleares, los 19. En una comunidad con el salario mediano, alquilar un piso de 80 metros cuadrados en estas ciudades consume más del 60% de los ingresos de una persona joven.

El Banco de España ha documentado que la oferta de viviendas asequibles ha caído un 42% en tres años. El déficit acumulado de viviendas en España roza las 983.000 unidades, y al ritmo actual de construcción, 143.350 viviendas por año, tardaríamos seis décadas en cerrarlo. España tiene uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa occidental: menos del 2% del total, frente al 24% de los Países Bajos o el 9% de Francia.

Con todo esto y como ya es habitual, desde el Congreso se sigue ignorando la voz de la ONU. El 12 de febrero, a menos de dos semanas de la votación que eliminaría la moratoria antidesahucios, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, Balakrishnan Rajagopal, publicó una declaración oficial instando al Estado español a mantener la moratoria. Su advertencia fue explícita: permitir su decaimiento “podría tener consecuencias dramáticas para decenas de miles de las personas más vulnerables de la sociedad, que podrían quedarse sin hogar”.

La declaración de Rajagopal recordaba que el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución española (artículo 47), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por España en 1977 y en la Carta Social Europea. Expulsar de sus hogares a familias vulnerables sin alternativa habitacional no es solo una política social cuestionable: es, en el lenguaje del derecho internacional, una violación de derechos fundamentales.

El Congreso votó en contra dos semanas después.

La respuesta desde abajo: las calles y los movimientos

El 24 de mayo, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid convocadas por el Sindicato de Inquilinas, la PAH y otras organizaciones del movimiento por la vivienda, resumiendo la situación con precisión: el mercado funciona como una “máquina de empobrecimiento y expulsión”. Las demandas incluían recuperar los contratos de alquiler indefinidos, una bajada estructural de los precios y medidas de emergencia para quienes se enfrentan a desahucios inmediatos.

La protesta del 24 de mayo no es un fenómeno aislado. El movimiento por la vivienda lleva más de un año creciendo en tamaño y composición. Por primera vez en mucho tiempo, las marchas no están formadas solo por activistas o personas directamente afectadas: participan trabajadores con empleo estable, familias de clase media y profesionales que hasta hace pocos años consideraban la crisis habitacional un problema ajeno. El encarecimiento ha llegado a capas de la sociedad que hasta ahora habían permanecido al margen y de ahi que desde los SIndicatos de Vivienda y los laborales se esté trabajando hacía un vaga general con la vivienda y el trabajo digno como eje principal.

Aviso a navegantes

Los datos apuntan a un agravamiento, con la moratoria caída y los 70.000 procedimientos suspendidos reactivados, la cifra de desahucios en 2026 podría superar los 30.000 lanzamientos: el nivel más alto desde los peores años de la crisis hipotecaria. Para quienes solicitaron la prórroga de alquiler durante el breve período de vigencia del decreto (22 de marzo al 28 de abril), la situación legal sigue siendo incierta: los juristas no se ponen de acuerdo sobre si esas prórrogas son válidas o no tras la derogación, aunque la tendencia más clara de los propietarios es rechazarla.El 49,8% de menciones en el barómetro del CIS no es solo una estadística, es la medida de un país que ya no aguanta más mientras quien lo dirige a eliminado los desahucios y los perfiles más vulnerables de su agenda y la oposición aspira a Gobernar a golpe de eliminación de Derechos fundamentales. Así, que termino recordando un viejo lema de lo más actual ‘’no te quedes en casa que puedes perderla’’. Eso si tienes la suerte de tenerla y no formas parte de la generación sin opciones a ello.

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Por Juan Laborda. Publicado originalmente en El Salto.

Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo ocurrido en el Congreso de los Diputados el martes 28 de abril no fue un mero accidente parlamentario. Fue una definición política en toda regla. El Pleno derogó el Real Decreto-ley 8/2026 por 177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones, tumbando una prórroga extraordinaria para contratos de alquiler que vencieran antes de 2028. La propia información oficial del Congreso recuerda que la finalidad del decreto era evitar que la carga media del alquiler, sumados gastos y suministros básicos, rebasara el 30% de los ingresos medios de los hogares. Que Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya votaran contra eso significa, lisa y llanamente, colocarse del lado de la renta inmobiliaria frente al derecho social a una vivienda digna. En otros momentos de la historia serían echados a gorrazos. Ahora vivimos tiempos de maleza, de “vivan las cadenas”, y demás distopías inimaginables.

Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social

Y aquí conviene llamar a las cosas por su nombre. La Constitución no consagra un “derecho a especular”; consagra, en su Artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y además ordena a los poderes públicos regular el suelo “para impedir la especulación”. Es verdad que el Artículo 47 no tiene la misma aplicación inmediata que los derechos fundamentales clásicos, pero eso no lo convierte en adorno retórico: es un mandato constitucional inequívoco. Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social, en la que la propiedad rentista pesa más que la vida material de la mayoría.

Dicho esto, también sería un error convertir el decreto rechazado en una solución milagrosa. Era una medida defensiva y coyuntural, no una transformación estructural. Servía para amortiguar un golpe, no para desactivar la máquina que lo produce. Precisamente por eso la crítica debería ser doble: contra quienes tumbaron una protección mínima y contra quienes siguen respondiendo a una crisis sistémica con parches de emergencia.

La vivienda y los alimentos convertidos en activos

El problema de fondo no es solo el alquiler en España. El problema es que dos esferas que deberían permanecer fuera del casino —la vivienda y la alimentación— han sido progresivamente absorbidas por la lógica de la rentabilidad financiera. No es un desvío accidental; es una orientación política acumulada durante décadas. En Estados Unidos, la gran ola desreguladora fue también bipartidista: la administración de Bill Clinton impulsó la Gramm-Leach-Bliley Act de 1999, que favoreció la integración financiera, y Clinton firmó además la Commodity Futures Modernization Act de 2000, que rehízo el marco regulatorio de derivados y favoreció la expansión de los mercados “over the counter (OTC)”. En Europa, la Tercera Vía Laborista asumió amplias dosis de liberalismo de mercado como horizonte de modernización. La financiarización no fue solo obra de la derecha clásica; también fue administrada, legitimada y normalizada por buena parte de la socialdemocracia atlántica.

En vivienda, la literatura es ya abrumadora. Manuel B. Aalbers explicó hace tiempo que la financiarización convierte no solo la casa, sino también al propietario y al deudor, en objetos de extracción financiera. Más recientemente, trabajos de Aalbers y Cody Hochstenbach describen un “desacoplamiento” entre precios de la vivienda y deuda hipotecaria: tras la crisis global, los precios pueden dispararse incluso cuando el peso relativo de la deuda hipotecaria ya no crece al mismo ritmo, porque el motor pasa a ser cada vez más la riqueza, el capital institucional y la inversión patrimonial. Para el caso español, Javier Gil García y Miguel A. Martínez López sostienen que varias reformas estatales reactivaron la financiarización de la vivienda a partir de 2013, y Jordi G. Guzmán habla ya sin rodeos de un verdadero “complejo vivienda-finanzas” en la España posterior a 2008.

Lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo

En materias primas alimentarias, el cambio ha sido igualmente profundo. Tang y Xiong mostraron que, con la entrada masiva de inversión indexada desde los primeros dos mil, los futuros de materias primas en Estados Unidos se volvieron crecientemente correlacionados entre sí, especialmente los incluidos en grandes índices. El BCE constató que las correlaciones entre rendimientos de materias primas y rendimientos financieros aumentaron desde comienzos de siglo. Adams y Glück concluyen que la mayor comovilidad entre commodities y bolsa no puede explicarse solo por ventas forzadas durante la crisis de 2007-2009; y Ding y coautores hallan que la financiarización elevó la volatilidad y estrechó la relación dinámica entre materias primas y mercado bursátil. En Román Paladín: lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo.

Sobre la cuestión de si las series han pasado de estacionarias a no estacionarias conviene introducir un matiz serio. La literatura no es unánime. Hay trabajos que encuentran tendencias estocásticas comunes, alta volatilidad y una estructura de dependencia mucho más “financiera” en los precios de commodities; incluso se ha descrito que, en el régimen posterior a la financiarización, las variables presentan tendencias estocásticas de alta volatilidad. Pero también existen análisis que, una vez se modelizan bien las rupturas estructurales y la no linealidad, encuentran estacionariedad tendencial en muchas commodities, con la notable excepción del petróleo en varios ejercicios.

El Decreto protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero

El punto políticamente importante no es convertir un debate econométrico complejo en eslogan, sino entender su significado material: si una serie es estacionaria, los shocks acaban disipándose alrededor de una tendencia; si domina una dinámica integrada o con fuertes tendencias estocásticas, los shocks dejan cicatrices más persistentes, hacen más difícil distinguir fundamento y especulación y facilitan episodios de overshooting, burbujas y spikes de precios. Además, organismos como la UNCTAD subrayan que la actividad especulativa en mercados alimentarios financiarizados aumenta de forma muy marcada durante las crisis.

Por qué el decreto era insuficiente

Precisamente por eso el Decreto era insuficiente incluso antes de ser derribado. Protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero y el parque residencial en soporte de extracción rentista. España sigue llegando tarde al núcleo del problema: el parque de vivienda social apenas ha pasado del 2,5% al 3,4% del total nacional, todavía lejísimos del 8% europeo que el propio Ministerio de Vivienda toma como referencia de convergencia. No hablamos de una desviación marginal: hablamos de un diseño histórico que ha preferido subvencionar acceso privado, endeudamiento y valorización patrimonial antes que construir una infraestructura pública de alojamiento realmente anticíclica.

Tampoco basta con repetir que “falta oferta” si después se deja la solución en manos de un sector privado fragmentado, con poca escala industrial y sometido a ciclos de suelo, financiación y rentabilidad. El Banco de España estimó primero un déficit en torno a 600.000 viviendas hasta 2025 y, en su actualización posterior, situó el desajuste acumulado entre nuevas viviendas y creación de hogares en 400.000-450.000 entre 2022 y 2024, concentrado sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Al mismo tiempo, el INE proyecta 3,69 millones de hogares más entre 2024 y 2039, y la población residente ya se situó en 49,69 millones a 1 de abril de 2026. Es decir: el país no solo arrastra déficit; además gana población y hogares a una velocidad que vuelve grotesco cualquier enfoque de pura administración del síntoma.

Incluso el nuevo PERTE de industrialización de la vivienda, siendo una señal valiosa en la dirección correcta, revela los límites del momento político. La inversión pública prevista es de 1.300 millones en diez años con el objetivo de consolidar un ritmo de unas 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a 20.000 anuales en una década. Eso puede ayudar a mover el modelo productivo, pero no alcanza ni de lejos la escala del desequilibrio actual. Y parte, además, de una posición muy débil: distintos informes sectoriales sitúan la cuota de la construcción industrializada residencial en España en torno al 1%-2% de las viviendas terminadas. El decreto rechazado, por tanto, era insuficiente no porque regular el alquiler sea inútil, sino porque regular solo el alquiler sin transformar la estructura de producción de vivienda equivale a achicar agua sin cerrar la vía de entrada.

Construir a la escala del problema

La comparación con China debe leerse como una lección de escala industrial. El plan quinquenal chino para 2021-2025 fijó que los edificios prefabricados superaran el 30% de la nueva construcción, dentro de una estrategia explícita de industrialización, digitalización y robotización del sector. La literatura reciente sobre construcción fuera de la obra en China muestra además el enorme despliegue normativo, territorial y productivo con el que el Estado ha empujado esa transición, aunque también señala barreras y cuellos de botella. La diferencia con España es brutal: allí la cuestión se trata como política industrial de país; aquí todavía se aborda demasiadas veces como nicho tecnológico o como promesa voluntarista.

Por eso hace falta una construcción masiva de vivienda asequible financiada públicamente o avalada por una banca pública de desarrollo con mandato claro. Y aquí tampoco conviene inventar nada exótico. Europa está llena de precedentes. KfW es uno de los mayores bancos públicos de inversión y desarrollo del mundo: financia vivienda, industria e infraestructuras actuando por cuenta del Estado alemán y de los Länder. En Francia, Bpifrance funciona como el gran brazo financiero público para impulsar el crecimiento empresarial y la inversión estratégica. España cuenta con ICO, una entidad de titularidad estatal con un papel relevante, pero históricamente orientada sobre todo a captar financiación en los mercados y canalizar crédito a través de bancos colaboradores. Ese modelo puede ser útil para determinadas políticas, pero resulta insuficiente para liderar una gran estrategia de reindustrialización residencial basada en vivienda asequible, financiación estable y plazos largos.

Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado, la política de vivienda siempre llegará tarde

Además, la necesidad de una banca pública fuerte se vuelve más clara cuanto más concentrado está el sistema privado. Según el Banco de España, el peso de los cinco mayores bancos españoles ha pasado de alrededor del 40% en 2007 a cerca del 70% en 2023, y el supervisor situaba a España entre los países europeos con mayor concentración bancaria entre las grandes economías. Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado cuyo criterio básico es la rentabilidad ajustada al riesgo, la política de vivienda siempre llegará tarde y a menor escala de la necesaria.

La prueba de fuego para Pedro Sánchez

Si Pedro Sánchez quiere revalidar el poder en las próximas elecciones generales, no le bastará con administrar mejor que la derecha una crisis heredada. Tiene que ofrecer una ruptura legible con un modelo agotado. No hablo de retórica; hablo de asumir políticamente que el neoliberalismo ha dejado de ser una solución y se ha convertido en parte esencial del problema. El adversario no es solo electoral. Es una constelación de intereses inmobiliarios, financieros y regulatorios que ha colonizado la conversación pública con una idea tóxica: que vivienda, crédito y alimentos deben ordenarse ante todo por precio de mercado, aunque eso destroce vidas. Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo primero es blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos

Eso exige varias decisiones a la vez. Primera: blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos. Segunda: construir una palanca financiera pública con músculo para industrialización, promoción asequible y rehabilitación a gran escala. Tercera: disputar el terreno intelectual a la ortodoxia de la escasez autoprovocada.

En la eurozona, la independencia del Banco Central Europeo está blindada por el artículo 130 del TFUE y por el propio diseño institucional del banco. Democratizar esa arquitectura no debería significar politizar cada decisión de tipos de interés, sino someter objetivos, coordinación fiscal-monetaria y rendición de cuentas a un control democrático mucho más fuerte del actual. Y, si se quiere estudiar la Teoría Monetaria Moderna, hay que hacerlo con seriedad: varias contribuciones europeas recuerdan que los Estados del euro no gozan de soberanía monetaria plena, de modo que cualquier traslación mecánica de la MMT exigiría reformar, no solo reinterpretar, la gobernanza monetaria europea.

El sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política

Dicho de otra manera: el sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política. El momento exige un giro rooseveltiano: expulsar a los lobbies del centro del Estado, reordenar las prioridades del crédito, tratar la vivienda como infraestructura social y devolver a la política la capacidad de mandar sobre las finanzas cuando estas invaden lo que nunca debieron dominar. Si no se hace, vendrán otros a capitalizar el malestar con una mezcla de xenofobia, autoritarismo cultural y obediencia económica a los mismos intereses de siempre.

Corolario

Mi tesis final, en suma, es esta: el liberalismo está agotado, muerto, finiquitado. Su promesa de prosperidad general ha desembocado en una economía donde los bienes básicos se convierten en activos, la desigualdad se normaliza y la política se limita a gestionar el daño. La OCDE lleva años documentando un aumento sostenido de la desigualdad de ingresos en la mayoría de economías avanzadas. Si a eso añadimos la mercantilización de la vivienda, la precarización de los alimentos y la subordinación del Estado a la lógica rentista, el resultado no es libertad: es inseguridad material de masas.

La defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica

Y el balance ecológico es igual de demoledor. La OMS considera el cambio climático una amenaza fundamental para la salud; el IPCC sostiene que ya ha afectado negativamente a la salud física y mental en todas las regiones evaluadas; y el PNUMA advierte de que, sin recortes mucho más rápidos de emisiones, el objetivo de 1,5 °C se escapará en pocos años. Cuando un modelo económico necesita depredar suelo, energía, hogares y alimentos para seguir generando rentas, no solo fabrica desigualdad: también fabrica vulnerabilidad climática y enfermedad. Por eso la defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica.

El verdadero debate, entonces, no es si había que prorrogar dos años unos alquileres. Claro que había que hacerlo. El verdadero debate es si vamos a seguir tolerando que comer y habitar dependan de la rentabilidad de fondos, bancos y mercados de derivados. Ahí está la línea divisoria de nuestro tiempo. Y quien no la vea, quien siga creyendo que todo se arregla dejando “hacer al mercado”, no está defendiendo la modernidad: está protegiendo un orden viejo, desigual y cada vez más autoritario en sus salidas políticas.

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Imagen: Fotograma de la película La Gran Apuesta (Adam Mckay 2015)

El Tribunal Supremo se alinea con los bancos y estima que el sobrecoste de las hipotecas, más de 25.000 euros de media que han pagado casi un millón de clientes, no es abusivo

Juan Torres López Publicado originalmente en CTXT

El magistrado emérito y presidente de honor de esta revista, José Antonio Martín Pallín, está mostrando en sus intervenciones y libros que en España se viene produciendo un golpe de Estado judicial. Sus argumentos me parecen de gran solidez y comparto esa opinión. Todavía más, viendo cómo se instruye y acusa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o a la esposa del presidente del Gobierno, por no hablar de lo sucedido con el anterior fiscal general. En este artículo, sin embargo, no me propongo incidir en esa idea, sino mostrar que el Tribunal Supremo español tiene una querencia especial que le lleva a favorecer de forma desproporcionada a los poderosos en general y a los bancos en particular.

Utilizaré como prueba de ello un caso que ha tenido un enorme coste para millones de españoles, el de las reclamaciones por la utilización por las entidades bancarias del denominado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

El IRPH

El IRPH es un índice oficial calculado por el Banco de España como media de los tipos de los préstamos hipotecarios que dan las entidades bancarias. A diferencia de otro quizá más conocido, el Euríbor (tipo de interés medio al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario), el IRPH incorpora en su cálculo los diferenciales (el tipo fijo que los bancos pueden sumar al interés de referencia) y las comisiones que los bancos cobran. Por tanto, es más caro para el consumidor. 

Por esta última razón, el Banco de España advirtió en 1994 de que, para igualar ambos índices, cuando se aplicara el IRPH se debería añadir un diferencial negativo al precio real del mercado.

El problema

Esa cantidad de dinero supuso una merma muy notable de gasto en consumo que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios

Si ese diferencial no se incluye, el consumidor al que un banco aplica el IRPH terminará pagando bastante más al final de la hipoteca que si se le aplica cualquier otro. Y el problema se produjo cuando, en miles de casos, los bancos no sólo no lo aplicaron, sino que ni siquiera informaron con un mínimo detalle a sus clientes del sobrecoste en el que incurrían.

El daño total producido es difícil de calcular, pero hay estimaciones que dan buena medida de su magnitud y gravedad. Las del beneficio extraordinario que obtuvieron los bancos españoles al aplicar el IRPH en lugar de otros índices más bajos varían entre los 25.000 millones de euros entre 2004 y 2009 de la asociación de consumidores Asufin, los 37.000 millones de euros calculados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los 44.000 millones de Goldman Sachs. El sobrecoste pagado en promedio por cada consumidor se situó entre 25.000 y 28.000 de euros, y el número de personas afectadas se estima entre 500.000 y un millón.

Es importante señalar que el sobreprecio que los bancos impusieron a sus clientes no provocó solamente un daño o coste económico particular a las personas afectadas. Esa cantidad de dinero tan grande que dejó de estar en sus bolsillos para irse a la cuenta de beneficios de los bancos supuso una merma muy notable de gasto en consumo o de ahorro familiar que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, disminuyó también los ingresos de miles de empresas productivas. Un efecto muy negativo para la economía que se produjo, además, en años particularmente complicados por vivirse bajo el impacto de una gran crisis económica.

Las reclamaciones

Cuando los pagos mensuales de la hipoteca comenzaron a darse, miles de personas comprobaban que pagaban más dinero que otras personas que las tenían de la misma cuantía. Enseguida descubrieron que los bancos les habían aplicado un tipo de interés basado en un índice más elevado sin haberles informado de ello. Comenzaron a interponerse entonces cientos de reclamaciones y demandas judiciales.

Sobre la mesa se pusieron dos cuestiones esenciales. La primera, si los bancos habían actuado con buena fe profesional, si cumplieron con un elemental deber de transparencia y, como he dicho, si informaron a sus clientes de que el índice aplicado terminaría por hacerles pagar una cantidad más elevada. La segunda, si la posible falta de información había supuesto un abuso real, es decir un sobrecoste sustancial y no poco significativo.

Las disputas llegaron finalmente al Tribunal Supremo y al de Justicia de la Unión Europea y el resultado ha sido muy claro: proteger a la banca, recurriendo para ello a construcciones jurídicas que poco tienen que ver con la idea material de justicia, en el sentido más elemental y auténtico de este término.

La trampa del Tribunal Supremo 

Para comprender lo que ha hecho el Supremo, no basta con decir que falló a favor de los bancos. Hay que saber explicar cómo lo hizo, porque la sofisticación del mecanismo es precisamente lo que lo hace tan eficaz y difícil de combatir.

El Tribunal construyó a lo largo de varios años un mecanismo de protección a los bancos basado en tres elementos fundamentales.

El primero, separar transparencia de abuso para vaciar de contenido a ambas. El Supremo estableció en 2017 que el IRPH era un índice oficial y que su mera oficialidad implicaba transparencia. Cuando en 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obligó a corregir esa posición, el Supremo lo aceptó formalmente. Pero rápidamente neutralizó su efecto estableciendo que la transparencia quedaba cumplida sólo con que el contrato mencionara el índice e hiciera referencia a la Circular del Banco de España, sin necesidad de explicar al cliente qué dice ni qué implica. 

El segundo elemento fue hacer que el desequilibrio entre las partes fuese prácticamente indemostrable. Para ello, el Supremo estableció que, aunque se acreditara falta de transparencia, la cláusula seguía siendo válida salvo que se demostrara que había una desproporción “muy evidente” entre el tipo efectivo y el de mercado en el momento de la firma. Y para ello descartó expresamente la comparación entre el IRPH y el euríbor (el único dato que la mayoría de los afectados puede acreditar con facilidad), exigiendo en cambio una prueba pericial que es de enorme complejidad y de alto coste, sobre todo para los consumidores.

Para demostrar que hubiera habido abuso, el perito del consumidor afectado tendría que reconstruir el coste medio real de todas las hipotecas firmadas en España en el mes exacto de la firma, para lo cual se necesita combinar fuentes del Banco de España, estadísticas del INE y datos de tipos medios de mercado, y justificar en cada caso la elección metodológica realizada. Pero el banco, por su parte, contratará a su propio economista con criterios diferentes, igualmente defendibles. Y el Supremo se reserva el derecho a rechazar cualquier metodología sin haber fijado de antemano qué fuentes son válidas, ni cuántos puntos de diferencia constituyen una desproporción suficiente. 

El tercer elemento fue aún más ingenioso y taimado. Para determinar el daño real, el Supremo no pidió comparar el IRPH con el euríbor ni tomar en consideración el sobrecoste total de la hipoteca. Estableció que el IRPH se debía comparar con un índice sintético representativo del coste medio del crédito general en el mercado, y no sólo con otros índices hipotecarios. Al incorporar referencias más amplias, el resultado es un índice inevitablemente más elevado, lo que facilita concluir que el daño ocasionado por la aplicación del IRPH es reducido. 

Como añadido, el Supremo exigió que cada afectado probase individualmente qué entendió a la hora de contratar, qué información recibió y cómo se produjo la comercialización concreta de su hipoteca, lo cual hizo prácticamente inviable la litigación colectiva, que es la que favorece la resolución de este tipo de abusos a favor de los consumidores.

El resultado del mecanismo completo es evidente y previsible: si la transparencia se supera con casi cualquier mención formal al índice, y si el abuso sólo se declara ante una desproporción que hay que demostrar con una pericial que el Supremo puede rechazar sin argumentos objetivos, y comparando el IRPH con índices de tarjetas de crédito, la nulidad del IRPH se convierte en prácticamente imposible.

Europa corrigió en falso

Muchas personas afectadas por el IRPH pusieron sus esperanzas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque la Directiva europea 13 de 1993 estableció con claridad que una cláusula no negociada individualmente puede ser declarada nula si causa un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, y que el consumidor debe poder comprender sus consecuencias económicas reales. Una directiva que tiene primacía sobre el derecho nacional.

Con ese fundamento, el TJUE sentenció en 2020 que el IRPH no es intocable por el hecho de ser un índice oficial; que los bancos debían haber facilitado información suficiente; y que, si no lo hicieron, el juez puede declarar la nulidad. Y en 2024 reafirmó que la publicación oficial no bastaba para cumplir la exigencia de transparencia y que la comparación debe hacerse con el conjunto del mercado hipotecario, no solo con el euríbor.

Sin embargo, el tribunal europeo no declaró abusivo el IRPH, no dijo que las cláusulas fueran nulas por definición y no estableció una consecuencia automática. Manteniendo formalmente una posición diferente a la del Supremo, lo que hizo en realidad fue establecer principios abstractos y devolver la pelota a los tribunales españoles.

Y lo más revelador llegó en febrero de 2026. Una sentencia de 12 de febrero vino a respaldar explícitamente la posición del Supremo: la transparencia no exige al banco explicar la metodología del índice, siendo suficiente informar de la variabilidad y sus consecuencias económicas. Seis años después de su primera corrección al Supremo, el tribunal europeo se puso de acuerdo con él. 

No es justicia, es política. Son privilegios

A la hora de juzgar el comportamiento de los bancos, muchos jueces dictaron sentencias sensatas y equilibradas. El Tribunal Supremo, por el contrario, recurrió a argumentos sibilinos para imposibilitar, en la práctica, que los abusos de los bancos pudieran revelarse. Recurriendo a argumentos claramente torticeros ha permitido que estos últimos hayan producido un daño multimillonario a millones de españoles, a miles de empresas y al conjunto de la economía. 

En la crisis de 2008 se quiso convencer a la gente de que los bancos que se habían hundido a base de estafar a sus clientes mediante todo tipo de irregularidades y engaños eran “demasiado grandes para dejarlos caer”. En el caso del IRPH, el Tribunal Supremo español nos ha demostrado que, además, son suficientemente poderosos como para que no se pueda (o no se quiera) quitarles sus privilegios. No ha hecho justicia, ha dado otros nuevos al más fuerte. 

Y eso quizá explique también por qué se dan golpes de Estado contra unos políticos y no contra otros.

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Una herramienta imprescindible de seguimiento de las políticas europeas de desregulación y una alerta sobre las posibles consecuencias sociales y ambientales de  la agenda de competitividad de la UE, donde se prioriza la competitividad empresarial sobre la regulación pública, bajo el pretexto de simplificación de trámites administrativos.

Arturo Martínez. Comunicación Attac España.

EL Observatorio Europeo de las Empresas (CEO por sus siglas en inglés) es un grupo de investigación y activismo que trabaja para sacar a la luz y cuestionar el acceso privilegiado y la influencia de que gozan las empresas y sus grupos de presión en la elaboración de las políticas de la Unión Europea (UE)

El observatorio nos advierte de las consecuencias sociales y ambientales que la vigente priorización de la competitividad empresarial sobre la regulación pública de la UE nos traerá si no revertimos la situación. Y para ello lleva a cabo el proyecto “Deregulation Watch” (Observatorio de la Desregulación) del que, desde Attac, ya os hemos dado cuenta y recomendado anteriormente. Deregulation watch analiza y documenta la agenda de desregulación promovida por la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen.

La Unión Europea está entrando en una nueva fase política en la que el objetivo de aumentar la “competitividad” empresarial se traduce en una reducción o flexibilización de normas sociales, ambientales, digitales y de protección de derechos.

Esta orientación política está fuertemente influida por las grandes patronales y grupos de presión empresariales, que consideran que muchas regulaciones europeas representan costes excesivos para las empresas. La consecuencia puede ser un debilitamiento progresivo de estándares construidos durante décadas en ámbitos como la protección ambiental, los derechos laborales, la privacidad digital, la transparencia corporativa y la salud pública.

La herramienta “Deregulation Watch”, que desde Attac España recomendamos, nos sirve de seguimiento  a las organizaciones sociales, sindicatos, activistas y ciudadanas interesadas en comprender cómo avanza este proceso de desregulación y qué sectores económicos son sus principales beneficiarios.

Contexto político y económico

El CEO sitúa el origen de esta ofensiva desreguladora en la preocupación de las instituciones europeas por la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. Diversos actores económicos y políticos sostienen que Europa tiene un exceso de regulación que ralentiza la innovación, las inversiones y el crecimiento económico.

En este contexto, la Comisión Europea ha empezado a presentar propuestas de “simplificación normativa”, justificadas oficialmente como medidas para reducir burocracia y facilitar la actividad empresarial. Bajo este término de “simplificación” lo que se oculta es una estrategia más amplia de desmantelamiento regulatorio.

Las políticas europeas estén priorizando los intereses de grandes empresas industriales, tecnológicas, químicas y financieras frente a objetivos como la transición ecológica, la protección de consumidores o los derechos laborales.

Principales mecanismos de desregulación identificados

1. Paquetes “ómnibus” legislativos

Uno de los instrumentos más relevantes son las llamadas leyes “ómnibus”. Estas iniciativas agrupan múltiples modificaciones regulatorias en un solo paquete legislativo. El mecanismo dificulta el debate democrático y facilita la eliminación simultánea de distintas obligaciones regulatorias. Entre las áreas afectadas se encuentran:

• Requisitos de sostenibilidad empresarial.
• Normas medioambientales.
• Obligaciones de transparencia corporativa.
• Controles sobre cadenas de suministro.
• Protección de consumidores.

Este procedimiento favorece procesos rápidos y opacos, con poca supervisión pública.

2. Reducción de obligaciones de información empresarial

Otro aspecto central es la reducción de obligaciones de reporte y transparencia para las empresas.

La Comisión Europea ha planteado disminuir significativamente las exigencias de información relacionadas con sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa (RSC). El argumento oficial es que las pequeñas y medianas empresas soportan cargas administrativas excesivas.

Sin embargo, estas medidas pueden limitar la capacidad de controlar impactos ambientales, violaciones de derechos humanos y prácticas empresariales abusivas. Al tiempo que las empresas disponen de mayores márgenes para practicar “greenwashing”. Si no hay posibilidad de verificarlo ¿Qué va a evitar que se presenten como sostenibles sin serlo?

3. Obstáculos para nuevas regulaciones

El observatorio denuncia la creación de nuevos mecanismos institucionales que dificultan aprobar futuras regulaciones.

Entre ellos destaca el uso creciente de evaluaciones de impacto económico centradas casi exclusivamente en costes empresariales. Dejando en segundo plano beneficios sociales y ambientales.

Además, critica que determinadas propuestas exijan revisiones constantes de la legislación ya existente bajo criterios de competitividad, generando presión permanente para reducir normas protectoras.

4. Limitación de regulaciones nacionales

Otro elemento relevante es el intento de reforzar el mercado único europeo limitando la capacidad regulatoria de los Estados miembros. La Comisión Europea está impulsando controles más estrictos sobre las normativas nacionales que pueden afectar al funcionamiento del mercado interior. Esto puede dificultar que algunos países adopten estándares ambientales o sociales más ambiciosos que los mínimos europeos.

Se trata de una centralización normativa favorable a las grandes corporaciones multinacionales, interesadas en operar bajo reglas homogéneas y menos exigentes.

Sectores especialmente afectados

Sector ambiental y climático

Las políticas ambientales son uno de los principales objetivos de la agenda desreguladora.

Las industrias químicas, energéticas y automovilísticas aparecen frecuentemente como actores influyentes en las campañas de presión contra regulaciones ecológicas. El Observatorio advierte de posibles retrasos o debilitamientos en:

• Objetivos climáticos.
• Normas sobre sustancias tóxicas.
• Regulaciones de emisiones industriales.
• Requisitos de transición energética.
• Legislación sobre economía circular.

La narrativa de la competitividad se utiliza para justificar excepciones regulatorias y ayudas públicas a sectores altamente contaminantes.

Sector digital y tecnológico

Grandes empresas tecnológicas están ejerciendo una intensa presión para suavizar normas relacionadas con:

• Protección de datos.
• Inteligencia artificial.
• Transparencia algorítmica.
• Competencia digital.
• Moderación de contenidos.

Algunas propuestas de “simplificación digital” pueden reducir garantías fundamentales de privacidad y derechos de usuarios.

Por otro lado es alarmante la falta de transparencia en determinadas negociaciones entre instituciones europeas y grandes plataformas tecnológicas.

Derechos laborales y sociales

Entre las preocupaciones señaladas destacan:

• Debilitamiento de normas de seguridad laboral.
• Flexibilización de obligaciones empresariales.
• Menor protección para trabajadores de plataformas digitales.
• Reducción de estándares sociales en nombre de la competitividad.

Algunos sectores empresariales presentan las protecciones sociales como obstáculos económicos, favoreciendo un enfoque donde la reducción de costes laborales se convierte en prioridad política sobre otros derechos sociales.

Crítica al papel de los lobbies empresariales

Uno de los ejes centrales del análisis del Observatorio de la Desregulación es la influencia de los grupos de presión corporativos en la toma de decisiones europeas. Muchas de las propuestas actuales reproducen demandas históricas de grandes asociaciones empresariales europeas. Y representantes de la industria mantienen un acceso privilegiado a comisarios europeos y altos funcionarios.

El Observatorio denuncia especialmente:

• La desproporción entre acceso empresarial y acceso de organizaciones civiles.
• La opacidad de algunas reuniones y procesos consultivos.
• La incorporación casi literal de demandas empresariales en propuestas regulatorias.
• El uso del discurso de la competitividad para legitimar retrocesos normativos.

Estamos ante una forma de “captura corporativa” pavorosa de las instituciones europeas.

Riesgos identificados por el observatorio

El Corporate Europe Observatory considera que la actual ola desreguladora puede tener consecuencias profundas a medio y largo plazo. Y entre los riesgos principales menciona:

1. Debilitamiento de estándares ambientales y climáticos.
2. Menor transparencia empresarial.
3. Retroceso en derechos laborales y sociales.
4. Pérdida de protección de consumidores.
5. Reducción de controles democráticos sobre grandes empresas.
6. Aumento de la influencia corporativa en la legislación europea.
7. Obstáculos para futuras políticas progresistas.
8. Fragmentación de la confianza ciudadana en las instituciones europeas.

El observatorio teme que Europa abandone progresivamente su modelo regulatorio, históricamente más protector que el estadounidense, para adoptar una lógica más orientada a la liberalización económica.

Conclusión

Frente a todo ello, el Corporate Europe Observatory propone reforzar la vigilancia ciudadana, aumentar la transparencia institucional y mantener mecanismos regulatorios sólidos capaces de equilibrar intereses económicos con objetivos sociales, climáticos y democráticos.

Para saber más os remitimos a nuestra entrada: https://attac.es/curso-intensivo-sobre-la-ola-de-desregulacion-de-la-ue/

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Jornada online organizada por la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid: «Hacienda local, presupuestos municipales y financiación autonómica».

Con la intervención de Carlos Sánchez Mato, Doctor en Economía y Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

Modera: María Teresa Vida, coordinadora de la Plataforma por la Justicia Fiscal en la Comunidad de Madrid.

Realizada el 20 de marzo de 2026

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Fotografía: William I. Robinson, durante el Foro Binacional de Educación Política y Sindical en el Centro Laboral de UCLA, Los Ángeles, en 2017.

El sociólogo de la Universidad de California William I. Robinson combina una labor militante volcada estas semanas en las protestas contra la fuerza militar de fronteras estadounidense con un análisis de fino pincel sobre el colapso del capitalismo.

Pablo Elorduy TG: @p_elorduy Publicado originalmente en el Diario El Salto

A lo largo de la conversación, William I. Robinson (Nueva York, 1959) deja varias frases que no solo son un buen titular para la entrevista, sino un presagio funesto para los próximos años. Lo compensa con una confianza total en las masas y su capacidad para mover la historia. Como dice en su último libro publicado en España, ¿Puede perdurar el capitalismo global? (Traficantes de Sueños, 2025) para que la humanidad sobreviva no hay más alternativa que derrocar el capitalismo global, “es decir, sustituir el imperativo de la acumulación a toda costa por un sistema basado en la necesidad social y en la armonía con el resto de la naturaleza”. 

La entrevista tiene lugar por videoconferencia. Robinson está en California, uno de los focos de la oposición en las calles al proyecto de Donald Trump, que este sociólogo no duda en calificar como fascista. La publicación de ¿Puede perdurar el capitalismo global? sucede a su anterior ensayo en español, Mano dura (Errata Naturae, 2023) en el que explicaba la convergencia económica e ideológica que ha dado lugar al giro autoritario de los Estados en todo el mundo. Parte de esa mano dura es la que ha visto crecer y multiplicarse al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), auténtico terror de las comunidades de personas migrantes y guardia pretoriana de Trump.

¿Cómo están siendo las protestas contra el ICE en Estados Unidos?
Yo estoy en Los Ángeles. Esta fue la primera ciudad que fue invadida por la fuerza de ICE y también por la Guardia Nacional. Eso fue en junio del año pasado. Desde entonces han ido ciudad por ciudad a declarar esta guerra. Ha habido protestas en todas partes, todas las comunidades se están organizando. Aquí y en las otras ciudades hemos organizado las patrullas comunitarias, que involucran ya a miles y miles de personas. Y lo más interesante es que no son solo los activistas tradicionales, que siempre han estado involucrados en las luchas sociales, en la actividad política, sino que hay un despertar de muchas capas de la población que antes no participaban en la política para nada.

¿Cómo se desarrolla en el contexto político de EEUU?
Hay unas divisiones muy agudas dentro de las clases dominantes y sus organizaciones políticas, incluyendo a los dos partidos principales, republicanos y demócratas. Al mismo tiempo, en Los Ángeles, en Chicago, en Minnesota, en Nueva York, en Seattle, en Portland, en San Francisco, hay una cierta alianza, no organizada pero espontánea, entre las bases de todos los movimientos sociales. No solo se trata de los movimientos de defensa de los derechos de los inmigrantes, sino de movimientos populares de la izquierda junto con los gobiernos demócratas en estas ciudades. Sin declararlo así, es un término que hago mío y que se está usando espontáneamente, está surgiendo una coalición antifascista. Ya todos usamos la palabra fascista, pero espontáneamente han surgido esas alianzas que van más allá de las alianzas tradicionales anti-Trump, que son antifascistas.

¿Qué significa el ICE para el poder de Trump?
Es muy claro que ICE son las nuevas camisas pardas. Es una organización paramilitar, de tipo fascista. Y lo importante de ICE es que responde directamente a la Casa Blanca y a este gobierno, al que voy a llamar régimen porque ahora hay un progresivo colapso del Estado de Derecho en Estados Unidos. No hablemos del derecho internacional. Trump dijo que no reconocía el derecho internacional sobre su propia moralidad. Pero bueno, aquí, en el interior de Estados Unidos, hay órdenes emitidas por los Tribunales, y simplemente ICE y este régimen hacen caso omiso, tanto de esas órdenes judiciales como de la Constitución. Es muy claro que el ataque o la guerra contra los inmigrantes va más allá de la cuestión migrante: es un ataque contra toda la clase obrera. 

¿A quién responde ICE?
Es muy evidente que esta fuerza paramilitar, que va creciendo a pasos agigantados, se ha convertido ya en un ejército privado de este régimen. Responde al Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional). Sabemos que, dentro de cualquier Estado y en el proceso de toma de ese Estado por parte de un proyecto fascista, hay disputas entre diferentes departamentos y divisiones y ministerios. En este momento vemos claramente que el Departamento de Seguridad Nacional es el núcleo de la formación dentro del Estado de este proyecto fascista. Este ejército fascista va a servir para combatir cualquier disidencia, no solo con respecto a la cuestión migratoria. El primer paso es la guerra contra los migrantes. 

La pregunta sobresaliente es si nosotros podemos superar el capitalismo global antes de que arrastre a toda la Humanidad consigo

¿Cómo se lleva a cabo?
Hay una explosión de gasto estatal en esta guerra. Para ello están tomando fondos de la Marina norteamericana, es decir, de un presupuesto aprobado por el Congreso que el Pentágono destina a acciones fuera de Estados Unidos. Recientemente han trasladado a ICE otros 40.000 millones de dólares de la Marina, sin autorización, para la construcción de decenas o centenares —ni sabemos cuántos— de campos de concentración en todo el país. Esta masiva construcción de campos de concentración está planificada como una infraestructura permanente, que no tiene que ver simplemente con el alojamiento de inmigrantes antes de su deportación. Están sentando las bases para una infraestructura a largo plazo para detenciones masivas. Yo, de momento, puedo hablar de estas cosas con mis estudiantes. Por el momento, por nuestra resistencia, estamos frenando un poco la marcha del proyecto fascista, pero estamos en gran peligro aquí en Estados Unidos. Todo esto que estoy hablando es un reflejo de una cuestión mucho mayor que es la crisis de época de capitalismo global y sus dimensiones políticas aquí en Estados Unidos.

Examinemos esa crisis del capitalismo global de la que trata el libro. ¿Por qué se está produciendo?
Hay varias dimensiones determinantes, no es solo una. La dimensión económica estructural de la crisis de época es la primera que voy a nombrar. El capitalismo global comienza a enfrentar la imposibilidad de seguir reproduciéndose. Es una crisis de época que puede durar años y décadas, pero en realidad estamos entrando en el ocaso del capitalismo global. La pregunta sobresaliente es si nosotros podemos superar el capitalismo global antes de que arrastre a toda la Humanidad consigo. Primero hay que entender que la dimensión estructural de la crisis es la sobreacumulación. Es el estancamiento crónico, es la acumulación de enormes cantidades, trillones de dólares infrautilizados, que no tienen salida; la clase capitalista transnacional no tiene lugar ni posibilidades de descargar toda esa masa de capital sobreacumulado. 

Entre este momento y 2050 vamos a llegar a un momento en el que el capital ya no va a poder seguir acumulando en determinadas zonas como consecuencia del calentamiento global

¿Cómo se han resuelto estos problemas en el pasado?
Hasta la fecha, la clase capitalista transnacional (CCT) ha tenido tres mecanismos para seguir descargando ese capital sobreacumulado y seguir empujando hacia adelante la economía global. Uno, ya sabemos, es la especulación financiera, que ya alcanza y la cifra es correcta, trillones de dólares. Se trata de capital ficticio. Segundo, es la deuda global. Esa deuda de consumidores y de Estados ya suma 325 billones de dólares. De tal manera, el crecimiento impulsado por el endeudamiento no puede seguir. La tercera dimensión es lo que califico como la acumulación militarizada y la acumulación por represión. Esta guerra contra las personas migrantes en Estados Unidos tiene sus fines políticos, como hemos estado hablando, pero también tiene un fin económico que es proporcionar una salida para el capital sobreacumulado. La guerra contra migrantes es muy rentable al igual que es enormemente rentable el genocidio en Gaza; como también lo son los conflictos armados y sistemas de represión transnacional alrededor del mundo en momentos de estancamiento crónico.

Esto ocurre en un contexto marcado por la crisis climática y ambiental. ¿Cuál es la dimensión ecológica de la crisis?
Para llegar al meollo de la cuestión ecológica, ahora el sistema se encuentra en una nueva ronda depredadora y muy violenta de expansión para salir del estancamiento. La concentración de esta nueva ola expansiva y agresiva del capitalismo global tiene tres objetivos: uno, las tierras. Es decir, acaparar tierras. Segundo, energía. Energía por varias razones, pero sobre todo porque toda esta expansión depredadora está impulsada por la digitalización, que es central en el asunto del medioambiente. Necesitan construir miles y miles de centros de datos que consumen enormes cantidades de energía. Esto tiene que ver con Groenlandia, por favor, pregúntame más adelante por Groenlandia. Y lo tercero son los minerales que necesitan las nuevas tecnologías digitales y sobre todo, la inteligencia artificial. Estas tres dimensiones representan una intensificación de la apropiación de la naturaleza extrahumana y tiene unos efectos catastróficos sobre el medioambiente. Pero quiero ir más allá: hay una acumulación de destrucción y de desgaste del medio ambiente, sobre lo que es la naturaleza humana y extrahumana, que es al mismo tiempo una crisis de la reproducción social y de la reproducción de la naturaleza. Esta nueva oleada expansiva está intensificando los efectos catastróficos sobre el medio ambiente. Pero la destrucción del medio ambiente está llegando a tal punto que llega a impedir la acumulación de capital. 

¿Cómo?
El pronóstico es que, entre 2030 y 2050, un tercio del planeta estará tan caliente que los seres humanos no van a poder vivir en zonas como en el norte de África, Oriente Medio, etcétera. En este momento, el capital está acumulando en esas zonas, pero no va a poder seguir haciéndolo en un futuro próximo. Otra dimensión es la de los territorios de producción agropecuaria, por ejemplo aquí en California, donde hay zonas de agricultura intensiva destinada a mercado global. Se va a producir un colapso de la agricultura por el cambio climático. Puedo seguir poniendo ejemplos, pero el punto es que hasta el momento el capital transnacional ha podido seguir acumulando alrededor del planeta sin atender a los efectos devastadores en el medio ambiente, pero eso está cambiando muy rápidamente. Entre este momento y 2050 vamos a llegar a un momento en el que el capital ya no va a poder seguir acumulando en determinadas zonas.

Más impactos.
En 2025, una de las compañías de seguros más grande del planeta, y hay que tener en cuenta que las compañías de seguros también son parte del capital financiero transnacional, advirtió de que pronto no va a poder funcionar la industria global de seguros. Porque es demasiado costoso asegurar, por ejemplo, viviendas, inversiones, etc. a causa de los impactos y los riesgos ambientales. Si se produce una tormenta de dimensiones no vistas hasta ahora en Florida, algo que puede suceder, los daños pueden alcanzar billones de dólares. Las compañías de seguros ya no pueden asegurar a las compañías manufactureras, de logística, etcétera. Desde ese punto de vista, la crisis ambiental representa no solo una crisis de amenaza de extinción a los seres humanos, sino que también socava la posibilidad del capitalismo global de seguir acumulando.

Está el factor de las migraciones como causa del calentamiento global.
Los informes que tenemos sobre refugiados climáticos y refugiados por despojo, por la devastación ecológica, dicen que alcanzan ya 200 o 300 millones de personas. Según los pronósticos de las Naciones Unidas, va a rebasar las mil millones de personas desplazadas por el cambio climático. Eso abre la cuestión de cómo va a poder el capitalismo global, y quienes controlan este sistema, manejar esa cantidad de refugiados. Eso da una idea de las dimensiones ambientales de la crisis.

Los sectores militar-represivo, el big tech y las finanzas se están fusionando y conformando un nuevo bloque hegemónico de capital transnacional a escala global

Igual que el Amazonas, Groenlandia es una zona crítica para el resto del planeta. ¿Hasta qué punto es una muestra del cortoplacismo de Trump esa apuesta por explotar los recursos naturales de esa isla?
Has usado la palabra cortoplacismo para referirte a Trump, pero esto no define solo a Trump, define a todo el sistema capitalista. Es necesario recordarlo: el capital tiene un solo objetivo, la acumulación de capital sin fin. Cualquier otro objetivo es secundario y no tiene importancia frente a la permanente acumulación de capital. Entonces, todo el sistema capitalista tiene una visión cortoplacista e inmediata. Han existido constreñimientos, ciertas medidas para suavizar un poco ese impulso hacia la acumulación, pero eso ha venido de Estados y de movimientos de masas, no del capital. Toda esta amenaza contra Groenlandia es parte de la misma ronda expansiva que estamos experimentando ahora. Realmente, el argumento de que se trata de seguridad frente a China y a Rusia es una cortina de humo, en realidad tiene que ver con los recursos minerales, con los recursos petroleros y de gas, pero también tiene mucho que ver con la energía geotérmica, porque Groenlandia tiene increíbles posibilidades de generación de energía geotérmica. Esto requiere un paréntesis analítico. 

Adelante.
Está surgiendo dentro de Estados Unidos, pero también a nivel global, un nuevo bloque hegemónico dentro del capital transnacional que reúne a tres sectores de capital que se están fusionando. Y esos tres sectores son: las grandes compañías de la tecnología, vamos a llamarlo big tech, segundo, el complejo militar industrial, que no solo es militar sino que incluye todo el andamiaje de represión, por ejemplo ICE. Y tercero, el capital financiero transnacional. Esos sectores: militar-represivo, big tech y finanzas, se están fusionando y conformando un nuevo bloque hegemónico de capital transnacional a escala global. Trump no representa los intereses de ese bloque, sino que es al revés: ese bloque tiene al trumpismo como el instrumento de expansión de sus intereses. 

Volvemos a Groenlandia.
Groenlandia tiene la energía, las tierras y los minerales, incluidas las tierras raras, que necesita ese bloque mientras se van derritiendo los glaciares. Hay un cuarto elemento que explica por qué quieren esa tierra. Porque quieren establecer estas empresas de extracción de energía, etcétera, con una nueva modalidad de gobernanza, una gobernanza directa por parte del capital transnacional. Los lectores se acordarán de los experimentos en ciudades empresariales en Honduras, por ejemplo. El gobierno golpista de Honduras, que ya está en el poder otra vez, entregó a un grupo de empresarios de las finanzas y la tecnología —incluyendo a Peter Thiel, de Palantir— Roatán, una isla en el Golfo de México, en la costa Atlántica de Honduras. Se les permitió controlar toda la isla con sus propias reglas, sus propios impuestos y su gobierno. Es el mismo modelo que ya tenemos en Texas: una pequeña ciudad manejada por Musk, donde el gobierno, el Estado, no entra. Quieren eso también en Groenlandia. Ese bloque hegemónico y sobre todo el grupo de las big tech vinculado con Palantir ya han hecho inversiones iniciales y han hecho estudios iniciales de cómo hacer esas ciudades en Groenlandia. La emergencia climática es mala para la humanidad, para el planeta, pero es muy buena en determinados aspectos para el capital, porque hace accesible zonas que no eran accesibles anteriormente. De alguna manera, Groenlandia se convierte en microcosmos de todo lo que está pasando a nivel global.

¿El proyecto de “Nueva Gaza” que se presentó en la Junta de la Paz en Davos forma parte de esa proyección de nuevas ciudades empresariales?
En primera instancia, no usemos ese término fascista, porque no es una Junta de Paz, es Junta de genocidio, es Junta de capital transnacional, es una invasión y una apropiación total de Gaza. Pero efectivamente, lo que quieren hacer en Groenlandia ya lo están haciendo en la Franja de Gaza. Esto muestra el proceso genocida del capitalismo global en esta fase: necesitan eliminar poblaciones sobrantes —lo que llamo la humanidad excedente— para tener acceso a recursos y convertir a esos territorios en zonas de acumulación intensiva para el capital transnacional. Sabíamos que Gaza tiene gas y tiene petróleo, tiene zonas frente al mar Mediterráneo muy valiosas para la especulación inmobiliaria. Pero no es solo eso, el proyecto es convertir a Gaza en un hub de lo que los grupos dominantes ahora llaman pax silica. Es decir, en un nodo regional para la alta tecnología y los centros de datos. Kushner, el yerno de Trump, lo dijo claramente en su discurso en Davos: Gaza es un caso de prueba. Si este modelo es exitoso ya se puede aplicar a otras zonas. Quieren convertir a todo Gaza en una franja empresarial. Todo está vinculado con los demás hechos que están pasando en Oriente Próximo.

¿En qué sentido?
La transformación radical de toda la geopolítica de Oriente Medio a partir del genocidio de los palestinos, y ahora de la destrucción de Rojava por parte del nuevo gobierno sirio, todo va dirigido a conformar un nuevo bloque geopolítico que una a los Estados del Golfo con Israel, con capital transnacional. Específicamente, es un plan del bloque hegemónico que mencioné. Ese es el nuevo rostro geopolítico que deja sentadas las bases necesarias para una mayor expansión del capital transnacional en Oriente Medio, a través de Gaza, encabezado por la alta tecnología y por la criptomoneda. Recordemos que la criptomoneda es la perfecta fusión de la alta tecnología con las finanzas. Gaza es símbolo, es modelo, es advertencia de lo que nos espera al planeta entero.

La fusión del gran capital con el Estado es parte de la definición clásica del fascismo y es lo que vemos en Estados Unidos ahorita mismo

¿Hasta qué punto es relevante el ropaje teórico del trumpismo que representan figuras como Peter Thiel o Curtis Yarvin o solo se trata de un envoltorio para el impulso depredador del capital?
Tiene peso, pero lo que pasa es que la correlación de fuerzas todavía no es tan favorable para consolidar el proyecto fascista, porque aún hay muchas resistencias, muchas contradicciones. Pero la respuesta es que este es un proyecto fascista en el sentido sociológico. Estudiando la historia y el concepto sociológico, analítico y teórico del fascismo, es un proyecto fascista que se está incubando con Yarvin, con Thiel, con el trumpismo. Pero antes quiero detenerme en un punto. 

Adelante.
Hoy vemos a Trump en la pantalla a diario, y vemos a los representantes políticos, los ideólogos y los estrategas del proyecto fascista en las pantallas, en los medios sociales, etcétera, pero no vemos lo que está detrás. El mes pasado, The New Yorker ha publicado que Trump ha acumulado cuatro mil millones de dólares utilizando la presidencia como un cajero automático para su propia familia. Trump puede robar y ser corrupto. Mientras se le cepille, como se dice popularmente, su narcisismo, seguirá siendo un títere, el instrumento de este bloque de poder. En el primer mandato de Trump, la clase capitalista transnacional fue muy recelosa a la hora de sumarse a un proyecto fascista. Trump es fascista y racista desde hace mucho tiempo, pero el capital transnacional inicialmente no quería sumarse a un proyecto de este tipo: ahora sí. 

¿Por qué?
Por el poder de este nuevo bloque hegemónico. Ese bloque depende cada vez más de contratos del Estado. Palantir, por ejemplo, ha unificado los bancos de datos de decenas y decenas de diferentes agencias del Estado en un solo banco de datos. Eso es muy importante, porque en la guerra contra los migrantes están usando un solo fichero. La capacidad represiva del Estado se aumenta decenas o centenares de veces a través de ese sistema centralizado controlado por Palantir. Por un lado, el bloque hegemónico depende cada vez más de los contratos de Estado. Segundo, depende cada vez más de los subsidios del Estado. Tomemos el ejemplo del petróleo. Trump ha prometido miles de millones de dólares a los productores para que vayan a Venezuela. Eso es lo que está pasando con el bloque hegemónico: contratos, subsidios y, en tercer lugar, crear las condiciones, las políticas, necesarias para la acumulación de este bloque, desregulando la inteligencia artificial, desregulando todos los reglamentos para estas nuevas tecnologías digitales.

Esto desemboca en la asimilación por parte del capital del programa fascista.
Hay una fusión del Estado con el capital alrededor de un proyecto fascista. La fusión del gran capital con el Estado es parte de la definición clásica del fascismo, y es lo que vemos en Estados Unidos ahorita mismo. El tercer ingrediente para el fascismo, y ahí entra la cuestión ideológica a la que has hecho referencia —lo que distingue al fascismo de una simple dictadura— es la movilización fascista en la sociedad civil. Y es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Hay una movilización fascista de una parte de la población, no solo los Proud Boys, sino también del ala derechista del partido Republicano que ha movilizado a una base fascista. Esa base ha ido disminuyendo, puede ser hoy de un 20 % o 25 % de la población, pero hay una movilización abierta de esa base también a través de cristianismo nacionalista de ultraderecha. Todo eso es la movilización fascista. Esto está claro con ICE, que es el núcleo coercitivo militarizado del proyecto fascista. Otra pregunta es cuál es la ideología de ese proyecto. Y ahí entra Yarvin. Es una ideología mística, es una ideología de ultra nacionalismo xenofóbico. Cualquier proyecto fascista necesita racismo, pero también milenarismo. De ahí surge Make America great again, esa promesa de restaurar la grandeza de Estados Unidos.

Ese ultranacionalismo no es exclusivo de EEUU.
También lo tenemos en Rusia. Rusia no es fascista, es otra cosa, pero Putin también se basa en esa idea de recuperar la gran Rusia. También en China —no estoy diciendo tampoco que China sea fascista— todo gira en torno al ultranacionalismo. Alrededor del mundo hay un ultranacionalismo que es la respuesta autoritaria a la crisis. Yarvin habla de un rey, de un sistema monárquico, pero Thiel también habla de un Estado manejado, dirigido, controlado por tecnobillonarios, no por elecciones democráticas. Es confuso porque es una mezcla de todo un poco, pero sí estamos viendo surgir de una ideología fascista con sus diferentes dimensiones. Todo esto es un proyecto que se va consolidando de manera espantosa, pero también la resistencia inesperadamente va en un repunte y eso es lo que da esperanza.

Quizá la pregunta es demasiado simple, pero ¿cómo se explica para alguien que no que no sabe de economía que los milmillonarios sean cada vez más ricos y que a la vez podamos estar hablando de una crisis final para el capitalismo?
No es una pregunta sencilla. Es una pregunta de suma importancia. Comencemos primero con la naturaleza del capitalismo, que no es evidente. La naturaleza del capitalismo, cuando funciona sin contratendencias, es producir riqueza y polarizar esa riqueza. Es decir, una capa cada vez menor de capitalistas acumulan todo el dinero mientras las masas se empobrecen. Es la tendencia natural del capitalismo. La única forma de que el capital produzca ganancias es que la clase trabajadora, o sea, las personas que trabajan para el capital, produzcan valor y que la parte máxima que se puede extraer de ese valor vaya al capital y la parte mínima, al trabajador. Eso se sabe. Eso no es nuevo. Lo importante aquí es que históricamente eso es una contradicción interna del capitalismo y siempre ha conducido a crisis. 

Quizá venga el próximo año, quizá en 2031, pero viene un colapso financiero cataclísmico

¿Qué tipo de crisis?
Las crisis cíclicas son recesiones cada diez años más o menos, pero las crisis estructurales se dan cada 40, 50 años, y esas son grandes crisis de sobreacumulación. Se dan cuando el capital ya ha acumulado tanto que no tiene dónde invertir y comienza un estancamiento mucho más profundo. Ahora estamos en una crisis estructural. La última crisis estructural fue en los años 70 del siglo XX, volveré sobre ella. Recordemos la otra gran crisis estructural, que fue la Gran Depresión de los años 30. Antes de eso tuvo lugar una crisis estructural enorme en los 1880. Anterior a eso, en 1830. Entonces, cada vez que hay una crisis no cíclica, no recesionaria, sino estructural, hay grandes trastornos, hay guerras internacionales y hasta mundiales, hay grandes reorganizaciones en el campo del capitalismo, hay lucha de clases, luchas sociales,… todo cambia. Estamos en uno de esos momentos de crisis estructural, que se convierte en crisis sistémica. Pero antes de abordar eso, lo que has llamado crisis final, déjame recuperar qué pasa a partir de la gran crisis estructural de los años 70. 

Ok.
En esa crisis estructural bajaba la tasa de ganancia e iba en aumento el poder y la capacidad de resistencia de las clases populares alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos. Es la época de las luchas de liberación nacional y decolonial en el Tercer Mundo, solo pensemos en el auge revolucionario de 1968. Entonces, a nivel global, el emergente capital transnacional que surge en los años 70 y en adelante enfrenta una crisis de la hegemonía capitalista. Tiene que reconquistar la legitimidad, tiene que reconquistar la rentabilidad, subir la tasa de ganancia y para ello lanza la globalización. Esto es de suma importancia. Porque lo que pasó desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 y 80, es que las luchas de masas obligaron a muchos Estados a hacer dos cosas: número uno, regular el mercado, intervenir en la economía para regular el mercado, y dos, intervenir en la economía para redistribuir la riqueza desde arriba hacia abajo. Esas dos cosas, esas intervenciones del Estado, iban en dirección contraria a la tendencia a la polarización de la riqueza, es decir, la lucha de masas obligó a los Estados a tomar medidas que salvaron al capitalismo de su propia crisis, irónicamente. 

Eso se rompe en los años 70.
Cuando el capital lanza la globalización, a finales del siglo XX, el Estado deja de poder intervenir para regular el mercado a nivel de Estado-nación, ya no puede intervenir a redistribuir la riqueza hacia abajo. Entonces se retoma el proceso de la polarización de tal manera que, como sabéis muy bien, hoy en día un 1% de la humanidad controla más de la mitad de riqueza del planeta; el 20% (y cada vez menos del 20%) controla el 95%. El 85% de la población mundial ya ni siquiera puede consumir. Ahí está la población excedente. Son quienes no conforman un mercado para el capital transnacional: no producen plusvalor. Contra esa población excedente llevan a cabo el genocidio.

Esta es una crisis provocada por el capital que amenaza al capital.
Tenemos esta increíble polarización que representa una crisis para el sistema. Cuando vemos en los titulares que Musk va a ser el primer billonario hay que darse cuenta de que esa masa de capital es ficticia. Básicamente, la economía global obtuvo en 2025 un valor de entre 105 y 110 billones de dólares. Eso en la producción de bienes y servicios, de las cosas que necesitamos, desde el ordenador con el que estoy hablando contigo hasta la comida que vamos a comer hoy. Mientras, el sistema financiero respaldado en bienes, en activos, está en torno a 150 billones de dólares. Pero el sistema financiero no respaldado por activos asciende a 1,7 trillones de dólares. Eso quiere decir que una masa de capital ficticia no se corresponde con la realidad. Eso hace que el sistema no solo sea insostenible, sino que esto permite pronosticar una crisis catastrófica y una desvalorización masiva descomunal.

¿Para cuándo?
Quizá venga el próximo año, quizá en 2031, pero viene un colapso financiero cataclísmico. Pero ojo, esa no es la crisis final. Esa es la dimensión estructural. La crisis final viene de que hay que combinar la dimensión estructural con la dimensión social del colapso de una buena parte de la humanidad y la imposibilidad de reproducción social con el colapso de la biosfera. Todo se conjuga y el resultado final es que el capital ya enfrenta la imposibilidad de seguir reproduciéndose, llega a los límites de la capacidad de reproducción.

El genocidio es rentable, es rentable la guerra contra las drogas (que no tiene que ver con la droga) en América Latina y la guerra contra migrantes es rentable

¿No va a haber crecimiento económico?
Mi pronóstico es que, si evitamos una tercera Guerra Mundial, va a haber una nueva época de prosperidad. Dependiendo de cómo se desenvuelvan los acontecimientos en los próximos años es posible que las tecnologías digitales aumenten la productividad tanto que se vuelva a imponer por un tiempo la producción real sobre la especulación financiera. Entonces podemos tener un periodo de prosperidad como tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, pero no para la masa de la humanidad, no para 4.000 o 5.000 millones de personas. Desde la lógica del sistema, se trataría de un periodo de estabilización con un Estado policial global en los años 30, los años 40 de este siglo. Para mí, la crisis final del capitalismo global, repito, si evitamos la Tercera Guerra Mundial, se va a desenvolver y a finalizar en la segunda mitad del siglo XXI. Soy consciente de que esto es especulativo. Analítico, pero especulativo.

Has mencionado el Estado policial global, la mano dura como negocio y práctica de disciplinamiento de las sociedades del que hablaste en tu anterior libro. Desde entonces se han producido hechos como la invasión rusa de Ucrania y el genocidio de Gaza que corroboran la hipótesis de que el capital está virando hacia la vía de las armas en su huida hacia adelante. ¿Crees que la acumulación militarizada es suficiente para que se dé el ciclo de valorización que el capital necesita en este momento?
La acumulación militarizada y acumulación por represión —son muy parecidos estos conceptos, pero no idénticos— tienen tres funciones. Uno, que es muy rentable en sí, como hemos hablado antes. Trump ya propuso para el año 2027 un presupuesto de 1,5 billones de dólares en el gasto militar estatal. Ese es prácticamente el 2% de toda la economía global solo para la acumulación de capital militarizado. Es enormemente rentable. El genocidio es rentable, es rentable la guerra contra las drogas —que no tiene que ver con la droga— en América Latina, la guerra contra migrantes es rentable. El segundo aspecto que hay que resaltar de la acumulación militarizada es que la represión militar es como un martillo que abre violentamente espacios para la acumulación. Por ejemplo, la acumulación militarizada del Congo en Ruanda hace a algunos ricos en el Congo, pero sobre todo está abriendo espacio para el pillaje de los minerales. Entonces, la segunda dimensión de Estado policíaco global es que abre espacio para el capital a través de la violencia. Y por último, toda esta crisis genera enormes resistencias. Entonces, la tercera función del estado policíaco global es reprimir y controlar las resistencias. La pregunta que hacías es si la acumulación militarizada y por represión puede sostener la economía global frente al estancamiento y crisis. Y la respuesta es un rotundo no, para nada. 

¿Por qué?
Tiene contradicciones internas, no genera nuevo valor, o es escaso. Me explico: genera nuevo valor en el sentido de que trabajadores producen un misil o un tanque o un avión de guerra, pero esas armas no tienen un mercado masivo, solo tiene un mercado con Estados y grupos paramilitares y armados y policiales, y solo se siguen produciendo si se utilizan en guerras, en destrucción. Eso es lo que [Joseph] Schumpeter llamaba la destrucción creativa. Es tan contradictorio, que simplemente es una medida corto y medianoplacista para seguir dando oxígeno a la economía global. No es una solución.

Has hablado de la posible III Guerra Mundial. ¿Estamos ante un escenario de lo que se ha llamado “guerra civil global” o un conflicto como las grandes guerras del siglo XX?
Una guerra mundial, por un lado, sí, podría ser una acumulación de guerras civiles y guerras regionales, y en ese sentido vamos muy rápidamente hacia esa III Guerra Mundial. Lo que lo hace tan peligroso es el poder destructivo. No me refiero solo a las armas nucleares, sino a armas subnucleares que tienen tremendo poder destructivo, especialmente para el medio ambiente, ya que deja vastas zonas sin ninguna capacidad de agricultura, por tanto, de existencia. Pero si una tercera Guerra Mundial involucra o pone en conflicto directo a Estados Unidos y Rusia o Estados Unidos y China, ya estamos hablando de otro nivel. Y en ese nivel veo muy, muy difícil que sobrevivamos. A menos que sea muy limitada y que su fin esté negociado desde el comienzo.

China, por ser capitalista, por tener sobrecapacidad, tiene que expandirse en el mundo, igual que Estados Unidos. Eso significa que es un proyecto cargado de conflictos y de un futuro muy gris

Se habla mucho del imperio emergente contra EEUU, el imperio en declive, pero ¿qué papel juega en este momento China?
No estoy en contra de asumir la idea de un imperio en declive y otro imperio que está surgiendo, pero prefiero tener otro marco analítico. El capital chino es capital transnacional y se fusiona con el capital de todos los demás países del Oriente y se fusiona en una mezcla inseparable con el capital transnacional. Pero los Estados funcionan en otro nivel. Cada Estado tiene su propio proyecto basado en mantener su propio territorio, atraer al capital transnacional y tratar de convencer a ese capital transnacional de defender sus intereses estatales y políticos. En el caso concreto de China, hablamos de otro modelo de capitalismo. El Estado chino juega un papel central en la economía china en el sentido de que controla el sistema financiero, hay bancos privados, hay capital financiero privado. La mayoría del capital financiero es privado, de hecho, pero China controla el sistema financiero a lo interno, a diferencia de Estados Unidos y de la mayor parte de los países del mundo. Segundo, China puede dirigir las inversiones por medio sus políticas estatales. En Estados Unidos, el modelo puro neoliberal del Occidente lo impide. Y tercero, China tiene y puede movilizar recursos, por ejemplo, para la infraestructura, tiene infraestructura del siglo XXI, mientras Occidente y sobre todo Estados Unidos tienen infraestructura del siglo XX, incluso del siglo XIX, infraestructura que se está cayendo. Es otro modelo del capitalismo que da cierta vida a un capitalismo del siglo XXI con menor intensidad de crisis por un lado. 

¿Por qué?
Hay un sector del capital, el del trumpismo global, que representa a una parte de la elite, que tiene que ver con Israel, con Daniel Noboa, Nayib Bukele y Javier Milei en América Latina, con algunos de los movimientos ultranacionalistas en Europa. El Foro Económico Mundial representa otro sector, un sector reformista, un sector que ha elogiado al capitalismo chino y ha dicho que el capitalismo chino es el capitalismo que necesitamos para el mundo en el siglo XXI. Eso nos dice mucho de la estrategia de los intelectuales orgánicos de esa élite ilustrada y de cómo ven a China. Pero aquí entran las contradicciones del modelo de China. La primera es que el capitalismo se rige por la ley de valor, se rige por la rentabilidad y la urgencia de la rentabilidad. Se rige por una contradicción, aunque sea mediatizada por el Estado, entre capital y trabajo. Démonos cuenta de que China acaba de anunciar para 2025 un déficit comercial con el mundo de 1,2 billones de dólares. Eso no tiene precedentes y es un reflejo de la tremenda sobrecapacidad de la economía mundial. Esa sobrecapacidad es indicio de que la acumulación del desarrollo capitalista en China depende cada vez más de abrir mercados y apropiarse de recursos, expandirse alrededor del mundo. Y eso genera tensiones comerciales y políticas y geopolíticas en todo el mundo. 

Es parte del mismo sistema en crisis.
China, por ser capitalista, por tener sobrecapacidad, tiene que expandirse en el mundo, igual que Estados Unidos. Eso significa que es un proyecto cargado de conflictos y de un futuro muy gris. La izquierda internacional, o sectores de la izquierda internacional, insisten en que China es el futuro para la humanidad, algunos dicen que es socialista, pero es ridículo. Hablando como sociólogo, ni siquiera como izquierdista, es capitalismo, es claramente capitalismo. Dicen que no hay problema y que beneficia al Sur Global, pero cuando estudiamos cada caso donde aterrizan las compañías publico-privadas chinas hay destrucción de medio ambiente, hay despojo, hay conflictos con las comunidades. Hay una apropiación rapaz de los recursos. El 90% del cobalto del Congo es extraído por las compañías chinas con un saqueo increíble. En América Latina es equiparable a lo que hace Estados Unidos: extrae minerales, despoja a la población local, indígena y campesina y abren minas. Y cuentan para ello con los ejércitos y las policías latinoamericanas para reprimir la resistencia. China es el socio comercial de Israel. Ha proporcionado tecnologías de reconocimiento facial y drones a Israel. No está participando directamente en el genocidio, pero está haciendo posible el genocidio. La idea de que China es el futuro de un capitalismo humanizado es ridícula; decir que es el socialismo del futuro es ridículo; decir que China es el gran amigo de las masas empobrecidas del sur global contradice la realidad empírica.

Hace tres años decías que el proyecto izquierdista transnacional era una necesidad ¿Ves avances? ¿Hasta qué punto debemos pasar a hablar de un proyecto antifascista transnacional para afrontar esta policrisis?
Sí, necesitamos un frente unido antifascista que tiene que ser transnacional. Los detalles de a quién incluye ese frente unido antifascista, cómo se formaría, si hay que entrar en alianzas con la élite, entre comillas, ilustrada de Davos, o si no, porque son realmente hoy capitalistas salvajes también, son interrogantes que no puedo contestar. Pero sí creo que es urgente ese frente unido antifascista. Pero siempre he dicho, y creo que lo hablamos un poco en la última entrevista, que hay un tremendo desfase a nivel global entre las sublevaciones y levantamientos populares alrededor del mundo, sobre todo la Generación Z. Las masas están listas para levantarse y a desafiar este sistema.

¿En qué te basas?
El capitalismo global sufre una crisis de legitimidad política entre las masas. El Instituto Cato, que es conservador, hizo una encuesta en 2025 a los jóvenes entre 18 y 29 años de edad en Estados Unidos. Constaba de dos preguntas: “¿A usted le gustaría tener socialismo?” El 62% dijo que sí. La segunda pregunta era “¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable sobre el comunismo?” No socialismo, comunismo. El 34% dijo que era favorable. Y eso pasa alrededor del mundo en mayor y menor grado, país a país, especialmente en la generación Z. La masa de la humanidad, miles de millones de nosotros y nosotras, no podemos vivir en este sistema, no lo consideramos legítimo, estamos en levantamientos. Mientras la izquierda organizada e institucional sigue en una crisis. No ha sabido renovarse para el siglo XXI, no ha sabido dar un liderazgo o una visión mayor a esas masas que quieren desafiar al sistema. Ese desfase sigue ahí y es más urgente que nunca acabar con él. Lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos es que la gente ya está en pleno levantamiento y están formando coaliciones. Pero no hay izquierda. El Partido Demócrata es un partido en bancarrota que no ofrece nada. Algunos elementos sí, como Zohran Mamdani, pero el partido en sí no ofrece nada. Entonces tenemos este enorme desafío de cómo dar alguna coherencia a toda esta resistencia. Yo no tengo la respuesta, no tengo la solución. Solo tengo este diagnóstico sobre el problema.

La entrada William I. Robinson: “La guerra contra los migrantes es un ataque contra toda la clase obrera” se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

La entrada William I. Robinson: “La guerra contra los migrantes es un ataque contra toda la clase obrera” se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

‘La parábola del rico insensato’. (Rembrandt, alrededor de 1627).

Artículo original publicado en ctxt.es por Constantino Bértolo

Mientras los bancos –los seis grandes ganaron 34.000 millones en 2025– apliquen una política sobre el ahorro tan cicatera, el negocio inmobiliario será la inversión rentable. La izquierda debe intervenir

La socialdemocracia, desde Kautsky en Alemania y Fernández de los Ríos en España, encuentra su fundamento ideológico en la confusión entre la lógica del capital con la moral y las buenas intenciones. Y así, por ejemplo, de pronto y en plena y eterna campaña electoral, Pedro Sánchez le pide a la patronal “que paguen más” y Yolanda Díaz le reprocha a Garamendi, presidente de la CEOE, que gane más de cien veces el salario mínimo interprofesional. Como si los capitalistas pudieran dejar de ser capitalistas. Parecería que para la socialdemocracia socialista o comunista los capitalistas son gentes malas y egoístas, pecadores, en definitiva, y sin duda por eso tratan de salvarlos ayudándoles a que sean malos pero no tanto.

No deja de ser curioso que, por ejemplo, a los tenedores de pisos, como si fueran niños caprichosos u onanistas de la propiedad privada, se les intente apartar, vía decreto, ordenanzas o impuestos, de los nefastos vicios de la especulación inmobiliaria. En Cataluña, a los grandes tenedores (propietarios de cinco o más viviendas) se les quiere prohibir comprar un piso salvo que demuestren, en un plazo de doce meses –prorrogables a dieciocho– que es su residencia habitual. Cabe imaginarse a la tropa de los grandes tenedores saltando de barrio en barrio y me empadrono porque me toca, mientras que a los menos afortunados (de cinco propiedades como mucho) se les dejará comprar nuevas moradas siempre que sea para uso de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad: hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o nietos y nietas. ¡La familia que compra unida permanece unida! 

El 30 % de las compras de vivienda se ha efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca

Pero si algo nos enseña el marxismo es que debajo de la playa siempre está el capital y que, por encima de los solares urbanizables, siempre está el precio del dinero. Los datos sobre vivienda del año 2025 son muy curiosos y reveladores. El fuerte incremento del número de viviendas que se heredan cada año –más de 200.000 en 2025– no deja de ser sorprendente, aunque responda a causas muy predecibles. Como si la muerte fuese la condición más favorable para aflojar tensiones entre la oferta y la demanda. La bajada del número de nacimientos durante las últimas décadas no hace sino provocar una fuerte acumulación de patrimonio inmobiliario en manos de ese 1,1 % de tasa de natalidad sobre el que están desembocando la acumulación de propiedades de abuelos y padres, sin contar otras ramas familiares sin herederos directos. Muchas hijas o hijos únicos se van a ver convertidos en pocos años, en medianos o grandes propietarios. Un fenómeno que indudablemente aumentará el tamaño de la brecha de desigualdad pero que a su vez tendrá o está teniendo ya su llamativo reflejo en el sistema inmobiliario español. Las estadísticas indican que durante este último año cambiaron de propiedad más de un millón de casas, con más de 700.000 compraventas registradas. Profundizando un poco más en las cifras, cabe destacar que, de esa totalidad, el 30 % se han efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca. La tendencia al alza en el uso de hipotecas se explicaría por la progresiva moderación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que mejora las condiciones de acceso al crédito y reduce las cuotas mensuales, mientras que el pago directo sería la vía elegida por ahorradores e inversores, es decir, por aquellos que, poseyendo un patrimonio monetario más o menos importante, buscan rentabilizarlo. 

En el caso de quienes acudan a la hipoteca la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€

En el caso de quienes acudan a la hipoteca, y siendo la hipoteca media en lugares muy tensionados como Madrid de casi 300.000€, a 30 años y un tipo fijo del 2,1 % TIN, la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€. Dado que la media del pago de alquiler en España supone un cifra semejante o superior en la mayor parte de los casos, parece evidente que el acceso a la propiedad de un piso resulta ser una inversión segura, aunque no demasiado rentable, salvo que tenga lugar en aquellas zonas urbanas donde el alquiler real dobla la media señalada, lo que explica la concentración del problema en las áreas urbanas más tensionadas. En todo caso, la propiedad inmobiliaria goza, con destino a alquiler o no, de una sostenible y general revalorización.

La escasez de la vivienda en España es sin duda el elemento económico que explica el alza continua de su precio, con un incremento anual del 13 %, que representa más del doble de la media europea. Pero detrás de la demanda se esconde otra variable financiera: ¿cuánto vale el dinero?, que convendría tener en cuenta a la hora de interpretar y programar soluciones al problema. Como señalaba hace poco Ricardo Sobrino en un artículo en El País, “los hogares españoles acumulan más de un billón de euros en depósitos de muy escasa o nula rentabilidad”. Teniendo en cuenta que la remuneración media de los depósitos a la vista es del 0,14% anual y la de los depósitos a plazo del 1,6%, mientras que la inflación supuso en 2025 un 2,7 %, la cosa parece clara: tener el dinero en el banco no es rentable. De ahí la demanda de la “mercancía vivienda” como inversión atractiva por su mayor rentabilidad para muchas economías “domésticas”. Desde esa realidad se deriva que el incremento de la demanda no es únicamente asunto, ni mucho menos, de los grandes especuladores, sino la acción capitalista natural de cualquier economía que no se resigne a que el sistema financiero le haga perder cada año el 3% de su dinero. Dicho en otros términos: si se olvida u obvia que la usurera política de remuneración del ahorro que la banca está llevando es causa relevante del problema, de poco valdrá desviar hacia la conducta moral de los propietarios causas, iniciativas fiscales y consejos. Al respecto no puede uno dejar de sonreír al recordar cómo, en 2023, Nadia Calviño, durante su etapa como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, pidió a la banca, en múltiples ocasiones que aumentara, en un contexto de subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, las tasas de retribución de las cuentas de ahorro y depósitos: “No me cabe ninguna duda de que el sector bancario español tiene que empezar a transmitir la subida de los tipos de interés en beneficio de los clientes y de los ciudadanos españoles”. ¿Respuesta? Silencio, fusiones, ERES y recorte de plantillas.

Una política sobre el ahorro tan cicatera en tiempos en los que sus beneficios mantienen año tras año incrementos espectaculares requiere intervenciones reales y no apaños bienintencionados. Los seis grandes bancos –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja– ganaron 34.000 millones de euros en 2025, un récord absoluto, y apenas tributan el 5 % de sus ganancias. El capital, vía sistema financiero, se come nuestro dinero y lo evacua como inversión rentable en el negocio inmobiliario. Y no estamos hablando de nacionalizar la banca, que también, sino acaso, y aprovechando créditos que aporte Bruselas, poner en marcha algo así como una Caja Nacional de Ahorros que, al menos, compita con la banca privada en el campo de la remuneración de cuentas y depósitos. Porque, si la izquierda no asume la necesidad de intervención sobre los mecanismos que garantizan la reproducción ampliada del capital, no dejará de ser un paño de lágrimas. Con una propuesta así en su programa, quizá la izquierda sería capaz de presentarse como una fuerza única y coherente. Que falta nos hace.

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Artículo original publicado temposdixital.gal por Cesáreo Villar Blanco

Muchos activistas deben lamentar la pérdida de la irremplazable Susan George, politóloga, socióloga, filósofa y activista franco-estadounidense, quien falleció el 14 de febrero a los 91 años. Numerosas organizaciones y grupos destacan en su despedida la magnitud de su obra, un enorme legado de análisis, argumentos e ideas para identificar las fuentes del poder, defender a los más desfavorecidos y proteger el medio ambiente. Mi reseña no puede hacer mucho por ensalzar sus evidentes méritos, pero me gustaría dejar un pequeño testimonio del relevante papel de ciertas personalidades, como ella, capaces de brindarnos herramientas para comprender los conflictos y buscar soluciones en un mundo enormemente complejo.

Ya conocía a Susan George desde la universidad, pero fue años después, a través de un documental en Televisión Española, cuando la escuché denunciar las privatizaciones, las desregulaciones y otras maniobras que empezaban a manifestarse en pleno neoliberalismo. Hablaba en nombre de Attac ( Asociación por la tributación de las transacciones financieras y la acción ciudadana ) para denunciar esa doctrina nacida en el Norte global que se imponía en detrimento de los países del Sur y de los ciudadanos más desfavorecidos. Su mensaje me pareció inicialmente abstracto, incluso un poco conspiranoico, pero lo cierto es que describía el entramado invisible de la economía y las instituciones de una forma demasiado convincente como para ignorarla. Fue esa voz serena, indignada y firme, junto con la de otros pensadores críticos, la que me condujo hasta las puertas de su organización, que por aquel entonces formaba parte de lo que se conocía como altermundismo. El resultado fue que una ciudadana confundida y pasiva como yo acababa de despertar gracias a personas como esta mujer incansable que llevaba años buscando estrategias para fortalecer a una ciudadanía indefensa.

Esas voces antiglobalización (o, mejor dicho, contra los efectos indeseables de la globalización) llevaban tiempo advirtiendo sobre las graves desigualdades, los peligros ambientales y el riesgo de crisis debido a las prácticas codiciosas de un pequeño número de agentes económicos. Finalmente, sus alarmantes análisis quedarían demostrados en la burbuja financiera que estalló en 2006-2007 en Estados Unidos hasta sacudir al mundo entero. Susan George era una persona respetable que llevaba años denunciando las perversiones de ese sistema diseñado para el beneficio de unos pocos y que ahora estaba fracasando estrepitosamente. Curiosamente, en su libro más famoso, «El Informe Lugano», concibió un dossier ficticio que describía con una verosimilitud tan asombrosa las despiadadas estrategias del gran capital y sus instituciones que acabaría sirviendo al público como una guía reveladora sobre el funcionamiento de las élites globales. Personalmente, encontré muy útiles sus ideas orientadas a la acción, que se vieron reforzadas por las reflexiones de los mejores pensadores críticos del momento (Naomi Klein, Eric Toussaint, David Graeber, etc.). Ambos contribuirían decisivamente a dar peso a movimientos de influencia global como el 15M u Occupy Wall Street , movilizaciones que redefinieron el rumbo político de muchos países. Yo tenía más de cuarenta años por aquel entonces, pero con la ayuda de intelectuales audaces y solidarios como ella, comencé a comprender los mecanismos que sustentan el lucro, la destrucción del medio ambiente, el cálculo despiadado de las grandes corporaciones y la indefensión de los humildes.

En 2010 tuve la suerte de participar en la presentación de su libro «Su crisis, nuestras soluciones» en España. Recuerdo haber depositado con entusiasmo folletos y cuadernillos de Attac en la entrada del salón de actos del Colegio Julián Besteiro de Madrid. Aquella mujer de unos 76 años apareció acompañada de mi amigo Ricardo G. Zaldívar, quien compartiría mesa con la autora en la presentación. El recinto estaba a rebosar, como era de esperar para recibir a una intelectual de renombre, pero confieso que recuerdo poco de su discurso. Sé que presentó argumentos de su libro sobre la confluencia de varias crisis (ecológica, social, financiera) y la jerarquía necesaria para resolver sus causas, pero lo que más me impresionó fue la empatía y la energía que desplegó. Como activista competente, era consciente de que este tipo de reuniones no son tanto para explicar, sino para unir y motivar. Poco antes de finalizar el evento, recuerdo que empezó a animar alegremente al público con consignas «antisistema», como si estuviera en la calle; Luego, agradeció efusivamente a los intérpretes su desinteresada colaboración y finalizó diciendo que se sentiría satisfecho si su participación lograra motivar aunque fuera a una sola persona en aquella abarrotada sala a luchar activamente por el cambio social.

Hoy han pasado casi 20 años desde aquellos días de activismo que me atrajeron por antiglobalistas tan carismáticos como ella. Y aunque tengo la sensación de que la protesta social no atraviesa uno de sus mejores momentos, albergo la esperanza de que figuras tan competentes como Susan George continúen esa inspiradora misión de guiarnos en medio de la confusión. Es cierto que una categoría humana como la suya no suele ir acompañada de una capacidad intelectual tan poderosa, pero no dudo de que su obra y su ejemplo seguirán generando una influyente atracción que nos orientará hacia el Sur y nos acercará un poco más a un mundo mejor.

Que ahora descanse en paz quien tanto luchó por ella.

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Fotografía: Tren entrando en la estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Europa Press

Artículo original publicado en publico.es por Juantxo López de Uralde

El debate parlamentario sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz ha adolecido, desde mi punto de vista, de la relevante discusión sobre las políticas de transporte, y en especial ferroviarias, en nuestro país. Esta cuestión no es menor, ya que las decisiones tomadas desde 1992 sobre el tipo de tren a priorizar, su coste y el destino de las inversiones tiene una relación directa con la situación que se debate. Los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP han priorizado sistémicamente la construcción de líneas de AVE, dejando al margen otras opciones ferroviarias. Hoy se ponen de manifiesto las debilidades de esta decisión. 

Conviene recordar, en primer lugar, que en España el 90% de los viajeros de tren utilizan el cercanías. Sin embargo, esta red ferroviaria solo recibió según datos de la AIReF, en el período 1990-2018 una inversión de 3.600 millones de euros, cifra que contrasta con los 55.888 millones de euros invertidos en Alta Velocidad en el mismo periodo, pese a que esta red solo acumuló 30 millones de viajeros en 2018, un 4,8% del total de pasajeros en ferrocarril.

En el estudio de la AIReF se afirma que «España cuenta con la segunda red de Alta Velocidad ferroviaria más extensa del mundo, con 3.086 km, por delante de la de cualquier otro país europeo y solo por detrás de la de China. Para desplegar esta red se han invertido más de 55.888 millones de euros, de los que 14.086 millones (un 25,2%) se han costeado con financiación europea. Otros 15.858 millones han pasado a ser deuda de ADIF Alta Velocidad, la entidad pública empresarial creada para financiar las inversiones y cuyos niveles de déficit y deuda no computan en las cuentas nacionales.»

El alto coste de la inversión en alta velocidad ha vaciado la capacidad inversora en cercanías, ha marginado el transporte de mercancías y el tren convencional de media distancia, y tampoco ha mejorado la vertebración territorial, ya que muchos territorios han quedado con muy poco o ninguna conexión ferroviaria.

A ello hay que sumar, y esto tiene mucha relación con el debate actual sobre las inversiones, que el mantenimiento de las líneas de alta velocidad tiene un coste muy alto en comparación con las líneas convencionales (el cálculo manejado es de 100.000 € por kilómetro y año, aunque ya esta cifra ha podido quedar obsoleta).

La cuestión que debe plantearse, nuevamente desde mi punto de vista, es si el modelo seguido hasta ahora debe perpetuarse. El vigente Plan de Infraestructuras planificó una red de Alta Velocidad de 8.740 km, por lo que quedarían por construir 5.654 km, lo que implicaría una inversión mínima de 73.000 millones de euros adicionales a los 55.888 ya invertidos. Es decir, cuando ni siquiera se ha llegado a completar el 50% de la red de alta velocidad programada,  ya las infraestructuras actuales muestran problemas evidentes.

Así las cosas, creo que la pregunta que debemos hacernos como país es si el actual modelo debe perpetuarse, o si es conveniente rectificar. Esta pregunta no interesa al binomio PP/ PSOE que han ido pasándose el testigo en sus sucesivos gobiernos de los planes de alta velocidad. Pero quizás haya llegado el momento de cuestionar si tiene sentido seguir adelante con estos planes o si conviene estudiarlos de nuevo a la luz de los déficits actuales.

La alternativa pasaría por la inversión en cercanías, el apoyo al transporte de mercancías por ferrocarril, y retomar la mejora de las líneas de media distancia para convertirlas en línea de velocidad alta. Al mismo tiempo replanteando cuales de las líneas programadas de alta velocidad son realmente necesarias, y deben seguir adelante.

Apoyar el ferrocarril es imprescindible ya que es el sistema de transporte mas ecológico y seguro. Pero el debate sobre el actual modelo basado casi exclusivamente en la alta velocidad no puede seguir evitándose.

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