Por Alberto Garzón Espinosa. Publicado originalmente para elDiario.es.

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.

El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del ‘decrecimiento’, aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.

Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.

En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.

La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica

Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.

Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.

Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.

Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.

La entrada Imagina un mundo rico sin crecimiento se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en greenpeace.org

La entrada La deuda climática de los ultrarricos: el coste de la riqueza extrema se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Por Alberto Garzón Espinosa, originalmente para El Diario.es.

El recién publicado informe del ‘Global Justice Report’ (GJR), elaborado por el equipo de Thomas Piketty, se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.

El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del ‘decrecimiento’, aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.

Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.

En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.

La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica

Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.

Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.

Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.

Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.

La entrada Imagina un mundo rico sin crecimiento se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Juanjo Ramón, portavoz de la PAH. Publicado originalmente para El Salto.

En apenas cuatro meses, PP, Vox y Junts han tumbado la moratoria antidesahucios, rechazado la prórroga de alquileres para tres millones de hogares y dado trámite a una ley que facilita los desalojos exprés.

Cada cuatro minutos, en algún lugar de España, alguien pierde su hogar. No por negligencia del Estado, no por accidente del mercado: por decisiones políticas concretas y rastreables. En los últimos cuatro meses, el bloque parlamentario formado por el PP, Vox y Junts ha eliminado las principales protecciones que quedaban en pie para los inquilinos más vulnerables. Mientras tanto, los precios del alquiler baten récords, el parque público de vivienda sigue siendo uno de los más raquíticos de Europa y el Relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda ha tenido que pedir por escrito al Estado español que no abandone a decenas de miles de familias. Este es el relato de cómo hemos llegado hasta aquí. 

Hay números que resisten cualquier marco político. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó en marzo de 2026 los datos definitivos de lanzamientos judiciales del año 2025. En horario judicial hábil, sin contar fines de semana, agosto ni festivos, los juzgados ejecutaron un lanzamiento cada cuatro minutos. 24.540 desahucios desgranados así:

• 18.317 por impago de alquiler, el 74,6% del total. Una familia es expulsada de su arrendamiento cada 28 minutos.
• 4.356 por ejecuciones hipotecarias. El 17,7% del total. Familias que no pudieron mantener la hipoteca.
• El CGPJ no desglosa públicamente las 1.877 causas restantes.

Un año más continúan cayendo los juicios por ocupación sin título caen un 20,2%, con datos desmontando el bulo sobre la “okupación” y el relato de que este es el problema y no parte de las consecuencias del problema real, tratar la vivienda como un bien de mercado y no un derecho como decía Abalos.

Estos datos se publicaron mientras la moratoria antidesahucios seguía, parcialmente, en vigor. La moratoria —vigente desde abril de 2020 como respuesta de emergencia a la pandemia, y prorrogada año tras año— había logrado, según el Observatori DESCA, suspender o paralizar hasta el 24% de todos los procedimientos de desahucio abiertos en España entre 2020 y 2024, protegiendo a cerca de 60.000 hogares en ese periodo. Como hemos declarado en diversas ocasiones desde La PAH, “detrás de cada desahucio no hay cifras, hay vidas suspendidas. Familias que viven en una incertidumbre permanente, sin poder proyectar un futuro, sin saber si podrán seguir en su casa el mes siguiente».

En perspectiva histórica, entre 2008 y 2019 se produjeron 684.000 lanzamientos judiciales en España, afectando a más de 1,7 millones de personas. La moratoria fue el único instrumento que, desde 2020, evitó que ese ciclo volviera a repetirse a la misma velocidad. En febrero de 2026, el Congreso decidió eliminarlo.

La cronología del desmontaje: cuatro meses, tres golpes

La retirada de protecciones no ha sido un accidente legislativo ni un efecto colateral. Ha sido una secuencia deliberada de votaciones del mismo bloque parlamentario, el formado por PP, Vox, Junts y UPN, que ha tenido consecuencias directas e inmediatas sobre decenas de miles de familias.

• 27 enero 2026. Decreto ómnibus rechazado. PP, Vox y Junts tumban el decreto que incluía, junto a la revalorización de pensiones, la moratoria antidesahucios. El Gobierno se ve forzado a tramitar las medidas por separado.
• 26 febrero 2026. Moratoria antidesahucios eliminada. El mismo bloque rechaza la moratoria también presentada por separado. Desde ese día, 70.000 procedimientos de desahucio suspendidos quedan reactivados. Las organizaciones advierten de un “tsunami de desahucios”. El Relator de la ONU había pedido formalmente, días antes, que no se eliminara la medida.
• 21 abril 2026. Proposición de ley del PP admitida a trámite. Con el apoyo de Vox, Junts y UPN. Incluye: desahucios exprés para bancos y fondos, rebaja del umbral de vulnerabilidad de 1.800 a 900 euros mensuales y derogación de los topes de alquiler de la Ley de Vivienda de 2023.
• 22 abril 2026. Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno. 7.000 millones de euros en cinco años, con medidas dirigidas a jóvenes. Se aprueba con cuatro meses de retraso el mismo día que el PP lleva su propuesta al Congreso.
• 29 abril 2026. Decreto de prórroga de alquileres tumbado. PP, Vox, Junts y UPN rechazan el RDL 8/2026 por 177 votos. La norma protegía con una prórroga de dos años y un límite del 2% de subida a los contratos de alquiler que venzan hasta diciembre de 2027. Afectaba a tres millones de personas en un millón de hogares. Más de 33.500 prórrogas ya solicitadas quedan en un limbo legal.
• 24 mayo 2026 en adelante. Más de 40 manifestaciones por todo el Estado llamando a una huelga general de vivienda y a la desobediencia frente a lo que se denomina la dictadura del rentismo.

Las organizaciones de la coalición #NiUnDesahucioMás, que agrupa a más de cien entidades sociales, jurídicas y vecinales de todo el Estado, fuimos contundentes tras el voto del 26 de febrero: “No estamos ante un debate técnico o coyuntural. Estamos ante una decisión política con consecuencias sociales directas y previsibles”. La PAH lo concretamos así: “Cada desahucio que se produzca a partir de ahora no será una consecuencia inevitable del mercado, sino el resultado directo de decisiones políticas concretas”.

PP, Vox y Junts fundamentaron su rechazo en argumentos distintos pero convergentes. El PP sostuvo que la moratoria “genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler”. Junts, por su parte, adujo la invasión de competencias catalanas. Vox rechazó el decreto por considerar que beneficiaba a quienes no cumplen sus obligaciones contractuales. Ninguno de los tres grupos ofreció una alternativa de protección para las familias afectadas.

¿Qué propone la ley del PP? Menos protección, más velocidad para el desalojo

Más allá de lo que ya ha ocurrido, el escenario que se abre con la proposición de ley del Partido Popular es de mayor calado. La propuesta lleva tres cambios estructurales que, de aprobarse, reconfigurarían de forma duradera las reglas del mercado del alquiler.

El primero y más simbólico: permitir a bancos y fondos de inversión acceder a los mismos juicios rápidos de desahucio que hoy solo están disponibles para pequeños propietarios. Es decir, las mismas entidades que acumularon miles de viviendas durante la crisis hipotecaria de 2008 tendrían vía libre para expulsar inquilinos de forma acelerada. El diputado del PP Ricardo Chamorro defendió explícitamente los “desahucios exprés” en el Pleno.

Con un desalojo cada cuatro minutos, el 49,8% de la ciudadanía ya señala la vivienda como su principal problema y las calles están respondiendo ante la falta del Gobierno

El segundo: rebajar el umbral de ingresos que determina la vulnerabilidad económica de una familia de 1.800 a 900 euros mensuales. En la práctica, esto sacaría a miles de hogares del paraguas de protección: una familia con ingresos de 1.200 euros que hoy puede acceder a la suspensión del desahucio ya no podría hacerlo. La medida afecta especialmente a hogares con dos o más miembros en los que los ingresos combinados rondan el salario mínimo.

El tercero: derogar los artículos de la Ley de Vivienda de 2023 que permiten declarar zonas de mercado tensionado y establecer índices de contención de precios. Cataluña, que aplicó estas medidas, registra hoy un crecimiento del alquiler del 1,5% interanual, frente al 9,1% de media nacional. La propuesta del PP eliminaría ese mecanismo.

La admisión a trámite de esta barbaridad no implica aprobación inmediata. La proposición deberá atravesar enmiendas, debate en comisión y votación final. Con la actual fragmentación parlamentaria, su aprobación definitiva es incierta. Sin embargo, la tramitación en sí ya genera un efecto de señalización política sobre el mercado y sobre las comunidades autónomas que estudian aplicar las zonas tensionadas. 

El plan y la contradicción del Gobierno

Con cuatro meses de retraso sobre el calendario previsto, un día después de que el PP presentara esta proposición de ley en el Congreso, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo presentó como un paso hacia la consolidación de la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar.

Las medidas principales se dirigen a jóvenes menores de 35 años: ayudas de hasta 28.800 euros para alquiler con opción a compra de vivienda de protección oficial, subvenciones de hasta 10.800 euros para primera vivienda en municipios rurales de menos de 10.000 habitantes, y mejoras del bono alquiler joven, con hasta 300 euros mensuales para vivienda completa.

Amnistía Internacional valoró el plan con reservas. Entre sus críticas: el plan establece como criterio de acceso la nacionalidad o la residencia legal, excluyendo a personas en situación administrativa irregular; no incluye garantías de que las comunidades autónomas no vendan el parque de vivienda social ya existente; y las ayudas directas al alquiler, sin control paralelo de precios, corren el riesgo de ser absorbidas por el mercado, beneficiando a los propietarios más que a los inquilinos.

En resumen, un plan sin ampliación masiva de vivienda pública y sin medidas estructurales de contención de precios no resuelve el problema, solo lo aplaza, al tiempo que la contradicción es palmaria: el mismo día, que el Gobierno aprueba 7.000 millones para construir vivienda asequible, el Congreso da trámite a una propuesta para facilitar que los fondos de inversión desahucien más rápido.

Un mercado que alimenta el colapso

Las decisiones parlamentarias no ocurren en el vacío, ocurren sobre un mercado ya al límite. El barómetro de mayo del CIS registra que el 49,8% de la ciudadanía española señala la vivienda como su principal problema: el registro más alto de la historia del organismo, por encima de la crisis económica, la inmigración y la sanidad juntas.

Los datos del Observatorio del Alquiler publicados en mayo confirman la magnitud de la tensión: cada vivienda disponible recibe de media 141 solicitudes en apenas diez días, un 25,9% más que el año anterior. En Barcelona, la cifra alcanza 453 personas compitiendo por cada inmueble. El Observatorio prevé que en 2026 habrá 14.391 viviendas menos en el mercado de alquiler que el año anterior, una caída del 2,1%.

El precio medio del alquiler en España según Fotocasa cerró el primer trimestre de 2026 en 14,78 euros por metro cuadrado al mes, con un incremento interanual del 9,1%. Madrid supera los 21 euros por metro cuadrado; Baleares, los 19. En una comunidad con el salario mediano, alquilar un piso de 80 metros cuadrados en estas ciudades consume más del 60% de los ingresos de una persona joven.

El Banco de España ha documentado que la oferta de viviendas asequibles ha caído un 42% en tres años. El déficit acumulado de viviendas en España roza las 983.000 unidades, y al ritmo actual de construcción, 143.350 viviendas por año, tardaríamos seis décadas en cerrarlo. España tiene uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa occidental: menos del 2% del total, frente al 24% de los Países Bajos o el 9% de Francia.

Con todo esto y como ya es habitual, desde el Congreso se sigue ignorando la voz de la ONU. El 12 de febrero, a menos de dos semanas de la votación que eliminaría la moratoria antidesahucios, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, Balakrishnan Rajagopal, publicó una declaración oficial instando al Estado español a mantener la moratoria. Su advertencia fue explícita: permitir su decaimiento “podría tener consecuencias dramáticas para decenas de miles de las personas más vulnerables de la sociedad, que podrían quedarse sin hogar”.

La declaración de Rajagopal recordaba que el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución española (artículo 47), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por España en 1977 y en la Carta Social Europea. Expulsar de sus hogares a familias vulnerables sin alternativa habitacional no es solo una política social cuestionable: es, en el lenguaje del derecho internacional, una violación de derechos fundamentales.

El Congreso votó en contra dos semanas después.

La respuesta desde abajo: las calles y los movimientos

El 24 de mayo, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid convocadas por el Sindicato de Inquilinas, la PAH y otras organizaciones del movimiento por la vivienda, resumiendo la situación con precisión: el mercado funciona como una “máquina de empobrecimiento y expulsión”. Las demandas incluían recuperar los contratos de alquiler indefinidos, una bajada estructural de los precios y medidas de emergencia para quienes se enfrentan a desahucios inmediatos.

La protesta del 24 de mayo no es un fenómeno aislado. El movimiento por la vivienda lleva más de un año creciendo en tamaño y composición. Por primera vez en mucho tiempo, las marchas no están formadas solo por activistas o personas directamente afectadas: participan trabajadores con empleo estable, familias de clase media y profesionales que hasta hace pocos años consideraban la crisis habitacional un problema ajeno. El encarecimiento ha llegado a capas de la sociedad que hasta ahora habían permanecido al margen y de ahi que desde los SIndicatos de Vivienda y los laborales se esté trabajando hacía un vaga general con la vivienda y el trabajo digno como eje principal.

Aviso a navegantes

Los datos apuntan a un agravamiento, con la moratoria caída y los 70.000 procedimientos suspendidos reactivados, la cifra de desahucios en 2026 podría superar los 30.000 lanzamientos: el nivel más alto desde los peores años de la crisis hipotecaria. Para quienes solicitaron la prórroga de alquiler durante el breve período de vigencia del decreto (22 de marzo al 28 de abril), la situación legal sigue siendo incierta: los juristas no se ponen de acuerdo sobre si esas prórrogas son válidas o no tras la derogación, aunque la tendencia más clara de los propietarios es rechazarla.El 49,8% de menciones en el barómetro del CIS no es solo una estadística, es la medida de un país que ya no aguanta más mientras quien lo dirige a eliminado los desahucios y los perfiles más vulnerables de su agenda y la oposición aspira a Gobernar a golpe de eliminación de Derechos fundamentales. Así, que termino recordando un viejo lema de lo más actual ‘’no te quedes en casa que puedes perderla’’. Eso si tienes la suerte de tenerla y no formas parte de la generación sin opciones a ello.

La entrada Sin derecho a la vivienda: la crónica del desmontaje se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Por Juan Laborda. Publicado originalmente en El Salto.

Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo ocurrido en el Congreso de los Diputados el martes 28 de abril no fue un mero accidente parlamentario. Fue una definición política en toda regla. El Pleno derogó el Real Decreto-ley 8/2026 por 177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones, tumbando una prórroga extraordinaria para contratos de alquiler que vencieran antes de 2028. La propia información oficial del Congreso recuerda que la finalidad del decreto era evitar que la carga media del alquiler, sumados gastos y suministros básicos, rebasara el 30% de los ingresos medios de los hogares. Que Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya votaran contra eso significa, lisa y llanamente, colocarse del lado de la renta inmobiliaria frente al derecho social a una vivienda digna. En otros momentos de la historia serían echados a gorrazos. Ahora vivimos tiempos de maleza, de “vivan las cadenas”, y demás distopías inimaginables.

Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social

Y aquí conviene llamar a las cosas por su nombre. La Constitución no consagra un “derecho a especular”; consagra, en su Artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y además ordena a los poderes públicos regular el suelo “para impedir la especulación”. Es verdad que el Artículo 47 no tiene la misma aplicación inmediata que los derechos fundamentales clásicos, pero eso no lo convierte en adorno retórico: es un mandato constitucional inequívoco. Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social, en la que la propiedad rentista pesa más que la vida material de la mayoría.

Dicho esto, también sería un error convertir el decreto rechazado en una solución milagrosa. Era una medida defensiva y coyuntural, no una transformación estructural. Servía para amortiguar un golpe, no para desactivar la máquina que lo produce. Precisamente por eso la crítica debería ser doble: contra quienes tumbaron una protección mínima y contra quienes siguen respondiendo a una crisis sistémica con parches de emergencia.

La vivienda y los alimentos convertidos en activos

El problema de fondo no es solo el alquiler en España. El problema es que dos esferas que deberían permanecer fuera del casino —la vivienda y la alimentación— han sido progresivamente absorbidas por la lógica de la rentabilidad financiera. No es un desvío accidental; es una orientación política acumulada durante décadas. En Estados Unidos, la gran ola desreguladora fue también bipartidista: la administración de Bill Clinton impulsó la Gramm-Leach-Bliley Act de 1999, que favoreció la integración financiera, y Clinton firmó además la Commodity Futures Modernization Act de 2000, que rehízo el marco regulatorio de derivados y favoreció la expansión de los mercados “over the counter (OTC)”. En Europa, la Tercera Vía Laborista asumió amplias dosis de liberalismo de mercado como horizonte de modernización. La financiarización no fue solo obra de la derecha clásica; también fue administrada, legitimada y normalizada por buena parte de la socialdemocracia atlántica.

En vivienda, la literatura es ya abrumadora. Manuel B. Aalbers explicó hace tiempo que la financiarización convierte no solo la casa, sino también al propietario y al deudor, en objetos de extracción financiera. Más recientemente, trabajos de Aalbers y Cody Hochstenbach describen un “desacoplamiento” entre precios de la vivienda y deuda hipotecaria: tras la crisis global, los precios pueden dispararse incluso cuando el peso relativo de la deuda hipotecaria ya no crece al mismo ritmo, porque el motor pasa a ser cada vez más la riqueza, el capital institucional y la inversión patrimonial. Para el caso español, Javier Gil García y Miguel A. Martínez López sostienen que varias reformas estatales reactivaron la financiarización de la vivienda a partir de 2013, y Jordi G. Guzmán habla ya sin rodeos de un verdadero “complejo vivienda-finanzas” en la España posterior a 2008.

Lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo

En materias primas alimentarias, el cambio ha sido igualmente profundo. Tang y Xiong mostraron que, con la entrada masiva de inversión indexada desde los primeros dos mil, los futuros de materias primas en Estados Unidos se volvieron crecientemente correlacionados entre sí, especialmente los incluidos en grandes índices. El BCE constató que las correlaciones entre rendimientos de materias primas y rendimientos financieros aumentaron desde comienzos de siglo. Adams y Glück concluyen que la mayor comovilidad entre commodities y bolsa no puede explicarse solo por ventas forzadas durante la crisis de 2007-2009; y Ding y coautores hallan que la financiarización elevó la volatilidad y estrechó la relación dinámica entre materias primas y mercado bursátil. En Román Paladín: lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo.

Sobre la cuestión de si las series han pasado de estacionarias a no estacionarias conviene introducir un matiz serio. La literatura no es unánime. Hay trabajos que encuentran tendencias estocásticas comunes, alta volatilidad y una estructura de dependencia mucho más “financiera” en los precios de commodities; incluso se ha descrito que, en el régimen posterior a la financiarización, las variables presentan tendencias estocásticas de alta volatilidad. Pero también existen análisis que, una vez se modelizan bien las rupturas estructurales y la no linealidad, encuentran estacionariedad tendencial en muchas commodities, con la notable excepción del petróleo en varios ejercicios.

El Decreto protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero

El punto políticamente importante no es convertir un debate econométrico complejo en eslogan, sino entender su significado material: si una serie es estacionaria, los shocks acaban disipándose alrededor de una tendencia; si domina una dinámica integrada o con fuertes tendencias estocásticas, los shocks dejan cicatrices más persistentes, hacen más difícil distinguir fundamento y especulación y facilitan episodios de overshooting, burbujas y spikes de precios. Además, organismos como la UNCTAD subrayan que la actividad especulativa en mercados alimentarios financiarizados aumenta de forma muy marcada durante las crisis.

Por qué el decreto era insuficiente

Precisamente por eso el Decreto era insuficiente incluso antes de ser derribado. Protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero y el parque residencial en soporte de extracción rentista. España sigue llegando tarde al núcleo del problema: el parque de vivienda social apenas ha pasado del 2,5% al 3,4% del total nacional, todavía lejísimos del 8% europeo que el propio Ministerio de Vivienda toma como referencia de convergencia. No hablamos de una desviación marginal: hablamos de un diseño histórico que ha preferido subvencionar acceso privado, endeudamiento y valorización patrimonial antes que construir una infraestructura pública de alojamiento realmente anticíclica.

Tampoco basta con repetir que “falta oferta” si después se deja la solución en manos de un sector privado fragmentado, con poca escala industrial y sometido a ciclos de suelo, financiación y rentabilidad. El Banco de España estimó primero un déficit en torno a 600.000 viviendas hasta 2025 y, en su actualización posterior, situó el desajuste acumulado entre nuevas viviendas y creación de hogares en 400.000-450.000 entre 2022 y 2024, concentrado sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Al mismo tiempo, el INE proyecta 3,69 millones de hogares más entre 2024 y 2039, y la población residente ya se situó en 49,69 millones a 1 de abril de 2026. Es decir: el país no solo arrastra déficit; además gana población y hogares a una velocidad que vuelve grotesco cualquier enfoque de pura administración del síntoma.

Incluso el nuevo PERTE de industrialización de la vivienda, siendo una señal valiosa en la dirección correcta, revela los límites del momento político. La inversión pública prevista es de 1.300 millones en diez años con el objetivo de consolidar un ritmo de unas 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a 20.000 anuales en una década. Eso puede ayudar a mover el modelo productivo, pero no alcanza ni de lejos la escala del desequilibrio actual. Y parte, además, de una posición muy débil: distintos informes sectoriales sitúan la cuota de la construcción industrializada residencial en España en torno al 1%-2% de las viviendas terminadas. El decreto rechazado, por tanto, era insuficiente no porque regular el alquiler sea inútil, sino porque regular solo el alquiler sin transformar la estructura de producción de vivienda equivale a achicar agua sin cerrar la vía de entrada.

Construir a la escala del problema

La comparación con China debe leerse como una lección de escala industrial. El plan quinquenal chino para 2021-2025 fijó que los edificios prefabricados superaran el 30% de la nueva construcción, dentro de una estrategia explícita de industrialización, digitalización y robotización del sector. La literatura reciente sobre construcción fuera de la obra en China muestra además el enorme despliegue normativo, territorial y productivo con el que el Estado ha empujado esa transición, aunque también señala barreras y cuellos de botella. La diferencia con España es brutal: allí la cuestión se trata como política industrial de país; aquí todavía se aborda demasiadas veces como nicho tecnológico o como promesa voluntarista.

Por eso hace falta una construcción masiva de vivienda asequible financiada públicamente o avalada por una banca pública de desarrollo con mandato claro. Y aquí tampoco conviene inventar nada exótico. Europa está llena de precedentes. KfW es uno de los mayores bancos públicos de inversión y desarrollo del mundo: financia vivienda, industria e infraestructuras actuando por cuenta del Estado alemán y de los Länder. En Francia, Bpifrance funciona como el gran brazo financiero público para impulsar el crecimiento empresarial y la inversión estratégica. España cuenta con ICO, una entidad de titularidad estatal con un papel relevante, pero históricamente orientada sobre todo a captar financiación en los mercados y canalizar crédito a través de bancos colaboradores. Ese modelo puede ser útil para determinadas políticas, pero resulta insuficiente para liderar una gran estrategia de reindustrialización residencial basada en vivienda asequible, financiación estable y plazos largos.

Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado, la política de vivienda siempre llegará tarde

Además, la necesidad de una banca pública fuerte se vuelve más clara cuanto más concentrado está el sistema privado. Según el Banco de España, el peso de los cinco mayores bancos españoles ha pasado de alrededor del 40% en 2007 a cerca del 70% en 2023, y el supervisor situaba a España entre los países europeos con mayor concentración bancaria entre las grandes economías. Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado cuyo criterio básico es la rentabilidad ajustada al riesgo, la política de vivienda siempre llegará tarde y a menor escala de la necesaria.

La prueba de fuego para Pedro Sánchez

Si Pedro Sánchez quiere revalidar el poder en las próximas elecciones generales, no le bastará con administrar mejor que la derecha una crisis heredada. Tiene que ofrecer una ruptura legible con un modelo agotado. No hablo de retórica; hablo de asumir políticamente que el neoliberalismo ha dejado de ser una solución y se ha convertido en parte esencial del problema. El adversario no es solo electoral. Es una constelación de intereses inmobiliarios, financieros y regulatorios que ha colonizado la conversación pública con una idea tóxica: que vivienda, crédito y alimentos deben ordenarse ante todo por precio de mercado, aunque eso destroce vidas. Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo primero es blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos

Eso exige varias decisiones a la vez. Primera: blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos. Segunda: construir una palanca financiera pública con músculo para industrialización, promoción asequible y rehabilitación a gran escala. Tercera: disputar el terreno intelectual a la ortodoxia de la escasez autoprovocada.

En la eurozona, la independencia del Banco Central Europeo está blindada por el artículo 130 del TFUE y por el propio diseño institucional del banco. Democratizar esa arquitectura no debería significar politizar cada decisión de tipos de interés, sino someter objetivos, coordinación fiscal-monetaria y rendición de cuentas a un control democrático mucho más fuerte del actual. Y, si se quiere estudiar la Teoría Monetaria Moderna, hay que hacerlo con seriedad: varias contribuciones europeas recuerdan que los Estados del euro no gozan de soberanía monetaria plena, de modo que cualquier traslación mecánica de la MMT exigiría reformar, no solo reinterpretar, la gobernanza monetaria europea.

El sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política

Dicho de otra manera: el sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política. El momento exige un giro rooseveltiano: expulsar a los lobbies del centro del Estado, reordenar las prioridades del crédito, tratar la vivienda como infraestructura social y devolver a la política la capacidad de mandar sobre las finanzas cuando estas invaden lo que nunca debieron dominar. Si no se hace, vendrán otros a capitalizar el malestar con una mezcla de xenofobia, autoritarismo cultural y obediencia económica a los mismos intereses de siempre.

Corolario

Mi tesis final, en suma, es esta: el liberalismo está agotado, muerto, finiquitado. Su promesa de prosperidad general ha desembocado en una economía donde los bienes básicos se convierten en activos, la desigualdad se normaliza y la política se limita a gestionar el daño. La OCDE lleva años documentando un aumento sostenido de la desigualdad de ingresos en la mayoría de economías avanzadas. Si a eso añadimos la mercantilización de la vivienda, la precarización de los alimentos y la subordinación del Estado a la lógica rentista, el resultado no es libertad: es inseguridad material de masas.

La defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica

Y el balance ecológico es igual de demoledor. La OMS considera el cambio climático una amenaza fundamental para la salud; el IPCC sostiene que ya ha afectado negativamente a la salud física y mental en todas las regiones evaluadas; y el PNUMA advierte de que, sin recortes mucho más rápidos de emisiones, el objetivo de 1,5 °C se escapará en pocos años. Cuando un modelo económico necesita depredar suelo, energía, hogares y alimentos para seguir generando rentas, no solo fabrica desigualdad: también fabrica vulnerabilidad climática y enfermedad. Por eso la defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica.

El verdadero debate, entonces, no es si había que prorrogar dos años unos alquileres. Claro que había que hacerlo. El verdadero debate es si vamos a seguir tolerando que comer y habitar dependan de la rentabilidad de fondos, bancos y mercados de derivados. Ahí está la línea divisoria de nuestro tiempo. Y quien no la vea, quien siga creyendo que todo se arregla dejando “hacer al mercado”, no está defendiendo la modernidad: está protegiendo un orden viejo, desigual y cada vez más autoritario en sus salidas políticas.

La entrada No basta solo con un decreto: es necesaria una batalla contra la financiarización de la vivienda y de la vida se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Artículo original publicado en sinpermiso.info por Albino Prada

Los sucesivos impactos en el mercado global de los combustibles fósiles primero derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y posteriormente en Irán y el golfo Pérsico, están alterando los mercados de los combustibles fósiles (petróleo, gas y derivados): Mercados estructuralmente oligopólicos y afectados por problemas de progresivo agotamiento y encarecimiento. Sucede todo esto de acuerdo con una máxima de la mano invisible: a mercados revueltos, ganancias de especuladores¹.

Todo ello aconseja evitar al máximo su uso (por sus impactos inflacionistas y sobre la soberanía energética) sin olvidar que, aunque nada de esto sucediese, el evitar las emisiones de CO2 asociadas a su uso debiera considerarse un objetivo social irrenunciable. Y, en consecuencia, las medidas que se adopten para evitar los impactos referidos no debieran frenar este objetivo. Como tampoco debieran provocar efectos redistributivos regresivos.

A la luz de lo que precede paso a evaluar a continuación las medidas adoptadas² por el Gobierno de España el pasado día 20 de marzo de 2026. Lo haré en relación a cuatro ejes que considero estratégicos y prioritarios para, al reforzar nuestra soberanía y resiliencia energética, minimizar los posibles efectos inflacionistas derivados de estos shocks energéticos sobre los que no tenemos apenas control. Una evaluación centrada en las razones que en cada caso se justifican.

PRIMER EJE

Desacoplar el traslado del encarecimiento del gas natural en la fijación del precio marginalista de la electricidad.

En España (datos de Red Eléctrica) las fuentes no renovables (sobre todo gas en ciclos combinados y nuclear) suponen por término medio entre el 30% y el 40% de las energías primarias para generación de electricidad. Aunque, en concreto, el gas natural apenas supone de media el 11 %.

En esta situación el precio del gas natural -por mucho que se encarezca- no debiera condicionar de forma sustancial el precio de la electricidad³. Sobre todo cuando en España sufrimos un reciente colapso⁴ -nada menos que un apagón total- que encaja como un guante en los manejos especulativos del oligopolio eléctrico⁵ (y del gas) sobre como y cuando activar los ciclos combinados en función de la demanda y del precio.

Para desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas se debe implementar un sistema que ajuste el de la electricidad -para el consumidor doméstico- generada en cada momento a una media ponderada de los distintos aportes para la generación, sin que el gas natural pueda ponderarse en el precio final más allá del 20 %. Este sí sería un tope efectivo y no otros por bien intencionados sobre el papel que sean.

Así, por ejemplo, una propuesta de grandes consumidores para desacoplar el precio del gas en la tarifa eléctrica (AEGE o UNESID) podría concretarse en que para las Tecnologías Inframarginales (Renovables, Nuclear, Hidráulica) su precio se fije mediante contratos a largo plazo basados en su coste real de generación más un beneficio razonable. Y para las Tecnologías de Respaldo (Gas/Ciclos Combinados) estas plantas cobren el precio marginal del gas cuando sea necesario que entren en el sistema para cubrir la demanda.

El sistema actual supone unos beneficios caídos del cielo para los operadores por los precios percibidos de los consumidores⁶ (sobre todo domésticos). Mientras que, al mismo tiempo, dichos operadores aplican unos precios pagados por los excedentes vertidos a la red a sus clientes de la cuarta parte de los percibidos. Lo que constituye un notable desincentivo para el despliegue de las energías renovables fotovoltaicas por parte de los hogares, siendo así que para evitarlo estos excedentes debieran computarse en unidades físicas a compensar por los operadores.

El Decreto no incide para nada en estas dos cuestiones y apenas dulcifica con rebajas fiscales (art. 39) sobre la electricidad la bola de nieve inflacionaria (y de beneficios caídos del cielo) de los dos mecanismos citados (precios percibidos / precios pagados). Lo que tiene -como veremos- efectos negativos (costes de oportunidad) sobre la electrificación de usos ahora fósiles (en el transporte y la calefacción sobre todo). No se avanza así como se podría en “medidas estructurales destinadas a acelerar la electrificación de la economía española” o en “reforzar la competitividad de la electricidad frente a las alternativas fósiles”

Con lo que, mientras no se supriman ambos mecanismos de fijación de precios, procedería aplicar una fiscalidad extraordinaria⁷ sobre los generadores/operadores, que conformen un fondo público que impulse comunidades energéticas⁸ (solares, eólicas, biomasa) así como un patrimonio público de hidroeléctricas y centrales de bombeo.

Un enfoque éste preferible al de las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR) con las que el Decreto (art. 14 y ss.) podría sin duda facilitar una mayor oligopolización del sector, saltándose las usuales prevenciones ambientales (por ejemplo en repotenciación de parque eólicos o para nuevas centrales de bombeo). Subordinando aún más a la iniciativa privada nuevas facilidades del Decreto, como cuando en él “se establece expresamente la declaración de utilidad pública del almacenamiento de tecnología hidráulica de bombeo”.

SEGUNDO EJE

Potenciar el uso del transporte colectivo de viajeros (ferroviario, cercanías, metro, autobús) frente al privativo por automóviles

El actual sistema de abono único de 60 y 30 euros (y otros complementarios) ya tienen este objetivo, si bien debieran reforzarse en la medida en que las frecuencias, la puntualidad, la seguridad y los trayectos disponibles se amplíen. Para así incrementar la penetración de esta clase de movilidad frente a la privativa, sobre todo por carretera, que sigue siendo la dominante (sobre el 80%) y, sobra decirlo, la menos resiliente ante el shock energético actual (además de ser ambientalmente catastrófica). Porque, conviene recordar ahora, el Decreto reconoce nuestra “dependencia energética exterior en torno al 67-70% del consumo energético total, especialmente en ámbitos como la climatización de edificios, el transporte o determinados procesos industriales”

Sin embargo el Decreto se limita a reducir la fiscalidad de los combustibles (gasolinas, gasóleos, etc.) (art. 38) para amortiguar la bola de nieve inflacionista, aunque al hacerlo (y al no desacoplar del gas -como vimos- los precios de la electricidad) no favorece reducir el actual 80 % de la movilidad privativa por carretera. Un efecto que se produce incluso si se tratase de hacerlo con automóviles eléctricos, y no digamos en formatos de transporte colectivo electrificado. De hecho el desacoplar los precios de la electricidad -tal como se plantea en el primer eje de este análisis- sería el mejor “programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados que impulse al máximo la demanda”, al facilitar y abaratar sus consumos energéticos.

Porque para avanzar en el formato alternativo es una prioridad social la modernización y ampliación de una red de cercanías ya desbordada por la demanda y por la obsolescencia⁹. Una prioridad que debiera formar parte de los llamados Proyectos Estratégicos de Inversión (art. 29). Pero de la que no se habla en este Decreto.

No me extraña que la Fundación Renovables disienta del enfoque que en este punto asume el Decreto: “lamentamos que se haya incluido una rebaja del impuesto sobre hidrocarburos, ya que esto supone un incentivo al consumo de combustibles fósiles y lanza una señal contradictoria con la política energética. Tampoco compartimos la rebaja del IVA para el combustible, siendo algo que debería utilizarse únicamente para hogares vulnerables y sectores estratégicos”.

TERCER EJE

Transferir cargas de mercancías de la carretera al ferrocarril para evitar el colapso climático y la vulnerabilidad logística actual

En la actualidad la cuota del ferrocarril en el transporte de mercancías es del 4 %, muy por debajo del objetivo del 10 % marcado para 2030 (informe CNMC), con lo que cualquier ayuda a los combustibles para el transporte de mercancías por carretera debe considerarse contradictoria con este objetivo.

Siendo así que la reducción de la fiscalidad a los carburantes y las ayudas directas a su compra que se recogen en el Decreto en favor del transporte por carretera¹⁰, si bien buscan mitigar la bola de nieve inflacionaria derivada del encarecimiento los precios del petróleo, son contradictorias con el incremento de la cuota del ferrocarril. Siendo esta la única transición estructural que permitiría desacoplar de forma radical el transporte de mercancías de dicha espiral (con efectos positivos en muchos otros sectores).

Lejos de ello, las importantes ayudas al sector del transporte en carretera que incluye el Decreto aún se consideran insuficientes por la patronal del sector (FENADISMER). Un síntoma de que -de continuar el encarecimiento del petróleo- podríamos estar ante un saco sin fondo. Más aún cuando la logística del transporte de mercancías (con las ventas online y a domicilio) se está haciendo más y más dependiente de la carretera con condiciones decididas por los grandes distribuidores (como, y no solo, Amazon).

Aunque de nuevo sucede que al no avanzar en el primero de los ejes de este análisis, y al tiempo reducir el impacto de los precios de los carburantes, se alimenta un círculo no virtuoso contra la mejora de dicha cuota. Lo que también es contradictorio con la mejora de la diversificación modal de la cadena de suministros dentro del mercado español. Una diversificación modal (hacia el ferrocarril) que debiera formar parte de los llamados Proyectos Estratégicos de Inversión (art. 29).

Pero de lo que tampoco se habla en este Decreto. A pesar de que a día de hoy el Decreto reconoce que “el transporte de mercancías por carretera constituye una actividad esencial para el normal funcionamiento de la cadena de suministro”. Reitero: la palabra “ferrocarril” apenas aparece tres veces en este Decreto y nunca en relación a este eje.

CUARTO EJE

Limitar los apoyos a la tarifa eléctrica en usos electro intensivos a los niveles -y sectores estratégicos- ajustados a nuestra autonomía industrial, pero no para exportación

Conviene recordar aquí que mientras el consumo doméstico de electricidad en España en 2024 fue de 74,7 millones de Mwh, el consumo industrial ascendió a 116,5 millones, de los cuales un tercio corresponde a los llamados sectores electro intensivos (siderurgia, aluminio, química y cemento). A los que ahora se estarían añadiendo los centros de datos.

De reducirse estos consumos electro intensivos industriales (solo hasta niveles de producción ajustados a las necesidades de la demanda interna) se abriría un margen para destinar esta electricidad hacia la sustitución de los actuales consumos de gas para calefacción doméstica¹¹. Asegurándose entonces una autonomía real de aprovisionamientos para esta calefacción, y que -además- sus precios se muevan al margen del mercado global del gas. En esta perspectiva sobra decir que cualquier ayuda o rebaja del coste de la electricidad para estos usos electro intensivos que incluya productos exportados por estos sectores debiera considerarse contraproducente.

Por ello cabe decir que las medidas incluidas en el Decreto para suavizar el impacto de los precios de la electricidad en estos sectores industriales¹² son, en primer lugar, contraproducentes con la necesaria reducción de estos consumos y, en segundo lugar, debieran considerarse prescindibles en la medida en que los precios percibidos por los generadores/operadores eléctricos se desacoplasen de los precios del gas natural tal como aquí se propuso.

Si hay que felicitarse -por pasiva- de que el Gobierno haya dejado de predicar con tanto énfasis como venía haciendo sobre la alternativa del hidrógeno verde¹³ en este Decreto, un síntoma de que esta burbuja especulativa podría estarse afortunadamente desinflando.

*

En su conjunto debo concluir que las medidas del Decreto conforman una contradictoria mezcla entre las coyunturales y las estructurales. Porque en las coyunturales por acción (rebajas fiscales, ayudas directas) o por omisión (ausencia de cambios en la tarifa eléctrica) se define un marco poco favorable a la necesaria aceleración de la transición energética que el Gobierno dice defender para así avanzar en nuestra soberanía energética. Lo que el Decreto concreta como “sustitución de combustibles fósiles por electricidad renovable en ámbitos como la climatización, el transporte o los procesos industriales”. Una soberanía cada vez más urgente si reparamos en nuestra creciente dependencia de gas e hidrocarburos de un proveedor tan poco fiable como los Estados Unidos. Siendo así que si bien con estas medidas algo se frena a corto plazo la actual ola inflacionaria, tampoco se garantiza en absoluto que tal con tención se pueda mantener a medio plazo.

Frente a esta estrategia las propuestas de la oposición de derechas al Gobierno buscan aprovechar el shock externo para profundizar en la defensa a fondo y sin límites del complejo fósil-nuclear (con Repsol en la Casa Blanca o una Iberdrola pronuclear, por poner dos ejemplos). Por un lado con rebajas fiscales aún mayores que produzcan una progresiva asfixia de los recursos y los servicios públicos y, por otro, ampliando la apuesta por la opción nuclear en una electrificación subordinada a los intereses fósiles. Sin, por supuesto, embridar la fijación marginalista de precios ni los oligopolios de los carburantes.

Para avanzar hacia propuestas que no sean contradictorias -como las actuales el Gobierno- esperemos que en futuros Decretos sobre este asunto, se ocupen de esterilizar el impacto del gas en el precio de la electricidad, posibilitando así una mayor electrificación de la movilidad tanto para pasajeros como para mercancías, y también para la calefacción doméstica. Embridando al mismo tiempo los despilfarros electrointensivos. Solo así se definiría una senda clara para escapar de la ratonera fósil-nuclear en la que seguimos atrapados. Atrapados ahora en este shock, que no parece vaya a acabar pronto, y a otros que sin duda vendrán. Porque, cuando se quiere abandonar una droga, no conviene abaratar su precio sino dejar de consumirla.

El Gobierno, al no querer enfrentar este dilema, en el Decreto 7/2026 se subordina al voto afirmativo de la derecha catalana y a la abstención de la española (y a sus capitalismos de amiguetes). Con eso gana Sánchez, agónicamente, tiempo político, pero me temo que al coste de engordar una creciente marea social, convencida de que son esas derechas las que “saben” y deben gestionar el actual shock fósil y militar externo. Dentro de un mes veremos la otra puerta de esa ratonera cuando se debata y vote el Decreto 8/2026.

Albino Prada es miembro del Consejo Científico de Attac España. Su último ensayo se titula “El regreso de China. La globalización imposible” (Universidade de Vigo, 2025).

La entrada ¿Cómo reaccionar ante el actual shock del capitalismo fósil? se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

La entrada ¿Cómo reaccionar ante el actual shock del capitalismo fósil? se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: Reproducción de grafiti de Banksy. Estamos todos en el mismo bote.

Adhik Arrilucea. Publicado originalmente en Público

Un estudio liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona muestra que el desarrollo perpetuo no es necesario si se prioriza la redistribución de la riqueza y la producción de los recursos esenciales.

El crecimiento económico y el desarrollo sostenible son el compás de las sociedades occidentales que buscan mantener sus tendencias al alza de acumulación de recursos y riqueza. Pero este no es el único paradigma que existe. De un tiempo a esta parte, se han popularizado nuevas formas de imaginar otros mundos posibles. Así, los movimientos sociales, la ciencia y la filosofía han desplegado la investigación sobre el decrecimiento. Al contrario de las políticas actuales, este enfoque atiende a los límites del planeta y defiende que, mediante una redistribución justa, es posible vivir de manera digna y con todas nuestras necesidades cubiertas sin incrementar la producción.

Estas teorías y enfoques no son nuevas. En noviembre de 2023, la propia Letizia Ortiz llegó a citar a ecólogos como el científico del CSIC Antonio Turiel. Así, reconoció el desarrollo de ideas, según las cuales «desarrollo y sostenible ya no pueden ser algo [que vayan juntos]». Lo hizo durante el XVI Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, al que le acompañaba, entre otras figuras, el entonces ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá. Este replicó, no obstante, que los postulados decrecentistas «parecen de una debilidad de fundamentos extrema». No obstante, los expertos han continuado el desarrollo de un andamiaje teórico en esta línea capaz de analizar la realidad de la crisis climática en todas sus vertientes.

Un nuevo estudio liderado por científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) plantea cómo alcanzar «un alto bienestar» y un clima seguro sin crecimiento económico. El trabajo, publicado en Nature Climate Change, es una perspectiva. Es decir, no se trata de un caso de estudio al uso, donde se investiga una cuestión específica –a la que se aplica una metodología para obtener unos resultados de los que extraen unas conclusiones–. No obstante, pasa por el mismo mecanismo de revisión que los artículos habituales.

¿Qué es el decrecimiento?

Esta perspectiva establece los principios para modelizar escenarios de poscrecimiento. «El poscrecimiento es un término paraguas que engloba un conjunto de enfoques que priorizan la sostenibilidad ambiental, la equidad social y el bienestar humano por encima de la búsqueda perpetua del crecimiento económico», define en declaraciones a Público Aljoša Slameršak, autor principal del estudio e investigador del ICTA-UAB. Dentro de dicho paraguas, incluye el concepto del decrecimiento. Este «se refiere a la reducción planificada y equitativa de aquellas actividades económicas que son ecológicamente destructivas o que no contribuyen al bienestar humano».

La investigación argumenta que «el crecimiento incrementa la demanda de energía, tierra y uso de materiales. Esto resulta particularmente problemático en el caso de las economías de altos ingresos y las personas adineradas, que ya tienen niveles de uso de energía y materiales muy superiores a los necesarios para el bienestar«. Por el contrario, Slameršak apunta que el decrecimiento busca «disminuir la presión ecológica y liberar recursos actualmente destinados para el consumo excesivo, para garantizar condiciones de vida dignas para todos«.

La investigación identifica cinco principios fundamentales del poscrecimiento: bienestar, suficiencia, reducción de las desigualdades, reorientación de la economía y convergencia norte-sur. Según el autor principal, todos estos criterios vertebradores son indisociables entre ellos. «No se puede, por ejemplo, tener una economía que proporcione altos niveles de bienestar mientras se mantienen la sobreproducción y el despilfarro entre los ricos, ya que esto inevitablemente llevará a superar los límites planetarios». En la misma línea, sospecha de las «perspectivas de una vida buena para la mayoría mientras persistan las enormes desigualdades dentro de las sociedades y las relaciones económicas imperiales entre los países del norte y el sur global».

El artículo identifica varios mecanismos clave de la transición al poscrecimiento. «El poscrecimiento implica redistribuir y reestructurar la economía para proporcionar lo esencial, que garantice un nivel de vida digno para todas las personas, manteniendo el consumo adicional no esencial dentro de niveles compatibles con los límites planetarios. Esto exige reducir sustancialmente las desigualdades actuales», comenta en un comunicado el coautor Joel Millward-Hopkins, de la Universidad de Lausana.

¿Un escenario realmente posible?

Los científicos señalan que el incremento de la producción y el consumo hace más difícil la mitigación del cambio climático. No obstante, no es este un esquema mental extendido en la población, ni tampoco en el propio Gobierno, que defiende el desarrollo sostenible. Durante la primera sesión del G20 el pasado noviembre, Pedro Sánchez declaró que «el desarrollo inclusivo y sostenible es imposible sin paz«. Unos meses antes, en junio, aseveró en la apertura del Business Forum que «no es posible el desarrollo sostenible sin una participación mucho más decidida de las empresas». No obstante, ¿es posible cambiar las políticas actuales hacia el decrecimiento? ¿De veras se puede vivir bien sin este crecimiento?

Slameršak cuestiona la premisa de este planteamiento. «No creo que todas las clases sociales hayan tenido la misma experiencia de crecimiento económico», valora. Menciona que el profesorado catalán, por ejemplo «ha perdido efectivamente un 25% de su poder adquisitivo en la última década«. Si bien reconoce que ha habido un desarrollo económico desde la crisis financiera de 2008, «este crecimiento no ha seguido el ‘efecto goteo’ hacia todas las clases sociales. De hecho, gran parte del crecimiento que vemos hoy en día se sostiene, podría argumentarse, mediante la presión sobre las clases pobres y medias por parte de las clases rentistas y los ricos», abunda.

El investigador del ICTA-UAB considera «crucial» poner en cuestionamiento «la idea de que la calidad de vida depende del crecimiento». Indica así que esta noción se aleja del «sentido común» de la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia, que tenían otros modos de producción y de organizar la vida. «Lo que se necesita para una vida buena, desde el punto de vista económico, es la satisfacción de las necesidades materiales básicas», defiende. «No es necesario ampliar el tamaño del piso sin fin, comer más alimentos o trabajar más horas cada año para ser feliz».

Una redistribución basada en la justicia social

El cuestionamiento al efecto goteo del crecimiento económico no es baladí, ni tampoco solo una opinión. El periodista de Público Jorge Otero recordaba un informe de la ONG Oxfam Intermón publicado en enero. Este denunciaba la «concentración extrema de la riqueza en el mundo». En su informe anual sobre el reparto de la riqueza, la ONG señaló que 2025 fue «un año histórico para el capital». De acuerdo con sus datos, un reducido grupo de 3.000 personas en todo el mundo acapara casi 18,3 billones de euros mientras «la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza con menos de 8,3 dólares al día».

El pasado mes de febrero The Wall Streel Journal publicaba un artículo titulado El gran dinero de la economía actual va al capital, no al trabajo. La pieza demuestra que la brecha de la desigualdad entre trabajadores y empresarios se ensancha año tras año. De acuerdo con los datos aportados por el diario económico, los salarios de la clase trabajadora en todo el mundo han pasado de representar el 58% de la riqueza global en 1980 a algo más del 51% ahora. En cambio, las empresas se quedan con una parte cada vez mayor de esa riqueza: ha pasado del 7 al 12%. 

El estudio publicado en Nature Climate Change señala que los escenarios actuales de poscrecimiento y decrecimiento no aplican de manera coherente los principios fundamentales de una transición al poscrecimiento, lo que deja sin explorar buena parte de su potencial. En muchos casos, estos escenarios actuales se limitan a proyectar un estancamiento o una caída del PIB, sin transformar la producción ni la distribución.

¿A qué debemos renunciar?

«Nuestra investigación muestra que la mayoría de los países de altos ingresos, y en este grupo incluyo el estado español, en términos agregados, ya poseen y producen lo suficiente para proporcionar una vida digna a todos sus ciudadanos. El problema es que el acceso a estos recursos está mediado por una propiedad y un poder adquisitivo escandalosamente desiguales«, expresa el científico del ICTA-UAB. ¿Significa eso que no debemos renunciar a nada? Para el autor principal, lo principal de lo que nos debemos deshacer es «la posibilidad de acumulación ilimitada de poder y recursos por parte de una minoría».

Las clases medias y bajas no deberán renunciar «al acceso a bienes y servicios económicos esenciales». «A lo que debemos renunciar colectivamente es a un sistema económico construido sobre la extracción, la desigualdad y el desperdicio«, insiste. De este modo, el autor espera su estudio sirva para crear «imaginarios esperanzadores» en un contexto donde las ideas del crecimiento sostenible están tan arraigadas. «Al desarrollar escenarios rigurosos y demostrar que un futuro con alto bienestar y bajo crecimiento es materialmente posible, podemos ayudar a contrarrestar la narrativa de que «no hay alternativa» al modelo actual».

Adhik Arrilucea

Periodista de ciencia y medio ambiente en ‘Público’. Investigador predoctoral en la UC3M, está especializado en Teoría y Crítica de la Cultura. Con formación en Periodismo, Humanidades y Ciencias Políticas, cuenta con experiencia en comunicación científica en la Agencia SINC e institucional en el Ministerio de Industria. Es autor de una investigación académica sobre la cobertura mediática de los movimientos ecologistas y la crisis climática.

La entrada Científicos cuestionan el dogma del capitalismo: es posible «un alto grado de bienestar» sin crecimiento económico se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

La entrada Científicos cuestionan el dogma del capitalismo: es posible «un alto grado de bienestar» sin crecimiento económico se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.