Si uno decide visitar el Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía (MCARS) de Madrid, seguramente en la puerta se encuentre con varios trabajadores que advierten de la huelga del servicio de atención al público que realizan desde el 13 de junio. Se trata de algo más de una veintena de empleados que cumplen con un trabajo estructural y continuado en la pinacoteca pero que, sin embargo, son gestionados a través de contratos externalizados a terceras empresas. La gota que ha colmado un vaso ya demasiado rebosante han sido los nuevos pliegos. Según explica Víctor –prefiere no dar su apellido–, portavoz del sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT), que da cobertura a los paros, el Museo ha licitado el servicio con la desaparición de dos puestos de atención al público por turno.

De esta forma, la nueva compañía adjudicataria tendrá que ejecutar dicha reducción como despido o como reducción horaria con la consiguiente reducción salarial. Desde el Reina Sofía han respondido a La Marea que esta reducción “responde precisamente a una reivindicación sindical reiterada sobre las condiciones climáticas intolerables que presentan los puntos de información situados en el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal”. 

Por su parte, Víctor contradice esta versión. Según asegura, la plantilla en la sede principal del Museo, en la plaza de Juan Goytisolo, siempre ha sido de diez posiciones por turno que ahora se reducen a ocho. “Esto no tiene nada que ver con las posiciones de palacios cuando estaban abiertos hace dos años que eran tres por la mañana, tres por la tarde y tres el fin de semana”, a las que se añadían una decena más en la sede principal.

El SUT recuerda que el Reina Sofía ha experimentado un incremento paulatino del número de visitantes, hasta que este 2025 han superado los 1,6 millones. “Pese a esto, la dirección quiere reducir un 20% la plantilla de atención al público, la que se dedica a la accesibilidad universal al centro, la necesidad de sillas de ruedas, atención e identificación de grupos, validar entradas, así como informar sobre los accesos”, reitera el portavoz.

Este servicio indispensable para el Museo se encuentra externalizado, al igual que el de mediación cultural, cuya plantilla decidió secundar los paros desde su comienzo hasta el pasado 24 de junio. El MNCARS ha detallado que la última oferta de empleo pública resuelta, que corresponde a 2020 pero ofertada en 2025, recogía ocho plazas de informadores que resultaron vacantes. “En los tres años que esta dirección lleva al frente del Museo la plantilla ha aumentado en más de 160 personas, reduciéndose en 140 los contratos externalizados de vigilancia de sala”, han cifrado.

Denuncian los servicios mínimos

La huelga también ha encontrado cierto conflicto con los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Cultura, marcados en un 30%. Desde el SUT denuncian que los servicios mínimos están pensados para servicios de “inaplazable necesidad” que experimentan huelgas por parte de la plantilla que los ofrece. “Y ahora obligan a unos servicios mínimos en un museo que cierra cada martes y domingo por la tarde con la excusa de garantizar el acceso a la cultura”, insiste Víctor. El sindicato considera falso que no poder entrar al Reina Sofía por un conflicto laboral sea motivo suficiente para poder afirmar que por ello se vulnera el derecho a la cultura de la población. Ya han recurrido esta medida implantada por la cartera que tiene a Ernest Urtasun al frente.

“Con esta decisión, que toma el Ministerio, que no es un ente imparcial sino el responsable directo del Museo, sabotean y diluyen totalmente nuestra fuerza frente a la prepotencia institucional y los despidos”, añade Víctor. Cultura ha afirmado a La Marea que el Tribunal Constitucional dictamina que el responsable de establecer los servicios mínimos en una huelga es el órgano gubernamental con competencias en la materia y en los servicios afectados por la misma. “Al ser una cuestión de cultura, le corresponde al Ministerio de Cultura”, han dictaminado.

Tal y como han remarcado, para decretar los servicios mínimos se han basado en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en dos cuestiones: la “relevancia singular dentro del sistema cultural español” que posee el MNCARS por tratarse de la institución nacional de referencia para la conservación, investigación, exhibición y difusión del arte moderno y contemporáneo; y que “el acceso a la cultura es un derecho constitucional que cualquier administración competente debe garantizar”. Según defienden, se han decretado unos servicios mínimos que garantizan tanto el derecho al acceso a la cultura como el derecho a huelga.

Los efectos de la huelga

Pese a los servicios mínimos establecidos, los paros se dejan ver en las largas colas que se forman a la entrada del Museo, sobre todo en las franjas horarias gratuitas o determinados días de especial afluencia, ya que una de las funciones de la plantilla de atención al público es la validación de entradas. “El Museo ha utilizado a personal propio y a vigilantes de seguridad para sustituir a los huelguistas y hacer que su presión se reduzca”, afirma Víctor, quien apunta a que el SUT también ha denunciado estos hechos ante los tribunales de lo Social. El Museo, por su parte, niega cualquier tipo de sustitución de huelguistas.

El primer impacto directo de la protesta laboral ha sido el cierre del acceso por el edificio Nouvel. Asimismo, el SUT reivindica un descenso de hasta un millar de visitantes desde que comenzó la huelga, un extremo confirmado por el MNCARS, aunque no lo relacionan directamente con los paros. “Si el Ministerio no hubiera establecido los servicios mínimos, el Museo ya se tendría que haber sentado con la plantilla para negociar las futuras licitaciones. Así no habría habido ninguna huelga y el servicio no se habría degradado”, esgrime el portavoz del SUT.

Asimismo, Víctor aclara que cualquier comprador online de la entrada al Reina Sofía no sabrá hasta que llegue al museo que menos de un tercio de la plantilla de atención al público estará en disponibilidad de atenderle. “Una parte no desdeñable pero de difícil cuantificación de los visitantes se solidariza con nosotros al conocer nuestras demandas y no entra al ver cómo la institución tiene un discurso específico de puertas para afuera pero que no se corresponde con la realidad”, prosigue el portavoz. Las pantallas del centro de arte sí advierten in situ de los paros en el servicio de atención al público.

El equipo de 22 trabajadores de la plantilla de atención al público mantiene los ánimos altos gracias a la solidaridad de los primeros días de sus compañeros de mediación cultural y de la caja de resistencia que tantas personas están engrosando con sus aportaciones. “Estamos ante cuatro despidos y un enfado muy grande por el desdén y la hipocresía institucional del Museo”, recalcan desde el SUT.

Un cátering cuesta más que un salario anual

La cuantía de los salarios tampoco ayuda. El sindicato sostiene que los trabajadores de atención al público perciben unos 13.000 euros al año cuando el director de la institución, Manuel Segade, se embolsa más de 145.000 euros anuales. Le siguen la subdirectora con casi 96.000 euros y el director de gabinete, con más de 88.000 euros. Solo el cátering que el MNCARS encargó hace unas semanas para celebrar su 40 aniversario ya costó 14.000 euros, tal y como han confirmado fuentes internas del Museo. 

“Aquí hay trabajadores obligados a trabajar que van a ser despedidos dentro de unas semanas. Hoy son imprescindibles, mañana se van a la calle y no pueden hacer huelga contra su propio despido. Que se fomente esto desde un Museo que, al menos desde su márketing, defiende toda una serie de discursos alternativos y progresistas, es especialmente grave”, finaliza el portavoz.

Por último, el MNCARS ha incidido en que la dirección “ha trabajado conjuntamente con las organizaciones sindicales mayoritarias que representan a las más de 700 personas que integran la plantilla del Museo Reina Sofía con el objetivo de mejorar las condiciones laborales dentro de la institución”. Además, han subrayado que en un contexto de tres años con los presupuestos prorrogados se ha disminuido la rotación de personal, se ha reducido la salida de trabajadores y trabajadoras fuera del Museo y existe un buen clima laboral.

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La Guerra Civil podría haber terminado meses antes de aquel 1 de abril de 1939. La victoria del bando golpista vino precedida por una operación de inteligencia, diplomacia y logística sin parangón en la historia bélica hasta aquel momento. La rendición tenía que ser total. No hubo espacio para armisticio alguno. Todos los presos fieles a la República serían tratados como presos comunes, no como prisioneros de guerra. Tampoco alargar la contienda habría significado entrar en la Segunda Guerra Mundial. Aquel primero de abril, la Guerra Civil llegó a muchos lugares que no la habían vivido. La épica cacareada por los gallos de la victoria no fue tal. La rendición al completo estuvo medida al milímetro, no así la crueldad que se desataría en cada lugar en el que los vencedores tuvieran sed de venganza.

Estas son las grandes tesis que deja tras de sí Cómo terminó la guerra civil española (Crítica, 2026), un extenso ensayo que contiene documentación con información procedente de fuentes hasta ahora no accesibles a los investigadores. En él, Gutmaro Gómez Bravo reescribe los días clave en los que el bando franquista pergeñó la victoria incondicional. Este catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) huye de la versión más extendida y se aleja de las desavenencias entre los gerifaltes militares republicanos para poner la mirada sobre los golpistas: «Su operación fue todo un éxito», adelanta.

El investigador asegura que la contienda podría haber concluido el 31 de enero, tras la caída de Barcelona, porque el conflicto ya se encontraba resuelto desde el plano militar. «Es en el cuartel general de Burgos donde se decide otro final. Quieren una rendición sin condiciones de los republicanos y evitar una mediación internacional y un tratado que convirtiera a los presos en prisioneros de guerra», explica Gómez. Lo consiguieron, pero solo tras un trabajo calculado hasta el mínimo resquicio.

Entre el hambre y el perdón

Junto al bando golpista, que se veía a sí mismo más victorioso cada día que pasaba tras la victoria en la batalla del Ebro y la caída de Catalunya, luchaba el hambre. «El hambre es decisiva para esta estrategia de rendición que proyectan, sustentada también en la guerra psicológica», sostiene Gómez. La aviación franquista bombardeaba con pan las grandes ciudades republicanas que sobrevivían con gran dificultad al asedio. En los paquetes, proclamas que aseguraban que las personas que no tuvieran las manos manchadas de sangre no tenían nada que temer.

El historiador asegura que los franquistas proyectaron la rendición a través del hambre y la promesa del perdón. «Lo que no querían era tener que combatir en las ciudades, como pasará en la Segunda Guerra Mundial. Buscan una rendición ordenada, planimétrica, y lo comunican dándole la vuelta. Dicen que la culpa del hambre son los republicanos y la resistencia», añade el también director del Grupo de Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo de la UCM.

Europa, a favor de Franco

El plano internacional fue determinante en estas últimas semanas de conflicto. En su ensayo, Gómez corta esa línea recta historiográfica trazada entre el final de la Guerra Civil y la posibilidad de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Consultada la documentación de Inglaterra y Alemania, el historiador resuelve que «a partir de la caída de Catalunya todo el mundo quiere que la guerra termine». Es precisamente en enero de 1939 cuando tanto soviéticos como alemanes, que pronto firmarían entre ellos el pacto de no agresión, empezarían a virar sus posiciones.

Las jornadas que pasarían a la posteridad se suceden. El 15 de febrero, los británicos reconocen en secreto a Franco como jefe del Estado, una decisión que harán pública el día que Francia también la tome. El día 27 hacen lo propio los franceses, justo una semana después de que España haya firmado, también en secreto, el tratado Antikomintern, que confirma la entrada militar de España en el Eje junto a Alemania, Italia y Japón, y que hará público el 31 de marzo, el último día de guerra en España.

Durante marzo, el último mes antes del fin de la contienda y el inicio de la dictadura, desde Burgos los franquistas se esmeran en hacer llegar a los republicanos las normas que deberán respetar en la rendición. «Se da un encuentro entre los militares del Estado Mayor de los dos ejércitos cuando, en realidad, ya trabajan para el mismo. Ahí se ve cómo el servicio de inteligencia franquista ha absorbido al servicio republicano. Les dan órdenes, trabajan juntos. No los matan, los utilizan», apostilla Gómez tras haber recabado esta información durante visitas a archivos extranjeros.

La entrada en Madrid

El coronel José Ungría es uno de los grandes nombres propios de esta historia. Sabedor de su papel decisivo a la hora de crear un gran aparato de información en el territorio republicano, Francisco Franco le encargó que definiera el desenlace de la guerra desde la perspectiva militar. Gracias a él, el Estado Mayor de Burgos terminó absorbiendo al Estado Mayor leal a la República.

José María Taboada Lago es otro de los nombres determinantes en el fin de la guerra. Secretario de Acción Católica, se movió diplomáticamente para interrumpir la mediación iniciada por el Vaticano en la Navidad de 1938 y, más tarde, se encargó de la unificación de las fuerzas derechistas en la capital, Madrid, republicana hasta el final de la guerra. Para salir de sus escondites y saludar al nuevo régimen que arrebataría la democracia a España durante cuatro décadas, Taboada y sus seguidores tenían que estar atentos a Radio Nacional. «Cataluña está nublado» significaba que la operación no había culminado en la región mediterránea; «geografía extensa», que se acercaban a la capital; y el día que anunciaran un «reparto de caramelos» en Madrid, sería la jornada señalada para que los franquistas tomaran la ciudad tras casi tres años de guerra.

Ungría y Taboada son dos de las entradas que recoge un dramatis personae con el que, acertadamente, la editorial Crítica ha decidido acompañar el ensayo y cuyas definiciones casi alcanzan las siete decenas. Entre ellas se cuentan personajes como Manuel Azaña, Pablo de Azcárate, Julián Besteiro, el cardenal Isidro Gomá y Diego Martínez Barrio, al igual que entidades o conceptos, como Comité propaz civil, Consejo Asesor, Consejo Nacional de Defensa y Servicio de Información y Policía Militar.

Por otro lado, los sindicatos no perdieron su papel predominante. La ocupación de las grandes ciudades por parte de los franquistas estuvo pactada con la UGT y la CNT, «quienes representaban realmente el primer gobierno de Francisco Largo Caballero frente al de Juan Negrín», apunta el historiador. Gómez apunta que la entrega de Madrid tenía que venir acompañada del aseguramiento de industrias como la logística, las comunicaciones, el Metro, el agua o la electricidad. «Hacen coincidir la transición con la ocupación, y es un éxito de manual para ellos», agrega.

Necesidad de rendición

De todas formas, la caída de Madrid el 27 de marzo estuvo precedida por una operación planificada y pensada para que todo concluyera como deseaban los franquistas. Dos días antes tuvo lugar la entrega de toda la aviación republicana que quedaba. «Después vendieron una victoria clara, pero estuvo planeada al milímetro porque no se fiaban: los republicanos que se rendían seguían siendo 400.000 hombres armados», detalla el autor del ensayo. Llegaba el tiempo de las salvas al aire como gritos de rendición, de sacar la bandera blanca, de que los militares republicanos se descosieran una manga de su uniforme.

Gómez recalca que esta versión de los hechos, contada desde la perspectiva interna del bando franquista, quedó opacada con el paso de los años. «Los protagonistas nunca lo contaron y la población en general desconoce que llegaron hasta este nivel de acuerdo, que realmente el ejército de Franco necesitó que los otros se rindieran y entregaran. Siempre ha parecido que se debió a una conquista, algo épico, pero no es así», se explaya.

El historiador, preguntado por aquello que le ha parecido más llamativo de esta investigación que le ha llevado años, responde que «el nivel de orden» que ejecutaron los franquistas a la hora de la rendición. Pero no solo eso. «Ahora vemos las consecuencias que tuvo ese final tan planificado a nivel logístico, diplomático y militar, algo muy complejo. Sin embargo, también vemos que a nivel local se desató una venganza brutal», comenta. Así lo refleja en su trabajo: la fase final de la operación «llevó a la rendición, al cese de las hostilidades, pero también al castigo masivo de la población civil».

El 1 de abril llegó el último parte de guerra, el único firmado a título particular por Franco: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado». Sin embargo, la batalla por la verdad se sigue librando investigación tras investigación precisamente para desterrar lo maniqueo, aquello que Gómez describe así en su libro: «Seguimos en una historia de vencedores y vencidos, de héroes y villanos, de ingenuos y clarividentes. Una historia, en definitiva, de buenos y malos».

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Cuando en marzo del año pasado Ángel García recibió la multa, no se lo podía creer. “Todavía no sé qué hice, esa es la triste desgracia”, dice este jubilado de 74 años, miembro de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que fue sancionado por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Y no es el único damnificado del colectivo por esta controvertida norma. Paco Cepeda, sindicalista y colaborador de COESPE, también ha sido multado. En su caso, denunció agresiones policiales. En ambos procedimientos, la versión policial se sustenta únicamente en el testimonio de los agentes.

Por eso, este jueves, la Coordinadora ha registrado en el Congreso alrededor de 130 cartas procedentes de diversas organizaciones y plataformas estatales dirigidas a los parlamentarios y, en concreto, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Queremos que paralicen los expedientes de sanción a nuestros compañeros y la derogación de la Ley Mordaza”, reivindicó Damián Rodríguez, portavoz de COESPE a nivel estatal, antes del acto de entrega.

“En ambos casos hemos hecho todos los recursos posibles para defender que las denuncias realizadas por la Policía Nacional eran absolutamente falsas”, sostiene el portavoz a La Marea. La COESPE insiste en la “arbitrariedad” de la ley y denuncia que persigue “reprimir las movilizaciones sociales y a los activistas”. Rodríguez afirma, asimismo, que la Ley Mordaza es “absolutamente subjetiva y da todo el poder a las interpretaciones de la Policía, lo que provoca situaciones incomprensibles”. 

A pesar de ser una promesa electoral repetida hasta la saciedad por parte del PSOE, la norma continúa vigente. “Es un incumplimiento más de los que nos tiene acostumbrados este y otros gobiernos”, añadió el portavoz estatal.

Sin incidentes: multa de 1.200 euros

Una de esas situaciones incomprensibles de las que habla Rodríguez la está viviendo Ángel García. Sucedió en mayo de 2024 y hasta marzo del año siguiente no tuvo noticia de la sanción. Como cada tercer miércoles de cada mes, el colectivo se manifestaba frente al Congreso: “Yo suelo ser una de las personas que comunica la protesta en Delegación del Gobierno, y normalmente no hay ningún problema con la Policía”, relata.

El también portavoz de la COESPE en la Comunidad de Madrid y en Pinto terminó multado con 1.200 euros por desacato a la autoridad y por haber insultado gravemente a los agentes, siempre según lo esgrimido por la parte denunciante. “A mí no me identificó nadie, excepto al principio de la manifestación como convocante, y luego no pasó absolutamente nada. Nadie recuerda que sucediera lo que dicen que sucedió”, se defiende.

Según la versión policial, García llamó por el megáfono “hijos de puta” a los policías destinados a controlar la protesta. “Yo no suelo utilizar esos términos. Nadie se lo explica porque no hubo ningún tipo de enfrentamiento”, añade el jubilado. La COESPE siempre lleva a cabo movilizaciones pacíficas, en las que corean sus conocidos lemas, como “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”. “Sería absurdo que nosotros nos pegáramos o insultáramos a nadie. Con la edad que tenemos, imagínate la violencia que utilizamos. Cero”, completa Rodríguez.

Hasta en tres ocasiones han intentado la retirada de la sanción a García mediante diferentes alegaciones. “Ahora lo tiene que decidir el Ministerio del Interior. Espero que vean cómo no hay ninguna prueba que acredite que yo insulté a los policías, tan solo un informe emitido por un agente que dice que he desobedecido las órdenes y que he faltado gravemente al respeto”, dice este integrante de la Coordinadora en defensa de las pensiones.

Él tampoco entiende cómo un Gobierno que asegura ser progresista continúa al frente del Ejecutivo con la Ley Mordaza en vigor. “Perjudica a todos los que luchamos en la calle. Por protestar, ya tienes las de perder”, asegura el activista. Llegado el caso de que la justicia ratificara la sanción que pesa sobre él, García señala que no la abonaría. “Yo la podría haber pagado ya porque mis circunstancias me lo permiten, pero no voy a aceptar algo que es una mentira, una farsa y que no tiene ni pies ni cabeza”, zanja el asunto.

Denunciado y golpeado por la Policía

Su compañero de Getafe Paco Cepeda tiene 63 años, es delegado sindical de CC. OO. en una empresa de artes gráficas y apoya siempre que puede a COESPE. Todavía recuerda aquel 18 de junio del año pasado: “Al llegar al Congreso en la manifestación de los miércoles, la Policía de alguna manera provocó a las compañeras que portaban la pancarta. Les dijeron que si no estarían mejor en su casa preparando la comida”, introduce.

Al escuchar aquello, Cepeda se acercó al lugar: “sin mediar palabra me empujaron, me tiraron al suelo y me golpearon”, denuncia. El parte médico realizado después atestigua hematomas recientes en la cara interna del brazo derecho de “gran tamaño”, así como un eritema “por presión en brazo izquierdo”.

El encontronazo se saldó con una sanción de 700 euros. Según la versión policial, el sindicalista increpó a los agentes, quienes le dijeron que depusiera su actitud, a lo que hizo caso omiso. “Incitó al resto de manifestantes, lo que provocó un conflicto de orden público. Posteriormente, se le solicita que se identifique, a lo que se niega de manera reiterada a la vez que intenta ocultarse entre la masa y abandonar el lugar, procediendo por tanto a la comisión de una desobediencia a unos agentes de la autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones”, dejaron por escrito.

Una vez más, la Policía no ha aportado ninguna prueba y tan solo el testimonio del agente hace valer su versión de los hechos. “No puede haber nada que secunde su versión, porque no tuvo lugar lo que ellos dicen que pasó. Y tengo que ver bien cómo va mi denuncia por la agresión que sufrí, no sé si está parada en el juzgado o es que la misma comisaría no la ha tramitado”, dice el activista un año después de los hechos.

Llegado el momento, Cepeda admite que no pagará la cuantía. “Lo que yo he hecho es defender el sistema público de pensiones, que no me parece nada malo”, finaliza. Pasadas las 12.30 horas, el registro del Congreso de los Diputados contaba ya con las 130 misivas entregadas por cinco delegados de la COESPE. Así finaliza un intento más de hacer cambiar de opinión, antes de un futurible viraje del Gobierno hacia la derecha, a los parlamentarios que todavía apoyan la vigencia de la Ley Mordaza.

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Lo que nació en 2001 como un pequeño proyecto de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja (UR), la más pequeña del país, ha terminado como el mayor repositorio del mundo de literatura científica en castellano. Esa podría ser, en pocas palabras, la historia de Dialnet, una base de datos y archivo de artículos científicos que ya alcanza los 10,5 millones de documentos y 400.000 tesis doctorales tanto de España como de Latinoamérica. Ahora, su objetivo a medio plazo pasa por acercar el conocimiento a la sociedad: «Queremos cerrar la cadena de trasmisión, que la ciudadanía tenga acceso directo y fácil a las novedades científicas», adelanta Elena López Tamayo, la directora-gerente de la Fundación Dialnet.

Dialnet nació hace un cuarto de siglo como un espacio online en el que se pudieran encontrar resultados científicos en español en áreas poco cubiertas por las grandes editoriales internacionales. A día de hoy, un 60% de sus contenidos versa sobre parcelas del saber como las ciencias sociales, jurídicas y humanas, mientras que el resto está enfocado en las ciencias de la salud y tecnología. «Esto es clave para entender el carácter social y público de la iniciativa», recalca López.

En 2018, Dialnet comenzó a brindar otra posibilidad. Más allá de ofrecer toda la información vertida por las bibliotecas universitarias que se habían sumado como colaboradoras, la directora-gerente de la Fundación explica que querían crear una herramienta más compacta: «Cualquier persona puede ver quién investiga qué, en qué universidad, y sus resultados».

Todavía quedaba un paso por dar. Llegó con Dialnet CRIS, portales de investigación propios para cada universidad. Por el momento, el 60% de las universidades públicas españolas utilizan este servicio, lo que supone el 53% de todo el ecosistema universitario nacional.

Todo ello es posible porque hay 192 instituciones –la mayoría bibliotecas, de las cuales 75 son latinoamericanas– que introducen el contenido de manera regular a través de una tecnología desarrollada desde la propia UR. «Esto nos da flexibilidad, autonomía y nos permite crecer de manera sostenida», completa la directora-gerente. Dos décadas y media después de su puesta de largo, Dialnet atesora casi 3 millones de usuarios registrados y 63 millones de alertas.

Corregir un sesgo

Antonio Calderón, director de Proyectos Bibliotecarios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), recalca que Dialnet surgió de la necesidad de mostrar el contenido de las revistas científicas cuando la mayoría de ellas eran en papel. «Dialnet viene a corregir el sesgo por idioma, país y temática de la mayor parte de bases de datos científicas del mundo anglosajón», señala.

Este experto es el coordinador de Dialnet Métricas, un apartado en el que se incluyen las referencias bibliográficas y las citas de cada artículo. «Así se pueden ver las citas de una institución o investigador, las revistas y la relación entre ellas», apunta. De las 13.776 revistas científicas que Dialnet tiene indexadas, la UCM se encarga de indizar 760, entre las que se cuentan las ediciones propias de esta universidad madrileña.

Un repositorio personal

Dialnet se ha convertido en una herramienta imprescindible para numerosos investigadores y académicos en España. En resumidas cuentas, todo el mundo que se vea obligado a buscar literatura científica la conoce. Es el caso de Alicia Parras, profesora del departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. «Empecé a utilizar Dialnet con mi tesis doctoral y ahora, cada vez que tengo que escribir un artículo, lo consulto», señala esta docente. Asegura que esta herramienta es «un básico» a la hora de enseñar en sus clases de documentación informativa cómo buscar literatura académica.

Por otro lado, las facilidades que aporta la base de datos son utilizadas por los propios investigadores como repositorio personal de sus producciones científicas. «A la hora de preparar un currículum o una acreditación, es muy fácil ver tus publicaciones ordenadas, las citas que tiene cada una de ellas y las tesis doctorales que has dirigido», ejemplifica Parras.

Un orgullo para la profesión

El crecimiento sostenido del que hablaba Elena López Tamayo los ha llevado a pergeñar una estrategia para convertirse en el mayor espacio de datos científicos en español. «Si tengo toda la investigación que se realiza en las universidades públicas, puedo saber qué se está investigando en España. Además, es una forma de que los científicos puedan publicar en español, que no les penalice el no hacerlo así, y que sus estudios estén en el mapa», añade la directora-gerente. Antonio Calderón, por su parte, defiende que, en ocasiones, se nos olvida que ser funcionario significa estar dedicado a ofrecer un servicio público. Él siente Dialnet como algo propio, y «eso da mucho orgullo a la profesión», concluye.

Fe de errores: las siglas de la Universidad de La Rioja son UR y no UNIR, como aparecían inicialmente en este artículo.

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Ha escrito por las tardes, en sus ratos libres, después de currar como auxiliar administrativo las mañanas de lunes a viernes. Se sabe con suerte por el «irrisorio» alquiler que paga en Conde de Peñalver (Madrid). No todo el mundo podría permitirse pararse a pensar durante años qué significa el trabajo y hasta qué punto la meritocracia es una de las ideologías que dominan la sociedad. El periodista Miguel Gómez Garrido acaba de publicar La cultura del desesfuerzo. Meritocracia, trabajo y otras trampas (Siglo XXI, 2026), un viaje en forma de ensayo ameno a través de las falsas promesas del trabajo, el tiempo libre y la hiperproductividad. Incluso se atreve a apostar por un futuro que merezca la pena vivir a través de lo que llama «cultura del esfuerzo común».

Con referencias constantes a autores clásicos y contemporáneos, Gómez también da viva cuenta de ser un pensador de su tiempo, encontrando en personajes como el Santa de Los lunes al sol y las letras de Estopa y Robe Iniesta aquello que puede explicar el mundo. Es una tarde primaveral de principios de mayo y la cafetería de Lavapiés en la que responde a estas preguntas es demasiado moderna tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Este periodista de 32 años mueve las manos al hablar, las entrelaza y las utiliza para taparse por unos segundos la cara al reflexionar sobre la libertad. Mira al frente casi todo el tiempo, aunque sus palabras no rehúsan la confrontación.

Define el trabajo como una trampa. ¿Por qué?

Porque no deja de realizar promesas que luego no se corresponden con el resultado. Estamos en un punto en que no sabemos muy bien qué es el trabajo. La gente te felicita cuando te jubilas, pero también cuando te contratan. ¿Qué está sucediendo ahí? El trabajo nos angustia cuando lo tenemos y cuando no lo tenemos, ahí está la trampa, en todo eso que nos promete y que nunca nos permite alcanzar.

Uno de los aspectos más llamativos de su libro es que consigue deconstruir la cultura del esfuerzo, desnudarla, para señalar directamente a quién beneficia y a costa de quién lo hace. ¿Cómo ha podido llegar la masa obrera a creerse que se es mejor, que se merece más, cuanto mayor sea el esfuerzo?

Es lógico. Tiene mucho más sentido pensar que lo que vas a hacer tiene un sentido. Es un mecanismo normal, de recompensa. De hecho, lo contrario es lo que toda la vida hemos llamado «alienación». Siempre nos hemos quejado de que el trabajo no tiene sentido, de que no lo entendíamos, pero es un espacio en el que vas a estar muchísimas horas de tu vida. Necesitas creer que lo que haces es útil, convencerte y preocuparte de que lo estás haciendo bien.

Aquí entra en juego algo esencial: el tiempo. Según un informe de Santalucía Espacio Futuro, un 60% de los trabajadores prioriza el horario y la flexibilidad frente al salario. Usted lo resume así: «Los que tienen un peluco de quince mil euros no fichan. El tiempo es suyo». ¿Priorizar el goce y defender el tiempo es una forma de revelarse contra la cultura del esfuerzo?

Sin duda. Es algo que ya pasa, un anhelo en presente. Es una pulsión que la pandemia vino a confirmar. Ahí vimos cómo la gente está deseosa de tener más tiempo para sí misma, y esto procede del mismo éxito del neoliberalismo.

¿Cómo si el neoliberalismo muriera de éxito?

El neoliberalismo nos animó a que nuestra identidad tuviera muchas más piezas que las de antes, es más compleja. No queremos trabajar tanto porque no tenemos tiempo para hacer otras cosas, en parte porque ahora tenemos muchas más posibilidades que antes. Eso hace que la idea del trabajo se le quede corta hasta a las personas más apasionadas de su trabajo. Esta sensación de que tenemos menos tiempo se explica en que queremos hacer más cosas, así el trabajo se desplaza de ese centro en el que estaba antes.

La hiperproductividad está tan enraizada en el día a día que muchas personas ni siquiera saben qué hacer con su tiempo libre. Mi madre es profesora de adultos, funcionaria, y suele decir que a ella no le importaría seguir dando clase cuando se jubile, sin cobrar. También noto cierto temor en ella al momento de la jubilación. ¿Hay algo de revolucionario en el aburrirse?

Yo creo que no. Sigo la idea de Emilio Santiago y César Rendueles y creo que deberíamos separar la idea de que queremos trabajar menos de la idea de que eso significará no hacer nada. Solo vamos a poder conquistar el derecho al aburrimiento apacible, no ansiógeno, sino feliz, si por el camino somos capaces de decir: «No, perdona, mamá. Cuando te jubiles podrás hacer muchísimas cosas porque la sociedad está llena de necesidades, inquietudes y posibilidades».

Está claro que cuando nos quitamos el yugo del trabajo y de la productividad podremos hacer las cosas de forma más tranquila. Podremos no sentirnos mal cuando necesitamos descansar, por ejemplo. Y aquí está un poco mi beef con Juan Evaristo Valls. No se trata de salirnos del trabajo para tumbarnos y no hacer nada. Desde mi punto de vista, estamos deseando hacer muchas cosas con nuestro tiempo libre.

¿Cuál es el reto aquí?

Que la siguiente generación no lo pase tan mal una vez que deja el trabajo, lo que también es normal que ocurra cuando la mayor parte de tu vida ha girado en torno a él. Nuestros padres son los primeros que querrían hacer muchísimas cosas que ahora no pueden, pero hay que convencerles de que tienen derecho para ello.

Ya lo ha mencionado. El filósofo Juan Evaristo Valls escribió El derecho a las cosas bellas. Vindicación de la vida holgada(Ariel, 2025). El autor dijo en una entrevista en La Marea que «una sociedad más perezosa nos llevaría a desplazar el capital del centro para entender la vida como descanso, placidez, repleta de vínculos improductivos y repleta de relaciones de cuidado». ¿Usted qué cree que pasaría si todos nos «desesforzáramos» un poco más? ¿Es algo utópico?

No creo que sea para nada utópico, ya estamos viendo un montón de ejemplos. Una gran parte de este movimiento de priorizar el tiempo al trabajo no viene de una organización explícita, es una corriente, una pulsión que ha crecido en la gente de manera orgánica. Poco a poco vemos cómo la gente no se cree ese discurso de que uno es lo que es en su puesto laboral. De alguna manera, se ha instaurado el sentido común y es una de las cosas que más esperanza a me generan.

Sobre qué pasaría si nos «desesforzáramos» más, pues nada. La sociedad seguiría funcionando y el agua seguiría fluyendo por las cañerías. Pienso que, si debemos entender el esfuerzo de alguna forma, es que debe ir hacia las personas a través de canales comunes. Esa es la manera de que todo funcione mientras nos esforzamos un poco menos. No olvidemos que el esfuerzo, aunque pensamos que es la norma, debería ser la excepción. Y luego también podríamos pensar por qué la mayor parte de los esfuerzos son individuales, no colectivos para un fin común.

Afirma que «la cultura del esfuerzo es una de las estrategias con las que el liberalismo trata de convencerte de que sí te da a elegir». ¿Vivimos en la ilusión de ser libres?

Yo creo que somos más libres de lo que pensamos. Cuando la gente asume los postulados de la cultura del esfuerzo, no es porque sea tonta o esté alienada. Me repito, pero creo que lo hace porque psicológica, vital y socialmente le va a granjear mayor beneficio. Tenemos que ser capaces de construir una alternativa a eso.

El médico Eduardo Vara, autor de Maldito trabajo. Sobrevivir a la cultura del sacrificio y repensar la vocación(Ariel, 2024), señaló en una entrevista en Ethic que «intentar mejorar constantemente es perjudicial para el trabajador». ¿Existe algún límite en ese «mejorar constantemente»?

Cuando uno se pregunta por la mejora y por la constancia, habría que preguntarse qué es mejorar y con qué intensidad puede hacerlo, y, sobre todo, a costa de qué. Esa es la respuesta que debemos encontrar como sociedad. Si los rendimientos de una empresa mejoran porque un empleado trabaja tres horas más a la semana, ¿es una mejora o un empeoramiento?

A mí también me jode el imperativo de insuficiencia que hay constantemente. Parece que tenemos un software instalado de mejora continua e infinita, y eso es devastador a nivel humano. No hago una enmienda a la totalidad sobre esto, pero sí tendríamos que empezar a aceptar algunos de nuestros defectos y límites.

Pero muchas veces la izquierda compra esta forma de entender el ascenso social a través de la meritocracia. La clase obrera es la que se esfuerza de verdad, no los ricos, no los poderosos.

La izquierda ha podido legitimar la cultural del esfuerzo a nivel histórico con lemas como «la tierra para quien la trabaja», y eso tenía todo el sentido del mundo. Defendíamos ese principio con el objetivo no tanto de estar más orgullosos de nuestro trabajo, sino de trabajar menos, repartirlo, llegar a construir una sociedad en la que el trabajo no fuera, ni mucho menos, la actividad central. Ahora bien, eso no significa que queramos ser clase obrera para siempre, porque la lucha tendría que seguir centrada en destruir las clases.

De hecho, seguimos trabajando casi la misma jornada que hace un siglo, cuando se conquistaron las ocho horas.

Hemos llegado a un punto en que la exigencia de acortar el horario laboral es algo muy residual. Ni siquiera los sindicatos mayoritarios la defienden con ahínco.

Volvamos a uno de los principales conceptos que aporta en su ensayo. Para darle la vuelta a la idea añade un adjetivo que lo cambia todo: propugna la cultura del esfuerzo común. ¿A qué se refiere exactamente?

Lo puedes llamar progreso, Estado, fraternidad… Lo que quieras, pero siempre buscando entre todos una manera planificada para evitar duplicidades y competencias absurdas. Si tienes un servicio postal que funciona bien, no es necesario que existan otros tantos que se encarguen de lo mismo. Es tan sencillo como eso.

La cultura del esfuerzo común lo que intenta es hacer pensar qué necesitamos como comunidad y sumar esfuerzos para no tener que estar tirando de heroicidades para conseguir los objetivos. Nada más y nada menos. Quiero una vida que merezca la pena ser vivida, que no sea una oda al sacrificio.

Desde el plano más personal, ¿ha merecido la pena el esfuerzo que ha hecho para escribir este libro? ¿Cómo lo ha hecho para capear esta contradicción?

Sí que ha merecido la pena. Yo he necesitado reconciliar todo ese esfuerzo con el proyecto político que presento en el libro, y eso es lo que quiero que suceda en la sociedad. La cultura del esfuerzo común nos tiene que ayudar a que cada uno pueda desarrollar sus pasiones e intereses con toda la intensidad y ganas del mundo, aunque se le den de pena. Tenemos que sacar nuestras aficiones, nuestros pasatiempos, de las garras del trabajo. Lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que yo pueda no vender ni un solo ejemplar de este libro y que no pase absolutamente nada.

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Poca gente se para a pensar quién está detrás de la traducción del libro que está leyendo. Mucha menos llega a pensar cuánto cobrará esa profesional, que seguramente no se pueda dedicar a la traducción como única forma de ganarse la vida. Y por si fuera poco, un nuevo golpe amenaza a este sector, en el que parece que lo único estable es la precariedad: la incursión de la inteligencia artificial generativa (IAG) en las editoriales podría desplazar (aún más) a los traductores, pauperizar (aún más) su labor y convertirles en meros correctores de un producto fabricado a través de una máquina.

Para evitarlo, el pasado 21 de abril hicieron pública una iniciativa: un sello que certifique que la traducción que el lector disfruta está realizada por un ser humano. Su materialización pasa por el buen hacer y la confianza en las compañías editoriales, cuya postura, por el momento, se puede resumir en un concepto muy en boga: la libertad (empresarial) primero.

Amaya García, presidenta de ACE Traductores, la principal asociación de traductores editoriales de España, que aglutina a unos 700 profesionales, asegura que la situación se ha agravado en las últimas dos décadas. «Las tarifas de los traductores llevan muchísimo tiempo sin subir. Que seamos la mayoría autónomos complica mucho nuestro poder de negociación», comenta. Ahora, el posible uso de la IAG por parte de editoriales para sustituir la labor de los traductores empeora una realidad que critican desde su nacimiento. «La IA se aprovecha de las obras que ya hemos publicado, de las de todo el mundo, explotándolas como otro tipo de piratería y saqueo, para elaborar sus traducciones», afirma.

Las tarifas que manejan dependen de los idiomas que traduzcan. Una «buena tarifa» con la que García trabaja es 0,055 euros por palabra, «y aún así es insuficiente para poder vivir de esto», apostilla. Tendría que traducir 22.200 palabras para llegar a los 1.221 euros mensuales de salario mínimo bruto reconocido en 14 pagas. Según la presidenta de ACE Traductores, una novela de unas 200 páginas puede abarcar dos o tres meses de trabajo. De todas formas, hay encargos que hasta desecha. «Pagan tan poco que tengo que recortar en calidad, pero luego lo firmo yo, ¿y cómo sabe el lector que esa traducción que no es tan buena no obedece a mi capacidad de trabajo sino a mis condiciones laborales? Para eso prefiero decir que no», denuncia.

Ana Alcaina, traductora editorial y profesora en la Facultad de Traducción de la Universitat Autònoma de Barcelona, admite que vive cierta incertidumbre por ver hasta qué punto, según sus propios términos, se le cae el libro de las manos a un lector cuando lea la traducción realizada por una IA. Y añade: «Construir juegos de palabras, expresar las emociones que esconden los personajes, producir la voz del autor y elegir entre adjetivos es un trabajo más minucioso de lo que puede hacer una máquina». Esta docente universitaria esgrime que la IAG «regurgita» un texto, que además es una versión de otros muchos.

Virginia Maza, afincada en Zaragoza y traductora con más de 20 años de experiencia, ayuda a perfilar el panorama: «La IA no es neutral, tiene ideología y unos fines económicos que sirven a la lógica capitalista». Ella es un caso inusual dentro de su profesión ya que se dedica a la traducción en exclusividad. Remarca que las negociaciones de tarifas son duras: «Yo llevo ya bastante tiempo, pero a las compañeras nuevas siempre les aconsejo que se asocien, que vayan a lo colectivo».

Ninguna editorial ha confesado en España que utiliza la IAG para traducir los libros extranjeros que comercializa. Sin embargo, en el sector se barrunta que la idea no es ajena a las empresas. Ya ha ocurrido con el sello Harlequin, del grupo HarperCollins, en Francia. «Quieren que los traductores acabemos puliendo los textos generados con IA por mucho menos dinero», señala García, presidenta de ACE Traductores, antes de advertir que esa forma de trabajar incluso lleva más tiempo que la traducción original en sí.

ACE Traductores no quiere quedarse viéndolas venir. Saben bien que las editoriales se valen de subterfugios para no indicar que una obra no ha sido traducida por un humano, y si lo indican, lo hacen de tal forma que el lector medio no se percata de ello. «La única salida que nos queda es proclamarlo nosotros a través de un sello de certificación» orientado al público lector, subraya García.

Las editoriales son clave para que este sello se normalice y se extienda lo más posible. «Contamos con su buena fe», remarca la presidenta de ACE Traductores, quien apunta que los lectores también tienen derecho a esa transparencia. Si alguno no le da tanta importancia a la traducción realizada por un humano, se podría quejar de que le cobraran lo mismo por el libro traducido con IAG.

La Asociación de Editores de Madrid no ha atendido a La Marea, pero su vicepresidente, Paulo Cosín, ha dejado una declaración: «La IA supone en algunos casos una amenaza y en otros una oportunidad, y los diferentes protagonistas de la cadena de valor tendremos que analizar el uso correcto y las limitaciones, tanto desde el punto de vista legal como ético». Sus homólogos catalanes han defendido que «todo es muy embrionario», en relación con la traducción realizada mediante IAG, aunque sí es una herramienta que abordan en sus órganos de debate y formación.

Por su parte, desde la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) han indicado que no intervienen en la operativa de las compañías, «que evidentemente tienen plena libertad para fijar sus criterios de actuación en todo el proceso de elaboración de un libro». Asimismo, han asegurado desconocer si hay editoriales que se valen de la IA para sus traducciones. «Por lo que a nosotros respecta y como no puede ser de otra manera, cada una decide libremente sobre el uso de cualesquiera herramientas digitales», han añadido.

De la misma forma, la FGEE ha reconocido que el entrenamiento de la IAG debería contar con la autorización de los creadores de las obras que la hayan alimentado. Nada de esto es suficiente para la traductora Virginia Maza, quien cree que la clave es la transparencia y que la IA es «una gran herramienta terrible que amenaza la vida». Dejar la cultura en sus manos, asegura, «no es peligroso únicamente para la cultura, sino también para la lengua, nuestro idioma y el pensamiento humano».

Este reportaje se ha publicado originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

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