El exdirector de operaciones migratorias de la administración Trump, Greg Bovino, ha sido la figura central de una conferencia de extrema derecha celebrada en Portugal, donde se ha promovido la remigración, un plan que busca expulsar a todas las minorías de los países de acogida, según fuentes del evento. El encuentro, que congregó a líderes ultraderechistas de Estados Unidos y Europa, ha encendido las alarmas entre organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Remigración: el nuevo frente de la ultraderecha transatlántica
El término remigración se ha convertido en el eje de una estrategia compartida por sectores radicales a ambos lados del Atlántico. La idea va más allá de las políticas migratorias restrictivas y propugna la deportación masiva de inmigrantes y minorías, incluyendo a descendientes de segunda y tercera generación. La conferencia en Portugal, de la que no han trascendido las fechas exactas ni el número de asistentes, habría servido para impulsar la coordinación de tácticas y financiación entre grupos europeos y estadounidenses.
Greg Bovino, quien dirigió las invasiones urbanas —operaciones federales de control migratorio en ciudades santuario durante el mandato de Donald Trump—, pronunció un discurso en el que, según fuentes del evento, instó a los asistentes a «no renunciar a la lucha por la pureza étnica de nuestras naciones». La presencia de Bovino, que posteriormente ha trabajado como asesor para gobiernos de extrema derecha en Europa, simboliza la connivencia entre el trumpismo radical y los movimientos identitarios del Viejo Continente.
Reacciones y amenazas a la soberanía
El encuentro ha sido condenado por el Partido Socialista portugués, que gobierna el país, y por organizaciones no gubernamentales como la Comisión para la Igualdad y Contra la Discriminación Racial, que han exigido al Gobierno que investigue si se vulneró la legislación contra el discurso de odio. La Constitución portuguesa prohíbe expresamente la incitación a la violencia racial.
Analistas consultados por este periódico advierten de que la alianza entre extremistas estadounidenses y europeos supone un desafío directo a los valores democráticos y a la soberanía nacional. «Lo que hasta ahora eran grupúsculos marginales se están articulando en una red transatlántica con capacidad de influir en políticas migratorias y de seguridad», señala un informe del Centro de Estudios sobre el Radicalismo del Sur de Europa.
La conferencia en Portugal se produce en un contexto de auge de la ultraderecha en varios países europeos, donde partidos como Vox en España, la Agrupación Nacional en Francia o Alternativa para Alemania han incorporado el término remigración a su discurso, aunque con matices. Mientras tanto, en Estados Unidos, la posible vuelta de Trump a la Casa Blanca en 2026 ha reavivado el interés por figuras como Bovino, que podrían ocupar de nuevo cargos clave en materia migratoria.
Mono azul, gesto adusto, ceño muy fruncido, un envarado saludo militar. La capilla ardiente de Francisco Franco en el Palacio de Oriente convoca una larguísima cola de gente entre la que hay partidarios como este, simples curiosos y algún antifranquista que quiere asegurarse de que el rigor mortis del eterno Generalísimo está atado y bien atado. Y este obrero. Suponemos que lo era, por el mono azul. Es una imagen icónica. Se queda ahí, tieso como una vela o un garrote vil, y el servicio de seguridad tiene que empujarlo para que avance.
No sabemos quién era, como no conocemos la identidad de aquella señora que, en otra grabación emblemática de aquellos años transicionales, berrea a cámara que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará en este baño de sangre. Perdieron su nombre y apellidos y se convirtieron en arquetipos: la furia nacionalcatólica, el obrero de derechas.
Hubo obreros franquistas, un obrerismo franquista, había habido un obrerismo falangista. El azul mahón de la camisa-uniforme de Falange provenía de aquellos monos; el rojo y negro de la enseña del partido, de la bandera anarquista. Trampas bastante burdas de lo que fundamentalmente eran señoritos con apellidos como Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, pero reclutaron a algún obrero real, igual que lo habían hecho los sindicatos católicos.
¿Nada más tonto que un obrero de derechas? ¿Sería, pues, el sumun de la tonticie ser un obrero franquista? No necesariamente. A algunos obreros puede interesarles que la derecha triunfe, porque es complejo el asunto del interés. Nunca se limita al dinero. Hay siniestros salarios emocionales: ser, por ejemplo, caudillo de tu casa, generalísimo de una esposa de pata quebrada, que en casa te reciba, después de que te exploten en el tajo, con una cena caliente, las zapatillas preparadas y una copita de Soberano, y a la que puedas calzarle una hostia sin que se queje. Las leyes del franquismo dictaminaban que la mujer debía pedir permiso a su marido para trabajar, firmar contratos o abrir cuentas; su delito de adulterio se ensañaba solo con las adúlteras; si a un uxoricidio se le apreciaba «causa de honor», la pena se atenuaba considerablemente. Y de esto se beneficiaban los gobernadores civiles, pero también los fresadores de la Perkins.
Malvados, pero no tontos
Franco y los franquistas eran malvados, pero no tontos, aunque a cierto mito antifranquista persistente le guste conceptuarlos así. Si hubieran sido tontos, no hubieran ganado tres guerras: la literal de 1936-1939; la supervivencia post-1945, tras la derrota del Eje, y, treinta años más tarde, la de la transición reformista o rupturista.
Con respecto a los obreros, supieron repartir, no solo palos, sino también zanahorias. Franco se había forjado en el Rif, pero también en la Asturias natal de su esposa, oriunda de una ciudad en la que, en 1934, la última comuna obrera de Europa Occidental –que la República de derechas encargó sofocar a Franco, con técnicas rifeñas– había reventado con dinamita la Cámara Santa de la catedral. El recuerdo de la Asturias roja preocupó siempre a un dictador que supo que, para desactivarla, hacía falta usar algo más que la violencia.
Los derechos recogidos en el Fuero del Trabajo, a los cuales se acogía el antifranquismo entrista; la vivienda de protección oficial o algunos proyectos emblemáticos del franquismo autárquico (de las universidades laborales a poblados modelo como Ciudad Pegaso, en Madrid; Llaranes, en Asturias, vinculado a ENSIDESA; o el poblado de ENCASO en Puertollano), fueron algunas de esas zanahorias.
Eran mucho menores y de peor calidad que las prebendas que conquistaban los trabajadores de las democracias keynesianas, que las consagraban como derechos en lugar de repartirlos como óbolos de caridad, cancelables a capricho del poder dictatorial y en cualquier momento. En Reino Unido, Países Bajos, Suecia o Francia la inversión pública en vivienda comportaba del 2 al 5% del PIB; se sujetaba a normativas de metros mínimos por habitante, calefacción, baño propio, cocina equipada y servicios urbanos modernos; y generó porcentajes del 20 o 30% del parque total, que se disparaba más allá en algunas ciudades.
Escudo de Falange en la fachada de un edificio de la calle Francisco Silvela, en Madrid. Octubre de 2025. ÁLVARO MINGUITO
Mientras tanto, en España la vivienda protegida no pasaba del 0,5% del PIB y del 5 a 7% del parque construido, y lo frecuente era que se construyera con superficies muy reducidas, sin baño completo o calefacción, con materiales baratos y rodeada de un adecentamiento urbanístico negligente o inexistente. Negligencia que hacía que muchos de esos vecinos forjaran poderosas asociaciones para reclamar alumbrado, asfaltado o colegios, que solieron acabar más o menos vinculadas al partido comunista.
Pero la memoria es selectiva, y ante problemas actuales como la crisis habitacional, al neofranquismo le resulta muy fácil convertir esos aspectos de la dictadura en nostalgia política del siglo XXI, propagada a través de memes y bulos. En ellos se deslizan nostalgias de otro tipo: no había «negros», «moros», «manolos» o «feminazis» en Llaranes. Y lo que sí había era lo que así recuerda una de sus habitantes, Ana Rosa Iglesias, en una entrevista en Nortes:
Se vigilaba a las familias. Había una monja, sor Vicenta, que se encargaba de eso. Las familias tenían que tener a los niños de una manera, no se podían hacer determinadas cosas, había que ir a misa… O el tema de los malos tratos. Porque había muchos malos tratos. Yo recuerdo vivirlo de bien pequeña. Vi saltar a una mujer por una ventana con el cuchillo del marido, borracho, detrás. Había mucho de eso. Y de padres a hijos, también. Lo veías en el colegio y en las casas de alrededor. Un día, tendría yo doce años, vinieron a detener a los padres de una niña, porque la habían intentado vender. Las familias normales trataban de ocultarte estas cosas, pero lo veías. O a lo mejor atar a un guaje que había hecho algo mal y llevarlo por alrededor de las casas dándole latigazos, para que la gente viera que el padre podía con el hijo.
La nostalgia del cuchillo y del latigazo puede ganar, hoy, unas elecciones. Votada por señoritos, y también por obreros.
Este artículo se publicó originalmente en la revista ‘La Marea’. Puedes conseguir un ejemplar aquí o suscribirte y apoyar el periodismo independiente.
Obrero (lat. operarius) no es sólo el que obra, esto es, el que hace o trabaja, sino quien precisamente debido a su hacer genera o produce una obra, que en latín se dice opera, de donde proceden tanto nuestro término «obrero» como el cultismo «operario». Obrero y operario no sólo son aquellos que trabajan para otro (trabajadores) sino que hacen, es decir, que aunque padecen las condiciones a veces paupérrimas que les dicta su empleador, son eminentemente sujetos activos. Son efectivamente «fuerza» de trabajo y no mera materia pasiva. Podemos preguntarnos por un lado qué hace el obrero con esa fuerza como sujeto activo, además del producto de su trabajo, pero también, y esto es más inquietante, qué opera en el obrero o, dicho de otro modo, qué mecanismos padece que afectan a la manera y el sentido en la que dirige y aplica su fuerza. El adjetivo obrero, y estos incordios son siempre adjetivos, hace referencia a todo aquello relacionado con el trabajador, de modo que podríamos hablar del padecimiento obrero que da lugar por ejemplo al movimiento obrero, cuando se reivindican unas condiciones de trabajo dignas, pero también a aquello que obra en el obrero. Serían dos pasiones obreras: la primera apunta a su libertad, la segunda a su esclavitud siempre y cuando no sea consciente de aquellas fuerzas que a él también le atraviesan. Pueden parecer la misma cosa por sus efectos, como el obrero que lucha por sus derechos, pero se manifiesta su diferencia en el momento en el que quedan claras cuáles son las causas que arguye en torno a sus males y malestares. Y aquí se define ser obrero de izquierdas o, paradójicamente, obrero de derechas. Ahora bien ¿el obrero de derechas desatiende sus derechos o le presta atención a algo distinto que lo obrero en él?
Hace 30 años François Furet planteó una tesis que no fue ajena a la polémica: la cercanía entre comunismo y fascismo entorno precisamente, entre otros factores, a la clase de los trabajadores. En su diálogo con Jünger en El trabajador (1932) argumentó que de lo que se trataba era de escribir una nueva historia donde el trabajador fuera quien la pusiera en movimiento. La cuestión es, claro, qué trabajador. Lo cierto es que la fuerza del fascismo vino del movimiento que padeció una campaña ideológica de tal grado de manipulación que consideró que aquello que le perjudicaba no eran las condiciones dictadas por el empleador, sino el resultado de aquellos que le robaban el pan, el trabajo y el dinero. En los primeros minutos del documental Das Wort aus Stein (1939), de Kurt Rupli, tras las imágenes de escombros y bloques de piedra arrastrados por cadenas, como metáfora de la caída de una nación, se vislumbra poco a poco, conforme el polvo se disipa, la silueta de quienes llevan a cabo la reconstrucción y son la fuerza que tira de esas cadenas. Aparece entonces un conjunto escultórico que representa al hombre alemán, que es quien reduce las antiguas ciudades a escombros para poder construir una ciudad que pueda estar a la altura del ideal, de la límpida y auténtica esencia alemana. Este conjunto escultórico no es otro que el de Josef Thorak con el nombre de Denkmal der Arbeit («Monumento al trabajo»), esculpido en tamaño monumental por encargo del propio Albert Speer en 1939 para situarlo, como imagen del trabajo comunitario, en la mediana de la autopista de Salzburgo: la escultura transmite una visión heroica de los trabajadores, transformados en una encarnación moderna de la renacida raza alemana. También la obra del escultor del nazismo, Arno Breker, se centra en mostrar un cuerpo: el del hombre alemán que levanta la nación. Así lo expresa Goebbels en un fragmento muy conocido de El triunfo de la voluntad (1935), de Leni Riefenstahl: «La brillante llama de nuestro entusiasmo nunca será extinguida. […] Proviene de la profundidad del pueblo. Y de esta profundidad del pueblo debe siempre nuevamente encontrar sus raíces y su fuerza […] Es mejor ganar y mantener el corazón de un Pueblo». Lo aterrador es por tanto cómo la fuerza de la clase trabajadora hace posible la ascensión del fascismo cuando en él opera la manipulación y cuando se han interiorizado, con la eficiencia de pasiones como la ira y sentimientos como la frustración, los principios ideológicos de aquellos debiéramos combatir. La estrategia se basa en dirigir la mirada hacia la causa equivocada a través de la falsa idea de que el dirigente y el obrero quedan igualados ante un enemigo común a combatir y oculta con trazo grueso que las verdaderas causas son precisamente el dirigente o el líder carismático, como diría Weber. Y lo hace porque aquello que busca el obrero de derecha no son sus derechos como obrero, sino como hombre, como español, como macho. Lo obrero pasa, en principio, a un segundo plano.
En el «otro trabajador» comienza a pesar más «el otro» que el adjetivo «obrero». El inmigrante, el desfavorecido, la mujer, el extranjero, quedan de pronto convertidos en el Otro hostil y peligroso. Y el adjetivo obrero que lo acompaña y que nos iguala en condición, en preocupación, en aspiración y en lucha común, adquiere el significado de la competencia: es el otro quien ocupa nuestros puestos de trabajo, es el otro quien recibe subsidios que no le corresponden porque no es de aquí. Y aquellos de izquierdas en los que prima lo que nos iguala como obreros se transforman a su vez en «otros», quienes aunque hayan nacido en la misma tierra son traidores a la patria, es decir, traidores a su patrón. Y es que este es el desplazamiento: entender que la patria es defender los intereses del patrón, interiorizarlos, como quien integra los malos modos de un maltratador y la víctima los acaba reproduciendo en otros para tratar de parecerse al ideal al que aspira (mejor dominador que dominado) en lugar de aceptar que en el sistema económico actual el cambio no procede de demonizar al otro obrero, sino de neutralizar las manipulaciones que padecemos. La derecha consigue que la identificación como obrero desaparezca y el adjetivo devenga sinónimo de pueblo, de nación, de hombre blanco. Logra por tanto quebrar la identidad de clase y que lo que funcione sea la identidad como patriota, como hombre concreto desposeído de lo que debería tener y otros le roban, que luche por sus derechos como raza blanca superior a las demás.
Hablar de sindicalismo de derechas podría parecer un oxímoron si no fuera porque desde los mismos orígenes del movimiento obrero hubo organizaciones patronales dedicadas a promocionar la creación de sindicatos «amarillos» que pudieran servir a sus intereses atrayendo a trabajadores desclasados. El sindicalismo de derechas explotaría con toda virulencia en España en las primeras décadas del siglo XX, y muy particularmente en su epicentro industrial: Barcelona. Allí se fundarían en 1919 unos sindicatos «libres» de la mano de los círculos tradicionalistas, que en los siguientes años iban a confrontar de manera violenta la hegemonía de una todopoderosa CNT capaz de arrancar la jornada de las ocho horas en la huelga de La Canadiense.
Integrados en un principio por trabajadores del comercio, la banca y otros sectores no industriales, pronto reclutarían también una amalgama de mercenarios de fortuna que, bajo la protección del gobernador civil, el general Martínez Anido y el jefe superior de policía Arlegui, se dedicarían a intentar descabezar a la anarcosindical a fuerza de atentados. Así caerían asesinados su secretario en Catalunya, Salvador Seguí, y el abogado de los sindicalistas Francesc Layret; y quedaría gravemente herido Ángel Pestaña, secretario nacional de la Confederación. Por su parte, los cenetistas responderían con la misma receta, entrando de ese modo en la espiral del pistolerismo que tan bien reflejaría Eduardo Mendoza en La verdad sobre el caso Savolta.
Con similar objetivo nacería en 1934 la Central Obrera Nacional-Sindicalista (CONS) en Madrid, que pronto se dedicaría al esquirolaje violento, en ramas como la de la construcción. Tanto los sindicatos libres como la CONS desaparecerían con la guerra civil sin haber conseguido implantarse de manera significativa.
Después de 1939, y con las organizaciones obreras ilegalizadas, el régimen fundaría la Organización Sindical Española (OSE), comúnmente conocida como Sindicato Vertical, un Frankenstein que agrupaba de manera obligatoria en su seno a obreros y empresarios –«productores» en la terminología franquista– y cuya estructura reflejaba los ideales fascistas del Estado corporativo. Creado para cercenar cualquier atisbo de conflictividad laboral, iría perdiendo influencia durante los últimos años de la dictadura.
Copia de un carné del Sindicato Vertical.
Nuevos sindicatos
De los rescoldos del franquismo surgiría Fuerza Nueva, un partido heredero del régimen presidido por el procurador en Cortes Blas Piñar; y poco después, un sindicato, Fuerza Nacional del Trabajo (FNT), correa de transmisión del primero, que sería presentado públicamente en 1979 como «la presencia del ideario político de Fuerza Nueva, en lo laboral», entendiendo como trabajador a «todo el que participa en la producción nacional, ya lo haga como obrero, técnico o empresario». Los requisitos para afiliarse eran «la creencia en la existencia de Dios, la defensa de la unidad de la Patria y la defensa de la justicia social».
Pese a organizar cooperativas de taxistas en algunas provincias, en general tuvo una implantación reducida a ciertos sectores de la sanidad, a algún departamento en el Ayuntamiento de la capital y poco más.
Décadas después, Vox daría un paso similar con la creación de Solidaridad: «Un sindicato nacional en defensa de nuestros trabajadores, nuestras familias y nuestro patrimonio, frente al callejón sin salida de la inmigración ilegal masiva». Su primer secretario, Rodrigo Alonso, diputado del partido en el parlamento andaluz, cedería el testigo en 2005 a Jordi de la Fuente, exdirigente del partido neonazi MSR (Movimiento Social Republicano). A Solidaridad no se le conoce actividad sindical reseñable, y la movilización que más espacio ha ocupado en los medios, la huelga general de 2023 «contra la ley de amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas», se saldó con un nulo seguimiento, tan solo respaldado por Denaes, fundación afín al partido; Revuelta, la sección juvenil implicada recientemente en el escándalo del desvío de fondos por la dana… y no mucho más. Por otro lado, en su página web no se especifica estructura territorial o sectorial alguna salvo, paradójicamente, el de una sección sindical de riders, colectivo fundamentalmente migrante y racializado.
Sindicato de reminiscencias fascistas es también Unión Nacional de Trabajadores (UNT), fundado en enero de 1978 y considerado heredero de la CONS original. Se trata de una pequeña organización que, según sus propios datos, está implantada en sectores como el de la seguridad, el profesorado de religión o las administraciones de loterías. Desde 2008, su presidente es el abogado y exmilitar Jorge Garrido San Román.
Sin llegar a los extremos de Solidaridad o UNT, actualmente existen otros sindicatos que podrían considerarse sociológicamente conservadores como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en la función pública o la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), aunque ambos se definen independientes y no supeditados a ninguna ideología política. Más cercana a discursos de la extrema derecha estaría Justicia Policial (JUPOL) que, pese a su supuesta independencia política, suele participar en protestas amparadas tanto por PP como por Vox.
Bola extra
Dejamos para el final el singular fenómeno de Manos Limpias, el autoproclamado sindicato de funcionarios públicos fundado en 1995 por Miguel Bernad, quien debería haber sido el sucesor de Blas Piñar en Fuerza Nueva si el partido no hubiera desaparecido antes. Manos Limpias destaca por su protagonismo en procesos mediáticos como el juicio del 11-M, la querella contra Baltasar Garzón o los últimos casos de corrupción, reales o ficticios, que han vuelto a colocar al pseudosindicato en el foco mediático al personarse como acusación popular en la causa contra Begoña Gómez, la jueza de la dana o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Aparentemente, no constan mejoras laborales para su afiliación, pero de lo que no queda duda es de su activismo político. Recientemente, su letrado en el caso de Begoña Gómez renunciaba a seguir representando a la organización, acusándola de situarse exclusivamente «en el terreno de la controversia política y mediática».
Lo dicen todas las encuestas. Lo vemos en la tele, en la calle. Lo escuchamos en las conversaciones más cercanas. Nos salta en nuestras redes sociales. No hace falta irse a lugares remotos para darse cuenta (de una vez por todas) de cómo la ultraderecha está ascendiendo peligrosamente, a base de ruido, de desinformación, de mentiras, a golpes de Trump, en todo el mundo. Con Kast en Chile, con Milei en Argentina, con Meloni en Italia, la lista es larga… Con Vox como estandarte en España y Ayuso como principal valedora. Y sí, como si no fuera con nosotros, como si los obreros que se decantan por estos partidos vivieran realidades diferentes a las nuestras, siempre nos hacemos la misma pregunta con esa incredulidad que suscita que políticas, en muchos casos contrarias a los derechos humanos, estén consiguiendo el apoyo de la ciudadanía: ¿por qué la clase obrera vota cada vez más a la ultraderecha si supuestamente gobierna en contra de sus intereses?
Sumados a la apatía y el hartazgo que provocan las opciones políticas que históricamente han reivindicado la defensa de los trabajadores, los sentimientos y afectos generados a través los discursos de partidos como el liderado por Santiago Abascal, Se acabó la fiesta (SALF) o Aliança Catalana en Catalunya están terminando de desplazar la conciencia de clase en este país, según los diferentes analistas consultados para este reportaje.
La imagen del currela sin estudios universitarios votando de forma disciplinada a la izquierda tiene ya, a estas alturas, más de imagen mitológica que de real, describe gráficamente el investigador en el Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) César Rendueles, que incide no solo en el cambio de voto, sino en la necesidad de cambiar el análisis para entender por qué se produce ese viraje: «Entre la izquierda se da una especie de ilusión intelectualista y moralista que nos hace pensar que el voto es resultado de un proceso de análisis complejo y concienzudo, pero no vivimos en las relaciones de producción».
Esas relaciones, al igual que las económicas, que sí pueden marcar la clase social a la que pertenecemos, aparecen mediadas por las emociones, «por la vida cotidiana y la relación con los demás», prosigue Rendueles. «Los sentimientos son un motor político de primer orden. Es algo que nos cuesta muchísimo aceptar y tendemos a creer que las personas más humildes que se decantan por la extrema derecha son malvadas o idiotas, pero no es así», afirma. Estudiar la composición de clases en España no es tarea fácil. Para poder analizar la población con gravísimas dificultades económicas para llegar a fin de mes o en una situación de pobreza relativa o material severa, hay que fijarse en el 30% de quienes menos ganan. «Los intereses de esas personas no están en el programa electoral de ningún partido», explica el investigador del CSIC.
Manifestación de agricultores en Madrid, en febrero de 2024. ÁLVARO MINGUITO
Es decir, mencionar palabras como «obreros» y «asalariados», o conceptos como «clase trabajadora» en los discursos políticos puede llegar a movilizar a algunas personas, «pero su uso abusivo viene cuando creemos que así se movilizan los intereses de todo el mundo», reflexiona Rendueles. En todo ese viraje, según las fuentes consultadas –desde especialistas a particulares–, la migración, la inseguridad y la incertidumbre se convierten en los factores más repetidos.
Fuente: CIS (julio de 2025).
Jesús C. A., transportista autónomo de Granada, tiene 44 años y lleva más de media vida, desde los 21, en la carretera: «Yo siempre he escuchado decir a mi padre que la izquierda era el partido del obrero». Ahora asegura sentirse cada vez más inseguro «con leyes que defienden al delincuente», por lo que ha decidido dejar al PSOE a un lado y apoyar al partido de Abascal. Para este camionero, los avances logrados en materia de derechos laborales por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con Yolanda Díaz al frente, al final no se materializan en el día a día del trabajador y simplemente «sirven para exprimir al empresario».
Jesús señala la migración como uno de los principales asuntos que le han hecho cambiar su voto. «Estoy harto de ver cómo el Gobierno se llena la boca diciendo que da ayudas. Está feo decirlo, pero aquí parece que solo te las dan si tienes apellido marroquí o eres de etnia gitana», sostiene. En España, sin embargo, no existe ningún procedimiento administrativo que priorice la adjudicación de ayudas según la procedencia de las personas y, a pesar de ello, es un bulo que se ha extendido como la pólvora. De todas formas, en ese contexto, el camionero granadino recalca que es la inseguridad lo que le hace pensar que Vox «es el único partido que tiene un plan para frenarla».
El chivo expiatorio
La evidencia científica constata que hay una desalineación muy clara entre la clase a la que se pertenece y la ideología de cada uno, sostiene Manuel Rodríguez, consultor político y de innovación social en Cámara Cívica, una entidad de economía social especializada en acercar la política a la ciudadanía mediante la divulgación, la educación y la comunicación política. Según los últimos estudios realizados y citados por este politólogo, existe una percepción social cada vez mayor de la desconexión entre los partidos de izquierda que dicen representar a la clase obrera y las preocupaciones de esa misma clase. «A la vez, la derecha radical ya no siempre es elitista, así que también puja por ese voto», añade.
El discurso de la extrema derecha también se basa en ideas como la igualdad, pero siempre desde un punto de vista excluyente. «Algo así como esa idea de que un español tiene derecho a vivir bien y son los inmigrantes los que le quitan el trabajo y los servicios públicos. Así señalan un chivo expiatorio, un enemigo, y se genera un integrismo contra una supuesta amenaza externa», destaca. Marta G. Alcántara tiene 47 años y trabaja en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Conduce las pasarelas telescópicas que unen el avión con la terminal, y vive en Vicálvaro, un barrio al este de la capital. Estudió en la escuela pública y proviene de una familia humilde. A lo largo de su vida, ha trabajado cuidando niños, en una gasolinera, en un locutorio y limpiando, hasta que llegó al aeropuerto en 2006 con la apertura de la T-4. En su casa siempre fueron de izquierdas, dice, pero ella se decanta por la derecha: «Me parecen todos el mismo perro con diferente collar, pero esto de la corrupción en la izquierda… Es que roban a los curritos».
También considera que la derecha es «más seria» con la inmigración, una cuestión que considera en estos momentos como «descontrolada». Alcántara dice que aún no ha votado a la ultraderecha, aunque conoce a gente de su alrededor afín a la izquierda que ya ha apoyado en las urnas al partido de Abascal. Según una encuesta del instituto 40dB. para El País y la Cadena SER, Vox se dispara al 18% y eleva a 13 puntos la ventaja del bloque de la derecha sobre la izquierda.
Las entrevistas se realizaron entre el pasado 29 de diciembre y el 5 de enero, es decir, después de la intervención de Donald Trump sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, que Santiago Abascal apoya sin fisuras. De este modo, la tesis planteada por los especialistas consultados ve como un error pensar que el voto se decide tras un análisis de las condiciones materiales de vida. Lo que realmente define el voto, según los expertos, tiene que ver con constructos como la pérdida de la identidad nacional, la amenaza cultural o preocupaciones vinculadas al estilo de vida. «Estos son aspectos mucho más importantes de lo que nos creemos», insiste Rodríguez, que ilustra la idea con ese pensamiento ligado a la batalla del penúltimo contra el último: «Bien, yo soy un español, un currela, pero lo que no voy a permitir es que alguien de otro país esté por encima de mí en el mío propio».
Un grupo de vecinos y vecinas observa una concentración ultra en el madrileño barrio de Tetuán, donde hay una alta densidad de población migrante. ÁLVARO MINGUITO
Esa idea de «los españoles primero» es la que ha conseguido que Santiago Martínez se decante por Vox y el PP. Él es camarero, tiene 32 años y vive en casa de sus padres, en Alcalá de Henares: «Yo voto a la derecha pero me han catalogado los demás como facha. Sí es verdad que mis ideas están más ligadas al patriotismo, no a la política partidista, sino a la unión de la nación».
Intentó vivir independizado, pero con su sueldo solo podría «sobrevivir», así que decidió volver con sus progenitores. La vivienda es otro tema crucial para él. «Los alemanes y los belgas han comprado toda la Costa del Sol y sus casas están vacías. ¿Eso qué mueve la economía? ¿Solo en verano? Y los pisos vacíos de los bancos deberían salir a unos precios razonables», se pregunta. Sobre la migración, Martínez, como otras personas entrevistadas que han cambiado su voto, también cree que «ha crecido demasiado». Desde su punto de vista, es un fenómeno que se debería haber controlado. «Si decía algo así hace unos años me podían llamar racista, pero ahora no. Eso sí que ha cambiado», indica. Esta normalización de los discursos xenófobos está contribuyendo también al crecimiento de potenciales votantes de izquierda entre la extrema derecha.
Pese a todo, este camarero admite haber votado a PACMA en las últimas elecciones europeas. Sin embargo, en el caso de los comicios municipales de 2023, la papeleta que introdujo en la urna, según indica, fue la de Vox. También dice que votó a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. «En Alcalá quería hacer más daño, ser más drástico y castigar de forma más severa, así que decidí buscar el extremo», explica el trabajador.
Contra el feminismo
La extrema derecha también ha sabido explotar el aspecto más social. Por un lado, una de sus banderas es la lucha contra el movimiento feminista, las políticas públicas encaminadas a la igualdad de género y lo que consideran como «chiringuitos subvencionados». La misma trabajadora del aeropuerto Marta G. Álcántara, sin haber votado a Vox, ha comprado parte del discurso ultra al asumir postulados como el siguiente, referido a la violencia machista: «No me considero feminista porque hay mujeres que pueden abusar o maltratar a un hombre». Por otro lado, estos partidos son los primeros en articular discursos xenófobos contra el migrante con el tan repetido «cuidado que vienen a ponerle el burka a tu mujer». «Y hacen lo mismo con el colectivo LGTBI. No quieren que lo llamen matrimonio, o que tengan hijos, pero no van a permitir que los extranjeros apedreen a los homosexuales patrios», ejemplifica el consultor.
Anita Fuentes, investigadora en el Instituto de Estudios Feministas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), afirma que la precariedad y la incertidumbre reinantes también han activado unos «sentimientos muy masculinistas, nacionalistas y xenófobos, en lugar de impulsar una lucha de clases orientada a un mundo más justo e igualitario para todas». Esta especialista en cultura digital y estudios culturales reconoce que «la derecha da respuestas muy simples a problemas muy complejos». Y, como otros expertos, insiste en el chivo expiatorio, como las mujeres, las disidencias sexuales o las personas migrantes y racializadas.
Desde su punto de vista, la izquierda «se ha dejado absorber por el neoliberalismo y no realiza propuestas ambiciosas» al mismo tiempo que «la derecha ha ofrecido narrativas muy potentes a las que la gente con dudas le ha venido muy bien agarrarse». En definitiva, considera que la izquierda española se ha derechizado. Eso ha sido posible, en parte, por las plataformas digitales y redes sociales, con sus coaches e influencers de referencia, que han consolidado estas ideas alrededor de la decepción con la izquierda. «Estas aparentes contranarrativas han tenido mucho que ver. Milei es el ejemplo perfecto. Es el presidente de Argentina, pero también un trol en las redes. El ámbito digital no se debería obivar a la hora de pensar por qué la derecha gana cada vez más adeptos», reflexiona Fuentes.
Las contradicciones
Estefanía C. M. ha tenido varios trabajos a lo largo de sus 33 años. Ha sido socorrista, electromecánica, comercial y actualmente estudia una FP superior de Informática en un instituto público. Vecina de Fuenlabrada, al sur de la Comunidad de Madrid, también afirma que la «inmigración descontrolada» es lo que le ha hecho apoyar a la derecha. «He votado a la izquierda toda mi vida hasta que me cansé. La última vez voté a Sumar, y hoy votaría a la derecha o a SALF», cuenta siendo consciente de que, al pensar en el partido liderado por Alvise Pérez, está cayendo en una contradicción: «Está en contra de mí, porque pertenezco al colectivo LGTBI». Esa lucha contradictoria consigo misma se ve sustentada en factores más allá de la renta o la clase social: «España debería ser católica porque siempre ha sido cristiana, aunque cada vez haya más ateos», asegura.
Ambivalente también ha sido el voto de Fran Capitán, profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Madrid. Tiene 50 años y se crio en Getafe, procedente de una familia obrera. Admite haber votado a IU, al PSOE, al PP y a Vox, aunque a este último únicamente en las primeras elecciones europeas a las que se presentaron. «Yo creo que el descontento con la izquierda viene de la corrupción y de un cansancio del bipartidismo. Con la derecha funcionan mejor las cosas, a pesar de los pesares», opina este docente que, cuenta, siempre soñó con ser periodista.
Eduardo Fernández, politólogo del Instituto Juan de Mariana, incide en la inclusión en la agenda ultra de temas como el feminismo, el ambientalismo o la identidad sexual. «El voto lo decide una amenaza de riesgo en lo que muchas veces son cambios de carácter cultural». En este sentido, señala que aquella persona autodenominada obrera también puede ser conservadora y valorar ideas emblemas de la derecha, como el orden, el concepto de nación, ciertas tradiciones y la defensa de la homogeneidad cultural. Sin embargo, que se perciba ese riesgo no significa que exista.
Concentración frente el Ministerio de Medio Ambiente en enero de 2023. ÁLVARO MINGUITO
«En el voto se mezclan muchos factores y normalmente se suele hablar de la identidad como si fuera algo simple, cuando somos individuos complejos con muchas identidades», analiza el politólogo en referencia a la experiencia personal de Estefanía, la estudiante de Fuenlabrada.
En el caso concreto de Vox, el politólogo precisa que ha encontrado un importante nicho que explotar: el trabajador conservador culturalmente pero que apoya cierto proteccionismo de carácter económico. «Esas dos variables, conservadurismo cultural y proteccionismo, abren hueco para competir electoralmente en un espacio que no había ocupado ningún partido hasta ahora», asume.
Fernández también destaca la «polarización afectiva», siguiendo de ese modo la tesis planteada por el catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra Mariano Torcal en De votantes a hooligans. La polarización política en España (Catarata, 2023). Esta realidad encuentra su razón de ser en cómo las emociones, de nuevo, pueden crear estados de percepción que, más tarde, se materializan en el voto.
Así seducen los líderes ultras a la clase trabajadora
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Enero de 2026
«Durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una casa fue la máxima expresión del sueño americano. Era la recompensa por el trabajo duro y por hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación provocada por Biden y los demócratas, ese sueño está fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los jóvenes estadounidenses».
Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña
Mayo de 2022
«No hay clases sociales como nos intentan vender desde la izquierda. En Madrid, ganas con el respeto, la ilusión y los proyectos comunes. Nos han intentado vender que, por el origen y por el bolsillo, nos tenemos que enfrentar entre nosotros. Intentan provocar odios, colectivizar y llevar a la gente a las urnas a través del agravio».
Santiago Abascal, presidente de Vox
Mayo de 2024
«Cualquiera de vosotros, si tenéis un plato para vuestros hijos se lo dais primero a vuestros hijos; y si podéis, luego al vecino, y luego a alguien próximo. Aquí no nos sobra; aquí hay muchos jóvenes que no tienen futuro, que no encuentran trabajos adecuados para el esfuerzo que han hecho… Nosotros venimos a decir aquí que las primeras ayudas para los de aquí».
J. Antonio Kast, presidente electo de Chile
Mayo de 2025
«Chile está funcionando al revés: los delincuentes están libres y los ciudadanos honestos viven encerrados. El Plan Implacable es la respuesta firme que millones de chilenos estaban esperando. Pondremos fin a la criminalización de víctimas que se defienden».
Los deseos que no se cumplieron con la izquierda
La protagonista de Pipas (Pepitas de calabaza, 2024), de Esther L. Calderón, dice: «La primera generación de adolescentes nacidos en democracia tuvo el mandato de imaginar, pero no imaginar cualquier cosa ni de cualquier modo, sino aquello que serviría para encarnar los deseos frustrados de sus padres y abuelos».
Y esos deseos imaginados no se cumplieron. De ahí la decepción de mucha gente que se politizó al albor del 15-M. «Eso produce un poso muy rentable para las extremas derechas que aportan otro tipo de soluciones a los problemas que no resuelven ni PP ni PSOE», argumenta el periodista Miquel Ramos, experto en movimientos de ultraderecha.
De esta forma, el voto obrero que va a parar a la derecha no lo hace porque le vaya a beneficiar en cuanto clase trabajadora, sino porque le ofrece otra cosa. «Puedes votar a la derecha aunque vaya contra tus intereses de clase únicamente porque apoyas su actitud frente al feminismo o porque te ofrece un lugar seguro más allá de la clase en ideas como la masculinidad o la patria», prosigue Ramos.
El periodista considera que la extrema derecha ha sabido desencorsetarse para llegar a un público diferente con un particular tipo de mensaje. Y subraya que la derecha ha sido muy hábil a la hora de ser potable para muchos públicos que se salen del cliché del facha clásico. «Se rompen los moldes. Estamos en un momento en que tu condición sexual, identidad de género o creencia religiosa no condiciona el voto, no significa apenas nada», concluye.
De todas las paradojas y sincretismos ideológicos que conforman el pensamiento fascista, la relación entre futurismo y presentismo analizada por el historiador François Hartog es sin duda una de las más interesantes. Su estudio detallado del Manifesto futurista (1909) de Filippo Marinetti descubre, precisamente, el peso del presentismo en el propio futurismo. Citando el texto del vanguardista italiano que reza “el Tiempo y el Espacio murieron ayer. Vivimos ya en lo absoluto porque ya hemos creado la eterna velocidad omnipresente”, Hartog concluye que el presente se ha “futurizado”, que “por la velocidad, el presente se transforma en eternidad”. La prisa, la velocidad y el ahora absoluto: este es el tiempo por el que abogaba Marinetti para el orden fascista que estaba por venir y que, para algunos, resuena con la temporalidad del momento histórico que vivimos.
El pasado sábado 14 de febrero, el militante de extrema derecha francés Quentin Deranque falleció tras pasar dos noches hospitalizado en estado crítico. En principio –la investigación judicial todavía tiene que determinarlo–, su muerte se produjo tras una reyerta en la ciudad de Lyon con antiguos militantes del colectivo antifascista de la Jeune Garde (‘Joven Guardia’); el enfrentamiento terminó en una paliza con consecuencias mortales. Deranque formaba parte de la escolta del colectivo femonacionalista Némesis, un grupúsculo identitario compuesto mayoritariamente por mujeres que tenía como objetivo boicotear una conferencia de la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI) Rima Hassan en el Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po Lyon). Los alborotadores acudieron allí armados con gas pimienta y tubos metálicos. Si la muerte de Deranque ha tomado proporciones mediáticas de primer orden es fundamentalmente por la vinculación que, desde gran parte de la esfera política y mediática, se está haciendo entre la Jeune Garde y LFI. Aparte de la presencia de Hassan, su fundador y portavoz, Raphaël Arnault, que cesó su cargo en este colectivo en 2022, es actualmente diputado insumiso en la Asamblea Nacional francesa.
Presentados los hechos, en vez de entrar en la vorágine presentista que induce a enjuiciarlos de forma supuestamente objetiva (es decir, sin matices ni contexto y condenándolos de entrada), la situación exige un momento de reflexión sobre las etapas que han llevado a este trágico suceso.
A día de hoy, hablar de Lyon es hablar de la ciudad francesa con mayor implantación de la extrema derecha grupuscular en Francia. Históricamente, fue en la metrópoli lionesa donde se fundó en 1968 el conocido Grupo de Investigación y Estudios para la civilización europea (GRECE), el principal órgano de difusión del mayor intento de renovación del pensamiento de extrema derecha europeo tras la derrota del fascismo: la Nueva Derecha francesa. Sociológicamente, en esta ciudad, la derecha está influenciada por un catolicismo tradicionalista que la lleva a posiciones más reaccionarias que la derecha conservadora clásica, ampliando la capilaridad de la ideología de extrema derecha. No es casualidad que allá por 2018, el ISSEP de Marion Maréchal abriera sus puertas aquí.
Más recientemente, en un informe de 2019 del Servicio central de inteligencia francés (SCRT), Lyon es identificada como la “cuna”de la extrema derecha gala, punto de convergencia del activismo identitario, neofascista y neonazi en Francia. Según el programa “Violences et Radicalités Militantes”, las agresiones cometidas entre 1986 y 2017 por grupos neofascistas, skinheads neonazis e identitarios asciende a 82, una cifra muy por encima de la media en comparación con el resto del territorio francés. Como se puede apreciar en el monográfico de Alain Chevarin Lyon et ses extrêmes droites (La Lanterne, 2021), el perfil de las agresiones es variado. Durante un tiempo implantados en torno a locales que hacen las veces de bar, sala de conferencias y club de boxeo, militantes de Generación Identitaria o de otros grupúsculos similares se dedicaron durante la década de 2010 a salir de caza armados por el centro de Lyon. Las principales agresiones se registran contra militantes anarquistas, personas asociadas a la izquierda volviendo de manifestaciones, magrebíes, así como contra locales de sindicatos, librerías o restaurantes de comida oriental.
Es en este contexto que nace la Jeune Garde lionesa en 2018, básicamente, como otro grupo de autodefensa antifascista. Así nos lo explicaba Raphaël Arnault en una entrevista en profundidad. La percepción de la amenaza estaba lejos de ser constatada exclusivamente por sus miembros, siendo fácil encontrar años antes titulares, incluso en medios de derechas, del estilo “Lyon, ¿nueva capital de la ultraderecha?” o “Lyon, ¿capital de la extrema derecha francesa?”. Además, el objetivo de la formación fundada por Arnault consistía en ampliar el espacio de lucha contra esta amenaza, antagonizando no solo con el militantismo grupuscular, sino también contra la extrema derecha institucional y mediática, tejiendo alianzas con otros partidos y sindicatos. La confrontación directa a pie de calle no era la prioridad del colectivo.
La condena sin análisis ni contexto
La violencia se debe lamentar. Pero el simple ejercicio que “condena la violencia” es fútil si no viene acompañado de un análisis mínimo que permita entender las causas que han llevado a esta. ¿O hay que condenar la violencia de los afroamericanos que se armaron para intentar prevenir la masacre racista de Tulsa de 1921? ¿O la de los obreros italianos organizados contra los camisas negras de Mussolini en la misma época? No obstante, este tipo de condena vacía de fondo fue la empleada por la propia Francia Insumisa en un primer momento, acorralada en medio de una estrategia de demonización. El líder de los insumisos, Jean-Luc Mélenchon, publicaba en primera instancia en su cuenta de X que “la violencia obstaculiza nuestros movimientos y genera un miedo contagioso”. Incluso Arnault manifestó de inmediato su “horror y rechazo” por la muerte de Deranque. No sería hasta días después que LFI adoptaría un argumentario menos defensivo, como las declaraciones del secretario de la organización Manuel Bompard, situando lo acontecido en un contexto de autodefensa popular.
Mientras tanto, la actuación del resto de la clase política francesa ha sido la habitual en estos casos. Desde varios sectores del centro-izquierda, no se ha perdido la oportunidad de volver atacar a LFI, al tiempo que se condenaba lo sucedido de forma ciegamente presentista. Destacan las declaraciones del antiguo presidente de la República y actual diputado del Partido Socialista, François Hollande, tratando a la Jeune Garde de grupo “que hace del combate físico su propósito y su método” y que “esto era generalmente lo que existía a en los partidos extremistas”. Una vez más igualando el antifascismo al fascismo y desdibujando por completo la línea política de la Jeune Garde.
Por su parte, el gobierno de Emmanuel Macron ya anunció que se cancelará todo acto en la enseñanza universitaria asociado a posibles alteraciones del orden público. La universidad, lugar privilegiado para el debate de ideas, en el centro de la crítica del macronismo desde hace años, es otra de las víctimas de estos tristes acontecimientos.
Al mismo tiempo, desde la presidencia de la Asamblea Nacional, igualmente controlada por el gobierno de Macron, se pidió un minuto de silencio por la muerte de Quentin Deranque. El mismo que no se pidió por la muerte del jugador de rugby argentino Federico Martín Aramburú, asesinado en marzo de 2022 en París a manos de un militante neofascista, al que le reprendió por estar profiriendo insultos racistas en un bar. O, de paso, por todas las víctimas de los mismos grupúsculos violentos con los que presumiblemente simpatizaba Deranque.
Desde los grandes grupos de comunicación se ha mandado también un mensaje tremendamente problemático. Tras la manifestación del 21 de febrero en Lyon, convocada por el neofascismo grupuscular para honrar la muerte de Deranque, a pesar de los eslóganes racistas y LGTBI-fóbicos que se lanzaron; a pesar incluso de algunos saludos nazis, varios grandes medios afirmaron que “la marcha se desarrolló en calma”, que “fue bien”. El mensaje está claro. Aquí está el verdadero rostro de la corrección política.
¿Qué nos dice pues la muerte de Quentin Deranque? Desgraciadamente, nada bueno. Nos revela la voluntad de buena parte del arco político francés de, en el mejor de los casos, abandonar al antifascismo a su suerte; y en el peor, de criminalizarlo. Igualmente, nos dice que la sociedad francesa se está acostumbrando de forma cada vez más tácita a la violencia de la extrema derecha. Y, sobre todo, que hemos entrado en una temporalidad presentista, de tintes profundamente reaccionarios, que nos incita a darle la espalda a la historia, para vivir ciegos en un día a día abocado al desastre. Frente a esta triple amenaza, y ante los ecos del futurismo de Marinetti, hoy más que nunca, siamo tutti antifascisti.
El miércoles 17 de diciembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desalojo del antiguo institut B9 de Badalona (Barcelona), un edificio abandonado que se había convertido en la alternativa habitacional de decenas de personas migrantes y empobrecidas ante la pasividad prolongada de las administraciones.
El operativo comenzó a las 8 de la mañana, con el habitual y amplio cordón policial1. El desalojo fue impulsado por el Ayuntamiento de Badalona, en manos del xenófobo Xavier García Albiol2, amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.
La jueza había dado luz verde al desalojo masivo, pero igualmente ordenó al Ayuntamiento a prestar atención social a los migrantes. Pese a ello, Albiol se negó en todo momento a ofrecer una alternativa habitacional. El alcalde del PP, conocido por su posiciones de ultraderecha hacia las personas migrantes (a las que en esta ocasión tildó de “salvajes”), ordenó igualmente el desahucio. “El ayuntamiento de Badalona no va a invertir ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, declaró ante los medios de comunicación.
Por ello, durante la mañana solo se presentaron dos personas trabajadoras de los servicios sociales para atender a las 400. Hicieron mucho más por ayudar a las decenas de familias afectadas un centenar de activistas que se concentraron en la puerta que cualquier institución.
El desalojo, además, condujo a la identificación de más de 180 personas y a la detención y derivación de 18 de ellas al CIE de la Zona Franca de Barcelona, para su futura expulsión del país. Dos días después, quedaron en libertad.
Discursos de odio sin tapujos
El desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional ha sido el más grande de la historia de Catalunya y ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Badalona Acull, la Plataforma del Barrio de Sant Roc, Regularización Ya y el Sindicato de Vivienda de Badalona. De las 400 personas vivían en el inmueble del antiguo instituto B9, 200 de ellas ya habían abandonado el bloque ante las amenazas abiertas del alcalde semanas antes, las otras 200, sin alternativa a donde ir a vivir, fueron desalojadas en pleno temporal de lluvia, viento y frío. Decenas de ellas pernoctaron los siguientes días bajo un puente de la C-31 en Badalona, mientras, con ayuda de vecinas, organizaciones sociales y sindicatos de vivienda trataban de encontrar soluciones.
Además, el desalojo ha venido acompañado de un discurso claramente criminalizador de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada.
“Cuando Albiol habla en la radio y TV de ‘esta gente’ y los trata de delincuentes, está cometiendo un delito de odio”, ha señalado el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la Universidad de Barcelona (UB) a través de un comunicado publicado es sus redes sociales. “Se trata de un ejemplo claro de racismo institucional, crueldad extrema y menosprecio público”.
Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado recordando que “desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos”, que pueden “constituir un trato cruel, inhumano o degradante estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Y afea que se haya producido “acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades que describen a todos los que vivían en el bloque B9 como una fuente de inseguridad de la zona y los tildan de delincuentes o personas violentas sin aportar pruebas… esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial” y que “las autoridades deben esforzarse por combatir la discriminación y no alimentarla”.
Entre chatarra y golpes de porra
“¿Qué tipo de persona puede dejar sin un techo, en pleno invierno, a más de 400 personas? Albiol, el actual alcalde de Badalona, nos ha mostrado esta semana que entre sus delirios racistas es capaz de deshumanizar a una parte de la clase trabajadora para justificar su agenda política. Ahora bien, cabe destacar que lejos de ser un fenómeno aislado, no deja de ser la punta de lanza de un movimiento mucho más generalizado, que de hecho encarna el signo de los tiempos: la reacción”, reflexiona Gisela Bermúdez en El Salto.
“El desahucio del B9 no solo forma parte de los desvaríos autoritarios de Albiol, sino también de una política de la pobreza por la vía punitiva. Una agenda que actúa como si tapando las grietas de un sistema cada vez más inhumano con pintura fresca, estas dejaran de existir. Un programa político que piensa que, al imponerles el cielo como techo a centenares de personas estas desaparecerán, como si de un truco de magia se tratase.
[…] Situamos el desahucio más grande de Catalunya en el contexto político más convulso que se ha visto en décadas. Genocidios, guerras y catástrofes se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis generalizada que lleva en si el agravamiento del problema de la vivienda. La tendencia al alza de los fenómenos de la infravivienda y el sinhogarismo aparecen hoy como la punta del iceberg de la crisis de la vivienda, focalizados en un segmento poblacional muy concreto.
Pues solo hace falta ver las imágenes del desahucio del antiguo instituto para darse cuenta de quiénes fueron los protagonistas de la bochornosa jornada: trabajadores migrantes que malviven errando de nave industrial en nave industrial, vendiendo chatarra, sometidos a salarios de miseria, irregularidad legal y violencia policial sistemática. Albiol, bajo la pudiente retórica a la que nos tiene acostumbrados balbuceó que «lo que tiene que hacer Sánchez es acogerlos él y darles vivienda». Unas palabras que duele oírlas entre aquellos que ya sabemos que el PSOE lleva años abrazando las políticas higienistas de la reacción. Ya sea en forma de laboratorios de criminalización y persecución bajo la marca del “Pla Endreça” en Barcelona o abriendo cárceles de migrantes en Mauritania, en el caso del Gobierno del Estado español.
En el acceso a la vivienda se concentran muchas de las contradicciones, pero la experiencia del B9 nos permite extraer una lección. Mientras que, en Badalona, según el INE, hay más de 7.000 pisos vacíos, hoy 400 personas que antes tenían techo están durmiendo al raso. Esta disonancia inhumana, que haya gente sin casa y casas sin gente, es consecuencia directa de las lógicas del capitalismo. Las viviendas, igual que el resto de las mercancías, no se producen y se distribuyen según su capacidad de satisfacer necesidades humanas, sino por su capacidad de generar beneficios económicos para unos pocos. En pocas palabras: el beneficio de un rentista vale más que condenar a una persona a condiciones infrahumanas de hambre y frío; y el sistema, a golpe de porra, pone todos los medios a la disposición para que no cese la barbarie”.
El desahucio como infraestructura antiinmigratoria
“Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta?”, se pregunta la activista de la PAH Barcelona Julieta Lechini Vittorino. “La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?
Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es.
Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.
Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.
Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.
Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.
En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.
[…] De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea”.
Concentraciones racistas y respuesta solidaria
Tres días después del desalojo, la Creu Roja y Cáritas anunció que acogería a 15 de las personas más vulnerables que fueron desalojadas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat. Una decisión claramente insuficiente a la vista de la magnitud del problema, pero que al menos puede dar una solución temporal a un puñado de personas.
Sin embargo, 200 personas, supuestamente vecinos de Badalona, se concentraron en la puerta del centro religioso. Con cánticos racistas y xenófobos, incluso amenazas de muerte, querían impedir la entrada de las personas desalojadas. Las expresiones abiertamente criminalizadoras contra las personas migrantes se asemejaban a las contenidas en los discursos de Albiol y buscaban una confrontación directa.
Xavier García Albiol se presentó en la concentración, supuestamente para apaciguar los ánimos. Después de haber negado durante todo el fin de semana la asistencia a los inmigrantes pidió a los vecinos que permitieran el alojamiento al menos durante aquella noche y se comprometió a abordar el asunto al día siguiente y pedir que no alojaran a los inmigrantes y fueran trasladados a otra parte. Como reveló Jesús Rodríguez en La Directa, «durante la reunión se comprobó la sintonía y la confianza entre Xavier Garcia Albiol y algunos de los concentrados, hasta el punto de recomendar discreción a las personas exaltadas que instigaban a asaltar el albergue y quemarlo. “Os hago una recomendación, especialmente a los más jóvenes. No digáis según qué cosas porque aquí se está grabando absolutamente todo”, dirigiéndose a un grupo que iba con la cara tapada con pasamontañas, para después ejemplificarlo: “Imagínate que esta noche pasa algo. El que ha dicho ‘hay que quemarlo’ se la carga”. En algunos momentos, los gritos no permitían oírle, y le exigían que dejara de hablar y pasara a la acción. Fue entonces cuando consiguió la ovación más grande de la noche: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis”«.
Dado lo caldeados que estaban los ánimos, la parroquia anuló la acogida. Por ello, las personas desamparadas tuvieron que acudir a otros espacios solidarios. Un grupo reducido pudo dormir en el local de la CUP y el Casal Antoni Sala i Pont y otras ocuparon un albergue municipal que estaba clausurado, pero todavía hay decenas de personas pernoctando bajo el puente de la C-31, usando tiendas y sacos de dormir que les han donado distintas activistas.
A pesar de los esfuerzos de colectivos sociales que intentan paliar con autoorganización inestabilidad de las personas que se han quedado en la calle, Badalona Acull y el resto de colectivos aseguran que la crisis continúa, que sus recursos solidarios son limitados y reclaman a las instituciones implicarse con soluciones a medio y largo plazo.
Este mensaje fue replicado el lunes 22 de diciembre, cuando unas 500 personas se concentraron frente al espacio recuperado Can Bofí Vell y recorrieron las calles de Badalona en una manifestación antirracista, al grito de “nadie es ilegal” y “Albiol fascista” y bajo el lema “Contra els atacs racistes, unitat de classe”.
Mientras tanto, otros 300 vecinos de la ciudad, se concentraron a unos metros de distancia, soltando proclamas xenófobas y contra Pedro Sánchez, apoyando a su alcalde mientras ondeaban banderas españolas.
Vox y PP obtienen sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, Aliança Catalana, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX. Actualmente cuentan con dos diputats, pero un sondeo electoral de septiembre les otorga una previsión de ocupar 19 escaños.
“Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior”, explica Antonio Santamaría (periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán) en Zona de Estrategia.
“Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.
El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.
El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional”.
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1Para profundizar en los hechos, en lo que expresaban las desalojadas y sus interacciones con la policía y políticos, recomendamos las crónicas realizadas por Jesús Rodríguez en La Directa.
2En las pasadas municipales, Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.
