La Junta y el Ayuntamiento de Valderas tramitan el proyecto de una “Planta de fabricación y carga de munición de artillería de gran calibre” que promueve Tecnesis 3000, S.L.U., como si se tratara de una fábrica de explosivos de uso civil, y no como lo que es: una fábrica de armas de guerra cuya tramitación y autorización es competencia del Ministerio de Defensa.
Ecologistas en Acción de León ha pedido a la Junta el archivo del expediente, y al Ayuntamiento que paralice cualquier licencia que facilite la implantación de una fábrica de armas de guerra en Valderas.
Revisada la documentación contenida en el enlace facilitado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en el trámite de consultas a las personas interesadas, en el expediente de Evaluación de Impacto ambiental simplificada del proyecto se comprueba que se trata de una fábrica de “granadas de mortero y proyectiles de gran calibre, como el 155 milímetros, en varios modelos y producción de munición lista para suministro al cliente”. Con el beneplácito del Ayuntamiento de Valderas, que ha cedido terrenos en arrendamiento al promotor “Tecnesis 3000”, se tramita este proyecto aplicando el Real Decreto 130/2017 de Explosivos. Pero nos encontramos ante el proyecto de una fábrica de ARMAS DE GUERRA cuya autorización es competencia del Ministerio de Defensa, conforme establece el Real Decreto 137/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Este reglamento considera que las armas de fuego de calibre igual o superior a 20 milímetros, las municiones para esas armas y las granadas de mortero, son armas de guerra.
La autorización de las fábricas de armas de guerra, como la que se pretende instalar en Valderas, se “atendrá a las disposiciones específicas que dicte el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Defensa”, estando la fabricación bajo la supervisión de la Dirección General de la Guardia Civil, y requerirá autorización especial, concedida por la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, que la comunicará a los Ministerios de Interior e Industria, previa instrucción y resolución, del correspondiente procedimiento regulado en el artículo 13 del Reglamento de Armas.
Por lo que se refiere a las autoridades locales, nos parece tan lamentable como irresponsable su predisposición a implantar, junto a la fábrica de explosivos existente “Orica Explosivos Industriales S.A.”, una fábrica de armas a gran escala. El nuevo proyecto eleva de manera exponencial el riesgo de sufrir, en las localidades próximas de Valderas, Villafer, Campazas y Gordoncillo, accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. Ni los puestos de trabajo, que la documentación aportada no acredita, ni el arrendamiento de los terrenos por 74.000 €/año, justifica convertir el municipio de Valderas y su entorno en un polvorín con capacidad para almacenar 800 toneladas de material explosivo destinado a la guerra.
En cuanto a la aplicación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a la producción de armas, esta Asociación comprometida con el pacifismo activo, cree que no hay actividad humana que tenga peor impacto que las guerras y el uso de las armas que en ellas se emplean para destruir vidas humanas, ecosistemas y bienes materiales. Por eso, antes de autorizar una fábrica de armas, las autoridades responsables deberían realizar no una evaluación simplificada ni ordinaria, sino una evaluación AMPLIFICADA al potencial impacto destructivo de la producción a lo largo del tiempo. El balance debería servir para frenar el ecocidio suicida al que nos dirige la industria de la guerra.
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