La Comisión de Interior, Colectividades Territoriales e Infraestructuras de la Cámara de Consejeros de Marruecos ha aprobado este lunes, por unanimidad, el proyecto de ley orgánica Nº031.26, que modifica y completa la ley orgánica Nº111.14 relativa a las regiones. El texto, que profundiza la regionalización avanzada, contempla una dotación presupuestaria de 12.000 millones de dírhams (aproximadamente 1.100 millones de euros) y amplía las competencias de las entidades territoriales.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno marroquí, forma parte del proceso de regionalización avanzada que el reino alauí viene desarrollando desde 2015. Esta política busca una mayor descentralización administrativa y económica, al tiempo que refuerza el control del Estado sobre todo el territorio nacional, incluyendo la región del Sáhara Occidental, una cuestión que afecta directamente las relaciones con España.
El presidente de la comisión, Moulay Abderrahmane Blila, anunció la aprobación tras la reunión celebrada en Rabat. El proyecto de ley deberá ser ratificado ahora por el pleno de la Cámara de Consejeros antes de su promulgación. La reforma otorga nuevas atribuciones a los consejos regionales en ámbitos como la inversión, la planificación territorial y la gestión de servicios públicos, con el objetivo de impulsar el desarrollo local y reducir las disparidades entre regiones.
Marruecos ha destinado un presupuesto significativo para acompañar esta descentralización. Los 12.000 millones de dírhams se suman a los recursos ya transferidos en ejercicios anteriores. Según fuentes parlamentarias, la dotación permitirá a las regiones asumir competencias en materia de infraestructuras, formación profesional y promoción económica, entre otras.
La regionalización avanzada es uno de los ejes de la política territorial marroquí desde la reforma constitucional de 2011. Para Rabat, se trata de un instrumento clave para gestionar la diversidad regional y, especialmente, para consolidar su soberanía sobre el Sáhara Occidental, ofreciendo un marco de autogobierno limitado que la comunidad internacional, incluida España, considera una alternativa al plan de autonomía propuesto por Marruecos.
