De una tierra conservadora y en detalle desconocida como Castilla y León lo que no se espera nunca es la sorpresa. Pero este es un tiempo de cambios y las elecciones autonómicas de 2026 han sido, sobre todo, lo que nadie esperaba. El PP estaba preocupado por la movilización de sus votantes, en los segundos comicios a Cortes despegados de los municipales, y Vox prometía seguir en la ola superando el umbral del 20% por primera vez en una autonomía. Al PSOE nadie le auguraba una noche tan buena y su aspiración de, al menos, poder decir que ganaba las elecciones (se quedó a casi 60.000 votos y 3 escaños) se fiaba a la penetración de los de Santiago Abascal en territorio popular. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) quería rubricar un triunfo histórico con grupo propio y sorpasso al PSOE, y quedó encallada. Los localismos de Soria ¡Ya! y Por Ávila perdieron fuelle. Y desaparecen del hemiciclo IU-Sumar, Podemos y Ciudadanos.

Alfonso Fernández Mañueco, el hombre que con 60 años lo ha sido todo en 31 de los 38 que su partido ha gobernado en Castilla y León, es el único con posibilidad de presidir la Junta de nuevo, pero tendrá que volver a hacerlo con un Vox que ya salió de espantada por mandato nacional a mitad de legislatura y que lo llama “canalla” y de quien él ha dicho que es un partido que quiere “tirar gente [migrantes] al mar”. El domingo por la noche, en el cuartel electoral del PP en su Salamanca natal, estaba contento y aliviado: cree que con el pinchazo de Vox (al que casi duplica en votos) sobre las expectativas, ahora a los de Abascal se les bajarán los humos y se sentarán a negociar en base al programa del PP, sin apretar.

El nuevo líder de la oposición, el socialista Carlos Martínez, confía en que la negociación de tantos gobiernos autonómicos resulte en una ruptura en la derecha que lleve a una repetición electoral. Sabe que la campaña se le ha quedado corta y él no está acostumbrado a perder: ha sido cinco veces alcalde de Soria y tiene la única mayoría absoluta del PSOE en una capital de provincias. Siguiéndolo en campaña (rápido, porque llegó a visitar cinco provincias en día y medio), muchos intuyeron lo que acabó confirmándose la noche del domingo: que era un buen candidato socialista para Castilla y León. Un hombre común, desenfadado, que hace “pincho-mítines” con un botellín en la mano; al que no han enseñado todavía a hablar como un político moderno, que dice cosas inusuales y no rehúye preguntas, con un discurso muy aterrizado en los servicios públicos y la igualdad, cercano, un alcalde con peña al que mantean en fiestas.

La etapa Mañueco en Castilla y León ha estado marcada por la ola del gran cambio político contemporáneo en España. En 2015 –las últimas elecciones de su predecesor Juan Vicente Herrera–, la tercera fuerza en Cortes era Podemos con 10 escaños. Ahora no llega a los 10.000 votos, casi la mitad que el partido de Alvise y apenas el doble que el PACMA. La coalición IU-Sumar triplica los apoyos de Podemos, pero ni siquiera yendo juntos a estos comicios habrían mantenido el escaño en la única provincia donde tenían posibilidades: Valladolid. No es la única explicación, pero sí les ha hecho daño el voto estratégico: las circunscripciones provinciales, sobre todo las más pequeñas, han sido históricamente un lugar en el que la izquierda alternativa (antes IU en solitario) veía cómo se le perdían votos sin representación. En estas elecciones los votantes han querido asegurarse de que su voto vaya a un saco seguro: los de derechas al PP, el statu quo, y los progresistas o centristas (a los que les espanta la ultraderecha) al PSOE. El voto a los dos grandes partidos es muy leal en Castilla y León, y tienen algo que a Vox (y a Podemos y a Sumar) se le ha dado especialmente mal: cuadros de partido y despliegue territorial. IU sí resiste, a su escala, en ese aspecto.

En 2019, cuando el PSOE de Luis Tudanca ganó las primeras elecciones de un Mañueco que se estrenó con el peor resultado de su partido en su gran bastión, Ciudadanos (tercera fuerza con 12) tuvo en su mano ofrecer a los castellano y leoneses la posibilidad de conocer un gobierno que no fuera del PP e hizo lo contrario. Esa apuesta acabó con adelanto electoral. Ahora se ha quedado por debajo de los 5.000 votos y fuera de las Cortes. El que fuera vicepresidente de ese Gobierno, Francisco Igea, pidió el voto en estas elecciones para IU-Sumar en Valladolid. Cosas veredes. En 2022, una campaña en Castilla y León con gran seguimiento nacional a diferencia de esta, Vox llegó a su primer gobierno autonómico con 13 procuradores. Juan García-Gallardo, ese joven político estridente del “latido fetal” de quien Abascal dijo aquello de que se le estaba poniendo cara de vicepresidente, tuiteó el domingo, desde la ruptura hostil con el líder, un acertado análisis de la noche: “Es el bipartidismo y no Vox el que hoy está de fiesta”.

Castilla y León es una comunidad enorme y compleja. Nacida de la unión de una región histórica (León) y otra desmembrada (Castilla) como contrapeso español a los nacionalismos periféricos, alberga realidades diversas: voto urbano más progresista que el rural, que decrece; León –y ahora Soria con su alcalde– como diques socialistas en un mar azul de interior. Pero tiene un elemento definitorio: su votante medio supera los 50 años. Este grupo demográfico lo domina todo –incluso cómo se hacen las cosas: “así, como se han hecho siempre”– y está harto de los sobresaltos de los dos últimos gobiernos de coalición fallidos.

Vox no acertó a la hora de ponerse el listón en el 20% de los votos: ni el campo de Castilla y León –amarrado por alcaldes del PP desde hace casi 40 años y sin grandes empresas como las que tiene, por ejemplo, Murcia– ni su demografía favorecen su crecimiento. Su ascenso se sustenta en el nuevo votante, jóvenes de entre 18 y 25 años, la parte inicial del éxodo continuo que condena a esta comunidad: más de 1 millón de sus nacidos viven fuera de ella. Dentro apenas 2,4 millones y cada vez más envejecidos.

En estas elecciones se han equivocado la mayoría de las encuestas (el CIS no tuvo mala puntería, aunque con horquillas amplias), los análisis, los partidos, todos, en definitiva, al no concebir que las urnas tienen vida propia y que este es un tiempo de cambios, aunque el cambio en esta tierra conservadora sea una vuelta (parcial) al bipartidismo. Una vuelta a casa, a lo (malo o bueno) conocido, después de un par de aventuras que no salieron bien.

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Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Después de las elecciones de Aragón, donde la extrema derecha ha vuelto a dar un paso adelante y la izquierda un paso atrás, el diputado Gabriel Rufián publicaba un post en la red X que comenzaba afirmando que “quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya”, y concluía con una pregunta retórica: “¿No vale la pena intentar hacer algo diferente para frenarlo?” —una pregunta que, se supone, todo el mundo, al leerla, asentiría rotundamente con la cabeza: “Claro que sí”. Analicemos qué puede pretender Rufián y qué posibilidades de éxito puede llegar a tener.

Gabriel Rufián, el político

Rufián es un político de carrera; su pasado en departamentos de recursos humanos es una anécdota en su historial profesional, aunque, de vez en cuando, le resulte útil para diferenciarse de algunos de sus colegas de hemiciclo que nunca han ejercido otro oficio. Pero, a estas alturas, ya puede decirse que Rufián es un político en todos los sentidos de la palabra.

De hecho, si atendemos a las encuestas del CIS, Rufián es un político excelente. De los mejores oradores del hemiciclo. En los últimos años —ya lejos de aquel joven que aparecía en chándal, con aspecto desaliñado, e intentaba gustar a la izquierda más a la izquierda de su partido—, se ha constituido en una voz del sentido común para la izquierda situada a la izquierda del PSOE, que se siente perdida y, sobre todo, decepcionada. Rufián es, por tanto, un político al alza que no quiere dejar de ser político. Y aquí aparece el primer problema.

Esquerra Republicana de Catalunya

Gabriel Rufián es miembro de ERC, pero como dicen las malas lenguas, “Rufián es más podemita que indepe”. Seguramente esta frase sea falsa e injusta, pero no deja de tener cierto interés, en tanto que sintetiza algo en lo que casi todo el mundo puede estar de acuerdo: por sus discursos y posicionamientos, Rufián pertenece, como Joan Tardà, al sector de izquierdas de su partido. Prefiere a Podemos antes que a Junts, y se le puede oír pronunciar más veces la palabra expropiación que la palabra inversión (en un sentido financiero, se entiende).

La segunda parte de la frase es quizá más difícil de abordar. No se sabe bien hasta qué punto es independentista, ni tampoco si tiene sentido medir el sentimiento independentista en gradientes; lo que queda claro, sin embargo, es que hace tiempo que Rufián no habla de independencia. Habla menos que su propio partido, que ya es decir. Pero este silencio sobre la independencia, perteneciendo al partido político que más años ha defendido ese proyecto, puede despertar suspicacias entre sus colegas. Especialmente entre aquellos que tienen claro que son más indepes que podemitas, y que antes se irían con Junts que con Ione Belarra.

Es posible, por tanto, que Rufián, como el excelente político que es, y viendo que después de tantos años en Madrid su rol dentro del partido —como casi podemita y como no tan indepe— queda desdibujado, busque una alternativa.

Un frente amplio de izquierdas

Aceptemos, para el desarrollo del argumento, que los dos primeros puntos son ciertos. Rufián quiere hacer política, su prestigio aumenta en España y disminuye ligeramente en Cataluña, especialmente entre sus colegas de partido. En defensa de esta tesis, puede argumentarse que Oriol Junqueras ya dijo antes del verano que ERC no se planteaba la propuesta —no propuesta— de Rufián. Y Rufián, como quien oye llover, ha decidido tirar hacia adelante y organizar un primer acto en la capital de España de la mano de Emilio Delgado, de Más Madrid.

Pero la pregunta que se hacen politólogos de todas partes es la siguiente: ¿y cómo pretende hacerlo? ¿Por qué la izquierda a la izquierda del PSOE —Podemos, Sumar, IU, Bildu, BNG, ERC, Más Madrid— tendría incentivos para aceptar esta propuesta —no propuesta— de un frente amplio?

La respuesta, aquí, se complica. Pero siempre es útil, cuando se habla de política representativa, tener este mantra bien grabado: los partidos siempre buscan maximizar votos y minimizar pérdidas. Ahora bien, hay un añadido a esta frase, que diría: “Siempre que no ponga en peligro la estructura orgánica del partido”.

Dicho de otra manera: los partidos son siempre reticentes a diluir sus siglas. Las siglas son lo que permite a los políticos negociar una posición en las listas conjuntas. Cuanta más fuerza tengan las siglas, más candidatos y candidatas podrán entrar, y más posibilidades tendrán de encabezar la lista.

¿Qué interés tendría ERC, un partido consolidado al que lo que realmente le importa son los resultados en Cataluña y no en Madrid, y para quien Rufián no representa un gran activo político, en poner sus siglas en suspenso por un resultado incierto? Ninguno. Ya pueden descartarse. Y, dicho esto, también puede decirse lo mismo de Bildu y del BNG. De hecho, ya lo han dicho. Son dos formaciones que atraviesan un buen momento y cuyo arraigo está en sus respectivos territorios, Galicia y País Vasco. Una propuesta plurinacional sin representantes de esa España “pluri” no tiene recorrido.

¿Qué queda? IU también ha rechazado la propuesta. Años atrás se abrazó a Podemos precisamente porque sabían que no podían confrontarlo y que mantenerse cerca era una manera de garantizar su supervivencia (algo similar, por cierto, puede acabar pasando con ICV y Barcelona en Comú en el futuro). Queda Más Madrid, Sumar y Podemos. Y aquí es donde se juega todo.

Las tres organizaciones penden de un hilo. Estos partidos no tienen una historia tan vasta como otras formaciones a la izquierda del PSOE, como IU o el BNG; pero puede argumentarse que, de las tres, es Podemos quien ha logrado consolidar un pequeño nicho que le garantiza la supervivencia (uno o dos diputados) y, en consecuencia, la no necesidad de sumarse a aventuras épicas encabezadas —recordémoslo— por un independentista catalán.

Sumar, por su parte, no es nada; antes de comenzar la legislatura, era Yolanda Díaz —al alza—, más Íñigo Errejón. Ahora es Yolanda Díaz, pero a la baja. De hecho, su principal activo político en este momento no es ni su líder, sino Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, un ministerio de nombre largo y competencias cortas, al que Bustinduy está sabiendo sacarle mucho partido.

Queda, por tanto, Sumar y Más Madrid. Estas son las dos formaciones susceptibles de unirse a este frente amplio que Gabriel Rufián propone sin proponer.

No es tan descabellado que lo intenten. Lo harán si las encuestas los dejan sin representación. Y entonces es cuando comenzará de nuevo la política obtusa, la que manda sin hacerse visible, la que se reúne a puerta cerrada y discute cuotas y puestos en las listas. Lo extraño sería que, llegado ese punto, no fuera Rufián quien lo encabezara. Al fin y al cabo, se lo ha ganado. Al menos, eso es lo que dicen las encuestas.

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El acto de Rufián y Delgado tendrá lugar mañana en la sala Galileo Galilei, en Madrid, a las 18.30 horas. A él acudirán representantes de Sumar, Más Madrid y Catalunya en Comú. Izquierda Unida y Podemos han anunciado que no irán.

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