• Desde ENEBRO-Ecologistas en Acción, queremos manifestar nuestra oposición a las corridas de toros y a los festejos con toros, vacas o vaquillas.
• Mostramos nuestro rechazo al maltrato de seres vivos y más aún que se subvencione con dinero público.
• En este sentido apoyamos al Ayuntamiento de Vejer en su negativa a incrementar la tortura que supone más toros embolaos en el pueblo.

El espectáculo de la tortura animal solo puede hacernos una sociedad más insensible y bárbara. Nunca el sufrimiento o la muerte puede ser una diversión.

Y pensamos que en ENEBRO no estamos solos: observando la evolución de la sociedad española, vemos que la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España  del Ministerio de Cultura, 2018-2019.  Indicaba que tan sólo el 8% de la población acudió a algún festejo taurino durante 2018 y solo el 5,8% asistió a un festejo en plaza. El Estudio de la Fundación BBVA ‘Visión y Actitudes hacia los Animales en la Sociedad Española’ en 2022. Indicaba que casi 8 de cada 10 personas se manifiestan contra el uso de animales en la tauromaquia. Por otro lado el perfil de personas que van a una corrida es el de un varón mayor de 50 años; realmente un perfil segmentado y residual.

Por eso no resulta creíble la manifestación de la Peña Toro Embolao de Vejer cuando se autoadjudica  la representación de todo el pueblo en su lamento por negárseles torturar a un animal más, “un NO a los aficionados de esta fiesta, un NO a una tradición que nuestros antepasados levantaron y que hoy día seguimos sus pasos, en definitiva un NO a Vejer”; los datos no dicen que ellos sean la representación de Vejer; ellos no son el pueblo. Y tampoco son muy creíbles con eso de “nuestros antepasados”, cuando su supuesta tradición solo tiene 50 años, según ellos mismos.

Querer justificar un acto de maltrato animal con el supuesto beneficio económico a la hostelería local supone, además del nuevo tópico cansino, una escasa sensibilidad y empatía animal. Y Vejer no necesita incultura y sufrimiento para ser visitada. Por suerte ofrece muchos otros valores: historia, arquitectura, arqueología, gastronomía, tipología urbana de pueblo blanco andaluz…

Desde el punto de vista de la protección animal, aunque en España tenemos una reciente ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales (Ley 7/2023, de 28 de marzo), se excluye de la protección a los toros, vaquillas y novillos usados en festejos taurinos. De esta manera nuestro país se sigue acogiendo a una ley redactada hace 33 años (Ley 10/1991 de espectáculos taurinos), entorpeciendo la evolución social y el avance de la empatía con los animales. Por suerte, hay muchas personas que han decidido avanzar en la Historia y no quedarse estancadas en una Ley del siglo pasado. Creemos que a este tipo de personas pertenecen la mayoría de las gentes de Vejer. ¡Que nadie hable en su nombre!

En la actualidad, en una sociedad que trata de avanzar en derechos sociales (incluyendo los derechos de los animales), es inconcebible que este tipo de festejos se sigan considerando algo normal, y más inconcebible aún, que sean considerados hechos culturales.

Ninguna tradición por encima de la razón

La tortura, ni arte ni cultura

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• Ecologistas en Acción Castilla y León alerta de que la Junta de Castilla y León está aprovechando la alarma generada por la Peste Porcina Africana (PPA) para impulsar una ampliación indiscriminada de la caza del jabalí, mediante medidas carentes de base científica y sanitaria; una estrategia que traslada injustamente la responsabilidad a la fauna silvestre y responde a los intereses del sector cinegético y de la ganadería industrial, poniendo en riesgo la seguridad de las personas, el equilibrio ecológico y una gestión responsable del territorio.

Una falsa emergencia para aparentar gestión
Ecologistas en Acción Castilla y León denuncia un nuevo ejemplo de gestión electoralista por parte de la Junta de Castilla y León, que ha declarado una cuestionable “emergencia cinegética” para intensificar la matanza de jabalíes, ignorar deliberadamente el papel del lobo ibérico como depredador natural y aparentar que se está actuando ante un problema sanitario que no tiene su origen en la fauna silvestre.

La Peste Porcina Africana como pretexto
Tras la aparición de varios jabalíes muertos en Cataluña a causa de la Peste Porcina Africana (PPA), una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los animales de la familia de los cerdos, la Junta de Castilla y León ha adoptado medidas supuestamente preventivas basadas casi exclusivamente en la caza del jabalí para evitar la propagación del foco inicial.

Sin embargo, según las últimas informaciones, dicho foco probablemente no procede de la fauna silvestre, sino que puede haberse debido al escape del virus desde un laboratorio de alta seguridad. A pesar de esta posibilidad sobre la mesa, se está demonizando al jabalí y utilizando como chivo expiatorio, ignorando tanto el origen real del problema como las funciones ecosistémicas que cumple esta especie.

El peso de la ganadería industrial en Castilla y León
El contexto no puede entenderse sin considerar el peso de la ganadería industrial en Castilla y León, dominada por grandes explotaciones intensivas donde se hacinan miles de animales, muchas veces con destino a la exportación. La alarma sanitaria generada beneficia a estos intereses, al tiempo que se satisface a dirigentes del sector cinegético y se intenta apaciguar a agricultores, consolidando un modelo de gestión orientado a mantener un granero de votos en periodos electorales.

Presiones cinegéticas, negocio de la caza y riesgos sanitarios
La declaración de la denominada “emergencia cinegética” no responde a criterios técnicos ni sanitarios, sino a las presiones del sector cinegético. La Consejería de Medio Ambiente ha optado por satisfacer las demandas de este sector y, de paso, apaciguar a parte del sector agrario, consolidando un enfoque de gestión orientado a mantener un granero de votos, especialmente en periodos electorales.

La Orden MAV/1434/2025, de 11 de diciembre (BOCyL 112/12/2025), intensifica estas medidas al permitir el uso de visores nocturnos en esperas de jabalí, lo que fomentará su utilización tanto legal como ilegal, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas y posibles impactos sobre otras especies como corzo, ciervo o lobo. También autoriza la alimentación suplementaria de origen vegetal, que aumenta artificialmente la población de jabalíes.

La gestión cinegética promovida por la Junta se basa fundamentalmente en el interés económico de los cotos, que necesitan grandes capturas de jabalíes para hacer atractiva la venta de puestos de caza mayor. Esto favorece prácticas como la alimentación artificial, el uso de atrayentes e incluso la suelta de jabalíes de granja —procedentes incluso de otros países— para promocionar jornadas cinegéticas.
Lejos de contribuir a la contención sanitaria, la intensificación de la caza puede aumentar los riesgos de difusión de virus y otros patógenos al provocar el desplazamiento de los animales a grandes distancias. Diversos especialistas europeos ya han advertido que fomentar la caza puede favorecer la expansión de la PPA en lugar de contenerla.

El gran ausente: el lobo ibérico
Esta Orden, al igual que el resto de documentos y declaraciones políticas de la Junta de Castilla y León, resulta profundamente incongruente al ignorar por completo la necesidad de conservar poblaciones funcionales de lobo ibérico, el principal depredador natural del jabalí en nuestro país.

El lobo desempeña una labor clave tanto sanitaria como de regulación numérica de las poblaciones de jabalí y otros ungulados silvestres, por lo que constituye un aliado natural del sector agrícola y ganadero. Su exclusión sistemática de cualquier estrategia de gestión evidencia la falta de un enfoque ecológico integral.

Un modelo incompatible con el interés general
Los intereses que mueven la caza en Castilla y León son el ocio y el beneficio económico, objetivos incompatibles con una gestión rigurosa basada en criterios sanitarios, ecológicos y de interés general. Difícilmente el sector cinegético se autoimpondrá reducciones reales de las poblaciones de jabalíes cuando su interés es disponer de más piezas de caza.

Así lo ha demostrado la gestión de las poblaciones de corzo y ciervo frente a enfermedades que afectan también a la fauna doméstica, así como el persistente fracaso en el control de los daños a los cultivos, una realidad sobradamente conocida por agricultores y ganaderos.

Ecologistas en Acción Castilla y León advierte que la estrategia de la Junta, centrada en la caza indiscriminada y en intereses económicos y políticos, no aborda las verdaderas causas de la PPA, traslada injustamente la responsabilidad a la fauna silvestre y pone en riesgo la seguridad de las personas, el equilibrio ecológico y la gestión responsable del territorio. Una política eficaz debería basarse en criterios científicos y ecológicos, promoviendo la conservación de depredadores naturales y medidas de prevención sostenibles, en lugar de recurrir a soluciones apresuradas y electoralistas.

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