El día 18 de abril de 2017 fue denunciada por Ecologistas en Acción, ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la instalación de un aparcamiento de camiones, con grandes depósitos de combustible, en una zona colindante al casco urbano y a cientos de viviendas habitadas, ocupando en gran parte suelo no urbanizable de protección paisajística y a menos de 500 metros de distancia del Castillo de Salobreña, declarado Bien de Interés Cultural, sin licencia e incumpliendo la legislación vigente.
El 2 de febrero de 2018 la Consejería informó al Ayuntamiento de Salobreña de los hechos (por si no se hubieran dado cuenta) instando a que “ejerza las competencias que en materia de disciplina urbanística le corresponden”.
El 13 de marzo de 2018 se denuncia nuevamente la situación ante el Ayuntamiento pidiendo que informara sobre “las actuaciones que ha acometido la corporación municipal respecto a este aparcamiento ilegal de camiones” a día de hoy y transcurridos más de siete años no se ha recibido respuesta alguna a este requerimiento.
Los depósitos de combustible y los camiones que lo transportan (hasta 50 estacionados en un solo día) suponen un peligro para los cientos de viviendas cercanas y el ruido no deja dormir a los vecinos
Posteriormente se ha instalado en el mismo un vertedero ilegal de escombros, basuras y residuos sólidos que provoca nubes de polvo y además se realizan quemas continuas que provocan humos y malos olores al casco urbano colindante, a corta distancia de los camiones de combustible.
Actualmente los vecinos de Salobreña más de nueve años soportando los ruidos, polvos, olores, humos y continuas quemas de residuos en el aparcamiento ilegal que hay al lado de sus viviendas.
Todo esto sin licencia de actividad y sin medidas de seguridad homologadas, consentido por el Ayuntamiento, ante el cual se han denunciando estos hechos en numerosas ocasiones sin que ejerza las competencias que le marca la ley.
Desde Ecologistas en Acción instamos al Ayuntamiento de Salobreña y demás administraciones responsables a que se dediquen a velar por la seguridad y el bienestar de sus vecinos, hagan cumplir la ley y se proceda al cierre inmediato de estas instalaciones y a la depuración de las responsabilidades que hubiere.
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