La regularización extraordinaria de personas migrantes ha despertado la oposición de diversos líderes políticos y organizaciones ultraconservadoras. Están en contra de que personas extranjeras adquieran derechos y obligaciones equiparables a las de cualquier ciudadano español. Tras la entrada en vigor de esta medida, Vox ha expandido el concepto de la “prioridad nacional” –otra copia de la extrema derecha francesa de Le Pen– con la ayuda de un amplio número de pseudomedios de comunicación e incluso de dirigentes del PP, partido que a día de hoy sigue siendo el que más regularizaciones de este tipo ha aprobado desde que España es una democracia.
Entre quienes tratan de frenar la regularización emerge un patrón recurrente: la Industria del Control Migratorio. Diversos actores que tradicionalmente han tenido posturas conservadoras, como las patronales empresariales o la Conferencia Episcopal, han expresado apoyo a la regularización. Sin embargo, más allá de ideologías, valores y creencias, destacadas voces detractoras de la regularización de migrantes tienen vínculos claros con empresas que se lucran con el gasto público destinado a militarizar fronteras y endurecer el control migratorio. Dirigentes de Vox y del PP, así como líderes de organizaciones ultras como Hazte Oír, forman parte del ecosistema de la Industria del Control Migratorio en España. ¿Quiénes son?
El negocio antimigratorio del ‘cártel’ antiregularización
Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.
Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio.
Un ejemplo: entre los grandes donantes históricos de Hazte Oír (en concreto, de su famoso Congreso Mundial de Familias) figura el fallecido David Álvarez Díez, fundador y presidente de Grupo EULEN, empresa adjudicataria de, entre otros, servicios en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y del mantenimiento de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y diversos puestos fronterizos. EULEN figura entre las 10 empresas que más dinero público facturan en la Industria del Control Migratorio de España.
Por el consejo de administración de EULEN han desfilado nombres célebres del mundo conservador español, entre ellos los ex ministros del Interior Jaime Mayor Oreja y Rodolfo Martín Villa. Entre otras personas, en su equipo directivo figura Micaela Núñez Feijóo, que lleva 23 años en EULEN y es hermana del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, otra de las voces más destacadas en contra de la regularización de migrantes. “Ni la ilegalidad puede generar derechos, ni se puede premiar el desorden”, afirma el líder de los populares acerca de la regularización extraordinaria. María José Álvarez Mezquíriz, presidenta de EULEN, es una de las consejeras de EDATV, el portal de fake news del agitador Javier Negre, que a diario divulga bulos sobre el proceso de regularización.
EULEN no responde a las preguntas de este medio sobre su relación con Hazte Oír, sobre la financiación de EDATV ni sobre protocolos internos para evitar conflictos de intereses con el ámbito político. La compañía tampoco aclara si las donaciones de su fundador a Hazte Oír fueron hechas a título individual o en nombre de EULEN.
Entre los empresarios que nutren las arcas de Hazte Oír también figura la marquesa Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del consejo de administración de FCC, que se da la mano con EULEN para licitar en procesos de contratación pública de control fronterizo.
La beligerancia de Hazte Oír también ilustra el componente mediático de la campaña de acoso y derribo contra la regularización de migrantes. Hazte Oír está vinculada al Grupo Intereconomía, que engloba medios como Toro TV o Radio Intereconomía, entre otros. Este conglomerado fue fundado por Julio Ariza, exdiputado del PP en el Parlament catalán. En el pasado Grupo Intereconomía también controló La Gaceta, cuyo consejo editorial preside el eurodiputado e hijo de un diplomático y propagandista nazi Hermann Terstch, que define la regularización como operación “criminal”. La Gaceta ahora pertenece a la Fundación Disenso. Este think tank vinculado a Vox se financia con fondos públicos que recibe el partido y sirve de altavoz a las posturas xenófobas de la ultraderecha española.
Vox y Disenso no responden a ninguna de las preguntas formuladas por este medio. Tampoco aportan detalles sobre los fondos públicos que recibe esta fundación, que no facilita sus cuentas ni la composición de su equipo directivo.
En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.
Un caso poco conocido es el de Elías Bendodo Benasayag, uno de los hombres fuertes de los populares en Andalucía. Bendodo encabezó la Consejería de Presidencia e Interior, y hasta mediados de 2022 fue portavoz de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. Cuando estalló el caso de corrupción conocido como ‘Mediador’ o ‘Tito Berni’, que afecta principalmente al PSOE canario, varios medios informaron de que Bendodo adjudicó al menos un contrato a Asesoramiento y Servicios de Drones SL, empresa central en la trama corrupta. Bendodo afirmó que todo fue legal.
En este mismo escándalo de corrupción destaca Francisco Espinosa, general de división de la Guardia Civil, el escalafón más alto de esta institución. Espinosa procede de lo que en la benemérita llaman “el clan de los Zoido”, en referencia al político sevillano Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior en tiempos de Rajoy, que le ascendió a ese puesto. La Justicia investiga el presunto cobro de comisiones por parte de Espinosa y otras personas en los contratos del Gobierno español para transferir drones a países como Mali con el objetivo de combatir los flujos migratorios, una política conocida como ‘externalización de fronteras’.
«Los que vengan de forma irregular no serán bienvenidos, serán expulsados», aseguró Bendodo a finales de abril en un acto de la campaña electoral andaluza en una localidad de Almería, una de las provincias con más casos de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular.
Elías Bendodo también es uno de los políticos más cercanos al lobby proisraelí en España. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mostrado públicamente su sintonía con David Hatchwell, presidente y cofundador de ACOM, el mayor grupo de influencia de los aliados en España de Netanyahu. Hatchwell es uno de los grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio en España. Una de sus grandes empresas, Excem, suministra tecnología israelí de vigilancia y análisis de documentos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA, entre otros. A pesar del embargo decretado por el Gobierno el año pasado, la frontera española está repleta de tecnología israelí por cielo, mar y tierra.
También en el entorno familiar de Bendodo hay grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio. Sin ir más lejos, su suegro fue un alto cargo de Grupo ACS, el conglomerado de obra pública y multiservicios de Florentino Pérez. Se trata de la segunda empresa que más dinero factura en el negocio fronterizo español: construcción y mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla, obras y servicios en centros de internamiento de extranjeros y hasta labores de socorro en el mar. La Fundación ACS está dirigida por el hermano de Jaime Mayor Oreja y ACS aparece en varios documentos manuscritos de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, como presunta financiadora de este partido.
No acaba ahí la lista de líderes políticos y de organizaciones ultraconservadoras que claman contra la regularización de migrantes al mismo tiempo que se lucran, directa o indirectamente, con el gasto asociado a las políticas de control migratorio. En el ránking español de la Industria del Control Migratorio destacan empresas como Telefónica, Escribano, Indra, Amper, Air Europa o Tecnobit, entre otras. Todas cuentan con ex altos cargos del Estado, la mayoría procedentes del PP (aunque también del PSOE y, en menor medida, del PNV).
El Partido Popular no responde a ninguna de las preguntas formuladas para este artículo.
Los detractores de la regularización argumentan que la regularización de migrantes tiene un efecto negativo sobre el empleo, la economía, la seguridad y la “identidad nacional”. La evidencia científica revela todo lo contrario: la irregularidad produce situaciones de explotación, vulneración de derechos fundamentales y caos, mientras que las anteriores regularizaciones en España tuvieron efectos positivos sobre los derechos de estas personas, reduciendo los casos explotación laboral, y favoreciendo la inclusión social y la contribución de los trabajadores extranjeros a las arcas del Estado. La cercanía de los actores ultraconservadores y las posiciones conspiranoicas contrarias a la ciencia también queda patente en innumerables estudios académicos.
José Bautista es coordinador del equipo de periodismo de investigación de la Fundación porCausa.
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