El gasto militar ha experimentado en los últimos años un notable aumento. Dato a tener en cuenta para una correcta valoración de esta tendencia: si bien se ha intensificado en los últimos años, dicho aumento se ha producido con los dos gobiernos de coalición (periodo 2020/2025); el primero, integrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Podemos e Izquierda Unida, y el segundo por el PSOE y Sumar.

Según la información suministrada por el Instituto Internacional de Estocolmo de Investigaciones para la Paz (SIPRI), en 2025 el gasto militar medido en dólares corrientes alcanzó el 2,13% del Producto Interior Bruto (el 1,22% en 2019), superando los 40 mil millones de dólares, lo que supone un aumento muy importante con respecto a 2019, el 134%.

Una trayectoria alcista que, sin duda, hubiera merecido un debate en profundidad en el Parlamento, que, sin embargo, no se ha producido (estoy hablando de mucho más que una comparecencia aislada y simbólica del presidente del Gobierno), y menos aún entre la ciudadanía, que, simplemente, a pesar de su enorme trascendencia, no ha existido. Tampoco cabe esperar un debate sobre lo hablado y acordado en la última cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrada en Ankara (Turquía), donde todos los países se han comprometido a intensificar ese gasto, para aproximarse al 5% exigido por Estados Unidos y el cada vez más fuerte complejo militar/industrial.

Este debate –que, insisto, ni está ni se le espera– se encuentra lastrado por unos apriorismos que en mi opinión resultan inaceptables y que condicionan absolutamente la hoja de ruta a seguir. A destacar de manera breve tres.

El primero de ellos es considerar que Europa se encuentra crecientemente amenazada por el expansionismo militar ruso, cuando en realidad la invasión de Ucrania se explica en gran medida por la actitud hostil y provocadora de la OTAN, Estados Unidos y algunos países europeos, que mucho antes de que las tropas rusas cruzaran la frontera ucraniana habían cerrado todos los puentes de diálogo con el Kremlin, reafirmando su intención de desplegar en la frontera con Rusia armamento ofensivo y abriendo la puerta a la integración de ese país en la organización atlántica. Y cuando Alemania, el Reino Unido y otros países europeos están instalados en la lógica de que, con su implicación logística y en el terreno (que ya existe y que se va a intensificar) la guerra contra Rusia se puede y se debe ganar militarmente, cerrando de esta manera la puerta a una solución negociada en la que Europa tendría la oportunidad de desempeñar un papel central.

El segundo de los supuestos que justificaría el aumento del gasto militar consiste en situarlo como un pilar fundamental de la reestructuración y modernización productiva de las economías europeas. Esta línea de razonamiento, a la que se otorga una relevancia creciente, se sitúa mucho más allá del apoyo militar a Ucrania. Está instalada en el supuesto –falso, en mi opinión– de que el esfuerzo militar tendría efectos positivos en la actividad inversora, la innovación tecnológica, la productividad y el empleo, por lo que no sólo habría que intensificarlo por una urgencia coyuntural, la amenaza rusa, sino mantenerlo en niveles elevados dada su dimensión estratégica en la economía.

El tercer supuesto –falso como los dos precedentes- es que el fortalecimiento de Europa como proyecto pasa por el aumento del gasto militar, tanto el realizado por los países como, sobre todo, el acometido a escala europea que debería aumentar sustancialmente. Esta línea de razonamiento cierra el camino a un análisis más riguroso sobre las debilidades sociales y productivas europeas, que, con toda seguridad, se harán más pronunciadas con el aumento del gasto militar.

Y hay algo más, siguiendo la lógica propuesta en este diagrama, que sería necesario incorporar a los razonamientos anteriores.

En el mismo se plantea la necesidad de situar el debate sobre el gasto militar en un contexto discursivo más amplio. Con esta perspectiva, habría que comenzar por identificar la problemática y las necesidades que enfrenta la economía y la sociedad. Un debate que debería cristalizar en identificar las prioridades y definir los objetivos económicos, sociales y medioambientales, y, con esa perspectiva, valorar los recursos disponibles e identificar los actores que darían consistencia a ese proceso, estableciendo finalmente los plazos en los que se pretende llevar a cabo ese plan. Sólo en ese marco cabría especificar los objetivos de política económica a acometer.

Me parece obvio que ni se puede ni se debe entrar en el debate sobre el gasto militar sin integrarlo en un espacio analítico más amplio como el dibujado en el diagrama.

Porque los objetivos de crear empleo de calidad con salarios decentes, la reducción de la pobreza y la desigualdad, garantizar el derecho a la vivienda, la lucha contra el cambio climático y la destrucción de los ecosistemas, la transformación del modelo productivo en clave de equidad y sostenibilidad… colisionan claramente con la dinámica militarista, en absoluto son complementarios. También porque esa dinámica reforzará los perfiles más regresivos del denominado proyecto europeo, y porque, cada vez más, el Estado, sus recursos, políticas y marcos regulatorios, constituyen un espacio de disputa estratégica donde los defensores de lo público se encuentran en una posición de inferioridad… y el gasto militar intensifica esa disputa.

Y la clave de todo, trascendental para sentar las bases de una izquierda valiente y transformadora. El proceso que acabo de describir sucintamente presenta una carga política y social muy importante. De hecho, debería ser una pieza clave de la movilización de las clases populares, y por eso mismo no puede dejarse en manos de los “técnicos” ni de las cúpulas de los partidos o las instituciones.

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El término del día, que, con toda seguridad, tendrá más recorrido: el absentismo laboral. Declaraciones recientes de Feijóo sobre el coste económico del mismo para las empresas y el erario público, recogiendo el testigo de las patronales y la economía y los economistas conservadores. Como si absentismo fuera una argucia de los currantes para trabajar menos o con menos intensidad, sin renunciar a sus ingresos. 

En realidad, nada nuevo en el firmamento. El objetivo es mezclarlo todo para no hablar de lo verdaderamente trascendente. El denominado absentismo laboral, expresión claramente tendenciosa, incluye, entre otros conceptos, la incapacidad temporal –como las bajas médicas– y los permisos retribuidos y no retribuidos. Es una expresión que arremete de forma infame contra derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras. Resulta sencillamente inaceptable que ese sea el debate y no la precariedad en el trabajo y los bajos salarios, que impiden llevar una vida decente y ejercer plenamente los derechos laborales y sociales. 

Pero el asunto en cuestión presenta mucho más recorrido. Tiene que ver con el lenguaje utilizado que pretende incorporar (imponer) un sentido común que, supuestamente, debe tomarse como punto de partida de un debate racional y razonable… ¡un espacio donde se darían cita la buena economía y los buenos economistas! 

Sin pretender ser exhaustivo, algunos ejemplos que pretenden reflejar el sentido común al que acabo de hacer referencia y que constituyen manipulaciones de gran calado:

a) La utilización del término “mercado de trabajo”, cuando en realidad las condiciones de vida de los trabajadores están indisociablemente unidas al ejercicio de los derechos laborales y humanos, derechos que ni pueden ni deben abordarse en clave mercantil.

b) Cuando se aplican políticas para, supuestamente, “flexibilizar” el mercado laboral cuando en realidad se pretende, y se ha conseguido en buena medida, debilitar o anular la capacidad de lucha y negociación de las personas trabajadoras, creando las condiciones para presionar a la baja los salarios.

c) Cuando se asocia “contención salarial” con competitividad, pretendiendo, errónea y sesgadamente, que este es el factor determinante de la misma.

d) Cuando se pretende establecer una relación de causa/efecto entre los salarios y la inflación, ocultando que esta tiene que ver sobre todo con el desorden estructural del capitalismo y el poder de las grandes firmas.

e) Cuando con estos enunciados se desvía descaradamente el foco donde en realidad debería situarse: las retribuciones de las élites empresariales y los grandes accionistas de las empresas, un terreno intocable, que, sin embargo, es fundamental para entender la economía realmente existente y los intereses que la articulan.

Sobre estos y otros temas cruciales se pasa, en el mejor de los casos, de puntillas. El debate queda, de este modo, atrapado y contaminado. 

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Afirmar que la mayoría de los políticos son corruptos y que el ejercicio de la política es una vía de enriquecimiento personal y de obtención de privilegios es evidentemente un despropósito, una generalización excesiva, que contribuye a cultivar una especie de «sentido común» muy extendido entre la opinión pública y que podemos resumir como «todos vienen a meter mano a la caja común y a promover sus intereses personales o de grupo». Una posición que encaja con los resultados obtenidos en las encuestas de opinión pública llevadas a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Eurobarómetro y otras instituciones, confirmando que la corrupción política se encuentra entre las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Este asunto, con esta perspectiva, ocupa un lugar preferente en la mayor parte de los medios de comunicación y en las redes sociales, desplazando a problemas tan acuciantes como el imposible acceso de muchos jóvenes a una vivienda digna, el persistente deterioro de la sanidad y la educación públicas, el estancamiento de los salarios de muchos trabajadores o el continuo aumento de la desigualdad.

Aunque, en los últimos tiempos sobre todo, han salido a la luz graves episodios de corrupción donde algunos políticos –en ocasiones con puestos muy destacados en la administración pública y en las cúpulas de los partidos– han aprovechado su privilegiada posición para saquear lo que es de todos y para obtener todo tipo de prebendas, opino que no cabe hacer generalizaciones, metiendo a todos en el mismo saco.

En realidad, estamos ante un debate manipulado donde los grandes medios de comunicación y las redes sociales establecen las coordenadas y el contenido del mismo. Aunque hace referencia a los políticos (y a la política) –así, en general– está teniendo un considerable recorrido social y electoral para las derechas, especialmente para la extrema derecha.

En este escenario, poco importa que el Partido Popular (PP) haya sido condenado por los tribunales en calidad de partido que ha promovido o se ha beneficiado de la corrupción, que varios de sus dirigentes hayan ingresado en la cárcel por ello y que todavía tenga abiertas diferentes causas judiciales. ¡Pelillos a la mar! Todos los focos están puestos en el Partido Socialista Obrero Español y en el presidente de gobierno, Pedro Sánchez.

Se trata, pues, de un debate muy polarizado y sesgado que, como apuntaba antes, arrincona los grandes y graves problemas que tiene la ciudadanía, en el contexto de una batalla política de gran calado donde las derechas –políticas, judiciales, empresariales y mediáticas– pretenden poner fin a la legislatura y al gobierno de coalición, alentados por unas encuestas donde predicen que, de celebrarse las elecciones, probablemente el PP y Vox alcanzarían la mayoría absoluta.

En este escenario, suscitan menos interés los «corruptores». Aquellos empresarios o sus testaferros que hacen de intermediarios y/o promueven negocios aprovechando el acceso privilegiado a los recursos públicos y a sus contactos en la Administración. No sólo su decisiva posición en las tramas apenas recibe penalización, sino que incluso es recompensada si media algún tipo de colaboración en los procesos judiciales.

Llegados a este punto creo pertinente realizar algunas consideraciones sobre la posición de aquellas empresas (sobre todo grandes firmas) cuyo modelo de negocio consiste cada vez más en capturar recursos públicos y modificar en su propio beneficio las regulaciones públicas. No estoy hablando de un fenómeno reciente (si bien en los últimos años se ha intensificado), ni tampoco de prácticas que cabría calificar necesariamente como ilegales, aunque ocupan un espacio fronterizo y opaco. Se trata de algo más amplio que lo contenido en el término «corruptores».

Me refiero más bien a la quintaesencia de un capitalismo oligárquico y a una dinámica, la de los mercados realmente existentes, que claramente apunta a la colonización, a la ocupación de lo público, a partir de la posición de privilegio (y de poder) de los grandes grupos económicos. Podemos convenir, como acabo de señalar, que, en el sentido literal del término, no estamos necesariamente ante prácticas corruptas, pero en mi opinión constituyen el sustrato básico para que se desarrollen y consoliden.

En estas coordenadas cabría situar algunos ejemplos destacados, como el privilegiado acceso de las grandes empresas a los fondos europeos y más concretamente a los recursos asignados por la Unión Europea (UE) para enfrentar las consecuencias de la pandemia y poner los cimientos de la denominada transición verde y digital (NGEU, por sus siglas en inglés); al considerable aumento de los recursos públicos, tanto estatales como comunitarios, destinados al lobby militar; o a los escandalosos beneficios fiscales que disfrutan las corporaciones y las grandes fortunas. En el mismo sentido hay que destacar el privilegiado acceso de los grupos de presión (lobbies) a los espacios públicos –en la UE y en España– donde se moviliza una gran cantidad de recursos y se toman decisiones; grupos que, como sabemos, no hacen ascos, todo lo contrario, a colocar en puestos clave a políticos de «izquierdas» recompensándoles con abultadas (escandalosas) retribuciones.

¿Acaso se actúa para enfrentar esta problemática? ¿Hay interés en abrir el foco del debate para entrar en las raíces mismas de los procesos de corrupción? La respuesta a ambas preguntas es claramente negativa, pero una izquierda verdaderamente transformadora tendría que mirar necesariamente en esa dirección.

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Las temperaturas están alcanzando en estos días niveles históricamente altos y serán todavía sustancialmente más elevadas durante el verano. No estamos ante un fenómeno coyuntural, la tendencia desde hace años es, para quien la quiera ver, evidente; todos los indicadores apuntan en esa dirección y los acuerdos internacionales –empezando por la Cumbre de París (2015)– son, en realidad, papel mojado, un conjunto de declaraciones y compromisos retóricos que a nada y a nadie obligan.

Al respecto, en un editorial reciente de El País encabezado por el titular “Europa se abrasa en mayo” (29/05), se afirma, entre otras cosas, que el cambio climático «no es un debate… ideológico». Una declaración que, con un tono parecido, es fácil encontrar en otras publicaciones.

Acudo al Real Diccionario de la Lengua Española (RAE) y encuentro que una de las acepciones que se otorga a la palabra ideología es la siguiente: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.”; los sinónimos de este término serían: ideario, credo, doctrina, ideas, principios, creencia. 

Si, entre otras cosas, la ideología se caracteriza, como afirma la RAE y nos dice el propio sentido común, por la existencia de una diversidad de visiones -más o menos apriorísticas, más o menos contrastadas-, hay que reconocer que, por fuerza, impregna, y debe impregnar, el debate; en el ámbito de las ciencias sociales y, más en concreto, de la economía, este reconocimiento es un obligado e imprescindible punto de partida, que justamente pretenden ocultarlo quienes más carga ideológica y visiones apriorísticas incorporan en sus análisis y propuestas. De modo que, aceptémoslo, partamos de esa realidad, la ideología todo lo condiciona y ocultar esa influencia, como sugiere ese editorial de El País, siguiendo una línea a la que ya nos tiene muy acostumbrados, es profundamente ideológico y sesgado.  

En ese cruce de visiones, quienes ponen en el centro de la degradación de los ecosistemas y el desbordamiento de todos los límites biofísicos del planeta al “ser humano” –así, en genérico–, quienes, con esta perspectiva, apelan a un comportamiento austero y responsable de ese ser humano, pues en definitiva “todos perdemos”, equivocan el diagnóstico; porque la responsabilidad de esa deriva y las soluciones no se pueden repartir con esa pretendida ecuanimidad, cuya aceptación, en realidad, nos desvía de una agenda verdaderamente transformadora.

En este sentido, no hay que ocultar, como hacen El País y otras publicaciones, que hay un formidable negocio –grupos muy relevantes impulsándolo y enriqueciéndose con el mismo– en el mantenimiento del statu quo energético y en la emisión de gases de efecto invernadero (no entraré en este asunto verdaderamente crucial, pero también lo hay en la supuesta transición hacia una economía verde y digital). La desigualdad que todo lo impregna en el capitalismo realmente existente también se muestra en este ámbito.

Así pues, tenemos que ser conscientes de que los mayores responsables de ese patrón productivo y de consumo insostenible, que ya está provocando daños difícilmente reversibles, son, especialmente, los ricos del planeta y los países ricos, las oligarquías cada vez más poderosas y una densa red de intereses no oligárquicos que también sacan tajada, o pretenden sacarla, de la inacción. Sustituir este análisis, en el que hay que entrar obligatoriamente, por algo así como “todos contaminan” es una cortina de humo, una falacia que, consciente o inconscientemente, preserva los intereses de los verdaderos responsables.

Vencer esas resistencias y abrir otro escenario precisaría de una rotunda movilización social que colocara en el centro de la misma políticas ambiciosas en materia de sostenibilidad y reparto de los costes -que ciertamente serán muy importantes–, teniendo en cuenta la desigualdad extrema que soportamos en la actualidad.

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Si continúa y se intensifica el aumento de los precios –este es el escenario más probable– ganará relevancia el debate sobre las políticas a implementar para contener y revertir la deriva inflacionista. Aunque la misma nada tiene que ver con los salarios –cuyo avance en los últimos años ha sido, si acaso, muy moderado–, los defensores a ultranza de la austeridad salarial intentarán situarla en el centro de la discusión y de las políticas económicas a implementar. Por esa razón, conviene tener muy presente lo siguiente:

1. Lo primero a retener es que cuando hablamos de las retribuciones de los trabajadores asalariados estamos poniendo sobre la mesa las condiciones de vida de una parte importante de la población cuya principal o única fuente de ingresos es la venta de su capacidad de trabajo en el mercado a cambio de un salario. Es importante considerar esta perspectiva porque no hacemos referencia a un precio como cualquier otro, ni a un mercado más, equivalente a otros espacios donde se compran y venden mercancías, sino a la existencia misma de los trabajadores. Por ello, en el debate sobre la fijación de los salarios es vital pensarlos en clave de derechos humanos, dignidad y democracia.
   
   
2. En segundo lugar, hay que ser plenamente conscientes de que en el centro de las políticas de contención salarial se oculta una estrategia, cada vez más evidente, que no es otra que debilitar y deslegitimar a las izquierdas políticas y sindicales, cuya razón de ser, cuya legitimación debería residir precisamente en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
   
   
3. En tercer lugar, poner el foco de la lucha contra la inflación, del fortalecimiento de la competitividad de las empresas y, más en general, de la reestructuración de las economías en la presión salarial contribuye de manera decisiva a consolidar una cultura empresarial depredadora y conservadora, que, por cierto, cada vez está más extendida en el universo de los negocios. Esa cultura es un poderoso lastre a la hora de acometer la reestructuración de las economías en clave de equidad y sostenibilidad.
   
   
4. En cuarto lugar, si tomamos como referencia un período amplio –por ejemplo, desde 2019 hasta la actualidad– podemos comprobar que la mayor parte de los trabajadores asalariados han perdido capacidad adquisitiva; esto es, los precios de los bienes y servicios que consumen han aumentado bastante más que sus retribuciones; en paralelo, los beneficios de las empresas, convertidos en dividendos para los accionistas e ingresos para las cúpulas empresariales, han aumentado de manera sustancial. El resultado de tan dispar evolución ha sido la intensificación de la desigualdad, seña de identidad del capitalismo realmente existente.
   
   
5. En quinto lugar, considerar los salarios como una magnitud homogénea es un error de gran calado, pues presupone que el dato agregado ofrece información suficiente y relevante. Lo cierto, sin embargo, es que las disparidades distributivas (por factores que tienen que ver con el tipo de empresa, tamaño, sector y espacio en el que opera, la profundidad y alcance de la negociación colectiva, los niveles de cualificación…) en el colectivo que denominamos trabajadores asalariados son muy pronunciadas. De hecho, en este ámbito esas disparidades han aumentado con fuerza contribuyendo al aumento general de la desigualdad.
   
   
6. En sexto lugar, la supuesta relación de causalidad entre costes laborales y precios y la derivada de esa premisa –la moderación de los salarios es la clave para contener la inflación–, cuando se pretende convertir en un principio general, debe ser asimismo cuestionada. En un buen número de empresas los costes laborales representan una parte relativamente reducida de los costes totales, siendo los no laborales –como el precio de los combustibles, las materias primas, la electricidad, los alquileres o los costes financieros– notablemente más relevantes. Desde esta perspectiva, situar la austeridad salarial en el centro de la política antiinflacionista es un error de planteamiento: lleva a implementar medidas con un marcado sesgo que, además, son ineficaces.
   
   
7. En séptimo lugar, las estrategias competitivas sostenidas en la contención de los salarios –además de ser injustas, pues dejan intactos los beneficios empresariales– también se sostienen en un diagnóstico equivocado, pues presuponen, contra toda evidencia empírica, que la presencia en los mercados globales, en los más dinámicos especialmente, es mayor en el caso de los países de bajos salarios o de las empresas que practican políticas retributivas más estrictas.
   
   
8. En octavo lugar, se ha convertido en uno de los mantras preferidos en el discurso conservador relacionar salarios e inflación, en el sentido de que la intensa creación de puestos de trabajo abre la puerta al crecimiento de las retribuciones de los trabajadores y, por esa vía, a la intensificación de las tensiones inflacionistas. Un planteamiento que, en mi opinión, también debe ser cuestionado. De hecho, el rápido aumento de la categoría de trabajadores pobres o su mantenimiento en niveles muy elevados nos presenta una realidad donde, como sucede en la economía española, los altos niveles de ocupación son compatibles con la generalización de los bajos salarios, a los que, en modo alguno, cabe responsabilizar de las tensiones inflacionistas.
   
   
9. En noveno y último lugar, hay que ser conscientes, las izquierdas políticas y sindicales deberían serlo si se quieren reconocer como tales, de que la irrupción y ascenso del fascismo y de la extrema derecha tiene mucho que ver con la degradación de las condiciones salariales, que explicaría, al menos en parte, la importante base social con la que cuentan entre las clases trabajadoras.

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Está en la cabecera de todos los medios de comunicación. La decisión de la Administración estadounidense de retirar una parte de las tropas desplegadas en Europa –cuando escribo estas líneas está todavía pendiente el alcance de esta decisión–, empezando por una parte, todavía relativamente reducida, de las situadas en Alemania.

¡Todas las alarmas se activan ante la situación de «desprotección» en que quedaría Europa ante la retirada estratégica del «amigo americano»!

Y como cabía esperar, en esta encrucijada resuenan con más fuerza si cabe –ya disponían de altavoces muy potentes– las voces que, ante la necesidad de enfrentar un entorno geopolítico hostil y crecientemente amenazante (empezando, según este relato, por Rusia), reclaman reforzar el gasto militar europeo: dicho gasto se presenta, pues, como la piedra angular de la supervivencia y de la influencia del denominado «proyecto europeo». Quienes dan esto por descontado, por evidente, sitúan el debate en la dimensión de este gasto militar, dado que, aunque ha aumentado con intensidad en los últimos años, en este escenario, sería claramente insuficiente, y en si debe realizarlo cada gobierno o la Unión Europea; los más «europeístas» se alinean claramente por esta segunda alternativa.

En realidad, nada nuevo bajo el sol. Con el diagnóstico de que esa amenaza, la retirada estratégica de Estados Unidos, es real y creciente, los principales responsables comunitarios y la mayor parte de los gobiernos europeos (también el nuestro) ya están tomando decisiones en la dirección de reforzar el rearme. Con estos mimbres, encargados por la Comisión Europea, se han elaborado los informes Draghi y Letta; en ambos, el gasto militar debería convertirse en un engranaje clave del proyecto de reestructuración y modernización de las economías europeas. En consecuencia, no estaría sólo vinculado ni determinado por la existencia de una amenaza externa. Un planteamiento de gran calado que abre las puertas de par en par a la militarización de las economías europeas y a la justificación de la misma en nombre de más y mejor Europa.

Estamos ante un debate que, sin duda alguna, resulta crucial para el presente y el futuro de la ciudadanía europea (no sólo presenta una dimensión institucional) y que los enunciados que acabo de describir de manera sucinta lo meten en una (interesada) camisa de fuerza… que en modo alguno la gente de izquierdas podemos dar por buena.

Porque, esta es la idea fundamental que quiero trasladar en estas breves notas, ese debate no se puede abordar al margen de las necesidades sociales, productivas y medioambientales existentes, que hay que dimensionar y acometer con urgencia. Porque, reconozcámoslo, no sigamos mareando la perdiz, lejos de los discursos autocomplacientes del estilo «la economía va como un tiro», en realidad, aunque haya mejorado en algunas dimensiones, no va bien en aspectos fundamentales para las clases populares y especialmente para los colectivos situados en las condiciones más precarias: vivienda inaccesible, salarios estancados o en retroceso, indicadores de degradación climática disparados, concentración extrema de la renta y la riqueza, deuda externa imposible de abordar, oligopolización de las estructuras empresariales… y ahora, fuerte aumento de la tasa de inflación, que impactará negativamente sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la población y que, como siempre, proporcionará un plus de beneficio a unos pocos.

Si no se cuantifican estas necesidades, si no se diseñan políticas audaces en la dirección de abordarlas y corregirlas, si no se moviliza a las clases populares, si se presupone, erróneamente, que esa agenda es compatible con la estrategia militarista que todo lo contamina (la realidad es que es claramente incompatible)… recorreremos el camino equivocado, el que favorece al complejo militar-industrial y a las corporaciones y oligarquías que se benefician del mismo; estaremos renunciando, de hecho, a la implementación de políticas comprometidas con la igualdad y la lucha contra el cambio climático, que quedarán reducidas a pura palabrería… y, tengámoslo muy en cuenta, abriremos el camino a la extrema derecha y a las derechas extremas.

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