Afirmar que la mayoría de los políticos son corruptos y que el ejercicio de la política es una vía de enriquecimiento personal y de obtención de privilegios es evidentemente un despropósito, una generalización excesiva, que contribuye a cultivar una especie de «sentido común» muy extendido entre la opinión pública y que podemos resumir como «todos vienen a meter mano a la caja común y a promover sus intereses personales o de grupo». Una posición que encaja con los resultados obtenidos en las encuestas de opinión pública llevadas a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Eurobarómetro y otras instituciones, confirmando que la corrupción política se encuentra entre las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Este asunto, con esta perspectiva, ocupa un lugar preferente en la mayor parte de los medios de comunicación y en las redes sociales, desplazando a problemas tan acuciantes como el imposible acceso de muchos jóvenes a una vivienda digna, el persistente deterioro de la sanidad y la educación públicas, el estancamiento de los salarios de muchos trabajadores o el continuo aumento de la desigualdad.
Aunque, en los últimos tiempos sobre todo, han salido a la luz graves episodios de corrupción donde algunos políticos –en ocasiones con puestos muy destacados en la administración pública y en las cúpulas de los partidos– han aprovechado su privilegiada posición para saquear lo que es de todos y para obtener todo tipo de prebendas, opino que no cabe hacer generalizaciones, metiendo a todos en el mismo saco.
En realidad, estamos ante un debate manipulado donde los grandes medios de comunicación y las redes sociales establecen las coordenadas y el contenido del mismo. Aunque hace referencia a los políticos (y a la política) –así, en general– está teniendo un considerable recorrido social y electoral para las derechas, especialmente para la extrema derecha.
En este escenario, poco importa que el Partido Popular (PP) haya sido condenado por los tribunales en calidad de partido que ha promovido o se ha beneficiado de la corrupción, que varios de sus dirigentes hayan ingresado en la cárcel por ello y que todavía tenga abiertas diferentes causas judiciales. ¡Pelillos a la mar! Todos los focos están puestos en el Partido Socialista Obrero Español y en el presidente de gobierno, Pedro Sánchez.
Se trata, pues, de un debate muy polarizado y sesgado que, como apuntaba antes, arrincona los grandes y graves problemas que tiene la ciudadanía, en el contexto de una batalla política de gran calado donde las derechas –políticas, judiciales, empresariales y mediáticas– pretenden poner fin a la legislatura y al gobierno de coalición, alentados por unas encuestas donde predicen que, de celebrarse las elecciones, probablemente el PP y Vox alcanzarían la mayoría absoluta.
En este escenario, suscitan menos interés los «corruptores». Aquellos empresarios o sus testaferros que hacen de intermediarios y/o promueven negocios aprovechando el acceso privilegiado a los recursos públicos y a sus contactos en la Administración. No sólo su decisiva posición en las tramas apenas recibe penalización, sino que incluso es recompensada si media algún tipo de colaboración en los procesos judiciales.
Llegados a este punto creo pertinente realizar algunas consideraciones sobre la posición de aquellas empresas (sobre todo grandes firmas) cuyo modelo de negocio consiste cada vez más en capturar recursos públicos y modificar en su propio beneficio las regulaciones públicas. No estoy hablando de un fenómeno reciente (si bien en los últimos años se ha intensificado), ni tampoco de prácticas que cabría calificar necesariamente como ilegales, aunque ocupan un espacio fronterizo y opaco. Se trata de algo más amplio que lo contenido en el término «corruptores».
Me refiero más bien a la quintaesencia de un capitalismo oligárquico y a una dinámica, la de los mercados realmente existentes, que claramente apunta a la colonización, a la ocupación de lo público, a partir de la posición de privilegio (y de poder) de los grandes grupos económicos. Podemos convenir, como acabo de señalar, que, en el sentido literal del término, no estamos necesariamente ante prácticas corruptas, pero en mi opinión constituyen el sustrato básico para que se desarrollen y consoliden.
En estas coordenadas cabría situar algunos ejemplos destacados, como el privilegiado acceso de las grandes empresas a los fondos europeos y más concretamente a los recursos asignados por la Unión Europea (UE) para enfrentar las consecuencias de la pandemia y poner los cimientos de la denominada transición verde y digital (NGEU, por sus siglas en inglés); al considerable aumento de los recursos públicos, tanto estatales como comunitarios, destinados al lobby militar; o a los escandalosos beneficios fiscales que disfrutan las corporaciones y las grandes fortunas. En el mismo sentido hay que destacar el privilegiado acceso de los grupos de presión (lobbies) a los espacios públicos –en la UE y en España– donde se moviliza una gran cantidad de recursos y se toman decisiones; grupos que, como sabemos, no hacen ascos, todo lo contrario, a colocar en puestos clave a políticos de «izquierdas» recompensándoles con abultadas (escandalosas) retribuciones.
¿Acaso se actúa para enfrentar esta problemática? ¿Hay interés en abrir el foco del debate para entrar en las raíces mismas de los procesos de corrupción? La respuesta a ambas preguntas es claramente negativa, pero una izquierda verdaderamente transformadora tendría que mirar necesariamente en esa dirección.
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