Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El país que hace apenas quince años era presentado como una de las naciones más seguras de América Latina y mostraba avances significativos en indicadores de desarrollo humano, estabilidad institucional y reducción de desigualdades vive hoy una realidad radicalmente distinta.
La expansión del narcotráfico, la fragmentación del crimen organizado y el colapso de la seguridad pública han convertido a Ecuador en el país más inseguro de la región en términos de crecimiento de la violencia y tasas de homicidios. Pero la crisis no es únicamente de seguridad. Paralelamente, atraviesa un acelerado deterioro democrático e institucional marcado por la concentración de poder, la militarización de la vida pública y una deriva autoritaria cada vez más evidente bajo el gobierno de Daniel Noboa.
Los niveles de violencia e inseguridad ponen de manifiesto la incapacidad para responder con toda la fuerza del Estado de derecho y las instituciones democráticas esta realidad que enfrenta el pueblo ecuatoriano en su día a día. Convertir la lucha contra el crimen organizado en una prioridad política es muy distinto a normalizar un estado de excepción permanente, consolidando lo que deberían ser medidas temporales y excepcionales en una forma de gobierno. La declaración de “conflicto armado interno” y la sucesiva prórroga de estados de excepción desde inicios de 2024 han consolidado un escenario de excepcionalidad que debilita la institucionalidad, difumina los contrapesos democráticos y elimina las garantías constitucionales.
El presidente Noboa sigue el camino marcado por Nayib Bukele en El Salvador, intentando replicar el mismo patrón de gobierno: una progresiva concentración de poder en el Ejecutivo y la militarización de la seguridad pública. Igualmente, se confronta con contundencia a jueces, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que se han opuesto a algunas reformas legales o han denunciado determinadas prácticas gubernamentales, como la ampliación de competencias de los servicios de inteligencia sin controles judiciales, la criminalización de la protesta social o las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Por elevación, también podría apuntarse a la creciente influencia y alineamiento con las políticas de Donald Trump, cada vez más visibles, en la estrategia de Daniel Noboa, proyectando la imagen de un gobierno supeditado a una agenda regional impulsada desde Estados Unidos. Noboa se ha sumado fervientemente a la iniciativa “Escudo de las Américas” e incluso, hace unos meses, ambos países realizaron una operación militar conjunta contra el narcotráfico. Sin embargo, conviene recordar que su propuesta de volver a permitir la instalación de bases norteamericanas en Ecuador fue rotundamente derrotada en referéndum el año pasado.
Persecución política y judicial
A ello se suma un clima político cada vez más hostil hacia la oposición y hacia cualquier forma de disidencia social o política. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias sobre persecución judicial contra dirigentes opositores, retirada de inmunidades parlamentarias y utilización de mecanismos administrativos y judiciales para debilitar espacios políticos críticos con el Gobierno.
La reciente suspensión provisional de Revolución Ciudadana, principal fuerza política de oposición del país, constituye uno de los episodios más graves de esta deriva. La exclusión de una organización política con amplia representación social y electoral afecta gravemente al pluralismo político y al derecho de participación democrática reconocido tanto en la Constitución ecuatoriana como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La preocupación aumenta si se observa el contexto general marcado por las denuncias de lawfare o guerra judicial iniciada hace años contra el expresidente Rafael Correa y su entorno, contra quienes se han abierto causas penales como parte de una estrategia de persecución o neutralización política del adversario. El caso del exvicepresidente Jorge Glas es un ejemplo paradigmático. Su detención en la Embajada de México en Quito supuso una vulneración sin precedentes de principios básicos del derecho internacional y de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La operación provocó una grave crisis diplomática y generó numerosos pronunciamientos en contra, entre ellos el de España. Actualmente existe una enorme preocupación por el deterioro acelerado de su estado de salud debido a las condiciones en las que permanece encarcelado.
La experiencia latinoamericana demuestra que las políticas de “mano dura” no solucionan las causas estructurales de la violencia. Por el contrario, suelen producir graves retrocesos democráticos y abrir la puerta a modelos autoritarios difíciles de revertir. No es admisible combatir al crimen organizado a costa de los derechos humanos y el pluralismo político. De esta forma únicamente se agrava la crisis e incluso se acaba generando más violencia. En el caso de Ecuador, además, todos los datos conocidos ponen de manifiesto el fracaso de esta estrategia: el “estado de guerra” no está funcionando.
Lo que hoy ocurre en Ecuador no puede analizarse únicamente como una crisis de seguridad. Es también una profunda crisis democrática y social. Y quizá lo más preocupante sea precisamente la naturalización de esa deriva autoritaria en nombre del orden y de una supuesta estabilidad, pese al retroceso en cuestiones básicas como la sanidad o la educación. Porque cuando la excepción se convierte en forma de gobierno, la democracia empieza a tambalearse y, en ese momento, solo se revierte con una ciudadanía consciente y activa que se rebela contra la normalización del miedo y defiende sus derechos y libertades frente a la deriva autoritaria del poder.
La entrada Noboa y la deriva autoritaria de Ecuador se publicó primero en lamarea.com.
