Al escribir las presentes cuartillas ya han salido a la luz pública gran cantidad de artículos periodísticos y libros sobre el triste y penoso éxodo español de principios del año 1939. La inconmensurable tragedia de nuestra evacuación ha sido narrada con gran amplitud y riqueza de detalles por periodistas, poetas y literatos competentes. Expongo a la luz pública el caso particular mío y de mi compañera, como un desahogo del espíritu, como una vehemente protesta contra la barbarie fascista causante de la ruina, la miseria y el dolor de nuestra desgraciada España.

Andreu Capdevila Puig (1894-1987). Nació el 25 de diciembre de 1894 en Cardedeu, Barcelona, Cataluña, (España) y murió el 10 de marzo de 1987 en Rennes, Bretaña, (Francia).

Fue un militante anarcosindicalista. Empezó con 13 años a compaginar su trabajo de tintorero a la Compañía de Hilados Fabra y Coats con la militancia en el sindicato textil de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) del barrio de Sant Andreu de Palomar, de Barcelona, Cataluña, (España) donde asumió desde los años 20, la década del pistolerismo patronal y de Peiró, responsabilidades sindicales en el ámbito de la Federación Regional de Cataluña, (España) donde era considerado un «duro» por los patrones, especialmente por su firmeza en las reivindicaciones del ramo de tintoreros. Participó en la «Conferencia de San Adrián de Besós, Barcelona, Cataluña, (España)»(1936).

Al estallar la guerra civil, participó contra la insurgencia militar y tomó parte en el asalto del cuartel de Artillería, que permitió el armamento de los militantes cenetistas.

Como presidente delegado en el Consejo de Economía de Cataluña, (España) tuvo la pesada responsabilidad de elaborar el decreto de «Colectivización de las empresas y de control obrero».

El 16 de abril de 1937 es nombrado consejero de «Economía de la Generalidad de Cataluña», (España) por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), una experiencia reformista que durará algunas semanas, pero de la que saldrá desilusionado como explicará en sus memorias publicadas en «Le Combat Syndicaliste» (1968) tituladas «Mi intervenciones en el Consejo de Economía de la generalidades de Cataluña en representación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)«.

Al terminar la guerra, se exilia como tantos otros en Francia, donde continuará su militancia junto con su compañera Antonia Sánchez Garrido, primero en Canet de Mar, Maresme, Barcelona, Cataluña, (España) y después en Perpiñán, Pirineos Orientales, Occitania, (Francia).

Después de la Liberación, tomará parte como orador y conferenciante en numerosos mítines sobre todo en el suroeste de Francia [Toulouse, Alto Garona, Occitania, (Francia), Narbona, Aude, Occitania, (Francia), Tarbes, Altos Pirineos, Occitania, (Francia), Montauban, Tarn y Garona, Occitania, (Francia)].

Partidario de la línea ortodoxa, será durante los años 60 secretario de la Comisión de Relaciones de la región de Aude-Pirineos de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en el exilio, y contrario a la Alianza Obrera y Defensa Interior. Andreu Capdevila Puig pasó Sus últimos años en Rennes, Bretaña, (Francia), ciudad donde murió el 10 de marzo de 1987.

Su compañera, desde 1937, Antonia Sánchez Garrido, que había nacido el 9 de octubre de 1902 en Badajoz, murió el 3 de agosto de 1996 en Rennes, Bretaña, (Francia). Andreu Capdevila colaborar en la mayor parte de las publicaciones del exilio, como «Terra Lliure», «Le Combat Syndicaliste» o «Umbral.». Es autor del libro «Un episodio de Nuestra evacuaciones en Francia» (1978).

Fuente: https://bibliotecaanarquistaculturayaccion.blogspot.com/

Las agencias de seguridad de Corea del Sur advirtieron el 30 de julio que el grupo de ciberespionaje norcoreano Lazarus Group está compartiendo sus herramientas y su infraestructura con ciberdelincuentes dedicados al ransomware, según un comunicado oficial. La colaboración entre un actor estatal y el crimen organizado digital amplía la capacidad de ataque y dificulta la atribución de los incidentes.

El intercambio de códigos maliciosos y servidores de mando y control representa una escalada en la convergencia entre las capacidades ofensivas de un Estado y el ecosistema del ransomware, que ya opera con un modelo de negocio basado en el alquiler de infraestructura. Los analistas de ciberseguridad señalan que Lazarus Group, respaldado por el régimen de Pyongyang, ha ampliado su repertorio más allá del robo financiero, pero la evidencia de un intercambio bidireccional de herramientas es un paso cualitativo.

Las autoridades surcoreanas no precisaron el alcance concreto de la colaboración ni los grupos de ransomware implicados, pero subrayaron que el uso compartido de recursos supone una amenaza persistente para las organizaciones del país y, potencialmente, para redes globales. Corea del Sur ha sido durante años objetivo prioritario de los ciberataques norcoreanos, tanto para espionaje como para la obtención de divisas mediante robos a bancos y plataformas de criptomonedas. La nueva alerta refuerza la necesidad de reforzar las defensas ante una amenaza que combina la sofisticación de un servicio de inteligencia con la flexibilidad operativa de los delincuentes comunes.

Las autoridades rusas han presentado cargos formales contra Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, por supuesta colaboración con el terrorismo. La acusación se produce en el marco de una ofensiva del Kremlin contra la plataforma de mensajería, que incluye la reducción del 55% del tráfico de Telegram en el país y la promoción de un mensajero alternativo sin cifrado.

Una campaña contra Telegram

Según fuentes oficiales rusas, Durov habría permitido el uso de Telegram por parte de grupos terroristas, sin que se hayan ofrecido pruebas concretas. La acusación coincide con medidas técnicas que estrangulan el acceso a la aplicación: desde hace meses, el regulador de comunicaciones ruso limita deliberadamente la velocidad de Telegram, lo que ha degradado su uso de forma significativa.

Paralelamente, el Gobierno ruso impulsa MAX, un mensajero sin cifrado que viene preinstalado en todos los nuevos dispositivos vendidos en Rusia. Esta aplicación carece de las garantías de privacidad que caracterizan a Telegram, lo que permite un control gubernamental directo sobre las comunicaciones.

Implicaciones para la libertad digital

El caso de Durov representa un hito en la escalada de presión rusa contra las herramientas de comunicación cifradas. El fundador de Telegram, que abandonó Rusia en 2014 tras negarse a entregar datos de usuarios, podría enfrentarse a penas severas si es declarado culpable. Organizaciones internacionales de derechos digitales han denunciado la acusación como un intento de silenciar a la plataforma, aunque ninguna ha podido verificar los cargos de forma independiente.

Telegram, con más de 900 millones de usuarios activos, es especialmente popular en países del antiguo espacio soviético y se ha convertido en una herramienta clave para la disidencia y la organización política. La ofensiva rusa contra la aplicación no tiene precedentes por su escala y coordinación.

Ucrania ha dependido en gran medida del sistema Starlink para sus comunicaciones militares desde el inicio del conflicto con Rusia. Sin embargo, las fuerzas rusas han desarrollado un arsenal de guerra electrónica que supone una grave amenaza para esta red de satélites, según han señalado expertos militares.

El desafío a las comunicaciones ucranianas

El sistema Starlink, propiedad de SpaceX, ha sido crucial para mantener las comunicaciones en el campo de batalla ucraniano, especialmente en zonas donde las infraestructuras tradicionales han sido destruidas. Su vulnerabilidad ante las interferencias electrónicas rusas ha sido una preocupación constante. Según el experto militar Alexey Leonkov, editor de la revista Arsenal of the Fatherland, las fuerzas rusas comenzaron a probar métodos de guerra electrónica para interrumpir la red casi inmediatamente después del inicio del conflicto.

Leonkov ha afirmado que el arsenal de guerra electrónica ruso está expandiéndose rápidamente y convirtiéndose en una amenaza seria para Starlink. Esta evolución obliga a Ucrania a buscar contramedidas o alternativas para garantizar su capacidad de mando y control.

Una amenaza creciente

La guerra electrónica rusa no solo afecta a Starlink, sino que también se dirige contra otros sistemas de comunicaciones y drones. La capacidad de Rusia para bloquear señales GPS y radiocomunicaciones ha quedado demostrada en múltiples ocasiones. La amenaza a Starlink representa un salto cualitativo, ya que este sistema se ha convertido en la columna vertebral de las comunicaciones ucranianas.

Las implicaciones para el desarrollo del conflicto son significativas. Si Rusia logra neutralizar eficazmente Starlink, Ucrania perdería una ventaja tecnológica clave, lo que podría alterar el equilibrio en el campo de batalla. Por el momento, no se han reportado interrupciones masivas del servicio, pero la amenaza es real y creciente, según los analistas militares.

El gobierno de Rusia ha solicitado la inclusión del fundador de Telegram, Pável Dúrov, en una lista internacional de buscados, según ha trascendido este miércoles. La acusación formal sostiene que la plataforma de mensajería ha sido utilizada por la inteligencia ucraniana para organizar atentados terroristas y llevar a cabo actividades de espionaje en territorio ruso.

La acusación rusa

Las autoridades rusas alegan que Telegram se ha convertido en un canal habitual para que los servicios de inteligencia de Ucrania coordinen operaciones contra objetivos en Rusia. La solicitud de detención internacional, cursada a través de los canales diplomáticos y policiales, busca que Dúrov sea arrestado en cualquier país que reconozca la orden. No se han precisado los delitos concretos ni las pruebas que sustentan la acusación, pero Moscú considera que la dirección de la aplicación ha colaborado de forma activa con el enemigo.

Antecedentes del conflicto

Telegram fue fundada por Dúrov, un empresario ruso que abandonó el país en 2014 tras la presión del Kremlin sobre su anterior red social, VKontakte. La aplicación de mensajería, con sede en Dubái, se ha caracterizado por un fuerte énfasis en la privacidad y el cifrado de extremo a extremo, lo que la ha convertido en una herramienta popular tanto para disidentes como para grupos criminales y ejércitos. Rusia ya intentó bloquear Telegram en 2018, pero la medida resultó ineficaz y fue finalmente revertida. La nueva ofensiva legal contra Dúrov eleva la tensión entre el Kremlin y las plataformas tecnológicas independientes.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron este 28 de julio su octava reunión desde que Trump regresó a la Casa Blanca. El encuentro se produce en el contexto de la guerra con Irán, que cumple 151 días, y en el que ambas partes evalúan los próximos pasos militares.

Continuidad de la pausa y nuevas amenazas

Según fuentes del entorno de la reunión, la pausa en los ataques se mantiene, pero Trump ha lanzado una advertencia contra Pickaxe Mountain, una ubicación que no ha sido identificada oficialmente pero que podría tratarse de un enclave estratégico iraní. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel ha señalado su interés en atacar los objetivos energéticos de Irán, lo que supondría una escalada significativa en el conflicto.

La reunión, la octava en apenas dos años y medio de mandato de Trump, subraya la estrecha coordinación entre ambos aliados en la campaña militar contra Teherán. Hasta ahora, los ataques israelíes y estadounidenses se han centrado en instalaciones militares y de la Guardia Revolucionaria iraní, pero el posible golpe a la infraestructura energética podría alterar el equilibrio regional.

Implicaciones geopolíticas

La insistencia en mantener contactos al más alto nivel refleja la complejidad de la estrategia aliada en Oriente Próximo. Mientras Washington y Tel Aviv discuten los próximos movimientos, la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de una guerra que ya se ha cobrado miles de víctimas y ha disparado el precio del petróleo. La amenaza a la energía iraní, si se materializa, podría provocar una crisis energética global.

No se han filtrado detalles concretos sobre los acuerdos alcanzados en la reunión, pero todo apunta a que la pausa en los bombardeos se prolongará mientras se prepara una nueva ofensiva de mayor calado. La Casa Blanca no ha emitido declaraciones oficiales tras el encuentro.

Estados Unidos ha impuesto sanciones al ejército sudanés por el uso de armas químicas, en concreto por el lanzamiento de barriles de cloro en septiembre de 2024, según anunció este viernes el Departamento de Estado. La medida supone un paso más en la presión internacional contra las fuerzas leales al general Abdel Fattah al-Burhan, inmersas en una guerra civil con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

El uso de cloro como arma está prohibido por la Convención sobre Armas Químicas, de la que Sudán es signatario. Las investigaciones de medios internacionales documentaron los ataques, en los que se habrían lanzado barriles sobre zonas controladas por las RSF, causando víctimas civiles. El ejército sudanés ha negado las acusaciones.

La decisión estadounidense se produce tras el lanzamiento de barriles de cloro en septiembre de 2024, hechos que el Departamento de Estado considera un uso sistemático de armas químicas en el conflicto sudanés.

Las sanciones incluyen la congelación de activos en territorio estadounidense y la prohibición de transacciones con entidades vinculadas al ejército sudanés. No se han especificado los nombres concretos de los sancionados ni el alcance exacto de las medidas.

Un conflicto que desangra Sudán

La guerra civil entre el ejército regular y las RSF estalló en abril de 2023 y ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de desplazados, según organismos internacionales. El uso de armamento químico añade una nueva dimensión de gravedad a un conflicto marcado por atrocidades de ambos bandos.

Estados Unidos ya había impuesto sanciones a las RSF por violaciones de derechos humanos. La nueva medida contra el ejército refleja la creciente presión de Washington sobre todas las partes del conflicto, en un intento por forzar un alto el fuego que parece lejano.

Las agencias de seguridad de Estados Unidos y otros países han emitido una alerta internacional por una campaña de ataques de phishing zero-click dirigida contra cuentas de Zimbra webmail. La operación, atribuida al grupo ruso Laundry Bear, vinculado al Kremlin, supone una amenaza para infraestructuras críticas de comunicaciones en múltiples países, incluidos España e Iberoamérica, donde el software de mensajería de Zimbra es ampliamente utilizado por instituciones públicas y privadas.

Según la alerta conjunta publicada este jueves por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) y otras agencias aliadas, la técnica empleada por Laundry Bear permite comprometer las cuentas sin requerir ninguna interacción del usuario, lo que eleva significativamente el riesgo frente a ataques tradicionales de phishing que dependen de que la víctima haga clic en un enlace malicioso.

Una amenaza silenciosa para servidores corporativos

Zimbra es una plataforma de colaboración y correo electrónico de código abierto muy implantada en organizaciones gubernamentales, educativas y empresariales. La vulnerabilidad explotada por este grupo ruso permite al atacante tomar el control de la bandeja de entrada sin dejar rastro visible, lo que convierte el ataque en particularmente peligroso para la seguridad de las comunicaciones institucionales.

Las autoridades recomiendan a los administradores de sistemas Zimbra que revisen sus registros de acceso y apliquen las actualizaciones de seguridad publicadas por el fabricante. La alerta no especifica el número de víctimas ni el alcance geográfico exacto, pero subraya que la campaña tiene un carácter global y afecta a servidores en todos los continentes.

El grupo Laundry Bear (también conocido como APT28 o Fancy Bear) ha sido vinculado anteriormente a operaciones de ciberespionaje contra gobiernos, organizaciones internacionales y empresas de defensa. La nueva campaña contra Zimbra confirma el interés ruso por infiltrarse en redes de comunicación consideradas estratégicas, especialmente en un contexto de tensión geopolítica creciente.

Cada día entro al Júpiter, el club de fútbol que supo ser uno de los símbolos del anarquismo barcelonés. Desde su fundación, en 1909, la influencia ácrata fue su principal motor, pero también era uno de los principales condicionantes de las relaciones sociales en los barrios, en los lugares de trabajo y en la resistencia popular en general de toda Catalunya. Ayer se cumplieron noventa años de cuando el pobrerío, el «oscuro pueblo de la bandera negra», venció en relativamente muy poco tiempo al ejército regular del Estado dando comienzo a la revolución explícitamente antiautoritaria más importante de la historia hasta la fecha.

Qué queda de todo aquello tras años de ataques y penetración de la propaganda capitalista contra la cultura de lo común es difícil saberlo, pero seguramente la pregunta así esté mal planteada. La cuestión más interesante, me parece, no es cuánto queda de la tradición colectiva, sino qué tipo de relaciones producen esas formas de vida en el presente. Las formas de relacionarse entre las personas cambian, se desplazan, se mezclan, pero en la medida en que existen aún relaciones sin jefaturas, no basadas en el mando-obediencia, lo anárquico no desaparece. Aquella revolución del pobrerío no persiste como contenido tenaz de la memoria sino, sobre todo, como continuidad de prácticas y modos de relación. Prácticas que la revolución hizo desbordar y potenció increíblemente, pero que venían de antes y siguieron después.

Las personas del club con las que he hablado sobre esto conocen algo de la historia, aunque no mucho. Las armas desmontadas escondidas dentro de las pelotas, la tribuna rebosante de armamento revolucionario, la influencia que le valió al club mil y una represiones, la pérdida de la cancha y el cambio obligado de sus colores permanecen apenas como ecos. Y lo que sigue vivo no responde a una fidelidad consciente al pasado sino a modos de ser instalados y en disputa con otros opuestos.

En la madrugada del 18 al 19 de julio, a dos camiones requisados por el comité de defensa del barrio de Poblenou, que esperaban estacionados en el club Júpiter, se les agregaron dos ametralladoras y banderas rojinegras. Desde el apartamento del anarquista Jover, donde el grupo de afinidad Los Solidarios había instalado su «cuartel general», pudo verse partir a los dos camiones seguidos de obreros armados. Los compañeros habían esperado toda la noche hasta que comenzaron a sonar las sirenas de las fábricas, según lo planeado, llamando a la huelga general.

Esta vez el ejército no iba a encontrar una ciudad desprevenida. Los anarquistas habían decidido dejar salir a las tropas de los cuarteles. No era la primera vez que se enfrentaban a las fuerzas del orden capitalista y sabían que, una vez en la calle, los militares no podrían reabastecerse de munición y tendrían que combatir sin la principal ventaja que les daban sus posiciones. Esa vez, las organizaciones anarquistas, sobre todo, vencieron sin dilación al ejército.

Noventa años después el escenario es muy distinto. Ayer se juegó la final del Mundial, espectáculo y negocio construido en las propias entrañas del imperio capitalista, en medio además de una inmensa reestructuración cuyo rumbo todavía desconocemos. Todo parece cuidadosamente diseñado para transformar todo el deporte en consumo, la pasión en mercancía y el conflicto en entretenimiento. Sin embargo, incluso ahí reaparecen prácticas que desbordan el sentido para el que ese espectáculo fue construido.

Incluso en espacios donde se intenta desalojar toda posibilidad reivindicativa, donde se aplana toda creación y toda idea de dignidad humana para convertirla en mercancía, la reivindicación vuelve una y otra vez. Banderas contra el genocidio, gestos anticolonialistas o el orgullo explícito de pertenecer a un barrio popular y migrante que escandaliza y avergüenza a empresarios y extrema derecha pueden parecer gestos menores, pero no lo son. Incluso los dispositivos más eficaces de integración al negocio nunca consiguen cancelar por completo el conflicto que provoca esa antigua idea de igualdad entre las personas.

No se trata de sobreinterpretar hechos según nuestra conveniencia o ganas. Se trata de reconocer que el mundo actual no es el resultado inevitable de una evolución histórica, sino de conflictos entre fuerzas que siguen actuando. Ningún orden gubernamental consigue eliminar por completo aquello contra lo que tuvo que luchar para imponerse. Si la historia del capital también es la historia de la guerra contra las formas del hacer común, éstas, en tanto necesarias para la propia reproducción social, no desaparecen. Incluso el negocio y el individualismo sobre el que se sustenta el mercado precisan de los cuidados y la solidaridad para existir. Bajo la aparente normalidad del presente continúan latiendo las mismas posibilidades de emancipación bajo otras condiciones.

La historia permanece abierta no porque conservamos intacta la memoria del pasado, sino porque subsisten las formas de relación que ningún poder consigue absorber del todo.

R.M
Fuente: https://www.facebook.com/100014152307779/posts/2468903353591384/

El Kremlin ha reiterado este jueves, 23 de julio de 2026, su disposición a reanudar las negociaciones con Ucrania, aunque condiciona cualquier alto el fuego al cese del respaldo militar occidental a Kiev. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia está «abierta a las negociaciones», pero advirtió que la operación militar especial continuará mientras los aliados occidentales sigan instando a Ucrania a proseguir las hostilidades.

La declaración se produce en un contexto de intensos combates en el frente oriental durante el verano de 2026, sin avances significativos de ninguna de las partes. Moscú sostiene que el conflicto podría resolverse mediante la vía diplomática si Occidente dejara de proporcionar armas e inteligencia a Ucrania, algo que los países de la OTAN, incluida España, han descartado hasta ahora.

Peskov no precisó las condiciones concretas que Rusia plantearía en una eventual mesa de negociación, ni mencionó plazos ni contactos previstos con la parte ucraniana. Sin embargo, la insistencia en la disposición diplomática contrasta con la retórica habitual del Kremlin, que suele atribuir la falta de avances a la intransigencia de Kiev y sus patrocinadores occidentales.

La Unión Europea y la OTAN, de las que España forma parte, mantienen su respaldo a Ucrania y han impuesto sanciones progresivas a Rusia desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. La postura del Kremlin no introduce cambios sustanciales en la dinámica del conflicto, pero la insistencia en la negociación podría interpretarse como un intento de Moscú por mostrar una imagen conciliadora ante la comunidad internacional, especialmente ante la inminente cumbre de paz que diversos mediadores han tratado de impulsar.

El fabricante suizo de trenes Stadler Rail ha confirmado que no pagará el rescate de 12,3 millones de dólares exigido por ciberdelincuentes que sustrajeron datos técnicos de la plataforma de archivos de uno de sus proveedores. La compañía, con sede en Bussnang (Suiza), ha argumentado que ceder a la extorsión solo serviría para financiar la ciberdelincuencia y contradice los principios corporativos de la empresa.

El incidente, del que no se ha precisado la fecha exacta, afectó a la plataforma de intercambio de archivos utilizada por un proveedor externo. Los atacantes lograron acceder a datos técnicos de los trenes fabricados por Stadler, aunque la empresa no ha detallado la naturaleza exacta de la información comprometida ni el alcance del impacto sobre sus operaciones. La compañía ha señalado que está trabajando con las autoridades suizas para investigar el suceso y ha implementado medidas de seguridad adicionales.

Stadler Rail es un proveedor clave de infraestructura ferroviaria en Europa y otros mercados, con contratos para la fabricación de trenes de cercanías, regionales y de alta velocidad. El robo de datos técnicos podría implicar riesgos para la propiedad industrial y la seguridad de los sistemas ferroviarios, aunque la empresa no ha informado de ninguna consecuencia inmediata sobre la fabricación o el servicio posventa.

La negativa a pagar el rescate se alinea con la postura de numerosas empresas y agencias gubernamentales, que desaconsejan ceder a las demandas de rescate para no incentivar futuros ataques. Sin embargo, la decisión no está exenta de riesgos, ya que los ciberdelincuentes podrían filtrar la información sustraída o venderla a terceros. En los últimos años, los ataques de ransomware contra fabricantes industriales se han multiplicado, y el sector ferroviario ha sido uno de los objetivos, por su papel crítico en la movilidad de personas y mercancías.

El caso de Stadler contrasta con el de otras compañías que optan por pagar rescates para recuperar sus datos. En 2025, varios fabricantes del sector defensa y tecnológico cedieron a las exigencias de grupos como Everest, la banda de ciberdelincuentes que, según fuentes de ciberseguridad, estaría detrás del intento de extorsión a Stadler. Everest es conocida por atacar a empresas industriales y posteriormente filtrar los datos en la dark web si no se paga el rescate.

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) ha reabierto una investigación por presuntos crímenes de guerra cometidos por ciudadanos británicos que lucharon en la Franja de Gaza, según ha adelantado el portal de investigación Declassified UK. El caso, que había sido cerrado inicialmente por las autoridades británicas, se reabre este 23 de julio de 2026 tras una revisión de la decisión previa.

La investigación se centra en la actuación de varios ciudadanos británicos que participaron en los combates en Gaza, en un contexto de creciente presión internacional sobre el conflicto entre Israel y Hamás. La Met Police no ha precisado el número de implicados ni la naturaleza exacta de los presuntos delitos, pero la reapertura supone un cambio de postura respecto al cierre anterior del caso.

Según Declassified UK, la decisión de reabrir la investigación se produce después de que se revirtiera el cierre inicial, lo que apunta a que nuevas evidencias o presiones externas han motivado el movimiento. El caso afecta a combatientes británicos que se habrían integrado en las filas israelíes durante la ofensiva en Gaza, un escenario que ha generado intensos debates jurídicos y diplomáticos en el Reino Unido sobre la jurisdicción aplicable a sus nacionales en zonas de conflicto.

La reapertura del caso se produce en un momento en que el conflicto en Gaza sigue siendo objeto de atención internacional, y en el que varios países han abierto investigaciones sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario. La Met Police no ha hecho declaraciones adicionales sobre el calendario de la investigación ni sobre si se han identificado sospechosos concretos.

El Gobierno de Canadá ha presentado este 22 de julio el proyecto de ley Safe Social Media Act (Bill C-34), una normativa que obligará a los usuarios de redes sociales a verificar su identidad y edad, y que establece la edad mínima en 16 años para poder acceder a estas plataformas. La iniciativa, según sus promotores, busca proteger a los menores de contenidos nocivos y garantizar un entorno digital más seguro.

Un cambio regulatorio de calado

Canadá se sitúa así como uno de los primeros países occidentales en fijar por ley una mayoría digital de 16 años, un umbral superior al que manejan otras jurisdicciones. La norma, bautizada oficialmente como Bill C-34, introduce la obligación de que las plataformas implanten sistemas de verificación de edad para todos sus usuarios, sin especificar aún qué tipo de tecnología o métodos serán aceptables.

El anuncio tuvo lugar el mismo 22 de julio de 2026, y no se han filtrado los detalles técnicos de la verificación —si se exigirá documento de identidad oficial, sistemas biométricos o soluciones de terceros—. La medida ha abierto el debate sobre privacidad, seguridad y libertad de expresión en el entorno digital.

Posibles consecuencias para la industria

La medida canadiense podría tener un efecto dominó en Estados Unidos y la Unión Europea, donde también se discuten legislaciones similares. Empresas como Meta, Google o TikTok, que operan globalmente, se enfrentan al desafío de adaptar sus sistemas de registro a un estándar que exige un control de edad efectivo desde los 16 años. Expertos en ciberseguridad han señalado que la verificación obligatoria podría incrementar los riesgos de filtración de datos personales si no se diseña con las debidas garantías.

El Gobierno canadiense aún no ha detallado el calendario de tramitación parlamentaria ni las sanciones previstas para las empresas que incumplan la nueva ley, aunque fuentes oficiales adelantan que se impondrán multas sustanciales y, en casos graves, la suspensión temporal del servicio en territorio canadiense.

El Ministerio de Defensa ruso ha informado este miércoles de que las unidades del grupo de combate Sever han liberado la localidad de Artelnoye, en la región ucraniana de Járkov. El avance se produce en el marco de la ofensiva rusa en el noreste del país, que en las últimas semanas ha intensificado la presión sobre las líneas defensivas ucranianas.

La operación militar coincide con un movimiento clave en el seno de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El presidente Volodímir Zelenski ha destituido al comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, y lo ha reemplazado por Mykhailo Drapati. El relevo, anunciado el martes, responde, según fuentes oficiales ucranianas, a la necesidad de renovar la estrategia militar ante el creciente empuje ruso.

Un cambio en la cúpula militar

Syrskyi, que asumió el mando en febrero de 2024 tras el cese de Valeri Zaluzhni, ha sido el responsable de dirigir las operaciones ucranianas en un período marcado por la escasez de munición y la fatiga de las tropas. Su destitución se produce después de que las fuerzas rusas lograran conquistar varias localidades en la región de Járkov y mantuvieran la presión en el frente oriental.

La agencia estatal rusa Sputnik informó de que la liberación de Artelnoye fue confirmada por el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. El texto subraya que la operación fue llevada a cabo por el grupo Sever, una de las unidades desplegadas en el sector norte del frente de Járkov.

La localidad de Artelnoye, situada al noreste de la ciudad de Járkov, había estado bajo control ucraniano desde la contraofensiva de 2022. Su caída supone un nuevo revés para Kiev, que trata de estabilizar la línea del frente antes de que llegue el invierno.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha estimado este martes en 37.500 millones de dólares el coste total de la guerra en Irán para Washington, proyectado hasta finales de septiembre. La cifra, revelada ante una comisión del Senado, supone un incremento de casi el 30% respecto a la última estimación de 29.000 millones, según informó el Pentágono.

El aumento refleja el impacto fiscal y estratégico del conflicto, que afecta a los aliados de la OTAN, entre ellos España, tanto por su participación en operaciones aliadas como por la exposición energética a las rutas del Golfo. Hegseth no detalló los conceptos concretos que componen la nueva estimación, pero fuentes del Departamento de Defensa apuntan a un mayor gasto en munición de precisión, reposición de material y despliegue de fuerzas en la región.

Implicaciones para la Alianza Atlántica

El conflicto con Irán ha supuesto un desafío logístico y presupuestario sin precedentes para el Pentágono desde el inicio de la campaña. La estimación de 37.500 millones de dólares supera con creces las proyecciones iniciales y sitúa el coste final del ejercicio muy por encima de lo previsto en los presupuestos de defensa aprobados por el Congreso. La Casa Blanca ha remitido una solicitud de fondos suplementarios al Congreso para cubrir el desfase, aunque sin garantías de aprobación inmediata en un clima político dividido.

La guerra en Irán ha tensado las alianzas tradicionales de Washington. Varios miembros europeos de la OTAN, incluido España, han mostrado reticencias a escalar su implicación militar, mientras que otros, como Reino Unido y Francia, han mantenido un apoyo logístico y de inteligencia. La factura presentada por Hegseth podría endurecer el debate interno en la Alianza sobre la distribución de cargas y la estrategia de salida del conflicto.

Repercusión en los mercados energéticos

El encarecimiento del conflicto también ha tenido un impacto directo en los precios del petróleo, que en las últimas semanas han registrado volatilidad ante la incertidumbre sobre la estabilidad de las rutas de suministro en el golfo Pérsico. España, como importador neto de crudo, se ha visto afectada por el alza, aunque el Gobierno ha evitado hasta ahora un traslado masivo a los precios de los carburantes mediante la rebaja de impuestos especiales. La prolongación del conflicto más allá del horizonte fiscal de septiembre podría obligar a Madrid a revisar sus previsiones económicas para el segundo semestre.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, ha declarado que Israel comete crímenes de guerra y ha calificado su comportamiento de “Estado canalla”, según revela una investigación de la organización Declassified UK. La afirmación, realizada el 22 de julio de 2026, sitúa a Streeting en una posición contradictoria con su responsabilidad de supervisar el tratado militar bilateral que Londres mantiene con Tel Aviv.

La postura del alto cargo británico abre la puerta a tensiones diplomáticas y a una posible revisión de la cooperación en materia de defensa entre ambos países. El tratado militar, que hasta ahora se había mantenido al margen de las críticas sobre la conducta de Israel, podría verse afectado por las declaraciones de un ministro que reconoce explícitamente la existencia de crímenes de guerra por parte del Ejército israelí.

La organización Declassified UK, que destapó las palabras de Streeting, subraya la contradicción entre el discurso del secretario y su papel como garante del acuerdo bilateral. “Wes Streeting dijo que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra. ¿Y ahora qué?”, se pregunta el informe, que incide en la incompatibilidad entre la condena verbal y la continuidad del apoyo militar.

Wes Streeting calificó el comportamiento de Israel como “rogue state behaviour” (comportamiento de Estado canalla) y confirmó que el país comete crímenes de guerra.

Las implicaciones para la geopolítica de Oriente Próximo son significativas. El Reino Unido, socio tradicional de Israel, se encuentra ahora con un ministro de Defensa que cuestiona la legitimidad de su aliado. La Unión Europea y España, que han mantenido posturas críticas con la operación militar israelí, observan con atención si Londres revisará su postura.

De momento, no se ha anunciado ninguna modificación oficial del tratado, pero la presión interna y externa podría forzar a Downing Street a pronunciarse sobre la compatibilidad de la alianza con las denuncias de crímenes de guerra. La comunidad diplomática espera que el Gobierno británico clarifique si las palabras de Streeting reflejan un cambio de política o una mera opinión personal.

Las fuerzas armadas rusas han llevado a cabo nuevos ataques masivos contra puertos clave de Ucrania utilizados por las Fuerzas Armadas ucranianas, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia. En la misma jornada, las defensas antiaéreas rusas derribaron 655 drones en distintos puntos del territorio ucraniano, en lo que constituye una de las cifras más elevadas de interceptaciones en un solo día desde el inicio de la guerra.

El Kremlin rechaza cualquier presencia de la OTAN en Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró este martes que la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania es «totalmente inaceptable» para Moscú. «Moscú no puede permitir el despliegue de tropas militares de la OTAN en el territorio ucraniano», afirmó el portavoz, según recogen las agencias rusas. La advertencia se produce en un contexto de crecientes conversaciones entre los aliados occidentales sobre la posibilidad de enviar personal militar a Ucrania para apoyar sus operaciones.

Moscú no puede permitir el despliegue de tropas militares de la OTAN en el territorio ucraniano.

Ucrania sufre bajas significativas

Según datos del Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas ucranianas perdieron unos 1.490 militares en todos los frentes durante la última jornada de combates, aunque esta cifra no ha podido ser verificada de forma independiente. Los ataques rusos contra los puertos buscan interrumpir las líneas de suministro ucranianas, en particular las que conectan con las rutas del mar Negro.

La escalada de hostilidades se produce mientras el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, asume el cargo en el Reino Unido. Preguntado por la postura de Moscú ante el nuevo mandatario, Peskov señaló que Rusia observa con atención los movimientos de Londres, aunque no ofreció más detalles sobre posibles contactos.

Las autoridades rusas han denunciado este martes que el asesinato del ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia, Alexandr Yákovlev, atribuido a un ataque ucraniano, incrementa el riesgo de una catástrofe radiactiva. El comisionado de la Cancillería rusa para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik, señaló en un informe semanal que el ataque «aumenta inevitablemente el peligro de una catástrofe». La central de Zaporiyia, la mayor de Europa, lleva bajo control ruso desde marzo de 2022 y ha sido escenario de repetidos incidentes de seguridad.

Múltiples frentes abiertos

En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso informó de la liberación de la localidad de Volokhovskoye, en la región ucraniana de Járkov. Las fuerzas rusas continúan su avance en el noreste de Ucrania, mientras que en la región rusa de Bélgorod, un dron ucraniano impactó contra un autobús, causando la muerte de cinco civiles, entre ellos un menor, según fuentes oficiales rusas. El ataque se produce en el marco de las incursiones transfronterizas que Ucrania ha intensificado con drones de largo alcance proporcionados por Estados Unidos.

En el ámbito diplomático, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reiteró este martes que el despliegue de contingentes militares de la UE y la OTAN en Ucrania es «absolutamente inaceptable» para Moscú. «Rusia no puede permitirlo», declaró Peskov, en respuesta a las discusiones en Europa sobre posibles misiones de estabilización. La advertencia se produce en un contexto de creciente implicación occidental en el conflicto.

Atentado frustrado en los Urales

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) anunció también la neutralización de un agente ucraniano en la ciudad de Tiumén, en los Urales, que planeaba un atentado terrorista contra una de las mayores empresas industriales de la región. La operación antiterrorista evitó lo que las autoridades describen como un ataque coordinado de Kiev contra infraestructuras estratégicas rusas en la retaguardia.

La jornada refleja una intensificación de las hostilidades en múltiples frentes, con acciones que van desde operaciones de sabotaje hasta la presión diplomática. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto, mientras el riesgo de una escalada nuclear en Zaporiyia se perfila como una de las amenazas más graves a la seguridad regional.

Rusia ha acusado a Ucrania de cometer un ataque terrorista contra el ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia, Alexander Yakovlev, un suceso que, según Moscú, incrementa el peligro de una catástrofe radiológica en el continente europeo. El anuncio fue realizado este martes por Rodion Miroshnik, embajador ruso para crímenes del régimen de Kiev, quien afirmó que el ataque eleva de forma inevitable el riesgo de un desastre nuclear de origen humano.

La central de Zaporiyia, la mayor de Europa en capacidad instalada y ubicada en el sureste de Ucrania, se encuentra bajo control ruso desde marzo de 2022. Desde entonces ha sido escenario de reiterados intercambios de acusaciones entre ambas partes sobre bombardeos y sabotajes en sus instalaciones. El asesinato de Yakovlev, figura clave en la operación de la planta, añade una nueva dimensión de tensión en torno a la seguridad de la instalación, que ya había suscitado la preocupación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El acto terrorista de Ucrania contra el ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia inevitablemente aumenta el riesgo de una catástrofe radiactiva de origen humano, que podría afectar a todos los países europeos, incluido el territorio de la propia Ucrania, así como a Bielorrusia, Rusia y los Estados del norte de África.

Desde el inicio de la guerra, la central ha perdido en varias ocasiones la conexión con la red eléctrica externa, y ha dependido de generadores diésel de emergencia para mantener refrigerados los reactores. Cualquier fallo prolongado en los sistemas de refrigeración podría desencadenar una fusión del núcleo, con consecuencias similares a las de Chernóbil o Fukushima. La desaparición del ingeniero jefe, responsable de supervisar aspectos críticos de la seguridad técnica, agrava la ya de por sí precaria situación de la planta según la lectura rusa.

Kiev no ha confirmado ni desmentido la acusación, y por el momento no hay información verificable de fuentes independientes sobre las circunstancias del ataque. La comunidad internacional, a través del OIEA, mantiene un equipo de inspectores en la central desde septiembre de 2022, cuyo mandato es precisamente prevenir un accidente nuclear en condiciones de conflicto activo.

La advertencia rusa llega en un momento de escalada militar en la región de Zaporiyia, donde las fuerzas ucranianas han intensificado sus operaciones para tratar de recuperar el control de la central y su entorno. La posibilidad de que la infraestructura nuclear se convierta en objetivo deliberado o se vea afectada por fuego cruzado ha sido una de las mayores angustias de los organismos internacionales desde el inicio de la invasión.