La candidata a la vicepresidencia de Colombia por el Pacto Histórico y mayora nasa habla después de haber perdido por apenas 250.000 votos frente al ultraderechista Abelardo de la Espriella: "Tendremos un gobierno elegido para obedecer a Estados Unidos".
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La periodista Chantal Flores había escuchado tantas historias de mujeres mexicanas que perdieron a un ser querido que cuando viajó a Bosnia, Serbia y Kosovo para entender el impacto de las desapariciones forzadas allí, no le hizo falta entender las palabras de las mujeres que le compartían sus experiencias en serbocroata o albanés: le bastó con leer su lenguaje corporal.
En su libro Huecos. Retazos de la vida ante la desaparición forzada, Flores, que nació en Monterrey en 1985, sigue a seis mujeres en México, Colombia y los Balcanes –Mirna, Lucy, Dragana, Zekija, Margarita y Valdete– que viven, o sobreviven, con el dolor de la pérdida. Nos cuenta sus historias en una serie de viñetas que a veces adoptan un tono periodístico y otras se leen más como novela o poema. A lo largo del libro, Flores escribe como una persona solidaria que se deja afectar por el duelo de estas seis mujeres que se enfrentan a silencios, intimidaciones, injusticias y sistemas rotos.
Lo que motivó a Flores a escribir este libro fue una sensación de impotencia ante el problema de la desaparición forzada en su propio país, donde se producen entre 35 y 40 desapariciones diarias. Al conectar las experiencias de mujeres mexicanas con las vividas en Colombia y los Balcanes, nos obliga a asumir que el sufrimiento que causa la desaparición forzada es universal, sin borrar la especifidad de cada lugar y cada experiencia individual.
Para comprender México, ha tenido que visitar otros países.
Mi intención nunca fue ser la corresponsal extranjera que le va a enseñar al mundo cómo son las cosas en los Balcanes o Colombia. Mi punto de partida siempre fue: esto que está pasando en mi país, en México, es muy grave. No tenemos un marco de referencia para entenderlo. No se compara con el periodo de desapariciones que México vivió en los años setenta, por ejemplo. Así que viajé a otros países para ver qué podía aprender. Sabía muy bien que los contextos no son los mismos, pero, por otra parte, supuse que algunas de sus luchas son similares.
Hay muchos países con desapariciones. ¿Cómo llegó a Colombia y los Balcanes?
Acabé en Colombia por el papel que allí tiene el narcotráfico, que es uno de varios agentes diferentes que perpetran las desapariciones. Me pareció similar a lo que está sucediendo en México. A los Balcanes llegué más bien por mis lecturas sobre el trabajo de la ciencia forense en la identificación de los restos. En esos libros siempre sale el ejemplo de los Balcanes, donde se ha usado la identificación de ADN con mayor efecto. Mi pregunta era: ¿tendrán paz esos familiares? Lo que ellos sufrieron se reconoció como una guerra –algo que en México no ocurre–. Segundo, atrajo una gran inversión y apoyo internacionales. Dado todo esto, me preguntaba, ¿cómo siguen estas familias, que además ya llevan unos 20 años desde que terminó la guerra? ¿Cómo viven con el dolor, con todo este camino ya recorrido?
¿Qué descubrió?
Más allá de las diferencias que he mencionado, encontré muchas similitudes. Al final del día vi el mismo dolor, la misma forma de organización entre las mujeres, que han construido redes, pero que también se encuentran algo aisladas de sus propias familias. Esta dimensión de género me llamó mucho la atención. Yo sabía que se tenían que comunicar entre ellas. Y como no las pude juntar en un espacio físico, las junté en las páginas de Huecos. Lo que quiero es que sepan que no están solas, que de cierta forma están aprendiendo unas de otras. Y que tienen cosas que enseñar a las otras que están por venir, porque esto no termina. Nunca va a haber suficiente información sobre la desaparición forzada.
Su propia voz y experiencia están muy presentes en el libro.
La verdad es que, cuando empecé Huecos, mi idea era escribir un libro serio de investigación periodística, con datos, cronologías y análisis políticos. Así que, cuando empecé a escribir, me encontré cortando todos los pasajes en los que aparecía yo: todo lo que sucedía después de que se apagara la grabadora –por ejemplo, los momentos en los que Mirna y yo estábamos platicando en la cama–. Pero cuando lo hablé con mi editor, me dijo: “Eso no lo cortes: tú eres la única que estuviste ahí y tienes que contarlo”.
¿Le costó incluir esa dimensión más personal?
Mi miedo inicial era que yo me convirtiera en la protagonista del libro. Yo era muy consciente de que las cosas de las que fui testigo pasaron en parte porque yo estaba allí cubriéndolas como reportera. Las familias que buscan a sus desaparecidos muchas veces sienten la presencia de los medios como una presión para que sucedan cosas, para que encuentren algo. A fin de cuentas, ¿qué son las familias que buscan si no encuentran cuerpos?
El resultado es un libro que logra conectar directamente con las lectoras. A mí, al menos, la lectura ha llegado a afectarme mucho.
Mi idea era, precisamente, que si yo me pongo ahí, a lo mejor el lector o la lectora se va a identificar con más facilidad. No soy la periodista inalcanzable que ni contesta al mail, sino al contrario, soy quien lleva a mis lectores de la mano. Eso era lo que yo quería que sintieran los lectores: ese dolor que te destroza cada vez que entras a estos viajes y entras en contacto con esta realidad. Con Huecos, yo quería aportar esa capa extra. Más que informarte, quiero que sientas y veas que estas son familias como la tuya o como la mía.
¿Cómo lidió usted misma con la carga del dolor?
Los primeros años me sentía mal conmigo misma, porque veía la desaparición por todas partes. Me afectó mucho. Pero acabé por encontrar las herramientas creativas para darle salida a ese dolor, a esa crueldad. Y cuando ahora alguien me dice, “no tengo corazón para leerlo”, le digo: “¡Si yo ya lo mastiqué por ti! Lo que te está llegando por mi libro es el 1%. No te lo estoy dando crudo”.
En algunas de las viñetas más literarias, como “Y no está”, abandona su voz narrativa regular para recurrir a una especie de corriente de conciencia. Me ha parecido muy poderoso.
En realidad, fue mi solución a un problema complicado. Hablé con muchísimas familias sobre sus vivencias. Fue muy difícil escoger a las seis mujeres que acabaron siendo mis protagonistas. Por otro lado, irónicamente, también fue muy fácil, porque ellas son las que estuvieron más dispuestas a contestar a las dudas que me surgían. Aun así, al escribir Huecos no me abandonaban esas otras familias a las que había dejado fuera, por más que también dieran forma a mi proceso de escritura. En esa viñeta que mencionas, intento incluir sus vivencias y algunos de los muchísimos detalles que me contaron. Es mi forma de decirles a mis lectoras: “Todo esto está pasando. Puede que no tenga nombres y fechas para todo, que no tenga los datos concretos, pero esto está pasando”. La verdad es que fue una viñeta que empecé a escribir con hartazgo, vomitándole al lector. Lo que sentí fue algo así como: “Ya me cansé yo de cargarlo todo sola”. Luego, cuando me puse a procesarlo, mi actitud cambió. Me imaginaba diciéndoles a mis lectores: “Quiero compartirte esto; espero puedas ver que no son solo Mirna, Lucy o Chuchita. Es todo esto”.
A las mujeres colombianas y mexicanas les podía hablar en español, pero para las entrevistas en los Balcanes tuvo que recurrir a intérpretes. ¿Cómo funcionaba eso?
El tema me estresaba mucho, la verdad, porque sabía que yo no iba realmente a entender toda la entrevista hasta que leyera la transcripción traducida. Por más rápida que fuera mi traductora, nunca iba a hacer lo mismo que yo en una entrevista en castellano o inglés. Además, cuando llegué a la primera cita en Ilijas, una ciudad bosnia, me encontré con un grupo grande de mujeres, aunque yo me había preparado para una entrevista con la líder. Entonces cerré los ojos y dije: “A ver, no voy a comprender el 100% de lo que se está compartiendo aquí. ¿Qué puedo ver?”. Y empecé a observar cómo esas mujeres se organizaban, cómo se sentaban unas, cómo se paraban otras, cómo se juntaban unas y se apartaban otras… Debo agregar que soy maestra de yoga y que lo que me mantiene sana en este trabajo es mover el cuerpo. Ahora bien, antes de ir a los Balcanes, una amiga me invitó a tomar un cursillo de yoga informada por el trauma. Es una forma de enseñar que enfoca en el impacto de la vida, de las experiencias, del trauma, en el sistema nervioso, y cómo el trauma se manifiesta en los movimientos y en los dolores físicos de las personas.
¿Esa experiencia le sirvió con el grupo de mujeres en Bosnia?
Pasó un proceso muy raro. Yo no podía más que asociar cómo movían el cuerpo las mujeres bosnias con los movimientos corporales de las mujeres que yo ya había visto en México. Entonces entendí: ahora, ella me está platicando de esta parte de la desaparición. En otras palabras, me di cuenta de que yo ya traía una idea de cómo se cuenta la desaparición de un ser querido. Es una estructura narrativa que, de cierta forma, se vuelve rígida con el paso del tiempo. Porque la mayoría de ellas han contado esa historia muchísimas veces: a los medios, a gobiernos, a organizaciones de derechos humanos.
La comprensión de estas dinámicas, ¿también le permite relacionarse de otra forma con sus entrevistadas?
Sí, claro. De hecho, ahora la uso mucho. Por ejemplo, el jueves pasado hicimos unas entrevistas en la cárcel para un proyecto sobre el narcomenudeo en el que estoy metida. Yo nunca había entrado a una cárcel de mujeres, y no era el mejor espacio o el espacio más seguro para hacer ese tipo de entrevistas, que además son por tiempo muy limitado y en presencia de las autoridades. Pero cuando empecé a relajar mi cuerpo, ellas se empezaron a relajar y nuestro lenguaje corporal se conectó. Fluyó muy bien la entrevista a pesar de ese entorno restrictivo. Eso, en fin, es algo que aprendí de las mujeres en los Balcanes: cómo acoplarme al espacio de ellas, a cómo se mueven, cómo sirven el café. Todos esos son detalles que la gente cree que son extras en una entrevista, pero que son realmente parte de crear ese entorno para que la gente comparta realmente lo que siente sobre ese momento de su vida. Y eso fue algo que quise transmitir en Huecos: cómo cargamos las historias con el cuerpo.
Huecos se publicó hace un par de años ya. ¿Sigue con el mismo tema?
Cuando salió Huecos, necesitaba como un refresh mental. Viendo el escenario en México, la falta de cambio, no ayuda. Y lo que sí cambia, es para peor: los métodos de desaparecer a la gente son cada vez más brutales, y es cada vez más cínico el manejo de los casos de desaparición. Todavía noto que tengo una respuesta muy emocional ante eso, lo que me impide cubrirlo de buena forma, periodísticamente hablando. Por tanto, he intentado abordarlo de otra forma. Ahora estamos por lanzar una plataforma que se llama Mapping Absence. Es una plataforma bilingüe enfocada en la desaparición forzada, pero globalmente, desde distintas miradas. Somos un colectivo chiquito de académicos y artistas; yo estoy como periodista. No tenemos recursos, realmente hay mucho de voluntariado, pero el punto es crear una plataforma fija donde podamos estar discutiendo la desaparición forzada desde distintos ángulos y visibilizando a los colectivos que lideran esta búsqueda, no solo en México. La desaparición forzada ha evolucionado mucho y se maneja en diferentes contextos. Ya llegamos a un punto donde hasta se niega que se trate de desapariciones forzadas, como hemos visto en Estados Unidos con el ICE.
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Hoy hablamos con Jacqueline Rojas, defensora de los derechos humanos, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), de la Organización Femenina Popular (OFP) y miembro de SINALTRAINAL. Nos contará los pormenores de la situación actual en Colombia.
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Hoy estamos con Carlos Olaya, un habitual colaborador del programa. Hablaremos con él de la evolución de la lucha en las calles de Colombia, de los últimos acontecimientos en Haití y de la tán comentada situación en cuba. Todo ello desde un punto de vista distinto al que los medios nos tienen acostumbrados.
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Prácticamente todo el pueblo colombiano ha salido a las calles para mostrar su rechazo a las politicas que está practicando el gobierno allá. La reacción del gobierno ha sido responder a estas movilizaciones con tratamiento de guerra. Con un 60% de la población hundida en la pobreza y fuertes evidencias de corrupción en la clase […]
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En el programa de hoy contactamos directamente con un compañero en Bogotá. ¿qué está pasando en las calles de las ciudades en Colombia?¿Por qué está ocurriendo esto? y ¿Cómo están reaccionando los representantes políticos y las fuerzas policiales? En definitiva, analizaremos las razones y las consecuencias del conflicto.
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BOGOTÁ // Dos grandes altavoces sobre una furgoneta en movimiento pregonan: “Tigre, Tigre de mi vida (…), Firmes por la Patria”. Un pequeño grupo de jóvenes lo abuchean desde un parque: “Fascistas, son unos fascistas”. Una anciana camina y suspira: “Por el amor de dios”. Esta escena nocturna en Bogotá, la capital de Colombia, es el reflejo de un territorio rasgado en dos retazos, sostenidos por un hilo casi invisible.
Dos horas antes se daban a conocer los resultados del preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las más reñidas de su historia democrática. El ultraderechista, abogado y autoproclamado outsider, Abelardo de la Espriella, logra el 49,7% de los votos frente al 48,7% del senador y candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda. La diferencia en el conteo preliminar es de apenas 247.000 votos. Un país fracturado, dividido en dos pulsiones, en dos modelos de gobernanza antagónicos. “Lo que pone de manifiesto esta campaña es que no hemos logrado reconciliarnos como sociedad,” señalaba Martha Lucía Márquez, directora del centro de investigación Cinep.
En el Royal Center, un centro de conciertos y sede improvisada de la campaña del Pacto Histórico para recibir los resultados, cientos de simpatizantes, activistas, políticos y figuras de la izquierda colombiana van llegando a cuentagotas mientras una gran pantalla anuncia los avances del preconteo. Son varios los que tropiezan en los últimos peldaños de las escaleras, cuando levantan la cabeza del suelo para observar los números. El lugar mantiene la respiración con cada boletín, algunos sacan las calculadoras de sus teléfonos para hacer las matemáticas. Su candidato, Cepeda, acorta distancias, pero no logra ponerse por delante del ultraderechista. Entre respiración y tropezón, los más jóvenes cantan arengas que son replicadas por pocos segundos.
Después, la desazón, las manos en posición de rezo frente a la boca, el brazo por encima del hombro del compañero. “Aquí estamos las madres de La Escombrera”, grita Margarita Restrepo, lideresa social y defensora de derechos humanos. De su cuello cuelga la fotografía de Carol Vanessa, desaparecida en Medellín en 2002. El sueño de ver a su candidato, el humanista, filósofo y defensor de derechos humanos y la paz, entrando en la Casa de Nariño se apaga y aparecen las lágrimas.
“Estoy preocupada”. Un emoji de un corazón roto. “Tengo miedo”, son los mensajes de WhatsApp que llegan desde las comunidades afro del Pacífico, el Cauca, el Putumayo o las periferias de Bogotá. “Para los firmantes estos diez años no han sido fáciles, existe el riesgo de retroceder en el acuerdo, el riesgo sobre la vida de los que estamos comprometidos con la paz”, narra desde el departamento amazónico de Guaviare, Andrés, uno de los primeros guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desmovilizados durante el Acuerdo de Paz de La Habana, en 2016.
“Tengo una gran preocupación por el exterminio de nuestros bosques, de los pueblos indígenas, de los amazónicos”, escribe Libia, lideresa indígena inka. “Para las comunidades negras es un retroceso en las luchas y logros que con tanto sacrificio, tantas vidas, hemos puesto para que haya cambios en este país”, explica Clemencia Carabalí, lideresa afro del norte del Cauca. “Abelardo es un ciudadano que no conoce el país. Él no está en los territorios, él no sabe lo que es vivir en las zonas periféricas. Al no conocer esos contextos difícilmente va a legislar en favor nuestro”, añade.
Antes de las seis y media de la tarde, Iván Cepeda sale a la tarima rodeado de su comitiva y su fórmula presidencial, la mayora indígena, Aída Quilcue, y su compañera, Pilar Rueda. Lleva un papel en la mano, lo desdobla sobre el atril y, antes de leer, con su particular tono sosegado, agradece a todas las comunidades y colectivos que participaron activamente en la campaña de la segunda vuelta, a los más de 12.700.000 votantes –un récord sin precedentes para la izquierda colombiana– y anuncia el reconocimiento del preconteo “como un dato no oficial ni vinculante”. El público corea: “Sí se puede”.
Cepeda no habla de fraude, pero sí de la impugnación de 33.000 mesas en todo el país. En su alocución celebró el récord de participación en la jornada electoral, que alcanzó el 63,57%; poco más de 40 millones de colombianos y colombianas estaban llamados a las urnas. Volvió a hablar de su promesa de campaña, del anhelo por un gran acuerdo nacional y del diálogo: “Estamos dispuestos a la concertación siempre y cuando sea respetuosa”. Agradeció también al movimiento Pacto Histórica, la Alianza por la Vida y, por último, al presidente saliente, Gustavo Petro. “Cepeda presidente”, interrumpen entre el público.
Está vez, sin posar la mirada en el papel, enumeró los avances sociales durante los cuatro años del primer mandato de un dirigente de izquierda en Colombia y reiteró que no dejarán que se retroceda en derechos: “No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política que retrocedan las conquistas sociales”. Terminó lanzando mensajes “serenos” a su oponente El Tigre De la Espriella: “No permitiremos que se destruya la naturaleza. No permitiremos que nos quiten el salario mínimo vital (…) Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social”.
Citando al presidente chileno Salvador Allende, “la historia es nuestra y la hacen los pueblos”, y una proclama sin atisbos de derrotismo: “Viva la revolución de la vida», Cepeda se bajó del escenario. El alarido “Se vive, se siente, Cepeda presidente” se fue diluyendo entre la multitud que, cabizbaja, abandonaba el recinto.
En diversas calles y plazas de Bogotá –y otras ciudades del país– sus seguidores se debatían entre la desazón y la esperanza. “Solicito a todas las abogadas y abogados demócratas para asistir a los escrutinios en toda Colombia,” escribió Petro en su cuenta de X. Respondiendo al llamado, decenas de abogados y cientos de simpatizantes se movilizaron hacia Corferias, el mayor centro de votación para hacer control al escrutinio de los votos. Un cómputo que, como apuntan los analistas, no suele alterar significativamente el resultado del preconteo.
Pero si algo tiene que celebrar la campaña de Cepeda es la movilización de sus electores. Después del fracaso de la primera vuelta, el movimiento “por la vida” se activó precisamente gracias a la sociedad civil progresista: a las jóvenes k-poper, a los universitarios, a las colectivas feministas y de derechos humanos, a los y las artistas, a las comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas, a miles de voluntarios que, desde sus quehaceres, habilidades y sentires, se movilizaron masivamente para “remontar en segunda”.
Sin lugar a dudas, esa activación desde la raíz que hace raigambre es el mayor legado de la izquierda reciente en Colombia: la organización desde la sociedad civil por la defensa de todas las formas de vida que habitan el territorio. “Es muy hermoso lo que están haciendo. Estoy muy feliz por todo el apoyo”, decía emocionada un día antes de los comicios Lorena, de 30 años. “Esta campaña es del pueblo”, repetían desde Bosa, una localidad popular de la capital, miembros del colectivo político Creamos. “Gracias a la izquierda aprendí qué es la política. Tengo 55 años, hasta ahora vine a saber lo que es la política”, relataba detrás de su puesto de arepas, Janet, agradeciendo la pedagogía de las colectivas de izquierda.
A la espera de los datos oficiales, desde Barranquilla, en la costa Caribe, cientos de seguidores de El Tigre celebran la victoria. Entre música, pirotecnia y figuras de tigres de plástico; vestidos con la camiseta amarilla de la selección de fútbol ondean banderas colombianas –también de Israel–, bailan y alzan la mano imitando el saludo militar al bramido de: “Firmes por la Patria”. En lo alto de un escenario, encerrado en su burbuja anti balística, Abelardo de la Espriella anima el espectáculo más importante de su carrera y se proclama, pese a la ajustada ventaja, presidente: “¡Colombia, aquí está tu presidente!». Antes de que cesen los aplausos y los gritos de la “manada del tigre”, lanza un mensaje al otro espectro: “Petro y Cepeda, abstenerse de desatar un incendio social (…) respeten la voluntad del pueblo colombiano”, advierte afónico. Agradece a veteranos, reservistas, invita a recitar una “oración patria” y agradece, “más que nada” como cristiano converso, “a Cristo Rey”.
Como en la fábula del lobo con piel de cordero, el líder del movimiento Defensores de la Patria se presenta ante las masas con un tono mucho menos incendiario y violento que en las intervenciones de su campaña. Lejos de sus promesas de terminar con la –fracasada– “paz total” de Petro o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su apoyo al fracking y la explotación de los recursos naturales del territorio, de sus recurrentes discursos en los que llamaba a “destripar” y “aniquilar” a la izquierda, de estigmatizar y perseguir a periodistas y críticos; ahora De la Espriella señala que, aquellos que no lo votaron, no tendrán que temer por pensar distinto: “No habrá vencedores ni vencidos. No habrá persecuciones. No habrá enemigos irreconciliables”, tampoco contra la biodiversidad.
El show se pausa para dar espacio a la música y los rugidos de un tigre por los altavoces. Después del baile militar, De la Espriella retoma y alerta directamente a su oponente: “El Tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido hoy en las urnas (…) Podrán ejercer la oposición solo si lo hacen dentro del margen de la ley”. Su conciliación nacional pasa por “refundar la patria” y hacer el “milagro”, como rezan las tres únicas páginas de su programa de gobierno. “La Patria milagro”, como denomina a su proyecto, pasa por acabar –en 90 días– con los cabecillas de los distintos grupos armados que operan en el territorio; la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad o recortar en un 40% el Estado, con la ayuda de su vicepresidente, el economista y tecnócrata Juan Manuel Restrepo, exministro de Hacienda durante el gobierno del conservador Iván Duque.
Pese a autodenominarse como un outsider, y si bien nunca ha tenido un cargo público en el Estado, Abelardo de la Espriella cuenta con el apoyo de los políticos tradicionales, como el expresidente derechista Álvaro Uribe Vélez, o el clan de la familia costeña Char, de los que recoge la batuta y los votos. “El primer desafío es formar un gobierno y una coalición legislativa. En su campaña tuvo un discurso que estigmatizaba a la clase política, por lo que no tiene ningún apoyo en el Congreso, pero le va a tocar pactar con esa misma clase política,” apunta el analista político Yann Basset.
El presidente electo de Colombia es, además, ciudadano estadounidense y miembro del Partido Republicano. Por eso, antes de que entrara la noche en Barranquilla, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ya lo había reconocido como presidente. Poco después, los líderes conservadores de ultraderecha de la región –modelos a seguir para El Tigre– lo felicitaron. Desde Argentina, Javier Milei, desde Chile, Antonio Kast, desde Brasil, Flávio Bolsonaro, desde Perú, Keiko Fujimori, desde Ecuador, Daniel Noboa, felicitaron al líder de extrema derecha y celebraron la expansión de los movimientos políticos ultraconservadores en la región.
Su victoria es, también, el silbido de los vientos ultraconservadores que se mueven por el continente desde la reelección de Trump. La popularidad del líder colombiano de ultraderecha, una millonaria campaña, y la amnesia colectiva de un pasado cuestionable en el que se codeaba y defendía como abogado a bandidos y paramilitares, o humillaba a víctimas y mujeres, lo alzan como nuevo mandatario de lo que muchos denominan como “el patio trasero de Estados Unidos”, especialmente en materia de narcotráfico –y la fallida guerra contra las drogas– y migración.
A menudo, los ingenieros y arquitectos que llegan a Colombia hablan de las dificultades para construir puentes en el país debido a su geografía hostil, a la espina dorsal que atraviesa el mapa: sus tres cordilleras, los Andes, las montañas, los ríos caudalosos que dibujan y alimentan uno de los países más biodiversos del mundo. Es común ver puentes inacabados –también por la corrupción– o desplomados por las dificultades técnicas.
Esa es, quizás, la metáfora que define esta noche a Colombia, y los dos países que habitan un mismo territorio. La polarización no es solo política. Es la desconexión entre territorios, las desigualdades entre clases sociales, y la complejidad de sus brechas que durante décadas han impedido la conciliación con discursos políticos que apelan al miedo al vecino, al hermano, al visitante, al votante contrario. Un país que no construye puentes, porque sus tierras fértiles están constantemente en ebullición por los que no entienden que la gobernanza es por todas las formas de vida.
Actualización: 16h
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Epílogo de ‘Yo quiero no morir’ (Astiberri, 2026), escrito por la periodista Patricia Simón.
Conocí a Jaime Garzón en 2006. Hacía siete años desde que lo habían asesinado y, sin embargo, me salía al paso en algunos de los rincones más aislados y abandonados por el Estado colombiano. En la selva profunda del Chocó, en pequeñas veredas del Cauca, en las carreteras de la Antioquia más recóndita, su rostro me miraba desde muros y carteles. En medio de la violenta oscuridad que sacudía el país en aquellos tiempos, su sonrisa ancha era un símbolo de la hospitalidad que, pese a todo, seguía desprendiendo el pueblo colombiano.
En aquellos años, el gran problema del periodismo en España era una precariedad en la que muchos se escudaban para traicionar nuestra función pública y venderse a la manipulación, la propaganda, la espectacularización y la propagación del odio. En Colombia aprendí que allí, como en buena parte de los países más azotados por la guerra, quienes deciden ejercer este oficio con honestidad e independencia lo hacen a sabiendas de que pueden ser asesinados por cumplir con su deber deontológico. Periodistas reconocidos y anónimos que compartieron conmigo sus contactos y conocimientos para que pudiese llegar a las veredas más recónditas y entrevistar a los supervivientes de las masacres paramilitares, a las madres de los llamados “falsos positivos” –civiles asesinados por el Ejército para presentarlos como bajas en combate–, a los líderes comunitarios amenazados por las guerrillas, a las maestras y sindicalistas asediados por todos los actores armados, al campesinado desplazado forzosamente para construir macroproyectos de multinacionales europeas, canadienses y estadounidenses. Y en muchos de esos lugares me encontraba con grafitis en los que con unos cuantos trazos –las gafas redondas, el pelo acaracolado–bastaba para reconocer a quien ya era un icono de la decencia y de la defensa de los derechos humanos: Jaime Garzón.
Recuerdo el impacto que me produjo la admiración con la que me hablaban de él periodistas que, poco después de conocerlos, ya se habían convertido para mí en maestros de lo que debe ser este oficio y de lo que una nunca debe olvidar. Compañeros que me enseñaron a no perder de vista el retrovisor por si nos seguía algún coche o moto, a no abrir la puerta a nadie que llevase el casco puesto porque habían perdido a muchos colegas ejecutados tras abrir a supuestos repartidores, a que siempre había que tener una habitación preparada para esconder a quienes llegaban huían de las amenazas… Todos ellos compartían una devoción por la figura de Garzón que también me transmitieron mis amigos y amigas defensoras de los derechos humanos, académicas, lideresas sociales, dramaturgas, pintores… Personas que siguen siendo hoy mis referentes éticos y humanistas se esforzaban por explicarme la influencia social de una figura que yo no terminaba de entender, probablemente, porque no había conocido nada igual hasta entonces. Tuve que ir desentrañando la figura de Jaime Garzón para comprender por qué se había convertido en una de las más escuchadas, respetadas y queridas por la mayoría social de Colombia. Y, también, en una de las más odiadas por una minoría, aquella que nunca ha dudado en usar la violencia para preservar su poder, privilegios, supremacismo y concentración de la riqueza.
Así fui sabiendo que Jaime Garzón había sido un hombre bueno que había estudiado varias carreras movido por la curiosidad y la pasión por entender el mundo; un hombre valiente que se había implicado en la política institucional para defender la vida desde los territorios más ninguneados por el Estado en un país en el que eso se castiga con la muerte; un hombre heterodoxo que sustituyó el marxismo por el “grouchomarxismo” cuando las guerrillas se empezaron a parecer a sus antagonistas; un hombre sabio que se había dado cuenta de que el humor es la forma más elevada y transformadora de la inteligencia; un hombre erudito que había volcado su talento en desnudar el negocio de la guerra y a sus mercaderes en los medios de comunicación –los mismos que, mayoritariamente, estaban y están al servicio de la oligarquía que se blinda reproduciendo la violencia–; un hombre valiente que se dedicó a mediar con las guerrillas para la liberación de más de cien personas secuestradas; un hombre alegre, divertido y disfrutón que amaba tanto la belleza de la vida que consagró la suya a conseguir que una vida que merezca ser vivida fuese un derecho universal.
Y así fue como, conociendo la trayectoria y la personalidad de Jaime Garzón, fui también entendiendo mejor la historia e idiosincrasia de Colombia: un país compuesto, mayoritariamente, por hombres y mujeres buenos, generosos, verracos y bellos en su sentido ético y estético; personas que han respondido a décadas de guerra, expolio, barbarie y dolor construyendo el tejido asociativo, cívico y de defensa de los derechos humanos más potente, imbricado y vanguardista del mundo; gente pobre que tras sobrevivir a las peores atrocidades se convirtieron, de facto, en juristas, comunicadores, activistas para defender su dignidad en alianza con profesionales extraordinarios de todos los ámbitos que anteponen el bien común a su bienestar; un pueblo que coopera vereda por vereda, ciudad por ciudad, departamento por departamento, para llevar su lucha contra la impunidad hasta las más altas instancias de justicia internacional; una sociedad que sumida en el horror ha sido capaz de aportar contribuciones vanguardistas y cruciales al terreno del derecho internacional y de la construcción de paz. Una excelencia y excepcionalidad las del pueblo colombiano de las que Jaime Garzón es uno de sus embajadores más universales.
Quienes nos dedicamos a intentar entender los peores contextos para explicarlos después convivimos con la angustia permanente de que “las palabras no alcanzan” para nombrar lo inenarrable, como escriben Alfredo Garzón y Verónica Ochoa en su magistral obra Garzón. El duelo imposible. Pero les aseguro que esta novela gráfica no solo logra recoger, evocar, explicar y mostrar la complejidad y brutalidad de la historia reciente de Colombia, sino también lo más valioso, difícil y extraordinario: el ingente esfuerzo de buena parte de su sociedad por transitar a un país justo, seguro, respetuoso, dialogante, pacífico, incluyente, boyante y orgulloso de su diversidad. Y, desgraciadamente, el alto coste en vidas, destierros y tristeza que ha pagado por la osadía de pretender redistribuir su tierra y recursos, juzgar a los dirigentes y empresarios que ordenaron –y ordenan– los crímenes, señalar a colaboradores tan poderosos como el Estado de Israel o las transnacionales del Norte Global, y a los medios de comunicación que legitiman y presentan la violencia como un fenómeno natural, imprevisible, inevitable, sin responsables ni beneficiarios. Sin el trabajo sucio de una prensa corrompida, el negocio de la guerra se hundiría porque no habría pueblo que lo apoyase. Por ello, algún día, también deberían ser juzgados sus consejos de administración.
Pero, frente a su inmundicia, también hubo y hay quienes no se pliegan. Y Garzón. El duelo imposible también los honra. Como al director de El Espectador Guillermo Cano, asesinado en 1986 por denunciar el fenómeno del paramilitarismo y sus vínculos con el Estado. “No vendemos, no hipotecamos, no cedemos nuestra conciencia ni nuestra dignidad a cambio de un puñado de billetes”, dejó escrito. Unas palabras que deberían estar impresas en todas las redacciones del mundo.
En este libro, su coautor y coprotagonista Alfredo Garzón, hermano de Jaime, encarna en lo que convierte la guerra a aquellos que sobreviven a la pérdida de sus seres queridos: personas en “diálogo constante con el asesinado”, como escribe sobre sí mismo. “Para mí, el asesinato de Jaime no es un hecho del pasado. Cada día sin justicia es un día más en que Jaime es asesinado. Un día más en que los asesinos vencen”, explica, resumiendo así la violencia que esta impunidad inflige a las víctimas.
Colombia es un país “de cementerios llenos de personas a las que se les ha negado la palabra”. Este libro se la devuelve, convirtiéndola en un alegato por el diálogo como antídoto frente a la violencia. Un acto de justicia para quienes siguen sin recibirla. Pero esta obra llega mucho más allá: construye cultura de paz al resucitar a todos esos hombres y mujeres que intentaron parir un mundo mejor para que puedan estudiarse en todas las escuelas e institutos del mundo, referentes con los que enseñar a los niños, niñas y adolescentes que no hay forma más ética, legítima, enriquecedora, apasionante y digna de estar en el mundo que defendiendo los derechos humanos, que no hay otra forma de impedir que la internacional del odio que recorre el planeta imponga un orden del miedo y la crueldad, que no podemos permitir que hagan lo que ya hicieron en Colombia: deshumanizar a “los otros” para convertirlos en “desechables”, exterminables, desaparecidos, en nadies.
La novela gráfica de Alfredo Garzón y Verónica Ochoa es un canto a la vida vivida adrede, un homenaje a los y las idealistas, esos locos utópicos que a lo largo de la historia fueron despreciados tachándolos de ilusos e ingenuos y a quienes les debemos los derechos sin los que seguiríamos siendo esclavos, súbditos, animales de compañía, subhumanos. Personas como Jaime y Alfredo Garzón, como sus amigos, que se dejaban el alma trabajando por un horizonte esperanzador, que bailaban, cantaban y gozaban hasta el amanecer cada vez que podían, y que lloraban y lloran a sus muertos escribiendo obras de arte como este libro. ¡Viva la vida y quienes quieren no morir nunca!
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La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia reveló un país dividido –una vez más– entre el centro y las periferias, un mapa bicolor similar al de hace diez años, cuando los colombianos y colombianas votaron en el plebiscito por la paz. Entonces ganó el “No”, y los ecos de la guerra continúan resonando en muchos territorios. El domingo 31 de mayo, el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, de 47 años, se alzó con la victoria en esta primera ronda. Un hombre abiertamente homófobo, misógino, que habla de “destripar” a la izquierda, de construir mega cárceles, de reducir el Estado, de explotar el territorio y sus recursos, y del tamaño de su pene como impulsor del electorado femenino.
El mediático abogado outsider, defensor de narcotraficantes, paramilitares y bandidos, defensor de Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro; un showman autodenominado como ‘el Tigre’ que evoca a figuras de la ultraderecha regional como el presidente argentino, Javier Milei, y busca ser el gemelo costeño con aires italianos del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, obtuvo el 43,74% del total. Superó los pronósticos de las encuestas, le arrebató los votos al conservadurismo tradicional, la candidata del uribismo, Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien apenas logró 1,64 millones de votos. El espectáculo, desde el interior de una pecera blindada, con luces amarillas y tigres diseñados con Inteligencia Artificial (IA), rugió más agresivo que nunca: “Defenderemos la democracia por la razón o por la fuerza”, dijo desde el malecón de Barranquilla, en la costa caribe. Un oxímoron disfrazado con la camiseta de la selección colombiana.
Para el director de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, Felipe Botero Jaramillo, las encuestas no lograron captar el voto de la antipolítica y el malestar con el establecimiento, canalizado por el ultraderechista, que “construyó una candidatura por fuera de los partidos, apoyado en las redes sociales y en un mensaje de ruptura”. El politólogo apunta al contundente rechazo a un nuevo mandato de izquierda en primera vuelta como una de las causas por las que un personaje sin experiencia en política pública lograra captar los votos del electorado uribista y la derecha tradicional. El expresidente Álvaro Uribe Vélez no tardó en salir a dar su apoyo al que, para algunos, era su segundo candidato presidencial: “El viejo caudillo de la derecha está respaldando al recién llegado que lo desplazó”, dice Botero.
A apenas 670.000 sufragios de distancia, el candidato de la izquierda oficialista, el senador Iván Cepeda, de 63 años, reunió el 40,9% de los votos. Cepeda contaba con entrar a la segunda vuelta del balotaje –pese a que su campaña intentó convencer a sus seguidores de una victoria en primera–, pero nadie, ni las encuestas, pronosticaban que iba a llegar por debajo del ultra. Los rostros en el Hotel Tequendama de Bogotá, donde la campaña del Pacto Histórico se congregó para recibir los resultados, mostraron nerviosismo a medida que avanzaba el preconteo y las arengas sonaban más como un pitido silente que como un cántico de victoria.
“Muchas de las organizaciones a las que pertenecemos las han intentado diezmar y reducirlas al silencio o a la muerte (…) la lucha continúa y vamos a seguir”, reiteró el filósofo y defensor de derechos humanos desde la tarima, apelando a las organizaciones y movimientos sociales que le han dado la mano durante toda su vida política. Cepeda habló con la misma templanza doliente con la que pidió justicia en 1994, minutos después de que su padre Manuel Cepeda Vargas, senador del partido Unión Patriótica, fuera asesinado en plena carretera por paramilitares en colusión con agentes del Estado. Un hecho que marcó su vida, pero sobre todo su carrera política desde la trinchera de por la defensa de las víctimas de violencia estatal, de aquellos que habitan los márgenes, las mismas que le dieron el empujón para que lanzara su candidatura –MAFAPO, las madres de los falsos positivos–, aquellas que votaron por él enarbolando la bandera blanca de la paz.
Si bien, la primera reacción fue emular al presidente Gustavo Petro, quien no reconoció en un inicio los resultados del preconteo, el lunes, Cepeda se desmarcó del mandatario ante la prensa: “No hemos encontrado irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude”. La confianza por el sistema electoral –bajo la lupa– retornó a unos comicios históricos en su participación, que rozó el 57% del censo electoral. Según Sandra Borda, analista y politóloga de la Universidad de los Andes, sembrar dudas sobre los resultados alejaría al candidato de los votos que canalizó el centro, necesarios para una victoria en segunda vuelta: “Para el centro, la institucionalidad electoral es una institucionalidad sólida, robusta y que hay que respetar”.
En Colombia hay un sentimiento que moviliza desde hace décadas a la población, ya sea para esconderse o para dejarse ver en masa: el miedo. La campaña ante la segunda ronda, que se celebrará el 21 de junio, se debate entre la petro-fobia y el temor al fascismo belicista. Los “nadie” del progresismo frente a los “nunca” del ultraderechista. Dos discursos radicalmente opuestos que movilizan desde las entrañas de un país con profundas desigualdades, donde la violencia nunca dejó de ser paisaje. “Las propuestas liberales, moderadas, institucionalistas, perdieron definitivamente piso y los electores están dejándose seducir única y exclusivamente por propuestas cada vez más ligadas a los extremos”, apunta Borda. Con ella coincide Botero: “Es muy probable que el miedo vuelva a estructurar el voto en la segunda vuelta”.
Esa misma emoción hizo que, apenas 24 horas después de los comicios, cientos de jóvenes se movilizaran improvisadamente en Bogotá en apoyo a Iván Cepeda, con arengas en contra del fascismo y su máximo representante. “Queremos una Colombia unida, una Colombia en paz. No queremos más guerras, más fusiles, más balas. Los pobres primero, por el bien de todos”, repetía el eslogan del izquierdista Juan, estudiante de 22 años.
Isabel sostiene el pañuelo verde y rojo representativo de la comunidad indígena nasa, a la que pertenece la fórmula presidencial de Cepeda, la lideresa Aida Quilcué: “Es el momento donde más fuerza tenemos que tener, más juntos tenemos que estar y demostrar que las propuestas que tiene este candidato representan la vida, representan la paz”. Son miles los que se ven directamente amenazados por el proyecto político de Defensores por la Patria, que, según la activista y artista afrocolombiana Mily Pardo, representa la profundización de las desigualdades: “Tengo miedo porque en nuestros territorios esto se paga con sangre, con vida”.
Pero también es el sentimiento que congrega a los sectores más conservadores que, durante décadas, han tenido el control de las instituciones políticas desde la Casa de Nariño, y que ahora, en su versión más radical, se movilizan bajo el rugido: “Firmes por la patria”. “Nosotros no podemos caer en el comunismo. Ese es el miedo de nosotros, entre comillas, porque no tenemos realmente miedo”, dice Héctor Torres, bajo una gorra con el dibujo de un tigre.
El miedo dibujando las regiones de un mismo territorio. Volviendo al mapa del plebiscito por la paz de hace diez años, cuando ganó en forma de “no”, después de una campaña marcada por la desinformación. Según Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, ese rechazo conservador va ligado a las personas que consideran la seguridad –un tema de preocupación social que sin duda marcaron las elecciones– “pero una seguridad muy específica, de mano dura, de suspender derechos y libertades”. Es parte del escudo de Abelardo de la Espriella, “como el mismo espíritu del ‘no’ a la paz”.
El performance del ultra caló fuerte entre un electorado que dejó de lado la vieja figura política, casi sagrada, de Álvaro Uribe para apoyar a una reencarnación de quien dice ser su seguidor, “más uribista que nadie”. Según Sergio Gúzman, director de la consultora Colombia Risk, “Abelardo ha sido un candidato muy disciplinado, consistente, que ha sabido moverse en las emociones, más que todo negativas, de las personas”. Un modelo importado de Argentina, de Ecuador, de El Salvador, de Vox, pero sobre todo, del líder estadounidense, Donald Trump. La manifestación de la política populista que en los últimos años ha ganado fuerza en el continente. “Él dice que no tiene vínculos con la clase política tradicional, aunque claro que sí los tiene. Su campaña es apoyada por clanes políticos tradicionales de la costa atlántica, que él obviamente no sube a la tarima para poder justificar el hecho de que es un antipolítico”, apunta la analista Borda.
Los ataques frontales entre los discursos de ambos candidatos elevan la contienda a un nuevo terreno. Cepeda dijo que su oponente representaba “el fascismo mafioso”, y en su lado del ring De la Espriella acusó de “bandido golpista” al presidente actual, y de “bandido e impedido” a su rival en la segunda ronda. El pragmatismo queda nublado, pero todavía hay una masa de votantes indecisos y de centro que pueden definir el futuro de la presidencia colombiana. “Los dos bandos están construyendo al otro como una amenaza existencial”, señala el investigador Botero, “el costo es alto porque deteriora la democracia y convierte una elección en una guerra, deja poco espacio para deliberar sobre propuestas”. Para los analistas consultados, la polarización afectiva es uno de los grandes riesgos para las democracias latinoamericanas.
Desde la campaña de Cepeda hacen autocrítica, y rebajan el tono: “Todavía hay esperanza, pero también es importante revisar cómo está Colombia en términos del ideario y del imaginario sobre la realidad del país. (…) Hay muchas cosas que tenemos que ajustar en esta etapa, el manejo de la comunicación, tenemos que tener una mayor apertura a ciertos sectores, especialmente un diálogo con otros sectores”, reconoce Andrés Camaño, exministro de Minas y Energía y miembro del Pacto Histórico.
Si bien Gustavo Petro hizo historia hace cuatro años, convirtiéndose en el primer mandatario de izquierda en llegar al poder en Colombia, su mandato ha estado envuelto en polémicas por sonados casos de corrupción, por la confrontación constante en la plaza pública del dirigente, y por las crisis de salud y seguridad agudizadas en los últimos años. “Deja un balance mixto. Hubo unos avances simbólicos y sociales profundos, pero también hay frustración por reformas trabadas y una percepción de desorden”, resume el analista Felipe Botero. “Personalmente tengo la tesis de que entre más se involucre Petro en la campaña de Iván Cepeda, menos posibilidades va a tener de ganar en segunda vuelta”, coincide Sandra Borda.
En 2022, Gustavo Petro se alzó con una justa victoria, logrando menos de un millón de votos más que su contrincante, el también outsider Rodolfo Hernández. Gran parte de su electorado surgió del estallido social de 2021, de aquellos jóvenes que durante meses tomaron las calles de todo el país y que fueron aniquilados y masacrados por exigir reformas y derechos. Ayer, en varias ciudades, cientos de jóvenes volvieron a marchar, demostrando una fuerza que podría inclinar una balanza ya fuertemente inclinada hacia la derecha más radical. “Es momento de caminar la palabra, de la inclusión y el diálogo nacional”, gritó Aisa Quilcué el domingo. Faltan 19 días para convencer.
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BOGOTÁ // Lo último que ve Daniel Jaimes es el destello de un disparo. Se oscurece la tarde del 1 de mayo de 2021, se apaga su visión. El gas del proyectil lanzado por un agente policial rasga su garganta. Cae al suelo y siente que una parte de su cara se desprende del cuerpo. El cilindro de gas lacrimógeno impacta directamente sobre el lado derecho de su nariz, pulverizando los huesos de sus pómulos, rompiendo su tabique y los pisos orbitales “que son los huesos que sostienen los ojos”, desprendiendo el maxilar superior. Pierde diez piezas dentales. Su ojo derecho estalla. “Usted es para que estuviera muerto”, todavía repiten doctores y cirujanos.
Una lágrima gotea incesante bajo el pañuelo negro de tela que cubre ahora la parte derecha de su rostro, dice que es por la celulitis preseptal, una infección recurrente. “Pasé por tanto dolor desde el principio… tú viste cómo estaba. Esa lágrima es porque me duele, pero uno se acostumbra”, se resigna Daniel. Cinco años después del impacto –durante el mayor estallido social en Colombia– el dolor físico ya no lo define todo. “Soy una persona rota, no te lo voy a negar”. Silencio. “Sé que nunca voy a sanar del todo, pero soy terco: creo que con amor se puede tapar el sol”, narra el joven de 25 años, dejando ver una leve sonrisa.
El 28 de abril de 2021, millones de colombianos se tomaron durante casi cuatro meses las plazas, calles y parques de todo el país en contra de la reforma tributaria del entonces presidente derechista, Iván Duque. Una reforma que ahogaba, aún más, a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Las históricas marchas retomaban el eco del Paro Nacional de noviembre de 2019. Los reclamos de justicia social, mejoras económicas y sociales, el cese de los asesinatos contra líderes sociales pronto se mezclaron con los pedidos de una reforma policial.
La Fuerza Pública colombiana (Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy llamado UNDMO) reprimió a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, con una violencia colosal. Tanquetas y lanzaderas de proyectiles Venom contra las piedras de los manifestantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las arengas pacíficas, tiros de balas contra escudos de latón y madera. Solo entre el 28 de abril y el 20 de julio, la Plataforma Grita de la organización colombiana Temblores registró 5.340 casos de violencia policial en todo el territorio: 40 casos de violencia homicida, 105 casos de trauma ocular, 35 casos de violencia sexual. Hubo estigmatización contra la protesta y los manifestantes, detenciones y judicializaciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones. Hoy, en el quinto aniversario, la gran herida abierta de todo un país sigue siendo la impunidad de sus violencias estatales.
“Existe un pimponeo entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria que funciona como una estrategia dilatoria para evitar el esclarecimiento de los hechos”, afirma Camilo Mendoza, de Temblores ONG. Su último reporte demuestra cómo los casos registrados de violencia policial siguen sin haberse esclarecido y muchos han sido archivados. “El acceso a la justicia en el ámbito penal muestra un panorama muy crítico”, reconoce Mendoza. De los 105 casos registrados de trauma ocular, solo uno tiene una sentencia condenatoria en primera instancia. “Esto demuestra un escenario de impunidad sistemática y estructural frente a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, denuncia.
Al otro lado del teléfono, Leidy Natalia Cadena, narra con tesón los detalles previos a perder la visión total de su ojo derecho. “No fue un error. El primer disparo fue directo al ojo, el segundo a la pierna”. Era la única mujer del grupo, tenía 22 años cuando fue alcanzada por el proyectil de bala de goma disparado por el miembro del ESMAD, Danilo José Núñez; quien fue condenado a siete años de prisión el pasado 6 de abril, siendo de los primeros casos en llegar a la justicia ordinaria por mutilaciones oculares durante las protestas sociales. “La sentencia es agridulce. A mí me arrebataron todo: mi país, mi familia, mi profesión. Siete años de cárcel no me devuelven nada”, se lamenta desde el exilio.
La joven politóloga tuvo que salir del país por las amenazas recibidas después de hacer público su caso. “El primer año fuera de Colombia fue muy duro. Yo estaba en shock. Luego una amiga que también había perdido un ojo se suicida, y eso me destruye”. Durante meses le costó levantarse de la cama, sobrevivir. A Leidy todavía le quiebra la voz hablando de su exilio: “Me quitaron la posibilidad de vivir la vida que había construido”.
La falta de justicia para las víctimas de crímenes por parte del Estado se ha vuelto un paisaje habitual en Colombia. Desde el genocidio de militantes de la extinta Unión Patriótica hasta los mal llamados «falsos positivos», civiles ejecutados extrajudicialmente por militares, o las víctimas durante las protestas sociales. “Lo que estamos viendo es la continuidad de un patrón de impunidad que el país arrastra desde hace décadas”, dice Alfonso Castillo, de la organización de víctimas de crímenes de Estado, Movice. “No hay avances reales en la justicia frente a hechos graves cometidos por agentes estatales, y eso envía un mensaje muy negativo a las víctimas y a la sociedad en general”.
El 19 de junio de 2022, ante una multitud eufórica e ilusionada, escudado por el retrato del joven Dylan Cruz, asesinado por el ESMAD durante el Paro Nacional de 2019, el recién elegido presidente Gustavo Petro –el primero de izquierda– pronunció lo siguiente: “Ningún joven volverá a ser violentado por imaginar un país diferente”. Habló de las víctimas del estallido social, abrazó a la madre de Dylan, que lo acompañaba en el escenario, y se convirtió en la esperanza de ese grito sordo de justicia, verdad, reparación y no repetición que coreaban millones de personas que meses antes habían marchado en las calles.
“Uno de los aspectos más llamativos es que el gobierno ha respondido de manera más efectiva a las demandas de otros sectores sociales que a las de las juventudes populares, que fueron centrales en el estallido y también en el cambio político que vino después,” cuestiona Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Petro hizo campaña apoyado sobre esa demanda del movimiento social –y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales– de una reforma policial. La promesa electoral de justicia para las víctimas del estallido, según el investigador de Temblores, no se materializó en los términos que la ciudadanía esperaba. “Eso deja una sensación de oportunidad perdida, incluso en un contexto político que parecía favorable”, apunta Mendoza.
A poco más de tres meses de que culmine su mandato, de aquel grito solo queda un sollozo. El gobierno izquierdista impulsó una reforma policial desde el Ministerio de Defensa, entidad bajo la que se cobijan los uniformados, y se emitió la Directiva Permanente 009 de 2023. La Policía cambió sus uniformes, el ESMAD pasó a llamarse UNDMO: Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.
“Se ha avanzado en introducir el diálogo como herramienta para gestionar la protesta, incluso desde el Ministerio del Interior, pero la reforma estructural de la policía no se dio y esa discusión se fue perdiendo”, reconoce Barrera, uno de los autores del libro Dilemas en movimiento, un texto que analiza cómo interactuaron todos los actores que participaron en las movilizaciones sociales.
Por su parte, los supervivientes de las violencias policiales continúan haciéndose la misma pregunta: ¿quién dio la orden? Miguel Fernando Leal, de 44 años, es uno de los miembros más adultos del Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (MOCAO), conformado en 2021 para cobijar a las víctimas de lesiones oculares. Su historia es similar a la de sus compañeros. Salió a marchar pacíficamente en el sur de Bogotá, en un barrio popular, y un uniformado le disparó una bala de goma directamente contra su ojo izquierdo, quitándole la vista para siempre. “Yo sí creo que hay una intencionalidad. Estos disparos a la cabeza no son accidentales. Hay un objetivo: callar, dejar una marca, generar miedo en los demás”, reclama.
Su vida, y la de su familia, cambió para siempre. Se mira al espejo y ve dos personas distintas. Su mano derecha actúa de bastón, con ella palpa el mundo que no puede ver. “La sociedad no dimensionaba que por salir a protestar podía pasar algo así. Una cosa es que te detengan o que haya una sanción, pero otra es que te disparen a la cabeza. Eso ya es una mutilación, algo que te cambia la vida para siempre”.
En 2024, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 1231 que, entre otras cosas, limita el uso de la fuerza policial en las movilizaciones. “Hemos visto que, según cifras oficiales, se han reducido las intervenciones donde se usa la fuerza, lo cual es positivo”, dice Mendoza, señalando que, si bien ha habido mayores garantías para la protesta social, en los escenarios donde se utiliza la fuerza se siguen presentando irregularidades y abusos.
Pese a algunos esfuerzos, las transformaciones estructurales en la Fuerza Pública y los pedidos de los organismos de derechos humanos, entre ellos sacar a los uniformados del Ministerio de Defensa, quedaron fuera de la agencia del Gobierno. El próximo 31 de mayo se celebran elecciones en Colombia, con el candidato de izquierda Iván Cepeda liderando las encuestas con un breve margen ante la candidata del uribismo, Paloma Valencia. “El contexto actual es preocupante porque la violencia está siendo utilizada como argumento político. En medio de escenarios electorales, ciertos sectores recurren a discursos que priorizan la seguridad por encima de los derechos, lo que puede tener consecuencias graves para la democracia”, dice el activista e investigador del Movice Alfonso Castillo.
“Yo ya sé quién fue el policía que me disparó”, dice Gareth Sella, cineasta, ex viceministro de Juventudes del actual Gobierno y sobreviviente de agresión ocular. Perdió la vista de su ojo izquierdo en febrero de 2020, antes de que iniciara el estallido social. Gareth formaba parte de los Escudos Azules, una agrupación de estudiantes que, resguardados por escudos de madera, plantaban cara y protegían a los manifestantes de los ataques policiales cuando se iniciaban los disturbios. No pudo marchar durante el estallido social, pero su activismo cobró más sentido el día que le arrebataron la vista. “La gente ha despertado y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, pronunció ante el Congreso, cuando las plazas comenzaban a llenarse de manifestantes.
Su caso, como la mayoría, sigue en la impunidad. “Para mí el enemigo nunca fue la policía… es el sistema”, expresa dejando ver una rabia común que se repite entre las víctimas. Un relato que también repite Daniel Jaimes: “Tuve que entender que hacerle daño a la persona que me disparó no me va a hacer mejor. Se trata de transformar esa rabia en algo que sirva”. Y Leidy Cadena: “Esto no es solo contra una persona, es contra una institución que hizo de esto algo sistemático. Han pasado cinco años sin que digan la verdad”.
Para Víctor Barrera, el estallido puso en la agenda pública problemáticas estructurales que llevaban años invisibilizadas e ignoradas, especialmente en lo referente a las fuertes desigualdades sociales que atraviesan al país. Si bien, no todos los sectores del movimiento social tuvieron un papel dentro de la institucionalidad, se articularon redes con impacto local o barrial. “Uno de ellos es el fortalecimiento organizativo en sectores populares que no estaban vinculados a formas tradicionales de movimiento social”, señala.
Gareth reconoce visiblemente decepcionado que las personas y colectivos que estuvieron al frente durante el estallido no tuvieron un papel relevante dentro de las instituciones, incumpliendo las promesas de campaña y el sueño de las poblaciones más marginadas por el Estado.
Gracias a la ayuda de la cooperación y los organismos internacionales, MOCAO, junto con el Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular, están estudiando el impacto de las armas menos letales, recabando testimonios de supervivientes de todo el mundo con el fin de que las agresiones oculares sean reconocidas como crímenes de lesa humanidad.
Daniel lleva poco más de un año trabajando incesantemente en el centro de investigación. Su voz, pese a su juventud, suena como la de un líder. Sus colegas bromean y lo llaman “el profe”. Estar ahí, investigando, estudiando, hablando con otros supervivientes, le ha ayudado con la sombra siempre presente de la depresión, que le llevó a intentar quitarse la vida en al menos una ocasión. “Lo que hacemos no tiene que ver con lengua, raza o género. Los derechos humanos tienen que estar por encima de todo”, dice convencido.
Cinco años después de nuestro primer encuentro, cuando llegó a la entrevista con el rostro inflamado, enrojecido, con dos tubos en la nariz para poder respirar, con la voz de un niño que se hizo adulto entre hospitales, Daniel habla de su trabajo como activista y líder con el entusiasmo de alguien que, pese al dolor, tiene una fuerte urgencia por vivir. “Mi abuela, que fue quien me crió, me dijo un 31 de diciembre: ‘Estoy tan orgullosa de usted’. Era lo único que yo quería escuchar”.
– Dani, ¿con qué sueñas?
– Mi sueño es un mundo más justo. Y eso es trabajo de todos: generar empatía en el otro, ayudar a que la gente no repita el dolor que uno vivió. A mí me encanta ayudar. Quiero una vida larga para eso: ayudar lo máximo que pueda.
Debajo de la tela que cubre el lugar donde antes estaba su ojo derecho sigue brotando una lágrima. Está vez, de emoción.
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Hoy nos echa una mano nuestro compa J.R. de Hijos del Agobio para toda la segunda parte del programa con una entrevista a Freddy Díaz que llega desde Colombia para hablarnos de la situación en la región conocida como Magdalena Medio y, de paso una amplia mirada sobre la realidad colombiana. Pero el equipo fijo […]
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El sorpresivo arribo del expresidente panameño Ricardo Martinelli a Bogotá el pasado 15 de mayo desató un torbellino de pronunciamientos encontrados. Los medios criticaron la concesión de asilo a un millonario mencionado en los Panamá Papers, mientras el gobierno colombiano, por boca de su presidente, de visita en Beijing, lo justificó incondicionalmente. El beneficiario de la medida, por su parte, puso en circulación videos de la pachanguera celebración que organizó entonando ‘pero sigo siendo el rey y mi palabra es la ley’.
Para dilucidar el significado de esta actuación internacional en provecho de tan controvertido personaje es necesario un mínimo de contexto de la institución del asilo diplomático y territorial. El asilo es una medida de protección otorgada por un Estado (Estado asilante) a quien se encuentra en situación de riesgo por persecución políticamente motivada adelantada por el gobierno de otro Estado en su territorio (Estado territorial). Si el asilo se concede en una embajada se denomina asilo diplomático; si se hace en el territorio del Estado asilante, se llama asilo territorial. En ambos casos el elemento político es fundamental, por lo que en ocasiones se bautizan ambas modalidades como asilo político.
A diferencia de otros mecanismos internacionales -extradición, refugio- surgidos en Europa, puede afirmarse que el suelo natal del asilo fue el cono sur. En 1820 el líder de la independencia de Uruguay, Artigas, perseguido por sus propios compatriotas, recibió acogida en Paraguay; el caudillo militar José María Obando, quien fue expresidente designado de Colombia, luego de su derrota en la Guerra Civil de los Supremos, huyó a Perú para ponerse a salvo y recibió asilo en 1842; el presidente chileno Balmaceda, derrotado en la guerra civil de 1890, pudo asilarse en la embajada argentina de Santiago.
La frecuencia de la práctica del asilo conllevó el surgimiento de una temprana normativa continental en el llamado Tratado de Derecho Penal Internacional de 1889, que consagró de modo inaugural la institución del asilo; en 1928 la Convención de La Habana definió sus rasgos básicos: otorgamiento en embajadas, legaciones o navíos bajo la expresa prohibición de otorgar asilo por delitos comunes y el deber del Estado territorial de respetarlo acompañado de la prohibición para el asilado de atentar contra el orden público. Cinco años más tarde, en 1933, se suscribió la Convención de Montevideo, que calificó su carácter humanitario y afirmó un elemento de particular importancia: la relevancia de la calificación de delito por el Estado que concede el asilo, así como la reiteración de su validez solo para delitos políticos.
En 1949 Colombia fue protagonista del caso más famoso en la literatura mundial sobre asilo diplomático. El gobierno conservador de Ospina Pérez, a través de su canciller Eduardo Zuleta Ángel, dispuso conceder asilo diplomático en la embajada de Lima al célebre dirigente e intelectual de izquierda Víctor Raúl Haya de la Torre, perseguido por la recién instalada dictadura del general Odría bajo la acusación de ‘rebelión militar’. El gobierno peruano objetó la legalidad del asilo mientras Colombia, segura de la legalidad de su actuación, convino en someter a un tercero la resolución del diferendo. Las respectivas delegaciones presentaron sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia, que profirió su sentencia al año siguiente y clarificó dos puntos en disputa de la mayor relevancia: la calificación del delito por el Estado asilante no prevalecía a la dada por el Estado territorial, con lo que desechó el argumento sostenido por Colombia, y que si bien Colombia no había probado el peligro en que se encontrara el asilado, su otorgamiento no era contrario a derecho; así mismo, no reconoció la obligación de proveer un salvoconducto a cargo del Estado peruano. Si bien desde el punto de vista estrictamente jurídico no puede hablarse de un triunfo de la postura colombiana, su determinación de mantener el asilo durante cinco años constituyó una crucial afirmación de la trascendencia de tal institución.
Las incertidumbres del caso Haya de la Torre condujeron a la expedición de la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo, en la que se reafirmó la órbita de su aplicación a los delitos políticos.
En el plano mundial la concesión del asilo diplomático dio lugar a dramáticas situaciones reveladoras de su relevancia y su profundo sentido humanitario. México recibió como asilado en 1937 al bolchevique León Trotsky, perseguido a muerte por el régimen de Stalin luego de que sucesivamente se lo expulsó de Turquía, Suecia y Francia; Estados Unidos acogió durante quince años en su embajada de Budapest al cardenal católico Mindsentsky, acérrimo opositor del comunismo, tras el levantamiento húngaro de 1956. En el marco de la Guerra fría gobernantes depuestos en golpes de Estado pudieron obtener asilo en embajadas. Ecuador recibió como asilado político a Julian Assange en 2012, quien permaneció siete años sin recibir salvoconducto del gobierno británico.
En el caso de nuestro vecino país, los asilos reconocidos por Panamá han sido polémicos. Expresidentes como el ecuatoriano Abdalá Bucarán y el haitiano Raúl Cedrars, cuya condición de perseguidos políticos era por lo menos discutible, recibieron asilo territorial. El caso más controversial se produjo en el caso de María del Pilar Hurtado, exjefe de inteligencia, quien con la anuencia del entonces presidente Uribe interceptó ilegalmente teléfonos de magistrados, líderes y opositores políticos. La Corte Suprema de Justicia panameña declaró la inconstitucionalidad de tal medida en 2014 por juzgarla violatoria tanto del orden interno como de la normativa internacional.
Ricardo Martinelli fue presidente electo para el quinquenio 2003-2009 durante el que concedió el ya referido asilo a la funcionaria colombiana. Los Panama Papers lo mencionan como titular de varias cuentas y fondos en paraísos fiscales en violación de regulaciones fiscales y tributarias. Dos familiares cercanos fueron condenados en Estados Unidos acusados de narcotráfico, proceso en el que declararon actuar por órdenes suyas. Fue capturado en Miami y finalmente extraditado a su país, tras lo cual se prohibió su ingreso a territorio estadounidense.
La justicia de su país inició investigaciones que condujeron a una sentencia condenatoria por ‘blanqueo de capitales’ o lavado de activos con pena de prisión de diez años y ocho meses, al igual que la imposición de una multa superior a US$15 millones. La sentencia, proferida por la jueza Baloiza Marquines el 28 de junio de 2023, consta de 306 páginas. Se comprobó además la utilización de dineros públicos para la compra de medios de comunicación. La mencionada sentencia cobija una docena de personajes del círculo de socios del expresidente.
Diversos sectores de la opinión pública calificaron esta actuación como una reivindicación largamente esperada de la justicia y un hito que demostraba los límites a los que la impunidad podía ser sometida. Para ese entonces, Martinelli estaba en plena campaña electoral por un segundo período -la Constitución autoriza la reelección no inmediata por una sola vez- con el movimiento Realizando Metas, en asocio de Raúl Mulino como fórmula vicepresidencial. El tribunal electoral ordenó su retiro de la contienda, por lo que Mulino resultó presidente en 2024 como delfín de aquel.
Fue entonces, una vez en firme la sentencia condenatoria en su contra, cuando el gobierno de Daniel Ortega, el 24 de febrero de 2024, otorgó asilo en su embajada al expresidente, quien la convirtió de inmediato en un centro de actividad proselitista y propaganda de su presunta persecución judicial. Pese a la expedición de una circular roja de Interpol solicitada por la justicia panameña, la Policía se negó a hacerla efectiva por supuestamente violar su estatuto de asilado. Una vez cerrada toda posible revisión judicial se presentó una iniciativa en el Congreso para expedir una amnistía en su provecho, que a pesar del apoyo del Ejecutivo no obtuvo el necesario respaldo. Fue entonces cuando la injerencia de su anterior compañero de campaña electoral, convertido gracias a él en presidente, entró una vez más en ejercicio, al expedir un salvoconducto para Martinelli que le permitiera salir del país. Sorpresivamente, Nicaragua, a través de la esposa del presidente Ortega, negó el traslado aduciendo la existencia de dicha circular roja de Interpol.
Tras catorce meses en la embajada nicaragüense y frustrada su salida del país, irrumpió como un deus ex machina la decisión del gobierno colombiano de otorgar asilo territorial. Su mentor y compañero electoral pronta y solícitamente otorgó un nuevo salvoconducto para su traslado a Colombia.
El presidente Petro justificó el asilo a Martinelli bajo el argumento humanitario, la tradición humanista del país y la indiferencia de afiliación ideológica para sus beneficiarios, dando por descontada su condición de perseguido político. La canciller Laura Sarabia, interrogada al respecto, declaró su respeto por la decisión del presidente, en una suerte de ‘obediencia debida’ a la voluntad de su jefe. El laconismo de la Cancillería mostraría pues la ausencia de criterio diplomático por parte de la autoridad responsable.
En realidad, la decisión gubernamental hace trizas no solo la tradición diplomática colombiana en la materia sino la normativa internacional tan laboriosamente construida sobre la base de la exclusión radical del otorgamiento de asilo por delitos comunes. Colocar en la misma balanza al líder peruano perseguido por la dictadura militar hace tres cuartos de siglo con un condenado por lavado de activos constituye poco menos que una degradación del dispositivo internacional, y su extrema tergiversación jurídica. Que el primer presidente de izquierda en Colombia y antiguo rebelde confunda el delito político con el delito de lavado de activos solo puede dar pábulo a las más siniestras sospechas. Justo en un momento en que el país requiere, más que nunca, la máxima transparencia en los asuntos públicos.
Algunos “temas gruesos” están sobre el escenario de la lucha que se adelanta en Colombia por parte de los movimientos sociales y políticos de carácter popular. Son asuntos y problemas que compartimos con los demás pueblos y sociedades de países de América Latina que se han atrevido a desafiar el poder del Gran Capital intentando usar la institucionalidad existente.
En esos países se accedió a los gobiernos por la vía electoral y se quiso utilizar el Estado “heredado” para impulsar procesos de transformación social, política, económica y cultural. Se quiso enfrentar el neoliberalismo más no el capitalismo. De antemano sabíamos que los latinoamericanos heredamos Estados coloniales y patriarcales, capitalistas y neoliberales, burocráticos y corruptos, y que no iba a ser fácil realizar esa tarea “desde adentro”.
Y también sabíamos, o supongo que los principales dirigentes eran conscientes de ello, que el gobierno, o mejor, la “cúpula” del Ejecutivo (presidente, ministros y otros altos funcionarios), sólo son una parte del aparato del Estado, que está conformado por otras ramas del “poder público” como el Congreso o asamblea nacional, las Cortes Judiciales, los órganos de control, las Fuerzas Armadas y otras instituciones como la Fiscalía, defensoría del pueblo, el poder electoral, y otras.
Y lo que es más importante de entender, de ser absolutamente conscientes, es que el conjunto de ese Estado “heredado” responde a los intereses de las clases dominantes, que en Colombia están compuestas por una oligarquía financiera que se alimentó desde los años 80s del siglo XX de los recursos del narcotráfico, se apoderó de las empresas estatales y de los caficultores, y logró conformar una alianza estrecha con el imperio estadounidense y con los grandes terratenientes que han sido la clase social que ha mantenido su hegemonía desde tiempos coloniales.
Lo que hemos aprendido desde el ascenso del presidente Chávez al gobierno de Venezuela en 1999, pasando por las experiencias de Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Tabaré y Mujica en Uruguay, Evo en Bolivia y otros intentos en curso, es que las castas oligárquicas de cada país, sus aliados subordinados (burguesía burocrática y grandes terratenientes) y el mismo imperio, no van a entregar sus privilegios sin luchar y resistir, y por ello, también han asimilado esas experiencias y han adaptado sus políticas y estrategias a las nuevas realidades.
Antes de avanzar, es importante contar con una mirada de contexto y, además, reiterar que sin una efectiva y consistente fuerza “desde abajo” es imposible que nuestra acción “desde adentro” o “por arriba”, logre realizar y consolidar cambios estructurales o sustanciales en nuestras sociedades.
Sin embargo, si estamos de acuerdo con lo anterior, es posible diseñar una estrategia para avanzar con paciencia y consistencia en la acumulación de esa fuerza “desde abajo”, sin ilusionarnos o afanarnos con “golpes de mano” u otras acciones que hacen parte de nuestras “herencias insurreccionales” que, como se ha comprobado en estos países vecinos, siempre fracasarán ante la enorme fuerza del enemigo que actúa como “clase capitalista global” y que recurre a bloqueos, saboteos y demás actos de fuerza para impedir que esos intentos logren su objetivo.
En el caso de Colombia, debemos ser conscientes que se llegó al gobierno con un escaso margen de ventaja frente al candidato de las “derechas” (Rodolfo Hernández) y en alianza con algunas expresiones políticas de la oligarquía financiera, burguesía burocrática y burguesías emergentes (de origen legal e ilegal) que se articularon alrededor del “proceso de paz” (Santos), y que buscaban desplazar del poder a sectores monopólicos de las clases dominantes y participar de las enormes ganancias que la oligarquía financiera y los grandes terratenientes han acumulado a lo largo del tiempo.
Desde el principio era claro, que esas clases y sectores de clase aliadas, no sólo no eran confiables sino que su naturaleza económica y social de carácter parasitario, no les permite ser protagonistas de un proyecto “progresista” y “revolucionario”. Podíamos prever que cuando llegara el momento de la confrontación con la oligarquía financiera, esos sectores no sólo vacilarían sino que mostrarían su absoluta incapacidad para avanzar por nuevos caminos.
El momento llegó cuando el gobierno presentó ante el Congreso las denominadas “reformas sociales” (de la salud, laboral y pensional) y cuando hizo amagues de intervenir en el campo de la generación y distribución de la energía eléctrica. De inmediato, la “alianza interclasista” y el “frente interpartidista” se empezó a resquebrajar y, ello se reflejaba tanto en la composición del gobierno (cambios de ministros y altos cargos) como en los debates y nuevas alianzas que iban surgiendo al interior del poder legislativo (y también en las otras ramas del poder como ha ocurrido con la fiscalía, contraloría, procuraduría, etc.).
Las preguntas que surgen de este sintético recuento tienen que ver con la estrategia. Si éramos conscientes de que la fuerza acumulada no era suficiente y que los aliados eran vacilantes y no confiables para confrontar a la oligarquía financiera en esas áreas que comprometen el manejo de las EPS y de los Fondos privados de pensiones… ¿por qué se priorizaron y se presentaron tan pronto esas reformas ante el Congreso? ¿Hubo exceso de confianza en esos aliados o se pensó que con el manejo y la transacción de burocracia y contratos (“mermelada”) iban a aprobar fácilmente esas iniciativas?
¿Se exploraron otras posibilidades para acumular fuerza social y política? ¿Se visualizaron otras clases y sectores de clase con quienes se hubiera podido avanzar en otras materias y temas como la industrialización de los procesos productivos y el cambio gradual y sistemático de la matriz energética? ¿Se evaluó la posibilidad de construir otras alianzas con sectores de las burguesías emergentes como los pequeños y medianos productores agrarios y los pequeños y medianos emprendedores citadinos (muchos de ellos son “profesionales precariados”)?
Ahora que estamos en la etapa final del gobierno progresista, se hace necesario que la dirigencia del Pacto Histórico y de los movimientos sociales reflexione sobre esos “temas gruesos”, que de alguna manera se han manifestado en estos tres (3) años de gobierno progresista y que se han enfrentado de diversas maneras, principalmente por parte del presidente Petro, pero que no han sido abordados en conjunto por las llamadas “fuerzas del cambio”.
Esos “temas gruesos” y su tratamiento al interior del Pacto Histórico van a determinar, de alguna manera, los debates internos de cara a la consulta para escoger candidat@s presidenciales en octubre de 2025. ¿Seguimos priorizando la alianza con las expresiones políticas de la burguesía burocrática corriendo los riesgos de ser arrasados por toda clase de politiquerías y corrupciones? ¿Con qué sectores sociales vamos de verdad a impulsar un decidido y efectivo proceso de industrialización del aparato productivo? ¿Estamos de acuerdo que ese proceso de industrialización es la única forma de “progresar”, de crear empleo digno y formal y de fortalecer los ingresos del Estado para poder financiar programas sociales de gran impacto?
¿Cómo vamos a romper y derrotar el “bloqueo institucional” que ha sufrido el gobierno progresista durante estos tres (3) años? ¿De qué manera asimilamos tanto la experiencia de la Constituyente de 1991 en Colombia como parecidas experiencias vividas en Ecuador y Bolivia, en donde se aprobaron nuevas Constituciones Políticas pero el poder de la oligarquía financiera y del imperio estadounidense siguen allí, medrando y explotando nuestros recursos humanos y naturales?
Estos y otros “temas gruesos” deben hacer parte de las reflexiones y debates del Pacto Histórico y del movimiento social. Solo así valoraremos a fondo los esfuerzos y avances liderados por el presidente Gustavo Petro pero, también, estaremos a la altura de emular y superar esa experiencia y legado.
E-mail: luisdorado@gmail.com
Con esta contundente consigna, “Por la paz, la democracia y el socialismo”, el movimiento estudiantil colombiano fraguado en la lucha antimperialista y de solidaridad con la reciente revolución cubana y en la anterior lucha sangrienta contra la dictadura anticomunista Rojas Pinillista, irrumpió a gritos y a marchas, solidarizándose con la revolución mundial que había estallado en París aquel memorable mayo de 1968. Tenían también otras razones quizás más profundas.
La guerra civil bipartidista entre conservadores (falangistas) y liberales y nueveabrileños iniciada desde el poder central aquel fatídico 9 de abril de 1948 había sido detenida parcialmente con el pacto de Sitges 1957 entre los dos jefes, el falangista Laureano y el panamericanista Lleras Camargo y, el Estado plebiscitario allí pactado que al año de haberse montado (1959) recibía la primera visita “secreta” del US Army general Yarborough, con el fin de convertirlo lenta y gradualmente en un Estado contrainsurgente, que comenzara la guerra de agresión contra las comunidades campesinas y populares calificadas como “enemigos internos”. Era la guerra fría del imperialismo una vez acabada la guerra caliente contra el comunismo o el socialismo.
Sin embargo y sin saberlo, los estudiantes marchantes habían iniciado la crítica de la realidad socio-económica y política que surgía, y que 70 años después de haber sido conceptualizada por el poder y sus ruiseñores como “conflicto interno colombiano”; por inercia y sin más esfuerzos analíticos o de abstracción así se siguió llamando, incluso dotado de pasaporte para viajar al exterior, donde fue muy bien aceptado y promovido.
Pero las palabras como las monedas se gastan de tanto usarlas. Esto es sabido desde la época de los arcaicos mercaderes fenicios. La guerra civil bipartidista que (también a más no poder) y para efectos de la impunidad de sus promotores se llamó con la simpleza vacía de “Violencia del medio siglo”,continuó transformándose y complicándose (complejizándose, dicen los violentólogos adictos) al ritmo de las rápidas y profundas transformaciones económico sociales y superestructurales que míster Capital, en su desarrollo autónomo realizaba, no solo en el campo colombiano sino en toda la sociedad para conformar, violentamente o mejor, por medio de la guerra, el mercado nacional integrado, vinculado al mercado universal y a la economía Mundial, descrito por los autores más destacados del pensamiento crítico Marxista actual.
La guerra capitalista entre colombianos, cuya cultura de matarse en montoneras unos con otros provenía de las nueve guerras civiles y miles de asonadas pueblerinas del siglo anterior con las que se desarrollaba el campo y la sociedad colombiana, según el concepto extraído de la ciencia básica biológica, había “mutado” y habría de seguir mutando indefinidamente empujada por la ley tendencial de la necesidad y el azar, hasta convertirse en lo que hoy conocemos con el concepto critico que he propuesto de Guerra Civil Mutante, esbozado en el siguiente artículo de opinión : https://rebelion.org/
La rígida y limitante dicotomía Paz/ Guerra, basada en la profunda cultura escolástica de los analistas adictos y violentólogos creados por el desarrollo de la división social e intelectual del trabajo, tan funcionales a mister Capital, al construir una jaula de hierro para contener la contradictoria realidad creciente y cambiante y, perseguir a los jóvenes cerebros críticos pensantes que trataban de interpretarla, acabaron por vaciar los conceptos.
La paz, como la antigua concepción de la salud que significaba ausencia de enfermedad, pasó a significar ausencia de guerra y la guerra, ausencia de la paz. ¿Fácil, no?
Cuando la otra moneda, la de la democracia, se hubo gastado de tanto usarla sin valor y fue reemplazada por la de “elecciones cada cuatro años” para elegir los representantes del pueblo o a los mejores como lo recomendaba el obispado, perdiendo su contenido profundo dado por los griegos antiguos, y convertida en otro ritual ceremonioso y superficial. Rápidamente fue asociada al construido simplismo intelectual de la paz, para ser tomados en bloque e implementados por los jefes naturales más avisados y astutos de las sectas políticas, quienes en medio de la crisis generada empezaban a brotar como champiñones después de las lluvias, convirtiéndolo en el relato en hegemónica dominante.
Cuando ganaron las elecciones presidenciales, resolver la desbordante realidad del llamado conflicto interno, solo era una elemental cuestión de eliminar uno de los términos de la dicotomía: Eliminar la guerra promoviendo la paz para salvar la democracia. Claro, sin ninguna transformación estructural de las causas profundas generadoras de tal guerra y mucho menos, sin reparar o sanar las enormes heridas y daños que esta ocasiona, no solo a las personas sino a la sociedad en general y a la verdadera democracia popular.
Así, con el aval de ONG, organismos internacionales, cada gobierno liberal o conservador o sus herederos empezaron a promover en cada una de sus administraciones cuatrienales procesos de paz, como una ceremonia o ritual abstracto, no para RESOLVER O SOLUCIONAR el conflicto como las comunidades y la sociedad lo clamaban o suplicaban, eliminando las causas estructurales que incluso siempre detallaron en sus solicitudes, sino para alcanzar (en abstracto) una paz cada vez más lejana, con una guerra verdadera cada vez más cercana, mediante acuerdos de paz simulados e hipócritas, que una vez firmados se convertían en papel higiénico mojado. En un maldito papel. Mientras el régimen con su estrategia contrainsurgente y mister Capital continuaban su curso ineludible caminando airosos como la flor de la canela. Y así, durante 70 años, hasta llegar al actual reformismo contrainsurgente de la promesa electoral hueca o vacía de la “paz total” que, con su frustración, desilusión y promesas incumplidas, ha venido a reforzar la perpetua estrategia contrainsurgente del régimen, y más reciente la del Uribato.
Reconocer la septuagenaria guerra civil mutante que se desarrolla en Colombia hasta el día de hoy implica un giro semántico de la ciencia política pleno de contenido ético que cuestione la superficialidad o el vaciamiento de los conceptos de democracia y de la paz, tal como han sido utilizados, para llenarlos de contenido real, reconociendo la existencia de esa guerra civil (histórica de largo alcance) mutante, persistente y antidemocrática, muy distinta al cuento superficial novelesco, fullero y novel(esco), de que esta guerra o conflicto se ha terminado y se está en un paradisíaco postconflicto.Cuando la realidad es que se está en una guerra civil actual y presente.
No basta con darles nombres de siglas a los grupos armados en guerra civil cambiante de todos contra todos, vinculados activamente a economías de guerra nacional e internacional y quienes ejercen un control territorial de facto. Y su solución implica, transformaciones materiales y de alta política: Reformas agrarias reales. Justicia redistributiva. Fin del paramilitarismo y desmonte de su entramado contrainsurgente legal. Reconstrucción democrática de lo público y del Estado desde abajo, desde los territorios. Dándole un contenido real y popular al concepto de democracia directa como la insinuó Marx en su famoso análisis del 18 de Brumario.
Solucionar la guerra también es desmantelar las condiciones estructurales y objetivas que la reproducen a lo largo de todo el territorio colombiano: exclusión y desigualdad, impunidad, racismo básico, violencia de clase, despojo ambiental, extractivismo, deforestación y Ecocidio. Y democracia genocida.
No se trata solo de cesar hostilidades militares o sociales, sino de construir una sociedad democrática participativa con otras reglas del juego, verdaderas, donde la vida digna sea posible.
En este sentido, «solucionar la guerra civil mutante en Colombia» exige reconocer y abordar las desigualdades orgánicas, la exclusión social y la falta de participación política que han sido su combustible. Se requiere una transformación integral y profunda que vaya más allá de los acuerdos de paz falsarios, que busque una justicia social y económica real para todos los colombianos.
En resumen, es momento de dejar de hablar únicamente de paz y comenzar a trabajar en la verdadera «solución de la guerra» en Colombia, que la democracia y el socialismo vendrán con ella.
“Todo el cielo está en completo caos, la situación es excelente”, diría el presidente Mao.
En una intervención por todos los medios de comunicación, el presidente Gustavo Petro ha hecho un anuncio trascendental al convocar la Consulta popular sobre un nuevo régimen laboral para recuperar y otorgar nuevos derechos a los trabajadores colombianos, afectados gravemente por el modelo neoliberal implantado en Colombia desde los años 90 por el ex presidente Cesar Gaviria y blindado a lo largo de 3 décadas con un sistema de gobierno violento que incorporó ejércitos paramilitares anticomunistas, ejecutores de una demencial campaña de asesinatos, masacres, despojo y desplazamiento de más de 10 millones de campesinos; escenario en que sobresalen el exterminio de la Unión Patriótica y la liquidación de miles de líderes sindicales, sociales y de los derechos humanos. Todo bajo el amparo de los gobiernos de Uribe Vélez, Pastrana, Santos e Ivan Duque que contaron siempre con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
La Consulta popular será citada mediante un decreto que se dará a conocer antes del 12 de junio en un acto público con la ciudadanía en Medellin o en Cali. Las votaciones de la misma podrán ocurrir a finales de julio o a mediados del mes de agosto.
Está previsto que la Corte Constitucional examine, una vez se haga la Consulta, la legalidad de la convocatoria para afianzar su pertinencia y legitimidad en la amplia jurisprudencia garantista, acumulada por tal institución desde su creación por la Asamblea Constituyente en 1991, con un desempeño ajustado a los principios del Estado social de derecho, con algunas excepciones por la infiltración de facciones de la ultraderecha y de las mafias jurídicas en su seno en años recientes provocando grandes escándalos y denuncias de corrientes democráticas radicales con fuerte incidencia en la esfera pública.
La audaz decisión del presidente Petro se da en una coyuntura compleja, de aguda confrontación de clases; en unas circunstancias en que, los adversarios de la ultraderecha fascista, promueven planes de asesinato y magnicidio del presidente, por ser hoy la persona más representativa del proceso de transformación profunda de la sociedad colombiana.
Las mafias fascistas están profundizando la confrontación, que se ha expresado en el bloqueo institucional, y que se propone saltar a la destrucción física del presidente Petro, involucrando segmentos militares y policiales degradados, presentes en eventos demenciales como el asesinato del presidente de Haití, las masacres de civiles pagadas por los Carteles mexicanos en Michoacán y en la guerra de Ucrania como mercenarios contratados por la Otan.
Así, el presidente ha dado un paso audaz que llevará la confrontación sociopolítica a nuevos niveles en el entendido de que solo la lucha permite conquistar los derechos de los trabajadores colombianos.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, con la compañía de otros voceros de la ultraderecha, han desatado una narrativa para insinuar golpes de estado y rupturas institucionales en la determinación del presidente, como lo hace el alcalde de Bogotá.
Lo cierto es que, como lo señala Montealegre: “Existen tres situaciones que viciaron el “procedimiento legislativo” (que hundió el tramite senatorial de la Consulta): (i) El hecho de que el presidente del Senado cerró abruptamente la votación, cuando una de las senadoras tenía la expectativa legítima de participar en la misma. Esta actuación le impidió a una parlamentaria -pro-consulta- ejercer el derecho a intervenir en la deliberación: se violaron los principios pro-democracia o pro-participación. (ii) El secretario general cambió el sentido de un voto por el sí, para volverlo no, cuando estaba cerrada la votación. La actuación del secretario fue un abierto desconocimiento del principio de preclusión que rige las etapas de un proceso legislativo. Violó la seguridad jurídica, valor con protección constitucional. Un acto arbitrario. Si bien el reglamento del Congreso permite sanear actos del trámite legislativo, él no era el competente para hacerlo. En este caso, el órgano era la plenaria. (iii) No se dio paso a la apelación que se hizo en forma inmediata ante estos vicios. Sin tramitar la impugnación, no se podía dar por finalizada la sesión. Quien debía decidir sobre la apelación, era la plenaria del Senado, no el presidente, quien, ni siquiera la tramitó” (Ver
Desde hoy, la victoria popular y progresista se dará en las calles en donde deberá construirse una nueva hegemonía en los Cabildos populares y las Asambleas comunitarias. La situación que atraviesa Colombia no admite vacilaciones, ni dudas, exige un cambio desde una política emancipadora radical; por lo que hay que redefinir al movimiento popular-indígena-campesino y afro como una fuerza social determinante.
Lo cierto es que la salida ya no está en la negociación paciente ni en los Acuerdos nacionales, con quien no lo quiere y lo sabotea con bloqueos de todo orden y en todas las instituciones, en una forma liberal democrática, en momentos en que la democracia colapsa y está cuestionada a nivel global por la emergencia de los populismos ultraderechistas que promueven el odio de clases.
Pero, al interior de la turbulencia política en auge por la convocatoria directa de la Consulta popular, desde la institución presidencial, lo que debemos asumir es que la lucha de clases va a implicar una lucha como crítica de la economía política, o sea la disputa por el reparto de los excedentes que producen millones de trabajadores de las ciudades y el campo.
Hay que plantear esta nueva lucha como una crítica a la economía política: no se pueden permitir el drenaje de descomunales partidas para subsidiar a los más ricos, a las vigencias futuras, a entregar millonarias partidas a las mafias de la corrupción (Regalias), a los poderosos dueños del transporte de carga, a las empresas de los servicios de luz y del gas. Hay que poner mano dura a esos privilegios y la demanda del presupuesto actual como lo ha exigido el presidente Petro va en la línea correcta.
Así, se pueden superar las brechas salariales, pensionales, en educación y en la salud; ejecutar una amplia política de vivienda que favorezca a los sectores más vulnerables; una reforma agraria con más inversión, tecnología, ampliación de mercados y de la frontera agrícola que beneficie a millones de campesinos. Solo por esta ruta, el campo popular dará rápidamente un nuevo impulso a las luchas sociales y aperturar el camino a un cambio político más profundo sobre la base de la unidad y la convergencia de los distintos sectores del bloque democrático popular.
Puede que luego de los dos días de paro nacional y la algarabía con la cual los sectores del viejo poder agitaron alegremente el lánguido resultado de las jornadas sucedidas este 28 y 29 de mayo, exista gran perplejidad por la forma en que los acontecimientos se han dado y mucho sinsabor al intentar hacer balances sobre la situación.
Pero sin embargo, estos son necesarios y se requieren para seguir avanzando en medio de la crisis del país y de la intensidad con la que se mueve la lucha de clases y se proyecta la praxis de las fuerzas sociales y políticas que actúan en ellas. Es ineludible la valoración respecto a los hechos reales de estos dos días -y sobre lo que todos y todas estábamos expectantes de que sucediera-, sin importar el sector político o el grado de indiferencia y compromiso con el cual individual y colectivamente asumimos la situación en proceso. Desde todos los lugares se esperaba que algo ocurriera y efectivamente ocurrió. Pero el desenlace debe remitir su análisis no sólo al punto de despegue de la coyuntura, sino al balance de la forma en que operaron las fuerzas que la desencadenaron, pues estas misma operaron como anclas de impulso, freno y redireccionamiento.
Lo que parece terrible, desde una perspectiva de izquierda proletaria, es que después de la actual coyuntura política los sectores conservadores puedan quedar en una posición más favorable, incluso llegando a posar de absolutos ganadores del pulso de clases.
Esto, pese a que la acción negacionista del bloque conservador de vehiculizar mínimos ajustes a su máquina de poder y explotación, los condujo a un callejón sin salida. Pero de ese callejón lograron parcialmente escapar al neutralizar, por un lado, la ofensiva de las fuerzas progresistas expresada en el intento de lograr a través de la Consulta Popular un marco de presión política frente a esta actitud anti reformista y sacar una posición de ventaja para la puja electoral del 2026. Por otro lado, el bloque conservador logró acaparar la bandera de la reforma laboral y la racionalidad institucional, frente al supuesto aventurerismo caudillista y populista del progresismo.
En ambos movimientos, desde las fuerzas del centro y la derecha, el conservadurismo libró una lucha articulada, calculada y consciente de lo que podría perder y ganar. En ello articuló cada uno de los mecanismos de poder que detenta: los partidos políticos con sus intelectuales orgánicos, los medios de comunicación, las instituciones de seguridad y sus modelos de seguridad ciudadana, el poder judicial de las cortes y el concurso de sus gremios económicos. Todos juntos en una sola voz asumieron la gestión de la crisis, a costa de irradiar su burdo pragmatismo como la forma de persuadir la conducta nacional. El “todos ponen, nadie pierde” conduce a olvidar que en la sociedad del capital siempre pierde el proletariado.
Por eso esa facción del bloque de poder no vaciló en ceder aspectos mínimos que iban en contra de intereses básicos de sus diferentes sectores, pero que aseguraban una mejor posición hegemónica para la gestión de la coyuntura e incluso para reacomodar sus beneficios, como lo evidencian varios aspectos de la reforma laboral de la 4ª Comisión.
Así, desarmaron el mecanismo de respuesta de las fuerzas progresista y abatieron, uno a uno, los diferentes esfuerzos de su reajuste. Primero negaron la reforma laboral, pero una vez se puso al frente la amenaza de la consulta popular y el riesgo de un nuevo estallido social, se enfilaron contra la consulta y revivieron la reforma laboral -aunque ahora aún más ajustada a sus intereses-, evidenciando la faceta instrumentalista del progresismo hacia lo electoral y colocando en crisis la estrategia de gestión política del gobierno. Al tiempo colocaron la eficiencia del proceso democrático, siempre rebajado a su antojo, como el proceso más racional para distensionar el conflicto social, en detrimento de la movilización popular.
El segundo aspecto a considerar se remite a la confirmación del quiebre crítico progresismo. Pues las fuerzas progresistas, por un lado, han sido sometidas al desgaste de los mecanismos institucionales entre uno y otro recurso; y por otro, al desmarcarse de los ejercicios sociales y populares que llamaron al paro y a la huelga nacional, mostraron su disciplina burocrática frente a las formas institucionales y con los pesos y contrapesos de sus poderes. No sin antes ir contra la movilización, higienizar sus conductas y lavarse las manos de los costes de una puesta en escena fallida que pudiera minar su vigencia como fuerza política, tratando de endosar dichos costes al movimiento popular. Para ello recurrieron nuevamente al reencuadre de su limitada estrategia de gestión institucional, pero con mayores grados de debilidad y con el sol a la espalda: como todo como un cuerpo senil sobre el cual “se regodean los buitres”. Estos en línea del escenario electoral del 2026 del cual con seguridad dictaminan el ocaso del poder presidencial del progresismo.
Entre reencauche de las fuerzas conservadoras y la profundización del quiebre de las fuerzas progresistas del régimen de poder colombiano, fue propicio la toma e iniciativa de los sectores proletario populares que, en contra de las fuerzas hegemónicas de izquierda y de derecha, debieron desentumir sus fibras musculares y despuntar esfuerzos en aras de ganar campo político en medio del péndulo del viejo poder.
Sin que esto implique los resultados más óptimos, es relevante que estos sectores sí admitieron el reto de mantener la bandera de la movilización, la crítica hacia el tipo de democracia tramposa y antipopular que reproduce las condiciones de hegemonía del bloque de poder, y la necesidad de apropiar y construir un margen programático. Pero estos potenciales esfuerzos deben reforzarse y enfocarse en gestionar su fuerza social, su capacidad de articulación y de interconexión con los amplios sectores populares y proletarios, en clave de responder a los retos venideros y al escenario del día D después del 7 de agosto del 2026.
Giovanny Bermúdez Mendoza, Centro de Pensamiento y Teoría Crítica Praxis
