Ecologistas en Acción celebra la decisión inapelable del Tribunal Supremo de inadmisión de los recursos interpuestos por la Junta de Castilla y León y la empresa privada Puerto de Navacerrada Estación de Esquí a la sentencia de enero de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obligaba al gobierno de Castilla y León al desmantelamiento de la estación de esquí de los montes públicos propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN).

Desde Ecologistas en Acción lamentan que por intereses políticos y económicos contrarios al interés general se esté demorando el desmantelamiento de la estación de esquí. La concesión a la estación de esquí de terrenos públicos propiedad de Parques Nacionales (que afecta al monte pinar de Valsaín donde se encuentran las pistas del Telégrafo, el Escaparate y el Bosque) caducó en 2021. Sin embargo, la Junta de Castilla y León se negó a tramitar el procedimiento como era su deber legal. Esto ha llevado a la apertura de la estación de esquí durante cinco años ocupando terrenos públicos sin pagar ningún canon por ello.

Desde Ecologistas en Acción recuerdan que la defensa del cierre de la estación de esquí del puerto de Navacerrada se debe además de a las razones legales, a razones climáticas y ambientales y recuerdan cómo en 1999 la Comunidad de Madrid marcó un camino basado en la sostenibilidad, con el desmantelamiento de la estación de esquí de Valcotos.

La crisis climática ha provocado desde los años 70 del siglo XX un ascenso de las temperaturas medias en el puerto de Navacerrada de casi dos grados, reduciéndose la nieve en un cuarto.

A su vez, la estación de esquí genera impactos negativos en el frágil entorno natural de las cumbres de las montañas (despilfarro económico y energético de la producción de nieve artificial, grandes aglomeraciones humanas asociadas a residuos, contaminación atmosférica por el tráfico, alteración de aguas en sus nacederos, compactación, erosión y contaminación de suelos, construcción de infraestructuras,…). Por ello y teniendo en cuenta que la estación de esquí del Puerto de Navacerrada supone una interrupción de la zona de protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el desmantelamiento de la estación supondría una notable mejora ambiental, además de paisajística.

El desmantelamiento de las pistas de esquí que ocupan el monte del pinar de Valsaín debería ir unido a la renuncia por parte de la empresa de la estación de esquí de la nueva concesión en los montes públicos de la Comunidad de Madrid otorgada en 2024 por 29 años, ampliando la superficie concedida a más de 54.000 m2 (cuando antes eran unos 8.800 m2) por un precio irrisorio (menos de 0,60 euros por m2). Ya que en estos terrenos situados en la ladera sur del puerto la escasez de nieve es contante, insistir en mantener pistas de esquí sería negar la realidad e intentar mantenerlo mediante caras y disparatadas soluciones técnicas (cañones de nieve, pistas cubiertas,…), lo que supondría un despilfarro de recursos que lo convierte no sólo en un problema ambiental sino económico.

Por todo ello desde Ecologistas en Acción esperan que la decisión del Tribunal Supremo acabé con la dañina politización partidista del desmantelamiento de la estación de esquí y sirva para actuar conscientemente ante la policrisis climática y ambiental que vivimos.

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• El Consejo de Transparencia ha resuelto este 11 de marzo el recurso que Ecologistas en Acción planteó contra el Ministerio de Cultura por no facilitar la documentación que requirieron sobre el proyecto de hotel de lujo en el Monasterio de El Paular, dándole un plazo de diez días al Ministerio para que hagan llegar un documento.
• El Ministerio de Cultura anunció en julio de 2025 que iba a proceder a realizar un proceso de concesión de servicios de la práctica totalidad del conjunto monumental de Santa María de El Paular con el objeto de poner en uso un hotel de lujo. Ecologistas en Acción denunció que no se había puesto a disposición pública toda la información del proceso y señaló la inadecuación de la gestión privada y explotación comercial de un Bien de Interés Cultural en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
• Ecologistas en Acción espera que el Ministerio de Cultura vuelva a abrir el trámite de información pública y en él publique toda la información, a la vez que lamenta que las administraciones actúen de manera antidemocrática e ilegal, ocultando información y obligando a la ciudadanía y a las organizaciones a malgastar tiempo y energías para intentar obtenerla.

En el BOE del pasado 29 de julio de 2025 se anunció el sometimiento al trámite de información pública del Anteproyecto para la rehabilitación, acondicionamiento y puesta en uso de las instalaciones hoteleras en el conjunto del Real Monasterio de Santa María de El Paular en régimen de contrato de concesión de servicios con ejecución de obras para la redacción de los proyectos básicos y de ejecución de un complejo hotelero y hostelero. La concesión de servicios abarca la práctica totalidad de la antigua cartuja, da lugar a la explotación comercial y privada de un Monumento de titularidad pública que ha sido hasta ahora objeto de grandes inversiones, una obra maestra del arte español —con su deslumbrante capilla del Sagrario, el retablo de finales del siglo XV en alabastro policromado, la serie de Carduchos— situado en el corazón del Parque Nacional de Guadarrama.

En la página web del Ministerio de Cultura no se hicieron disponibles documentos fundamentales para la comprensión del Anteproyecto—faltaba el Pliego de Concesión de Servicios con obras, el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Estudio de Viabilidad, y el índice de la documentación. La ausencia de esta documentación conllevó dificultades para identificar la dimensión de la concesión. Así mismo no resultaba posible consultar la Actualización del Plan Director de El Monasterio de El Paular, documentación que el Consejo de Transparencia estatal ha instado a que sea puesta a nuestra disposición.

El Paular inició su construcción en 1390 y apoyado por sucesivos monarcas llegó a ser una de las cartujas más poderosas de Europa. En 1836, mediante la Ley de Desamortización de Mendizábal, el Estado tomó posesión del conjunto, que incluía, entre otros bienes, el Pinar Cabeza de Hierro, y lo vendió por partes y a precios muy bajos. En 1876, visto el error que había supuesto la privatización, lo volvió a adquirir y lo declaró Monumento Histórico-Artístico Nacional.

A partir de entonces, la ex-Cartuja atrajo y alojó a intelectuales, como el ingeniero Casiano de Prado, el naturalista Mariano Graells, el historiador Ramón Menéndez Pidal o el escritor Pío Baroja, convirtiéndose El Paular y su contexto natural en centro principal del desarrollo de las nacientes disciplinas científicas vinculadas a las montañas españolas. Fue además Residencia de artistas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, bajo la dirección de Joaquín Sorolla, una institución clave para el arte de la época. El 18 de julio de 1936, el mismo día del golpe de estado, la Segunda República Española declaró El Paular centro de enseñanzas artísticas. Su realización fue imposible, ya que en 1940 Franco implantó nuevas funciones: la vuelta de una comunidad religiosa, ahora benedictina, y un nuevo uso, el turístico.

Tradicionalmente El Paular ha sido una gran explotación agroecológica. Dotada de los mejores recursos naturales del alto valle del Lozoya, la economía monástica alojó una de las mayores cabañas de ovejas de la Mesta, huertas y frutales, quesería, destilería, piscifactoría… Estas actividades, paralelas a las de la comunidad campesina local, modelaron el paisaje de forma armónica con sus condiciones naturales, dando lugar al bellísimo entorno actual. La pérdida de las funciones tradicionales amenaza la conservación del valle del Lozoya, que sufre una presión turística completamente desbocada.

La inclusión en el ámbito de máxima protección del Parque Nacional de la finca colindante al monasterio “El Término El Paular” así como del Monte Cabeza de Hierro, propiedades monásticas privatizadas durante el periodo desamortizador, hace aún más evidente que el Ministerio de Cultura tiene la obligación no sólo de conservar el conjunto monumental sino de garantizar la preservación del ámbito natural en el que está inmerso, siendo esta una oportunidad única para articular políticas agroecológicas, culturales y económicas concretas que lo permitan de forma real.

La preservación de los valores medioambientales únicos del alto valle pasará por retomar funciones propias de las economías sostenibles y usos diseñados para favorecer el empleo en el marco de una diversificación compatible. La explotación comercial de este BIC supone la entrega de éste una empresa privada y asocia su disfrute a la clase social, sin servicios a la población y ofreciendo empleos de poca cualificación. La dependencia del turismo hace al área vulnerable y dependiente, y tiene una gran afección a los recursos naturales que se pretenden proteger, de los más valiosos de la Comunidad de Madrid.

Resulta además fundamental impulsar del papel de la cultura pública o sin ánimo de lucro en el rural—incluyendo las residencias artísticas de las que el Ministerio se declara promotor—, absolutamente desaparecida en el ámbito madrileño, dirigiéndose todas las iniciativas a lo urbano y tratándose el campo como una zona de esparcimiento turístico y de segundas residencias, vivido de forma desconectada, de la que se desconoce su pasado cultural y en la que no se elabora pensamiento vivo. La desvinculación entre la población y la memoria y la identidad locales redunda en el riesgo cada vez mayor de perder definitivamente tanto el paisaje como los conocimientos a los que éste está ligado, a pesar de que la preservación cultural está obligada por la normativa.

Por otro lado, Ecologistas en Acción Sierras consideramos problemático que la rehabilitación arquitectónica de un BIC sea dirigida y quede ligada a los intereses de explotación de una empresa privada. La selección del proyecto de rehabilitación debe elegirse por la calidad técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y medioambientales como señala la normativa. El Anteproyecto da pie a actuaciones arquitectónicas de dudosa compatibilidad con la preservación del conjunto, como la ubicación de un parking en el Patio de la Cadena, la rehabilitación de la piscina y de las pistas de tenis en el patio histórico de Matalobos, y falta de criterios explícitos que permitan guiar la calidad arquitectónica de la intervención, además de suponer la privatización de hecho de una parte considerable de ese conjunto monumental que solo sería accesible a los clientes del hotel de lujo.

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Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid advierte sobre un proyecto irrespetuoso de viviendas colaborativas de lujo que se pretende levantar en la cumbre del Monte de La Serranilla, en Guadarrama, junto a los términos de Los Molinos y Collado Mediano, así como del enorme impacto ambiental y paisajístico que tendría y de la pretensión de levantarlo sin infraestructuras adecuadas ni alcantarillado.

Ecologistas en Acción informa que ha tenido conocimiento de este proyecto a través de la página https://residencialguadarrama.es/, en la que se publicita un “Luxury Cohousing” en bloques de tres pisos, más lo que parece ser una residencia para mayores, justo en la cumbre del Monte de La Serranilla, a 1.078 metros de altitud. Ese complejo tendría un impacto brutal sobre el paisaje, al ser una construcción en altura que se haría notar desde una amplísima cuenca visual, además de que implicaría la destrucción del denso bosque de miles de encinas (chaparras) que lo cubre.

Ecologistas en Acción explica que en el folleto propagandístico de ese proyecto se informa que el “cohousing” (vivienda colaborativa) tendría 36 viviendas (áticos y apartamentos), un restaurante, sala de té y cafetería, salones, una sala de cine, gimnasio, piscina climatizada, sauna y spa, pista de pádel, guardería para perros, lavandería, tienda, peluquería, capilla, consulta médica y enfermería, sala de rehabilitación, solárium, zonas de ocio, etc., a lo que, según aparece en los dibujos, estaría añadida también una residencia para mayores. Es decir que se trataría de un enorme complejo de edificaciones que se publicita para disfrutar del paisaje y de la tranquilidad de la Sierra, mientras se atenta contra ambos valores.

Ecologistas en Acción considera que, por interés general, debe prevalecer la calidad ambiental y paisajística de esa cumbre, por delante del uso lucrativo, e informa que esa zona está dentro de una Reserva de la Biosfera y en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, rodeada de zonas forestales de la Comunidad de Madrid y lindante con un Monte Preservado y cercana a un Hábitat Natural de Interés Comunitario. El Cerro de La Serranilla está calificado por la Comunidad de Madrid como un área de Alta Calidad de Paisaje y Alta Fragilidad del Paisaje.

Asimismo, en dicha cumbre y en todo el cerro, existe una destacada red de fortificaciones de la Guerra Civil, que han sido documentadas por especialistas de tanto renombre como Jacinto Arévalo y otros estudiosos del Grupo de Estudios del Frente de Madrid, y que están protegidas como Bienes de Interés Patrimonial, de acuerdo a lo que establece la Disposición Adicional Tercera de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

Ecologistas en Acción informa también que, de acuerdo al artículo 14 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, esa zona no puede considerarse suelo urbano, pues carece de alcantarillado, aceras y acceso rodado adecuado al tráfico que generaría ese complejo en una urbanización de calles muy estrechas y empinadas. Considera también que los niveles de protección del entorno no permiten que se construyeran en esa cumbre las enormes fosas sépticas que se necesitarían para albergar las aguas fecales y servidas que produciría ese gran complejo lo que, además de una fuente de olores, riesgos y posibles vertidos contaminantes, generaría un tráfico cotidiano de grandes camiones para extraer los fluidos de las fosas sépticas y llevarlos a una depuradora.

Ecologistas en Acción informa de que el ámbito en el que se pretende construir el complejo está dentro de una urbanización de los años setenta del siglo pasado, carente de viales adecuados, de aceras y de alcantarillado, y que las parcelas donde se quiere edificar están calificadas como suelo dotacional por la normativa urbanística vigente en Guadarrama (Normas Subsidiarias de 1985) por lo que no se pueden construir allí viviendas, aunque una reciente normativa de la Comunidad de Madrid (Resolución 940/2022, de 1 de marzo, de la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación, por la que se establecen los criterios que han de regir el régimen de autorización de viviendas colaborativas para la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia de personas mayores) permite, con determinadas condiciones, instalar ese tipo de viviendas “colaborativas” para mayores, sin que se puedan adquirir en propiedad, sino solo en usufructo o alquiler, con la condición de que “El número de personas residentes que hayan alcanzado la edad de jubilación deberá superar el cincuenta por ciento del total, y las que no reúnan esta condición deberán tener una edad igual o superior a cincuenta años. No obstante, podrán residir en el centro personas con una edad inferior a cincuenta años, siempre que convivan en la misma vivienda colaborativa con, al menos, una persona residente de edad igual o superior a cincuenta años, y siempre que se respete, en el cómputo global del centro, el porcentaje mencionado” (Apartado Segundo de la Resolución citada).

Por otro lado, en el folleto propagandístico de los promotores se plantea que se buscan personas que adquieran esas viviendas que podrían alquilar a aquellas que cumplan las condiciones, lo que indica que el grupo promotor pretende juntar recursos de “inversores” para poner en marcha esa iniciativa, bien por estrategia empresarial o bien porque carece de recursos propios para realizar la urbanización del ámbito
(Ver anexo).

Ecologistas en Acción hace un llamamiento a los grupos municipales del Ayuntamiento de Guadarrama, así como a los de Los Molinos y Collado Mediano, y a los vecinos y vecinas de estos municipios a que se opongan a este despropósito ambiental y paisajístico.

Anexo Cohousing La Serranilla

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