El año empezaba con el Gobierno sirio bombardeando los enclaves kurdos de Sheikh Maqsoud y Ashrafiyeh, en el norte de Alepo, la segunda ciudad en importancia tras la capital. Los combates, que habían comenzado el 6 de enero, provocaron el desplazamiento forzado de más de 200.000 personas.
Tras esa primera victoria ante los kurdos, el gobierno ha lanzado una rápida ofensiva al este del Éufrates que está poniendo contra las cuerdas a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) —alianza multiétnica compuesta primordialmente por kurdos, pero también por árabes, asirios, armenios, turcomanos y yazidíes— y poniendo en riesgo a la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), conocida como Rojava, donde viene existiendo desde 2014 una particular estructura de autogobierno y de democracia directa sobre las bases del confederalismo democrático, que además se había convertido en refugio para miles de yazidíes y otras minorías étnicas y religiosas que huían de las masacres perpetradas por el Estado Islámico (ISIS) en Irak y Siria.
El punto de partida de los últimos acontecimientos en el agitado avispero sirio se habría formalizado en París los días 5 y 6 de enero, en una reunión en la que Siria e Israel habrían acordado un mecanismo de comunicación conjunto bajo la supervisión de Estados Unidos, dentro de un plan más extenso de recomposición geoestratégica para la zona.
Esos mismos días habría estado también en París el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, poniendo en evidencia el interés de Turquía en acabar con el experimento en el noreste de Siria, en lo que Ankara considera la «amenaza kurda» de sus fronteras. De hecho, Turquía ya invadió el enclave sirio de Afrin en 2018, y suele lanzar con cierta asiduidad ataques con drones contra territorio de la Administración autónoma.
Y el 9 de enero, mientras todavía se producían combates en Alepo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunían en Damasco con el presidente de transición de Siria, Ahmed al Sharaa, en un primer viaje oficial de dirigentes de la UE al país desde la caída de Bashar al Assad, y anunciaban un paquete de ayudas de 620 millones de euros para la «recuperación y reconstrucción» durante los años 2026 y 2027. El encuentro suponía otro paso significativo en la normalización del régimen sirio, tras la recepción de Al Sharaa en la Casa Blanca el pasado noviembre.
De comandante de Al Qaeda a presidente reconocido internacionalmente
Ahmed al Sharaa —Abu Mohamed al-Golani es su nombre de guerra—, excomandante de Hayat Tahrir al Sham (HTS), la rama siria de Al Qaeda hasta 2016, era considerado terrorista por el gobierno de EE. UU. hace menos de un año, y contaba con una orden de búsqueda y captura valorada en 10 millones de dólares. Tras la caída de Al Assad, el Gobierno norteamericano se dio prisa en eliminar la amenaza oficialmente, levantar la mayoría de las sanciones económicas en junio y, poco después, eliminar a HTS de su lista de organizaciones terroristas. Al Sharaa había pasado en pocos meses de ser un peligroso terrorista islamista a convertirse, en el particular lenguaje de Trump, en «un joven atractivo, un tipo duro con un pasado turbulento, un luchador (…) que está haciendo un excelente trabajo».
Pronto, la mayoría de gobiernos occidentales seguirían los mismos pasos, levantando sanciones, eliminando a HTS de las listas de terroristas y validando internacionalmente el nuevo régimen sirio. Desde entonces, y pese a que sus actuaciones generan no pocas sombras en cuanto al respeto a las minorías y los derechos humanos —masacres contra la minoría alauita en la costa mediterránea o la drusa en la región de Sueida; todo ello dentro de una política de contribución a la «unidad social de Siria»—, Al Sharaa se desempeña como presidente interino de Siria reconocido internacionalmente.
Con el nuevo equilibrio de poder en Siria y un gobierno prooccidental en Damasco, los intereses estratégicos estadounidenses han cambiado radicalmente y Washington ha comenzado a dar la espalda a sus aliados tradicionales en la zona, sometiendo ahora a los kurdos a una enorme presión política, militar y económica para obligarlos a la integración en el Estado central. Así lo expresaba recientemente Tom Barrack, enviado de Trump a la zona, afirmando que el propósito original de las FDS, a las que Estados Unidos apoyaba hasta ahora como aliado local que luchaba contra el ISIS, había expirado y ya no tenía «interés a largo plazo en retener su presencia en Siria».
Con la ofensiva iniciada hace dos semanas, que solo puede entenderse con el respaldo de Estados Unidos al Gobierno sirio, las fuerzas de la AANES han iniciado una rápida retirada de las zonas que controlaban junto al Éufrates, y especialmente de las ciudades de Raqqa —capital del califato yihadista hasta que fuera liberada en 2014 por las FDS— y Deir ez-Zor.
Según fuentes kurdas, las tribus árabes en el terreno, con las que las FDS habían mantenido buenas relaciones hasta el momento, habrían desertado y se habrían unido al ejército y las milicias islamistas fieles a Al Sharaa. El hecho tendría que ver con la reunión en Turquía, a finales de año, entre una delegación gubernamental y líderes tribales árabes para convencerlos de cooperar frente a sus hasta ahora aliados kurdos.
Tras la caída de las ciudades del Éufrates, el rápido avance del gobierno —que estaría apoyando Turquía con efectivos militares— ha llegado hasta el territorio de Rojava, epicentro del confederalismo democrático kurdo, partiendo la AANES en dos y amenazando la propia existencia de la administración autónoma y su estructura de autogobierno y de democracia directa.
Una experiencia de democracia radical
En medio de las tensiones que asaltan Oriente Medio, en el Kurdistán sirio se ha ido estructurando en estos últimos años una de las experiencias político-sociales más radicales y novedosas de la escena internacional: desde que en 2011, y en el contexto de la Primavera Siria, los kurdos se hicieran con el control de un amplio territorio al noreste del país conocido como Rojava, han ido poniendo en práctica un sistema de organización basado en el confederalismo democrático, síntesis del comunalismo planteado por el pensador y activista ecologista Murray Bookchin, las reflexiones de Immanuel Wallerstein y el oportuno tamiz del fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan, que habría pasado de un marxismo-leninismo de sus inicios a postulados más cercanos a las propuestas libertarias —no confundir con la perversión del término llevada a cabo por Milei en los últimos tiempos—.
La AANES se basa en un modelo de autoadministración para las diferentes comunidades que la integran a través de una serie de comunas y consejos organizados en diferentes niveles, y en los que el feminismo, el anticapitalismo, la lucha por el medio ambiente y el respeto por el multiculturalismo serían fundamentales.
La base legal de esta nueva forma organizativa es el denominado Contrato Social, que entró en funciones en enero de 2014; un texto constitucional que destaca la diversidad étnica y religiosa como base para la reorganización política y social de los pueblos bajo una forma no estatal, con principios de democracia directa, equilibrio ecológico y respeto al derecho de la mujer. En términos económicos, establece que los edificios, tierras y recursos naturales son públicos y deben ser administrados socialmente, a la vez que se promueve el cooperativismo.
Finalmente, uno de los aspectos más destacados de este proceso social es lo que se ha dado en llamar la «Revolución de las Mujeres», que implica su participación paritaria en todas las comunas y asambleas donde se toman las decisiones, lo que incluye la formación de su propio ejército, las Unidades Femeninas de Protección (YPJ, por sus siglas en kurdo), fundamentales en la lucha contra el Estado Islámico y la defensa de la administración autónoma.
Con Kobane a punto de ser rodeada, la AANES y el Movimiento por la Libertad del Kurdistán han hecho un llamamiento internacional a acudir en su apoyo —kurdos de países fronterizos estarían intentando acudir a la llamada— y apuestan por una resistencia total, recordando la lucha desesperada contra el Estado Islámico en 2014 y 2015, cuando no solo los combatientes de las Unidades de Protección Popular (YPG) y las YPJ fueron quienes derrotaron al ISIS, sino también el amplio apoyo internacional y las decenas de brigadistas llegados de otras partes del mundo. Con ese objetivo, este mismo fin de semana se han sucedido numerosas muestras de apoyo en ciudades latinoamericanas y europeas, entre ellas españolas como Madrid, Barcelona o Zaragoza.
Por su parte, el Gobierno sirio anunció un primer alto el fuego el 20 de enero, con el que daba cuatro días a las fuerzas kurdas para integrarse en el Estado central. También afirmaba haber llegado a un principio de acuerdo de 14 puntos y podría haber liberado presos del Estado Islámico de cárceles como la de Shaddadi, hasta ahora controlada por las FDS. Otras, como la de Hawl, seguirían bajo supervisión estadounidense.
Tras el fin de esa primera tregua de cuatro días, Damasco ha anunciado una nueva prórroga de dos semanas para permitir que los estadounidenses trasladen el resto de prisioneros del Estado Islámico a Irak. Mientras tanto, el Ejército Nacional Sirio y las milicias aliadas continúan enviando refuerzos al frente, solo posponiendo una inevitable ofensiva.
Se avecinan semanas decisivas para la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria y la continuidad de su novedosa experiencia de coexistencia multiétnica y multirreligiosa. Si las FDS ya desempeñaron un papel fundamental en la derrota del Estado Islámico en 2015, ahora se ven obligadas nuevamente a luchar por su supervivencia.
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