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Consideran insuficiente la multa al Gobierno de Aragón por las obras ilegales en el río Osia

25 Febrero 2026 at 12:17
Por: Huesca

La rebaja de la sanción de más de 600.000 euros a solo 10.000 euros por unas obras ejecutadas sin autorización en el dominio público hidráulico lanza un mensaje preocupante sobre la protección efectiva de los ríos y el cumplimiento de la normativa ambiental.

Centro Ibérico de Restauración Fluvial – CIREF, Fundación Nueva Cultura del Agua FNCA, SEO/BirdLife, ANSAR, Fundación Conservación Quebrantahuesos y Ecologistas en Acción advierten además que la restauración real del cauce sigue pendiente.

Las citadas organizaciones consideran claramente insuficiente la multa impuesta al Gobierno de Aragón por las obras realizadas en el cauce del río Osia (Huesca), después de que el Tribunal Supremo haya reducido la sanción económica a 10.000 euros, manteniendo únicamente la obligación de restauración ambiental. A juicio de estas organizaciones, la cuantía no refleja ni la extensión de la intervención ni el valor ambiental del tramo afectado.

Las actuaciones ejecutadas en 2020 modificaron más de 700 metros del cauce del río Osia, superando el umbral que la normativa autonómica establece para exigir una evaluación de impacto ambiental obligatoria. Sin embargo, no consta que dicha evaluación se realizara, pese a tratarse de un tramo incluido en espacios protegidos y con presencia de hábitats de interés comunitario y especies sensibles.

No se trata de un hecho aislado. Existen precedentes de actuaciones similares en el mismo río vinculadas a la carretera A-2605, para las que en el pasado sí se exigieron trámites ambientales. Este contexto refuerza la preocupación por la reiteración de intervenciones en el cauce y por la ausencia de una visión acumulativa de sus impactos.

Una sanción insuficiente

La reducción de la multa se ha basado en la falta de una cuantificación precisa del daño ambiental, no en la inexistencia de afecciones. Para las organizaciones denunciantes, este hecho pone de manifiesto las carencias en la gestión administrativa del caso y lanza el preocupante mensaje de que intervenir de forma irregular en un río protegido puede salir barato.

El coste de la sanción resulta desproporcionadamente bajo si se compara con la envergadura de las obras ejecutadas, con la destrucción geomorfológica que supusieron y con el valor ecológico del espacio afectado. A ello se une el posible aumento de la peligrosidad en momentos de crecida, pudiéndose activar procesos que afecten de manera negativa a la propia carretera que se pretendía defender, tal como los grupos ecologistas y comunidad científica alertaron en su momento.

Incertidumbre sobre la restauración del río

Aunque la sentencia mantiene la obligación de ejecutar un proyecto técnico de restauración hidromorfológica, a día de hoy, no se conocen los detalles de dicha restauración, ni su alcance real, ni los criterios ambientales que se aplicarán. Tampoco se ha aclarado si el proyecto será sometido a evaluación ambiental, a pesar de intervenir en un cauce protegido.

Restauración con garantías

La restauración no puede limitarse a una solución meramente técnica o paisajística, sino que debe garantizar la recuperación funcional del río, su dinámica natural y la conservación de la biodiversidad asociada.

Finalmente, los grupos ecologistas y comunidad científica reclaman que las administraciones públicas sean ejemplares en el cumplimiento de la legislación ambiental. Si quienes deben velar por la protección de los ríos pueden actuar sin autorización y asumir después sanciones mínimas, se debilita la credibilidad del sistema de protección ambiental y se pone en riesgo el patrimonio natural común.

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Presentado el Congreso Pirenaico Canal Roya

13 Febrero 2026 at 15:00
Por: Huesca

Este 10 de febrero se ha presentado en Jaca el Congreso pirenaico sobre Canal Roya que se celebrará en esta localidad pirenaica del 17 al 19 de abril.

El objetivo del congreso, que cuenta con Ecologistas en Acción como una de las entidades promotoras, es servir como foro de debate y reflexión sobre la necesidad de la protección de Canal Roya y su entorno, ofreciendo instrumentos técnicos, científicos y políticos para su futura gestión de conservación. Este amplio espacio pirenaico, denominado Anayet-Partacua, integra valiosos parajes como los valles glaciares de Canal Roya y Canal de Izas. También extraordinarios humedales como los ibones de Anayet y picos bien conocidos por el mundo montañero como Punta Escarra, Anayet…

Un espacio que hace frontera con el Parque Nacional de los Pirineos de Francia, constituyendo un estratégico corredor de biodiversidad con una tremenda importancia como patrimonio natural y cultural sobre el que se ciernen diferentes amenazas debido a seguir, incomprensiblemente, sin ninguna figura de protección.

Destacados agentes sociales del territorio participarán junto a especialistas del mundo científico, deportivo, jurídico y ambiental, en siete mesas y ponencias que trabajarán distintos aspectos relacionados con la protección de la alta montaña, pero también sobre la despoblación y los retos para el desarrollo sostenible de los valles.

Siete mesas y ponencias que abordarán aspectos como la evolución histórica de la protección de Canal Roya y su entorno o sobre los desafíos para la conservación de la cultura y las formas de vida en la montaña. También analizarán los efectos socioeconómicos de una declaración de espacio natural protegido de esta área. El análisis de figuras para la protección de Canal Roya y su entorno y el valor de este gran espacio estratégico de biodiversidad ocuparán un papel importante en el congreso. El compromiso del mundo deportivo con la protección de la alta montaña y el efecto del cambio climático en los Pirineos cerrarán dos intensas jornadas de análisis y debate prologadas por la intervención del eminente geógrafo Eduardo Martínez de Pisón.

Como colofón el domingo habrá una visita guiada a Canal Roya de la mano de varios educadores ambientales expertos en la zona.

El Congreso está organizado por un comité técnico integrado por personas del sector científico, técnico, jurídico, ambiental y residentes en el Pirineo, contando además con toda una serie de organizaciones que lo promueven y una lista de entidades colaboradoras que se van uniendo para asegurar el éxito del mismo.

La presentación ha tenido lugar en la sede de la Comarca de La Jacetania, que será igualmente la sede del Congreso.

Toda esta información, con el programa completo, entidades colaboradoras y la relación de ponentes, se puede consultar ampliada en la web del congreso. En esta misma web irán apareciendo las ponencias y comunicaciones que vaya generando el congreso e igualmente se puede hacer desde este momento la inscripción.

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Exigen medidas para la conservación de los humedales aragoneses y denuncian la pasividad del Gobierno de Aragón

2 Febrero 2026 at 10:00
Por: Huesca

El 2 de febrero, se celebra el día internacional de los humedales. A pesar de la diversidad de estos espacios, siendo Aragón un buen ejemplo de ello y que son cruciales para detener la perdida de biodiversidad y contribuyen notablemente a la mitigación y adaptación al cambio climático, son considerados los ecosistemas más degradados del planeta. Su velocidad de pérdida es tres veces mayor que la de los bosques. Las zonas húmedas de agua dulce albergan el 10% de las especies animales del planeta, estando una cuarta parte de ellas en un alto riesgo de extinción según la UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza).

Ecologistas en Acción aprovecha esta conmemoración para alertar de la pasividad que el Gobierno de Aragón está demostrando a la hora de cumplir la normativa y aprobar o desarrollar los planes a los que está obligado y que son tremendamente necesarios para garantizar la conservación de nuestros humedales.

Aragón no cuenta todavía con su Plan Estratégico de Humedales, a pesar de que el Consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, anunció a los medios de comunicación, como gran actuación de su departamento, que estaría listo antes de finalizar 2025.

El Decreto 204/2010, por el que se crea el Inventario de Humedales Singulares de Aragón, establecía la necesidad de elaborar un Plan de Acción Plurianual, que se concebía como un documento marco para la planificación y gestión de los humedales aragoneses, contribuyendo, a falta de contar con el Plan Estratégico de Aragón, a la aplicación y desarrollo en nuestro territorio del Plan Estratégico Español. 15 años después todavía se le espera.

Aunque su situación no es diferente al resto de especies en riesgo, de las 12 especies ligadas a ambientes acuáticos que se encuentran catalogadas “en peligro de extinción” en la última revisión del catálogo de especies amenazadas de Aragón (Decreto 129/2022), sólo dos 2 de ellas (margaritona y cangrejo de río común) tienen aprobado su correspondiente plan de recuperación y ninguna de las consideradas como “vulnerables” cuenta con su plan de conservación, a los que se obligó el gobierno de Aragón al establecer su declaración.

22 años de la creación del Inventario Nacional de Zonas Húmedas, el Gobierno de Aragón no ha propuesto la inclusión de un solo humedal aragonés. Entre otros objetivos, este inventario es una herramienta normativa para que los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas indiquen las medidas de protección de los ecosistemas acuáticos. Esta carencia puede conllevar, por poner un ejemplo, a que en la planificación estatal de nuevos planes expansivos de regadíos se antepongan a las necesidades de conservación de algunos humedales de gran importancia como las saladas estepareas.

Desde 2011, Aragón no ha vuelto a solicitar la declaración de ningún espacio dentro del convenio Ramsar. Los 4 humedales aragoneses que cuentan en la actualidad con este reconocimiento internacional: Salada de Chiprana, Laguna de Gallocanta, Saladas de Bujaraloz-Sástago y Tremedales de Orihuela, se enfrentan a importantes amenazas relacionadas con la gestión del agua y el cambio climático sin apenas planes de gestión e inversión económica para paliar su situación.

Ecologistas en Acción va a desarrollar durante las próximas semanas varias iniciativas encaminadas a la conservación de los ecosistemas acuáticos aragoneses. Así va a proponer de nuevo la inclusión de los valles de Canal Roya e Izas como Reservas Hidrológicas fluviales al cumplir con los requisitos necesarios. También preguntará, una vez constituido el nuevo gobierno autonómico, por el destino de varias partidas presupuestarias de actuaciones anunciadas para 2025 en humedales aragoneses, algunas financiadas con fondos de programas europeos, que podrían no haberse ejecutado. Otra actuación prevista es solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que de cara a la pronta aprobación del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, incluya un listado de zonas húmedas susceptibles de recuperación en el que deberían incluirse desde su inicio espacios aragoneses como la alberca de Alboré, Laguna de Sariñena y el río Cinca, entre otros.

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Se reclama información del proyecto de carretera por el corazón de Guara a todas las administraciones implicadas

12 Enero 2026 at 09:31
Por: Huesca

Ecologistas en Acción solicita a todas las administraciones implicadas en el proyecto de carretera entre Bara y Las Bellostas, acceso a todos los nuevos expedientes que sean abiertos o, en su defecto, se incluya toda la información en el expediente administrativo inicial del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

La asociación ecologista es parte interesada en la tramitación del proyecto en su conjunto, habiéndose personado ante el Gobierno de Aragón desde el inicio de la exposición pública del proyecto en 2021. Con ello se espera tener acceso a cualquier cambio, trámite o información añadida relativa a este proyecto. Sin embargo, este no es el caso.

En el año 2021 se presentaron alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental, por lo que se obtuvo acceso al expediente del INAGA, siendo este el único al que se ha accedido desde entonces. A finales de 2022 fue publicada la Declara DIA favorable a la ejecución del proyecto, sin haber recibido respuesta a las alegaciones interpuestas.

El mismo año se tuvo que reclamar, tanto al INAGA cono a la Dirección General de Medio Natural y gestión Forestal, la notificación del trámite de audiencia del borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), habiéndose tenido conocimiento del mismo, de manera indirecta. Se solicitó la paralización del procedimiento administrativo y posteriormente se pudieron incorporar otras alegaciones en este trámite.

A principios de 2025 se ha solicitado acceso al expediente de Revisión de Oficio de la DIA al Consejero de Medio Ambiente y Turismo Gobierno de Aragón, así como la notificación de las actuaciones que se produzcan. Este departamento alega no disponer de dicha información, comunicando que “el expediente de revisión se podrá iniciar, en su caso, cuando se reciba en esta Secretaría General Técnica el expediente original y el informe por parte del INAGA, al que se requirió en marzo de 2025”. Resulta llamativo que, entre despachos de la misma entidad pública, el Gobierno de Aragón, sea tan complicado que se transfiera información. Por ello se ha insistido en el acceso a este expediente.

También en 2025, se constata la entrada de nuevos actores en el desarrollo de este proyecto. Por un lado, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), a quien el Gobierno de Aragón ha solicitado informes y autorización para la construcción de un puente carretero sobre el río Alcanadre. Se trataría de una infraestructura diferente a la que aparece en el proyecto inicial, por lo que, Ecologistas en Acción, debería haber sido informado. No ha sido el caso, por lo que se ha tenido que solicitar acceso al expediente a la CHE.

Por su parte, la Diputación Provincial de Huesca ha firmado un protocolo general de actuaciones (y posterior adenda al mismo en noviembre de 2025) con el Gobierno de Aragón, para el impulso del eje norte de comunicación entre los núcleos de Bara y Las Bellostas. Nuevamente una administración que debería incluir a Ecologistas en Acción en el trámite de sus expediente, y que sin embargo no ha existido ninguna comunicación. Nuevamente, la asociación se dirige a la administración, para recabar información.

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Asociaciones ecologistas y vecinales presentan alegaciones contra el PIGA de Microsoft en Aragón

8 Enero 2026 at 12:00
Por: Huesca

Las organizaciones sociales  Ecologistas en Acción, Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR), No es sequía es saqueo, Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), Asociación Vecinal Montes de Torrero-Venecia, Tu Nube Seca Mi Río, la Plataforma en Defensa Estepa Huerva y Sermo, la Asociación Ciudadana de Muel y el Juncar es Vida (Plataforma en defensa de la Ribera Alta del Ebro), entre otras, han presentado alegaciones a la tramitación ambiental y al Plan de Interés General de Aragón de la “Región Microsoft”, que supone tres nuevos megacentros de datos en Zaragoza (Puerto Venecia), La Muela (Polígono Centrovía) y Villamayor de Gállego.

Estas alegaciones cuentan con el apoyo de otras asociaciones como la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ), la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, la Plataforma en Defensa del Territorio de las Cinco Villas, el Colectivo Educativo Bajar de la Nube, la Alianza por la Emergencia Climática de Aragón, Ingenieros Sin Fronteras o la Plataforma por la Sostenibilidad de Los Monegros.

En un momento de gran resistencia vecinal a los centros de datos en todo el mundo1 debido a su gran impacto en los precios de la electricidad y la seguridad energética, su ingente consumo de agua, sus afecciones al medio ambiente y la salud humana, su contribución al calentamiento global y su nulo aporte a la economía local, el Gobierno de Aragón despliega una política de alfombra roja para ellos. Ahora, la sociedad civil aragonesa se ha unido para poner fin a esta política insensata. Estas alegaciones, las más numerosas y variadas que se han presentado hasta la fecha junto a las de AWS, pretenden poner sobre la mesa las graves consecuencias de estos proyectos, que hipotecarán nuestros recursos durante las próximas décadas para dedicarlos a un sector con uno de los ratios entre energía y empleo más bajos, con el consecuente empobrecimiento de Aragón.

La novedad de este proyecto es su altísimo consumo eléctrico: una potencia concedida de 1.846 MW y un consumo anunciado de 10.709 Gwh y potencial de 16.170 Gwh, lo que lo convertirá en el segundo mayor consumidor de energía de la comunidad superado escasamente por AWS, a pesar de contar con 4 centros de datos menos. Este consumo desproporcionado se debe a la elección de un sistema de refrigeración por doble circuito cerrado, que persigue consumir menos agua pero, a cambio, consume muchísima más electricidad y toneladas de gases fluorados de refrigeración, nocivos para el medio ambiente y la salud.

Esto tiene como consecuencias el acaparamiento del acceso y conexión a una red eléctrica ya saturada, el aumento de la factura de la luz, mayor necesidad de inversiones públicas en la red de transporte y, sobre todo, mayor implantación de renovables en Aragón, con graves afecciones que no se tienen en cuenta en el PIGA. Sí se estudian las afecciones en el terreno que ocupan los centros de datos, que es 12 veces menor1 al que ocuparán las renovables que lo alimenten, algo que escapa a toda lógica.

Además, no hay un estudio agregado con el resto de centros de datos, algo que sí ha realizado la Universidad de Zaragoza (Torrubia et al., 20252). Según este estudio, la instalación de 8.000 MW de centros de datos (el Gobierno de Aragón ya ha aprobado 7.000 MW) incrementará la demanda de electricidad de la Comunidad Autónoma entre 5 y 15 veces. Esto requerirá que hasta el 37% de la superficie agrícola sea ocupada por parques renovables, con el grave impacto asociado para la población local y el medio ambiente. Sin embargo, uno de los requisitos de los PIGAs, regulados por el artículo 6 del decreto-ley 1/2008, es “conseguir la cohesión en el desarrollo uniforme de la Comunidad Autónoma de Aragón”, algo que, como podemos ver, incumple claramente.

n cuanto al centro de datos de Zaragoza, éste pretende ubicarse en el peor lugar posible: el Barranco de la Muerte, con desvío de pluviales al río Huerva y junto a los Pinares de Venecia, con la tala de unos 1.000 árboles (ya que el promotor ha decidido incumplir la recomendación del Documento Inicial Estratégico que evitaba talar 500 árboles) y que, posiblemente, implique la desaparición de la vida avícola por el nivel de ruido que genera y también de parte importante del pinar, el pulmón de Zaragoza, por la generación enorme y persistente de calor.

A pesar de todo esto, el Gobierno de Aragón ha decidido declarar este proyecto como PIGA, lo que le exonera de impuestos y trámites, además de conllevar un desarrollo urbanístico a la carta y la declaración de utilidad pública para facilitar la expropiación de terrenos a ciudadanos particulares. Veamos los supuestos beneficios que le han llevado a ello.

Según Microsoft, se crearán 300 empleos por centro, lo que no justifica el interés general, ya que todo Aragón, consumiendo menos energía, crea 620.000 empleos. Pero es que además este dato está sobreestimado a la vista del empleo generado por los centros de datos de AWS, que ahora planea alcanzar un total de 60 trabajadores por centro, como aparece una resolución del INAGA (número de Expediente: INAGA 500301/02/2024/1820).

Aún así, lo más grave es que las inversiones de Microsoft en su nube española tienen mayor impacto en otras 7 comunidades autónomas sin necesidad de que alberguen ningún centro de datos suyo, según un informe patrocinado por el propio Microsoft (“Evolución del Ecosistema Cloud de Microsoft en España 2024-2030”, IDC). Este informe, que se usa en la memoria justificativa del PIGA, muestra cómo en otras 7 comunidades se genera más empleo y hay mayor recaudación fiscal y crecimiento del PIB que en Aragón. Así, se ve claramente cómo la implantación de centros de datos no genera un “hub tecnológico” ni empleo allí donde se implantan, sino en los polos tecnológicos.

Este impulso institucional de un sector de empresas mayoritariamente extranjeras que acaparan todos los recursos de Aragón sin aportar nada a cambio puede tener una explicación: favorecer los intereses de estas empresas y de las grandes eléctricas, incluida Forestalia que, debido a la nefasta planificación del Gobierno de Aragón, se han lanzado a instalar parques renovables por doquier pero no se ha producido la transición energética en industrias, comercios y viviendas para electrificar la economía. Esto ha hecho que el precio de la electricidad caiga, reduciendo la rentabilidad de estas empresas, que ahora buscan una salida con la implantación de industrias electrointensivas como los centros de datos. Lo triste es que esta transición, tras el despliegue masivo de megacentros de datos, nunca se podrá realizar. Tan nefasta es la planificación, que sólo Microsoft (o AWS) consumirá toda la energía que el proyecto de Plan Energético de Aragón “planifica” para centros de datos en 2030.

El Gobierno de Aragón ha aprobado este proyecto con alevosía y Navidad. Pero no es el único. Las prisas por favorecer a estas empresas antes de acabar la legislatura les han llevado a aprobar 4 proyectos en un mes. Junto a este de Microsoft, ACS, SAMCA y Forestalia (cerca de 3.500 MW). Una cantidad tan ingente de información y trámites que imposibilita el control social sobre estos proyectos ya que, además de hacerlo en plenas Navidades, el Gobierno de Aragón ha reducido los plazos a la mitad. Solamente este de Microsoft1 contiene 9GB de documentación, a lo largo de 169 PDFs.

Por suerte, estamos viendo cómo en otras regiones del mundo, la presión popular está logrando paralizar proyectos de centros de datos y establecer moratorias, la última, en el condado de Starke (Indiana)2 el pasado 5 de diciembre. En Aragón, no queremos ser los tontos del mundo.

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