A veces lo necesario es celebrar las historias que no ponen en el centro la condición de la protagonista: la clave de la trama no es ser gorda, o racializada, o queer, o disca, sino otra cosa. Pero, en otras ocasiones, es necesario todo lo contrario: decir, decir, decir con toda claridad y hasta el menor detalle lo que ocurre en una vida marcada por una de esas palabras, porque sigue lejos de ser sencilla. Y porque hay historias que no podemos permitirnos no saber.

«Puede ser fácil refugiarnos en el silencio cuando oímos la verdad de alguien y nos golpea en una parte profunda de nuestra humanidad, de nuestras propias vergüenzas ocultas», dice Sonya Renee Taylor en una de las muchas citas que salpican Manual para romper un cuerpo. Una historia sobre gordofobia (Aguilar, 2025).

Lo que hace Lara Gil –conocida por ser una de las creadoras del pódcast Nadie hablará de nosotras– en este libro es desafiar ese silencio poniendo sobre la mesa su propia historia. La historia de una mujer que a los 19 años decidió someterse a una cirugía bariátrica –una mutilación, en sus propias palabras– para dejar de engordar, y que desde entonces ha ido descubriendo las consecuencias que nadie le contó que esta operación tendría para su salud. Son muchas, y son duras. Vómitos, intolerancias, caída de pelo, deshidratación, desnutrición, pérdida de dientes… La lista es larga y culmina con una ironía: volver a engordar. 

Pero, sobre todo, este Manual es la historia de una sociedad que permite y alienta que esto ocurra. «Financiamos con dinero público la realización de miles de operaciones en las que se nos amputa una parte de nuestros órganos y nos parece bien porque le tenemos más miedo a engordar que a estar enfermas». En España se realizan al año 6.000 intervenciones de este tipo.

Pero, sobre todo, eso no es más que un extremo particularmente grave de un continuo de imaginarios y prácticas presentes de manera cotidiana en una cultura obsesionada con la forma de los cuerpos, desde las dietas hasta el Ozempic. «¿El estómago es un obstáculo en el objetivo de adelgazar? ¡Si el estómago es un problema, pues quitamos el estómago!». Podría parecer una broma, pero que tire la primera piedra quien no sienta dentro el eco de un pensamiento así. 

Con una escritura ágil e inteligente, llena de golpes de verdad, y desde la perspectiva transformadora del activismo gordo, Lara Gil explora el vector colectivo de una vivencia íntima: los componentes de clase, de barrio, de género, lo ineludiblemente político de la historia que atraviesa un cuerpo. Y los ofrece como la puerta abierta a compartir un deseo: el de abrir una conversación. Porque lo que hay que cambiar no son los cuerpos, sino el modo en que pensamos sobre ellos. Es decir: sobre nosotras mismas.  

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La Ley de Descolonización del Sáhara Occidental se publicó en el BOE el 20 de noviembre de 1975. Sí, exactamente: el día de la muerte de Franco. Apenas dos días antes, el asunto se había dejado bien atado en las Cortes, en una votación en la que 100 diputados estaban ausentes. La ley en cuestión estaba firmada por Juan Carlos de Borbón –el mismo que unos meses antes había asegurado que «no abandonaría» al pueblo saharaui– y constaba de un solo artículo.

Casi un siglo de colonización española se pretendía resolver así: sin un detalle, sin una garantía. «Salvaguardando» –eso sí– «los intereses españoles». Para entonces, habían pasado ya más de dos semanas de la Marcha Verde, y la ocupación marroquí avanzaba, haciendo real de facto una nueva situación que tenía muy poco que ver con una descolonización.

La presencia española en el Sáhara comenzó en 1884 con tres casetas en la Bahía de Cintra (frente a Canarias, algo al sur de lo que hoy es Dajla). La zona estaba habitada por población saharaui nómada, cuyo vínculo con el territorio no se construía a través de la demarcación ni de la propiedad, así que en un primer momento no hubo apenas conflictos.

Las tribus se relacionaban con esta nueva presencia como lo habían hecho hasta entonces con otros poderes de la zona, incluido el sultán de Marruecos: acuerdos comerciales que no implicaban otro tipo de sometimiento. Pero España estaba jugando al birlibirloque en otra parte. Algo después llegó la Conferencia de Berlín, donde Europa se repartió a escuadra y cartabón el continente africano, y en ese trazado de líneas la zona pasó a llamarse Sáhara Español. Y lo cierto es que, durante algunas décadas, no pasó mucho más.

La riqueza del Sáhara

La cosa empezó a cambiar en 1949, cuando se descubrió en su subsuelo una riqueza importante: los fosfatos (empleados sobre todo en fertilizantes químicos). Fue entonces cuando empezó a articularse una industria –cuyo centro era la empresa minera Fos Bucraa, con su cinta transportadora como una cicatriz de 100 kilómetros–, que llevó a su vez a la construcción de ciudades como El Aaiún o Villa Cisneros. El momento coincidió, además, con una época de fuertes sequías, que dificultaban notablemente la vida para la población nómada.

Esto facilitó que los y las saharauis accediesen a sedentarizarse en esas ciudades de reciente creación y a trabajar como mano de obra. Así, las décadas de 1950 y 1960, en las que buena parte de las naciones africanas se independizaban, fueron precisamente el momento en que la colonización española en el Sáhara Occidental se intensificó, en un anacronismo que se viene arrastrando hasta nuestros días.

Para poder mantener esa presencia en un momento en que el clima político, la ONU y el sentido común ya llamaban a otra cosa, el franquismo colonial se valió de subterfugios. El más notable fue el de convertir al territorio en la provincia número 53 de España. Desde 1958, el Sáhara fue, a todos los efectos legales y administrativos, igual que Asturias, Murcia o Albacete. Sus habitantes tenían DNI, iban a la escuela española y salían en el No-Do. Ese era el estado de cosas cuando en 1975 se publicó en el BOE aquella ley de un solo artículo. 

A día de hoy, otra ley, la de Memoria Democrática –aprobada en 2022 por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos– no recoge ni una sola mención a la colonización de España en este ni en ningún otro territorio. A menudo se piensa que hacerlo sería una cuestión simbólica, una reparación en términos conceptuales. Pero no es así, y el caso del Sáhara es flagrantemente claro en ese sentido. Más allá de que sea justo y necesario el mero reconocimiento de la violencia y expolio inherentes a la colonización, en esta historia hay además hechos muy concretos, e innegablemente análogos a los que sí que reconocemos con claridad en otras búsquedas de verdad, justicia y reparación.

Porque para cuando llegó 1975 sí que habían pasado algunas otras cosas. Desde el final de la década de 1960 comenzó a organizarse en la sociedad saharaui un movimiento nacionalista. Aunque su existencia se permitió hasta cierto punto, hubo también momentos de enfrentamiento, como los llamados sucesos de Zemla, en 1971, en los que desapareció Sidi Brahim Mohamed Basir, Basiri, presuntamente a manos de la policía de la administración colonial. Su paradero nunca se ha resuelto.

Con el DNI en el bolsillo

Es solo un ejemplo. Hay decenas más que permanecen anónimos y enterrados bajo la arena: quienes desaparecieron durante las semanas posteriores a la Marcha Verde. Cuando se encuentran sus restos en fosas comunes, a menudo aparece en sus bolsillos un DNI español, una tarjeta de trabajador de Fos Bucraa, una cartilla de la Seguridad Social.

Y no son solo los muertos. También están las personas vivas que sufren a día de hoy las secuelas de los ataques con armas químicas durante su camino hacia el éxodo. Uno de los bombardeos más conocidos fue el de Um Draiga, en febrero de 1976, en el que se utilizó napalm y fósforo blanco sobre población civil. El número de muertos se cifra entre 2.000 y 3.000 solo en aquellos días. Por este y otros casos, en 2015 la Audiencia Nacional española admitió a trámite una querella para procesar a 11 altos cargos marroquíes bajo la acusación de genocidio. El procedimiento sigue sin resolverse.

Quienes sí llegaron a su destino, los campamentos de refugiados de Tinduf, no han vuelto a salir de ellos. En la inmensa precariedad de un lugar inhóspito, sobreviven con secuelas y traumas. También los de la guerra, que duró más de una década. En otras partes, a quienes participaron en conflictos bélicos y conviven con sus consecuencias se les atiende de manera específica, entendiendo la muy probable afectación de su salud mental tras esta experiencia: en el Sáhara Occidental, estamos hablando de prácticamente el total de la población masculina mayor de 60 años.

Todo esto ocurrió bajo una disposición legal muy clara: mientras no se realice la descolonización en los términos mandatados por la ONU desde 1970 –a saber, un referéndum de autodeterminación–, España sigue siendo la potencia administradora del territorio. La responsable, por tanto, de las vulneraciones de derechos humanos que ocurran en él.

Aquel párrafo sin detalles ni garantías publicado en el BOE el 20 de noviembre de 1975 queda como apenas una nota al pie en una jornada que se celebra en el recuerdo como el paso de España a una nueva época. Ya sabemos que los pactos que apuntalaron la llamada «transición a la democracia» tuvieron mucho de concesión y mucho de silencio: lo ocurrido en el Sáhara es uno de los ejemplos más evidentes de lo que este país permitió en nombre de su tranquilidad. Un canario en la mina de lo mal hecho cuyo silencio hace medio siglo que nos viene avisando de algo, por más que nos empeñemos en no escuchar.  

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Cuando se habla del Sáhara Occidental, en la conversación siempre acaba saliendo la idea de la “legalidad internacional”. Pero ¿qué significa eso? Hablamos con la abogada Inés Miranda, que forma parte de la Comisión de Derechos Consejo General de la Abogacía Española y preside la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), para aclarar cuáles son las claves de esa realidad que ampara las reivindicaciones saharauis.

1.- El Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización

“Naciones Unidas tiene reconocido al territorio saharaui como un TNA, como un territorio no autónomo en proceso de descolonización. Esto significa que la potencia colonial no ha concluido su tarea de descolonizar y de acompañar al territorio en su proceso de independencia. Lo que tenía que haber hecho España antes de abandonar el territorio, de acuerdo con los acuerdos adoptados hasta el año 1975 y siguiendo las reiteradas resoluciones de Naciones Unidas, era concluir ese proceso escuchando la voluntad del pueblo saharaui en un referéndum”.

2.- España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental… y no cumple con sus obligaciones

“Esto implica que sigue siendo la responsable de lo que acontece en el territorio. Así lo determinan los artículos 74 y 75 de la Carta de Naciones Unidas. Además del referéndum, establecen otra vía para que un territorio pase de una potencia administradora a otra, que es que haya sido aceptada por unanimidad por la Asamblea de Naciones Unidas. Esto, hasta el día de hoy, jamás ha pasado.

Decir que España hace dejación de sus derechos es hacer una concesión. España incumple sus obligaciones como potencia administradora. Hay responsabilidad y culpabilidad por parte del Gobierno de España del momento y de los sucesivos gobiernos que ha tenido el Reino de España, que jamás han considerado esta esta cuestión como un asunto de Estado.

Jamás se han puesto a trabajar como lo hizo Portugal con Timor, que es un ejemplo clarito porque además tenía una potencia bastante cruel ocupando el territorio, pero se consiguió, y en el año 1999 pudieron votar.

Y aún más: este es uno de los pocos casos en los que la potencia administradora dota militarmente a la potencia ocupante para que aniquile a la población sobre la que tiene una obligación. España regala y malvende armamento a Marruecos, y Marruecos lo utiliza contra el pueblo saharaui”.

3.- La legalidad internacional no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio

“Por un lado, el Sáhara Occidental está reconocido como territorio pendiente de descolonización desde 1963; y la resolución 34/37 de la Asamblea General de la ONU establece desde el año 1979 la legitimidad del Frente Polisario como su representante. Además en el año 1975 Marruecos decidió buscar otra solución y preguntó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (la misma que ahora se está pronunciando sobre Israel) cuál era la condición del Sáhara Occidental. La respuesta fue, primero, que no es una terra nulius, sino que antes de la colonización había una población existente que venía ejerciendo su soberanía y sus competencias desde tiempo atrás, que era el pueblo saharaui. Y, segundo, que no hay ninguna relación entre el pueblo saharaui y Marruecos”.

4.- Los Acuerdos de Madrid son ilegales

“En primer lugar, porque no se puede mercadear con la soberanía de un territorio. En aquel momento había negociaciones en Naciones Unidas para que se celebrase el referéndum, el rey emérito español fue a decirles que se iba a derramar hasta la última gota de sangre para defender al pueblo saharaui y al territorio… y, al final, dos días después, se firmó este abandono. Por otro lado, estos acuerdos jamás fueron publicados, son secretos. Un acuerdo no publicado, ¿a quién vincula? A quien lo firma y punto”.

5.- Marruecos ocupa el territorio del Sáhara Occidental con la complicidad de España

“España se confabuló con la potencia que quería apropiarse del Sáhara Occidental, que es Marruecos. El proceso de abandono del Sáhara no fue pacífico por parte de España: no hacer también es violencia. España, además de jugar con la frontera adelante y atrás para delimitar la entrada de la Marcha Verde, que como sabemos fue una marcha militarizada, también procuró, en la medida en que le fue posible, que la población saharaui no saliera. Impedir que la población salga para salvar su vida también es una manera de colaborar en el genocidio”.

6.- La situación en el Sáhara supone una violación del Tratado de Buena Vecindad de Marruecos con la UE

“El Tratado de Buena Vecindad que tiene la Unión Europea con Marruecos, en su artículo 2, dice claramente que si se vulneran los derechos humanos de una de las partes, el convenio será denunciado. Hemos insistido a España para que denuncie el convenio porque Marruecos viola ese artículo en tanto mantiene una guerra de ocupación con el Sáhara Occidental”.

7.- La UE no puede firmar acuerdos comerciales con Marruecos que impliquen recursos saharauis

“La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los acuerdos de pesca y las convenciones que la Unión Europea pueda firmar con Marruecos dice que el Sáhara Occidental no entra en el ámbito de las competencias de Marruecos, y que por tanto no puede firmar acuerdos sobre ese territorio. Asienta que no basta con que los recursos expoliados puedan repercutir en la población saharaui, sino que lo importante es el consentimiento expresado por el pueblo saharaui. Me empeño en hacer esta distinción entre pueblo y población, porque por población podemos entender a todo el que ocupa el territorio. Lo que cuenta tiene que ser el consentimiento del pueblo saharaui expresado por su legítimo representante, que es el Frente Polisario. Aunque también hay sombras en la sentencia: hay algo que es insólito en derecho, que es que establece una especie de vacatio legis, un plazo para que se pueda ejecutar. Es como decir: ‘Esto es un delito, pero lo puedes estar cometiendo durante un año’. Esto se hace ‘para evitar perjuicios económicos’, con lo que parece que da exactamente igual los derechos del pueblo saharaui, que es lo que se estaba vulnerando. Si mañana el pueblo saharaui accede a la independencia, podrá reclamar por todo el lucro cesante, y se lo tendrá que reclamar a España y ahora también a la Unión Europea.

Otra cuestión es que es una sentencia territorial, es decir, sólo vincula a las partes afectadas por el procedimiento: la Unión Europea y Marruecos. Pero Marruecos sigue violando el derecho internacional, pacta con Rusia, pacta con China y sigue expoliando los recursos naturales del Sáhara Occidental. Eso lo hemos visto nosotros en nuestras múltiples asistencias al territorio hasta que, directamente, se nos ha impedido la entrada. Hemos constatado la presencia, por ejemplo, de barcos nodriza chinos y rusos que vienen, entre otros, desde el puerto de Las Palmas. Y esto se une al importante puerto que se está construyendo en Dajla con fondos españoles y europeos. Es un expolio y hay empresas españolas que están trabajando ahí”.

8.- Dos autos de la Audiencia Nacional reconocen estos mismos puntos

“En 2015 planteamos una querella por genocidio [contra 11 altos cargos militares marroquíes], que se admitió y se empezó a tramitar. Hay testimonios de desaparecidos que prestaron su declaración, se exigieron comisiones rogatorias, y el propio auto [del juez Ruz] reconoce que se está en un proceso de descolonización que no ha concluido. Pero era importante tomar declaración a los presuntos culpables querellados, y ahí tocábamos siempre con la negación de Marruecos de colaborar y la inacción por parte de la Administración española. Nos topábamos con la falta de voluntad política de que esto se tramitara. Llegamos a solicitar órdenes de detención contra algunos de los querellados que estuvieron en España, reunidos con ministros gobernando el Partido Socialista, pero no se les detuvo, habiendo una euroorden de detención y pudiendo haberlos detenido. Por otro lado tenemos, producto del violento desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, otro auto, de julio del 2014, del entonces juez Grande-Marlaska, que fue mucho más allá: habla de que España es la responsable de lo que acontece en el territorio hasta que concluya la descolonización. Y es el mismo juez que ahora mismo se ha posicionado en la postura en la que está el presidente del Gobierno de España”.

9.- Marruecos condena a saharauis en juicios para los que no es competente

“Marruecos celebra juicios para los que no es competente. La ocupación no exime de obligaciones a la fuerza ocupante. Existe un derecho, que es el derecho humanitario, que tiene que ser aplicado y respetado. La administración de justicia puede actuar sobre cuestiones de gestión diaria de la vida -hurtos, multas de tráfico…-, pero no puede en ningún momento enjuiciar ni actuar contra una persona que luche por los derechos de autodeterminación de su pueblo o por ninguna reivindicación política o en defensa de derechos humanos.

Tampoco puede trasladar a la población del TNA a tribunales en el territorio marroquí, y mucho menos a cárceles marroquíes. La situación de los presos políticos es una situación de dispersión y de apartheid dentro de la cárcel. No se les trata como presos políticos ni como presos de conciencia, se les da un trato que les asemeja a los presos por terrorismo. Yo siempre he dicho que son rehenes. No se permite la visita de observadores internacionales, se dificulta la visita de familiares. En el caso de Gdeim Izik no se permitía hasta hace poco ni la de los propios abogados que les habían defendido. Hemos visto cadenas perpetuas por hablar mucho menos de lo que estamos hablando nosotras aquí. Denunciamos también la postura de España, porque sale con toda la razón a denunciar la existencia de presos políticos en otros países, pero de los que ella es responsable no dice absolutamente nada”.

10.- El actual posicionamiento del gobierno de España incumple la Constitución y el derecho internacional

“El posicionamiento de Pedro Sánchez es el mismo que desde el año 2006 se viene trabajando por el Partido Socialista, por Zapatero, por algunos parlamentarios que parecían amigos del pueblo saharaui, y por supuesto por Felipe González. Pero el señor Sánchez ha tomado una decisión que va contra la Constitución, porque la política exterior no le compete a él, le compete al Gobierno. Además, tiene que respetar el derecho internacional, y como potencia administradora tiene que actuar, no hay más vuelta de hoja. No tiene que hacer nada más que eso, cumplir la ley, que es algo que no ha hecho desde el año 75 hasta la actualidad”.

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Cuando se ocupa un territorio, es mucho más que tierra lo que se roba. Está el tiempo, por ejemplo: en un lugar colonizado, las horas de los días y los días de los años pasan de una manera diferente, como ralentizados por la falta de rienda sobre el propio reloj. Se roban también –esto es sabido– los idiomas y la memoria, las maneras de mirar al mundo que se plasman en los rituales y en las artes. Se roba la comida y la forma de prepararla, se roba la música, se roba el nombre que se da a lo que importa.

Hace 50 años por estas fechas, en el Sáhara Occidental estaban pasando muchas cosas. El otoño empezaba con una promesa. Tras casi un siglo de colonización por parte de España, la entonces convertida en provincia 53 de la administración franquista caminaba hacia su independencia. Unos meses antes, la ONU, que llevaba ya un tiempo instando a la descolonización del territorio, lo había visitado para corroborar que las condiciones eran adecuadas para que se celebrase un referéndum que ya estaba anunciado. Las últimas negociaciones estaban en marcha, y hasta Juan Carlos de Borbón –entonces príncipe– visitaría El Aaiún a principios de noviembre en un viaje sorpresa, en el que pronunciaría aquellas palabras que ya han pasado al palmarés de las grandes mentiras: «España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres».

Unos días después, todo se precipita.

Estos meses se cumple medio siglo del abandono del Sáhara Occidental en manos de Marruecos. Medio siglo de la Marcha Verde –Marcha Negra, la llaman las y los saharauis–. Medio siglo del éxodo hacia los campamentos de refugiados de Tinduf, y de los bombardeos con armas químicas que se perpetraron durante ese viaje. Medio siglo de la creación en el exilio de la República Árabe Saharaui Democrática, una noche sin luna, a la luz de los faros de un landrover. Medio siglo de los ilegales Acuerdos de Madrid. Medio siglo de una traición que se renueva cada día que no se repara.

Conmemorar este, estos aniversarios no es poner un check en un calendario y pasar a otra cosa. Se trata de encarar el recordatorio de una responsabilidad, de un asunto pendiente, de una vergüenza que acarreamos como sociedad. Y es que todo robo tiene responsables: quienes por acción o por omisión se benefician de su resultado. Hace 50 años, España abría la puerta hacia una época que llamaba nueva y lo hacía al precio de muchas renuncias y silencios. El abandono del Sáhara Occidental es una de las más flagrantes.

Defender causas como la del derecho del Sáhara Occidental a la autodeterminación y el respeto a los derechos humanos de su ciudadanía es un empeño que a menudo se tacha de ingenuo. Las voces de la realpolitik hablan de soluciones prácticas con argumentos tramposos que hacen que defender valores básicos –y teóricamente compartidos– parezca una idea absurda. Sin embargo, tan naíf no debe de ser ninguna postura respecto a este asunto cuando su situación se revela una y otra vez tan difícil de resolver. En la cuestión largamente irresuelta del Sáhara Occidental se cruzan intereses geoestratégicos, económicos, políticos, personales. Fronteras, atunes, fosfatos, acuerdos, arena, aviones, empresas, casas reales.

Qué significan 50 años

Y mientras los negocios y los pactos se traman por arriba, ¿qué pasa con la gente saharaui? ¿Cómo se vive 50 años esperando volver a casa?

Cuando se ocupa un país, no solo se roba la tierra: se roban, sobre todo, las posibilidades de vida, la libertad de decidir. Los y las saharauis viven hoy atrapados en la necesidad de luchar por algo que debería llevar mucho tiempo resuelto. Es así para quienes abandonaron su tierra en 1975 y siguen guardando una llave o una caña de pescar en algún lugar de una jaima en los campamentos de refugiados. Pero es así también, quizá sobre todo, para quienes no han conocido esa tierra sino por el relato de sus mayores y han heredado la lealtad a una causa que sigue postergando la importancia de todo lo demás.

En esta revista de La Marea queremos marcar en el calendario esta fecha asomándonos a distintas ventanas para intentar entender con oídos nuevos lo que significa ese sintagma, gastado de tanto repetirlo: «50 años».

¿Qué significan 50 años para una ciudad? ¿Y para una familia? ¿Qué significan en términos de construcción política? ¿Y en términos de legalidad? ¿Qué significan en cómo vemos un lugar en las pantallas, en los folletos turísticos, en los programas electorales? ¿En los bolsillos de unos? ¿En la salud de otros? ¿Qué significan 50 años en la memoria de un país?

«No quiero alimentar el perpetuo mañana / con la rutina de hoy, / ni abrir con la misma llave / la misma puerta de este calendario», comienza diciendo un poema del saharaui Saleh Abdalahi. Por supuesto que se vive, de cualquier manera se vive, con mucho robado o a la espera de volver a casa, se vive. Cincuenta años o todos los que se pueda. Y se vive con dignidad, con alegría, enarbolando alto los ideales. Pero no es justo. No es justo obligar a nadie a vivir así ni que ese sea el precio de nuestra tranquilidad.

Como sociedad tenemos una responsabilidad incumplida. Lo mínimo que podemos hacer es no olvidar lo que pasó y escuchar lo que sigue pasando. Y sumarnos de todas las maneras posibles a la voluntad de hacer real lo que expresa el final de aquel poema de Abdalahi: «Salir a la superficie / con el aire de un mañana distinto, / que no conoce de espera».

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Cronología

6 de noviembre de 1975 – Marcha Negra / Marcha Verde.

14 de noviembre de 1975 – Acuerdos de Madrid.

21 de noviembre de 1975 – Se publica la Ley de Descolonización del Sáhara Occidental en el BOE (ocupa un párrafo).

27 de febrero de 1976 – Se funda la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en Bir Lahlu, en el exilio.

14 de noviembre de 1976 – Felipe González visita los campamentos de Tinduf.

5 de agosto de 1979 – Mauritania abandona la guerra.

Agosto de 1980 – Comienza la construcción del muro.

21 de junio de 1981 – Marruecos anuncia en la cumbre de la OUA su disposición para celebrar un referéndum sobre el Sáhara.

Agosto de 1983 – Acuerdo de pesca entre España y Marruecos (menos de un año después de la llegada de Felipe González a la presidencia).

Abril de 1987 – Termina la construcción del muro.

20 de septiembre de 1988 – Resolución 621 de la ONU para la realización de un referéndum de autodeterminación.

29 de abril de 1991 – Creación de la MINURSO.

6 de septiembre de 1991 – Alto el fuego.

26 de enero de 1992 – Fecha prevista para la realización del referéndum en la resolución 621. No se hace.

Septiembre de 1992 – Intifada de las tres ciudades (es la primera, desde entonces septiembre ha sido el “mes de intifada”).

29 de enero de 2002 – Dictamen del asesor jurídico de la ONU sobre la legalidad de los contratos de prospección de los recursos naturales del Sáhara Occidental.

Entre junio de 2007 y enero de 2008 – Conversaciones de Manhasset (Nueva York). Constaron de tres rondas entre Marruecos y la RASD.

13 de noviembre de 2009 – Inicio de la huelga de hambre de Aminetu Haidar.

10 de octubre de 2010 – Protestas de Gdeim Izik.

4 de julio de 2014 – Auto de Fernando Grande-Marlaska en la Audiencia Nacional en el que se indica que España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara.

9 de abril de 2015 – Auto del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional que procesa a 11 altos cargos de Marruecos por crímenes en el Sáhara Occidental entre 1975 y 1992.

13 de noviembre de 2020 – Se reanuda la guerra entre el Polisario y Marruecos.

10 de diciembre de 2020 – El gobierno de Donald Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. A cambio Rabat reconoce a Israel.

18 de abril de 2021 – Brahim Ghali, presidente de la RASD, es ingresado en Logroño para tratarse de la COVID-19. Esto implica una crisis entre España y Marruecos.

18 de marzo de 2022 – Carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI apoyando la propuesta de plan de autonomía.

4 de octubre de 2024 – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos.

20 de enero de 2025 – La Comisión Europea establece que el acuerdo de aviación con Marruecos no incluye el Sáhara Occidental.

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