1. Introducción: El proyecto filosófico detrás de la industria cultural         La noción de “industria cultural” fue formulada por Theodor W. Adorno y Max Horkheimer en la obra Dialéctica de la Ilustración (1944), donde denuncian que la modernidad capitalista ha transformado la cultura en una maquinaria de estandarización, obediencia y pasividad. Ellos […]

La noción de “industria cultural” fue formulada por Theodor W. Adorno y Max Horkheimer en la obra Dialéctica de la Ilustración (1944), donde denuncian que la modernidad capitalista ha transformado la cultura en una maquinaria de estandarización, obediencia y pasividad.

Desde los albores de la civilización hasta la era digital, la historia humana ha estado marcada por un patrón recurrente y aparentemente paradójico: una minoría organizada domina a una mayoría desorganizada o pasiva.

Esta semana, uno de esos «hilando fino» inverosímiles, a priori. Y es que transitamos desde el Allegro Barbaro de Bela Bartok hasta Edu Basterra en 5 movimientos que pasan por Emerson Lake and Palmer, Itoiz, Itziar e Infussion… clásica, prog… Leer más

Arañas de Marte - Arañas de Marte: De Bartok a Baxter

Este 20 de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, la Sala Segunda del Tribunal Supremo adelantó el fallo de la causa especial 20557/2024 contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. El Alto Tribunal considera a García Ortiz autor de un delito de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, empresario que supuestamente habría defraudado más de 350.000 euros de las comisiones recibidas por la venta de mascarillas durante la pandemia. 

Alberto González Amador, también conocido como Alberto Quirón, por haber trabajado para esta empresa sanitaria privada, es casualmente pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También casualmente, en estos seis años de gobierno de Díaz Ayuso en la comunidad, Quirón ha recibido más de 5.000 millones de euros en contratos con sus hospitales por parte de la Comunidad de Madrid, en un proceso de privatización encubierta de la sanidad madrileña. 

La filtración de los intercambios del abogado de González Amador con la Fiscalía para llegar a un acuerdo en que se reconocía el fraude fiscal a la Hacienda pública, imputada a García Ortiz a pesar de que durante el juicio varios periodistas declararon haber accedido previamente a los correos entre el abogado del novio de la presidenta y la Fiscalía a través de otras fuentes que se negaron a desvelar, amparándose en el derecho constitucional que les asiste, están en el origen de este caso. También las maniobras del jefe de Gabinete de la presidenta de la comunidad, Miguel Ángel Rodríguez, que transmitió a la prensa afín al PP el bulo de que era la Fiscalía la que había ofrecido el pacto a González Amador pero que “órdenes de arriba” lo habían impedido, insinuando la participación del propio presidente del Gobierno a través de García Ortiz. El desmentido oficial de las mentiras vertidas por Rodríguez con una nota de prensa desde la Fiscalía desencadenó la imputación al fiscal. 

A pesar de que no se ha podido demostrar con pruebas que el Fiscal General del Estado fuera el responsable de trasladar a los medios ese correo inicial en que el abogado de González Amador reconocía el fraude, el fallo de condena ha sido mayoritario: unánime entre los cinco miembros conservadores del Tribunal, aunque con dos votos discrepantes de las magistradas progresistas. No se conoce la argumentación jurídica que permite justificar esta resolución condenatoria pues la sentencia no se ha redactado todavía. Hecho este que añade más suspicacias sobre un juicio que ha sido percibido por los sectores progresistas, desde el inicio, como un ajuste de cuentas político-judicial con el Gobierno y una demostración del ascendiente que el Partido Popular (PP), que lidera Díaz Ayuso en Madrid, tiene en el poder judicial con su “control por atrás” de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

De la judicialización de la política al lawfare

La defenestración por sentencia judicial al Fiscal General del Estado se enmarca en un ambiente de judicialización de la política que copa cada semana la agenda mediática, cargada de declaraciones ante tribunales, juicios, denuncias o sentencias. Desde el momento en que los votos del tribunal se dividen en función de las afinidades ideológicas de los magistrados, es evidente la politización de unos jueces que, consciente o inconscientemente, anteponen sus sesgos, simpatías o prejuicios a la necesaria, y teóricamente defendida, imparcialidad e independencia en su interpretación y aplicación de la ley. 

En este sentido, el fallo contra el fiscal sin sustento de pruebas puede considerarse un pulso del poder judicial al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ya que, en el ordenamiento constitucional español, como en tantos otros países, la elección del Fiscal General del Estado es propuesta por el Gobierno, tras escuchar la opinión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estamos ante un choque de poderes del Estado y un caso paradigmático de lawfare.

La judicialización de la política y la politización de la justicia son el entorno propicio para que fenómenos como el lawfare se produzcan. Pero, como hemos reiterado en otras ocasiones, el lawfare o guerra judicial no es la simple judicialización de la política ni supone la mera prevaricación de los jueces. Se trata de un modus operandi, estudiado por los analistas militares y la academia civil, que trasciende los marcos del ámbito judicial, aunque tenga en los juzgados el centro neurálgico de aplicación. 

Lawfare para sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa

Hace más de un año escribíamos sobre cómo el lawfare había llegado para apuntar directamente a Pedro Sánchez a través de un cerco a su familia, que le llevó a tomarse cinco días de reflexión tras los cuales propuso unas medidas de regeneración democrática, todavía no puestas en práctica. El caso del Fiscal General del Estado es sólo un capítulo más de una guerra que tiene como fin último sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa. 

Una de las principales claves está en sus pactos de investidura con el independentismo catalán representado por Carles Puigdemont, que soliviantaron al poder judicial. De fondo se encuentra la negativa de amplios sectores del Estado y del poder establecido a abrir un debate sobre cómo encajar la plurinacionalidad con el artículo 2 de la Constitución, traslación directa de las líneas rojas del franquismo sobre la “indisoluble unidad de la nación española”, ante demandas crecientes de autogobierno o, incluso, de derecho a decidir por parte de las fuerzas independentistas catalanas y vascas, imprescindibles apoyos para la investidura en un Congreso atomizado tras las transformaciones del sistema de partidos español. 

La Transición a la democracia, que en estos días está en el centro del debate con el 50 aniversario de la muerte del dictador, no supuso la consagración de un régimen democrático pleno, a pesar de la propaganda dirigida desde el Estado –también desde este Gobierno– para convencernos de lo contrario. Los reformistas franquistas y los de la oposición democrática pactaron de manera asimétrica, con poco margen de maniobra para los perdedores de la guerra y víctimas de la dictadura.

En el sui géneris proceso constituyente que alumbró la Constitución de 1978 hubo temas decididos ex ante, como la unidad de España o la reinstauración monárquica. Además, la herencia del pasado jurídico franquista, y de un poder judicial que pasó de administrar la “justicia” franquista a operar bajo la justicia democrática, ha dejado sus huellas hasta la actualidad, como se puede apreciar en la impunidad de los crímenes de la dictadura y el cuestionable papel de la administración de justicia frente a las diversas leyes de memoria. 

El lawfare que busca sacar de La Moncloa a Pedro Sánchez –no en vano Isabel Díaz Ayuso dijo en una comparecencia posterior al fallo del Tribunal Supremo que quien se había sentado en el banquillo era el presidente del Gobierno– es, en realidad, la muestra de la inflexibilidad de quienes creen que el sistema político español es suyo. La negativa a reformarlo para dar cabida a otros actores con otras visiones de cómo distribuir el poder, territorial o de otro tipo, en el Estado, y desde el Estado, es el miedo a abrir una brecha por la que se cuele la realidad: los consensos que dieron lugar a la Transición ya no existen y la sociedad española es otra. Este catenaccio de la clase dominante es la misma lógica de funcionamiento que encontramos de los casos de lawfare que han padecido los líderes del independentismo catalán o una fuerza que llegó para impugnar este régimen del 78, como Podemos. 

La derecha española lo tiene claro: España es suya, deben poder seguir haciendo negocios sin ser fiscalizados y, por supuesto, toda diversidad que se oponga a sus valores, o cualquier intento de cuestionar los pilares del “atado y bien atado”, es la anti-España de la que hay que salvaguardar a las instituciones, silenciar o reprimir. Y a quien se rebele a estas premisas, le caerá todo el peso de la ley que ellos puedan ejercer.

No debería sorprendernos. Salvando las distancias, el uso de la ley para la represión de la disidencia política existe desde antes de que se acuñara el término lawfare. Como dejó claro el Bando de la Junta de Burgos en julio de 1936: los sublevados eran los rojos, no ellos, los militares que habían dado el golpe de Estado y que ahora pasaban a perseguir a quienes se resistían al nuevo orden fascista. Esta es la tradición de la justicia al revés de la que proviene la derecha española, aunque la persecución política y el golpismo se sofistiquen con los años. El lawfare es buena prueba de ello.

A pesar de todas las evidencias, en el Estado español se sigue negando la existencia del lawfare porque admitirla supondría reconocer que la imagen que nos han transmitido sobre la imparcialidad e independencia del poder judicial no es tal. Pero también porque el fenómeno del lawfare, sea contra los independentistas, los dirigentes de Podemos o el propio presidente del Gobierno, implica reconocer que la democracia consolidada de la que alardean los distintos gobiernos españoles –incluido el de Pedro Sánchez– deja mucho que desear. Reconocer esto puede ser difícil para quienes han sido socializados en los mitos de la Transición, pero es el primer paso necesario para poder construir un Estado que se libere, de una vez por todas, de las rémoras del franquismo que todavía persisten en él.

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Cuando pensamos en Luis Cobos, nos viene a la cabeza ese hombre con la batuta en la mano que se forró poniendo una caja de ritmos a la música clásica (y a la zarzuela en particular), tratando de «democratizarla», aunque… Leer más

Arañas de Marte - Arañas de Marte: Luis Cobos, más allá del «chunda chunda» zarzuelero

Un joven, nacido en Uganda, hijo de padres indios, islámico y socialista, ha ganado las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Su nombre es Zohran Mamdani y su campaña electoral, así como su victoria, centran los debates de asesores en comunicación política y de una izquierda ávida de referentes. En todas partes del mundo se preguntan por el éxito de Zohran Mamdani en el mismo país que aupó a Donald Trump a la presidencia, por segunda vez, en noviembre de 2024. Un año después, Mamdani emerge como un liderazgo simbólico, en las antípodas de Trump y el trumpismo, desde la misma ciudad en la que Trump dio sus primeros pasos como empresario. 

Muchas fuerzas de izquierda se aferran hoy al fenómeno Mamdani, como una luz de esperanza que demuestra que la historia no ha llegado a su fin. En un contexto de auge de la ultraderecha a escala global, su irrupción rompe relatos fatalistas y esquemas preestablecidos. Demuestra que todavía hay partido y que se debe disputar. La gran pregunta es cómo, con qué armas y con qué discurso ideológico. ¿Cuál ha sido el secreto de su éxito? ¿Cómo ha logrado ganar haciendo y diciendo lo que otros creen que hacen y dicen en otras partes del mundo, sin igual resultado? 

Se debate sobre si Mamdani ha arrasado por una estrategia inteligente en el uso de las redes sociales; por su imagen fresca, su carisma y su simpatía; por sus propuestas concretas para solucionar temas que angustian a la mayoría de neoyorquinos como el precio de la vivienda o el costo de la vida; por sus guiños a las diferentes comunidades de trabajadores migrantes que integran la capital financiera de EE. UU.; por su capacidad para movilizar al electorado; por la labor de los 90.000 voluntarios en los barrios; por su defensa de Gaza; por su ideología socialista; por lo decrépito del establishment que tenía enfrente o por todo lo anterior. 

«Ha tenido la capacidad de convencer de la posibilidad de implementar estas soluciones dando esperanza frente a unos portavoces mediáticos que no se han cansado de destacar la inviabilidad de sus propuestas por ser ‘socialistas‘».

Por supuesto, Mamdani, miembro del Democratic Socialists of America (DSA), ha podido ganar la alcaldía de Nueva York por el Partido Demócrata gracias al respaldo de unos ciudadanos cansados de vivir en una ciudad que los expulsa. Estas condiciones materiales son las que han permitido que su discurso de congelar alquileres, guarderías y transporte público gratuito haya podido calar entre un electorado de por sí progresista. Pero ha tenido la capacidad de convencer de la posibilidad de implementar estas soluciones dando esperanza frente a unos portavoces mediáticos que no se han cansado de destacar la inviabilidad de sus propuestas por ser “socialistas”. Y en este detalle radica lo más destacable de la victoria de Zohran Mamdani.

Mamdani: demasiado socialista o poco socialista, según se mire

Mientras algunas fuerzas políticas de la izquierda mundial se preguntan qué pueden hacer para replicar la fórmula Mamdani en sus contextos políticos, otras voces se aprestan a puntualizar que Mamdani no es el Che Guevara sino un candidato financiado por grandes fortunas –como no puede ser de otra manera en el sistema electoral estadounidense, por otra parte–, un producto más del sistema que acabará traicionando, más pronto que tarde, las esperanzas de cambio social y decepcionando a los sectores más radicales, como sucedió con la figura de Alexandria Ocasio-Cortez. 

Enfrente de una izquierda plural que nunca se pone de acuerdo en nada, tenemos a una derecha que sabe detectar perfectamente a sus enemigos. Donald Trump, el New York Post o la Liga Antidifamación del lobby sionista, que incluso ha abierto una línea para denunciar las “acciones antisemitas” en Nueva York y supervisar la respuesta del próximo alcalde, se encuentran entre quienes ven un peligro en que Mamdani y sus ideas gobiernen Nueva York. Por dimensionar qué implica que un autoproclamado socialista que no está dispuesto a pedir perdón por ello sea alcalde de una de las principales ciudades de EEUU, recordemos que el presidente Donald Trump ha designado a todo pensamiento que entre dentro de la categoría “antifa” como miembro de una organización terrorista y parte de los enemigos internos a combatir.

Si el anti-sionismo de Mamdani y de su partido ha estado en el punto de mira para la derecha durante la campaña, su posicionamiento respecto a dos experiencias de transformación social que se usan como arma arrojadiza en contra de cualquier proyecto alternativo, Cuba y Venezuela, ha sido visto con recelo por cierta izquierda. A nadie debería sorprender a estas alturas que un candidato de izquierdas, del país que sea, se pronuncie en contra de Cuba y Venezuela cuando se postula para ganar unas elecciones Abjurar de ambos procesos revolucionarios ante las preguntas de los periodistas es el peaje que debe pagar la izquierda, cualquiera sea su familia ideológica, para no ser molestado por el establishment. 

«Abjurar de ambos procesos revolucionarios ante las preguntas de los periodistas es el peaje que debe pagar la izquierda, cualquiera sea su familia ideológica, para no ser molestado por el establishment«.

La candidatura de Mamdani pareció apostar por el cálculo electoral, optando por no asustar a un electorado que ha sido bombardeado durante años con una versión negativa y unilateral de la realidad cubana y venezolana, en lugar de impugnar el marco de análisis. Desconocemos si Mamdani, igual que antes Ocasio-Cortez, lo hizo por convicción o si aplicó la estrategia de los líderes de Podemos en sus inicios o del mismo Hugo Chávez cuando, en una entrevista como candidato presidencial en 1998, respondió afirmativamente a la pregunta de si Cuba era una dictadura, una respuesta que cualquiera que hubiera seguido la trayectoria de Chávez al salir de la cárcel, y su visita a La Habana en 1994, podía entender como instrumental. 

En todo caso, sin pretender establecer paralelismos ideológicos entre proyectos y figuras tan disímiles, lo cierto es que las declaraciones de Mamdani no representan la postura oficial de su partido que, a través de su Comité Internacional, se ha posicionado a lo largo de los años contra los ataques de EEUU a Venezuela o Cuba. De hecho, como Mamdani se ha encargado de puntualizar en más de una entrevista, su candidatura defendía lo que aparecía en la web de su plataforma política, estableciendo una división entre el partido al que pertenece y la candidatura demócrata que representaba. 

El socialismo se abre paso entre la juventud estadounidense

Sobrevivir a las tensiones dentro del Partido Demócrata no será el único desafío de un candidato outsider dentro de una estructura que ha hecho todo lo posible por expulsar, cuando no domesticar, a liderazgos de izquierdas como el de Bernie Sanders. Ello a pesar de que Sanders representó en las primarias de 2016 a una corriente creciente entre los votantes demócratas que ya no ve el capitalismo de manera positiva y que este año, por primera vez, ha superado a quienes lo consideran como un sistema favorable. Mamdani y Sanders pueden canalizar el respaldo del 66% de los demócratas que, según las encuestas de Gallup, ven al socialismo de manera positiva. Un dato que se confirma en otras encuestas que muestran cómo la juventud estadounidense tiene una visión positiva del socialismo en un 62% e, incluso, del comunismo en un 34%, cifras superiores al 43% y 14% de la población en general. No es de extrañar que Mamdani, que ha ganado con el 50,4% de los votos, haya recibido el 62% de apoyo entre los menores de 30 años. 

Obtener estos datos en un país cuya población ha sido la principal víctima de las campañas anticomunistas durante décadas, como estandarte del mundo libre en la Guerra Fría, con persecución macartista a toda disidencia política y donde la palabra socialismo se asocia a su acepción más radical y original, alejada del secuestro socialdemócrata del término que existe en Europa, es meritorio. Puede que los estadounidenses tengan distintas ideas de lo que es el socialismo, como los mismos miembros de esta ideología política, dividida en infinidad de corrientes y pasto de escisiones, en distintas latitudes. 

«Lo que parece evidente es que quienes hoy en EE. UU. demuestran simpatías por el socialismo no tienen prejuicios con el término, sino todo lo contrario, a pesar de la abrumadora propaganda capitalista. Y que estos prejuicios no calan entre los más jóvenes».

Lo que parece evidente es que quienes hoy en EE. UU. demuestran simpatías por el socialismo no tienen prejuicios con el término, sino todo lo contrario, a pesar de la abrumadora propaganda capitalista. Y que estos prejuicios no calan entre los más jóvenes. Un EE. UU. socialista puede parecer utópico pero el respaldo a las ideas socialistas, en paralelo al creciente apoyo a que sea el Estado quien se encargue de resolver los problemas sociales en un contexto mundial donde se quiere presentar como hegemónico el individualismo liberal o reaccionario entre la juventud, es una preocupación para los think tanks liberales y la derecha estadounidense.

La victoria de Mamdani como preludio de transformaciones más profundas 

Como siempre, el reto para cualquier izquierda radical es gobernar en el marco de acción que el capitalismo le permite. Lidiar con el poder real desde posiciones de gestión institucional es un desafío para la izquierda transformadora, que se encuentra con pocos márgenes de maniobra para desmontar arraigadas dinámicas de funcionamiento, redes invisibles de presión política por parte del capital y estructuras de negocio solidificadas que someten a los políticos de turno a las imposiciones de quienes siempre han mandado sin pasar por las urnas.

Hay que ser conscientes de estas constricciones para dimensionar todo aquello que se va logrando en esta desigual batalla entre las fuerzas del capital y las del trabajo. No para creer que llegar a las instituciones es la solución o la aspiración final de una izquierda transformadora, todo lo contrario, sino como el inicio de la construcción de otro horizonte de posibilidad para acometer cambios más profundos que superen la institucionalidad existente.  

Por tanto, sería un error analizar lo que ha pasado en Nueva York sólo mirando a la figura de Mamdani o evaluar su éxito observando su futuro papel como representante político. Más allá de lo que Mamdani podrá hacer como alcalde en la capital del capitalismo, conviene no olvidar qué ha permitido que un miembro del DSA llegue hasta allí. Mamdani no es sólo Mamdani, es la expresión de un paulatino giro de las bases demócratas hacia posturas más a la izquierda, bases que llevan años haciendo un pulso al establishment del partido. Es asimismo la encarnación de toda una serie de esperanzas de la juventud estadounidense en que la política institucional pueda guiarse por otros principios, apostando por propuestas de solución de los problemas concretos sin miedo a ir a contracorriente del discurso capitalista imperante, ni a la demonización de las ideas socialistas. 

«Mamdani no es sólo Mamdani, es la expresión de un paulatino giro de las bases demócratas hacia posturas más a la izquierda, bases que llevan años haciendo un pulso al establishment del partido».

Que finalmente se logre traspasar los límites de lo que el poder real considera posible no dependerá sólo de él. Pero el primer paso se ha dado: romper la barrera mental que impide a mucha gente reconocer la validez, utilidad y legitimidad de las ideas socialistas. Unas ideas que no se conforman con gestionar el sistema existente, sino que apuestan por transformarlo. Es evidente que, si el sistema internacional no puede transformarse en lógica revolucionaria, ni siquiera desde el gobierno en un solo país, tampoco se podrá transformar el capitalismo desde la alcaldía de una ciudad, por muy Nueva York que sea. No obstante, lo que pasa en EEUU tiene un impacto global, como demuestra la presidencia de Donald Trump. Por eso, hay que celebrar la victoria de Mamdani como un pequeño gran paso que puede ser preludio de un nuevo mundo que, inevitablemente, deberá superar el capitalismo para garantizar la vida humana. Para llegar a ese escenario, la transformación profunda de la sociedad y la política en EE. UU. es imprescindible.

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• Ecologistas en Acción de Aranjuez denuncia la eliminación drástica de la casi totalidad del patrimonio verde aprovechando los fondos Next Generation sobre un jardín histórico de la ciudad. Todo un despropósito que suscita un gran interrogante sobre la finalidad de la intervención y su repercusión futura.
• El trabajo avanza sin cuestionar nada, arrasando con motosierra o maquinaria pesada aquello que sale al paso, discordante con el extravagante proyecto concebido por Patrimonio Nacional, eliminando el 100 % de la masa arbustiva y el 80 % arbórea. De las 28 especies arboladas presentes en el espacio desde hace siglos, acaba con todas ellas e instala una uniformidad de tilias, destruyendo el valor paisajístico y cultural del Jardín del Parterre. 

Difícil justificación de las actuaciones

Continuando con la anterior denuncia informativa del grupo ecologista, con título Patrimonio Vegetal y Artístico Amputado en el Jardín del Parterre del pasado 6 de octubre de 2025, y dadas la velocidad en los trabajos que se llevan a cabo, lamentar profundamente la ejecución de los mismos, en la medida de implementar un espacio huérfano de fronda sombreada en el recorrido donde transita la mayor parte de las visitas.

Pensemos, además, que la actuación pone en entredicho la sabiduría popular y científica de prevención contra el calentamiento global y elevación de temperatura, en la forma de aumentar los espacios naturales de umbría que proporciona la masa arbórea en contraposición a los espacios abiertos con fuerte insolación, al menos en el paseo principal y santa paciencia con los tilos laterales hasta alcanzar porte y frondosidad.

Tal vez el costoso e inútil sombreado artificial del alcalde de Madrid en la Puerta del Sol, planee a futuro entre los responsables de Patrimonio Nacional para esta superficie.

Resulta increíble acometer una actuación de este calado con la excusa de resucitar una reliquia de 1746 (s. XVIII), cuando tenemos el jardín actual que data de 1872 (s. XIX), algo más de un siglo de diferencia.

¿De verdad merece la pena tan drástica intervención contra el patrimonio natural y artístico, en lugar tan emblemático de los Jardines de Aranjuez?

Respecto a la justificación topográfica de nuevos puntos de replanteo, recordar que la cota original ha sido adulterada por la irresponsable gestión del organismo público estatal en numerosas ocasiones (la última en 2014), sin razonamiento alguno y continúa realizándose sobre espacios cercanos.

Actuación sobre el patrimonio natural

Respecto a la eliminación del patrimonio verde, actualmente se lleva a cabo la tala/apeo de 26 pies de Magnolia grandiflora centenarios de 180 años, cuya decrepitud difícilmente justifica la tala de ejemplares. Por contra, hay 31 magnolios de unos 35 años en pleno vigor vegetativo, con el valor añadido de haber sido criados en los viveros propios de Patrimonio Nacional y plantados en los últimos 20 años. Estos jóvenes magnolios serán trasplantados directamente, esperemos sean repicados para facilitar su arraigo posterior.

Eliminan mediante tala/apeo arbustos ejemplares de gran tamaño y crecimiento lento como júpiter (Lagerstroemia índica) y laurel (Laurus nobilis), así mismo desaparecen más de mil cuatrocientos metros lineales de aligustre y boj.

Otras especies arbustivas se pierden: Berberís julianae, Mahonia aquifolium, Spirea alternafolia, Acanthus mollis, Hemerocallis fulva, etc.

En la actualidad el Jardín del Parterre cuenta con 148 pies arbolados de 28 especies distintas, destacando el 40 % de magnolios (Magnolia grandiflora), y 30 % de júpiter (Lagerstroemia indica), laurel (5 %), liquidámbar (5 %) y el 20 % con los 24 restantes.

Dentro del último porcentaje existen árboles singulares incluidos en el Catalogo Regional de Especies CAM: un madroño (Arbutus unedo) y la palmera de Chile (Jubaea spectabilis). El proyecto “integra” esta última ¿Por cuánto tiempo?

Entre los 148 pies citados, eliminan los que están en mal estado o no soportarían su traslado, del resto a trasplantar viajaran a otras ubicaciones sin concretar (nada cita la memoria). A buen seguro sumaran múltiples marras.

Se incorporan 126 nuevos tilos (Tillia tomentosa) como especie única, acabando con la diversidad botánica de tantos años.

¿Cómo es posible ignorar el extenso catálogo heredado de los Jardines Históricos de Aranjuez compuesto en la actualidad por 199 taxones ente ornamentales autóctonas y aloctonas, formando un impresionante tesoro verde paisajístico?

En el s. XVI, se crea en Aranjuez uno de los primeros jardines botánicos de Europa pionero en aclimatación de especies tropicales con semillas traídas de lugares lejanos.

Borrar de un plumazo este legado patrimonial ribereño en el Jardín ubicado a la entrada de la ciudad frente a la fachada más reconocida del Palacio Real de Aranjuez, representa ignorar la esencia de un jardín modelo renacentista italiano y peor aún cercenar el acervo cultural del patrimonio natural de Aranjuez.

Actuación sobre el patrimonio artístico

Tras 17 años de años de larga e infructuosa espera (se dice pronto), por fin se prioriza la restauración de Hércules y Anteo en toda su infraestructura y grupos escultóricos.

La fuente de Ceres (diosa de la agricultura) con sus dos grupos acompañantes, salen de su escena presente (130 años), con retorno inquietante al Jardín del Príncipe donde estuvo antaño, sin aclarar tiempos de restauración, ni el firme compromiso con preservar la autenticidad de sus elementos artísticos originales.

Esta anomalía histórica del traslado con los problemas de seguridad inherentes al mismo, supondrá como denuncia el grupo ecologista, mutilar el Jardín del Parterre pues resulta icónica la vista desde la balconada de Palacio el gran espacio ajardinado con su fuente central que lo integra todo: La diosa Ceres y juego de agua en abanico.

Las dos fuentes Nereidas no serán restauradas dejando su intervención a más tardar.

¿Les viene corto el presupuesto de 5 millones de euros?

Otros elementos escultóricos destacados del jardín como los seis vasos de Thierry, omiten el destino de dos de ellos, al igual que el paradero de las dos esfinges.

¿Se está gestando un nuevo expolio contra el patrimonio histórico de Aranjuez?

Resulta extremadamente difícil para cualquier asociación en defensa del arbolado denunciar por vía legal el continuo maltrato y arboricidio producido en el ámbito municipal, dado que, el gobierno de turno tiene la sarten por el mango ante cualquier reclamación. El que hizo la ley hizo la trampa, es decir “el zorro cuidando el gallinero”. Veamos: Tenemos una Ordenanza municipal de protección y fomento del arbolado de Aranjuez, octubre/2013 (BOCM núm. 274), cuyo art. 3 Ámbito de Aplicación es todo el término municipal (suelo urbano, periurbano) con diferentes categorías.

El art. 4 Competencias, otorga todas las resoluciones y expedientes sancionadores a la autoridad municipal en exclusiva salvo el punto 3. “Será competencia de Patrimonio Nacional el seguimiento, protección y fomento del arbolado en los terrenos gestionado por este organismo, con las salvedades que puedan existir para los ejemplares incluidos en el Catálogo Regional, donde las competencias estarán compartidas con la Consejería competente en materia de medioambiente”.

Poco más que añadir, la citada ordenanza deriva de otra similar, la Ley 8/2005 de la CAM, eran tiempos de Esperanza Aguirre donde tras mucha parafernalia y quitarse la competencia autonómica, se la entrega a ojos cerrados y manos llenas a los ayuntamientos, eliminando de un plumazo la instancia superior donde recurrir.

La experiencia del grupo ecologista en la defensa de nuestros amigos los árboles, nos lleva a la indefensión ambiental total, lamentando que la administración local responsable del 90 % de las fechorías contra los mismos, tiene la potestad sancionadora, juez y parte.

El grupo local de Ecologistas en Acción lleva ocupándose por los jardines históricos de la ciudad de manera prioritaria con múltiples acciones documentales. Recordemos reiterados informes 2012–2016 Estado de las Fuentes y Elementos Ornamentales, a su vez, realizamos el Informe Jardín de la Isla y Parterre/2015, donde damos cuenta del estado arbóreo en general de ambos jardines.

Entonces denunciábamos el progresivo deterioro vegetal del Jardín del Parterre, apuntando como una de las causas el constante recrecido del entorno mediante aportación de arena lavada, sin entender motivo ni justificación.

Reconociendo la necesidad de intervención para mejorar la situación botánica de algunas especies, entendemos que, la solución aportada en este proyecto tan drástica como arboricida, no aporta ningún valor de interés, quebranta la historicidad abrazando el estilo minimalista con la “Fuente de los tres chorritos” y suprime la diversidad vegetal.

En definitiva, un atentado brutal contra el patrimonio arbóreo y la riqueza botánica de Aranjuez en claro detrimento de la biodiversidad y contrario a la más mínima conciencia medioambiental, agravado por la ignorancia en la lucha contra el cambio climático presente y futuro que exige aumentar el arbolado de medio-gran porte en espacios habilitados para el trasiego de personas como los jardines.

Nos preocupa mucho la retórica indolente de los gestores de Patrimonio Nacional responsables de las actuaciones previstas, sobre un rincón marcado en la historia de Aranjuez por su principal acceso peatonal en Puente Barcas, eliminando la armonía singular del paisaje y sus fuentes al completo.

 

La entrada Arboricidio en los jardines de Aranjuez aparece primero en Ecologistas en Acción.

Desde que a inicios de septiembre EEUU anunciara el bombardeo de una presunta narcolancha venezolana en aguas del Caribe, los ataques contra pequeñas embarcaciones se han sucedido y extendido hasta el Pacífico. Hasta el momento, son diez las barcazas atacadas por fuerzas estadounidenses con un saldo de 57 personas asesinadas de manera extrajudicial. Las víctimas son venezolanas, ecuatorianas, colombianas y trinitenses, algunas de ellas pescadores que habían salido a faenar en aguas territoriales, según relatan sus familiares. 

Sin embargo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se refiere constantemente a las víctimas como narcoterroristas, sin aportar pruebas, y asegura que los ataques cinéticos de su fuerza armada se han producido en aguas internacionales. En su mensaje del 28 de octubre en las redes sociales, en el que anunciaba el último bombardeo, “bajo la dirección del presidente Trump”, Hegseth llega a afirmar que “estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y recibirán el mismo trato”. 

Estas dos referencias son relevantes. Primero, porque mencionar el comando de Donald Trump detrás de los ataques establece una cadena de mando y una eventual responsabilidad penal frente a unos asesinatos extrajudiciales que podrían ser llevados ante la Corte Penal Internacional (CPI). Este escenario es improbable porque EEUU, después de haber firmado a regañadientes el Estatuto de Roma –instrumento que da lugar a la creación de la CPI– en diciembre de 2000 con la administración Clinton, decidió un mes después de su entrada en vigor, en junio de 2002, retirar su firma ya bajo el gobierno de George W. Bush. Sin embargo, como apunta el jurista ecuatoriano Jorge Paladines, los crímenes sí podrían ser perseguidos por la justicia de los países de las víctimas o por las cortes civiles y militares estadounidenses.

Segundo, el paralelismo con Al Qaeda no es casual. Además de retirar su firma del Estatuto de Roma, EEUU decidió blindar a sus funcionarios para que no pudieran ser procesados nunca por la CPI con una Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense –ASPA por sus siglas en inglés– aprobada por el Senado en octubre de 2001, semanas después de los atentados del 11 de septiembre. La ASPA fue presentada por el senador republicano Jesse Helms bajo el argumento de que EEUU no podía permitir que sus tropas y oficiales fueran a ser juzgados por “una Corte ilegítima donde Estados Unidos no tiene veto” pues, siguiendo su lógica, nada podía interferir esta máxima: “El pueblo americano, el Gobierno americano y Dios; nada entre Dios y el Gobierno americano”. 

La lucha global contra el terrorismo de EEUU después del 11-S supuso un punto de inflexión a escala interna e internacional. Sirvió para suspender garantías en la política doméstica con la Patriot Act y justificar el uso de cualesquiera métodos, legales, ilegales o alegales, contra seres humanos extranjeros que fueron deshumanizados al convertirse en objetivos militares que, como los supuestos narcoterroristas hoy, deben ser “cazados y eliminados” en el Caribe y el Pacífico, en palabras de Hegseth.  

Ni respeto a la legalidad internacional, ni a la propia legalidad

Tal y como explica el primer fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, en su libro Guerra o justicia. Hacia el fin de la impunidad, la estrategia militar de EEUU, basada en un “perímetro de ‘defensa’ global” que autojustifica sus acciones extrajudiciales y extraterritoriales por su capacidad de imponer su concepto de seguridad unilateral en todo el globo, choca con las instituciones judiciales independientes. Para que se entienda, EEUU está por encima de la arquitectura legal internacional porque tiene la capacidad de coerción suficiente para imponer su voluntad al resto de actores del sistema internacional y garantizar, así, la impunidad de sus crímenes.  

Como diría Dante Alighieri en su italiano antiguo a quienes entraban en el infierno, “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”. Traducido al román paladino y a la actual correlación de fuerzas del sistema internacional: no se hagan ilusiones. Ni EEUU como país, ni ninguno de sus funcionarios civiles o militares va a pagar por sus múltiples crímenes de guerra ante instancias judiciales internacionales. Tampoco es muy probable que lo hagan en cortes de terceros países pues esto implicaría la capacidad de las autoridades políticas de dichos países para ejercer la presión diplomática necesaria ante EEUU, así como la fortaleza de sus funcionarios de justicia para enfrentarse al poder estadounidense. Por lo pronto, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aliado de Donald Trump, ha declarado que se debe determinar primero si el ciudadano de su país superviviente a los ataques es inocente y si padeció un intento de asesinato por parte de la fuerza militar estadounidense.

Pero EEUU no sólo ignora o vulnera las leyes internacionales cuando no responden a sus intereses geoestratégicos, como la Historia del siglo XX y la más reciente del XXI atestigua, sino que también ignora su normativa legal cuando no le sirve para llevar a cabo sus objetivos en política exterior. Esto es lo que está sucediendo con los bombardeos en el Caribe y el Pacífico, como llevan semanas denunciando distintos congresistas ante la Cámara de Representantes y el Senado. Si no hay una declaración formal de guerra que faculte al presidente para iniciar sus ataques, el Gobierno de EEUU está operando, una vez más, en la más absoluta ilegalidad. Nada nuevo, como tampoco lo es la impunidad de sus crímenes. 

Según la propia legislación estadounidense, el Congreso es el único poder que puede declarar la guerra bajo el artículo I, sección 8, cláusula 11 de la Constitución de los Estados Unidos de América. Esto no ha sucedido. Además, los motivos usados por la actual administración para justificar su “defensa” se desvanecen ante la luz de sus propias leyes. Ni el tráfico ilegal de drogas supone “un ataque armado o un inminente ataque armado” a EEUU, por mucho que Donald Trump, Marco Rubio o Pete Hegseth traten de vincularlo con el narcoterrorismo, como tampoco la designación de un grupo como “organización terrorista extranjera” o como “terrorista global especialmente designado” faculta al presidente de Estados Unidos a usar fuerza militar contra sus miembros o cualesquiera Estado extranjero, en este caso Venezuela. Ni siquiera la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar de 2001 promulgada tras los atentados del 11-S ni la Autorización para el Uso de Fuerza Militar de 2002 contra Irak por el Congreso, lo permitiría, según la Resolución conjunta 51 presentada por Ilhan Omar y otros representantes demócratas ante la Cámara el pasado septiembre.

En este contexto, no es un dato menor que Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, la unidad que supervisa todas las acciones de EEUU en Suramérica, Centroamérica y el Caribe, anunciara a mediados de octubre el adelanto de su retiro, lo que se ha interpretado como un rechazo a la estrategia de ataques en el Caribe. 

Una guerra multifactorial dirigida al cambio de régimen en Venezuela, pero no sólo…  

Por lo demás, el crescendo de las últimas semanas tiene elementos que deberían hacer saltar las alarmas a toda la comunidad internacional, incluida aquí una Unión Europea que calla y ampara los crímenes de sus aliados. Los ataques en el Caribe, extendidos ya al Pacífico, se unen al anuncio de Trump de operaciones encubiertas de la CIA contra Venezuela, raramente publicitadas. Todo ello forma parte de una ofensiva que tiene por finalidad última el cambio de régimen en Venezuela a través de una operación de guerra psicológica que amenaza también con una intervención terrestre. Se confirme o no este último punto, que algunos exfuncionarios estadounidenses ponen en duda, lo cierto es que los sectores más recalcitrantes de la oposición venezolana ven cada día más cerca la “extracción” de Maduro y la llegada de la “libertad” a Venezuela de la mano de EEUU, sobre todo desde que a su líder, María Corina Machado, le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. 

Nos encontramos en uno –más– de los momentos de máxima presión de una administración trumpista hacia Venezuela. Ahora con irradiaciones regionales a Colombia cuyo presidente, Gustavo Petro, ha sido incluido junto a su familia en la lista Clinton del Departamento del Tesoro, donde se incluyen a los objetivos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, en este caso después de denunciar Petro las acciones letales de EEUU. Esta decisión estadounidense muestra asimismo una escalada de confrontación entre ambos países tras la llegada de Petro al Gobierno del país que fuera durante décadas principal aliado de EEUU en Suramérica, proxy en su guerra contra Venezuela y el único Estado latinoamericano socio global de la OTAN desde 2017.

Marco Rubio está cumpliendo a rajatabla lo anunciado a inicios de su mandato cuando propuso incluir a los cárteles de la droga en la lista de “organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT)” y abrió la puerta a incluir a los Estados que no colaboraran en la lucha contra el narcotráfico a la lista de países patrocinadores del terrorismo. De aquí a la designación de Colombia como Estado patrocinador del terrorismo, y a su presidente como narcoterrorista equiparable a Nicolás Maduro, ya catalogado como tal por EEUU, sólo habría un paso. 

La segunda administración Trump está demostrando ser el auténtico peligro para la seguridad de sus vecinos hemisféricos y de todo el globo. Pero no nos engañemos, no estamos ante una situación causada sólo por el liderazgo tóxico de Donald Trump, ni por las decisiones de personajes como Marco Rubio y sus cuentas pendientes con el socialismo latinoamericano o por un Pete Hegseth hiperventilado. 

El mundo se enfrenta a una política imperial, con líneas de continuidad histórica pese la alternancia gubernamental y sus diferencias tácticas. EEUU es un imperio en declive que reacciona desaforadamente para recuperar influencia política, territorios para la expansión de sus empresas y, sobre todo, para apropiarse de los recursos imprescindibles en aras de mantener su posición hegemónica en un sistema internacional en transformación geopolítica, con una china que le pisa los talones, también en América Latina y el Caribe. Quizás EEUU tiene a la peor dirigencia para transitar esta coyuntura. O quizás, más bien, es esta crisis hegemónica la que ha llevado al pueblo estadounidense a votar por esa dirigencia. Sea como fuere, no sólo EEUU, Venezuela o Colombia se juegan su futuro en el Caribe y el Pacífico. También la humanidad. 

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El viernes 10 de octubre, la academia noruega encargada de otorgar el Premio Nobel de la Paz anunció que María Corina Machado, la líder opositora venezolana, era la galardonada este año por “su incansable labor en pro de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. 

Entre el entusiasmo de los opositores venezolanos y la estupefacción de la izquierda mundial, las reacciones políticas no dejaron de sucederse. Quizás el mensaje más llamativo fue el del asesor de Donald Trump y negociador estadounidense con el Gobierno de Venezuela, Richard Grenell, que sentenció en X: “El Nobel de la Paz murió hace años”.

Grenell, el hombre detrás del intercambio de presos estadounidenses en Venezuela por migrantes venezolanos deportados a las cárceles de alta seguridad de Bukele en El Salvador, parecía realizar una crítica velada a que Trump no fuera el galardonado, pero que podía interpretarse también como un cuestionamiento a la oportunidad política de la elección de esta “campeona de la democracia”, en palabras de la academia noruega. 

De golpe en golpe hasta la democracia final

Sin embargo, la trayectoria de Machado la aleja mucho de ser la encarnación de la lucha por la democracia, y mucho menos pacífica. Machado participó en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, que derrocó al presidente venezolano para sustituirlo por el líder de la patronal Fedecámaras, Pedro Carmona. Aunque lo negó posteriormente, Machado firmó el “Acta de constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional”.

El documento, conocido como Decreto Carmona, derogó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), aprobada por referéndum popular en 1999, e instaló una efímera Junta de Gobierno (efímera poque las calles y los cuarteles venezolanos se movilizaron para defender el proceso revolucionario y restaurar el orden democrático). 

Hugo Chávez decretó una amnistía general para los golpistas así que María Corina Machado pudo proseguir con su particular “lucha por la democracia” en la “dictadura venezolana”. En 2002 creó la asociación civil, Súmate, financiada por la National Endowment for Democracy (NED), la organización estadounidense pantalla de la CIA que sirve de cobertura legal y económica a las operaciones de injerencia internacional dirigidas a “promover la democracia liberal” (traducción: el cambio de régimen) en los países gobernados por retadores hegemónicos de sus intereses geoestratégicos.

Una de sus primeras acciones de Súmate fue recolectar firmas para iniciar un referéndum revocatorio al presidente venezolano, previsto en el artículo 72 de la CRBV, para someter a escrutinio a todos los cargos públicos a mitad de su mandato. Chávez fue refrendado en 2004 y la oposición venezolana siguió con su hoja de ruta destituyente hasta nuestros días.

Una de las características de dicha hoja de ruta ha sido no reconocer la institucionalidad venezolana, ni su legalidad, ni la legitimidad de sus dirigentes, o de la Revolución misma. Las acusaciones de fraude electoral, o el boicot a participar en elecciones, han sido constantes desde el inicio del proceso revolucionario. No obstante, en Venezuela la oposición ha podido gobernar y gobierna en estados, municipios y ha ganado elecciones a la Asamblea Nacional.

Esta victoria generó un choque de poderes entre el legislativo y el ejecutivo que tuvo en 2019 su momento cumbre con la autoproclamación de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país. Esta ficticia presidencia paralela fue reconocida por EEUU, España y el conjunto de la Unión Europea así como los tradicionales aliados del mundo occidental, a pesar de que su “gobierno interino” era inexistente más allá de la virtualidad de las redes sociales y de unos cargos inventados que sirvieron para el latrocinio de los recursos venezolanos en el exterior. 

Machado, defensora de la máxima presión

La estrategia opositora, que ha tratado de agruparse en estas décadas bajo distintos paraguas unitarios de disímil éxito, debido a sus diferencias tácticas, pugnas de poder y animadversiones recíprocas manifiestas, ha tenido en Machado el estandarte de la defensa de la vía dura para salir del chavismo. Así, un año antes del golpe de Juan Guaidó, Machado escribió una carta al presidente argentino, Mauricio Macri, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirles que apoyaran la aplicación de la doctrina de la responsabilidad de proteger (R2P) en Venezuela, una figura jurídica que fue utilizada en 2011 para autorizar desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la intervención internacional en Libia que llevó a la caída y asesinato de Muamar el Gadafi. 

Las declaraciones de la adalid de la paz, María Corina Machado, sobre la necesidad de acciones bélicas para acabar con el “régimen criminal” de Nicolás Maduro abundan en la hemeroteca. Su defensa de la máxima presión incluye dar la bienvenida a las medidas coercitivas unilaterales que EEUU viene aplicando contra el sector petrolero, individuos e intereses de la Venezuela bolivariana y que, según el economista venezolano Francisco Rodríguez, son en gran parte responsables de la caída de más del 70% de la renta per cápita de los venezolanos que se produjo en la década de los 2010. Las consecuencias de dicho desplome se traducen en el éxodo de millones de venezolanos por varios países de América Latina, EEUU y Europa.

Por si hubiera dudas, María Corina Machado ha interpretado el Premio Nobel de la Paz como lo que es, un espaldarazo a su apuesta por la máxima presión hacia lo que ahora llama “estructura criminal”, “cartel” o “tiranía que ha derivado en un sistema narcoterrorista”. Machado se refería con estos términos al Gobierno de Nicolás Maduro en sus entrevistas horas después de la premiación y aprovechaba para lanzar un mensaje de invitación al diálogo “Váyase ya por la paz de Venezuela”. Ironías aparte, María Corina Machado amenazaba al presidente venezolano y a quienes lo respaldan para “aceptar los términos de la transición por su propio bien”.

Maduro, en palabras de Machado, debe salir “con o sin negociación”, una idea que está en la línea de la “extracción quirúrgica” de la que hablan en algunos círculos opositores para referirse eufemísticamente a un golpe de Estado que supondría el derrocamiento, y quién sabe si asesinato también, del presidente venezolano y su círculo cercano.

La división en Estados Unidos y el nuevo escenario bélico

María Corina Machado cuenta con un gran aliado en la Casa Blanca para llevar adelante sus propósitos de cambio de régimen y no es principalmente Donald Trump sino el secretario de Estado y actual asesor de Seguridad Nacional en funciones, Marco Rubio. Rubio, hijo de migrantes cubanos que llegaron a EEUU en 1956, representa uno de los motores de la política de máxima presión hacia la Revolución Bolivariana. Su apuesta ideológica, no exenta de intereses económicos, es hacer caer a la Revolución Bolivariana y, con ello, también a la cubana. Destacó como senador republicano promoviendo leyes de apoyo a la “democratización” de Venezuela. Ahora desde posiciones de gobierno, Rubio parece tener carta blanca para ejecutar nuevas acciones. En febrero de 2025, designó al Tren de Aragua, una organización delictiva venezolana, como organización terrorista extranjera y organización terrorista global. 

Días después, María Corina Machado afirmó que la ficticia organización Cártel de los Soles financia el Tren de Aragua y, con ello, cerró el círculo de la acusación de narcoterrorismo a Nicolás Maduro, a quien EEUU señala como el máximo líder de dicho cártel, motivo por el cual ofrece 50 millones de dólares a quien lo detenga. Recordemos que Nicolás Maduro fue definido por la Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, como “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”.

Otro de los presidentes latinoamericanos acusados por EEUU de narcotraficante fue Manuel Noriega, derrocado en diciembre de 1989 por una invasión militar estadounidense y condenado a 40 años de prisión en EEUU. La historia parece condenada a repetirse o la originalidad de los argumentos parece condenada a agotarse. Juzguen ustedes.

Según refieren varias fuentes en la prensa internacional, Rubio y Grenell tienen posiciones enfrentadas sobre cuál debe ser la aproximación de EEUU hacia Venezuela. Con el anuncio del Nobel a Machado, Grenell supo que había perdido una batalla en la guerra solapada que mantiene con el secretario de Estado. Una disputa seguramente táctica, mas no estratégica, que no es la primera vez que se reproduce al interno de una administración estadounidense. De hecho, en la primera administración de Donald Trump ya hubo diferencias similares, relatadas por el ex sesor de Seguridad Nacional, John Bolton, en sus memorias y por información filtrada en la prensa sobre las diferentes visiones dentro del Gobierno entre el Pentágono, la CIA, el Departamento de Estado o el mismo Donald Trump, acerca de cómo actuar frente al Gobierno venezolano.

El mismo día que el comité noruego anunció el Nobel de la Paz, Venezuela solicitó una reunión extraordinaria ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar las ejecuciones extrajudiciales que EEUU está perpetrando contra supuestas narcolanchas venezolanas en el Caribe y la amenaza que suponen estas acciones bélicas fuera del Derecho Internacional para la paz y la seguridad de la región. Además, el representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, detalló el despliegue militar ofensivo de más de 10.000 efectivos militares, aviones de combate, un submarino nuclear y activos varios, algunos propios de misiones encubiertas, que abrirían un escenario de un posible ataque armado estadounidense contra Venezuela. Unas acciones que han provocado que algunos congresistas demócratas presenten ante la Cámara de Representantes resoluciones señalando que el presidente de EEUU no puede iniciar ninguna guerra sin el debate previo y la aprobación del Congreso estadounidense, y que el tráfico ilegal de drogas no puede constituir en sí mismo una interpretación de un ataque armado o una amenaza de un ataque armado inminente. 

Follow the… petróleo

En realidad, la lucha por la democracia y la defensa de los derechos humanos en Venezuela han sido siempre la excusa retórica opositora para ocultar una disputa que discurre en el ámbito geopolítico y que es la de los recursos venezolanos. Venezuela tiene las principales reservas probadas de petróleo del mundo y, tras la victoria de Hugo Chávez, inició una política de diversificación en la explotación petrolera entre su estatal PDVSA con empresas de terceros países, algunos de ellos retadores geopolíticos de EEUU como China, la Federación de Rusia o Irán. 

Debajo del intento de regreso a una democracia que nunca fue tal para amplios sectores de la población venezolana está el petróleo o las ingentes reservas de gas que garantizan a Venezuela 300 años de producción –frente a los 14 años de EEUU–. Esta es la lucha que mueve a María Corina Machado, a la oposición venezolana y a quienes la respaldan desde EEUU. Machado ha dejado claras sus intenciones de privatizar la industria petrolera. Ni hace falta decir que esa decisión implicaría la salida de las petroleras propiedad de los enemigos geopolíticos de EEUU para poner en bandeja los recursos a quienes tanto han ayudado a los “luchadores por la libertad” venezolanos. 

Desde la perspectiva opositora, este nuevo reparto de los recursos sólo será posible con el arribo de la auténtica democracia a Venezuela. La misma “democracia” que EEUU llevó a Chile en 1973 de la mano de Augusto Pinochet, esa democracia que consiste en garantizar los intereses estadounidenses frente a los de otros competidores, ahora en un nuevo escenario geopolítico donde la disputa por los recursos es clave para la hegemonía del futuro.

En el actual momento de escalada contra el Gobierno de Venezuela, y tomando en consideración el contexto, este Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado es un Premio Nobel para la Guerra. Sirve para lavar la cara a quien tiene mucho más en común con Augusto Pinochet que con Salvador Allende, aunque la prensa internacional y una lobotomizada opinión pública occidental se empeñen en afirmar lo contrario. Además, es un apoyo explícito a una lucha que, en el caso de Machado, no ha sido democrática ni pretende ser pacífica. Si la apuesta bélica de Rubio y Machado se impone al pragmatismo negociador de Grenell, servirá también para tratar de tapar los futuros crímenes de EEUU en Venezuela tras un construido liderazgo de paz que, como en Gaza, sólo será la paz de los cementerios.

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Las declaraciones del presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, reivindicando la cultura del esfuerzo para solucionar el “problema de actitud” que tendría la clase trabajadora española con relación al trabajo, han levantado una lógica indignación. Garamendi se posicionaba, en el marco del Forbes Spain Economic Summit, contra el lema “trabajar menos para vivir mejor”, idea detrás de iniciativas como el fallido proyecto de ley de reducción de la jornada laboral rechazado en el Congreso el 10 de septiembre pasado. Ante esta situación, el líder de la CEOE criticaba al Ministerio de Trabajo por su propuesta de promulgar, de manera urgente, un decreto ley que refuerce el registro horario en las empresas, para que la Inspección de Trabajo pueda conocer las horas extraordinarias que no se contabilizan formalmente y, por tanto, no se pagan. 

En un estudio de CCOO publicado hace un año, estas horas extras no pagadas ascendían a 2,6 millones a la semana, lo que equivale a un robo adicional a la clase trabajadora –sin contar la plusvalía– calculado en 3.254 millones de euros por año. El robo es doble pues afecta también a las arcas públicas, al no abonarse las correspondientes cotizaciones e IRPF de ese tiempo de trabajo que le sale gratis a los empresarios. En el estudio se mencionaba asimismo cómo la sumatoria de todas las horas daría para crear 170.000 empleos de jornada completa. Sería bueno tener en mente estos datos para cuando nos vengan a hablar de pobres y delincuencia. 

«Olvídese de la conciliación familiar y de tener vida propia. Es más, olvídese de cobrar por su trabajo. ¡Viva la esclavitud asalariada!».

A decir de Garamendi, las trabajadoras españolas no deberían preocuparse de estar contando las horas que pasan en sus centros de trabajo, mucho menos aquellas horas fuera de su horario laboral que los empresarios, en la mayoría de casos, no les pagan. Olvídese de la conciliación familiar y de tener vida propia. Es más, olvídese de cobrar por su trabajo. ¡Viva la esclavitud asalariada! 

Pero la desfachatez del parasitario empresariado español no tiene límites. Para dejar claro cuán alejado está de la realidad de la clase trabajadora, Garamendi ejemplificó la cultura del esfuerzo usando la figura del tenista Carlos Alcaraz: “¿Tú crees que Carlitos [Alcaraz] trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, de sufrir, de saber qué pierdes y qué ganas”. Como es evidente, cualquier persona que sepa lo que es trabajar de verdad reconoce lo insultante que es comparar la realidad de un deportista de élite con la del conjunto de los trabajadores de uno de los países con mayor precariedad laboral y salarial de la Unión Europea, España. Sólo alguien que vive en una burbuja de privilegios, cobrando 285.000 euros al mes por representar a los grandes empresarios del Estado, puede llegar a creerse que es la “cultura del esfuerzo” la que ha decidido que él tenga tan abultado salario mientras el resto de la plebe apenas puede llegar a fin de mes de manera holgada. 

No es la primera vez que Garamendi nos regala alguna de sus perlas. En la galaxia de la CEOE, esa dimensión paralela que sólo tiene contacto con los humanos de carne y hueso a través de la explotación consagrada en un contrato laboral, el mundo está patas arriba, que diría Galeano. Garamendi es un extraterrestre que viene de un universo plagado de seres extraños, de esos que nunca se avistan en un barrio obrero, que no saben lo que es la cultura de la subsistencia porque nunca han tenido que vivir con las nóminas que pagan, pero que parecen saber mucho sobre la cultura del esfuerzo… ajeno. Aun así, se permiten dar lecciones a la clase trabajadora desde una atalaya de superioridad moral, confundiendo jerarquía económica con valía personal, exigiéndole esfuerzos y sacrificios que, por supuesto, ni ellos ni sus hijos se aplicarán jamás. La pseudo-meritocracia del sistema en estado puro.

«Se permiten dar lecciones a la clase trabajadora desde una atalaya de superioridad moral, confundiendo jerarquía económica con valía personal, exigiéndole esfuerzos y sacrificios que, por supuesto, ni ellos ni sus hijos se aplicarán jamás».

En realidad, lo único que Garamendi y sus amigos conocen es la cultura de la explotación, aquella que permite a una minoría detentar el poder económico y político, teniendo a las instituciones a su servicio, en el marco de un tipo de democracia que limita las posibilidades reales de superación del modo de producción capitalista. Un sistema que está diseñado para que su clase siga enriqueciéndose a costa de la clase trabajadora. En realidad, las relaciones de poder asimétricas entre capital y trabajo que caracterizan a las democracias liberales no son más que el reflejo de la ausencia de democracia real que existe en los centros de trabajo. 

Justo esta semana, la CGT de Catalunya ha presentado un informe demoledor, Erosión del poder adquisitivo en Cataluña y la necesidad de la acción sindical. En él se demuestra cómo el empresariado catalán y español se está enriqueciendo cada día más, en un proceso paralelo, e interrelacionado, de empobrecimiento de la clase trabajadora. Una inflación que no es compensada por las subidas salariales, unos precios desbocados de la vivienda y unas direcciones de los grandes sindicatos, que han apostado por la concertación y el diálogo social con el Ministerio de Trabajo antes que por el conflicto laboral desde la calle o los centros de trabajo, y que han llevado a un escenario donde el poder adquisitivo de la clase trabajadora no hace sino caer. No así los beneficios empresariales. 

Como explica el informe, el valor añadido bruto que se genera en la producción ha aumentado un 32,8% en las empresas del Estado desde 2021. Pero el resultado bruto de explotación, que es la parte del valor añadido que se queda el capital una vez remunerado el factor del trabajo, lo ha hecho un 50,5% en los últimos cinco años. La relación entre ambos indicadores da la medida de los márgenes de beneficio empresarial, que se contabilizan en un aumento del 6,1% desde 2021. En contraste, el salario medio de los trabajadores en el conjunto del Estado es un 3,4% más bajo que en 2021. 

«Convendría recordarle al señor Garamendi que es la clase trabajadora, una vez más, la que puede dar lecciones de auténtica cultura del esfuerzo, no la patronal».

En este contexto de reparto desigual del crecimiento económico, convendría recordarle al señor Garamendi que es la clase trabajadora, una vez más, la que puede dar lecciones de auténtica cultura del esfuerzo, no la patronal. Pero que no se confundan los señores de la CEOE, el aguante de la clase trabajadora también tiene un límite. Quizás algún día no tan lejano, en la clase trabajadora nos cansemos de dar lecciones sobre cultura del esfuerzo y pasemos a protagonizar de nuevo grandes momentos de lucha colectiva, como cuando los antepasados de los empresarios españoles creyeron que podían estirar tanto de la cuerda que acabaron provocando estallidos y revoluciones. No nos provoque, señor Garamendi. 

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Les constel·lacions familiars són una eina terapèutica orientada identificar el tipus de relacions que s’estableixen entre els diferents membres del sistema familiar.

És a dir concebre a cada membre de la família com l’arquetip que representa, es a dir, no com la persona que es, sinó com el que representa , per la persona que es constel·la.

L’objectiu principal és que la persona pugui identificar les dinàmiques perjudicials inconscients,que s’han establert a la seva família i les actituds i conductes que s’han generat entre els seus membres.

Aquesta informació, per una part, li permet a la persona reinterpretar els patrons familiars disfuncional,que reprodueix de manera inconscient, per a trobar solucions als conflictes enquistats

Per altre banda, la constel·lació pretén despertar els sentiments i emocions que estan latents al inconscient de la persona, per a que pugui gestionar-los i reconciliar-se  amb certes persones i esdeveniments del passat.

El proper diumenge 19 de febrer a les 10:15 tenim un nou taller de constel·lacions familiars,un enfocament terapèutic que ens aporta comprensió sobre assumptes que ens desborden i per això no acceptem.

Si encara no coneixes aquesta metodologia us animen a  que participeu en aquesta trobada.

Mes informació: jenny@terapia-t.com

L'entrada Taller de Constel·lacions Familiars diumenge 19 de febrer a L’Espai Cooperatiu El Poblet ha aparegut primer a Cooperativa el Poblet.