La privatización sistemática desplegada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid extiende sus raíces a la totalidad de servicios públicos esenciales.

«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.

Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.

El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]

La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):

• Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
• Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
• Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
• Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
• Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.

Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.

Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.

Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a la huelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.

La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.

En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:

• Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
• Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
• Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
• Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
• Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.

Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.

En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.

En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.

“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.

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Extraído de cnt.es

Han pasado ya cincuenta días desde que la plantilla de Gazc Sevilla S.L., empresa del sector aeronáutico, decidió plantarse. Lo hicieron el 6 de octubre, convocando una huelga indefinida bajo las siglas de CNT Sevilla. Medio centenar de jornadas después, el pulso sigue firme, sin visos de acuerdo y con una certeza: “Los ánimos no decaen. Estamos más unidos que nunca y haciéndole frente a la empresa”, asegura Jesús, uno de los trabajadores en huelga.

La chispa saltó tras meses de incumplimientos: categorías profesionales ignoradas, recortes ilegales en el abono de vacaciones, imposiciones en el calendario y pérdida progresiva de derechos. “Siempre hemos estado en triple turno, con noches muy mal pagadas porque el convenio nos deja vendidos. Las tardes son horrorosas y la empresa obliga, aunque digan que no, a echar horas extras”, denuncia Jesús.

La creación de la sección sindical de CNT en mayo fue la respuesta a una oleada de despidos y al hartazgo acumulado. La empresa, lejos de negociar, rechazó todas las reivindicaciones. La asamblea decidió entonces ir a la huelga indefinida con objetivos claros: reconocimiento de categorías, mejoras para quienes trabajan en nocturnidad, estabilidad en el empleo y fin de los recortes. “Si no tuviéramos esta caja de resistencia y el apoyo del sindicato, no hubiéramos aguantado 50 días como llevamos”, admite Jesús.

La dirección de Gazc Sevilla no ha movido ficha. “Ellos siguen aparentando que todo va bien, que sacan la producción, pero desde fuera se ve que no llegan. Están tirando de esquirolaje interno y externo, echando horas extras, dejando máquinas andando”, relata el trabajador. Incluso han recurrido a prácticas ilegales: “Ya los hemos cogido trabajando fines de semana, tenemos vídeos y denuncias en la Guardia Civil. Se exponen a sanciones”.

La empresa, que recibe cuantiosas ayudas públicas, prefiere asumir pérdidas, pagar seguridad privada —“22.000 o 23.000 euros al mes”— e instalar cámaras antes que atender unas demandas que los huelguistas califican de “modestas”. “No es por dinero, no ceden por orgullo. No quieren dar su brazo a torcer ante una huelga”, sentencia Jesús.

La huelga ha fortalecido la afiliación: de 20 a casi 40 trabajadores en la sección sindical. “La gente lo ha visto claro: el sindicato es una herramienta válida. Sin CNT, esto no sería posible”, afirma. La Caja de Resistencia y el apoyo de colectivos sociales como Barrios Hartos y Gente de barrio sostienen la moral alta. “Hay días buenos y malos, pero siempre hay compañeros que te levantan cuando flaqueas. Si uno está mal, otro va y lo anima. Así estamos aguantando”, confiesa Jesús.

El conflicto ha destapado también el papel de otros sindicatos. “UGT siempre ha estado del lado de la empresa. Nunca han conseguido nada para los operarios, solo para los de turno de mañana. Ahora han sacado comunicados contra nosotros, incluso cuestionando la legalidad de la huelga”, denuncia Jesús. “Siempre que levantábamos la voz, nos daban de lado. Esta vez no ha sido diferente”.

Las demandas son claras y concretas. “El acuerdo ideal pasa por dos puntos: un plus de 150 euros para compensar las horas extras que otros echan y nosotros no podemos, y vacaciones más flexibles para conciliar con la familia. Si en verano cierran tres semanas, que nos den una a elegir en otra fecha”, explica Jesús. “Si la empresa acepta eso, se puede llegar a un acuerdo. Pero no vamos a negociar a la baja”.

Para entender la magnitud del conflicto, conviene saber qué hacen estos trabajadores: “Realizamos mecanizado de piezas aeronáuticas. Somos el primer eslabón, el más importante, porque si nosotros no producimos, el resto no puede trabajar. Y somos los que peor estamos: tres turnos, noches mal pagadas y presión constante para echar horas extras”.

La pregunta flota en el aire. ¿Cuánto más puede durar? “Es cuestión de tiempo. Pero llegará el momento en que tengan que sentarse sí o sí”, asegura Jesús. Su predicción: “No creo que aguanten mucho más. Van tarde en las entregas y se exponen a denuncias. Yo creo que será antes de lo que muchos esperan”.

Mientras tanto, la huelga sigue marcando el ritmo en Gazc Sevilla. Una lucha que, más allá de las cifras, habla de dignidad obrera frente a la soberbia empresarial. Porque, como repiten en el piquete, “si no peleamos nosotros, nadie lo hará por nosotros”.

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El Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social se está negociando a día de hoy. Un convenio que rige la relación y ámbito laboral de las trabajadoras de las siguientes áreas, tal y como aparecen denominadas en el actual Convenio: área de intervención psicosocial y socio-educativa (centros de acogida, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, agresiones, etc., pisos, centros de día, comedores sociales, programas de atención, intervención y mediación, etc.), área de intervención sociolaboral (servicios de inserción laboral, orientación para el empleo, etc.), área de intervención sociosanitaria y asistencial (servicios de apoyo emocional, de prevención del VIH y drogodependencias, servicios sociosanitarios de rehabilitación dirigidos a colectivos en situación de riesgo o exclusión social, servicios de Salud Mental, servicios de emergencia social, centros de atención a las toxicodependencias y otras dependencias, centros residenciales para poblaciones en riesgo de exclusión social, etc.) y área de gestión, investigación, diseño, evaluación, diagnóstico y planificación estratégica de programas sociales (asesoría y consultoría, servicios de formación y orientación, acompañamiento y mediación a personas para prevenir la pérdida de su vivienda, etc.).

La mesa negociadora se encuentra conformada por los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones patronales AEEISSS, ANESOC y OEIS. Ésta última, la Organización Estatal de Intervención Social, constituida, según su página web, por las siguientes 27 entidades, engloba a 22.000 trabajadoras: Aldeas Infantiles, AECC, Asociación Norte Joven, ACCEM, Asociación Proyecto Hombre, Asociación PAIDEA, Cáritas, COCEDER, Cruz Roja, Acción contra el Hambre, Fundación Adecco, Anesvad, CEPAIM, La Merced Migraciones, Oxfam Intermón, Plan Internacional, RAIS, Secretariado Gitano, Save the Children, Fundación Social La Sapiencia, Fundación Tomillo, Médicos sin Fronteras, Movimiento por la Paz, Pinardi, YMCA, Educo e Intered.

Como informa la Plataforma del Sector Social en Madrid, organización asamblearia que agrupa a trabajadoras de forma independiente a las centrales sindicales mayoritarias, durante los últimos 18 años, se han firmado 3 convenios. La Plataforma señala que el convenio de 2007 sigue siendo la base principal de referencia, habiendo quedado, como es lógico, totalmente desfasado, incompleto y sin actualizar categorías, funciones, jornadas, etc., y, aunque se han producido revisiones salariales anuales, las subidas salariales han sido inferiores a la subida del IPC, es decir, las trabajadoras del sector han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Por ello, uno de las reivindicaciones principales es la salarial, pero, con el objetivo no sólo de ajustar el salario al actual nivel de vida sino de alcanzar los salarios de los trabajadores públicos, pues, con cada vez más frecuencia, dichas empresas sustituyen a servicios de carácter estatal, dentro de la dinámica externalizadora y privatizadora presente en todos los niveles de la Administración sin importar el color político de sus gestores.

Otra reivindicación presente es la reducción de las horas de trabajo hasta alcanzar las 37,5 horas semanales, así como la mejora de las condiciones laborales (cuidado de la salud física, mental y emocional de las trabajadoras), el reconocimiento como servicio público esencial, la dignificación de la atención a las personas que participan en estos servicios y, por tanto, la dignificación de las propias personas, etc.

Los sindicatos de carácter reformista y pactista han denunciado el bloqueo patronal a la negociación en un primer comunicado titulado “El principio del fin de la paz social en la intervención social”. En dicho comunicado han acusado a la patronal de no asumir ni la mínima reivindicación de equiparar los salarios al actual nivel de vida, en contraste con la dinámica presente respecto a los altos cargos, por ejemplo, en 2024, las trabajadoras de CEAR denunciaban las subidas salariales de hasta casi un 30% para cargos superiores.

El pasado 24 de noviembre, estos sindicatos publicaban una nueva nota de prensa anunciando el inicio de una serie de movilizaciones si continúa el bloqueo por parte de las tres entidades patronales.

En esta disputa, en la que convergen diferentes ejes de conflicto (como la precarización y feminización de estos servicios de acompañamiento y cuidado, la privatización de un elemento del Estado social que, a través de supuestas fundaciones y asociaciones, la Administración acaba externalizando toda una serie de servicios, los recortes presupuestarios en nombre de, por un lado, el equilibrio fiscal, o, por el otro, el relato neoliberal, racista e individualista de la extrema derecha presente en las instituciones, el impacto personal y mental en las propias trabajadoras, etc.), la amenaza de la ruptura de la paz social por parte de las dos centrales sindicales que con más ahínco han trabajado para mantenerla, nos hace entrever la gravedad de las intenciones de una serie de empresas, ONGs, fundaciones y asociaciones, que proyectan una imagen pública que colisiona con la realidad de las trabajadores que las sostienen.

Pero, aunque dicha imagen pública ha sido de forma recurrente usada como chantaje a las trabajadoras, porque algunas de ellas se sostienen aún en parte por las donaciones y suscripciones de miles de personas voluntariosas, también, es una herramienta de presión y fuerza poderosa para todas nosotras. No olvidemos que tienen mucho que perder. Aplaudimos la organización autónoma de las propias afectadas, con la esperanza de que acabe constituyéndose un elemento de contrapoder suficiente no sólo para plantar a la patronal sino para que CCOO y UGT sientan la presión y deban poner en práctica, como mínimo, lo amenazado en sus comunicados y no acepten las cuatro migajas que les puedan ofrecer apelando a la “responsabilidad” que constantemente mencionan, una responsabilidad que siempre coarta a las trabajadoras pero nunca repercute en sentido contrario.

Por un auténtico principio del fin de la paz social en la intervención social.

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Solidaridad de clase que derriba fronteras

Un paro general de 24 horas en Italia, convocado para el lunes 22 de septiembre por sindicatos de base y diferentes organizaciones políticas, se convirtió en una importante movilización que ha alcanzado una repercusión considerable, sirviendo de ejemplo para las trabajadoras de otros países, multiplicándose así las convocatorias en el ámbito laboral en solidaridad con la lucha del pueblo palestino.

La determinación de los huelguistas el 22 de septiembre nos han hecho llegar imágenes de enfrentamientos con las fuerzas policiales en puntos estratégicos como estaciones de tren, puertos, carreteras, centros comerciales, etc. El eslogan bloquearlo todo fue asumido de forma colectiva, convirtiéndose en el principal objetivo de la jornada.

La agudización de la operación de exterminio emprendida por el ente sionista bien merece una respuesta contundente y popular. Sus cómplices, sus socios comerciales, no pueden seguir haciendo negocios como si nada, sin que les salpique toda la sangre derramada, por ello, en este espacio dedicado a los conflictos laborales en activo, esta muestra de uno de los atributos más bonitos y necesarios de la lucha de las trabajadoras, la solidaridad internacionalista, la complicidad entre clases y pueblos, debía quedar reflejada.

Para el 15 de octubre, la mayor parte de las organizaciones sindicales vascas han convocado una jornada de huelga en Hegoalde (Euskadi y Navarra), concretada en un paro general y en acciones que aún están por determinar. Entre las reivindicaciones establecidas por el conjunto de sindicatos que respaldan la movilización se encuentran la ruptura de todas las relaciones comerciales con el Estado sionista, la suspensión total del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, etc.

El 15 de octubre como jornada de lucha también está encontrando eco en otras partes del Estado, como en Galiza, donde la CUT llama a la huelga, o, en el resto del país, donde algunas centrales sindicales llaman a paros puntuales y concentraciones, y otras han convocado una huelga general como respuesta a la detención de la flotilla que iba rumbo a Gaza.

Estaremos atentas a las convocatorias presentes y animamos a acudir con el objetivo de desbordar las calles y las propias protestas de aquellos que quieren convertirlas en meros actos simbólicos para evitar ser recriminados por no hacer nada mientras un genocidio está ocurriendo.

No paremos hasta bloquearlo todo, hasta bloquear a las potencias coloniales.

Los trabajadores de DIGI se plantean la huelga indefinida contra el convenio firmado por CCOO y UGT

La compañía rumana de telefonía low cost, que se ha expandido rápidamente por el país tras darse a conocer por una fuerte e insistente presencia en multitud de espacios gracias a constantes campañas publicitarias, como los patrocinios en equipos de fútbol como el Real Oviedo, Rayo Vallecano, Cádiz, Burgos o el Deportivo de La Coruña, se encuentra con la plantilla de trabajadoras en pie de guerra tras la firma del primer convenio de empresa.

En Galicia, Cantabria y Euskadi se sucedieron paros entre los días 23 y 25 de septiembre contra un acuerdo que consideran que precariza las condiciones laborales con recortes salariales encubiertos, la proliferación de los contratos formativos y los gastos generados por desplazamientos cargados sobre los propios trabajadores, entre otras medidas. La empresa respondió enviando esquiroles desde Madrid o Asturias para cubrir estos puestos y criminalizando la acción piquetera de los trabajadores ante los medios de comunicación.

Los sindicatos CGT, CIG o ESK se oponen frontalmente a un convenio pactado por CCOO y UGT y apuestan por una movilización a nivel estatal, caminando ya hacia una huelga que involucre a las 8.000 trabajadoras de la compañía. Tal es el nivel de pérdida de derechos y poder adquisitivo que, el convenio firmado desde Madrid por las dos citadas organizaciones, ha supuesto una rebelión por parte de un número importante de los representantes locales de estos sindicatos, provocando un traspaso de afiliación entre los diferentes espacios.

Los trabajadores de DIGI se rigen actualmente por los convenios del Metal locales, por ello, en aquellas regiones con una larga trayectoria de lucha laboral, dichos convenios contienen ciertas conquistas que la firma de un convenio nacional homogéneo para toda la compañía supondría un muy importante retroceso en sus condiciones. Desde CGT aseguran que ni un sólo trabajador se vería beneficiado por esta homogeneización, que se trata de igualar por debajo del mínimo existente teniendo en cuenta los diferentes convenios que operan.

La presencia de la compañía por toda la geografía del país a través de sus anuncios, tiendas y oficinas, posibilitan las acciones de solidaridad con un conflicto que, en el mes de octubre, tendrá sus horas críticas. Al igual que en el apartado anterior, os invitamos a estar informadas de las novedades de este conflicto y a aportar vuestro granito de arena de solidaridad de clase.

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Huelga de celo en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

El 29 de junio, en la provincia de València, la plantilla del Consorcio Provincial de Bomberos inició una huelga de celo, es decir, se decidió no realizar ninguna hora extra ni asumir funciones que no estén incluidas en sus obligaciones contractuales, y, como en muchos otros sectores que funcionan gracias a la sobrecarga de las trabajadoras, esto ha implicado que turnos se quedaran vacíos y, por tanto, que, en cada turno, varios parques de la provincia se vieran afectados y se hayan visto obligados a cerrar total o parcialmente. Desde las entidades sindicales se denuncia que hay más de 250 plazas sin cubrir, además, de los recortes existentes en material protector, herramientas, etc. Ni la experiencia de la DANA ni el riesgo que suponen las altas temperaturas, han servido para que las autoridades políticas valencianas reviertan el déficit presente en este servicio público.

El pasado martes 28 de julio, mientras el Consorcio Provincial se reunía en el edificio de la Beneficència, la plantilla de bomberos se concentró en sus puertas, siendo golpeados y reprimidos por la policía, dejando claro, una vez más, a quienes sirven los de azul.

Esta huelga fue interrumpida a mediados de agosto por el incendio de Teresa de Cofrentes, tras declararse el nivel 2 de la situación del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF).

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid entre el Gobierno de Ayuso y el Gobierno central

El conflicto iniciado en el mes de julio no puede pillar de sorpresa a nadie. Desde hace meses, los bomberos forestales han convocado protestas, asambleas, paros, acciones informativas, etc., pero, ahora, decidieron ir un paso más allá y convocar una huelga que se ha prolongado durante todo el verano salvo por la pausa realizada por lo acontecido por todo el país.

Desde el pasado 15 de julio, los brigadistas están convocados a un paro para forzar tanto a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid como a Tragsa, la empresa pública que gestiona este servicio externalizado por el ejecutivo regional, a negociar un nuevo convenio. El actual está caducado desde hace 17 años y, después de promesas incumplidas, las compañeras han perdido la paciencia y han iniciado este pulso ante dos entes públicos diferentes que están utilizando este conflicto para profundizar en su circo político.

A la petición de un nuevo convenio, hay otras exigencias igual de relevantes como la mejora de la seguridad, la contratación de más personal, la actualización salarial o el reconocimiento profesional.

Aunque el paro se detuvo por la ola de incendios que ha golpeado a toda la Península de forma profunda y trágica, al no haber avances ni cambios de actitud por parte de los dos organismos, al cierre de esta edición, los bomberos forestales han decidido retomar la convocatoria de huelga indefinida.

La Comunidad de Madrid, que externalizó el servicio en 1996, se ha desentendido y ha hecho como si no estuvieran teniendo lugar dichas protestas, y, cuando no ha sido así, ha sido para despreciar y faltar a los profesionales, como es práctica habitual en la señora Ayuso y en su equipo. Por otro lado, por parte de la empresa dependiente del Gobierno central, Tragsa, no ha habido tampoco voluntad de satisfacer las lógicas demandas de la plantilla.

Ni la crisis sanitaria de 2020 sirvió para que la clase política tomara medidas que garantizaran un sistema sanitario realmente público y accesible, ni la ola de incendios de este agosto, la más destructiva de los últimos años, servirá para disponer de un cuerpo suficiente de profesionales que, por un lado, realice las tareas de mantenimiento y prevención necesarias, y, por el otro, sirva para combatir los incendios cuando éstos tengan lugar, para así, gracias a todo ello, podamos proteger eficazmente nuestros montes y bosques. Esto no vendrá por voluntad propia de políticos de uno u otro signo sino que tan sólo con la convergencia de intereses de trabajadores y residentes, de las luchas en defensa del territorio con los conflictos laborales presentes en aquellos sectores ligados a éste, tan sólo con el encuentro y desbordamiento de todos estos conflictos podremos evitar volver a presenciar como nuestros espacios quedan completamente arrasados.

Nosotros ponemos los muertos

Los incendios durante este 2025 han dejado un total de 8 fallecidos, como siempre, trabajadores.

En Soria, un centenar de personas convocadas por CGT se reunieron en un homenaje a su compañero fallecido que sirvió de denuncia de las condiciones laborales en el sector. Ignacio tenía 57 años y perdió la vida tras volcar el vehículo autobomba en el que viajaba para sumarse a las tareas de extinción en León. Abel Ramos, de 35 años, y Jaime Aparicio, de 37 años, primos y dos de las personas que se integraron en la red de voluntarios creada para completar el déficit de personal de la Junta de Castilla y León, también fallecieron en labores de extinción. A todos ellos, hay que sumar la muerte de un operario forestal de 58 años que, en su día libre, se desplazaba a participar en el operativo contra el incendio de Navaluenga (Ávila); el bombero del Cuerpo de Agentes Forestales de la Generalitat fallecido en el incendio forestal en Paüls, Tarragona; y tres trabajadores del campo, del sector agroganadero, fallecidos en los incendios de Torrefeta (Lleida) y Tres Cantos (Madrid).

A todos ellos, nuestro sentido y humilde homenaje.

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