Bajo un sol cayendo a plomo en la Plaza del Pueblo de Orcasur (Madrid), se presentaba este sábado una confluencia que busca articular y aglutinar las diferentes luchas sociales, sindicales y medioambientales que están atravesando el territorio madrileño. El entorno no podía más adecuado para esta iniciativa colectiva; no en vano, Orcasur, Orcasitas, es esa aldea gala del sur en la que nunca se han implantado las derechas y que a finales de la dictadura consiguió que todos sus habitantes pasaran de vivir hacinados en chabolas, a estrenar viviendas dignas; un barrio del “cinturón rojo” de la periferia madrileña, en el que el movimiento ciudadano, vecinal, obrero, fue determinante, como otros similares, para poner fin a la dictadura y recuperar libertades. Siempre desde abajo, siempre a la izquierda.

La Confluencia de luchas es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre las organizaciones CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, y que, en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda y el endurecimiento de las políticas migratorias, quiere sumar fuerzas con las que construir respuestas colectivas con las que enfrentarse a la situación actual. Nos lo explicaba Julia Tabernero, integrante de Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: “El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas”.

El proceso ha sido largo, se ha ido labrando gracias al intercambio de experiencias y el análisis de las diferentes luchas que dan forma a la iniciativa, y ha finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones celebradas en la Fundación Anselmo Lorenzo.

La huelga general contra el genocidio en Gaza, las movilizaciones del sector de la Enseñanza o la sanidad madrileñas, la crisis medioambiental, la emergencia habitacional, la campaña contra las políticas migratorias y por la regularización de los migrantes, o la manifestación del 1º de mayo interseccional más multitudinario de los últimos años, son algunos hitos compartidos entre organizaciones sociales y sindicales que ahora han dan el paso definitivo para sumar esfuerzos.

Medios de comunicación y policrisis

Para su presentación, las integrantes convocaron el evento denominado I Encuentro Primavera de Luchas, que contó con varios talleres de debate: a primera hora, Mark Bray, Miquel Ramos y Nuria Alabao nos hablaron de la “Internacional reaccionaria y los retos del antifascismo”, y analizaron el auge de la extrema derecha en todo el mundo, el papel que en ello están jugando los medios y su relación con las cuestiones de género, la masculinidad y el neoliberalismo.

Ya al filo del mediodía, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros participaron en una charla titulada “La policrisis y el sujeto en lucha”. Por último, representantes de Labor Notes, la red estadounidense que funciona como motor de izquierda en el movimiento sindical y promueve la militancia obrera y un sindicalismo orientado a la acción social, y el MST brasileño, movimiento campesino que lucha por una reforma agraria popular mediante la ocupación de tierras improductivas, han presentado sus experiencias en la mesa “Las militancias de base y las organizaciones de masas”.

Cayendo la tarde, se ha presentado formalmente la iniciativa, con discursos de los convocantes, pero también de diferentes realidades actuales en lucha: Extinción Rebelión, el sector de la educación infantil (0-3 años) en huelga desde hace semanas, la Asamblea por la vivienda de Usera, la Asociación de Vecinos de Orcasur, la sección de la CGT en El Corte Inglés, cuyas mujeres han conseguido abrir una grieta importante en una empresa siempre refractaria a la actividad sindical o la Sección de lo social de CNT, que recientemente ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, por prevaricación y discriminación en la regularización de migrantes. Como broche final, las actuaciones musicales del coro ecofeminista de mujeres Malvaloca, y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga han puesto la nota lúdica haciendo bailar a los asistentes.

Mark Bray, historiador y profesor universitario estadounidense que ha tenido que exiliarse en España por las amenazas que ha sufrido en su país, reflejaba el ánimo que flotaba en el ambiente: “las experiencias de Minnesota o más recientemente en Newark [se refiere las movilizaciones frente al centro de detención del ICE conocido como Delaney Hall, donde cientos de migrantes se encuentran llevando a cabo una huelga de hambre] son hitos que marcan el camino en mi país y protagonizan la esperanza de un antifascismo de autodefensa comunitaria desde abajo. Y lo que estoy viendo con la confluencia de luchas es igual de esperanzador, representa el ejemplo de cómo se puede establecer un movimiento de masas antifascista ante la eventual llegada de la extrema derecha al poder”.

Después de casi tres años de trabajo colectivo, este sábado se presentó finalmente la confluencia en Orcasur, pero tal y como afirma Gonzalo Maestro, uno de los impulsores de la iniciativa, “ahora el objetivo inmediato es sacarla de la capital y extenderla a otras zonas de la comunidad, y para ello ya tenemos programados actos en la sierra norte y otros ligares del este y la zona Sur. Y el siguiente paso será encontrarnos con iniciativas similares de otros territorios”. La confluencia ya se ha presentado públicamente, reforzando vínculos y compartiendo experiencias, pero el trabajo para extenderse fuera y seguir aumentando su implantación no ha hecho más que empezar.

Miguel Ángel Fernández es periodista freelance y trabajador de la Fundación Anselmo Lorenzo (CNT)

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Después de varios años de trabajo conjunto, CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han decidido constituir la «Confluencia de luchas», una propuesta que busca reforzar la articulación entre los distintos movimientos sociales y sindicales de la ciudad en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda o el endurecimiento de las políticas migratorias. En este momento, los miembros de este frente común consideran imprescindible generar espacios compartidos que permitan construir respuestas colectivas.

La iniciativa, que se presenta públicamente el próximo sábado en Orcasur, barrio madrileño con una importante tradición popular y de asociacionismo vecinal, es el resultado de más de dos años de trabajo conjunto, así lo explica Julia Tabernero, integrante del Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: «El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas».

El objetivo de esta suma, según nos cuenta Gonzalo Maestro, de CNT, es el de construir un espacio de encuentro, coordinación y acción, pero también «un proceso político orientado con la idea de construir estructuras militantes y organizativas sólidas, con identidad propia, con capacidad de fortalecer las distintas luchas desde un horizonte político compartido, y ganas de hacer frente a las diferentes formas de dominación del capitalismo contemporáneo».

Estas organizaciones unen fuerzas para proponer alternativas con un componente fundamental de clase: «Entendemos que las luchas de los diferentes colectivos que conforman la confluencia pueden ser diferentes, pero en este momento de policrisis y avance de la extrema derecha, hemos decidido aparcar lo que nos separa y dar el paso a organizarnos desde abajo y desde la izquierda», expone Luis Rico, de Ecologistas en Acción.

«Buscamos romper contradicciones históricas en las que nos ha sumido el capitalismo, las típicas entre sindicalismo y ecologismo, por ejemplo, y así trabajamos en cómo cerrar fábricas contaminantes o de armamento; en plantear un modelo industrial totalmente diferente que también beneficie a la clase trabajadora. Lo mismo decimos del movimiento de inquilinas e inquilinos, con el que coincidimos en que la vivienda debe ser un bien de uso y no para la especulación. Y con los migrantes nos une la solidaridad de clase: entendemos que todo el mundo tiene derecho a vivir aquí, a tener las mismas garantías y mismos derechos. Eso sí, a quienes no queremos aquí es a los capitales especulativos internacionales y a los fondos de inversión», concluye Rico.

Coincide en esa visión Mario Rísquez, integrante de CGT: «La confluencia de organizaciones que desarrollan su actividad en ámbitos aparentemente distintos nace de la lectura que hacemos de la crisis ecosocial en la que estamos inmersos: no podemos entender la precariedad en el trabajo y los bajos salarios de manera desligada del problema habitacional y los precios de la vivienda. Ponemos el foco en las condiciones de vida, del empleo, de la vivienda, del racismo y las políticas migratorias, del cambio climático, etc., todas ellas interrelacionadas. Y para afrontarlas debemos construir diagnósticos comunes, estrategias alineadas y unidad de acción».

Son las mismas razones que han llevado al sindicato de manteros a unirse a la confluencia, tal y como nos cuenta Serigne Mbayé: «Aquí hay personas con papeles, sin papeles y nativas, pero siempre trabajamos desde el apoyo mutuo. Nuestra lucha busca derribar fronteras, tanto las visibles como las invisibles, y romper esa discriminación que sufrimos como migrantes, pero también como clase trabajadora. Somos personas que estamos a pie de calle y luchamos por la igualdad de las personas, por un mundo mejor y más decente, contra las guerras y la explotación, por los servicios públicos… Todo eso nos afecta. No queremos que nos dividan, nuestra lucha es contra el destrozo del medioambiente, contra la especulación con la vivienda… somos los primeros que también sufrimos esto. Por eso es importante dar ese paso: si el sistema pretende dividirnos, nosotros sumamos fuerzas».

El proceso de confluencia ha sido largo y, según nos explican desde las organizaciones que la componen, desde el comienzo se hizo un esfuerzo en la autoformación: «Lo primero fue realizar una serie de encuentros de aprendizaje e intercambio de experiencias, en los que contar también con otras voces que nos parecían interesantes. Por ahí pasaron personas como Pastora Filigrana, Yayo Herrero, Amaia Pérez Orozco… Es decir, se trataba de establecer una serie de encuentros estratégicos con los que ir estructurando propuestas concretas». Estos encuentros de debate han finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones que se han llevado a cabo en la Fundación Anselmo Lorenzo.

Para Julia Tabernero, la escuela «ha sido una experiencia que hemos construido entre todas, un espacio de formación política y social para personas que conocían a alguna de las organizaciones o que estaban cercanas a los movimientos sociales y organizativos, pero que todavía no estaban participando. Y también para esa gente joven a la que le apetecería tener su primera experiencia militante. Los resultados han sido tan interesantes y fructíferos que la intención es volver a repetirla».

La Confluencia de Luchas se presenta ahora en Madrid, pero tiene la vocación de ser un espacio abierto a la incorporación de otros colectivos y organizaciones, sindicales, de vivienda, feministas, antirracistas, ecologistas»“que compartan prácticas políticas similares basadas en el sindicalismo, la generación de contrapoder y la institucionalidad popular como palancas para la transformación social y la transición poscapitalista».

Y de hecho, ya están trabajando para sacar la experiencia de la ciudad, e incluso extenderla fuera de la Comunidad de Madrid, respetando «la autonomía, las dinámicas y las alianzas de las organizaciones en los distintos territorios». Eso sí, «las organizaciones que ahora conformamos la confluencia de luchas compartimos una serie de principios organizativos y estratégicos, como la autonomía frente a partidos políticos y apuestas electorales, la organización de base y asamblearia, o la desobediencia y la acción directa», finaliza Rísquez.

De momento la Confluencia de Luchas se presenta este sábado con el evento I Encuentro Primavera de Luchas, que contará con charlas y mesas de debate sobre la internacional reaccionaria y los retos del antifascismo, la policrisis y el sujeto de la lucha, y la militancia de base y las organizaciones de masas en el siglo XXI. Contará con la participación de periodistas, historiadores y activistas como Mark Bray, Miquel Ramos, Nuria Alabao, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros, además de con una programación infantil simultánea durante todo el día, gracias a los colectivos Tartamuda y Ecobloco. La jornada finalizará con las actuaciones del coro de mujeres Malvaloca y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga.

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El 14 de abril el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto de regularización administrativa extraordinaria. La norma, que viene a resolver la anomalía administrativa de un amplio colectivo de personas migrantes que, de manera irregular, trabajan y residen en España, ha sido celebrada por ONG y Plataformas como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge, Cáritas o el movimiento Regularización Ya. Pero la redacción final esconde también sombras importantes, como la exclusión de los apátridas, un colectivo que figuraba en el borrador del decreto y que finalmente fue eliminado por el Gobierno después de que el Consejo de Estado objetase su inclusión en la misma disposición que la relativa a los solicitantes de asilo. El hecho ha vuelto a poner de actualidad la existencia de un colectivo habitualmente desaparecido de los relatos sobre migración y asilo.

“No ciudadanos”

Para la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, una de las dos normas de la ONU que tienen como objeto garantizar unos mínimos derechos a estas personas, apátrida sería aquella persona que «no es considerada como nacional por ningún Estado en virtud de la aplicación de su ley». Y dado que se le niega la nacionalidad, tampoco tiene acceso a servicios básicos ni a derechos fundamentales, como la educación o la atención médica, un empleo formal o contraer matrimonio. Además, dichas personas corren un riesgo de ser víctimas de abuso o de explotación. 

Por su parte, la Convención de 1961 es la encargada de reducir los casos de apatridia, estableciendo topes a los requisitos que deben cumplir para acceder a la nacionalidad. En la UE, ni Francia, ni Grecia, ni Eslovenia han llegado a ratificar esta última convención; y Chipre, Estonia y Polonia ni siquiera se han adherido a la de 1954. España lo hizo en 1997, pero no aprobó el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida hasta 2001. 

Según informes estadísticos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en junio de 2025 había cuatro millones y medio de apátridas en el mundo, pero dado que la mayoría de los países no proporcionan datos relativos a esta situación, se estima que la cifra real es mucho más elevada. Estas personas se encuentran prácticamente en todos los países y regiones del planeta y la mayoría vive en el mismo país en el que nació. 

Entre los principales colectivos de apátridas en el mundo se encuentra el de los Rohinyá en Myanmar, cuya Ley de Ciudadanía de 1982 los excluyó de los grupos étnicos nacionales a pesar de residir en el país desde hace siglos, y actualmente son considerados «extranjeros» por las autoridades birmanas. Otro caso destacable sería el de los palestinos radicados en países vecinos como Líbano, Siria o Egipto, pues carecen de una ciudadanía reconocida que les brinde protección, teniendo que depender de documentos de viaje temporales.

En Europa, atendiendo nuevamente a las cifras de ACNUR, la mayoría se encontraría en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, hoy Estados independientes: Estonia y Letonia, por ejemplo, acaparan la mayoría –255.700 de los 381.000 de la UE– y son normalmente personas de etnia rusa, cuyos Estados, al independizarse, denegaron la ciudadanía automática a los residentes no nativos, convirtiéndolos en «no ciudadanos”. 

En España, saharauis

En España, más del 90% de los apátridas son de origen saharaui, un porcentaje que podría ser incluso mayor, tal y como nos cuenta Mauricio Valiente, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ya que “su situación lleva a algunos a usar documentos marroquíes o mauritanos para acceder a España por lo que, en los informes anuales del Ministerio de Interior, es ese el origen con el que aparecen referenciados”.

No es por tanto extraño que una de las principales críticas al Real Decreto venga precisamente del colectivo saharaui, tal y como expresa Salamu Hamudi Bachri, responsable de Asuntos Políticos del Polisario en España: “Valoramos positivamente la regularización de los inmigrantes, pero nos preocupa enormemente que se haya excluido ad hoc a los saharauis. Esto tiene un trasfondo puramente político: agradar a Marruecos, no desestabilizar la supuesta buena relación que mantienen el PSOE y el Majzén. Si en un principio la norma reconocía la regularización de todos, fueran apátridas, refugiados, solicitantes de asilo… al final los únicos excluidos son los saharauis”. El objetivo de esta excepción sería para Hamudi: “Hacer aún más daño a nuestro pueblo, algo que ya se venía evidenciando con la merma de la ayuda humanitaria a la población refugiada en los campamentos”.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, seguridad social y migraciones, ha justificado la medida por las recomendaciones del Consejo de Estado, tras las cuales el Gobierno no podía “solapar procedimientos” y era necesario “separar claramente la situación de las personas apátridas porque no están en situación irregular y están protegidas por dicho estatuto». 

“La explicación del Gobierno se basa en una perversión del lenguaje. Cuando dice que los apátridas no están en situación irregular, tienen un procedimiento específico y cuentan con mejores condiciones, está retorciendo la realidad: obviamente, quien ya tiene el estatus de apátrida tiene mejores condiciones jurídicas, permiso de residencia, de trabajo permanente… Pero aquí de lo que estamos hablando es de solicitantes”, razona Sidi Talebbuia, abogado sevillano de origen saharaui, “el que necesita regularizarse es el que no tiene el permiso concedido. Es lo mismo que puede ocurrir con la persona solicitante de asilo. Y sin embargo a estas personas sí se las incluye en el Real Decreto”. El motivo, por tanto, solo puede ser político, a juicio de Talebbuia: “La actual presidenta del Consejo de Estado es Carmen Calvo, ex vicepresidenta primera del Gobierno y exministra de la Presidencia con el PSOE de Pedro Sánchez; y es pública la actitud de la parte socialista del Gobierno con respecto a los saharauis”.

Buena parte del problema viene del proceso burocrático para adquirir el estatuto de apátrida, desarrolla el abogado: “El Reglamento establece un plazo de tres meses para que sea resuelta la solicitud pero en la práctica, el trámite, en lugar de resolverse en los tres meses previstos, dura un plazo que va de dos a tres años, habitualmente, más cerca de tres. Entonces los solicitantes se encuentran ante una situación de extrema vulnerabilidad, pues deben permanecer años esperando una resolución, que en la mayor parte de los casos de estos solicitantes provenientes de los campamentos saharauis suele ser favorable, pero en ese tiempo de espera, no tienen permiso de trabajo, lo que complica su existencia y les obliga a estar sometidos a todo tipo de abusos laborales.

“Aquí el agravio comparativo se hace con respecto a los demandantes de asilo”, continúa Talebbuia, “puesto que si a los seis meses, que es el tiempo que se prevé legalmente para que se resuelva el expediente de los solicitantes de protección internacional, no se ha confirmado, se les puede autorizar a trabajar en lo que conoce vulgarmente como la ‘tarjeta roja’ –en el caso de los apátridas sería la verde—”.

Coinciden en la valoración en la CEAR, tal y como explica Valiente: “Existe un agravio importante con respecto a los solicitantes de asilo: si una de estas personas acude a la policía, automáticamente se le documenta y tiene autorización de permanencia; y a los seis meses, de trabajo, lo que no ocurre con los apátridas, que sufren un procedimiento mucho más largo y genera una evidente indefensión en quienes la solicitan. El Gobierno debería automatizar la permanencia y resolver la situación administrativa para estas personas de manera automática, que dejen de ser invisibles y puedan acceder a derechos fundamentales como el trabajo, la sanidad y la educación”.

“Por otra parte, lo que tendría que hacer el PSOE es desencallar el proyecto de ley para conceder la nacionalidad a los saharauis, que se encuentra en el Congreso desde hace dos años bloqueado únicamente por obcecación del Partido Socialista. Sería una pequeña reparación del daño histórico a la memoria democrática de este país, un daño que todavía no se ha solventado. Y en lo concerniente a los apátridas, es tan sencillo como una orden ministerial que pueda darles el acceso al trabajo en las mismas condiciones que a los solicitantes de protección internacional. De esta manera ya ni siquiera sería necesario incluirles en el proceso de regularización”, zanja Talebbuia.

Apátridas por voluntad propia

Por último, también existen personas que solicitan el estatus de apátrida, pero por razones muy diferentes a las expuestas anteriormente: si la nacionalidad se concibe como una cualidad que infunde a la persona el hecho de pertenecer a una comunidad nacional organizada en forma de Estado, lo que buscan es precisamente rechazar esa nacionalidad como construcción identitaria impuesta. Es el caso de Nuria Güell, artista visual reconocida por sus proyectos de carácter político y social, y cuyo trabajo ha sido expuesto en museos y galerías de todo el mundo. 

La artista, después de varios proyectos que intentaban subvertir la Ley de Extranjería, como Ayuda Humanitaria o TooMuchMelanin, llegó a la conclusión de que había que ir a la raíz, “superar la noción de identidad nacional como supuesto identitario, por ser una categoría artificial, impuesta y segregativa”, también por la experiencia de los “incontables horrores cometidos en nombre de los nacionalismos y de ser la base en la que se sustenta la dialéctica del nosotros y ellos, semilla de la xenofobia y el miedo a la diferencia”.

Con ese objetivo en mente, Güell solicitó renunciar a la nacionalidad adquiriendo el estatuto de apátrida, una petición que le fue denegada sin argumentación. Tras esa primera negativa, encargó un informe legal partiendo de la base del Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual todos los seres humanos nacen libres. “El objetivo de este segundo informe era saber si, a través del derecho de autodeterminación, se podía renunciar a su nacionalidad. Yo estaba tensando la cuerda, intentando empujar los límites”. 

Después de un año y medio, el Ministerio de Justicia le notificó que la petición era inviable: el marco legal vigente no contempla que puedan existir personas sin nacionalidad por voluntad propia. Toda persona debe pertenecer obligatoriamente a un Estado… Aunque, eso sí, pese a que el Estado no permite renunciar a él, se reserva paradójicamente el derecho a la expulsión de la nacionalidad como castigo.

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