El Centro para el Pluralismo Mediático y Libertad de Prensa, perteneciente al Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia (Italia), ha otorgado un 53% de riesgo a España en relación con su diversidad de medios en 2025, un punto porcentual más que el año previo. Esta evaluación anual analiza si el ecosistema mediático garantiza el pluralismo democrático y la salud del sistema mediático en su conjunto. Ha sido realizada por seis autores, entre ellos Jaume Suau Martínez, director del grupo de investigación Digilab del Institut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

En este contexto, y empatado con Croacia, España se sitúa en el puesto 19 de 27 de la Unión Europea en diversidad informativa, es decir, el noveno por la cola, peor que la media de la Unión Europea (49%). Solo Alemania y Suiza presentan porcentajes menores, con un 30% y un 26% respectivamente.

“España no presenta un único gran problema, sino un conjunto de vulnerabilidades que se mantienen en el tiempo. En los últimos años se han producido avances regulatorios importantes impulsados por la legislación europea. Sin embargo, la existencia de nuevas normas no garantiza automáticamente una mejora del pluralismo mediático. El informe muestra que el desafío ya no consiste únicamente en aprobar nuevas leyes, sino en asegurar que funcionan de manera efectiva”, explica a La Marea Jaume Suau.

El informe destaca que no se ha llevado a la práctica la plena aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, en particular en lo relativo a las obligaciones de transparencia y las garantías de independencia editorial. Pese a que el Gobierno presentó sus propuestas para crear un registro ampliado de medios de comunicación bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la aprobación parlamentaria del anteproyecto de ley sigue pendiente. Lo anunció en febrero de 2025 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López.

“La concentración estructural continuó siendo una característica definitoria del sistema mediático español, mientras que las presiones económicas derivadas de la dependencia de las plataformas digitales siguieron afectando al pluralismo mediático”, incide el análisis. La comparativa europea sobre pluralidad del mercado deja a España mejor que la mayoría de Estados miembros, que tienen un ecosistema mediático más concentrado.

Respecto a los grandes grupos tradicionales de comunicación, se menciona que mantienen “posiciones sólidas tanto en los sectores audiovisual como de prensa”, con cuotas de audiencias superiores al 75%, mientras que los medios nativos digitales de menor tamaño continuaron siendo económicamente frágiles y altamente dependientes de la visibilidad mediada por plataformas.

En los indicadores relacionados con la protección de derechos fundamentales, en España mostraron mejoras “limitadas”. Solo Hungría, Malta, Grecia y Bulgaria tienen un riesgo mayor que España al respecto, donde aún no se ha completado plenamente la transposición nacional del marco europeo contra las demandas estratégicas contra la participación pública (anti-SLAPP). Esto deja a periodistas y medios expuestos a riesgos de litigación estratégica, “especialmente en casos relacionados con el periodismo de investigación y el escrutinio de asuntos de interés público”. La Marea, por ejemplo, se enfrenta a una demanda por su investigación sobre la industria de los vientres de alquiler.

Además, la difamación sigue siendo un delito penal con hasta dos años de prisión, así como las injurias a la Corona, a las Cortes Generales, al Gobierno y a los símbolos del Estado, y continuaron las preocupaciones acerca de su posible efecto disuasorio sobre la libertad de expresión. También se menciona la Ley de Secretos Oficiales de la época franquista y el proyecto de Ley de Información Clasificada que busca sustituirlo ha sido criticado por mantener una amplia discrecionalidad del Ejecutivo y un régimen de multas de carácter punitivo. El mantenimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, y su uso para restringir a los periodistas para grabar a las fuerzas de seguridad durante las protestas es otro punto débil para los autores del informe.

Sobre la labor de los profesionales, la falta de independencia de los periodistas y la precariedad laboral están entre las principales preocupaciones de los profesionales del periodismo, tanto asalariados como autónomos. Al mismo tiempo, el acoso online contra periodistas tuvo una mayor visibilidad, especialmente como campañas coordinadas de intimidación a través de plataformas digitales dirigidas contra reporteros y comentaristas involucrados en coberturas políticamente sensibles.

El panorama mediático tiene una mejor nota, riesgo medio bajo, en independencia política. La influencia política a los medios de comunicación “tiende a ejercerse a través de canales indirectos, incluyendo relaciones institucionales, alineamientos editoriales y dependencias financieras, con efectos más pronunciados en los niveles regional y local”, incluye el análisis de España. Destaca el dato que recoge la Asociación de la Prensa de Madrid: el 79% de los periodistas y el 72% de los autónomos han experimentado algún tipo de presión.

Respecto a los medios públicos, hay “preocupaciones sobre la influencia política y la insuficiente aplicación efectiva de las normas de imparcialidad en los medios públicos españoles”. En el caso concreto de RTVE, indica el informe, hay una “débil aplicación de los mecanismos internos de salvaguarda, la ausencia de mandatos estratégicos actualizados y las reiteradas denuncias formuladas por organizaciones profesionales sobre posibles injerencias políticas en las decisiones editoriales”.

En relación con las obligaciones en materia de igualdad de género introducidas por la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres permanecieron formalmente vigentes. Pero su aplicación dentro de las organizaciones mediáticas “continuó siendo desigual, especialmente en lo relativo al acceso a puestos de liderazgo y a la implementación de planes internos de igualdad”.

Recomendaciones al Gobierno español

Los retos para Jaume Suau se resumen en mejorar la transparencia de la propiedad de los medios, reforzar la independencia editorial, proteger mejor a los periodistas, reducir la concentración del mercado y adaptar la regulación al entorno digital. Algunos consejos del informe para mejorar la protección fundamental son despenalizar la difamación, abolir los delitos de «discurso institucional», reforzar la supervisión judicial en la moderación de contenidos y modernizar las leyes de transparencia y acceso a la información.

Para mejorar la pluralidad del mercado, el Gobierno debe acelerar la tramitación y aprobación de la Ley de Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación para cumplir eficazmente con la legislación europea ya en vigor y reforzar la capacidad de supervisión de la CNMC para que pueda proporcionar datos fiables sobre el sector mediático, así como acelerar y finalizar las propuestas legislativas para aumentar la transparencia en el mercado de la publicidad digital.

En relación con la independencia política, se aconseja al Estado reforzar las salvaguardias frente a la influencia política en los medios de comunicación para prevenir los conflictos de interés entre el ejercicio de cargos políticos y la propiedad de medios de comunicación. Otra mejora sería fortalecer la independencia y la gobernanza de los medios públicos, mediante el pleno respeto de los órganos internos de supervisión, como el Consejo de Informativos de RTVE, así como de su función en la gobernanza editorial y en los procesos de nombramiento de cargos relevantes. También garantizar que los nombramientos de la dirección sean más transparentes y que los órganos estatutarios internos y los representantes profesionales sean consultados de conformidad con las normas vigentes.

La revisión del modelo actual de cobertura electoral en los medios públicos, especialmente el sistema de bloques electorales rígidos, para reforzar la autonomía editorial y el pluralismo sería otra mejora para el Centro para el Pluralismo Mediático y Libertad de Prensa.

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Hacía 23 años que nadie se atrevía a publicar un libro sobre Bernard Arnault, el hombre más rico de Europa. Lo acaba de hacer la historiadora Audrey Millet, con consecuencias indeseadas para ella y su entorno. El libro Bernard Arnault, son univers impitoyable, una biografía no autorizada del gran magnate del lujo, salió a la venta el pasado 10 de junio, pero muy poca gente se ha enterado. El patrón de la casa LVMH (conglomerado de empresas que responde a las iniciales de Louis Vuitton, Moët & Chandon y Hennessy) ha movido sus hilos para que no haga entrevistas de promoción en ninguno de los grandes medios de comunicación franceses. Tampoco pueden publicar reseñas. Mediapart, Le Canard Enchaîné y Libération se cuentan entre los pocos que se han apartado de las directrices marcadas por Arnault.

Como explicaba la propia Millet en una entrevista con David Dufresne, su libro ha desaparecido de muchas librerías. Las presentaciones que tenía pactadas han sido súbitamente anuladas. La editora de Millet, Julia Pavlowitch, denunció un robo en su domicilio un día antes de que el libro saliera a la luz, así como presiones del entorno familiar de Arnault para evitar su publicación. Otro magnate controvertido, Vincent Bolloré, patrón de medios como CNews, Europe 1 o Paris Match y gran promotor de la ultraderecha, se ha alineado con el jefe de LVMH: entre sus muchos negocios, es también dueño de la cadena de kioscos Relay, que canceló de golpe y sin dar explicaciones un pedido de 400 ejemplares del libro. «Muchos oligarcas se mantienen unidos y se dan la mano para controlar la información en Francia», asegura la autora.

Esta carrera de obstáculos comenzó el mismo día en el que Millet envió un cuestionario a LVMH. Lo hizo así para cumplir con el estándar de una investigación rigurosa y para que nadie echara por tierra el año de trabajo que le dedicó a un libro que cuenta con más de mil fuentes acreditadas. Desde LVMH nunca contestaron a sus preguntas; muy al contrario, la maquinaria de Arnault se puso en marcha para intentar silenciarla.

Para entender hasta dónde ha escarbado Millet en su trabajo, hay que señalar, por ejemplo, que ha llegado incluso a acceder al expediente de Arnault en la Escuela Politécnica, donde se forma la élite de los ingenieros del país. Esa escuela está bajo el amparo del Ministerio de Defensa y, en la época en la que estudió Arnault, los primeros años setenta, había que pasar dos meses de entrenamiento militar obligatorio. Las evaluaciones de sus instructores fueron demoledoras: «Carácter tranquilo, carece de gusto por el esfuerzo. Participa poco en el trabajo de equipo. (…) No apto para ocupar un puesto de responsabilidad». Quedó el penúltimo de su promoción.

Sus escasas dotes para dirigir un grupo de soldados no fueron un impedimento para convertirse en un tiburón de los negocios. Las 75 empresas que dirige actualmente facturaron 86.000 millones de euros en 2023. Ese año, su fortuna personal ascendía a 240.700 millones de euros. «Vende bolsos, champán, vinos y licores, perfumes, pintalabios, joyas y relojes. Es propietario de hoteles, restaurantes, empresas de sondeos y periódicos», escribe Millet. Si se trata de un artículo de lujo, ahí está Arnault. Cuando Donald Trump fue investido presidente por segunda vez, ahí estaba también Arnault. Fue el único empresario europeo presente, acompañando en la ceremonia a la plana mayor de los señores tecnofeudales: Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook… El propio Emmanuel Macron no fue invitado al acto.

¿Cómo es posible que nadie escribiera nada sobre una personalidad empresarial de este rango? Cuando Arnault ingresó en la Academia de las Ciencias Morales y Políticas, en 2024, Millet quiso leer alguna biografía suya. Para encontrar algo tuvo que remontarse al año 2003, cuando apareció L’Ange exterminateur, de Airy Routier, otro libro polémico que detallaba las agresivas estrategias financieras del patrón de LVMH. Y después, el silencio. «Parece evidente que Bernard Arnault no quiere que se escriba sobre él», afirma Millet.

Según la historiadora, los medios que han reseñado su libro —Libération entre ellos– han visto recortada la publicidad de LVMH, el anunciante más poderoso de Francia. Se calcula que el grupo gasta en torno a 160 millones de euros al año en publicidad en medios de comunicación galos. Cabe recordar que este conglomerado empresarial aglutina a marcas como Dior, Givenchy, Loewe, Marc Jacobs, Guerlain, Bulgari, Dom Pérignon o, más modestamente, Sephora. Y que tiene también sus propias publicaciones, como Le Parisien, Les Échos, Challenges, Sciences et Avenir o La Recherche.

Controlar lo que se escribe sobre él parece ser una obsesión para Arnault, quien llegó a enviar un mail a los trabajadores de LVMH advirtiéndoles de que hablar con periodistas no afines («poco escrupulosos», según su eufemismo) constituiría «una falta grave». En sus tormentosas relaciones con la prensa, el caso más grotesco fue el que tuvo como protagonista a Bernard Squarcini, ex jefe de los servicios secretos durante la presidencia de Sarkozy y encargado de espiar a la revista Fakir a petición de LVMH.

Espiar, en cualquier caso, ha sido una labor común durante la actividad profesional de Arnault, según Audrey Millet. «Desde que adquirió LVMH, se acercó a empresas de espionaje, sobre todo estadounidenses. Se trata de antiguos espías de la guerra fría que se reciclan en la empresa privada», explica la autora. Este espionaje industrial incluía una amplia gama de servicios: desde colocar micrófonos en oficinas a seguimientos por la calle, pasando por escudriñar la basura de sus competidores.

Estos procedimientos le han permitido, en parte, construir un imperio con arreglo al manual del moderno capitalismo financiero: no ha creado empresas, las ha comprado y, según su propio vocabulario, las ha reestructurado (sin ambages: diezmando sus plantillas) para obtener beneficios.

¿Pero lo hizo solo, arriesgando su fortuna personal? No exactamente: en 1984 se hace con el grupo de Marcel Boussac, un gigante textil en crisis, propietario de Dior, gracias a «940 millones de francos en ayudas públicas. Esto lo ha constatado incluso la Comisión Europea y la Corte de Justicia. En realidad, fueron las subvenciones las que permitieron a Bernard Arnault comprar esa empresa», explica Millet. «El dinero público entra, los trabajadores salen y Dior permanece».

Con Louis Vuitton y Moët Hennessy la estrategia fue diferente: prometió a los jefes de cada casa (Henry Racamier y Alain Chevalier, respectivamente) apoyarlos para destruir al otro y hacerse con el control absoluto de LVMH. En realidad, Arnault los destruyó a los dos y se quedó con el holding. Fue por aquellos años cuando se ganó los apodos de «Terminator» y del «lobo vestido de cachemira».

No es que estas historias sean grandes revelaciones. Se conocían desde hace tiempo, pero nadie había vuelto sobre ellas en las últimas décadas. Ahora reviven, y eso, para alguien que ha gastado tanto dinero en borrar su pasado y en silenciar a sus críticos, parece ser una afrenta intolerable.

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