Por Marta Guarch-Rubio. Extraído de The Conversation

Hoy, la vida en Gaza es una cuestión de fe. La inseguridad acerca de la propia supervivencia o de la de los seres queridos es el pan de cada día. Literalmente, hay más incertidumbre que alimento.

En una guerra no solo se sufren los bombardeos con pérdidas humanas y materiales. Se padecen los desplazamientos forzados, las hambrunas y, en Gaza también, la escasez de agua y el bloqueo de la ayuda internacional por la acción de Israel.

Psicológicamente, en esta ofensiva contra la población palestina hay un fuerte componente de deshumanización, algo tan sencillo como no atribuir la categoría de persona a un ser humano. Son procesos característicos en el estudio de los genocidios a lo largo del tiempo y en la práctica de tortura.

Más vulnerables a los enfermedades mentales

Como consecuencia, ser superviviente conlleva una ruptura en ciertos valores morales. Por ejemplo, ante la creencia en la humanidad o ante el hecho de que todas las vidas tienen un mismo valor. La salud mental y el bienestar están conectados con la percepción de justicia social y de derechos humanos. Además, a todo esto se añade que antes del 7 de octubre de 2023, Gaza ya acusaba un contexto de años de inestabilidad sociopolítica, de ciclos de violencia, de privaciones económicas y de dificultades en el acceso a recursos, como los sanitarios. Estos factores han debilitado la salud mental de la población gazatí durante décadas y los palestinos han llegado exhaustos psicológicamente a su asedio actual.

Se ha demostrado que la exposición a conflictos armados tiene un importante impacto en la salud mental de la población civil. En concreto, desde 1948 el impacto del trauma intergeneracional en los palestinos ha aumentado su vulnerabilidad para el desarrollo de dolencias psíquicas.

En 2024, y a consecuencia del actual genocidio, se encontró ansiedad severa (65 %), depresión (72.7%) y probable trastorno de estrés postraumático (72.3 %) en la población palestina evaluada.

Un estudio reciente muestra que la probabilidad de padecer estrés en Gaza es doce veces superior a la probabilidad que se presentaba en 2020 y la prevalencia de angustia psicológica es tres veces mayor, aumentando del 19,5 % en 2020 al 67,2 % en 2025.

¿En qué apoyarse cuando todo se derrumba?

Sumud es un término árabe que alude a la capacidad psicológica de resistencia a la ocupación, definida como el corazón resiliente para muchos palestinos. El apoyo en la comunidad es esencial cuando todo falla, con una relevancia mayor cuando las vivencias son compartidas y unos necesitan de otros para sobrevivir. Recientemente se ha visto que en la población joven palestina el apoyo social es un elemento de protección que mitiga los síntomas del trastorno de estrés postraumático (reviviscencias, evitación, cognición y emoción negativas e hiperactivación).

Igualmente, las prácticas religiosas y espirituales, el apoyo entre iguales y la solidaridad comunitaria potencian el bienestar en los climas de adversidad, como en las guerras o en las crisis humanitarias.

De la misma forma que existe una transmisión generacional del trauma, existe una transmisión generacional de la resiliencia. En Palestina, la intencionalidad de mantener la cultura y la identidad dibujan tanto procesos como resultados resilientes y de crecimiento postraumático.

Manifestaciones que mejoraron la salud

En Gaza, algunas acciones políticas de resistencia como las movilizaciones por la “Gran Marcha del retorno” de 2018 tuvieron efectos positivos en la salud mental de los gazatíes. Fueron manifestaciones pacíficas convocadas a través de redes sociales, donde participaron jóvenes y familias en un ambiente lúdico y festivo. Las protestas incluían cánticos, actuaciones de clowns y acróbatas e incluso celebraciones de bodas, y se concentraban entre la Franja de Gaza e Israel.

Inicialmente, se reportaron mejoras en la salud mental de los participantes, en el sentido de un aumento de la esperanza y una capacidad de participación en movilizaciones sin precedentes. Se observaron mejoras en los estados de ánimo y en las respuestas al trauma, ya que el factor político es un elemento resiliente y protege frente a la violencia política.

Sin embargo, en marzo de 2019, los manifestantes y sus familiares sufrieron violencia en respuesta a su involucración en la marcha y se alcanzaron las tasas más altas de palestinos heridos desde las hostilidades de 2014.

En definitiva, trauma y resiliencia son conceptos que definen desde hace décadas la identidad palestina en Gaza, y cada vez con mayor frecuencia, la definen también en Cisjordania.

Hoy en día, resulta complicado abordar el estado de salud mental de una comunidad como la gazatí. Día a día la asfixia psicológica y de necesidades básicas y sociales es mayor. Por eso, estamos lejos de predecir el impacto psicosocial y clínico que acusará a largo plazo la población de Gaza.

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La privatización sistemática desplegada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid extiende sus raíces a la totalidad de servicios públicos esenciales.

«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.

Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.

El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]

La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):

• Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
• Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
• Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
• Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
• Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.

Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.

Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.

Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a la huelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.

La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.

En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:

• Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
• Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
• Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
• Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
• Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.

Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.

En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.

En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.

“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.

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